Asistente Jurídico Inteligente
Selecciona un texto en la página o analiza el artículo completo.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
AP4481-2016
Radicación N° 35691
(Aprobado acta N° 211)
Bogotá, D. C., trece (13) de julio de dos mil dieciséis (2016).
I.- V I S T O S
Resuelve la Sala la petición de libertad elevada por la defensa del ex congresista LUIS ALFREDO RAMOS BOTERO, en favor de éste.
II.- ANTECEDENTES PROCESALES
2.1.- La Corte emitió orden de captura contra RAMOS BOTERO el 27 de agosto de 2013 que se materializó el 29 del mismo mes y año, por lo que, dentro de los términos legales, fue escuchado en indagatoria y se definió su situación jurídica imponiéndosele medida de detención preventiva, como presunto autor responsable del delito de concierto para delinquir agravado, consagrado en el inciso 2º del artículo 340 de la Ley 599 de 2000, según providencia de 5 de septiembre de 20131.
2.2.- Con decisión de 3 de marzo de 2014 se ordenó el cierre de la investigación por haberse recaudado la prueba necesaria para calificar2, la cual fue impugnada por la defensa y, dado que se resolvió no reponer ello con providencia de 19 de marzo siguiente3, quedó el asunto a disposición de los sujetos procesales para presentar sus propuestas sobre la calificación a adoptarse.
2.3.- El día 24 de abril de 2014 se profirió en contra del ex congresista resolución de acusación por el ilícito ya referenciado4, determinación que al ser recurrida, ese medio de impugnación fue declarado desierto el día 7 de mayo del mismo año5.
2.4.- Luego de vencido el traslado de que trata el artículo 400 de la Ley 600 de 2000, el 15 de julio de 2014 se celebró la audiencia preparatoria6, y la vista pública de juzgamiento se inició el 19 de enero de 20157, la que aún no ha concluido, pero ha venido desarrollándose en diversas sesiones a lo largo de 2015 y de lo que va de esta esta anualidad.
III.- FUNDAMENTO DE LA PETICIÓN
3.1.- El sujeto procesal reclamante solicita que se aplique el artículo 4 de la Ley 1760 de 2015 que según lo expone en su escrito, reza: “la libertad del encartado quien padece medida cautelar intramural por un lapso superior a los mil días” y más concretamente el numeral sexto de esa norma que consagra la siguiente causal de libertad, “cuando transcurridos 150 días, contados a partir de la fecha de inicio de la audiencia de juicio, no se haya celebrado la audiencia de lectura de fallo o su equivalente”.
Precisa que dentro de la actuación no se evidencian causales que incrementen dichos términos.
3.2.- Menciona que la Corte Suprema ha considerado que cuando se trata de la libertad del procesado deben aplicarse los instrumentos internacionales.
3.3.- Recuerda que la audiencia preparatoria, en este caso, se celebró el 15 de julio de 2014, “a partir de la cual fecha (sic) deberá contarse el plazo señalado en la norma que regula la pretención (sic) deprecada”.
3.4.- Expone que “el artículo 307 de la Ley 906 de 2004 establece otras medidas de aseguramiento diferentes a la reclusión en establecimiento carcelario, como la detención domiciliaria, siempre que esta no obstaculice el juzgamiento y, las demás no privativas de la libertad, a cualquiera de las cuales se someterá mi representado”.
3.5.- Cita las disposiciones legales y constitucionales que regulan el principio de la presunción de inocencia, y luego define lo que en su criterio es la garantía del indubio pro reo.
3.6.- Por último, hace una referencia de la sentencia C 774 de 2001 de la Corte Constitucional y trae a colación un puntual extracto de la misma.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Advierte la Sala que el defensor fundamenta su petición en lo consagrado en la Ley 1760 de 2015, por lo que se torna necesario examinar tanto la aplicabilidad de dicha fuente normativa al presente caso, como la vigencia de la misma.
No obstante, previo a ello, sí resulta necesario precisar que no es cierto, como lo expone el defensor en su escrito, que en el artículo 4 de la precitada ley se consagre la siguiente expresión “la libertad del encartado quien padece medida cautelar intramural por un lapso superior a los mil días”, y tampoco en ningún otro aparte de ella.
4.1.- Aplicabilidad de la Ley 1760 de 2015.
4.1.1.- Sea lo primero indicar que la mencionada ley fue promulgada el 6 de julio de 2015 y con ella se adicionaron y modificaron algunas disposiciones de la Ley 906 de 2004 reguladoras de las medidas de aseguramiento y de la libertad provisional.
Lo anterior implica que, dado que el presente asunto está siendo rituado por una legislación procesal penal diversa condensada en la Ley 600 de 2000, aquellas disposiciones no aplican en el presente asunto.
4.1.2.- Al respecto, debe igualmente puntualizarse que las causales de libertad provisional tienen una regulación y tratamiento autónomo en cada una de las legislaciones procesales reseñadas, por lo que no resulta procedente que un acusado cuya actuación se tramita por la Ley 600 de 2000, acuda a una causal enlistada en la Ley 906 de 2004 para reclamar el aludido derecho, pues, además no existe coincidencia de los plazos.
4.1.3.- En síntesis, concluye la Corte, la específica causal en que se apoya el defensor para pedir la libertad de su asistido, y que se halla enlistada en el numeral sexto del artículo cuarto de la Ley 1760 de 2015 y que modificó el artículo 317 de la Ley 906 de 2004, no resulta aplicable al presente asunto.
Claro no desconoce esta Colegiatura que solo si se cumplieran los exigentes presupuestos que ha definido la jurisprudencia penal, podrían aplicarse por favorabilidad disposiciones contenidas en un estatuto procesal a asuntos regulados en otro8, sin embargo, no considera necesario la Sala emprender tal estudio, pues, como se verá, la puntual causal alegada aún no se encuentra vigente ni siquiera para los asuntos rituados en la Ley 906 de 2005, dadas las particularidades del presente caso.
4.2.- Vigencia de la Ley 1760 de 2015.
4.2.1.- El artículo 5 de la referida Ley, estableció que la misma “rige a partir de la fecha de su promulgación salvo el artículo 1º y el numeral 6 del artículo 4º, los cuales entrarán a regir en un (1) año a partir de la fecha de su promulgación, y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias”.
Pues bien, según lo prescrito expresamente, las siguientes eran las puntuales normas que solo entraban a regir el 6 de julio de 2016:
“Artículo 1º: Adiciónanse dos parágrafos al artículo 307 de la Ley 906 de 2004, del siguiente tenor:
Parágrafo 1º. Salvo lo previsto en los parágrafos 2º y 3º del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), el término de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad no podrá exceder de un (1) año. Cuando el proceso de surta ante la justicia penal especializada, o sean tres (3) o más los acusados contra quienes estuviere vigente la prevención preventiva, o se trate de investigación o juicio de actos de corrupción de los que trata la Ley 1474 de 2011, dicho termino podrá prorrogarse, a solicitud del fiscal o del apoderado de la víctima, hasta por el mismo término inicial. Vencido el término, el Juez de Control de Garantías, a petición de la Fiscalía o del apoderado de la víctima, podrá sustituir la medida de aseguramiento privativa de la libertad de que se trate, por otra u otras medidas de aseguramiento de que trata el presente artículo.
Parágrafo 2º. Las medidas de aseguramiento privativas de la libertad solo podrán imponerse cuando quien solicita pruebe, ante el Juez de Control de Garantías, que las no privativas de la libertad resultan insuficientes para garantizar el cumplimiento de los fines de la medida de aseguramiento.”
Artículo 4º. Modifícase el artículo 317 de la Ley 906 de 2004, el cual quedará así:
Artículo 317. Causales de Libertad. Las medidas de aseguramiento indicadas en los anteriores artículos tendrán vigencia durante toda la actuación, sin perjuicio de lo establecido en el parágrafo 1º del artículo 307 del presente código sobre las medidas de aseguramiento privativas de la libertad. La libertad del imputado o acusado se cumplirá de inmediato y solo procederá en los siguientes eventos:
(…)
6. Cuando transcurridos ciento cincuenta (150) días contados a partir de la fecha de inicio de la audiencia de juicio, no se haya celebrado la audiencia de lectura de fallo o su equivalente.
Recuérdese que es precisamente la causal sexta, acabada de citar, la que sirve de soporte al defensor para solicitar la libertad de LUIS ALFREDO RAMOS BOTERO.
4.2.2.- Sin embargo, recientemente se expidió la Ley 1786 del 1 de julio de 2016, sobre la que omitió referirse el defensor en su escrito.
Pues bien, allí se consignaron algunas modificaciones a la Ley 1760 de 2015, sin que se constate cambio en el contenido de la causal ya reseñada, pero sí se prorrogó nuevamente su vigencia en los siguientes términos:
“Artículo 5. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
Los términos a los que se hacen referencia en el artículo 1º y el numeral 6 del artículo 2º de la presente ley, respecto de los procesos ante justicia penal especializada, en los que sean tres (3) o más los acusados contra quienes estuviere vigente la detención preventiva, o cuando se trate de investigación o juicio de los actos de corrupción de los que trata la Ley 1474 de 2011 o de cualquiera de las conductas previstas en el Título IV del Libro Segundo de la Ley 599 de 2000 (Código Penal), entrarán a regir en un (1) año contado a partir de su fecha de promulgación.” (Subraya la Sala).
Valga precisar que la disposición contenida en el numeral 6 del artículo 2º de la Ley 1786 de 2016, reproduce la causal de libertad que alega el defensor, lo que permite concluir que aún si se pudiera aplicar por favorabilidad al presente asunto, la particularidad del mismo torna no vigente tal mandato.
Nótese que el delito por el cual está siendo encausado RAMOS BOTERO (concierto para delinquir agravado) es de aquellos cuya competencia está originalmente atribuida a la justicia penal especializada, de conformidad con lo señalado en el numeral 7º del artículo 5º transitorio de la Ley 600 de 2000.
Así las cosas, la procedencia de la causal 6 del artículo 317 de la Ley 906 de 2004, sólo entrará en vigencia a partir del 1º de julio de 2017.
4.3.- La anterior constatación objetiva, torna innecesario referirse a las demás manifestaciones consignadas en el escrito del defensor.
Sin embargo, sobre las deshilvanadas referencias y citas relativas al tema del plazo razonable de detención preventiva que efectúa el apoderado de RAMOS BOTERO, la Corte se está a lo ya considerado y resuelto en la providencia adoptada en ente mismo asunto el 11 de noviembre del año anterior.
En tanto que en lo atinente a la igualmente aislada mención que hace el memorialista de la disposición que tiene su representado de someterse a cualquier otra medida de aseguramiento, se advierte la improcedencia de ello, ante la carencia de fundamentación.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
R E S U E L V E
1.- NEGAR la libertad solicitada por el defensor, a favor del procesado LUIS ALFREDO RAMOS BOTERO, de conformidad con lo valorado en esta providencia.
2.- Contra esta decisión procede recurso de reposición.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ
JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
EYDER PATIÑO CABRERA
PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 Fls. 76-113 CO. 2.
2 Fl. 155-156 CO. 4.
3 Fls. 63-72 CO. 5.
4 Fl. 114-185 CO. 6.
5 Fl. 196-199 CO. 6.
6 Fl. 256-269 CO. 8.
7 Fl. 76-77 CO. 11.
8 Ver, entre otras, CSJ AP rad 23910 de 19-07-2005.