Asistente Jurídico Inteligente
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SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS N° 2
LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
Magistrado ponente
STP16517-2019
Radicación 107982
(Aprobado Acta No. 321)
Bogotá D.C., diciembre tres (3) de dos mil diecinueve (2019).
VISTOS:
Resuelve la Sala la impugnación presentada por el apoderado judicial de GENSIS ESNEY BAUTISTA ORTIZ, contra la sentencia de tutela proferida el 9 de octubre de 2019 por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que negó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, dignidad humana, mínimo vital, seguridad social, trabajo, igualdad y estabilidad laboral reforzada, presuntamente vulnerados por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga.
Al trámite fueron vinculados los Juzgados 2º Laboral del Circuito y 2º Municipal de Pequeñas Causas Laborales, ambos de la ciudad de Bucaramanga, así como las partes e intervinientes dentro de la acción de tutela con radicado 68001310500220190020500.
FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN:
1. Para lo que compete resolver en el presente asunto, del escrito de tutela y los documentos allegados al plenario, la Sala destaca los siguientes hechos jurídicamente relevantes:
(i) Que GENSIS ESNEY BAUTISTA ORTIZ promovió acción de tutela contra el Juzgado 2º Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Bucaramanga, por considerar que ese despacho judicial vulneró sus derechos fundamentales a través de la sentencia proferida el 22 de marzo de 2019, por medio de la cual ordenó a la EPS FAMISANAR el pago de unas incapacidades a su favor, pero aplicando erradamente la norma contenida en el Decreto 1409 de 1999 que determina el cálculo del IBL para liquidar la prestación económica.
(ii) Que el conocimiento de la acción constitucional correspondió en primera instancia al Juzgado 2º Laboral del Circuito de la misma ciudad, quien mediante fallo del 30 de mayo de 2019, otorgó el amparo invocado por la parte demandante y ordenó al funcionario judicial accionado proferir una nueva sentencia, bajo los lineamientos contenidos en esa decisión.
(iii) Que habiendo sido objeto de impugnación, la providencia de primer grado fue revocada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga y en su lugar negó la protección constitucional deprecada.
(iv) Que en concepto del promotor de la acción, la autoridad judicial accionada incurrió en su decisión en una vía de hecho por defecto sustantivo, pues interpretó equivocadamente las normas que aplicó en su fallo, circunstancia que incide en su patrimonio y afecta su mínimo vital, por cuanto se encuentra sin trabajo.
2. Bajo esas circunstancias, la parte demandante acude al juez de tutela para que, en amparo de las garantías constitucionales invocadas, revoque el fallo de tutela proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga dentro de la acción con radicado 68001310500220190020500 y ordene a esa Corporación dejar en firme la decisión de primera instancia dictada por el Juzgado 2º Laboral del Circuito de la misma ciudad.
TRÁMITE DE LA PRIMERA INSTANCIA:
Por auto del 3 de octubre de 2019, la Sala de Casación Laboral admitió la demanda de tutela y corrió el traslado respectivo a las autoridades y partes mencionadas.
El Gerente Regional Zona Oriente de la EPS FAMISANAR y La representante legal de Electrificadora de Santander S.A. ESP acudieron al trámite para alegar falta de legitimación en la causa por pasiva.
A su turno el titular del Juzgado 2º Laboral del Circuito de Bucaramanga se limitó a informar que profirió fallo de tutela de primera instancia el 30 de mayo de 2019, dentro del trámite promovido por GENSIS ESNEY BAUTISTA ORTIZ contra el Juzgado 2º Municipal de Pequeñas Causas Laborales, decisión que fue impugnada y revocada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de la misma sede.
La Sala a quo, a través de fallo del 9 de octubre de 2019, negó el amparo solicitado tras considerar que en el presente caso no se cumple el presupuesto de subsidiariedad, toda vez que aún no se ha agotado la revisión ante la Corte Constitucional, ni el mecanismo de insistencia a través del Defensor del Pueblo.
Una vez fue notificado el fallo, el apoderado del demandante lo impugnó insistiendo en sus argumentos consignados en el escrito de tutela y aduciendo que es injusto que una persona con padecimientos de salud tenga que ser sometida a adelantar un proceso ordinario y luego se vea abocada a promover una acción constitucional para la defensa de sus derechos, sin logar obtener una solución.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE:
De conformidad con lo establecido en el artículo 2º del Decreto 1382 de 2000, concordante con el artículo 44 del Reglamento General de la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Casación Penal es competente para resolver la impugnación interpuesta contra el fallo proferido por su homóloga Laboral.
Para abordar el estudio del disenso manifestado por la parte actora, interesa recordar que desde la emisión de la sentencia C–590 de 2005, la Corte Constitucional ha sostenido que la excepcional posibilidad de cuestionar providencias judiciales mediante la tutela no se extiende a aquellas emitidas en un trámite de la misma naturaleza, por cuanto de aceptarse su procedencia, no sólo se crearía una cadena indefinida de acciones de amparo que vulneraría la seguridad jurídica y la economía procesal, sino porque se desconocería su revisión a cargo de la Corte Constitucional (Cfr. CC SU-1219 de 2001).
En la decisión señalada, se concretó que por excepción es viable interponer una tutela cuando en el trámite o procedimiento de una anterior, el funcionario judicial ha incurrido en vías de hecho (ahora causales específicas de procedencia de la acción de amparo contra providencias judiciales). Por ejemplo, cuando actúa con absoluta falta de competencia o no integra adecuadamente el contradictorio.
Sin embargo, si el presunto defecto es de fondo y se materializa en el fallo, contra esa providencia no es procedente interponer posteriormente otra tutela, toda vez que el mecanismo jurídico idóneo establecido para analizar su constitucionalidad es únicamente la revisión (Cfr. T-307 de 2015 y SU – 627 de 2015).
En el caso que concita la atención de la Sala, el promotor del amparo pretende que se deje sin efectos el fallo de tutela proferido en segunda instancia por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, argumentando una supuesta vía de hecho por defecto sustantivo, contenida en esa decisión; empero, pierde de vista que esta Corporación no puede emitir juicio alguno respecto del acierto o error de la autoridad judicial accionada al proferir el proveído objeto de reproche. Ello desbordaría su competencia e invadiría la de la Corte Constitucional, a cuyo cargo está determinar si examina o no la decisión adoptada por los funcionarios demandados, a través del mecanismo de revisión eventual, el cual a la fecha está pendiente de surtirse.
Bajo ese derrotero, conforme a la reseña jurisprudencial efectuada y de acuerdo con las previsiones establecidas en el artículo 33 del Decreto 2591 de 1991, no cabe duda en torno a que el juez corporativo competente –natural– para revisar en instancia definitiva el diligenciamiento reprobado por el ciudadano GENSIS ESNEY BAUTISTA ORTIZ, es la Corte Constitucional en sede de revisión, procedimiento respecto del cual ese Alto Tribunal ha explicado que:
«El demandante equipara la revisión eventual de los fallos de tutela a una “selección al azar”. Esto en nada corresponde al tratamiento que se da a los expedientes de tutela que, por mandato de los artículos 86 y 241-9 de la Carta Política llegan a revisión obligatoria en la Corte Constitucional.
De acuerdo con el Reglamento Interno de la Corporación1, cada mes dos Magistrados integran una Sala de Selección, y tienen a su cargo la escogencia de los expedientes de tutela para revisión. Tendente a llevar a cabo esta función, la Secretaría General de la Corte les suministra reseñas esquemáticas de todas las tutelas que llegan a la Corte durante el mes anterior, es decir, de TODOS los expedientes que corresponden a las demandas de este tipo que se presentan en el país. Esa reseña es el sucinto y conciso recuento de cada proceso, resultado de un cuidadoso examen del expediente: el encargado de analizar el caso, a más de consignar sus datos básicos de identificación (nombre del actor, demandado, derecho invocado, hechos de la demanda) revisa los fallos de instancia, las pruebas en que se sustentan, y realiza una anotación en caso de encontrar una posible violación a los derechos fundamentales de quien interpone la tutela. Con base en ese trabajo, los integrantes de la Unidad de Tutela rinden un informe a la Sala de Selección, y sus miembros extraen, de entre todos los casos que se han revisado, aquellos que consideran que deben ser objeto de un nuevo examen por la Corte, porque entrevén una posible violación a los derechos fundamentales.
Dado que en estas “Salas de Selección” la gran mayoría de fallos son excluidos de revisión posterior, existe la posibilidad de insistir en el estudio del caso por la Corte: cualquier Magistrado o el Defensor del Pueblo puede solicitar, por iniciativa propia o atendiendo la petición de un ciudadano, la elección de un expediente para revisión por la Corte, si considera que el caso lo amerita. Los integrantes de la Sala de Selección, nuevamente tienen la última palabra» (C.C.S.C-1716/2000).
Así las cosas, el fallo impugnado será confirmado.
En mérito de lo expuesto, la SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS N° 2 DE LA SALA DE CASACIÓN PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE:
1. CONFIRMAR el fallo de 9 de octubre de 2019 proferido por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que negó el amparo promovido por GENSIS ESNEY BAUTISTA ORTIZ.
2. NOTIFICAR a los interesados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
3. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 Adoptado por el Acuerdo 01 de 1992; adicionado por los Acuerdos 03 y 04 de 1992 y de nuevo codificado por el Acuerdo 05 de 1992. Posteriormente, adicionado por los Acuerdos 01 de 1995, 01 de 1996, 01 de 1997, 01 de 1999 y 01 de 2000. En particular, ver el Capítulo XIII, “De la revisión de las sentencias de tutela”, artículo 49.
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