Asistente Jurídico Inteligente
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Eyder Patiño Cabrera
Magistrado ponente
ATP1901-2018
Radicación n.° 100419
Acta 342
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil dieciocho (2018)
ASUNTO
Sería del caso resolver las impugnaciones presentadas por los accionantes Victoria Fadul Ortíz y Carlos Enrique Hoyos Baena, quienes acuden a través de apoderado judicial, y los terceros con interés Esteban Ruiz Gómez [por conducto de abogado] y el representante legal de Seguros Generales Suramericana S.A., frente a la decisión proferida el 2 de agosto de 2018 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira, mediante la cual amparó el derecho al debido proceso de los actores, si no fuera porque se advierte una causal de nulidad que implica retrotraer la actuación.
Al presente trámite fueron vinculados el Juzgado 3º Penal del Circuito de esa ciudad, y las partes dentro del proceso penal identificado con el n.° 6600016000035200881100.
ANTECEDENTES
1. Los hechos que fundamentan el presente amparo fueron relatados por el A quo así:
La información brindada por el abogado de los accionantes en su escrito de tutela, se puede resumir así:
* El juzgado accionado le negó a las víctimas el derecho a retractarse de la conciliación efectuada dentro de un trámite de Incidente de Reparación Integral, conforme lo estipula el numeral Io del artículo 519 C.P.P., y así mismo el referido despacho reconoce que la actuación no ha concluido por cuanto falta aprobar el “contrato de transacción” propuesto por el abogado de la Aseguradora.
En la providencia de mayo 02 de 2018, donde la titular del Juzgado Tercero Penal del Circuito se pronunció frente al memorial presentado en noviembre 30 de 2017, por medio del cual se retractó de la conciliación, hizo una exposición que no es propia de un auto de sustanciación, al adoptarse una decisión que es fundamental para las víctimas, pero se aseguró que carecía de recursos.
* En diferentes ocasiones ha expresado que no está conforme con la conciliación, y la última vez lo hizo en mayo 2 de 2018, además del realizado por la madre del menor fallecido, así como por escrito de mayo 3, y aunque la accionada señaló que tuvo la oportunidad de oponerse a dicho acuerdo sin hacerlo en la oportunidad procesal oportuna, parte de un supuesto no exigido por ley, ya que el único requisito es el retiro del consentimiento dentro de la actuación, y esta no ha concluido.
* Aunque el despacho accionado con lo expresado en el auto reconoce que el retiro del consentimiento se presentó, no entiende porque continúa con el trámite, si ello implica aceptar que la actuación no ha terminado, y por ende ha sido enfático en señalar que se ha retirado el consentimiento por cuanto el proceso está sin finiquitar, pues pasa por alto la funcionaría que la conciliación implica que el consentimiento debe permanecer hasta que el funcionario le da aprobación, y es absurdo pretender que la retractación se realice al mismo tiempo en el que se otorga.
* Debe primar la voluntad de las víctimas de retirar el consentimiento, puesto que el trámite no ha concluido y es el juez quien así lo determina, no quienes concilian o transigen, sin que sea presentable que la próxima audiencia quede sujeta a que las víctimas acepten una obligatoria conciliación, con lo cual se contraría la justicia restaurativa y se llegaría al absurdo que el incidente quede en un limbo sin terminar por cuanto las víctimas se niegan a acordar por la fuerza.
* En escrito de mayo 03 de 2018 reitera su insistencia de ejercer el derecho de retractación, al no haberse presentado por la Aseguradora el documento de la transacción para ser aprobado por la funcionaria de instancia, es decir, que la actuación aún está en curso.
Pide en consecuencia se tutelen los derechos vulnerados y se le ordene a la Juez Tercero Penal del Circuito de Pereira que: (i) aplique el numeral 1o, artículo 519 C.P.P. relativo al derecho de retirar el consentimiento por haberse ejercido oportunamente; (ii) se garantice a las víctimas el derecho a que se continúe con la audiencia de reparación integral y se fije fecha para seguir el trámite, por la injustificada demora que se ha ventilado en este caso que tiene más de 10 años, y 2 años en el incidente de reparación; y (iii) que se le advierta a la accionada que debe actuar conforme a derecho y en atención a la especial situación de las víctimas, o que se declare impedida por la evidente actuación contraria a sus intereses.
2. El 19 de julio de 20181 la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira, avocó el conocimiento del presente trámite y ordenó vincular a los Juzgados 2º y 3º Penal del Circuito de esa ciudad, «así como a los demás sujetos procesales que intervienen dentro del incidente de reparación integral que se surte ante el Juzgado 3º Penal del Circuito, radicado N° 660016000035200881100030».
3. Mediante fallo de tutela del 2 de agosto siguiente2, dicho cuerpo colegiado amparó el derecho al debido proceso de Victoria Fadul Ortíz y Carlos Enrique Hoyos Baena. En consecuencia ordenó:
[…] SE DEJA SIN EFECTO PARCIALMENTE el trámite de la conciliación celebrada ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira (Rda.) en noviembre 23 de 2017, y sólo quedará a salvo lo concerniente al consentimiento otorgado por la señora VICTORIA FADUL por haberse hecho de manera libre, voluntaria y consciente, por lo cual se considera como válido.
TERCERO: SE ORDENA a la titular del Juzgado Tercero Penal del Circuito, que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del presente fallo, fije fecha para que sea realizada nuevamente la tercera audiencia del incidente de reparación, a la cual deberá convocar al apoderado de las víctimas y a la señora VICTORIA FADUL, con miras a que: (i) se diga de manera EXPRESA y NO TÁCITA si se acepta por parte de los restantes perjudicados el pago de $150.000.000.oo que fuera ofrecido por la Compañía de Seguros Suramericana S.A.; y (ii) se diga igualmente en forma EXPRESA y NO TÁCITA, qué porcentaje de esos $150’000.000.oo le corresponderá a la señora VICTORIA, y qué porcentaje a cada uno de los restantes perjudicados en el evento en que estos últimos decidan acogerse a esa propuesta por intermedio del citado apoderado.
4. Contra esa determinación, la parte accionante y los terceros con interés Esteban Ruiz Gómez [por conducto de abogado] y el representante legal de Seguros Generales Suramericana S.A., interpusieron recurso de apelación, razón por la que las diligencias fueron remitidas a esta Corporación.
CONSIDERACIONES
Nulidad por indebida integración del contradictorio.
En reiteradas oportunidades la jurisprudencia de la Sala ha sostenido que aunque quien acude a la tutela tiene el deber de manifestar cuál es la autoridad o el particular que le ha lesionado o amenazado sus derechos, tal enunciación no puede atar al juez constitucional ni limitar su acción. Éste tiene la obligación de revisar la actuación procesal que se tacha de irregular y de vincular a todas las personas y autoridades judiciales que pudieron vulnerar los derechos, así como a aquellos que puedan verse afectados con la decisión que se adopte al resolver el amparo propuesto.
Revisados los fundamentos fácticos y jurídicos que dieron lugar a la presente tutela, se observa que, aunque el Tribunal ordenó la vinculación de todas las partes que participaron en el incidente de reparación integral [radicado 6600016000035200881100], lo cierto es que no fueron enteradas del presente trámite constitucional las demás víctimas [Álvaro Hoyos Baena, Hernando Hoyos Baena, Emilia Yalile Fadul de Yordaneli, Miguel Ignacio Fadul Ortíz, Maité Ortíz de Fadul, Maite Yone Fadul Ortíz, Yaneth Yesmil Fadul, Yalile Yodaneli Fadul, María Landa Burú Fadul y otros].
En consecuencia, se hace necesario ponerlos en conocimiento de la demanda para que se pronuncien en torno a lo allí reclamado. De no ser informados, se lesionaría su derecho al debido proceso, en su manifestación del componente de contradicción.
En tal orden de ideas, se decretará la nulidad de lo actuado a partir del auto admisorio de la demanda de tutela emitido el 19 de julio de 2018, inclusive, dejando con plena validez las pruebas practicadas y aportadas. Por lo tanto, la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira deberá obrar conforme a lo expuesto y vincular a las víctimas dentro del incidente de reparación identificado con el n.° 6600016000035200881100.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión de Tutelas de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
RESUELVE
Primero: Decretar la nulidad de lo actuado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira, dentro de la acción de tutela incoada por Victoria Fadul Ortíz y Carlos Enrique Hoyos Baena, quienes acuden a través de apoderado judicial, a partir del auto del 19 de julio de 2018, inclusive, dejando con plena validez las pruebas practicadas con arreglo a lo expuesto en la parte motiva de este proveído.
Segundo. Devolver las diligencias a la Sala de origen, con el fin de que proceda conforme a lo ordenado en esta providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Eyder Patiño Cabrera
Luis Guillermo Salazar otero
Nubia Yolanda Nova García
Secretaria
1 Cfr. Folio 21 – cuaderno n.° 1.
2 Cfr. Folios 64 a 71 – ibídem.