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PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
Magistrada Ponente
STP9002-2018
Radicación N.° 99239
Acta 226
Bogotá D.C., diez (10) de julio de dos mil dieciocho (2018).
VISTOS
Se pronuncia la Sala sobre la demanda de tutela instaurada por el FISCAL 98 DELEGADO ANTE LOS JUECES PENALES DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, contra la SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, por la supuesta vulneración de sus derechos fundamentales. Al trámite fueron vinculados, el JUZGADO DOCE PENAL DEL CIRCUITO de esa ciudad, el procesado HARLIN ANTONIO SÁNCHEZ SERNA, su defensor y los demás intervinientes en el trámite penal con radicación 05 001 6000 718 2010 00388.
ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS
Contra Harlin Antonio Sánchez Serna se adelanta, ante el Juzgado Doce Penal del Circuito de Medellín, proceso penal por la posible comisión del delito de homicidio agravado en modalidad tentada. El trámite se encuentra en la fase de juicio oral.
El 18 de mayo de 2018, día en que estaba prevista la continuación de la vista pública, el juez de conocimiento canceló la sesión y ordenó la remisión del expediente a la Jurisdicción Especial de Paz, porque el procesado y su defensor manifestaron que los hechos objeto de procesamiento se habían cometido con ocasión al conflicto armado.
El fiscal 98 seccional de Medellín fue enterado de dicha decisión el 21 de mayo siguiente. En esa data le solicitó al juzgado cognoscente que adoptara tal determinación en audiencia, de conformidad con lo previsto en el art. 161-2 del Código de Procedimiento Penal. Como el juez no se pronunció, el delegado del ente acusador formuló recurso de apelación y posteriormente, de queja contra lo decidido.
El 24 de mayo siguiente se pronunció el despacho de conocimiento, informándole que no procedía ningún recurso contra la actuación mediante la cual se dispuso enviar el asunto a la JEP. Posteriormente, el accionante sustentó el recurso de queja ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, pero esa Colegiatura, en proveído del 7 de junio del mismo año, rechazó de plano ese mecanismo.
Acude ahora a la extraordinaria vía de tutela el fiscal 98 seccional de Medellín. Expone que el Tribunal lesionó su derecho al debido proceso porque no tramitó debidamente la queja formulada y desconoció la aplicación de los principios de oralidad y publicidad inherentes a las actuaciones que se surten en el marco de la Ley 906 de 2004.
Afirma que esa Colegiatura nada dijo frente a la posibilidad de apelar el auto mediante el cual se remite a otra jurisdicción un proceso, a pesar de que dicho trámite tiene la naturaleza de incidente.
Señala, que se cumplen en el caso las condiciones generales de procedencia de la tutela y expone luego que esa Corporación incurrió en un defecto procedimental absoluto, porque ha debido conocer de fondo la queja, en tanto el Juzgado accionado negó la apelación contra el proveído mediante el cual dispuso remitir las diligencias a la JEP.
Tras señalar que no busca convertir la tutela en una instancia adicional, sino que acude a esta vía para dilucidar «un tema no debatido ante el Tribunal accionado», pide que se amparen sus derechos fundamentales y por consiguiente, se ordene al Tribunal Superior de Medellín que deje sin efectos la procedencia cuestionada y se declare la procedencia del recurso de queja que impetró.
TRÁMITE Y RESPUESTA
DE LAS AUTORIDADES ACCIONADAS
1. El Tribunal Superior de Medellín hizo un recuento de la actuación a su cargo, aportó copia de la providencia cuestionada y pidió que se deniegue el amparo, por improcedencia de la tutela.
2. El Juzgado Doce Penal del Circuito con función de conocimiento de Medellín rememoró el trámite y explicó que dispuso enviar el asunto a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, porque esa Corporación «es quien debe efectuar la calificación de la relación de la conducta con el conflicto armado» y enteró en debida forma de su decisión a todos los intervinientes.
Expuso que de ningún modo lesionó las garantías del libelista y aportó copia de las actuaciones a su cargo.
3. Los demás vinculados al proceso tutelar guardaron silencio dentro del término de traslado conferido por la Sala.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1. De conformidad con lo establecido en el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 20151, la Sala de Casación Penal es competente para resolver la demanda de tutela interpuesta por el FISCAL 98 DELEGADO ANTE LOS JUECES PENALES DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, que se dirige contra la Sala Penal del Tribunal Superior de ese Distrito Judicial.
2. Han de recordarse, para la solución del caso, los requisitos de procedencia de la acción de amparo contra providencias judiciales2.
En ese sentido, se ha decantado de tiempo atrás que la acción de tutela es una vía de protección excepcionalísima cuando se dirige en contra de providencias judiciales y su prosperidad va necesariamente ligada al cumplimiento de estrictos requisitos de procedibilidad, que esta Corporación, en posición compartida por la Corte Constitucional3 ha venido acogiendo y que implican una carga para el actor, no sólo en su planteamiento, sino también en su demostración.
Tales requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales contemplan, que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Además, que se hayan agotado todos los medios – ordinarios y extraordinarios – de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable.
Igualmente, exige la jurisprudencia que se cumpla el requisito de la inmediatez, el cual impone que la tutela se haya instaurado en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; así mismo, cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
Además, que el accionante «identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible»4.
Y finalmente, que no se trate de sentencias de tutela.
De otra parte, los requisitos de carácter específico han sido reiterados en pacífica jurisprudencia a partir de la sentencia C-590/05. Estos son: (i) defecto orgánico5; (ii) defecto procedimental absoluto6; (iii) defecto fáctico7; (iv) defecto material o sustantivo8; (v) error inducido9; (vi) decisión sin motivación10; (vii) desconocimiento del precedente11; y (viii) violación directa de la Constitución.
Desde la decisión CC C-590/05 ampliamente referida, la procedencia de la tutela contra una providencia emitida por un juez de la República se habilita, únicamente, cuando superado el filtro de verificación de los requisitos generales, se configure al menos uno de los defectos específicos antes mencionados.
3. Para el caso, el demandante acató las condiciones generales de procedencia arriba mencionadas. Por tal razón, se estudiará el fondo del asunto en orden a establecer si, dentro de la actuación, se materializó la vía de hecho que alegó el accionante.
En ese sentido, ha de destacarse que el Tribunal Superior de Medellín determinó rechazar de plano el recurso de queja que formuló el ahora demandante, porque el a quo no podía conceder el recurso de apelación propuesto contra una decisión cuya naturaleza es la de «una orden, de mero trámite o impulso procesal, contra la cual no cabe recurso alguno». En otras palabras, no mediaba en el caso alguna «decisión susceptible del recurso vertical»12.
Ahora bien, en punto de la razonabilidad de la providencia dictada por esa Colegiatura, han de hacerse las siguientes precisiones:
Ante petición formulada por el defensor de Harlin Antonio Sánchez Serna, el Juzgado Doce Penal del Circuito de Medellín dispuso remitir el proceso que se adelanta contra él, a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial de Paz.
Considera el Fiscal accionante que esa determinación ha debido adoptarse en audiencia, porque al tratarse de un incidente, eran plenamente aplicables los principios de oralidad y publicidad inherentes al procedimiento de la Ley 906 de 2004 por el cual se adelantaba el asunto. Además, porque se le debió permitir el ejercicio de recursos contra lo decidido.
Sin embargo, su postura, en ese punto, es equivocada. No es posible interponer recursos contra el proveído que dispuso el envío del expediente a la JEP, pues esa remisión debe hacerse a través de una orden, mediante la cual se dispone «cualquier otro trámite de los que la ley establece para dar curso a la actuación» (art. 161-3, Ley 906 de 2004), y por consiguiente, no es posible interponer recursos contra esa directriz, que es «de cumplimiento inmediato» (ídem).
Así lo expuso la Sala de Casación Penal en CSJ AP, 13 de marzo de 2013, Rad. 40.844, al señalar que:
Tratándose del trámite de definición de competencia, no hay lugar a la interposición de recursos por las partes, como se permitió en este caso, con la consiguiente dilación, en tanto el asunto es de trámite (se trata de una orden, en términos del artículo 161.3 procesal), limitándose el juez que estima no tiene competencia a expresar las razones de ello, frente a las cuales y a lo actuado dentro de las diligencias el superior funcional habrá de decidir (negrillas fuera del original).
De lo anterior, se extrae con claridad que ninguna vía de hecho se materializó en punto del proceder del Tribunal accionado, al no tramitar el recurso de queja, pues de lo expuesto atrás, quedó claro que dicho mecanismo no procede contra órdenes, al no ser susceptibles de impugnación.
4. No obstante, dada su inescindible vinculación con el tema demandado, encuentra la Sala necesario analizar si la actuación que adelantó el Juzgado Doce Penal del Circuito de Medellín, cuando dispuso remitir el asunto a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la J.E.P. es constitutiva de alguna vía de hecho que habilite la procedencia del amparo.
4.1. Para ello, ha de traerse a colación el art. 28 de la Ley 1820 de 2016, que fijó las funciones de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, de la siguiente manera:
ARTÍCULO 28. SALA DE DEFINICIÓN DE SITUACIONES JURÍDICAS. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz tendrá las siguientes funciones:
1. Definir la situación jurídica de todos quienes hayan accedido a la Jurisdicción Especial para la Paz, en relación a dos supuestos: personas que no serán objeto de amnistía o indulto ni serán incluidas en la resolución de conclusiones, y personas a las que no habrá de exigírseles responsabilidades ante el Tribunal, por ser merecedoras de amnistía o indulto.
2. Definir el tratamiento que se dará a las sentencias impuestas previamente por la justicia respecto a las personas objeto de la Jurisdicción Especial para la Paz, incluida la extinción de responsabilidades por entenderse cumplida la sanción.
3. Con el fin de que se administre pronta y cumplida justicia, determinar los posibles mecanismos procesales de selección y priorización para quienes no reconozcan verdad y responsabilidad. En la adopción de sus determinaciones esta Sala valorará las decisiones adoptadas por la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial de Paz, respecto de la concentración de sus funciones en los casos más representativos conforme a las competencias de dicha Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas.
4. Para el ejercicio de sus funciones, efectuar la calificación de la relación de la conducta con el conflicto armado.
5. Adoptar las demás resoluciones necesarias para definir la situación jurídica de quienes no fueron amnistiados ni indultados, ni han sido objeto de resolución de conclusiones.
(…)
La Corte Constitucional, al llevar a cabo el juicio de exequibilidad de la disposición en cita, la declaró ajustada a la Carta Política. Particularmente, con relación a los numerales 1º y 4º que están ligados a la resolución del asunto que concita la atención de la Corporación, dijo el Alto Tribunal en sentencia C-007/18 lo siguiente:
En relación con los numerales 1, 4 y 5, la Corte encuentra que sus contenidos se ajustan a la Constitución, pues, de conformidad con el artículo transitorio 5 del Acto Legislativo N° 01 de 2017, la Jurisdicción Especial para la Paz tiene como uno de sus objetivos el de adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado, respetando y garantizando, en todos los casos, las obligaciones del Estado de investigar, juzgar y sancionar, de acuerdo con lo establecido en los bloques B.3. (“La justicia en el orden constitucional”), B5 (“Justicia transicional, paz, amnistías y tratamientos penales diferenciados (TPED). Elementos de juicio”) y B.6. (“Las amnistías en el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho penal internacional y la Constitución Política”) de esta providencia.
Adicionalmente, de conformidad con lo previsto en el art. 29 de la Ley 1820 de 2016, corresponde a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas asumir el conocimiento de los casos objeto de su competencia, en los que estén involucrados «integrantes de las FARC-EP tras la entrada en vigencia del Acuerdo Final de Paz con el Gobierno nacional, de conformidad con los listados entregados por representantes designados por dicha organización expresamente para ese fin».
Dichas competencias también están previstas cuando agentes del Estado se vean involucrados en los supuestos a los que se refiere el antes citado art. 28 de la Ley 1820, según lo previsto en el art. 44 de esa normatividad13.
De lo anterior, se extrae que, a partir del momento en que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la J.E.P. entró en funcionamiento, asumió competencia exclusiva para determinar si la conducta reprochada a los agentes del Estado que se postulan a esa especial jurisdicción, tiene o no relación con el conflicto armado.
Así lo ha expuesto, reiteradamente, la Sala de Casación Penal, que en providencia CSJ AP1415 – 2018, afirmó que:
En ese orden de cosas, esta Corte no tiene competencia para reconocer o negar… el beneficio que solicita, menos aún, para tomar una decisión sobre la relación que los hechos que se le atribuyen pueda o no tener con el conflicto armado a efectos de discernir si los hechos que se le atribuyen son de competencia de la JEP, en tanto, se insiste, la determinación al respecto compete con exclusividad a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (negrillas fuera del original).
Y en providencia CSJ AP307 – 2018 indicó:
… es incontrovertible para la Sala que es a la Jurisdicción Especial para la Paz a quien corresponde determinar si los hechos atribuidos al acusado le competen, una vez éste le manifestó su voluntad de acogerse a ella y demandarle asumir el conocimiento del proceso. Fue ese el querer del Acuerdo Final, al exigir a las autoridades judiciales, entre otras, rendir informes de todas las investigaciones en curso o falladas por punibles cometidos con ocasión del conflicto armado interno, y con base en ellos determinar si son o no de su incumbencia por haber sido cometidos directa o indirectamente con el conflicto armado interno o con ocasión de él (énfasis fuera del original).
4.2. En relación con los integrantes de la Fuerza Pública y los demás agentes del Estado que por razón de la comisión de conductas punibles relacionadas con el conflicto armado, estén siendo procesados por la justicia ordinaria, pueden someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz, con el fin de obtener un tratamiento simétrico en algunos aspectos, diferenciado en otros, pero siempre equitativo, equilibrado y simultáneo (art. 21 del Acto Legislativo 01 de 2017). Al ser admitidos a esa especial jurisdicción, podrán ser beneficiarios de las penas propias de ese sistema, siempre que se cumplan las condiciones fijadas en el precepto y en la ley que las reglamente.
Para que los agentes del Estado se hagan acreedores de los mecanismos aplicables, han de suscribir «un acta de compromiso que contendrá los presupuestos establecidos en el parágrafo 1º del artículo 52 de la Ley 1820 de 2016» (art. 8 del Decreto Ley 706 de 2017), norma de acuerdo con la cual el interesado hará constar en el respectivo documento «su compromiso de sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz, así como la obligación de informar todo cambio de residencia, no salir del país sin previa autorización de la misma y quedar a la disposición de la Jurisdicción Especial para la Paz».
Ahora bien, la mera suscripción del acta de compromiso, no autoriza la inmediata suspensión del proceso penal que adelanta la justicia ordinaria, sin que ello quiera decir que el implicado o su defensor pierdan la oportunidad de postular las pretensiones encaminadas a obtener los beneficios previstos en la Ley 1820 de 2016. La suspensión del trámite solo podrá darse en el momento en que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas adopte una decisión definitiva sobre la situación del postulado. Así lo plasmó la Sala de Casación Penal en providencia CSJ AP1415 – 2018 donde indicó que:
… de acuerdo con el precitado artículo 47 de la Ley 1820 de 2016, los procesos penales contra agentes del Estado que voluntariamente se sometan a la jurisdicción de la JEP y soliciten la renuncia a la persecución penal no se suspenden mientras la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas adopta una decisión.
En efecto, al establecer la norma aplicable que la resolución por medio de la cual se resuelve la situación jurídica del agente del Estado será remitida a la autoridad judicial que «esté conociendo de la causa penal», se pone de presente la no interrupción de los respectivos procesos penales, que deben continuar tramitándose, como también que estos no deben ser remitidos a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, al menos en cuanto ésta no lo requiera.
De igual manera, se ha considerado que:
En lo concerniente a las solicitudes de “suspensión de la actuación y envío del expediente a la jurisdicción Especial para la Paz”, si bien se invocan múltiples normas en sustento de tales pretensiones, éstas se ofrecen inconducentes por carencia de fundamento normativo pertinente, al tiempo que resultan improcedentes por ausencia de presupuestos fácticos que las hagan viables.
En síntesis, no hay ninguna norma procedimental (ordinaria ni perteneciente a la reglamentación de los mecanismos de justicia transicional) que obligue a la Corte a abstenerse de resolver los asuntos bajo su competencia, mediante la figura de la “suspensión de la actuación”. Antes bien, la Sala ha de someterse al deber de resolver los asuntos sometidos a su consideración dentro de los términos previstos en la ley y con sujeción a los principios y garantías que orientan el ejercicio de la jurisdicción (…), sin que le sea permitido abstenerse de cumplir sus funciones… (CSJ AP, 9 ago. 2017, rad. 48912, énfasis fuera de texto).
Ahora bien, cuando el interesado o su defensor formulen la postulación de sometimiento a la JEP a través de la suscripción del acta de compromiso, esa Jurisdicción se pronuncie de manera definitiva sobre la situación del procesado y solicite el envío del expediente que cursa ante la jurisdicción ordinaria, pueden ocurrir dos situaciones, que la Sala esclareció de la siguiente manera en providencia CSJ AP2489 – 2018:
Que el Juez… comparta los puntos de vista de la JEP. En tal caso, declinará la competencia y enviará la actuación a la JEP, sin que haya lugar al trámite de impugnación de competencia ni a conflicto de jurisdicciones.
Que el Juez… no comparta las apreciaciones de la JEP. En ese evento, trabaría un conflicto positivo de jurisdicciones, que deberá ser decidido por la Corte Constitucional, acorde con las previsiones normativas que regulan las singularidades excepcionales que podrían suscitarse en la dinámica del proceso de paz.
En ese entendido, dependiendo de las particularidades del asunto, ante la solicitud que formule la JEP, es necesario que el funcionario de la justicia ordinaria lleve a cabo una calificación de la conducta y determine si esta fue perpetrada «con ocasión, por causa, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado», con el fin de determinar si dispone el envío del expediente.
4.3. La contrastación de las premisas antes mencionadas, con la actuación que desplegó, en el caso concreto, el Juzgado Doce Penal del Circuito de Medellín, evidencia la materialización de una vía de hecho en la determinación mediante la cual dispuso remitir el proceso penal que cursa contra Harlin Antonio Sánchez Serna, a la JEP.
En ese sentido, se destaca que el juez envió el expediente, luego del siguiente raciocinio:
En el caso concreto, Harlin Antonio Sánchez Serna, es juzgado por hechos acaecidos el 20 de octubre de 2010, fecha para la cual se encontraba vinculado con el Ejército Nacional de Colombia, como soldado, quien prestaba el servicio militar obligatorio, como orgánico del batallón de servicios N° 4 “yariquies” con sede en Medellín, encontrándose ese día en el cerro el Volador y donde resultó lesionado con arma tipo fusil el señor… , quien se encontraba realizando actividad deportiva en dicho lugar. Siendo procesado Harlin Antonio Sánchez Serna como el presunto autor de la conducta. Momentos antes del suceso se habían escuchado unas detonaciones, al parecer por manifestaciones en inmediaciones de la Universidad de Antioquia.
(…)
Ante la solicitud de la defensa y la voluntad de Harlin Antonio Sánchez Serna para someterse ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), al carácter prevalente que rige dicha jurisdicción… y dado que el procesado ha decidido acceder a la JEP, se remitirán las presentes diligencias ante la sala de definición de situaciones jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), con la finalidad de que se efectúe la calificación de la relación de la conducta con el conflicto armado y se defina si el presente asunto es de su competencia; conforme el numeral 4 del artículo 28 de la mencionada Ley…14
Sin embargo, la JEP aún no se ha pronunciado, sobre la situación jurídica de SÁNCHEZ SERNA15. Hasta tanto esa jurisdicción no defina si el asunto es o no de su competencia y solicite el expediente, no podrá el juez accionado enviarlo, claro está, luego de que califique, provisionalmente, el comportamiento que se le reprocha a Sánchez Serna y su relación con el conflicto armado, a la luz de las previsiones contenidas en el art. 23 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017 y defina si acoge los planteamientos de la JEP o se opone a ellos y plantea el respectivo conflicto de jurisdicciones.
Así las cosas, ha debido el juez de conocimiento continuar con el trámite del asunto a su cargo, y no, desprenderse de la competencia, sin el cumplimiento de todos los presupuestos necesarios para remitir el expediente a la JEP, pues, se reitera, solo hasta que esa Jurisdicción se pronuncie sobre la petición que allí formuló el defensor de Harlin Antonio Sánchez Serna y, de ser el caso, solicite la remisión del expediente, podrá el juez doce penal del circuito de Medellín disponer su envío, o negarse, al estimar que debe continuar conociendo la jurisdicción ordinaria.
Por consiguiente, se impone tutelar los derechos fundamentales del demandante y, en consecuencia, se dejará sin efectos el proveído del 18 de mayo de 2018 en el que el mencionado despacho remitió el expediente a la J.E.P.
Se ordenará al titular del Juzgado Doce Penal del Circuito con función de conocimiento de Medellín, que en el perentorio término de diez (10) días, contados a partir de la notificación de esta providencia, solicite a la JEP la devolución del expediente y, acto seguido, emita un nuevo proveído en el cual se pronuncie sobre la solicitud de envío de las diligencias a la JEP que formuló el defensor de Harlin Antonio Sánchez Serna, atendiendo a las pautas descritas en este fallo.
En mérito de lo expuesto, LA SALA DE DECISIÓN DE ACCIONES DE TUTELA No. 3, DE LA SALA DE CASACIÓN PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
TUTELAR el derecho al debido proceso del Fiscal 98 Delegado ante los Jueces Penales del Circuito de Medellín.
DEJAR SIN EFECTOS el proveído del 18 de mayo de 2018 mediante el cual el titular del Juzgado Doce Penal del Circuito con función de conocimiento de Medellín remitió el expediente a la J.E.P.
ORDENAR al mencionado despacho que en el perentorio término de diez (10) días, contados a partir de la notificación de esta providencia, solicite a la JEP la devolución del expediente y, acto seguido, se pronuncie de nuevo sobre la solicitud de envío de las diligencias a la JEP formulada por el defensor de Harlin Antonio Sánchez Serna, atendiendo a las pautas descritas en este fallo.
NOTIFICAR esta providencia de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, una vez en firme.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada.
2 «En el marco de la doctrina de la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, comprende tanto las sentencias como los autos que son proferidos por las autoridades judiciales.» (T-343/12).
3 Fallos C-590/05 y T-332/06.
4 Ibídem.
5 “que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello”.
6 “cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido”.
7 “cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión”.
8 “se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión”.
9 “cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales”.
10 “que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional”.
11 “cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance”.
12 Ver folios 3 y 4 del auto dictado por el Tribunal Superior de Medellín el 7 de junio de 2018.
13 ARTÍCULO 44. SALA DE DEFINICIÓN DE SITUACIONES JURÍDICAS. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas también tendrá la función de conceder a los agentes del Estado la renuncia a la persecución penal, como uno de los mecanismos de tratamiento penal especial diferenciado, de acuerdo con lo establecido en la presente ley.
Las competencias de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas previstas en el Título III de esta ley también se aplicarán en lo pertinente a los agentes del Estado para hacer efectivo lo establecido en el presente Título.
14 Folios 10 a 12 del cuaderno de la Corte.
15 Como lo informó mediante oficio del 5 de julio de 2018, en el que informó que la solicitud de “sometimiento a la Jurisdicción Especial de Paz” se encuentra «en la Secretaría de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, para reparto”.