Asistente Jurídico Inteligente
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SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS N.° 2
LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
Magistrado ponente
STP1290-2019
Radicación n.° 102814
Acta 32
Bogotá, D. C., siete (7) de febrero de dos mil diecinueve (2019).
VISTOS:
Resuelve la Corte la impugnación presentada por el apoderado especial de DIEGO JOSÉ BONILLA VICTORIA, contra la sentencia de tutela proferida el 5 de diciembre de 2018 por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que negó el amparo de sus derechos fundamentales presuntamente vulnerados por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali.
Al trámite fueron vinculados el Juzgado 1° Laboral del Circuito de la ciudad mencionada, la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) y el Banco BBVA Colombia S.A.
FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN:
DIEGO JOSÉ BONILLA VICTORIA indicó que presentó demanda ordinaria laboral contra Colpensiones y el Banco BBVA Colombia S.A., con el fin probar que no autorizó a la administradora de pensiones para que descontara de su mesada pensional, las cuotas de amortización del crédito que le fue otorgado por el banco demandado en la modalidad de libranza y, en consecuencia, se restituyera de manera indexada, las sumas de dinero retenidas correspondientes a marzo de 2015 en adelante.
El proceso le correspondió por reparto al Juzgado 1º Laboral del Circuito de Cali, autoridad que mediante auto del 29 de julio 2015, rechazó la precitada demanda.
Contra la anterior determinación interpuso recurso de apelación, el cual está pendiente de ser desatado por Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali desde el 28 de agosto de 2015.
Afirmó el accionante que mediante escrito del 19 de septiembre de 2016, presentó solicitud de impulso y el 11 de mayo de 2018, pidió ante el Consejo Superior de la Judicatura investigación y vigilancia del proceso objeto de debate constitucional. Sin embargo, el Tribunal no ha resuelto el recurso presentado, excediendo los términos previstos en la ley.
Por lo anterior, acudió a la jurisdicción constitucional con el propósito de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, y acceso a la administración de justicia.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA:
Por auto del 26 de noviembre de 2018, la Sala de Casación Laboral admitió la acción de tutela y corrió traslado de ésta a los sujetos pasivos de la acción.
El Juzgado 1° Laboral del Circuito de Cali informó que revisado el sistema de consulta siglo XXI, el expediente objeto de reproche se encuentra en la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa sede, para resolver el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra la providencia del 29 de julio de 2015, la cual rechazó la demanda ordinaria laboral.
La Sala de Casación Laboral negó el amparo solicitado. Explicó que, dado el carácter residual y subsidiario de la acción de tutela, no es el mecanismo indicado para estudiar y resolver la inconformidad planteada por el accionante, pues corresponde a un asunto que debe alegarse y definirse al interior del proceso.
El accionante impugnó el fallo y reiteró los argumentos expuestos en la demanda.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE:
Conforme al artículo 1º del Acuerdo número 001 del 15 de marzo de 2002 emitido por la Sala Plena de la Corte, en armonía con el canon 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala es competente para pronunciarse respecto de la impugnación interpuesta en contra de la decisión adoptada por la Sala de Casación Laboral.
En primer lugar, esta Sala de tutelas ha sostenido que la inconformidad relacionada con el vencimiento de términos procesales dentro de una actuación judicial puede ser expuesta mediante la recusación de los funcionarios judiciales o a través de la vigilancia judicial administrativa por parte de la Procuraduría General de la Nación, mecanismos idóneos y expeditos para perseguir el cumplimiento de los plazos previstos en la legislación procesal (CSJ STP, 13 Nov 2014, Rad. 76935).
Es más, el accionante también tiene la posibilidad de dirigirse al juez disciplinario del funcionario y formular la correspondiente queja denunciando la presunta infracción de los artículos 34-2, 35-7 y 8, 48-62 y 50 de la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único), con el fin de que sean tomados los correctivos establecidos en la misma normativa.
Son esos, por tanto, los mecanismos a los cuales debe acudir DIEGO JOSÉ BONILLA VICTORIA y no a la acción de tutela, que no es sustitutiva de los procedimientos legales. En casos similares la Sala ha señalado y lo reitera:
Como se observa con facilidad, la ley otorga varios mecanismos a las partes para que puedan hacer cumplir los plazos dentro de la actuación penal, con la finalidad de resguardar el derecho a un proceso sin dilaciones injustificadas, de ahí que es nítida la imposibilidad de tomar la vía de la tutela para eventos como el que ahora ocupa la atención de la Sala.
A más de lo anterior, de entrometerse el juez de tutela a terciar en estos trámites, de igual manera quebrantaría a no dudarlo el derecho a la igualdad, por cuanto dispondría la emisión de pronunciamiento sin acatar el respeto debido a los turnos en los Despachos, en virtud de la carga laboral que menciona el despacho accionado (CSJ STP, 13 Nov 2014, Rad. 76935).
En segundo término y, al margen de lo anterior, si bien advierte la Sala que se ha excedido el plazo legal para resolver el asunto puesto a consideración de la judicatura, también lo es que no es posible afirmar que ello obedezca al incumplimiento negligente o deliberado de la función de administrar justicia, pues la causa fundamental es la congestión judicial existente en las Salas Laborales de los diferentes Tribunales del país, como anteriormente se ha reconocido en actuaciones similares a la presente (Cfr. CSJ STP, 27 Feb 2014, Rad. 72108, CSJ STP, 18 Sep 2014, Rad. 75839 y CSJ STP, 15 Jun 2017, Rad. 92412).
En tales condiciones, no es posible ordenar al Magistrado Ponente que conoce del asunto emitir de forma inmediata las decisiones correspondientes, no sólo porque ello constituiría una intromisión indebida del juez de tutela, sino además, porque con tal determinación se vulneraría el derecho a la igualdad de muchos ciudadanos que se encuentran en la misma situación que el accionante y, a la postre, conduciría a agravar el problema de la mora judicial.
Por último, en el caso particular, no se acreditó y tampoco advierte la Sala la estructuración de un perjuicio irremediable que haga necesaria la intervención transitoria del juez constitucional, pues el accionante no demostró ni lo avizora la Corte, las alegadas condiciones de inminencia, urgencia, gravedad e impostergabilidad (Cfr. CC Sentencia T – 081 de 2013) que caracterizan el perjuicio irremediable y, por tanto, no es posible soslayar el ejercicio de los mecanismos legales de defensa con que cuenta.
Se confirmará, por ende, la decisión impugnada.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión de Tutelas N° 2 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE:
1. CONFIRMAR el fallo del 5 de diciembre de 2018 proferido por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que negó por improcedente la acción de tutela interpuesta por DIEGO JOSÉ BONILLA VICTORIA.
2. NOTIFICAR este proveído conforme al artículo 16 del Decreto 2591 de 1991.
3. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
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