Asistente Jurídico Inteligente
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PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
Magistrada Ponente
STP11663-2019
Radicación No. 106269
Acta No. 210
Bogotá, D.C., agosto veinte (20) de dos mil diecinueve (2019).
V I S T O S
Resuelve la Sala la acción de tutela interpuesta por MANUEL ARTURO PABÓN JAIMES, contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y libertad personal.
Al trámite fueron vinculados el Juzgado 13 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Cali y todas las partes e intervinientes en el proceso penal con radicado 1100160000992200600009, seguido en contra del aquí accionante.
I. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
1. Para lo que compete resolver en el presente asunto, del escrito de tutela y documentos aportados al plenario, la Sala destaca los siguientes hechos jurídicamente relevantes:
i. Que contra MANUEL ARTURO PABÓN JAIMES, Comandante del Batallón de Alta Montaña de las Fuerzas Militares, la Fiscalía 38 Especializada de Derechos Humanos inició investigación penal por el delito de homicidio agravado, por hechos ocurridos el 11 de marzo del 2006 en jurisdicción del corregimiento El Pedregal del municipio de Yumbo (Antioquia), cuando en desarrollo de una orden de operaciones expedida con el fin de capturar o someter a las milicias de la Columna Móvil ‘Libardo García’ de la ONT FARC, fue asesinado José Orlando Giraldo Barrera, campesino del sector quien murió en extrañas circunstancias y fue presentado como «guerrillero muerto en combate».
ii. Que el 5 de agosto de 2009, ante el Juzgado 26 Penal Municipal con Función de Control de Garantías, se legalizó su captura, se formuló imputación en su contra y se le impuso medida de aseguramiento intramural. Posteriormente recobró su libertad el 6 de junio de 2013.
iii. Que la etapa de juicio fue adelantada por el Juzgado 13 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Cali, despacho judicial que mediante sentencia del 24 de mayo de 2019, absolvió al accionante y demás coacusados de los cargos formulados en su contra.
iv. Que la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, con providencia del 5 de agosto de 2019, revocó la sentencia de primera instancia y condenó al promotor del amparo a la pena de 34 años de prisión. Como consecuencia de lo anterior, dispuso su captura inmediata.
v. Que el 22 de junio de 2017 presentó solicitud de postulación ante la Jurisdicción Especial para la Paz “JEP” y el 3 de mayo de 2018 formato único de manifestación de sometimiento a ese tribunal.
vi. Que a través de Resolución No. 003391 del 9 de junio de 2019, la JEP asumió el conocimiento de su caso y ordenó, entre otras, la suscripción de la respectiva acta de sometimiento y compromiso de su parte, lo cual procedió a hacer efectivamente el 23 de julio siguiente.
vii. Que en concepto de la parte demandante, el tribunal accionado vulneró su derecho fundamental al debido proceso, por cuanto profirió sentencia en su contra, desconociendo que ya se había postulado ante la Jurisdicción Especial para la Paz y que era ésta la competente para definir su situación jurídica.
2. Como consecuencia de lo anterior, la parte actora acude al juez constitucional para que, en amparo de sus derechos fundamentales, intervenga en el proceso penal con radicado 1100160000992200600009, dejando sin efectos la sentencia proferida el 5 de agosto de 2019 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali; suspenda la orden de captura emitida en su contra y ordene la remisión de las diligencias a la Jurisdicción Especial para la Paz.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
Mediante auto del 8 de agosto de 2019 se admitió la demanda y se dispuso correr el respectivo traslado a las autoridades y partes mencionadas, para que ejercieran su derecho de defensa y contradicción.
El Tribunal Superior de Cali, en respuesta al requerimiento efectuado, se limitó a remitir copia de la sentencia de segunda instancia proferida el 5 de agosto de 2019.
Por su parte la Fiscalía 94 Especializada de Derechos Humanos efectuó un breve recuento de la actuación penal surtida en contra de MANUEL ARTURO PABÓN JAIMES y manifestó que tuvo conocimiento de que éste presentó solicitud de acogimiento ante la JEP, pero desconoce el resultado de la misma. Afirmó que no encuentra contraria a derecho la decisión del tribunal y que, en todo caso, la remisión del proceso a esa jurisdicción solo procede por requerimiento de ésta, lo cual no ha sucedido.
Los apoderados de CARLOS ENRIQUE MARTÍN DÍAZ, WILLIAM FABIÁN MOSQUERA DELGADO, EDUARDO FIDEL ANGARITA SANTIAGO, CRISTIAN DANIEL DELGADO CUASQUER y JOHN JAIRO QUIJANO SANCHEZ, coacusados dentro del proceso 1100160000992200600009, acudieron al trámite para coadyuvar la solicitud de amparo constitucional presentada por MANUEL ARTURO PABÓN JAIMES y solicitar que se deje sin efectos la sentencia de segundo grado proferida dentro de dicha actuación, para que ello se haga extensivo a los demás implicados.
El Juzgado 13 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Cali descorrió el traslado del escrito de tutela refiriendo que, en efecto, el 24 de mayo de 2019 dictó sentencia absolutoria a favor de MANUEL ARTURO PABÓN JAIMES y demás procesados, dentro del expediente en cuestión. Adujo que por haber sido objeto de apelación, ese despacho judicial perdió competencia para seguir conociendo de la causa.
Por último, el apoderado de víctimas se opuso a la prosperidad de la acción, argumentando que en el caso concreto no se cumple con el presupuesto de subsidiariedad para admitir su procedencia, en razón a que el actor no agotó el recurso de apelación que procedía contra la sentencia condenatoria proferida en segunda instancia, de conformidad con lo previsto en la sentencia SU215/16 (doble conformidad). Así mismo, aseguró que “mientras no exista la resolución que dispone la competencia por cuenta de la JEP y de la Sala, el señor compareciente aún no es destinatario de ninguna de las medidas y/o beneficios transitorios o definitivos propios del sistema integral de justicia transicional”; de hecho, alegó que no existe prueba en el plenario de que su solicitud de sometimiento fue aceptada y, en consecuencia, su pretensión es improcedente.
Dentro del término concedido para tal efecto, las otras partes e intervinientes no se pronunciaron.
III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
De conformidad con lo establecido en el artículo 2º, numeral 7º del Decreto 1983 de 2017, en concordancia con el artículo 44 del Reglamento General de la Corte Suprema de Justicia, es competente esta Sala para pronunciarse en primera instancia sobre la solicitud de amparo.
Previo a abordar el estudio de la inconformidad planteada por la parte actora, la Corte considera necesario precisar que de conformidad con lo previsto en el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, pueden intervenir en el trámite de la acción constitucional “como coadyuvantes del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiera hecho la solicitud”, aquellas personas que tengan un interés legítimo en el resultado de la acción de tutela. Eso significa que las facultades para su actuación dentro del trámite de tutela no son absolutas, sino que se limitan en principio a la coadyuvancia, figura cuyo alcance, como claramente ha señalado la Corte Constitucional, “debe establecerse de acuerdo con lo dispuesto en la doctrina clásica sobre la materia, en armonía con los principios generales que rigen la acción constitucional”1.
Es así como, sobre los coadyuvantes dentro de un proceso, esa Corporación ha señalado2:
“Estos últimos son ‘aquellos terceros que no reclaman un derecho propio para que sobre él haya decisión en el proceso, sino un interés personal en la suerte de la pretensión de una de las partes’. Poseen la facultad de intervenir dentro del trámite procesal, pero cuando lo hacen tienen como fin ‘sostener las razones de un derecho ajeno’. Por ello, pueden realizar distintas actuaciones dentro del proceso, pero no les es posible intervenir para presentar sus propias pretensiones, cuando quiera que ellas sean totalmente ajenas al contenido del proceso que ha sido delimitado –al menos en principio-, por las peticiones hechas por quien promueve la demanda y los argumentos presentados en ejercicio del derecho de contradicción.
(…)
Esto implica, en principio, que con independencia de la categoría particular dentro de la que pudieran ubicarse en razón de su interés en el proceso y del nombre que se les asigne dentro de los procesos ordinarios, en la acción de tutela los terceros se involucran en el proceso porque sus resultados pueden afectarlos, pero lo hacen apoyando las razones presentadas, bien por el actor o por la persona o autoridad demandadas, y no promoviendo sus propias pretensiones”. (Destacados propios de la Sala)
En esas condiciones, la Corte aceptará la coadyuvancia manifestada por los apoderados de CARLOS ENRIQUE MARTÍN DÍAZ, WILLIAM FABIÁN MOSQUERA DELGADO, EDUARDO FIDEL ANGARITA SANTIAGO, CRISTIAN DANIEL DELGADO CUASQUER y JOHN JAIRO QUIJANO SANCHEZ y les reconocerá tal condición, pero circunscrita su participación e interés en este trámite a los hechos y súplicas formuladas por el accionante en su escrito de tutela. Sin embargo, no es posible que la decisión que se adopte en este caso se haga extensiva a los mencionados, en tanto ninguno acreditó dentro del plenario que se encuentre bajo las mismas condiciones del demandante, pues no consta que hayan suscrito acta de sometimiento ante la JEP.
Ahora bien, referente a la acción pública que nos ocupa, ha de precisarse que el artículo 86 de la Constitución Política establece que se trata de un mecanismo concebido para la protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por cualquier acción u omisión, siempre que no exista otro recurso o medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
La doctrina constitucional ha sido clara y enfática en señalar que cuando se trata de providencias judiciales, la acción de tutela solamente resulta procedente de manera excepcional, pues como regla general la inconformidad de las partes con lo resuelto por los funcionarios judiciales ha de ser planteada y debatida en forma oportuna, acudiendo para ello a los medios de impugnación instituidos en los códigos de procedimiento.
No obstante, por vía jurisprudencial se ha venido decantando el alcance de tal postulado, dando paso a la procedencia de la acción de tutela cuando se trate de actuaciones que carezcan de motivación o fundamento objetivo, contrariando su voluntad para hacer imperar la arbitrariedad y el capricho del funcionario, o resulten manifiestamente ilegales, de ahí que, por excepción se permitirá que el juez de tutela pueda intervenir en orden a hacer cesar los efectos nocivos que la vía de hecho detectada puede ocasionar en relación con los derechos fundamentales.
Para tal efecto se consagran unas condiciones generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, consistentes en que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Además, que se hayan agotado todos los medios – ordinarios y extraordinarios – de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable.
Igualmente, exige la jurisprudencia que se cumpla el requisito de la inmediatez, el cual impone que la tutela se haya instaurado en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; así mismo, cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
Además, que el accionante «identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible»
Y finalmente, que no se trate de sentencias de tutela.
Bajo ese derrotero, siendo la tutela un mecanismo de protección excepcional frente a providencias judiciales, su prosperidad va ligada al cumplimiento riguroso de esos requisitos que implican una carga para la parte actora, no solamente en su planteamiento, sino también en su demostración, como lo ha expuesto la propia Corte Constitucional.
Descendiendo al caso concreto, MANUEL ARTURO PABÓN JAIMES no acató las condiciones generales de procedencia arriba mencionadas, toda vez que no agotó previamente la posibilidad de solicitar a la autoridad demandada la remisión de la causa penal con destino a la JEP.
En ese sentido, ha de destacarse que el Tribunal Superior de Cali, a través de providencia del 2 de agosto de 2019, resolvió el recurso de apelación propuesto por la fiscalía, el agente del Ministerio Público y el representante de víctimas, contra la sentencia calendada 24 de mayo de 2019 proferida por el Juzgado 13 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de esa ciudad, por medio de la cual ese despacho judicial absolvió al promotor del amparo y demás coacusados del delito de homicidio agravado en concurso heterogéneo con ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios. La sentencia de segundo grado revocó lo decidido por el a quo y en su lugar condenó al aquí demandante y ordenó su captura inmediata.
Ahora bien, alega el actor que el Tribunal Superior de Cali no podía pronunciarse frente a la alzada, en razón a que el día 9 de julio de 2019, previa solicitud de su parte, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz expidió la Resolución No. 003391, mediante la cual asumió el conocimiento de su caso, requirió al Juzgado 13 la aportación de unas piezas procesales y ordenó la suscripción del acta de compromiso de sometimiento, la que en efecto firmó el 23 de julio siguiente.
No obstante, en el escrito de tutela el promotor del amparo no refiere haber presentado alguna solicitud ante la Corporación accionada, dando cuenta de su intención de acogerse a la JEP y requiriendo la remisión de su expediente a esa jurisdicción, pese a que desde junio de 2017 había manifestado formalmente su voluntad de sometimiento al tribunal especial; tampoco aportó un documento que acredite que elevó la petición, limitándose a afirmar que la Sala Penal demandada no estaba facultada para resolver la apelación por no ser competente.
En punto de la supuesta afectación al debido proceso, por falta de competencia del funcionario de la jurisdicción ordinaria, es cierto que la Constitución Política de Colombia, a través del Acto Legislativo 01 de 2017, incluyó un título de disposiciones transitorias dirigidas a consolidar la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera, establece como componente esencial del Sistema de Verdad Justicia Reparación y No Repetición, la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, órgano al que le asignó la competencia exclusiva para conocer las conductas cometidas por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado antes del 1° de diciembre de 2016; sin embargo, la admisión de cada caso debe estar precedida de la evaluación del cumplimiento de los requisitos de orden constitucional y legal.
Concretamente en relación con el tratamiento aplicable a los miembros de la fuerza pública, preceptúa el artículo 23 transitorio de la Constitución Política:
La jurisdicción Especial para la Paz tendrá competencia sobre los delitos cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado y sin ánimo de obtener enriquecimiento personal ilícito, o en caso de que existiera, sin ser éste la causa determinante de la conducta delictiva. (…).
En consecuencia, corresponde a las autoridades competentes en la jurisdicción ordinaria, remitir a la JEP aquellas actuaciones en las que, previa solicitud del procesado, se verifiquen las condiciones antes mencionadas, trámite que no fue agotado por MANUEL ARTURO PABÓN JAIMES, quien por vía de tutela pretende la nulidad del fallo del Tribunal Superior de Cali, aduciendo violación al debido proceso.
Aunque el accionante afirma que la Jurisdicción Especial para la Paz ya asumió el conocimiento del asunto por el cual fue condenado en segunda instancia por el Tribunal Superior de Cali, tal situación por sí sola no conlleva el decaimiento de la competencia del funcionario de la jurisdicción ordinaria, puesto que a éste le corresponde disponer, a solicitud de parte, el envío de la actuación, siempre que del estudio se establezca el cumplimiento de los presupuestos legales a los que se ha referido la Sala.
Así lo ha considerado reiteradamente la Sala de Casación Penal de esta Corporación:
Desde luego, la competencia del funcionario judicial al cual sea remitida la actuación le impone examinar el cabal cumplimiento de los citados requisitos, al margen de que el Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz3 se haya pronunciado afirmativamente, pues las decisiones judiciales deben tener como soporte lo que está probado de manera efectiva en la actuación.
En tal cometido, será necesario en todos los casos que el funcionario competente evalúe, en particular, si las conductas punibles por razón de las cuales se tramita el proceso o se profirió la condena fueron realizadas por causa, con ocasión, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado interno. (CSJ AP3004-2017, 10 may. Radicado 49253)
En este asunto, quien ahora depreca el amparo constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, no solicitó al tribunal la remisión de la actuación a la JEP, y tampoco aportó los documentos que acreditaran la observancia de los requisitos de procedencia de su pretensión, razón por la cual, la autoridad competente no podía -motu proprio- detener el curso del proceso.
Adicionalmente, no es cierto, como lo afirma el accionante, que la JEP asumió el conocimiento de su caso, mediante la Resolución 003391 del 9 de julio de 2019, pues leída la decisión claramente se advierte que para ese momento MANUEL ARTURO PABÓN JAIMES ni siquiera había firmado el acta de sometimiento y compromiso, razón por la cual, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación, y no Repetición (SIVJRNR) ordenó que:
«7. Por Secretaría Judicial de la Sala en coordinación con la Secretaría Ejecutiva de Esta Corporación, disponer la suscripción de la respectiva acta de sometimiento y compromiso por parte del MY ® MANUEL ARTURO PABÓN JAIMES (…)»4
Si bien PABÓN JAIMES había solicitado el ingreso a esa jurisdicción desde el año 2017, cuando aun no entraba en funcionamiento la JEP, la simple postulación no implica su incorporación, tal como se lo aclaró la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas en la misma resolución:
«14. Se aclara al solicitante que la presente decisión no implica su ingreso a la JEP ni el otorgamiento de los beneficios solicitados, puesto que todo ello será objeto de análisis por parte de la Sala, decidido mediante resolución debidamente motivada y supeditado a la verificación de su actitud proactiva en los compromisos que presente con motivo de esta decisión que permitan establecer su intención genuina e contribuir en las etapas siguientes del proceso, con los objetivos de la justicia transicional en forma progresiva…»
Por tanto, al establecerse que la parte actora no probó haber presentado solicitud alguna que acredite que el Tribunal Superior de Cali tenía conocimiento de su intención de acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz y aun así profirió sentencia de segundo grado, no existe el presupuesto del cual se deduzca que esa autoridad judicial estaba en la obligación constitucional de abstenerse de continuar conociendo de la actuación penal seguida en contra de MANUEL ARTURO PABÓN JAIMES o de enviar las diligencias a la JEP por competencia.
Si se parte del hecho de que cada parte o extremo tiene su carga probatoria necesaria para que el juez adopte la decisión adecuada, si ante la administración de justicia no ha sido debidamente soportada la presentación de la petición, mal puede, entonces, ser condenada la autoridad destinataria de la misma (Cfr. CC. T-010/98).
Por consiguiente, en el presente caso no es posible acceder a la protección reclamada, habida cuenta que la parte actora no cumplió con el presupuesto de subsidiariedad que permita la procedencia excepcional del mecanismo constitucional.
Conforme con lo expuesto, si MANUEL ARTURO PABÓN JAIMES considera que reúne los requisitos para que la actuación que se sigue en su contra sea remitida a la JEP, deberá solicitarlo y sustentar su petición ante el juez que conoce del asunto5.
En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS No. 2, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
R E S U E L V E
1. NEGAR el amparo constitucional deprecado por MANUEL ARTURO PABÓN JAIMES, de acuerdo con lo señalado en precedencia.
2. NOTIFICAR este proveído conforme al artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
3. En caso de no ser impugnada, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 Sentencia T-269/12.
2 Ibídem.
3 Antes de entrar a funcionar la Jurisdicción Especial para la Paz, la calificación de la conducta investigada o juzgada, con miras a establecer la relación con el conflicto armado interno, estaba asignada al Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción.
4 Folio 13 de la actuación de tutela.
5 CSJ AP2610-2018, 27 jun. Radicado 40098; CSJ AP675-2019, 27 feb. Radicado 54737; CSJ AP860-2019, 6 mar. Radicado 54393; CSJ AP 1333-2019, 10 abr. Radicado 54249, y CSJ AP1581-2019, 30 abr. Radicado 54916, entre otros.