Asistente Jurídico Inteligente
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JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
Magistrado Ponente
STP15131-2019
Radicación No 107392
(Aprobado Acta No.294)
Bogotá D.C., cinco (05) de noviembre de dos mil diecinueve
(2019)
VISTOS
Decide la Sala la impugnación interpuesta por NILSON FERNEY SUTA SÁNCHEZ, contra el fallo proferido el 20 de septiembre de 2019 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, mediante el cual negó el amparo de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados por el Juzgado Tercero Penal Municipal Ambulante de Control de Garantías y el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de la misma ciudad.
ANTECEDENTES
Y
FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
Fueron recogidos en la decisión de primera instancia, en los siguientes términos:
«Nilson Ferney Suta Sánchez, indicó que durante más de nueve (9) años, permaneció en unión marital de hecho con Olga Liliana Villarraga Leal, lapso en el que adquirió un inmueble ubicado en el sector 1, casa 47, del barrio Aguas Claras de esta ciudad, que consta de dos apartamentos independientes.
Precisó que Olga Liliana Villarraga Leal interpuso denuncia en su contra por el presunto punible de lesiones personales agravadas, razón por la que, la fiscalía solicitó “audiencia de desalojo” que se llevó a cabo en el Juzgado Tercero Penal Municipal Ambulante de esta ciudad, que en decisión del veintiséis (26) de julio del presente año, accedió a la pretensión del ente acusador, la cual fue recurrida y confirmada en segunda instancia por el Juzgado Tercero Penal del Circuito, en proveído del (13) de agosto siguiente.
Sostuvo que en razón de las frecuentes provocaciones, amenazadas (sic) y alteración de la pacífica convivencia, la fiscalía igualmente le otorgó medida de protección contra la señora Villarraga Leal, desde el trece (13) de mayo de dos mil diecinueve (2019).
Adujo que se opone a la medida de desalojo, en aras de defender el único Patrimonio obtenido en la sociedad patrimonial de hecho, adquirido durante el tiempo de convivencia y en el que reside actualmente.
Manifestó que con la medida acogida por las autoridades judiciales accionadas, se vulneran sus derechos fundamentales a la igualdad y debido proceso, razón por la que, solicitó su revocatoria.
Finalmente, deprecó como medida provisional, en virtud de lo señalado en el artículo 7° del Decreto 2591 de 1991, suspender la orden de desalojo ordenada por el Juzgado Tercero Penal Ambulante con Función de Control de Garantías de Villavicencio.1
EL FALLO IMPUGNADO
La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, negó la protección deprecada, al considerar que la fiscalía y la defensa presentaron su pretensión y oposición, respectivamente, al igual que los elementos materiales probatorios que sustentaron sus argumentos; los que la autoridad judicial accionada analizó y determinó que era procedente decretar la medida de protección solicitada, al encontrar acreditada la materialidad del delito de lesiones personales. 2
LA IMPUGNACIÓN
El accionante impugnó la decisión, con el siguiente argumento: «resulta absurdo saber qué (sic) pasado tanto tiempo de vida, donde el predio que se adquirió quedó a nombre de la denunciante, por el simple hecho de amar a una mujer, y ahora todo se esfume de un momento para otro, ya que dicha ciudadana solo espera que me saquen de mi casa, para venderla o regarla por un valor irrisorio, con la única finalidad de dejarme sin absolutamente nada»3.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. De conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, y el artículo 44 del Reglamento General de esta Corporación, esta Sala es competente para resolver el recurso de impugnación interpuesto por los accionantes contra el fallo de tutela de primera instancia proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio.
2. Requisitos de procedibilidad de la acción de tutela
La tutela es un mecanismo de protección excepcional frente a providencias judiciales, su prosperidad va ligada al cumplimiento de estrictos requisitos de procedibilidad que implican una carga para el actor, tanto en su planteamiento como en su demostración, como lo ha expuesto la propia Corte Constitucional4.
La acción de tutela contra providencias judiciales, exige:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que atañe a los derechos fundamentales del accionante.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.5
f. Que no se trate de sentencias de tutela.
Mientras que, en punto de las exigencias específicas, se han establecido las que a continuación se relacionan:
i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece absolutamente de competencia para ello.
ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
iii) Defecto fáctico, el cual surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
iv) Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales6 o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión;
v) Error inducido, el cual surge cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los funcionarios judiciales de explicitar los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones, en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
vii) Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado7.
viii) Violación directa de la Constitución.
Los anteriores requisitos, no pueden quedarse en meros enunciados, pues han sido reiterados por la Corte Constitucional, primero en la sentencia C-590 de 2005, luego en las decisiones T-332, T-780 y T-212 de 2006, reforzando lo dicho en la primera de las mencionadas providencias, en el sentido de que, cuando se trata de acciones de tutela contra providencias judiciales, las mismas solo pueden tener cabida «… si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad. Dentro de estos pueden distinguirse unos de carácter general, que habilitan la interposición de la tutela, y otros de carácter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesta». -C-590 de 2005-.
2. Desde ya se puede observar que la impugnación no está llamada a prosperar, pues de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, cuando se cuestiona una providencia judicial por incurrir en un defecto fáctico, no es deber del juez volver a valorar las pruebas con el propósito de establecer cuál es la verdad, y poder así determinar si hubo o no una violación al debido proceso. Su función consiste en juzgar el análisis que el juez ordinario hizo del acervo probatorio, no en repetirlo.
En otras palabras, «el estándar de control constitucional, no consiste en establecer si el juez ordinario aplicó los criterios de la sana crítica en el análisis probatorio de la forma como lo hubiese hecho el juez de tutela al que correspondió conocer el caso, el criterio aplicable, es establecer si la decisión judicial cuestionada violó clara y abiertamente los principios de la sana crítica».
Ahora, los jueces dentro de sus competencias, cuentan con autonomía e independencia, por lo que en sus providencias gozan de la potestad para valorar las pruebas allegadas al proceso, atendiendo las reglas de la sana crítica y los parámetros de la lógica y la experiencia; lo que no implica que tengan facultades para decidir de manera arbitraria los asuntos puestos a su consideración.
Análisis del caso concreto.
La impugnación se centra en un punto específico: la inconformidad del actor con la decisión tomada por el Juzgado Tercero Municipal Ambulante de Control de Garantías de Villavicencio dentro del proceso No. 500016000564201901624., mediante la cual se resolvió decretar medidas de protección en favor de OLGA LILIANA VILLARRAGA LEAL, en calidad de víctima, conforme al artículo 17 de Ley 1257 de 2008 en sus literales a, b y d, esto es se ordenó al accionante desalojar la vivienda habitada por VILLARRAGA LEAL, igualmente se le ordenó la prohibición de estar en cualquier lugar donde se encontrara la víctima, decisión que fue confirmada por el Juzgado Tercero Penal del Circuito con función de Conocimiento de la misma ciudad.
Al respecto la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, obrando como Juez Constitucional de primera, encontró que los planteamientos hechos por el actor, en sede de tutela no tienen asidero, porque se fundan en la discrepancia de criterios interpretativos.
Una vez revisado el contenido de la decisión criticada, no puede concluir la Corte que aquella constituya una vía de hecho en los términos planteados por los accionantes, como que de igual manera, no puede aducirse con grado de acierto la existencia de algún defecto capaz de configurar una causal de procedibilidad del amparo.
Sobre el particular, la Sala considera que debe confirmarse el fallo de tutela de primera instancia, porque esta decisión estuvo fundamentada en la revisión de las pruebas aportadas al plenario, atendió a la normativa aplicable, y fue coherente en los fundamentos y las determinaciones adoptadas.
Al respecto, debe recordarse que si bien las decisiones adoptadas en el marco de los procedimientos pueden resultar contrarias a los intereses de alguno de los sujetos procesales, la Ley estableció diversos mecanismos para cuestionarlas y lograr que el superior funcional estudie y evalúe el asunto, tal y como sucedió en el sub lite.
La simple discrepancia o desacuerdo con el contenido de una decisión no habilita la interposición de la acción de tutela, porque este mecanismo excepcional no fue diseñado como una instancia adicional.
Dentro de la autonomía que se garantiza y reconoce a los funcionarios judiciales, está la de interpretar las normas y valorar las pruebas para resolver el caso concreto, y esa labor permite que la comprensión que lleguen a tener distintos jueces sobre una misma norma sea diversa, y que unas interpretaciones sean mejor recibidas que otras. De manera que la razonabilidad de la argumentación presentada resulta relevante al momento de hacer la valoración respectiva.
Por lo mencionado, se constata que la decisión censurada se encuentra dentro del marco de los principios de libre apreciación probatoria y autonomía, propios de la actividad judicial, sin que le sea dable al juez de tutela poner en tela de juicio la seguridad jurídica de las decisiones a través del mecanismo excepcional.
Por lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL – EN SALA DE DECISIÓN DE ACCIONES DE TUTELA No 1, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
1. CONFIRMAR el fallo de tutela impugnado.
1. NOTIFICAR a los sujetos procesales el presente fallo, por el medio más expedito.
2. Envíese la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro del término indicado en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 Folio 67 – 68 Cuaderno 2
2 Folio 76 Cuaderno 2
3 Ibídem. Folio.100 Cuaderno 2
4 Fallos C-590 de 2005 y T-332 de 2006
5 Ibídem
6 Sentencia T-522 de 2001
7 Cfr. Sentencias T-462 de 2003; SU-1184 de 2001; T-1625 de 2000 y T-1031 de 2001