Asistente Jurídico Inteligente
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Eyder Patiño Cabrera
Magistrado ponente
STP3783-2018
Radicación n.° 97421
Acta 93
Bogotá, D. C., quince (15) de marzo de dos mil dieciocho (2018).
ASUNTO
Se resuelve la acción de tutela promovida por Evaristo Rodríguez Gómez contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga y el Juzgado 7º Penal Municipal de esa ciudad, por la presunta vulneración de sus derechos al acceso a la administración de justicia, a la defensa, a la contradicción, al debido proceso, a la igualdad, y el principio de presunción de inocencia.
Al presente trámite fueron vinculados las partes e intervinientes dentro del proceso adelantado contra el actor.
ANTECEDENTES
1. Fundamentos de la acción
1.1. El 21 de septiembre del 2017, el Juzgado 7º Penal Municipal de Bucaramanga, condenó a Evaristo Rodríguez Gómez a 13 meses de prisión por el delito de lesiones personales dolosas.
1.2. Contra esa decisión la defensa del mencionado interpuso recurso de apelación que correspondió desatar a la Sala Penal del Tribunal Superior de esa ciudad, quien en sentencia del 12 de diciembre de esa an20171, la ratificó.
Esa decisión fue recurrida en casación, recurso que está surtiendo el respectivo trámite en la Sala de Casación Penal de esta Corporación.
1.3 Rodríguez Gómez promueve acción de tutela en contra de las autoridades mencionadas por la vulneración de sus derechos al acceso a la administración de justicia, a la defensa, a la contradicción, al debido proceso, a la igualdad y al principio de presunción de inocencia, al poner de presente una serie de irregularidades en el proceso que se le adelanta en su contra, entre ellas, que no fue escuchado en el juicio, a pesar de haber renunciado a la garantía a guardar silencio.
2. Las respuestas
2.1 Juzgado 7º Penal Municipal con función de conocimiento de Bucaramanga
La Juez comunicó que el 21 de septiembre de 2017, emitió sentencia contra el accionante, la cual fue apelada por la defensa, por tanto, remitió el asunto a la Sala Penal del Tribunal Superior de esa ciudad. Aportó copia del fallo.
2.2 Fiscalía 8º Local de Bucaramanga
El titular realizó un breve recuento de las etapas procesales adelantas dentro del proceso adelantado contra el accionante.
2.3. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga
La Ponente adujo que mediante sentencia del 12 de diciembre de 2017 confirmó la sentencia mediante la cual condenó al actor a 13 meses de prisión por el delito de lesiones personales dolosas.
Resaltó que dicho fallo fue objeto de recurso extraordinario de casación y que, en la actualidad, está surtiéndose el traslado para presentar la demanda correspondiente.
2.4 Hugo Alberto Álvarez Rueda – Defensor-
El profesional del derecho solicitó que se conceda el amparo incoado por el demandante, al poner de presente el quebranto de sus garantías fundamentales.
CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico
Corresponde a la Corte determinar si las autoridades judiciales accionadas vulneraron los derechos al acceso a la administración de justicia, a la defensa, a la contradicción, al debido proceso, a la igualdad, y el principio de presunción de inocencia del interesado, dentro del proceso que se adelanta en su contra por el delito de lesiones personales dolosas.
Previamente se verificará si se satisface el principio de subsidiariedad que rige el ejercicio de la acción.
2. Si la actuación penal no ha finalizado, la tutela se torna improcedente.
2.1. El amparo fue consagrado como un procedimiento preferente y sumario, destinado a la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando sean amenazados o vulnerados por la acción u omisión de una autoridad pública o un particular y siempre que no exista otro mecanismo de defensa o se esté ante un perjuicio irremediable, evento último en el cual procede como mecanismo transitorio.
No tiene carácter alternativo. Es inviable cuando el interesado dispone de otro medio de defensa judicial, pues no fue concebido para sustituir a los jueces ordinarios, ni como mecanismo supletorio de los procedimientos señalados en las normas procesales.
Mientras el proceso se encuentre en curso, es decir, no se haya agotado la actuación del juez ordinario, el afectado tendrá la posibilidad de reclamar, al interior del trámite, el respeto de las garantías constitucionales, sin que sea admisible acudir para tal fin a la tutela.
Así las cosas, uno de los presupuestos de procedibilidad consiste justamente en que se hayan agotado todos los mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa judicial2.
Es allí, ante el juez natural, donde el peticionario puede plantear su inconformidad, expresar las razones de su desacuerdo frente a las decisiones adoptadas, recurrirlas, hasta llegar a la casación para que sea esta Corporación, como órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, la que finalmente resuelva el asunto.
2.2. En el presente caso está demostrado que el proceso penal aún no ha concluido, pues en la actualidad se encuentra surtiendo el correspondiente traslado para sustentar la demanda de casación interpuesta contra la sentencia de segunda instancia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga, mediante la cual se ratificó la condena impuesta en contra del actor por el delito de lesiones personales dolosas.
Esto significa que el peticionario todavía tiene a su alcance este mecanismo extraordinario de defensa judicial, idóneo para preservar o recuperar los derechos supuestamente amenazados o quebrantados. Ese supuesto torna inviable la posibilidad de acudir a la solicitud de amparo como un mecanismo alternativo o coetáneo al recurso de casación.
La existencia de otro medio de defensa apto para garantizar la protección de que se trata, hace improcedente la tutela solicitada.
2.3. De otra parte, no es posible conceder el amparo como mecanismo transitorio para contrarrestar algún perjuicio irremediable, ya que éste se configura cuando el peligro que se cierne sobre el derecho fundamental es de tal magnitud que afecta con inminencia y de manera grave su subsistencia, requiriendo por lo tanto, de medidas impostergables que lo neutralicen. Sobre las características del perjuicio irremediable la Corte Constitucional, en sentencia T-1316/01, dijo:
En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. En segundo lugar, el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse medidas urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable.
En consecuencia, no todo perjuicio puede ser considerado como irremediable, sino solo aquel que por sus características de inminencia y gravedad, requiera de medidas de protección urgentes e impostergables. Con todo, esta previsión del artículo 86 de la Carta debe ser analizada en forma sistemática, pues no puede olvidarse que existen ciertas personas que por sus condiciones particulares, físicas, mentales o económicas, requieren especial protección del Estado, como ocurre, por ejemplo, en el caso de los niños, las mujeres embarazadas, los menesterosos o las personas de las tercera edad. (Subrayas fuera de texto).
En tales condiciones, se advierte que la tutela de forma transitoria no está llamada a prosperar, ya que el accionante no demostró los supuestos de hecho necesarios con base en los cuales pueda inferirse razonablemente la existencia de un perjuicio irremediable, máximo cuando, se insiste, existen los mecanismos de defensa aptos para exigir el respeto de sus derechos fundamentales.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión de Tutelas Nº 1 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
Primero. Negar la tutela instaurada por Evaristo Rodríguez Gómez.
Segundo. Ordenar que, si la decisión no es impugnada ante la Sala de Casación Civil de esta Corporación, se remita el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Eyder Patiño Cabrera
Fernando León Bolaños Palacios
Luis Guillermo Salazar Otero
Nubia Yolanda Nova García
Secretaria
1 Cfr. Folios 22 a 35 – cuaderno n.° 1.
2 Ver Corte Constitucional. Sentencias C-590 del 8 de junio de 2005 y T-332 del 4 de mayo de 2006. CSJ STP Rad. No. 31.781, 32.327, 36.728, 38.650, 40.408,41.642, 41.805, 49, 752, 50.399, 50.765, 53.544, 54.762, 57.583, 59.354, 60.917, 61.515, 62.691, 63.252, 64.107, 65.086, 66.996, 67.145, 68.727, 69.938 y 70.488.