Asistente Jurídico Inteligente
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Eyder Patiño Cabrera
Magistrado Ponente
STP17451-2019
Radicación n.° 108186
Acta 332
Bogotá, D.C., doce (12) de diciembre de dos mil diecinueve (2019)
ASUNTO
Se resuelve la impugnación presentada por Jonny David Roa Gómez, frente a la sentencia proferida el 16 de octubre de 2019 por Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja, mediante la cual negó la tutela interpuesta en contra del Juzgado 2º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esa urbe, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales de petición y al debido proceso.
ANTECEDENTES
Hechos y fundamentos de la acción
Fueron relatados por el A quo de la siguiente manera:
[…] Señala que en julio de 2019, por intermedio del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Combita, le envió al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja la documentación respectiva para la concesión del mecanismo sustitutivo de la libertad condicional, sin embargo el Despacho accionado no se ha pronunciado al respecto.
Pretende se ampare su derecho fundamental de petición, en consecuencia se ordene al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja proceder a resolver de fondo la petición donde solicitó la libertad condicional.
LA SENTENCIA IMPUGNADA
La Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja negó el amparo pretendido por el actor, en la medida que el Juzgado 2º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad, mediante auto del 9 de octubre de 20191 resolvió la petición del actor presentada el 11 de julio de esa anualidad2, en el sentido de negarle la libertad condicional.
LA IMPUGNACIÓN
Didier Escobar Sánchez manifestó su deseo de impugnar sin esgrimir los argumentos de su disenso.
CONSIDERACIONES
1. Problema Jurídico.
Corresponde a la Corte determinar si la autoridad accionada vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y de petición del actor, tras la alegada mora en responder la solicitud presentada el 11 de julio de 2019.
2. Hecho superado
2.1 El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de amparo tiene por objeto proteger de manera efectiva e inmediata los derechos fundamentales cuando resulten vulnerados o amenazados por acción u omisión de las autoridades públicas y/o de los particulares, éstos en los casos que la ley regula, y siempre que el afectado no disponga de otros medios de defensa judicial.
Conforme al canon 23 ibídem, el derecho de petición consiste en la posibilidad que tienen las personas de presentar solicitudes ante las autoridades por motivos de interés general o particular y el deber de éstas de responder en forma pronta, cumplida y de fondo.
2.2. Ahora bien, cuando se trata de solicitudes que tienen por objeto el pronunciamiento del órgano jurisdiccional, la Corte Constitucional en sentencia CC T-272-2006, diferenció dos situaciones así:
[…] Puede concluirse que cuando se trate de solicitudes de las partes de un proceso judicial en el curso, ambas tienen el carácter de derecho fundamental; pero para distinguir si se hacen en uso del derecho de petición (artículo 23 C.P.) o en el de postulación (artículo 29 ibídem), y por tanto, cual sería el derecho esencial afectado con su desatención, es necesario establecer la esencia de la petición, y a ello se llega por la naturaleza de la repuesta; donde se debe identificar si ésta implica decisión judicial sobre algún asunto relacionado con la litis o con el procedimiento; pues en este caso, la contestación equivaldría a un acto expedido en función jurisdiccional, que por tanto, está reglado para el proceso que debe seguirse en la actuación y así, el juez, por más que lo invoque el petente, no está obligado a responder bajo las previsiones normativas del derecho de petición, sino que, en acatamiento al debido proceso, deberá dar prevalencia a las reglas propias del juicio que establecen los términos, procedimiento y contenido de las actuaciones que correspondan a la situación, a las cuales deben sujetarse tanto él como las partes.
Así las cosas, es claro que la autoridad a la que se le dirige la solicitud debe distinguir si la esencia de ésta implica su pronunciamiento en virtud de su ejercicio jurisdiccional, o si, por el contrario, lo pedido está sujeto a los lineamientos y términos propios del derecho de petición.
2.3 En el presente asunto, se observa que el 11 julio de 20193, Jonny David Roa Gómez solicitó ante el Juzgado 2º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja le concediera la libertad condicional.
El 9 de octubre siguiente4, durante el trámite de 1º instancia, el precitado despacho determinó «Negar la concesión del mecanismo sustitutivo de la pena consistente en la libertad condicional al sentenciado Jonny David Roa Gómez, tal como se ha considerado».
Como quiera que el fin perseguido por el accionante era que el precitado despacho se pronunciara, resulta incuestionable la consolidación de un hecho superado que torna improcedente la acción de tutela por carencia actual de objeto.
Sobre el particular, la Corte Constitucional, en sentencia CC T-011-2016, dijo:
[…], según lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución, el objeto de la acción de tutela consiste en la protección oportuna de los derechos fundamentales, vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de un particular. En atención a esta norma, la protección judicial se concreta en una orden de inmediato cumplimiento que cumple el propósito de evitar, hacer cesar o reparar5 la vulneración. Así, la entidad o particular accionado tiene la obligación de realizar una determinada conducta que variará dependiendo de las consideraciones del juez constitucional.
En reiterada jurisprudencia6, esta Corporación ha precisado que la acción de tutela, en principio, “pierde su razón de ser cuando durante el trámite del proceso, la situación que genera la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales invocados es superada o finalmente produce el daño que se pretendía evitar con la solicitud de amparo”7. En estos supuestos, la tutela no es un mecanismo judicial adecuado pues ante la ausencia de supuestos fácticos, la decisión que pudiese tomar el juez en el caso concreto para resolver la pretensión se convertiría en ineficaz8.
En efecto, si lo que el amparo constitucional busca es ordenar a una autoridad pública o un particular que actúe o deje de hacerlo, y “previamente al pronunciamiento del juez de tutela, sucede lo requerido, es claro que se está frente a un hecho superado, porque desaparece la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales”9. En otras palabras, ya no existirían circunstancias reales que materialicen la decisión del juez de tutela.
Ahora, si lo que pretende es censurar la decisión adoptada por el juzgado que vigila la condena, cuenta el actor con los recursos de ley para exponer sus reparos, sin que la acción de tutela sea procedente para su estudio.
En consecuencia, se ratificará el fallo impugnado.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión de Tutelas n.º 3 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley
RESUELVE
Primero. Confirmar la sentencia impugnada.
Segundo. Disponer el envío de las diligencias a la Corte Constitucional, para la eventual revisión de los fallos proferidos.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Eyder Patiño Cabrera
Jaime Humberto Moreno Acero
Nubia Yolanda Nova García
Secretaria
1 Cfr Folios 14 al 17 – cuaderno n.º 1.
2 Cfr. Folio 6 – cuaderno n.º 1.
3 Cfr. Folio 6 – cuaderno n.º1.
4 Cfr. Folios 14 al 17 – Ibídem. .
5 Entiéndase reparación en el sentido de remedio judicial. Es decir, cómo hacer para que una vez causada la lesión, se restablezca el derecho o se garantice su vigencia.
6 Sentencia T-970 de 2014.
7 Ibíd.
8 Al respecto, se pueden consultar, entre muchas otras, las sentencias T-588A de 2014, T-653 de 2013, T-856 de 2012, T-905 de 2011, T-622 de 2010, T-634 de 2009, T-449 de 2008, T-267 de 2008, T-167 de 2008, T-856 de 2007 y T-253 de 2004.
9 Sentencia T-168 de 2008.