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FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO
Magistrado ponente
SP740-2018
Radicación No. 50132
(Aprobado Acta No. 121
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil dieciocho (2018).
ASUNTO
Se resuelve el recurso de apelación que interpuso la Fiscalía contra la sentencia absolutoria que el 8 de marzo de 2017 profirió una Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Cúcuta a favor de Ricardo Emiro Gálvis Manosalva.
HECHOS
En el sumario 48383 la Fiscalía 10ª Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados de Cúcuta investigaba los asesinatos de William Nelson Ramos Vargas y José Luis León Rodríguez, varios desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia aceptaron su autoría y precisaron que las ejecuciones obedecieron a que los fusilados estaban extorsionando al comerciante Wuilman Tarazona Pacheco.
El 26 de septiembre de 2011, el fiscal Ricardo Emiro Gálvis Manosalva definió la situación jurídica de Wuilman Tarazona Pacheco y le impuso detención preventiva en establecimiento de reclusión, al concluir su aparente responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir, tortura y homicidio agravado, en calidad de determinador. El 2 de diciembre siguiente, el mismo funcionario revocó la medida de aseguramiento y dejó en libertad al indiciado, el delegado del Ministerio Público apeló, el recurso de alzada se resolvió favorablemente el 20 de marzo de 2013 y, por petición suya, la Fiscalía ad quem dispuso compulsar copias de la actuación para que se surtiera investigación penal contra el fiscal Gálvis Manosalva, como presunto autor del delito de prevaricato por acción.
ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE
1. El 26 de noviembre de 2014, ante el Juzgado 2º Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cúcuta, la Fiscalía formuló imputación contra Ricardo Emiro Gálvis Manosalva, como supuesto autor de los delitos de falsedad ideológica en documento público y prevaricato por acción.
El día 28 siguiente se impuso a Ricardo Emiro Gálvis Manosalva la medida de aseguramiento de detención preventiva en el lugar de residencia, la defensa interpuso recurso de apelación y la decisión fue confirmada el 16 de febrero de 2015 por el Juzgado 6º Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Cúcuta.
2. El 7 de octubre de 2015, el Juzgado 9º Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cúcuta otorgó a Ricardo Emiro Gálvis Manosalva la libertad por vencimiento de términos.
3. La etapa de juicio correspondió al Tribunal Superior de Cúcuta, el 8 de marzo de 2017 una Sala de Decisión Penal absolvió a Ricardo Emiro Gálvis Manosalva de los cargos formulados en su contra, la Fiscalía apeló y el recurso se concedió, en el efecto suspensivo, ante esta Sala.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El a quo absolvió a Ricardo Emiro Gálvis Manosalva de los dos cargos objeto de acusación, respecto de la falsedad ideológica en documento público señaló que la Fiscalía retiró su pretensión de condena en el alegato de conclusión y, además, en el juicio oral no se practicaron pruebas relacionadas con ese delito, mientras que del prevaricato por acción estimó que no se dan los presupuestos de tipicidad y antijuridicidad, toda vez que la resolución que revocó la medida de aseguramiento de detención preventiva impuesta a Wuilman Tarazona Pacheco no fue manifiestamente contraria a derecho y, por ende, no se lesionó el bien jurídico de la administración pública.
Expuso que la resolución tachada de ilegal no puede analizarse sin tener en cuenta los escasos fundamentos de la decisión que revocó, en la medida que la imposición de detención preventiva a Wuilman Tarazona Pacheco fue una determinación apresurada, carente de respaldo probatorio y que inobservó los artículos 3º, 7º, 20, 238, 355 y 356 de la Ley 600 de 2000, los cuales consagran principios como la libertad, la presunción de inocencia, la investigación integral, la valoración en conjunto de las pruebas, los fines y los requisitos de la medida de aseguramiento.
Se adelantó la indagación con ligereza, pues al definir la situación jurídica solo se citaron las declaraciones de los paramilitares desmovilizados que incriminaron a Wuilman Tarazona Pacheco, no se realizó ningún análisis probatorio y tampoco se efectuaron acciones destinadas a verificar las explicaciones que otorgó en la indagatoria, las cuales generaban duda respecto del cumplimiento de las exigencias previstas en el artículo 356 de la Ley 600 de 2000 para la procedencia de la detención preventiva.
El sustento de la decisión de imponer la medida de aseguramiento era demasiado frágil. Por lo tanto, su revocatoria no puede calificarse de ser manifiestamente contraria a derecho, máxime cuando restauró garantías de índole constitucional como la libertad y la presunción de inocencia, se trató de una determinación razonada y que se fundó en la realidad probatoria de la actuación.
Wuilman Tarazona Pacheco fue absuelto en las dos instancias de los cargos que se le formularon por las sindicaciones que en su contra efectuaron los paramilitares, lo cual muestra el acierto en la revocatoria de la detención preventiva, dado que en todo el proceso no se lograron obtener pruebas que demostraran su responsabilidad en los delitos que se le atribuían.
El artículo 363 de la Ley 600 de 2000 señala que la medida de aseguramiento se revocará cuando sobrevengan pruebas que la desvirtúen; sin embargo, la Sala de Casación Penal, en la sentencia CSJ SP 17065, del 10 de octubre de 2015, rad. 45238, explicó que:
…aunque el canon 363 de la Ley 600 de 2000 supedita la revocatoria de la medida de aseguramiento al recaudo de prueba sobreviniente, la jurisprudencia acepta que por excepción esa determinación procede sin acopiar nuevos elementos probatorios. Es el caso de la detención preventiva impuesta sin ninguna motivación o sin reunir los presupuestos sustanciales o cuando como aquí ocurre, no se precisan los fines por los que se impone.
En el caso concreto, el fiscal Ricardo Emiro Gálvis Manosalva, accedió a la petición de revocatoria de la medida de aseguramiento que formuló la defensa porque al volver a valorar las pruebas recaudadas antes de la definición de situación jurídica concluyó que fue un error imponer detención preventiva y, además, los nuevos medios de conocimiento que aportó la defensa a la investigación apoyaban las exculpaciones de Wuilman Tarazona Pacheco.
RECURSO DE APELACIÓN
El Fiscal Tercero Delegado ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Cúcuta solicita que se revoque parcialmente la sentencia de primera instancia y se condene a Ricardo Emiro Gálvis Manosalva como autor del delito de prevaricato por acción. Al efecto, argumenta:
1. El a quo no valoró las pruebas de la Fiscalía y para sustentar la absolución se limitó a manifestar que la decisión que se le reprocha al fiscal Ricardo Emiro Gálvis Manosalva no fue manifiestamente contraria a derecho.
En el juicio oral la Fiscalía demostró que los paramilitares desmovilizados Lenin Giovanny Palma Bermúdez, Orlando Bocanegra Arteaga y José Mauricio Moncada Contreras afirmaron que Wuilman Tarazona Pacheco les solicitó que asesinaran a William Nelson Ramos Vargas y José Luis León Rodríguez porque lo estaban extorsionando, lo cual era suficiente para satisfacer las exigencias previstas en los artículos 355 y 356 de la Ley 600 de 2000 para imponer la medida de aseguramiento privativa de la libertad. Por lo tanto, no se trató de una decisión apresurada y ligera como se califica en la sentencia absolutoria, ya que tenía sustento legal y probatorio.
El a quo no señaló porqué las versiones de los referidos desmovilizados no podían seguir sustentando la detención preventiva y omitió que para el momento en que se revocó la medida de aseguramiento no existía ningún motivo que permitiera dudar de la veracidad de sus manifestaciones; además, era evidente que tenían un conocimiento directo de los hechos, no se advertía un interés de faltar a la verdad y fueron claros al identificar a Wuilman Tarazona Pacheco como el determinador de los homicidios al precisar que era el dueño del supermercado EBENEZER y que les entregó un arma de fuego en contraprestación por las muertes de los extorsionistas.
La versión de Wuilman Tarazona Pacheco era frágil y contradictoria, dado que no logró explicar las acusaciones en su contra, pero aceptó que conocía a algunos de los paramilitares que lo incriminaban, los visitó en su guarida y les entregó un arma. Además, las declaraciones que aportó la defensa no tenían ninguna relevancia, en la medida que no desmentían los reiterados señalamientos directos que informaban que el indiciado fue el determinador de los homicidios.
2. Es errado que el a quo sin efectuar ninguna valoración respecto de la credibilidad de las pruebas que sustentaron la medida de aseguramiento estime que su revocatoria protegió garantías constitucionales como la libertad y la presunción de inocencia, máxime cuando en el instante procesal propio de esa decisión no se exige demostrar con certeza la responsabilidad del investigado, sino la existencia de medios probatorios que permitan inferirla en grado de probabilidad, lo cual se cumplía con los señalamientos de los ex paramilitares, la débil respuesta de Wuilman Tarazona Pacheco y la inexistencia de prueba sobreviniente.
De la credibilidad de las sindicaciones contra el indiciado el Tribunal se limitó a decir que a los paramilitares que lo incriminan se les adelanta una investigación penal por incurrir en el delito de falso testimonio, no valoró que esa actuación se funda en manifestaciones ajenas al proceso surtido contra Wuilman Tarazona Pacheco y su existencia no conlleva a concluir que esos desmovilizados faltaron a la verdad en todas las actuaciones en que testificaron.
Corolario de lo anotado, es claro que al definir la situación jurídica se tenían pruebas directas de que Wuilman Tarazona Pacheco determinó los homicidios de William Nelson Ramos Vargas y José Luis León Rodríguez; sin embargo, el fiscal Ricardo Emiro Gálvis Manosalva caprichosamente impuso su voluntad y revocó la detención preventiva sin contar con un fundamento legal o probatorio que legitimara esa decisión.
3. El dolo de Ricardo Emiro Gálvis Manosalva se deduce de su gran experiencia como fiscal, la cual le permitía saber cuándo era procedente la revocatoria de una medida de aseguramiento; además, él adelantó la indagación contra Wuilman Tarazona Pacheco, conocía perfectamente las pruebas recaudadas y le otorgó una valoración amañada con el propósito ilícito de dejar en libertad al indiciado.
ALEGATO DEL NO RECURRENTE
La defensa solicita que se confirme la sentencia absolutoria, básicamente sustenta que la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Cúcuta analizó adecuadamente el caso y concluyó la inexistencia del supuesto delito de prevaricato por acción, el cual se estructuró en una interpretación subjetiva de la Fiscalía, con la que se pretendía imponer un castigo ejemplarizante a un fiscal que se atrevió a restaurar los derechos a la libertad y presunción de inocencia que amparaban a un indiciado.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1. Competencia de la Sala.
Esta Sala, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, tiene la competencia para conocer el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía contra la sentencia absolutoria que profirió una Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Cúcuta a favor de Ricardo Emiro Gálvis Manosalva. En observancia del principio de limitación, solo se estudiarán los puntos en que se ataca el fallo de primera instancia y los que resulten inescindiblemente vinculados.
2. Mérito de la sentencia absolutoria.
El sustento principal de la sentencia absolutoria de primera instancia, de los argumentos de la apelación de la Fiscalía y del alegato de la defensa en calidad de no recurrente, es la resolución fechada 2 de diciembre de 2011, en la cual Ricardo Emiro Gálvis Manosalva, en condición de Fiscal 10º Delegado ante los Jueces Penales del Circuito Especializados de Cúcuta, revocó la medida de aseguramiento de detención preventiva que había impuesto a Wuilman Tarazona Pacheco, por considerar que:
Son sólidas las apreciaciones que hace el señor defensor en su escrito revocatorio, puesto que revisado nuevamente el material probatorio, con base en la crítica realizada, se evidencian imprecisiones que afectan notablemente la suerte jurídica del señor WUILMAN TARAZONA PACHECO, y por lo tanto debe reconocerse los yerros ínsitos en la decisión primaria veamos porque:
Bajo la sana crítica se dejó de apreciar en su conjunto las pruebas habidas en el plenario, ya que nada más se tuvo en cuenta los dichos de los postulados con la indagatoria del sindicado, sin que se hubiera tenido en cuenta lo manifestado por las personas que fueron entrevistadas por parte del C.T.I., al día siguiente y sucesivos de la muerte de los señores RAMOS y LEÓN, como PATRICIA RUIZ LEÓN y SERGIO HERRERA LEÓN, además de la declaración de MIRYAM VARGAS OVIEDO, quienes desde el inicio indicaron al despacho y a los investigadores del C.T.I., que sus familiares habían sido vistos con vida a las seis de la tarde, que a la hora que dicen los postulados los sacaron del restaurante se encontraban en sus casas, por lo menos WILLIAM NELSON RAMOS, como lo ratifica su señora madre ante este despacho nueve años después, quien dijo que su hijo estuvo en su casa hasta las dos de la tarde, que le habían dicho que lo vieron con vida, “a nosotros nos comentaron que los habían visto pasar en una camioneta blanca como amanotados (sic), a eso de las cinco de la tarde, por el BARRIO CHAPINERO, NO ME ACUERDO QUIÉN O QUIÉNES dijeron eso, porque además eso fue hace mucho tiempo”.
Las entrevistas realizadas por los investigadores, previamente efectuar las labores de vecindario, son de recibo y por lo tanto se le dan credibilidad, ya que no hay atisbo de parcialidad, pues lo que dicen son hechos de hace muchos años, y si bien no recuerdan exactamente lo ocurrido el 17 de julio de 2002, son claros y precisos en que no hubo retención alguna por parte de grupos al margen de la ley, en este caso de las AUC, para esa fecha en el restaurante ubicado al lado del supermercado EBENEZER, que dejan ver que se trataba de un local pequeño, que poco a poco fue creciendo hasta lo que es el día de hoy, pero para no tener dudas respecto de sus entrevistas, se le recepcionó declaración bajo la gravedad del juramento a cuatro de estas personas, MARTHA ISABEL ALVARES CANO, CARLOS HUMBERTO BELTRÁN QUINTERO, JUAN DANIEL SANTOS e IDA ROSA COLLANTERS RANGEL, quienes se ratifican de lo dicho en las entrevistas, además manifiestan que no conocen a CARROLOCO, que en el supermercado había un señor de nombre YOVANNY que era el encargado de las verduras, no saben que se hizo, que el señor WILLIAM no pudo haber mandado a matar a estas personas porque es una persona muy buena, humana, colaboradora, bondadosa con los menos favorecidos, que no puede ser cierto que se hayan llevado de la esquina a esas dos personas porque los vecinos tenían un sistema de alarma para esa época y cualquier anomalía que sucedía se disparaba, que los empleados del supermercado almorzaban en el restaurante de doce a una de la tarde haciendo turnos, todos los días y que no se dieron cuenta que hubiera sucedido algo parecido, que sí supieron de los muertos que se registraron en ese sitio, porque todos lo comentaron cualquier cosa que sucediera en ese sector se sabía por los comentarios generalizados de los vecinos.
Debe admitirse que LENIN GIOVANNY PALMA, ORLANDO BOCANEGRA y JOSÉ MAURICIO MONCADA no han dicho la verdad completa de la muerte de WILLIAM NELSON RAMOS y JOSÉ LUIS LEÓN, en lo que respecta al lugar exacto donde fueron interceptados y cuál el motivo que originó sus muertes, porque no hay duda alguna que fueron ellos quienes los asesinaron, pero no hay claridad de cómo y cuándo fueron reducidos para causarle la muerte.
No es de recibo que los hoy occisos estuvieran departiendo en la fuente de soda o cervecería como lo dicen los postulados, porque para esa hora WILLIAM NELSON RAMOS estaba almorzando en su casa, como nos lo ratificó su señora madre, quien es precisa al indicar que su hijo almorzó allí, reposó, se tomó un agua y salió a las dos de la tarde, cuando recibió la llamada de JOSÉ LUIS. Tampoco es de recibo que JAIME RINCÓN conocido con el alias de CARROLOCO estuviera en el supermercado EBENZER el día de los hechos esperando a los extorsionistas, porque los empleados del mencionado supermercado, no observaron personas extrañas en el lugar, tampoco vieron a YOVANY el que tenía el puesto de verduras, pues desde que lo entregó en el año 2002 no volvió por allá, si es que se trata del mismo CARROLOCO, como lo han querido hacer ver los postulados.
Tampoco es de recibo lo dicho por LENIN GIOVANNY PALMA en lo que tienen que ver con las características físicas de WUILMAN TARAZONA PACHECO, quien dice que él es robusto como yo, de mi estatura y yo peso 70 kilos, pues de la certificación aportada por la defensa, las fotografías, nos dejan entrever que el sindicado para esa fecha pesaba más de 80 kilos, que su estatura es de 1.65 metros, con lo cual dista mucho de las características dadas por PALMA BERMÚDEZ.
No puede ser cierto entonces que los hoy occisos hubieran estado atados en el cerro de la cruz durante la tarde del 17 de julio de 2002, porque fueron vistos con vida a esos de las seis de la tarde y como no fueron claros al decir concretamente lo sucedido con estos señores, no se les puede creer que hubieran sido torturados para sacarle información respecto de una extorsión, pues las reglas de la experiencia nos enseñan y la lógica que una extorsión trae implícita el pedimento de dinero y no es posible que los hayan torturado para que dijeran cuánto era lo que estaban pidiendo al dueño del supermercado EBENZER.
Es que no le cabe en la cabeza a cualquier persona que se hable de una extorsión y no se sepa cuánto es lo que están exigiendo, para que vengan a manifestar que los torturaron para que dijeran cuánto dinero era lo que pedían y como no obtuvieron esa confesión ordenen matarlos. Es forzoso concluir que para que exista una EXTORSIÓN de por medio debe llevar la solicitud o el pedimento económico.
El instituto de la revocatoria viene inmerso en el art. 363 de la Ley 600 del año 2000, y debe aplicarse cuando sobrevengan pruebas que desvirtúen las tenidas en cuenta para el momento de la imposición de la medida de aseguramiento.
El señor abogado le hace ver a este instructor que se cometieron imprecisiones de tipo valorativo en la apreciación de la prueba, y debe reconocerlo el despacho que efectivamente las mismas no se valoraron para ese momento en conjunto, como lo dice la norma procesal, bajo el criterio de la interpretación de la sana crítica. (Resaltado ajeno al texto original).
Observa la Sala que la decisión de revocar la medida de aseguramiento impuesta a Wuilman Tarazona Pacheco se motivó apropiadamente, toda vez que se expusieron los fundamentos fácticos, jurídicos y probatorios que llevaron al funcionario instructor a concluir que no eran confiables las manifestaciones de los paramilitares desmovilizados que incriminaban al indiciado como el supuesto determinador de los homicidios de William Nelson Ramos Vargas y José Luis León Rodríguez, por lo cual no podían sustentar la continuación de la detención preventiva.
En la solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento el defensor efectuó un estudio minucioso de las versiones de Lenin Giovanny Palma Bermúdez, Orlando Bocanegra Arteaga y José Mauricio Moncada Contreras precisando los motivos que impedían otorgarles credibilidad, con fundamento en ese análisis el fiscal Ricardo Emiro Gálvis Manosalva aceptó expresamente en la cuestionada resolución que al definir la situación jurídica de Wuilman Tarazona Pacheco había cometido errores en la apreciación de esas declaraciones, dado que no percibió que en los relatos se referían circunstancias que fueron desmentidas con otras pruebas, tales como la hora y el sitio en que se presentó la detención violenta de William Nelson Ramos Vargas y José Luis León Rodríguez, las características físicas del aparente determinador de sus homicidios, las razones que los provocaron y el contexto de tiempo, modo y lugar en que sucedieron.
De la motivación efectuada por el fiscal Ricardo Emiro Gálvis Manosalva se puede extraer que, conforme a las observaciones del defensor de Wuilman Tarazona Pacheco y la valoración en conjunto de las pruebas recaudadas, estimó falsas las aseveraciones de los paramilitares desmovilizados porque:
1. Se probó que el 17 de julio de 2002 William Nelson Ramos Vargas almorzó en su casa y estuvo con su mamá hasta las dos de la tarde. Por lo tanto, no es cierto que fue secuestrado al medio día.
2. El 17 de julio de 2002, entre las 17 y 18 horas, varias personas vieron a William Nelson Ramos Vargas y José Luis León Rodríguez en una zona urbana y seguían con vida. Entonces, es mentira que antes de su ejecución estuvieron toda la tarde retenidos en el Cerro de la Cruz.
3. Con las declaraciones de Ida Rosa Collanters Rangel, Martha Isabel Alvares Cano, Carlos Humberto Beltrán Quintero y Juan Daniel Santos se desmintió que al medio día del 17 de julio de 2002 William Nelson Ramos Vargas y José Luis León Rodríguez fueron detenidos por paramilitares en el restaurante ubicado al lado del supermercado EBENZER.
4. La descripción que Lenin Giovanny Palma Bermúdez efectuó del comerciante que supuestamente solicitó la muerte de William Nelson Ramos Vargas y José Luis León Rodríguez discrepa de las características físicas de Wuilman Tarazona Pacheco, dado que no es un hombre alto y robusto, pues su estatura es de 1.65 metros y es obeso.
5. No tenía objeto que los paramilitares torturaran a William Nelson Ramos Vargas y José Luis León Rodríguez para que manifestaran el monto de la aparente extorsión que pretendían efectuar contra Wuilman Tarazona Pacheco, ya que supuestamente él fue quien les informó de esa acción ilícita y les solicitó que mataran a los responsables.
Así las cosas, el a quo acertó en concluir que la revocatoria de la medida de aseguramiento impuesta a Wuilman Tarazona Pacheco no fue una decisión manifiestamente contraria a derecho y, por ende, no se configura el delito de prevaricato por acción que la Fiscalía imputa al acusado.
Ricardo Emiro Gálvis Manosalva ejerció la autonomía judicial de su cargo de fiscal y sustentó su decisión de revocar la detención preventiva al indiciado mediante una apreciación razonada de las declaraciones recaudadas en la indagación, no se observa que hubiere incurrido en alguno de los errores de hecho que se pueden dar en la valoración de pruebas, como son falso juicio de existencia, falso juicio de identidad o falso raciocinio, los cuales esta Sala ha explicado así:
los errores de hecho en la apreciación probatoria, se presentan cuando el juzgador se equivoca al contemplar materialmente el medio de conocimiento; porque deja de apreciar una prueba, elemento material o evidencia, pese a haber sido válidamente presentada o practicada en el juicio oral, o porque la supone practicada en éste sin haberlo realmente sido y sin embargo le confiere mérito (falso juicio de existencia); o cuando no obstante considerarla legal y oportunamente presentada, practicada y controvertida, al fijar su contenido la distorsiona, cercena o adiciona en su expresión fáctica, haciéndole producir efectos que objetivamente no se establecen de ella (falso juicio de identidad); o, porque sin cometer ninguno de los anteriores desaciertos, habiendo sido válidamente practicada la prueba en el juicio oral, en la sentencia es apreciada en su exacta dimensión fáctica, pero al asignarle su mérito persuasivo se aparta de los criterios técnico-científicos normativamente establecidos para la apreciación de ella, o los postulados de la lógica, las leyes de la ciencia o las reglas de experiencia, es decir, los principios de la sana crítica, como método de valoración probatoria (falso raciocinio).1
En el recurso de apelación la Fiscalía califica de amañada la valoración probatoria efectuada por Ricardo Emiro Gálvis Manosalva, pero no identifica ningún error de hecho que permita estimar su supuesto propósito ilícito de conceder la libertad al indiciado, por lo cual omite señalar, por ejemplo, cuál fue la prueba que no tuvo en cuenta, que alteró su contenido o que apreció con desconocimiento de los principios de la sana crítica, con la finalidad de simular la ausencia de los requisitos legales que exige la medida de aseguramiento.
Por otro lado, el que la Fiscalía 4ª Delegada ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Cúcuta revocara la determinación adoptada por el fiscal Ricardo Emiro Gálvis Manosalva no es una situación que lleve a suponer la configuración del delito de prevaricato por acción, dado que el análisis que se efectúa respecto de una decisión tildada de ser manifiestamente contraria a derecho es de legalidad y no de acierto. Del tema, esta Sala en el auto CSJ AP 2022, de 22 de abril de 2015, rad. 45138, señaló:
…el delito de prevaricato está referido a la emisión de una providencia “manifiestamente contraria a la ley”, circunstancia esta que supone – ha dicho la jurisprudencia – la expresión dolosa de la conducta en cuanto se es consciente y se quiere su realización, pero semejante contradicción debe surgir evidente, sin mayores elucubraciones.
En contraste, todas aquellas providencias respecto de las cuales quepa discusión sobre su contrariedad con la ley quedan excluidas del reproche penal, independientemente de que un juicio posterior demuestre la equivocación de sus asertos, pues -como también ha sido jurisprudencia reiterada – el juicio de prevaricato no es de acierto, sino de legalidad.
A ello debe agregarse como principio axiológico cuando se trata de providencias judiciales, que el análisis sobre su presunto contenido prevaricador debe hacerse necesariamente sobre el problema jurídico identificado por el funcionario judicial y no sobre el que identifique a posteriori su acusador o su juzgador, según sea el caso.
Es decir que las simples diferencias de criterios respecto de un determinado punto de derecho, especialmente frente a materias que por su complejidad o por su misma ambigüedad, admiten diversas interpretaciones u opiniones, no pueden considerarse como propias del prevaricato, pues en el universo jurídico suelen ser comunes las discrepancias aún en temas que aparentemente no ofrecerían dificultad alguna en su resolución.
El fiscal Ricardo Emiro Gálvis Manosalva otorgó al valor demostrativo de las declaraciones de Lenin Giovanny Palma Bermúdez, Orlando Bocanegra Arteaga y José Mauricio Moncada Contreras, una interpretación distinta a la de la Fiscalía 4ª Delegada ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Cúcuta, ya que para él presentaban defectos que no permitían tomarlas como único fundamento de la continuidad de la medida de aseguramiento, mientras que para aquélla las manifestaciones de dichos desmovilizados eran contundentes y, por ende, se debía mantener la detención preventiva impuesta a Wuilman Tarazona Pacheco.
No compete a la Sala efectuar un estudio pormenorizado de las dos interpretaciones para establecer cuál era la correcta, tal como lo pretende el recurrente cuando cuestiona a la primera instancia refiriendo que no valoró las pruebas de cargo porque no realizó un análisis detallado de las declaraciones de los paramilitares desmovilizados que incriminaban a Wuilman Tarazona Pacheco. Se reitera, al fiscal Ricardo Emiro Gálvis Manosalva no se le cuestiona el acierto de su decisión, sino su aparente ilegalidad, la cual, como ya se expuso, ha sido descartada, pues no se cumple el requisito objetivo de ser manifiestamente contraria a derecho, porque no tiene vicios en su motivación que lleven a considerar la existencia de una finalidad corrupta.
Las observaciones críticas que efectuó el fiscal Ricardo Emiro Gálvis Manosalva para restar credibilidad a las narraciones de Lenin Giovanny Palma Bermúdez, Orlando Bocanegra Arteaga y José Mauricio Moncada Contreras fueron válidas, a tal punto que concuerdan con los argumentos invocados en la sentencia absolutoria que favoreció a Wuilman Tarazona Pacheco. Nótese:
1. En el fallo de primera instancia, proferido por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Cúcuta, se expuso:
Para el Despacho dichas contradicciones de los testigos de cargos, en aspectos que rodearon los hechos objeto de análisis, no son superfluas, ya que estos no son contestes en aspectos tan relevantes, como el lugar en que fueron aprehendidas las víctimas, los miembros de la organización delictiva que hicieron dicha aprehensión, los móviles que rodearon sus muertes, entre otras, que fueron relacionadas previamente.
Es necesario precisar que las exposiciones de los testigos de cargos deben ser apreciadas conforme a lo ordenado en los artículos 238 y 277 de la Ley 600, es decir, de manera integral y no fragmentada, siendo estas analizadas en conjunto con el resto de la prueba, teniendo en cuenta las reglas de la sana crítica, de manera particular atendiendo a la naturaleza del hecho ocurrido, las circunstancias relativas al lugar, tiempo y modo en que ocurrió el acontecimiento, entre otros aspectos.
Tras un cuidadoso, detallado y profundo análisis de los medios de prueba que reposan al interior de la foliatura, podemos afirmar que estos no nos indican de manera inequívoca la responsabilidad del señor TARAZONA PACHECO en el asunto sometido a decisión, ya que lo declarado por los diferentes postulados, no resulta creíble teniendo en cuenta la serie de contradicciones en las que incurren, viéndose de esta forma desacreditados.
En el presente caso, de las exposiciones de los testigos de cargos, no existe esa prueba indiciaria como medio válido, legal y autónomo, que nos pueda conducir a ese grado de certeza necesario para condenar al acusado TARAZONA PACHECO, ya que como lo hemos venido señalando a lo largo de estas consideraciones, las sindicaciones que hicieron dichos postulados de las Autodefensas, no tienen la suficiente coherencia por la serie de contradicciones en que incurren, para que las podamos considerar como prueba demostrativa de que el procesado sí colaboró económicamente con los miembros de las AUC y de que sí influyó en la muerte de José Luis León Rodríguez y William Nelson Ramos Vargas, porque estos supuestamente lo estaban extorsionando. (Resalta la Sala).
2. En la sentencia de segundo grado, emitida por una Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Cúcuta, se señaló:
Y es que no solo emergen contradicciones entre lo narrado en las versiones ante justicia y paz, y quienes trabajaron y conocieron al acusado WILMAN TARAZONA, existen incongruencias del lugar donde se dice fueron retenidas las víctimas, pues si bien prácticamente todos aseveran que fue en un local al lado del supermercado, se llevó a cabo entre las 12:30 a 1:00 de la tarde hora pico, en donde según los testigos presentados por la defensa, empelados y ex empleados de EBENEZER, han referido que en esa época almorzaban en dicho restaurante, sin que se observara ninguna situación anómala, relatos que son corroborados por las empleadas del restaurante La Gran Victoria, Blanca Inés Maldonado y Luz Miriam Tejada, al asegurar que para la fecha en comento no recuerdan un suceso tan delicado como para tenerlo presente pues al sitio concurrían varias personas desde muy temprano hasta en horas nocturnas por el tipo de establecimiento que se manejaba.
(…) son varias las inconsistencias presentadas en lo expuesto por los desmovilizados, quienes en algunas oportunidades comentan que recogieron a sus lesionados en Atalaya y en otro relato que fue en el centro de la ciudad, que les quitaron la vida en el Cerro de la Cruz o en el barrio Cúcuta 75, porque no recuerdan con exactitud ni siquiera si fueron traslados en un carro de la organización de color blanco o en un vehículo pirata. (Resaltado ajeno al texto original).
Acertó la primera instancia en señalar que el fiscal Ricardo Emiro Gálvis Manosalva revocó la medida de aseguramiento impuesta a Wuilman Tarazona Pacheco para restaurar derechos de rango superior como la presunción de inocencia y la libertad, pues las pruebas recaudadas no satisfacían las exigencias previstas en los artículos 355 y 356 para la procedencia de la detención preventiva. En un asunto similar esta Sala consideró:
“Es evidente, entonces, que la Fiscal … simplemente redefinió la situación del procesado, no con sustento en una prueba sobreviniente, sino a partir de la lectura jurídica distinta de los elementos fácticos que examinó su antecesor al momento de definir la situación jurídica y dictar la medida de aseguramiento, sin desbordar el ámbito de autonomía que le estaba permitido, puesto que debe entenderse que como funcionaria judicial está sometida únicamente al imperio de la Ley, por mandato del artículo 230 de la Constitución Política, razón por la que no estaba obligada a acoger, sin posibilidad de crítica ni discernimiento, el criterio plasmado al interior de la misma actuación investigativa por otro funcionario de idéntica jerarquía funcional; como tampoco, quedaba sujeta a lo que hubiera considerado en un estudio preliminar del caso sub examine, por cuanto nada obsta para que durante el análisis posterior del mismo asunto cambiara la postura a seguir, al fundar su labor interpretativa en las directrices emanadas de la jurisprudencia o, como en el sub judice, en la ponderación de principios constitucionales dignos de tutela”. (Se resalta) – CSJ SP, 19 de junio de 2013, rad. 40490 -.
Corolario de lo anotado, no se advierte ningún error en las conclusiones jurídicas y probatorias de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Cúcuta, la absolución fue debidamente motivada y los argumentos de la Fiscalía no tienen la capacidad de derrumbar su presunción de acierto y legalidad. Por lo tanto, se confirmará la sentencia de primera instancia.
En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- Confirmar la sentencia absolutoria proferida a favor de Ricardo Emiro Gálvis Manosalva.
Segundo.- Señalar que contra esta sentencia no procede ningún recurso y ordenar a la secretaría que devuelva el expediente al Tribunal de origen.
Notifíquese y cúmplase.
Luis Antonio Hernández Barbosa
José Francisco Acuña Vizcaya
José Luis Barceló Camacho
Fernando Alberto Castro Caballero
Eugenio Fernández Carlier
Eyder Patiño Cabrera
Patricia Salazar Cuéllar
Luis Guillermo Salazar Otero
Nubia Yolanda Nova García
Secretaria
1 CSJ AP 823, 26 feb. 2014, rad. 38070.