Asistente Jurídico Inteligente
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Eyder Patiño Cabrera
Magistrado Ponente
STP275-2019
Radicación n.° 102168
Acta 7
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de enero de dos mil diecinueve (2019).
ASUNTO
Se resuelve la acción de tutela promovida por Coomeva EPS S.A., a través de apoderado judicial, contra el Juzgado 1º Penal del Circuito y la Sala Penal del Tribunal Superior, ambos de Pasto, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la contradicción y a la igualdad.
Al presente trámite fueron vinculados las partes e intervinientes dentro de la acción de tutela No. 2016-0020100.
ANTECEDENTES
1. Fundamentos de la acción
1.1 El 12 de agosto de 2016, el Juzgado 1º Penal del Circuito de Pasto concedió el amparo a los derechos invocados por Nancy Liliana Delgado Meneses en contra de Coomeva EPS S.A.
1.2 Ante el incumplimiento de la orden de tutela el despacho accionado inició incidente de desacato y el 13 de julio de 2017 sancionó a Luís Carlos Gómez Jaramillo, en su condición de coordinador nacional de cumplimiento de la EPS en cita.
1.3 El 27 de julio de ese año, la Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto resolvió el grado jurisdiccional de consulta y ratificó la anterior determinación.
1.4 El 25 de enero de 2018, el A quo tras conocer el fallecimiento de la tutelante emitió una orden de conducción para que Gómez Jaramillo cumpla la sanción que le fue impuesta, situación por la cual la empresa demandante presentó varios memoriales de «inejucición de sanción aludiendo la existencia de carencia actual de objeto», que fueron despachadas de forma desfavorable.
1.5 Coomeva EPS S.A., a través de apoderado judicial, acude a la acción de tutela en busca de la protección de sus derecho al debido proceso, a la contradicción y a la igualdad, al poner de presente que Luís Carlos Gómez Jaramillo renunció a esa entidad el 4 de septiembre de 2017, además que ante la muerte del tutelante existe carencia actual de objeto, por tanto, no puede hacerse efectiva la sanción.
Solicitó que se deje sin efecto la sanción por desacato.
2. Las respuestas
2.1 Juzgado 1º Penal del Circuito de Pasto
La titular efectuó un detallado recuento de las actuaciones desplegadas dentro del trámite constitucional interpuesto por Nancy Delgado Meneses.
Destacó que en ninguno de los memoriales suscritos por Coomeva EPS S.A. se puso de presente la renuncia de Luís Carlos Gómez Jaramillo, igualmente, afirmó que el amparo incoado es improcedente por el quebrantamiento a los principios de inmediatez y subsidiariedad.
2.2 Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto
El Ponente adujo que confirmó la sanción impuesta por el Juzgado 1º Penal del Circuito de Pasto, con ocasión del fallo de tutela emitido a favor de Nancy Delgado Meneses, además que para el momento en que emitió su decisión el sancionado [Luís Carlos Gómez Jaramillo] laboraba en la entidad demandante.
CONSIDERACIONES
1. Corresponde a la Corte determinar si los accionados vulneraron los derechos al debido proceso, a la contradicción y a la igualdad de Coomeva EPS S.A., por hacer efectiva la sanción por desacato impuesta a Luís Carlos Gómez Jaramillo.
2. El artículo 86 de la Constitución Política establece que el amparo tiene por objeto proteger de manera efectiva e inmediata las garantías fundamentales cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades y/o de los particulares, en los casos que la ley regula, siempre que el afectado no disponga de otros medios de defensa judicial.
3. Inicialmente, debe recordarse que ha sido pacífica la jurisprudencia al señalar que cuando se acude a la vía tutelar por considerar lesionados derechos el interesado tiene la carga procesal de probar sus afirmaciones. Sobre ello ha dicho la Corte Constitucional que:
[…] quien pretende la protección judicial de un derecho fundamental debe demostrar los supuestos fácticos en que se funda su pretensión, como quiera que es razonable sostener que quien conoce la manera exacta como se presentan los hechos y las consecuencias de los mismos, es quien padece el daño o la amenaza de afectación. (Sentencia CC T-835/00).
3.1 En este caso Coomeva EPS S.A., a través de apoderado, solicita la inaplicación de la sanción por desacato impuesta a Luís Carlos Gómez Jaramillo quien a la fecha no labora en esa entidad, resaltando además que la titular de los derechos amparados falleció lo que configura una carencia actual de objeto, no obstante, no logró acreditar de qué forma se lesionó los derechos fundamentales de la persona jurídica que representa.
Recuérdese que la imposición de una sanción en el trámite constitucional se dirige contra un individuo determinado, por ello debe analizarse la responsabilidad subjetiva del funcionario encargado de cumplirla, lo cual obedece al principio de culpabilidad, no bastando para sancionar la constatación objetiva de un aparente incumplimiento de la orden impartida en la sentencia de tutela, sino la actitud consciente del encargado de cumplirla en el sentido de sustraerse arbitraria y caprichosamente a proceder de conformidad con lo dispuesto, «como si se tratase de asumir una posición de rebeldía frente a la decisión de la autoridad judicial»1.
En este caso, se itera, no se acreditó el menoscabo de las garantías que le asisten a Coomeva EPS S.A., pues esa entidad no ha sido sancionada con multa o arresto, como de forma errónea lo entiende el apoderado judicial de la misma.
Así las cosas, es claro que en la actualidad no existe ninguna actuación que pueda ser reprochada a las accionadas y, por ende, no se observa acción u omisión trasgresora de los derechos invocados por la empresa demandante.
Por las anteriores consideraciones se negará el amparo.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión de Tutelas Nº 1 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
Primero. Negar la tutela instaurada por Coomeva EPS S.A., a través de Apoderado judicial.
Segundo. Ordenar que, si la decisión no es impugnada ante la Sala de Casación Civil de esta Corporación, se remita el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Eyder Patiño Cabrera
Luis Guillermo Salazar Otero
Nubia Yolanda Nova García
Secretaria
1 Providencia del 12 de noviembre de 2003, Radicado 15116.