Asistente Jurídico Inteligente
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ
Magistrada ponente
AP2146-2014
Radicación n° 43256
(Aprobado Acta No. 119)
Bogotá D.C., treinta (30) de abril de dos mil catorce (2014).
VISTOS
Se pronuncia la Sala sobre la admisibilidad de la demanda de casación presentada por el defensor de LUIS GONZAGA LEYTON BEDOYA contra la sentencia del 9 de octubre de 2013, a través de la cual el Tribunal Superior de Buga confirmó, en el aspecto impugnado, el fallo anticipado proferido el 17 de junio anterior por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cartago, que condenó al procesado a las penas principales de 30 meses de prisión, 25 salarios mínimos legales mensuales de multa y 30 meses de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, como autor del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
HECHOS
La situación fáctica base del presente proceso la resumió el Tribunal de la siguiente manera:
“De la actuación se extracta que durante la administración ejercida por el ex alcalde del municipio de Alcalá (Valle) LUIS GONZAGA LEYTON BEDOYA se suscribió el contrato No. 004 del 29 de junio de 2002 con el objeto de reponer el alcantarillado en la calle 4 entre carreras 13 y 14 de dicho municipio por un valor de $25.112.329, sin certificado de disponibilidad presupuestal, soportes de pagos, actas parciales de obra, pliegos de condiciones o términos de referencia; igualmente que se suscribió el contrato de adición al anterior No. 003 del 30 de julio de 2002 por valor de $12.800.000 el cual carecía de las actas de los elementos no previstos para su adición”.
ACTUACIÓN PROCESAL
1. La investigación de rigor fue iniciada el 29 de junio de 2005, en el curso de la cual el instructor escuchó en indagatoria a LUIS GONZAGA LEYTON BEDOYA, a quien la Fiscalía Novena Seccional de Cali le resolvió la situación jurídica el 3 de abril de 2013, absteniéndose de afectarlo con medida de aseguramiento atendidos los fines constitucionales de la misma.
2. Como en ampliación de indagatoria rendida el 7 de mayo siguiente, el procesado manifestó su deseo de acogerse al mecanismo de sentencia anticipada, ese mismo día se realizó la respectiva diligencia de formulación de cargos, en cuyo desarrollo el aludido aceptó el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
3. Remitido el proceso al juzgado de conocimiento, su titular profirió el respectivo fallo anticipado, condenando al procesado a las penas referidas en el acápite inicial de la presente decisión.
4. En virtud de la apelación interpuesta por el propio acusado, el Tribunal Superior de Buga confirmó, en el aspecto impugnado, la sentencia de primer grado.
5. Por lo anterior la defensa acudió al recurso extraordinario de casación, presentando en tiempo el respectivo libelo.
LA DEMANDA
El impugnante formula un único cargo contra la sentencia de segunda instancia, en donde denuncia al Tribunal por incurrir en violación directa de la ley sustancial por interpretación errónea de los artículos 63 y 410 del Código Penal.
Para sustentar el reproche empieza cuestionando al juzgador porque a pesar de determinar la pena en el primer cuarto no impuso la sanción mínima allí establecida bajo el argumento de la gravedad de la conducta. El incremento así efectuado al extremo inferior, añade, lo hizo con base en los mismos elementos que llevaron a encontrar tipificado el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales; ello, en su sentir, no es factible, y por ello pide se readecúen las penas impuestas.
De todas maneras, dice, en este caso se cumple el requisito objetivo para conceder la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Y en cuanto al presupuesto subjetivo, aduce que el procesado no registra antecedentes por otra condena, es un “ciudadano que no es profesional, de 54 años de edad, es bachiller, con hogar conformado con su compañera… con dos hijos… vive en la pequeña población de Alcalá, desde donde ha venido atendiendo siempre el llamado de la justicia por más de doce años para este proceso, sin vicios, ya por su edad es difícil que encuentre trabajo, no se le reprocha socialmente en su comunidad, es sociable, con don de gentes, respetuoso, colaborador en gestiones comunitarias, apreciado en su familia”.
Destaca, además, cómo llegó al primer cargo municipal por el categórico acogimiento de su pueblo. En ese sentido, es del criterio que no se le podía exigir conducta diferente a confiar en personas que ocupaban cargos de tiempo atrás en la administración, como el Jefe de Planeación y los miembros de la Junta de Hacienda, quienes examinaron la documentación, tras lo cual el burgomaestre aprobaba la contratación, sin que éste se apropiara de un solo peso, razón por la cual la justicia lo absolvió del delito de peculado. Ese ilícito, añade, lo cometieron quienes se aprovecharon de su incipiente conocimiento jurídico.
Refiriendo que al aceptar los cargos el procesado esperaba se le suspendiera la ejecución de la pena, finaliza reclamando decisión oficiosa de la Corte habida cuenta de la falta de firma del contrato que lo torna inexistente.
PARA RESOLVER SE CONSIDERA
Conforme la jurisprudencia reiterada de la Corte, en los eventos de sentencia anticipada el impugnante en casación tiene las mismas restricciones que operan para el recurso de apelación si el recurrente es el procesado o su defensor, por cuya razón solamente le asiste interés en los precisos casos a los cuales se refiere el inciso décimo del artículo 40 de la Ley 600 de 2000, esto es, dosificación de la pena, mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad y extinción del dominio sobre bienes, sin que entonces le resulte válido discutir aspectos atinentes a la ocurrencia del hecho o a la responsabilidad, pues ello implicaría una inadmisible retractación a la manifestación de aceptación que en su momento efectuó respecto de los cargos (Cfr. CSJ AP, 7 de feb. de 2007, rad. 26351).
En el caso materia de análisis, si bien el demandante denuncia la violación directa de la ley sustancial por interpretación errónea de los artículos 63 y 410 del Código Penal, al interior del ataque presenta argumentos orientados a mostrar inconformidad frente a la responsabilidad del procesado en el delito por virtud del cual se acogió al mecanismo de sentencia anticipada.
Con tal forma de fundamentar el reproche, sin duda, el censor no hace cosa diversa a plantear una retractación a la aceptación de los cargos manifestada por el acusado en su oportunidad, lo cual, como se dijo, resulta inadmisible en sede de casación.
En cuanto se refiere a la violación directa postulada, el demandante desconoce el principio de autonomía que rige en sede de casación, acorde con el cual el desarrollo del ataque se debe corresponder con su enunciación, porque aun cuando su pretensión se encamina a obtener la concesión del subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, al desarrollar la censura entremezcla cuestionamientos dirigidos contra la dosificación punitiva, desbordando así el motivo del reproche.
De todas maneras, advierte la Sala que en lo atinente al disenso direccionado a la tasación de la pena el actor carece de interés jurídico para recurrir, por cuanto dejó de impugnar ese aspecto al sustentar la apelación que interpuso contra el fallo de primera instancia, ese decir, no hay unidad temática entre lo discutido en la alzada y lo planteado en sede de casación. Sobre dicha figura, esta Corporación ha dicho lo siguiente:
“Bajo el concepto de “unidad temática”, la jurisprudencia de la Corte ha señalado que al sujeto procesal que muestra su inconformidad con la sentencia del Tribunal le asiste interés jurídico, esto es, se encuentra legitimado en la causa por la que aboga, siempre y cuando el tema propuesto en sede de casación haya sido planteado, para su corrección, a través del recurso de apelación, lógicamente respecto del fallo de primer grado.
La regla tiene excepciones, porque si el agravio para la parte nace de la sentencia del Ad quem, o si la postulación apunta a la nulidad del trámite, o si en la primera instancia se imposibilitó el ejercicio del derecho de impugnación, no se puede imponer esa carga porque, en tales supuestos, surge incontrastable que la única vía habilitada para lograr el restablecimiento del derecho es la de la casación” (CSJ SP, 28 de sep. de 2006, rad. 23638).
En el presente caso, emerge evidente la ausencia de interés jurídico del demandante para cuestionar la dosificación punitiva, pues al sustentar la apelación, más allá de plantear inconformidad en relación con la responsabilidad del procesado que, por ende, no le mereció respuesta alguna del Tribunal por ausencia de legitimación, circunscribió el motivo del disenso a la decisión del a quo de negar el subrogado de la suspensión condicional de la pena, guardando absoluto silencio en torno a los criterios aplicados por el juzgador para determinar las sanciones impuestas.
Ya en lo relativo a la violación directa dirigida a obtener la concesión del referido sustituto penal, encuentra la Sala que el libelista se limita a plantear que el procesado carece de antecedentes y ha observado, en general, una buena conducta personal, social y familiar, pero pasa por alto que sobre esos aspectos no se fundó la decisión del Tribunal, en cuanto, incluso, concluyó que en el plenario no obran datos sobre esos tópicos “que permitan derivar en su contra decisiones que le sean adversas”.
El cimiento de la determinación impugnada se asentó en las modalidades y gravedad de la conducta punible realizada, cuyo análisis llevó al Tribunal a inferir la necesidad del tratamiento penitenciario. Esa corporación, en efecto, señaló:
“En lo referente a la modalidad y gravedad de la conducta punible investigada se tiene en cuenta que en este caso el acusado delinquió cuando era la máxima autoridad administrativa de un municipio, circunstancia que por sí misma informa no sólo la gravedad de lo ejecutado, sino el efecto negativo que se produjo sobre los asociados quienes, no sobra recalcar, a través del sufragio depositaron toda su confianza en el servidor público, arteramente traicionada por éste”1.
La modalidad y gravedad de la conducta punible, de acuerdo con el artículo 63 del Código Penal, constituyen algunos de los factores a valorar por el juzgador para efectos de determinar si existe o no necesidad de la ejecución de la pena. Si el fallador fundó la negación de la suspensión condicional, precisamente, en esos criterios, y el casacionista no se esforzó por rebatir tales razonamientos, sino que se limitó a insistir sobre aspectos que en el fallo se dieron por demostrados, es claro que la censura carece de transcendencia, y así debe concluirlo la Sala.
No escapa a la Corte que la Ley 1709 de 2014, de reciente expedición, en su artículo 29 eliminó la obligación de valorar la modalidad y gravedad de la conducta punible como requisito para conceder o no el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, lo cual conduciría a la aplicación de esa norma en este asunto por razón del principio de favorabilidad.
No obstante, advierte la Sala que la propia Ley 1709, en su artículo 32, al modificar el artículo 68A del estatuto punitivo, prohíbe de manera expresa conceder la suspensión condicional de la ejecución de la pena cuando se procede, entre otros punibles, por delito doloso contra la administración pública, tal como acontece en el presente caso, pues la condena se emitió por el reato de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
De lo anterior surge la discusión de si resulta dable aplicar la parte de la precitada disposición legal, en cuanto suprimió la obligación de examinar la modalidad y gravedad de la conducta punible como exigencia para otorgar o no la suspensión condicional de la ejecución de la pena e inaplicar la misma normativa en el aparte en el cual prohíbe la concesión del subrogado para, en su lugar, actualizar la normativa precedente que no consagraba esa prohibición.
Como lo viene recordando la Corte en recientes decisiones, si bien esta Sala ha admitido la denominada lex tertia, igualmente ha dicho que “ello opera en circunstancias muy particulares, también desarrolladas ya por la jurisprudencia de la Sala (CSJ SP, 3 sep. 2001, rad. 16837), que refieren la posibilidad de realizar esa mixtura cuando los preceptos confrontados remiten a institutos, subrogados o sanciones diferentes, y no en los casos en que se busca aplicar un beneficio concreto a partir de tomar en consideración elementos disonantes de las diferentes normatividades en juego” (CSJ SP, 12 de marz. de 2014, rad. 42623; CSJ SP, 2 de abr. de 2014, rad. 43209).
Por eso, como lo concluyó de la misma manera la Corte en las determinaciones precitadas, tomar factores favorables de una y otra normatividades, para así construir el beneficio o subrogado, no solo implica una suplantación ilegal del legislador, sino que finalmente la combinación normativa desnaturaliza por completo la figura del beneficio, desdice de su finalidad y, no por último menos importante, termina por violentar el principio de igualdad.
Conforme a lo expuesto, no resulta entonces procedente, pues ello supondría la creación de una nueva ley, lo cual le está vedado al juzgador, aplicar el artículo 29 de la Ley 1709 de 2014 e inaplicar el artículo 32 de la misma disposición legal para conceder a LEYTON BEDOYA la condena de ejecución condicional.
En consecuencia, por las falencias advertidas en el único cargo formulado, la Corte inadmitirá la demanda de casación objeto de examen.
Al margen de lo anotado, esta Corporación no evidencia vulneración de garantías fundamentales que le impongan intervenir oficiosamente, en orden a preservar su intangibilidad.
En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL,
RESUELVE
INADMITIR la demanda de casación interpuesta por el defensor de LUIS GONZAGA LEYTON BEDOYA.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 187 del estatuto procesal penal, contra esta decisión no procede recurso alguno.
Notifíquese y cúmplase.
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO
JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ
GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ
EYDER PATIÑO CABRERA
PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 Página 4 del fallo de segunda instancia.