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EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
Magistrado Ponente
ATP323-2019
Radicación nº 102879
(Aprobado mediante Acta nº 58)
Bogotá, D.C., cinco (5) de marzo de dos mil diecinueve (2019).
ASUNTO
Sería del caso pronunciarse de fondo sobre la impugnación presentada por Johan Hernando Leaño Angarita en representación legal de la Sociedad Constructora La Esmeralda S.A., contra el fallo de tutela de 5 de diciembre de 2018, proferido por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante el cual denegó sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Tunja y el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de esa ciudad, si no fuera porque se advierte una causal de nulidad que implica retrotraer la actuación.
FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
De la demanda de tutela y los documentos allegados al expediente se infiere lo siguiente:
1. Claudia Esperanza Pulido, Representante Legal de AFRA Inmobiliaria S.A: presentó demanda ordinaria laboral en contra de la Sociedad Constructora La Esmeralda S.A. con el fin de que se declarar la existencia de una relación de trabajo y por ende se condenara a la demandada al pago de acreencias laborales dejadas de percibir.
2. Indicó que el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Tunja, a través de sentencia de 10 de julio de 2018 accedió a las pretensiones de la demanda y señaló que, conforme a las pruebas obrantes en el expediente, se logró demostrar la existencia de una relación laboral entre las partes, regida por un contrato de trabajo, además de condenar a la entidad demandada a pagar la suma de $10.045.366 por conceptos laborales, además de una indemnización por la suma de $5.445.577 pesos, así como el pago de los aportes en pensión en el fondo que elija la demandante.
3. Tal decisión fue impugnada, empero la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad, a través de sentencia de 8 de agosto de 2018, la modificó en el sentido de aumentar la condena.
Para el impugnante, la sentencia emitida por la segunda instancia adolece de errores constitutivos de violación al debido proceso en materia probatoria , por indebida valoración a las pruebas documentales allegadas como lo fueron las cuentas de cobro y comprobantes de egreso girados y entregados a Claudia Esperanza Pulido, no obstante para el a quo, señaló, los mismos no verificaban que se trató de una relación comercial, sino que encubrían una relación laboral que, a juicio del demandante, nunca existió.
Aunado a lo anterior, refirió que el Tribunal incurrió en un defecto fáctico debido a que le resto valor suasorio a las pruebas documentales obrantes, como también al testimonio de Hernando Leaño, persona que contrató con la sociedad AFRA Inmobiliaria para la realización de la venta de apartamentos mediante comisión y corretaje, declaración que de manera diáfana verifica que no existió una relación laboral, ni se desplegaron actividades que degeneraran en subordinación y dependencia continua, en tanto que la demandante actuaba en calidad de contratante comercial en representación de esa sociedad.
Por consiguiente, considera que los derechos de la Sociedad Constructora La Esmeralda S.A, fueron vulnerados por las autoridades accionadas.
TRÁMITE DE LA ACCIÓN
La Sala de Casación Laboral de esta Corporación, avocó conocimiento de la presente acción de tutela a través de auto de 27 de noviembre de 2018 y ordenó notificar a las autoridades accionadas y vinculadas, a efectos de que ejercieran su derecho a la defensa y contradicción.
En primer lugar, una Magistrada de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Tunja, solicitó se deniegue el amparo invocado por el accionante, en tanto las decisiones emitidas dentro del proceso ordinario laboral promovido por la Representante de AFRA Inmobiliaria S. A. no son vulneradoras de derecho fundamental alguno , pues el fallo adoptado resolvió los puntos de impugnación de la decisión de primera instancia, que se refirieron a la existencia de una relación laboral entre las partes, valoración probatoria e indemnización moratoria.
Por su parte, la titular del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de esa ciudad, manifestó oponerse a las pretensiones de la demanda de tutela, toda vez que el actuar de ese despacho judicial se ajustó a los lineamientos del debido proceso judicial, por lo que no se vulneraron los derechos fundamentales aducidos por el actor.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, a través de proveído de 23 de octubre de 2018, negó el amparo, pues a no se allegó por parte de la autoridad accionada material probatorio alguno que permita establecer si en realidad las razones y argumentos en que se soportó hace que sea sustancialmente contraria a la correcta aplicación del derecho.
Por otra parte, indicó que la parte actora soslayó la carga de la prueba que le asiste y por lo tanto no demostró las afirmaciones en que sustenta la presunta vulneración de su derecho fundamental.
IMPUGNACIÓN
Notificado el fallo de tutela de primera instancia, el accionante lo impugnó y solicitó la nulidad del proveído en cita, teniendo en cuenta que la carga de la prueba le competía a las accionadas, como quiera que en tales despachos se encuentran los expedientes en su totalidad, por lo tanto atendiendo la desidia procesal con la que actuaron los demandados, debe presumirse que las aseveraciones hechas por el accionantes son verdaderas, de conformidad con el Decreto Estatutario 2591 de 1991.
Por otro lado, señaló que el juez constitucional al emitir un fallo, sin los pronunciamientos de las entidades accionadas y sin pruebas, no es respetuoso de la inmediación probatoria, en tanto que los fallos deben estar debidamente motivados y resaltó «de ahí que se haga raro que el maxi8mo órgano de la justicia ordinaria o común propicie con su actuar, acciones tendientes a desconocer los derechos de los administrados».
CONSIDERACIONES
1. Competencia
De conformidad con lo establecido en el numeral 7º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 1983 de 2017, en concordancia con el artículo 44 del Reglamento General de la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Casación Penal es competente para resolver la demanda de tutela, como quiera que se censura actuaciones judiciales adoptadas por la Homóloga Laboral de esta Corporación.
2. Nulidad del trámite constitucional
La Constitución Política, en el artículo 86, estableció la tutela como un mecanismo extraordinario, preferente, subsidiario y residual que tiene por objeto la protección de manera efectiva e inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, ante su vulneración o amenaza, proveniente de la acción u omisión atribuible a las autoridades públicas o de los particulares, en los casos que la ley regula y siempre que el interesado no cuente con otros medios de defensa judicial.
En reiteradas oportunidades, la jurisprudencia de la Sala (CSJ ATP, 19 jun.2018, rad. 98945; CSJ ATP, 14 jun. 2018, rad 98712; CSJ ATP, 31 may. 2018, rad. 98419, entre otras) ha sostenido que aunque quien acude a la acción de tutela tiene el deber de manifestar cuál es la autoridad o el particular que le ha lesionado o amenazado sus derechos, tal enunciación no puede atar al juez constitucional, ni limitar su ámbito de gestión, ya que el juzgador debe revisar la situación que se tacha de irregular y vincular a todas las personas y entidades que pueden estar vulnerando las garantías reclamadas, así como a aquellos que habrían de verse afectados con la decisión que se adopte al resolver la petición de amparo propuesta.
Así las cosas, de los artículos 16 del Decreto 2591 de 1991 y 5º del Decreto 306 de 1992, surge como requisito de procedimiento que tanto la iniciación, como las decisiones adoptadas en el «(…) trámite de una acción de tutela se deberán notificar a las partes o a los intervinientes. Para este efecto, son partes la persona que ejerce la acción de tutela y el particular, la entidad o autoridad pública contra la cual se dirige la acción de tutela». Adicionalmente, es obligación del «(…) juez velar porque de acuerdo con las circunstancias, el medio y la oportunidad de la notificación aseguren la eficacia de la misma y la posibilidad de ejercer el derecho de defensa».
En ese sentido, se advierte que las partes e intervinientes del proceso laboral, incluyendo a la demandante del mismo la señora Claudia Esperanza Pulido, Representante Legal de AFRA inmobiliaria, quienes fueron vinculados a través del auto que avocó conocimiento de la acción constitucional, no fueron notificados por parte de la Secretaría de esa Corporación, pues pese a que se advirtió por el Tribunal de Tunja su imposibilidad para hacerlo, teniendo en cuenta que no contaba con el expediente, nada se hizo para requerir el trámite al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito donde reposaba la información necesaria para tal efecto.
De esta forma, resulta evidente el desconocimiento al debido proceso en la actuación que ocupa la atención de la Sala, por la omisión de vincular a los citados, quienes pudiesen verse afectados con la decisión que tome el juez de tutela se constituye en una irregularidad insubsanable que tan solo se puede enmendar con la declaratoria de invalidez.
Finalmente, debe precisar esta Sala que resulta imperativo motivar las determinaciones judiciales con soporte en las pruebas y en los preceptos aplicados en cada asunto, para así garantizar los derechos de los sujetos procesales.
Por las anteriores consideraciones, se invalidará lo actuado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, desde del auto mediante el cual avocó el conocimiento de la demanda, a efectos de garantizar el derecho de defensa y contradicción de los accionados y vinculados y luego decida la tutela.
La nulidad decretada no afecta la validez de las pruebas allegadas.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Decisión de Tutelas No. 3, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
1. Decretar la nulidad de todo lo actuado después del auto que admitió esta acción de tutela, sin perjuicio de la validez de las pruebas, para que se rehaga la actuación, restableciéndose las garantías quebrantadas.
2. Devolver las diligencias a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, para lo pertinente.
3. Comunicar a los interesados esta decisión.
Cúmplase
JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria