Asistente Jurídico Inteligente
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LUIS GUILLERMO SALZAR OTERO
Magistrado ponente
AP3563-2019
Radicación n.º 54701
Acta 212
Bogotá D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil diecinueve (2019).
ASUNTO
Se pronuncia la Sala sobre la admisión de la demanda de casación interpuesta por el defensor de Haanner Jesús Villamizar Manjarrés, contra la sentencia del 6 de noviembre de 2018 por medio de la cual la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá revocó parcialmente la emitida por el Juzgado Doce Penal del Circuito de Conocimiento de esta ciudad respecto del delito de hurto calificado, para en su lugar absolverlo de dicho cargo y confirmó la condena frente al punible de acto sexual violento.
1. HECHOS
Ocurrieron el 7 de febrero de 2018 en horas de la mañana. Ese día Seudy Gizell Ávila Romero salió de la residencia de su progenitora ubicada en el barrio Ciudad Jardín de esta capital, con destino al sito de trabajo, siendo abordada por su ex compañero sentimental Haanner Jesús Villamizar Manjarrés, quien valga resaltar, no podía acercársele en razón de la medida de protección dictada a favor de aquella el 24 de enero de ese mismo año por la Comisaría Segunda de Familia.
A pesar de esa restricción, Villamizar Manjarrés siguió a la mujer obligándola a tomar un bus del sistema de transporte público y lo propio hizo dicho individuo, quien en el recorrido le insistió para que restablecieran la relación sentimental pero ello fue rechazado, ante lo cual, bajo amenazas físicas y psicológicas, el citado efectuó tocamientos en la región genital y glúteos por encima de las prendas de vestir, sin que la víctima hubiese tenido la oportunidad de repeler el ataque por el temor que sentía en razón de anteriores agresiones.
2. ANTECEDENTES PROCESALES
1. En audiencia celebrada el 8 de febrero de 2018 el Juzgado 34 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá legalizó la captura de Haanner Jesús Villamizar Manjarrés, al tiempo que la Fiscalía le imputó los delitos de acto sexual violento (artículo 206 del C.P.) y hurto calificado y agravado en grado de tentativa (artículos 239, 240-1, 241-2, ídem), cargos que aquél no aceptó. Posteriormente, fue afectado con medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario.
2. El escrito de acusación, por los delitos mencionados, excepto la causal de agravación que fue suprimida, se radicó el 12 de marzo siguiente, llevándose a cabo la audiencia de formulación el 2 de abril ante el Juzgado Doce Penal del Circuito con función de conocimiento de Bogotá, mientras que la preparatoria tuvo lugar el 11 de mayo también del 2018.
La audiencia del juicio oral se inició el 7 de junio y concluyó el 18 de julio con el anuncio del sentido condenatorio del fallo y el traslado del artículo 447 de la Ley 906 de 2004.
3. El 6 de agosto de 2018, el Juzgado de Conocimiento condenó a Villamizar Manjarrés a la pena principal de 106 meses de prisión y a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un término igual, como autor responsable de los delitos de acto sexual violento y hurto calificado en grado de tentativa. Le negó el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y el sustituto penal de la prisión domiciliaria.
Apelada por la defensa dicha decisión, mediante sentencia del 6 de noviembre, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá la revocó respecto del delito contra el patrimonio económico para en su lugar absolver al procesado de ese cargo y la confirmó en lo demás, modificando, en consecuencia, la pena para fijarla en 96 meses de prisión.
En contra de lo resuelto por el ad quem, el defensor interpuso y sustentó por escrito de manera oportuna el recurso extraordinario de casación.
3. LA DEMANDA
En el libelo el demandante, luego de identificar a los sujetos procesales, efectuar un recuento de la actuación procesal y transcribir la parte resolutiva de las decisiones de primera y segunda instancia, invoca tres cargos contra el fallo impugnado con fundamento en la causal 3ª de casación –violación indirecta de la ley- y uno en la primera –violación directa-, que sustenta en los siguientes términos:
1. Causal tercera:
1.1. Falso raciocinio por no aplicación de la sana crítica a las pruebas acorde con las reglas de la ciencia:
Afirma que según el artículo 405 del Código de Procedimiento Penal, para la valoración de las pruebas se da aplicación al conocimiento científico con el fin de demostrar el cómo, cuándo, dónde, modo y lugar de ocurrencia de los hechos.
En ese sentido señala que no podía tenerse con plena certeza el dicho de la presunta víctima sobre los tocamientos que dijo efectuó el acusado, toda vez que, según el dictamen pericial efectuado por médico forense, no se hallaron huellas ni hematomas indicativas de la violencia que se dijo el implicado ejerció en sus glúteos, luego no existe prueba en punto de la agresión o la sevicia. El ad quem no tuvo en cuenta los elementos de juicio de carácter científico especializado, «…la cual se entiende que es una ciencia exacta y no hay margen de error y es prueba crucial, para determinar si cometió o no el delito.»
1.2. No aplicación de la sana crítica acorde con los principios de la lógica:
De acuerdo con el principio de identidad, esto es, que «una cosa es una, solo puede ser lo que es y no otra», indica que si las pruebas recolectadas por medicina legal demostraban que no se hallaron huellas dactilares en las partes íntimas de la presunta víctima, debía entenderse que los hechos narrados por ésta no ocurrieron y no como lo indicó el Tribunal en cuanto a que hubo acto sexual violento apartándose de los parámetros de la sana crítica para emitir conceptos a su parecer.
1.3. No aplicación de la sana crítica en las pruebas con base en la experiencia:
Los Magistrados, con el amplio conocimiento y experiencia que tienen en el cargo, debieron valorar los elementos de juicio aportados al proceso y de manera especial el estudio de la recolección de huellas dactilares y si existía algún hematoma, pues, según lo aducido por la perjudicada, el implicado lo hizo con violencia, aspecto que, según medicina legal, fue negativo, de ahí que todo deja entrever que «…tal violencia no sucedió, ya que si no hay pruebas que sustenten lo dicho, no se puede aseverar tal situación; además se debe apreciar en conjunto con las declaraciones rendidas por la sra Seudy Gizell Ávila Romero que fueron variables, ya que en la denuncia inicial sólo manifestó los hechos del supuesto hurto y después añadió otros hechos de supuesto acto sexual violento, refutados por el dictamen pericial…»
Agrega que el testimonio de la presunta víctima no fue analizado bajo un proceso hermenéutico, puesto que el a quo se basó en que ésta repitió el relato a los médicos, a la Comisaria de Familia y en el juicio oral sin que hubiese contrastado la consistencia del contenido de la prueba con la realidad de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos, apreciación que fue compartida por el juez colegiado, sin que se hubiese tenido en cuenta, además, el interés que le asistía a la denunciante de mantener detenido a su ex pareja, dado que en los últimos 10 días había interpuesto tres denuncias en su contra.
2. Causal Primera:
2.1. Cargo único: con fundamento en el “cuerpo primero” del artículo 181 de Código de Procedimiento Penal demanda «…violación directa de la ley sustancial, por error de derecho en la categoría de indebida aplicación del artículo 206 del Código Penal», toda vez que la conducta descrita en el citado precepto se contrae a realizar ciertos actos mediante la violencia, siendo este un factor esencial para su materialización, el cual, en este evento, no se demostró y tampoco están estructurados los elementos para considerar lo plasmado por la presunta víctima en cuanto a los supuestos tocamientos que el implicado realizó en sus glúteos y vagina.
Para el recurrente, no se presentó uso de la fuerza toda vez que la perjudicada en ningún momento manifestó agresión física por parte del implicado, aspecto que no fue expuesto por el médico forense; aquella no indicó que durante el recorrido en el Transmilenio su excompañero la hubiese amenazado o agredido verbalmente; el imputado en ningún momento obligó a Seudy Gisell a subirse al bus, por el contrario, ella aceptó su compañía; el procesado buscó a su expareja para tratar de arreglar las cosas, atendiendo que en la medida de protección provisional ello no estaba restringido y precisamente de esa situación dialogaron, luego no se presentó opresión psicológica. Finalmente, aduce que donde se presentaron los hechos la víctima tuvo la oportunidad de gritar o pedir ayuda si en verdad se hallaba en tales circunstancias.
Concluye que acorde con el testimonio de la víctima y lo consignado en el dictamen de medicina legal, no se acreditaron los elementos que conforman la violencia, presupuesto necesario para la tipificación del delito previsto en el artículo 206 del C.P., por lo tanto, quedaba así demostrado que el ad quem «…adecuó una norma que no es aplicable al caso, ya que no se cumple con los parámetros para que se considere acto sexual violento y mucho menos hay pruebas creíbles que fundamenten lo dicho».
3. El libelista solicita a la Corte que admita la demanda por cuanto cumple con los requisitos de orden legal y, corolario de ello, case el fallo y profiera el que corresponda, de acuerdo con los artículos 181 y 185 del C. de P.P.
4. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1. Según el artículo 180 de la Ley 906 de 2004 el recurso de casación fue instituido con el propósito de alcanzar (i) la efectividad del derecho material, (ii) el respeto de las garantías fundamentales de los intervinientes, (iii) la reparación de los agravios inferidos a éstos y (iv) la unificación de la jurisprudencia.
Surge de lo anterior que su admisión supone, entre otros aspectos, la debida presentación de la demanda, en la que el censor está obligado a exponer de manera precisa y concisa las causales invocadas y sus fundamentos, en aras de demostrar la afectación de derechos fundamentales y la justificación del fallo de casación.
Significa lo antes dicho que la demanda de casación no es un mecanismo de libre elaboración pues dada su naturaleza extraordinaria, se asigna al censor la obligación de: i) acreditar el agravio a los derechos o garantías fundamentales producido con la sentencia recurrida; ii) indicar la causal de casación a través de la cual se evidencie dicha afectación, observándose desde luego los parámetros técnicos, lógicos y de argumentación propios del motivo casacional invocado, y iii) determinar la necesariedad del fallo de casación para lograr alguna de las finalidades legalmente previstas para el recurso en el ya citado artículo 180 de la Ley 906 de 2004.
Así entonces, la omisión de cualquiera de dichos presupuestos, acorde con el inciso 2° del artículo 184 de la Ley 906 de 2004, la consecuencia no es otra que la no selección de la demanda de casación.
2. Puestos de presente los anteriores derroteros al caso bajo examen, la Sala de entrada advierte que la demanda de casación, ante el evidente incumplimiento de los presupuestos de carácter sustancial y formal propios de una correcta sustentación, no resulta idónea para endilgar un yerro en el fallo de instancia o atender cualquiera de los fines de la casación, imponiéndose por ello su inadmisión. Estas las razones:
2.1. Según el texto de la demanda, ningún argumento se expuso en torno a cómo alcanzar las finalidades del recurso y mucho menos se precisa sobre la necesidad de ejercer de ejercer el control constitucional y legal en correlación con los propósitos del libelista.
Es más, aunque se hizo precisión en torno de las causales invocadas a fin de demostrar los errores que por la vía directa e indirecta se demanda, a todas luces resulta insuficiente, toda vez que, independientemente de los motivos aducidos como sustento de la impugnación, no se evidenció que el juzgador haya infringido alguna garantía fundamental.
2.2. Así, frente a la causal tercera de casación, específicamente por violación indirecta de la ley, cabe señalar que su procedencia está atada a que se demuestre un compromiso de garantías fundamentales por una errada apreciación de las pruebas fundamento del fallo de segunda instancia, que puede presentarse, según la jurisprudencia, a través de los errores de derecho o de hecho, concretándose este último a la forma cómo el juzgador valora la prueba, incurriéndose en él bajo los denominados falsos juicios de existencia, identidad o raciocinio.
Como se ha expuesto, el demandante propone la causal tercera de casación por violación indirecta de la ley bajo la configuración de errores de hecho por falso raciocinio.
Sobre esta modalidad de yerro conviene resaltar que, acorde con lo enseñado por la jurisprudencia, surge obligado para el casacionista «… además de ser indispensable particularizar la prueba sobre la cual se concreta el presunto defecto de apreciación, es necesario poner de presente la violación de las reglas de la sana crítica, ofreciendo los motivos por los que en la valoración del medio de conocimiento se desconocen los principios de la lógica, las leyes de la ciencia o las máximas de la experiencia; por ende, el recurrente debe señalar qué demuestra en concreto el elemento de persuasión objetado, cuál es la inferencia extraída de él en la sentencia impugnada y el mérito probatorio allí concedido.
Cumplida esa labor, al libelista le compete precisar la regla lógica, científica o de la experiencia violada en el fallo y, correlativamente, debe expresar, con claridad, la apreciación correcta. Además, le asiste el compromiso de indicar la trascendencia del yerro alegado al confrontarlo con el resto del acervo probatorio que ha servido de sustento a la sentencia objeto de disenso a través del recurso de casación.»1
2.3. Frente al primer cargo, que el libelista edifica bajo la no aplicación de la sana crítica en la valoración de las pruebas acorde con las reglas de la ciencia, pues, en su sentir, los tocamientos que la presunta víctima denunció no existieron, toda vez que, acorde con el dictamen pericial practicado por médico forense, no se hallaron huellas ni hematomas, omitiéndose por parte del Tribunal las pruebas de carácter científico, debe decirse que una tal argumentación resulta abiertamente inane para la demostración del cargo, puesto que lo único que deja entrever es la inconformidad frente a la valoración que al respecto realizó el sentenciador, posición que en modo alguno demuestra el compromiso de una determinada ley científica.
Como se dijo párrafos atrás, le correspondía al casacionista entrar a indicar y demostrar cuál regla de carácter científico fue desconocida por el Tribunal en el análisis de dicho medio probatorio, labor que en forma alguna fue abordada, pues simplemente se dedica a exponer sus propias conclusiones para hacer ver la inexistencia de la conducta endilgada a su prohijado.
De manera que, al margen de que no ofrece argumento alguno que demuestre el cargo propuesto, si la intención del censor era hacer ver una omisión por parte del Tribunal de atender el dictamen del legista que no halló huellas en la parte íntima de la agredida, tiene que desestimarse porque, precisamente, con base en lo expuesto por el perito de Medina Legal, el ad quem llegó a la conclusión que no en todos los casos de agresiones de carácter sexual se ocasionan traumas en la parte genital de la persona afectada, puesto que la producción de este tipo de evidencias físicas depende de factores como la edad y la fuerza impuesta por el agresor.
Queda así descartada la errada convicción que tiene el recurrente en cuanto a que para la materialización del delito necesariamente se requería de la presencia de huellas en la zona íntima de la mujer, conclusión, que resulta suficiente para rechazar el cargo propuesto.
2.4. Los dos cargos subsiguientes atinentes con la no aplicación de los principios de la lógica y la experiencia en la valoración de las pruebas, para no incurrir en inútiles repeticiones, pueden responderse bajo una misma argumentación ya que están fundados en los mismos supuestos, es decir, que los hechos narrados por la presunta víctima no se suscitaron en razón a que no fueron halladas huellas dactilares o hematomas, que en parecer del demandante, debieron marcarse atendiendo que ésta afirmó haberse ejercido violencia por parte del implicado.
Al respeto debe indicarse que igualmente cae el censor en imprecisiones y falta de argumentación en la demostración de los cargos, porque a lo largo del discurso vuelve a hacer cuestionamientos frente a la valoración probatoria efectuada por el ad quem en punto de la materialización de la conducta imputada a su prohijado.
En efecto, aunque propone como sustento el principio de identidad relativo a que «una cosa es una, solo puede ser lo que es y no otra», el cual, valga decirlo, está en contexto cuando se demanda el análisis de una determinada prueba por vía del falso raciocinio, no expone ningún desarrollo para demostrar el error en que pudo haber incurrido el sentenciador, pues simplemente persiste en la ausencia de rastros en la parte íntima de la afectada y que por ello los hechos denunciados no ocurrieron, argumentos que se tornan repetitivos y que en modo alguno conducen a demostrar falencia alguna al sistema de persuasión que se analiza, puesto que, conforme quedo precisado párrafos atrás, el hecho de no hallarse afectación física de ninguna manera se traduce en sustento para descartar la conducta punible.
A esa misma conclusión se arriba frente al cuestionamiento de la falta de análisis de las pruebas con base en la experiencia, pues bajo tal consideración que a lo largo de la demanda ha expuesto el libelista, esto es, que de lo aducido por la víctima y lo indicado por el médico forense, aunado al amplio conocimiento y experiencia de los magistrados, podía inferirse la ausencia de violencia y con ello la materialización del delito, lo cual no pone de presente que en verdad se hubiese comprometido alguna máxima de la experiencia, todo lo contrario, deja entrever un total desacuerdo con la valoración efectuado por el Tribunal a cada uno de los elementos probatorios y plantear la propia percepción sobre el mérito de estos.
Lo indicado cobra fuerza cuando, según el casacionista, el testimonio de la afectada debía ser valorado de acuerdo con un proceso hermenéutico, aspecto que indudablemente conlleva a mostrar total inconformidad en punto de las conclusiones a las que arribó el Tribunal para decidir sobre la responsabilidad del acusado.
Sólo para ilustración y mostrar la equivocación en la que incurrió el libelista en la fundamentación de los cargos, vale la pena recordar lo expuesto por el ad quem frente al dicho de la víctima:
“La mujer fue clara en señalar el maltrato físico y psicológico del que fue objeto durante varios meses por parte de HAANER JESÚS, como también las amenazas que realizó mientras se dirigían a su lugar de trabajo, de ahí que solo fuera hasta que cesó el hostigamiento y fue capturado el implicado que tuvo la capacidad emocional de poner en conocimiento de las autoridades competentes los vejámenes cometidos por su excompañero sentimental.
De dicha circunstancia dio cuenta la misma afectada cuando expuso que por los nervios y angustia que sentía solo logró referir al agente de la Policía Nacional el hurto de su bolso y la medida de protección emitida a su favor, sin embargo, al momento de ser entrevistada por un funcionario del CTI quien tomó la denuncia realizó un relato detallado de lo sucedido, en virtud de las preguntas que éste efectuó.
Además, si bien es cierto, en dicha oportunidad la víctima guardó silencio respecto de las agresiones sexuales que padeció, no ocurrió lo mismo ante el médico legista del Instituto de Medicina Legal, Luis Jesús Prada Moreno, quien la examinó ese mismo día y luego los puso de presente al psiquiatra, Pedro Luis Rojas y la Comisaria de Familia, Blanca Iris Castaño Muñoz.
Así las cosas, los actos que realizó el implicado apuntaron a invadir la sexualidad de su excompañera, tanto así que ante la negativa de ésta de acceder a sus pretensiones VILLAMIZAR MANJARRÉS, procedió a ejecutar tocamientos lujuriosos sobre su parte trasera y vagina por encima de la ropa, mientras la insinuaba que retomaran la relación sentimental, situaciones que permiten colegir que su interés no era otro que satisfacer su líbido sexual y estimular el de la mujer a efectos de derribar su resistencia.”
2.5. Otro de los reproches que postula el demandante lo encasilla en la causal primera de casación “cuerpo primero” del artículo 181, numeral 1 de la Ley 906 de 2004- bajo el cargo de violación directa de la ley sustancial por error de derecho ante la indebida aplicación del artículo 206 del Código Penal.
Frente a ello, debe destacarse un primer reproche relativo a que en la sistemática de la Ley 906 de 2004, sobre el recurso extraordinario, no existe ese cuerpo que sí lo preveía la Ley 600 de 2000, lo cual deja entrever una inconsistencia al traer aspectos propios de otro estatuto procesal.
Otra falencia se genera en la formulación del cargo, puesto que se pretende demandar la sentencia por la vía directa de la ley sustancial al amparo de un error de derecho, cuando este sólo tiene cabida cuando de la violación indirecta se trata.
Es más, entendiéndose que el cuestionamiento está dirigido a demandar la violación directa de la ley sustancial por indebida aplicación del artículo 206 del Código Penal, la argumentación que lo sustenta resulta igualmente equivocada, pues en sentir del censor para la materialización del tipo penal de acto sexual violento se requiere la existencia de la violencia, presupuesto que en este caso no estaba demostrado al no configurarse ninguno de los elementos que lo estructuran, cuando debió entrar a demostrar a la Corte que el Tribunal se equivocó en la aplicación de la norma por cuando no regula el asunto concreto y a su vez indicarle cuál era la que debió tenerse en cuenta de acuerdo con los hechos, que, por cierto, ya son aceptados por quien invoca tal causal.
3. Puede colegirse de lo expuesto una equivocada concepción del recurso extraordinario de casación por parte del impugnante, pues, debía entender, y esto se reitera, que no equivale a una tercera instancia, sino que supone un control de constitucionalidad y legalidad de una sentencia amparada por las presunciones de acierto y legalidad.
4. En conclusión, ante los protuberantes e insalvables yerros en la formulación de los cargos propuestos, tal como se anunció párrafos atrás, la demanda se inadmitirá, sin que se observe motivo que amerite superar sus falencias para asegurar oficiosamente el cumplimiento de las garantías fundamentales o los fines del recurso.
5. Finalmente, cabe advertir que contra la presente determinación procede el recurso de insistencia, en los términos en que la jurisprudencia de esta Colegiatura lo ha decantado (CSJ SP, 12 de diciembre de 2005, Rad. 24322).
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala De Casación Penal,
RESUELVE
INADMITIR la demanda de casación presentada por el defensor del procesado Haanner Jesús Villamizar Manjarrés.
Contra la anterior decisión procede el recurso de insistencia.
Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al Tribunal de origen.
EYDER PATIÑO CABRERA
JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
JAIME HUMBERTO MORENO ACERO
PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO
Nubia Yolanda Nova García
Secretaria
1 CSJ Auto del 27 de febrero de 2013, rad. 40110
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