Asistente Jurídico Inteligente
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SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS N° 2
LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
Magistrado ponente
STP7797-2018
Radicación 98982
(Aprobado Acta No. 191)
Bogotá D.C., catorce (14) de junio de dos mil dieciocho (2018).
VISTOS:
Se pronuncia la Sala respecto de la impugnación interpuesta por el apoderado especial de LINA SORAIDA RAMÍREZ RENDÓN, contra la sentencia proferida el 16 de mayo de 2018 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, que negó el amparo de sus derechos fundamentales presuntamente vulnerados por los Juzgados 2º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y 5º Penal del Circuito Especializado, ambos con sede en la ciudad mencionada.
FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN:
Por virtud del preacuerdo celebrado entre LINA SORAIDA RAMÍREZ RENDÓN y la Fiscalía General de la Nación, el 22 de noviembre de 2016 el Juzgado 5º Penal del Circuito Especializado de Medellín la condenó a la pena de 49 meses de prisión y multa de 1351 smlmv, tras encontrarla penalmente responsable de las conductas de concierto para delinquir agravado en concurso con tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, por hechos cometidos desde marzo de 2014.
El despacho no le concedió la condena de ejecución condicional ni la prisión domiciliaria, motivo por el cual se encuentra recluida en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Medellín Pedregal -Mujeres-.
Por considerar reunidos los requisitos previstos en el artículo 64 del Código Penal, modificado por la Ley 1709 de 2014, la parte actora solicitó la libertad condicional. Sin embargo, en auto del 29 de noviembre de 2017 el Juzgado 2º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín emitió decisión desfavorable, con fundamento en la valoración de la conducta punible.
Inconforme con la anterior determinación la peticionaria la apeló y el Juzgado 5º Penal del Circuito Especializado de esa sede la confirmó el 25 de enero siguiente.
En criterio de la accionante dichas determinaciones vulneran su derecho al debido proceso, pues durante el tiempo que ha estado privada de la libertad su conducta ha sido ejemplar y, como tal, denota su deseo de superación. A la par, resaltó que en anterior oportunidad también le fue negada la prisión domiciliaria y el beneficio administrativo de hasta 72 horas de permiso.
En consecuencia, solicitó dejar sin efectos tales decisiones, para que se realice un nuevo estudio acorde con lo expuesto.
TRÁMITE DE LA ACCIÓN:
Por auto del 2 de mayo de 2018, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín admitió la tutela y corrió el respectivo traslado a las autoridades previamente mencionadas.
El Juzgado 2º Penal del Circuito Especializado de Medellín relató el trascurso de la actuación, defendió su legalidad y remitió copia de los autos emitidos. Así mismo, explicó que el beneficio administrativo de hasta 72 horas de permiso y la prisión domiciliaria, fueron negados a la accionante con fundamento en la prohibición legal contenida en los artículos 68A y 38G del Código Penal. Por ende, solicitó se niegue la demanda.
Por su parte, el Juzgado 5º Penal del Circuito Especializado de Medellín indicó que la demandante puede acudir a la acción de hábeas corpus y, por ello, ante el incumplimiento del requisito de subsidiariedad, debe negarse la tutela.
El Tribunal negó el amparo. Señaló que las decisiones censuradas se ofrecen razonables y ajustadas a la jurisprudencia y normativa aplicable.
La parte actora impugnó el fallo. En esencia indicó que el juez de ejecución de penas debe sujetar el análisis de la valoración de la conducta a lo planteado en la sentencia condenatoria por el juez de conocimiento. Sin embargo, aclaró que en tal oportunidad, el Juzgado 5º Penal del Circuito Especializado de Medellín no calificó expresamente la conducta punible como grave. En contraste, reconoció a favor de la demandante el estado de marginalidad, lo cual en su criterio, constituye un factor que debe ser considerado por el Juzgado 2º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín a efectos de concederle el subrogado pretendido.
Por ello, concluyó que las decisiones emitidas en primera y segunda instancia comportan una vía de hecho, al no haber valorado la referida circunstancia.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE:
De conformidad con el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala es competente para desatar la segunda instancia respecto de la sentencia adoptada por un tribunal superior de distrito judicial.
En el caso bajo estudio, la demandante presentó acción de tutela con el objetivo de que el funcionario de ejecución de penas y medidas de seguridad procediera a concederle la libertad condicional, tras considerar reunidos los requisitos previstos en el artículo 64 del Código Penal, modificado por la Ley 1709 de 2014. Con dicho fin, señaló que durante el tiempo que ha estado privada de la libertad su conducta ha sido ejemplar y, como tal, denota su deseo de resocialización.
Sin embargo, al sustentar la impugnación presentada, manifestó que las decisiones emitidas en primera y segunda instancia comportan una vía de hecho, al no haber valorado la circunstancia de marginalidad, ignorancia y pobreza extrema reconocida a favor de la accionante en la sentencia condenatoria, a efectos de conceder el subrogado pretendido.
Para la Corte, estos últimos hechos y argumentos no fueron contemplados en la demanda de amparo, por lo que no pueden ser considerados en esta sede. Ello atentaría contra el principio de doble instancia y los derechos a la contradicción y defensa de las autoridades convocadas al procedimiento constitucional, que no tuvieron la posibilidad de controvertir tales afirmaciones en el trámite de primer nivel (Cfr. CSJ STP, 02 Oct 2014, Rad. 76181).
Con todo, revisada la actuación penal se advierte que el reconocimiento de esa especial circunstancia de atenuación punitiva, fue precisamente el beneficio pactado con la Fiscalía General de la Nación como contraprestación a la aceptación preacordada de cargos. En consecuencia, no constituye un reconocimiento tácito por parte del juez de conocimiento de la menor gravedad de la conducta punible, pues responde exclusivamente a los términos del acuerdo entre la accionante y la fiscalía, respecto del cual no podía apartarse la judicatura.
Más allá de lo anterior, encuentra la Sala que el análisis efectuado por el Tribunal para denegar el presente amparo deviene razonable y conforme a las normas llamadas a gobernar el asunto.
En primer lugar, los autos emitidos en sede de ejecución de penas, por los cuales se negó la libertad condicional a la demandante, estuvieron precedidos del análisis serio y ponderado de la controversia planteada, así como de la aplicación de las normas y jurisprudencia pertinente.
En efecto, el Juzgado 5º de Penal del Circuito Especializado de Medellín recogió en su totalidad los argumentos planteados por el Juzgado 2º de Ejecución de Penas, en el cual explicó que en aplicación del artículo 64 de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 30 de la Ley 1709 de 2014, negó dicho subrogado, tras valorar la conducta punible cometida por la sentenciada. Estableció que ésta descontó las 3/5 partes de la pena impuesta y su comportamiento en el centro carcelario se calificó positivamente.
No obstante, manifestó que la valoración de la conducta punible no permite la procedencia del subrogado, en tanto se advirtió que la demandante fue condenada por pertenecer a una banda delincuencial autodenominada “San José” subordinada a la Odín “La Unión”, dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes, amenazas, extorsiones a locales comerciales y fábricas entre otros. Destacó que al interior de dicha organización, LINA SORAIDA RAMÍREZ se dedicaba a ofrecer, vender y suministrar estupefacientes.
Agregó que tal conducta repercutió social y económicamente en la degradación de la calidad de vida, la seguridad y tranquilidad de los habitantes de la zona donde operaban. Por lo anterior, concluyó que es necesario continuar con el tratamiento penitenciario, para que se cumplan las funciones de la pena, entre ellas, la consolidación de la prevención general especial y retribución justa.
En ese orden, los razonamientos de las autoridades accionadas respetaron el criterio jurisprudencial de la Sala, conforme el cual, en el caso concreto no se cumplen la totalidad de los requisitos previstos para acceder a la libertad reclamada, por lo que las providencias censuradas se aprecian razonables y debidamente motivadas, y, como tal, no actualizan ninguno de los defectos que hace procedente la acción de tutela contra decisiones judiciales.
Ante tal panorama, el principio de autonomía de la función jurisdiccional (artículo 228 de la Carta Política) impide al juez de tutela inmiscuirse en providencias como las controvertidas, sólo porque el impugnante no las comparte o tiene una comprensión diversa a la concretada en dichos pronunciamientos, sustentados con criterio razonable a partir de los hechos probados y la interpretación de la legislación pertinente.
Se confirmará, por tanto, la sentencia de primera instancia impugnada.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión de Tutelas N° 2 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE:
1. CONFIRMAR la sentencia del 16 de mayo de 2018, mediante la cual la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín negó el amparo solicitado por el apoderado especial de LINA SORAIDA RAMÍREZ RENDÓN.
2. NOTIFICAR esta providencia de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
3. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE.
LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria