Asistente Jurídico Inteligente
Selecciona un texto en la página o analiza el artículo completo.
EYDER PATIÑO CABRERA
Magistrado ponente
ATP1438-2018
Radicación n.º 99337
Acta 228.
Bogotá, D. C., doce (12) de julio de dos mil dieciocho (2018).
ASUNTO
Sería del caso asumir el conocimiento de la acción de tutela presentada por el ciudadano William Alfredo Gamba Usma, en contra de la Sala Penal del Tribunal Superior de Valledupar y el Juzgado 3º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad, si no fuera porque se observa que la misma se ofrece temeraria.
ANTECEDENTES
1. De acuerdo con la información presentada por el demandante en el libelo, el 18 de diciembre de 20171, el Juzgado 3º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la capital del Departamento de Cesar le negó el beneficio administrativo de permiso hasta de 72 horas para salir del establecimiento carcelario, consagrado en el artículo 147 de la Ley 65 de 1993. Ello, porque «al analizar el período de conductas, pudo establecer que en el pasado el suscrito presentaba 2 períodos de conductas en el grado de Mala por sanciones disciplinarias al interior del EPAMSCMAS_VAL».
2. Esa decisión fue confirmada el 13 de abril de 2018 por la Sala Penal del Tribunal de Valledupar, bajo los mismos argumentos esbozados por el A quo.
3. El accionante asegura que el asunto que hoy es sometido a consideración de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, debe prosperar porque al analizar «un caso simultáneo al presente sentó, una línea jurisprudencial que debe ser aplicada por derecho de igualdad al asunto que ahora es de conocimiento». Para ello, anuncia el radicado No. 89755 de esta Corporación, donde se concedió el aludido beneficio.
4. Bajo la gravedad de juramento, manifestó que no ha instaurado otra acción de tutela con los mismos razonamientos ni ante distinta autoridad judicial. Sin embargo, revisado el sistema de actuaciones de esta Colegiatura, se registró la acción de tutela de primera instancia, cuyo radicado es el No. 98571, presentada por Gamba Usma por los mismos hechos, también en contra del Tribunal Superior de Valledupar, la cual fue negada el 24 de mayo de 2018.
CONSIDERACIONES
5. De conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 1º del Decreto 1983 de 2017, es competente esta Sala para pronunciarse sobre la presente acción, en tanto ella involucra a la Sala Penal del Tribunal Superior de Valledupar, cuyo superior funcional lo es esta Corporación.
6. Es temerario el ejercicio de la acción cuando el que la propone acude en más de una oportunidad ante el aparato judicial del Estado, con el fin de exponer un mismo asunto y con iguales pretensiones; y, además, cuando se interpone sin motivo expresamente justificado. En un evento tal corresponde rechazar la acción o decidirla desfavorablemente2.
7. La interposición paralela o sucesiva de varias demandas con identidad de argumentos constituye un acto de deslealtad de la persona, que contraviene el derecho de acceso a la administración de justicia, al desconocer que es un deber suyo respetar o acatar lo decidido en el fallo judicial.
Además, una actitud de esa naturaleza configura un abuso de los propios derechos y es contraria al deber que toda persona tiene de colaborar con la administración de justicia, al distraer el aparato judicial de asuntos que han de ser resueltos oportuna y cumplidamente, para provocar nuevos pronunciamientos sobre hechos ya decididos anteriormente, con lo cual se afectan los principios de economía y celeridad.
8. La Corte se abstendrá de conocer la presente petición de amparo, ya que al consultar la base de datos de la Rama Judicial, se constató que Gamba Usma acudió nuevamente al trámite constitucional para insistir en los reparos expuestos con anterioridad en otra acción de similar naturaleza y resuelta por esta Corporación.
9. En efecto, la inconformidad vuelve a estar dirigida a cuestionar las decisiones adoptadas el 18 de diciembre de 2017 y el 13 de abril de 2018, por el Juzgado 3º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Valledupar y la Sala Penal del Tribunal Superior de esa ciudad, respectivamente, en torno a la negación del beneficio administrativo de permiso hasta de 72 horas para salir del establecimiento carcelario, consagrado en el artículo 147 de la ley 65 de 1993.
Sobre el particular, basta con citar los apartes pertinentes de los hechos expuestos en el fallo de tutela CSJ STP6765-2018, 24 may. 2018, rad. 98571, así:
«De la actuación se desprende que el Juzgado 50 Penal del Circuito de Bogotá, mediante sentencia de 17 de julio de 2006, condenó a WILLIAM ALFREDO GAMBA USMA por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de arma de fuego o municiones. En consecuencia, le impuso 338 meses de prisión, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por lapso de 20 años, pago de daños morales en cuantía de 50 SMLMV. Igualmente, le negó los mecanismos de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria. Agréguese que, el mencionado fue privado de la libertad el 13 de enero de 2010.
La vigilancia de la pena correspondió al Juzgado 3º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Valledupar que, en pronunciamiento de 18 de diciembre de 2017 le negó el beneficio administrativo de permiso hasta por 72 horas, dado que, según Resoluciones 1486 de 11 de julio de 2012 y 027 de 13 de enero de 2014, fue sancionado disciplinariamente; además, la conducta aparece calificada en grado de “mala” en dos periodos, de manera que los requisitos exigidos en el Decreto 232 de 1998 no se cumplen. Pronunciamiento que fue recurrido en reposición y apelación, al definirse, el 7 de marzo de 2018, el primero de los recursos la decisión se mantuvo y al resolverse el subsidiario, el 13 de abril del año últimamente citado, por la Sala Penal del Tribunal Superior de Valledupar fue confirmado.
En tales condiciones, el accionante WILLIAM ALFREDO GAMBA USMA acude al mecanismo excepcional de la tutela, al considerar que con las decisiones judiciales reseñadas se transgredieron sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad.
En apoyo del amparo reclamado, sostiene que contrario a lo señalado por las autoridades accionadas, reúne todas las exigencias para acceder al permiso invocado; además, no acceder a su pedimento deviene desproporcionado, opuesto a sus intereses y desconocedor de la providencia 89755 de 2017 de esta Colegiatura.
Por tanto, solicita amparar sus derechos fundamentales y, consecuentemente, emitir las ordenes a que haya lugar (folios 1ss. c.o.)».
10. Al hacer la confrontación entre las dos solicitudes de amparo constitucional, se colige que los cuestionamientos del interesado son, en esencia, los mismos. No es de recibo, para esta Sala, el fin perseguido por el accionante quien, a pesar de haber señalado bajo la gravedad de juramento que no había iniciado un trámite similar, presentó un nuevo libelo de tutela, sin que se evidencie un cambio sustancial en los hechos, autoridades accionadas y pretensiones, pues, la jurisdicción constitucional ya analizó sus reparos frente a las decisiones emitidas por las autoridades accionadas.
11. Ahora bien, el Decreto 2591 de 1991, en su artículo 38, dispone:
Actuación temeraria. Cuando sin motivo expresamente justificado la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.
12. Por esa vía, la nueva acción impetrada constituye una estrategia infortunada para obtener otro fallo judicial, razón por la cual es temeraria la segunda postulación.
13. Por esta ocasión no se tomarán medidas en contra de Gamba Usma, teniendo en cuenta que “… cuando se examina si con la presentación de una nueva tutela se configura la temeridad, es indispensable presumir la buena fe.”3. No obstante, se le prevendrá para que no incurra nuevamente en comportamientos como los puestos de presente en este trámite, donde se promueve una tutela con el fin de que el juez constitucional reexamine un asunto que ya fue decidido; so pena de verse incurso en las acciones judiciales, por la utilización reiterada e indebida de la acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión de Tutelas Nº 1 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
RESUELVE
Primero. RECHAZAR, por temeridad, la presente acción de tutela interpuesta por William Alfredo Gamba Usma.
Segundo. Prevenir a dicho ciudadano para que no incurra nuevamente en comportamientos como los puestos de presente en este trámite, donde se promueve una tutela con el fin de que el juez constitucional reexamine un asunto que ya fue decidido, so pena de verse incurso en acciones judiciales.
Tercero. Por Secretaría, devolver la demanda de tutela, junto con sus anexos, a la parte accionante.
Cuarto. Contra esta decisión no procede recurso alguno.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
EYDER PATIÑO CABRERA
LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 Cfr. Folios 1 a 9.
2 Sobre la acción temeraria pueden consultarse las sentencias T-054 del 18 de febrero de 1993, T-155A del 22 de abril de 1993, T-518 del 9 de octubre de 1996 y T-082 del 24 de febrero de 1997 de la Corte Constitucional.
3 Sentencia T- 568 de 2006 Corte Constitucional.