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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO
Magistrado ponente
AP5310-2016
Radicación No. 48620
Aprobado Acta No. 256
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de agosto de dos mil dieciséis (2016).
ASUNTO
Define la Sala la competencia para conocer del impedimento manifestado por los Magistrados William Salamanca Daza y María Idalí Molina Guerrero y el Conjuez Luis Enrique Triana, integrantes de la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá.
ANTECEDENTES
1. El 10 de diciembre de 2014, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bogotá, condenó a LUIS EDUARDO RAMÍREZ GONZÁLEZ, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Decisión que fue objeto de apelación por la defensa y el Representante del Ministerio Público.
2. Asignado el asunto a la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá, los Magistrados William Salamanca Daza y María Idalí Molina Guerrero y el Conjuez Luis Enrique Triana, el 6 de julio del corriente año, se declararon impedidos para conocerlo con fundamento en la causal 14 del artículo 56 de la Ley 906 de 2004.
3. Remitida la actuación a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, ésta rehusó decidir lo pertinente frente al impedimento en la medida que los delitos por los que se juzga al procesado son de conocimiento privativo de la Sala de Extinción de Dominio.
Lo anterior acorde con los acuerdos PSSA-08-4439, PSAA-10-6852, PSAA-10-6853, PSAA-10-6854, PSAA-10-6866, PSAA-106955, PSAA10-7335, PSAA10-6852, PSAA-10-7336, PSAA11-7718, PSAA11-8724 y PSAA12-9465, por medio de los cuales se asignó la competencia de procesos por extinción de dominio, enriquecimiento ilícito y lavado de activos a los juzgados especializados de extinción de dominio en los diferentes distritos y, la sustanciación y fallo de los recursos de apelación de sentencias y autos por los mismos, a la Sala de Extinción de dominio del Tribunal Superior de Bogotá.
En razón de ello, a esa Célula judicial no le corresponde decidir sobre el impedimento manifestado en tanto no puede tenerse como la Sala que le sigue en turno para decidir la controversia, a pesar incluso de lo dispuesto en el Acuerdo PSAA12-9165, que indicó que “…la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá hace parte de la Sala Penal de este Tribunal”.
Pues de aceptarse la postura sugerida no se entiende por qué en pretérita oportunidad cuando en razón del impedimento del Magistrado Pedro Oriol Avella Franco1, no se conformó la Sala de Extinción con uno de los miembros de la Sala ordinaria sino se optó por la designación de un conjuez.
La cual igualmente se descarta por la naturaleza del trámite que al tenor del artículo 7 de la Ley 973 de 2002 se tiene “es distinta e independiente de cualquier otra de naturaleza que haya iniciado simultáneamente, o de la que se haya desprendido.”
En consecuencia, ante la ambigüedad del punto, la Sala Penal envío la actuación a esta Corporación para definir la competencia.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1. De conformidad con lo señalado en los artículos 32, numeral 4° y 54 de la Ley 906 de 2004, la Sala es competente para conocer «de la definición de competencia cuando se trate de aforados constitucionales y legales, o de tribunales, o de juzgados de diferentes distritos», lo que en principio y a diferencia de lo que ocurría en la Ley 600 de 2000, descartaría la competencia para decidir el presente asunto, como quiera que las Salas de decisión involucradas pertenecen al Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá.
No obstante, de la revisión de la estructura de las reglas que adjudican conocimiento para resolver asuntos similares, se advierte como factor determinante que siempre se identifica la autoridad llamada a desatar el asunto con el superior común de las autoridades judiciales implicadas, lo cual acorde con una interpretación teleológica y sistemática permite afincar el conocimiento del presente caso a esta Sala en calidad de superior funcional común de las Salas Penal y de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá, de conformidad con los artículos 32 del Código de Procedimiento Penal y 37 del Código de Extinción de Dominio, máxime cuando las mismas tienen carácter penal.
2. Ahora, el trámite del incidente de definición de competencia es el mecanismo previsto en el ordenamiento jurídico para precisar de manera perentoria y definitiva, cuál de los distintos Jueces o Magistrados es el llamado a conocer de la fase procesal del juzgamiento, o para ocuparse de un asunto determinado, que para el caso sería, de la aceptación o no del impedimento2
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Así, frente a la competencia e implementación de los juzgados especializados y Salas de Extinción de Dominio de Tribunal Superior, esta Corte ha explicado:
La extinción del derecho de dominio y el procedimiento para hacerla efectiva fueron inicialmente regulados por la Ley 333 de 1996, norma posteriormente derogada por la Ley 793 de 2002. Esta última disposición fue objeto de varias modificaciones introducidas con las Leyes 1395 de 2010 y 1453 de 2011. Finalmente, fue sustituida por la Ley 1708 de 2014, denominada Código de Extinción de Dominio.
Por mandato expreso del artículo 218 de la última norma en cita, a partir de su entrada en vigencia (que tuvo lugar el 20 de enero de 2015), fueron derogadas «las Leyes 793 y 785 de 2002, Ley 1330 de 2009, así como todas las demás leyes que las modifican o adicionan, y también todas las leyes que sean contrarias o incompatibles con las disposiciones de este Código. / Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 18 de la Ley 793 de 2002, y los artículos 9o y 10 la Ley 785 de 2002, seguirán vigentes».
Ahora bien, el canon 35 del Código de Extinción de Dominio, dispone:
COMPETENCIA TERRITORIAL PARA EL JUZGAMIENTO. Corresponde a los Jueces del Circuito Especializados en Extinción de Dominio del distrito judicial donde se encuentren los bienes, asumir el juzgamiento y emitir el correspondiente fallo. Ante la falta de Jueces de Extinción de Dominio conocerán del juicio, los Jueces Penales del Circuito Especializados.
Cuando haya bienes en distintos distritos judiciales, será competente el juez del distrito que cuente con el mayor número de Jueces de Extinción de Dominio, o en su defecto, el mayor número de Jueces Penales del Circuito Especializado. La aparición de bienes en otros lugares después de la fijación provisional de la pretensión no alterará la competencia.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia tendrá competencia para el juzgamiento en única instancia de la extinción de dominio de los bienes cuya titularidad recaiga en un agente diplomático debidamente acreditado, independientemente de su lugar de ubicación en el territorio nacional.
Y el apartado 38 ejusdem señala:
COMPETENCIA DE LAS SALAS DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE DISTRITO JUDICIAL. La Sala de Extinción de Dominio de los Tribunales Superiores conocerá:
1. En primera instancia, de la acción extraordinaria de revisión promovida contra las sentencias de esa corporación en materia de extinción de dominio.
2. En segunda instancia, de los recursos de apelación y queja interpuestos contra los autos y sentencias proferidos por los Jueces de Extinción de Dominio.
3. De las solicitudes de control de legalidad que sean promovidas contra la decisiones adoptadas por el Fiscal General de la Nación en los trámites a su cargo.
Por su parte, el canon 215 de la codificación en cita le asignó al Consejo Superior de la Judicatura, la misión de implementar juzgados y tribunales de extinción de dominio, así:
CREACIÓN DE JUZGADOS. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura creará las salas de extinción de dominio que se requieran para el eficaz y eficiente cumplimiento de las disposiciones del presente Código, asegurándose que como mínimo se creen salas en los tribunales de distrito judicial de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, y Cúcuta.
Así mismo, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura creará los juzgados especializados en extinción de dominio que considere necesarios para el eficaz y eficiente cumplimiento de las disposiciones de este Código, conforme a las siguientes reglas:
1. En el distrito judicial de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, y Cúcuta se crearán al menos cinco (5) juzgados especializados en extinción de dominio.
2. En los distritos judiciales de Antioquia, Cundinamarca, Ibagué, Bucaramanga, Tunja, Villavicencio, Neiva, Manizales, Pasto, y Florencia, se crearán como mínimo dos (2) juzgados Especializados en Extinción de Dominio.
3. En los Distritos de Cartagena, Armenia, Cúcuta, Pereira, Montería, Quibdó, Pamplona, Riohacha, Santa Marta, Sincelejo, Popayán y Valledupar, se creará como mínimo un (1) juzgado especializado en extinción de dominio.
El Consejo Superior de la Judicatura y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público reglamentarán y dispondrán lo necesario para determinar la composición y competencias de las salas y los juzgados especializados en extinción de dominio. (Destaca la Corte).
En desarrollo de tal exigencia normativa, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, mediante Acuerdo PSAA10402 de 2015 dispuso la creación de juzgados de extinción de dominio en los distritos judiciales de Antioquia, Barranquilla, Cali, Cúcuta, Neiva, Pereira y Villavicencio.
Y precisó además, en el artículo 51 de ese acto administrativo que «la segunda instancia de los procesos de los Jueces penales del circuito especializados de extinción de dominio del territorio nacional, se debe surtir ante la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá».
(…)
Es claro entonces, que la competencia para conocer en primera instancia los asuntos relacionados con la acción de extinción de dominio en los distritos judiciales donde los juzgados de esa especialidad no hayan sido implementados, corresponde a los jueces penales del circuito especializados.
Lógico resultaría concluir de lo anterior, que en los eventos en que un juez penal del circuito especializado adelante el trámite extintivo, por no existir funcionario especial en un distrito judicial, la competencia para conocer del recurso de apelación propuesto contra sus decisiones recaería en su superior funcional, es decir, en la Sala Penal del Tribunal Superior correspondiente.
Pero el Código de Extinción de Dominio facultó al Consejo Superior de la Judicatura «para determinar la composición y competencias de las salas y los juzgados especializados en extinción de dominio» (inciso final del artículo 215 de la Ley 1708 de 2014).
Y fue en ejercicio de tal facultad dispuesta por la Ley 1708 de 2014, que la Sala Administrativa del Consejo Superior dispuso, en el artículo 51 del Acuerdo PSAA10402 – 2015, que «la segunda instancia de los procesos de los Jueces penales del circuito especializados de extinción de dominio del territorio nacional, se debe surtir ante la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá».
5. Es cierto que en la pirámide normativa del ordenamiento jurídico colombiano, dicho acto administrativo no está por encima de la Ley 1708 de 2014, pero no es posible concluir tampoco, que el aludido Acuerdo desconozca una norma superior. Por el contrario, se advierte que está previendo una especial solución, por demás transitoria, hasta que exista disponibilidad presupuestal para la creación de salas de extinción de dominio en los demás tribunales del país.
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Para el caso, el Consejo Superior de la Judicatura en virtud de las facultades que el artículo 215 de la Ley 1708 de 2014 le confirió, expidió un acto administrativo mediante el cual fijó una pauta provisional de competencia para el trámite de la segunda instancia en los procesos de extinción de dominio. Dicha regla debe aplicarse, pues la resolución que la estableció, goza de la presunción de legalidad y mientras se encuentre vigente, es de obligatorio acatamiento.
Vistas así las cosas, se concluye entonces que hasta tanto se creen las salas de extinción de dominio en los demás tribunales superiores del país, la segunda instancia en los procesos de esa naturaleza debe recaer en la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá. CSJ AP666-2016
3. Según lo anterior, la competencia para conocer en segunda instancia de procesos que se adelanten por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, así como los de extinción de dominio corresponde a la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá.
En tal virtud a pesar que la mentada célula integre la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, en los términos indicados por el acuerdo No. PSAA12-9165 que aclaró el PSAA11-8724 y “por el cual se transforma la denominación de la Sala del Tribunal Superior de Bogotá y de los Juzgados que conocen la acciones de extinción de dominio conforme lo establece la Ley 1453 de 2011”, lo cierto es que por razón de su especialidad, sus asuntos no pueden trasladarse a la Sala penal ordinaria.
Ello por cuanto, si bien podría pensarse que decidir sobre el impedimento no comporta una intromisión sobre las funciones legalmente adjudicadas, ya que el marco normativo aplicable es el regulado en la Ley 906 de 2004, tal conclusión daría lugar a que en el eventual caso de que se acepte la separación del asunto de los Magistrados impedidos, serían Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ajenos a la Sala de decisión especializada los que estarían llamados a conformarla, incluso, desplazando en su totalidad a la Sala especializada lo cual desdibujaría la competencia en razón de la naturaleza del asunto establecida en la ley y enunciada en precedencia.
Luego, no es a la Sala Penal como autoridad que le sigue en turno a la de Extinción de Dominio que le corresponde decidir sobre el impedimento declarado por los integrantes de ésta última, sino a una Sala de Conjueces conformada para tal fin.
Lo anterior, según lo ha explicado esta Sala, tratándose del instituto de los impedimentos:
«Del impedimento manifestado por un magistrado conocen los demás que conforman la sala respectiva, quienes se pronunciarán en un término improrrogable de tres días. Aceptado el impedimento del magistrado, se complementará la Sala con quien le siga en turno y si hubiere necesidad, se sorteará un conjuez. Si no se aceptare el impedimento, tratándose de Magistrado de Tribunal Superior, la actuación pasará a la Corte Suprema de Justicia para que dirima de plano la cuestión.
Si el magistrado fuere de la Corte Suprema de Justicia y la Sala rechazare el impedimento, la decisión de esta lo obligará. En caso de aceptarlo se sorteará un conjuez, si a ello hubiere necesidad».
De otra parte, el artículo 140 del Código General del Proceso dispone que:
Los magistrados, jueces, conjueces en quienes concurra alguna causal de recusación deberán declararse impedidos tan pronto como adviertan la existencia de ella, expresando los hechos en que se fundamenta.
El juez impedido pasará el expediente al que deba reemplazarlo, quien si encuentra configurada la causal asumirá su conocimiento. En caso contrario, remitirá el expediente al superior para que resuelva.
Si el superior encuentra fundado el impedimento enviará el expediente al juez que debe reemplazar al impedido. Si lo considera infundado lo devolverá al juez que venía conociendo de él.
El magistrado o conjuez que se considere impedido pondrá los hechos en conocimiento del que le sigue en turno en la respectiva sala, con expresión de la causal invocada y de los hechos en que se funda, para que resuelva sobre el impedimento y en caso de aceptarlo pase el expediente a quien deba reemplazarlo o fije fecha y hora para el sorteo de conjuez, si hubiere lugar a ello.
El auto en que se manifieste el impedimento, el que lo decida y el que disponga el envío del expediente, no admiten recurso.
Cuando se declaren impedidos varios o todos los magistrados de una misma sala del tribunal o de la Corte, todos los impedimentos se tramitarán conjuntamente y se resolverán en un mismo acto por sala de conjueces
Es decir, cuando un Magistrado advierte que se encuentra incurso en una causal de impedimento debe manifestarlo a los demás miembros de la Sala de Decisión, quienes lo aceptarán o lo rechazarán y, en caso que la Sala no pueda integrarse con el mínimo del quorum exigido, lo que corresponde es integrarla con Conjueces y si aún persiste esta imposibilidad, el artículo 57 del Código de Procedimental Penal, que regula el trámite de los impedimentos, dispone que la manifestación se la hará al funcionario de la misma categoría del lugar más cercano, esto es, a la Sala del Tribunal Superior territorialmente más próximo. CSJ AP1115-2016.
4. En consecuencia, se remitirá la actuación a la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá, para que proceda a lo pertinente. Igualmente, se comunicará lo acá decidido a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.
5. Finalmente, se dispondrá exhortar a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para que dentro del ámbito de sus competencias, realicen las gestiones necesarias para crear las correspondientes Salas de Extinción de Dominio en los Tribunales del país, conforme con lo establecido en el artículo 215 de la Ley 1708 de 2014, no sólo a fin de evitar la eventual congestión de la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá3 sino a conjurar situaciones como la presente.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
RESUELVE
1. DECLARAR que el conocimiento del impedimento manifestado por los Magistrados William Salamanca Daza y María Idalí Molina Guerrero y el Conjuez Luis Enrique Triana, integrantes de la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá, corresponde a una Sala de Extinción de dominio, integrada por conjueces.
2. Informar lo acá decidido a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.
3. EXHORTAR a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para que dentro del ámbito de sus competencias, realicen las gestiones necesarias para crear las correspondientes Salas de Extinción de Dominio en los Tribunales del país, conforme con lo establecido en el artículo 215 de la Ley 1708 de 2014.
4. Contra esta decisión no procede recurso alguno.
Comuníquese y cúmplase,
GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ
JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
EYDER PATIÑO CABRERA
PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO
Nubia Yolanda Nova García
Secretaria
1 CSJ AP, 16 May. 2012. Rad. 38872
2 Cfr. CSJ AP392-2014 y AP4153-2016
3 Como ya se ha hecho en otras oportunidades, entre ellas, CSJ AP1056-2016