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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
Magistrado ponente
AP1147-2015
Radicación n° 45486
(Aprobado Acta No. 94)
Bogotá D.C., cinco (5) de marzo de dos mil quince (2015)
Procede la Sala a definir el incidente de definición de competencia propuesto por la defensa de RAFAEL FERNANDO PARRA CÁRDENAS, respecto de la legitimidad del Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Conocimiento de Yumbo (Valle del Cauca) para adelantar el juicio seguido contra el citado ciudadano por el delito de estafa.
ANTECEDENTES
Los hechos materia de juzgamiento fueron narrados por la Fiscalía en el escrito de acusación de la siguiente manera:
«Los hechos jurídicamente relevantes tuvieron ocurrencia el 1 de mayo de 2013 en momentos en que el señor RAFAEL FERNANDO PARRA CARDENAS le vendió el vehículo de placas EKX-172 marca Mazda, color negro diamante, modelo 2007 al señor JOSE MAURICIO CORREA JARAMILLO mediante contrato de compraventa registrado en la hoja papel minerva VA-08998975 por la suma de $13.000.000, pago que se hizo en efectivo y libre de embargo y/o gravamen alguno y entregándose materialmente el vehículo.
Se tiene mediante denuncia presentada ante la Fiscalía General de la Nación el 6 de junio de 2013 por el señor MAURICIO CORREA JARAMILLO, que el 2 de mayo de 2013 el mismo vehículo lo vendió al señor WILLIAM MENESES en la suma de $14.000.000 pero el 31 de mayo/13 éste último lo llama diciéndole que el vehículo en mención había sido inmovilizado por la Policía Nacional en razón a una orden de embargo y secuestro ordenada por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cali, hecho que originó la devolución de los $14 millones de pesos al señor WILLIAM MENESES y solicitarle al señor RAFAEL FERNANDO PARRA la devolución de su dinero, es decir, de los $13 millones de pesos, dinero que a la postre no han (sic) devuelto.
Una vez se adelantaron los actos investigativos mediante programa metodológico se logró obtener copia del acta de la diligencia de secuestro del vehículo de placa EKX-172 practicado por el Juzgado Quinto Civil Municipal de Cartagena en Comisión realizado en el patio número03, actuación que fue ordenada por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cali, de la mima manera se allegó copia del oficio 4161.11-231 del 22 de julio de 2011 firmado por la doctora AMPARO RAMÍREZ MACÍAS, Inspectora de la Secretaría de Gobierno de Cali y dirigido a la Secretaría de Tránsito de Cali el cual informan el registro de la medida cautelar y la orden de inmovilización del vehículo EKX-172. Finalmente se logró obtener copia del historial del vehículo tantas veces mencionado, donde se observa que le aparece registrado el embargo desde el 22 de noviembre de 2010 por el Juzgado Primero Civil del Circuito por solicitud del Banco de Occidente.
Para la Fiscalía General de la Nación la actuación del señor RAFAEL FERNANDO PARRA es contraria a derecho y por ello se encuentra inmerso en la conducta de estafa agravada por cuanto se tiene que previamente a este hecho había realizado varias negociaciones de vehículos con el señor JOSÉ MAURICIO CORREA el cual constituye un precedente para llegar a inducirlo en el engaño y en el error de venderle el vehículo que a la postre se encontraba con limitaciones de movilidad por parte de la autoridad judicial amén de afirmarle que le estaba vendiendo el rodante libre de todo gravamen…»
ACTUACION PROCESAL
1. En razón del precitado acontecer fáctico, el 24 de julio de 2014 ante el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal con Función de Control de Garantías de Yumbo (Valle del Cauca), la Fiscalía 104 Local le formula imputación a RAFAEL FERNANDO PARRA CÁRDENAS por el delito de estafa agravada conforme los artículos 246 y 247 numeral 4º del Código Penal, modificados por los artículos 14 de la Ley 890 de 2004 y 42 de la Ley 1142 de 2006, respectivamente1.
2. El 9 de septiembre de 2014, la Fiscalía 104 Local de Yumbo (Valle del Cauca) presentó el respectivo escrito de acusación2, el cual le correspondió al Juez Primero Penal Municipal de esa municipalidad, despacho que en audiencia de 17 de octubre de 2014 negó la solicitud de nulidad elevada por la defensa por la presunta transgresión al debido proceso.
Diligencia en la que adicionalmente rechazó la solicitud de impugnación de competencia por factor territorial que éste mismo sujeto procesal presentara, al considerar que los hechos por los cuales fue acusado PARRA CÁRDENAS se materializaron en la municipalidad de Yumbo (Valle del Cauca) mas no en la ciudad de Armenia, pues allí, como bien lo indicara la Fiscalía y lo demuestra el elemento material probatorio incorporado para el efecto, además de haberse suscrito el contrato de compraventa VA-08998975 del vehículo de placas EKX-172, objeto de acusación, se entregó el automotor y el dinero que se canceló por el mismo.
Agregó que, aunque no se desconoce que existe pluralidad de negociaciones de vehículos que se materializaron a través de contratos de compraventa suscritos en Armenia Quindío, ello no era razón suficiente para declararse incompetente, en la medida que la acusación versa única y exclusivamente sobre la transacción comercial realizada el 1º de mayo de 2013 en la localidad de Yumbo Valle.
3. Contra las precitadas decisiones la defensa interpuso recurso de apelación, motivo por el cual corrido traslado a los no recurrentes, las diligencias se remitieron al reparto de los Juzgados Penales del Circuito de Cali.
4. El 26 de enero de 2015 el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali (Valle), se abstuvo de pronunciarse frente al recurso de apelación impetrado por la defensa, al estimar que desde el mismo momento en que se impugnó la competencia el juez a quo estaba obligado, independientemente que compartiera o no la pretensión, a remitir la actuación al competente para dirimir el conflicto, conforme lo dispone el artículo 54 del Código de Procedimiento Penal, pues la nulidad de la actuación en el proceso penal sólo puede ser resuelta por el funcionario competente, en consecuencia, ordenó el envío de las diligencias a la Corte Suprema de Justicia, toda vez que la situación planteada versa sobre la eventual competencia de jueces adscritos a diferentes distritos judiciales.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
De conformidad con los artículos 32-4 y 54 de la Ley 906 de 2004, le compete a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia definir la competencia para adelantar el juzgamiento, cuando quiera que, como en el caso objeto de estudio, la pretensión de la defensa está orientada a conseguir el traslado de la sede del juicio a un distrito judicial diferente a aquél en que se ha iniciado la actuación.
La impugnación de competencia regulada en la Ley 906 de 2004, es connatural al sistema de procesamiento penal acusatorio y difiere del trámite de la colisión de competencias previsto en las legislaciones precedentes3. En efecto su artículo 10 desarrolla el principio de efectividad, el cual se concibe como la armonía que debe existir entre la materialización de los derechos fundamentales de los intervinientes en el proceso y la necesidad de lograr una justicia eficaz con predominio de lo sustancial, caracterizada principalmente por la celeridad con la que corresponde desarrollar la actuación.
Por esta razón, el legislador, al prever la eventualidad de que el juez de conocimiento ante quien se presente la acusación manifieste su incompetencia, o como en este evento, el defensor del acusado impugne la competencia, fijó un procedimiento ágil en desarrollo del cual no se envía la actuación al funcionario que considera debe proseguirla, sino que simplemente debe expresar las razones en las que apoya su declaración y remitirla al superior funcional que, de acuerdo con las reglas que rigen la materia, debe resolverla, evitando de este modo la dilación injustificada de la actuación.
En ese orden, razón asistió al Juez Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali de abstenerse de resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa contra la decisión que negó la nulidad de la actuación y se inhibió de remitir las diligencias a los Juzgados Penales Municipales del Circuito de Armenia Quindío por competencia, pues lo jurídicamente procedente era enviar las diligencias a esta Corporación para resolver definitivamente a quien le corresponde conocer del asunto, pues, se trata de un aspecto que se debe resolver de manera previa a la continuación del trámite respectivo4.
Del caso en concreto
Conforme al artículo 54 del estatuto procesal, el incidente de definición de competencia constituye un mecanismo ágil y expedito a través del cual el superior funcional, en caso de incertidumbre frente a este presupuesto procesal, -la cual puede surgir a iniciativa del funcionario judicial o de las partes- dilucida a quién debe asignársele el conocimiento de la actuación.
Ahora, la facultad de administrar justicia está determinada para cada juez de la República por factores como el personal (concerniente al fuero del sujeto activo del comportamiento delictivo), el objetivo (relativo a la naturaleza de la conducta punible) y el territorial (vinculado con el lugar geográfico en el que se ejecuta el hecho delictivo). Por lo tanto, el funcionario sólo podrá conocer de los asuntos no sometidos a su competencia, cuando ésta le fuere legalmente prorrogada o delegada, cuestión expresamente determinada por el legislador con el objeto de mantener al frente del proceso al juez natural y evitar que se pierda la vigencia de los principios de inmediación, celeridad y economía procesal5.
Tratándose de la competencia territorial de los jueces, de acuerdo con el artículo 14 del Código Penal, se determina: (i) por el lugar donde el autor ejecutó la acción típica o, en los supuestos omisivos, donde debió realizar la acción omitida (teoría de la actividad); (ii) por el lugar donde se produjo o debió producirse el resultado típico (teoría del resultado); y (iii) atendiendo la equivalencia de acción y resultado, indistintamente se acepta como lugar de comisión del delito el de ejecución de la acción como el del resultado (teoría de la ubicuidad).
Por otra parte, el artículo 43 de la Ley 906 de 2004, dispone que es competente para conocer del juzgamiento el juez del lugar donde ocurrió el delito; no obstante, cuando no fuere posible determinarlo, o se hubiere realizado en varios lugares, en uno incierto o en el extranjero, la competencia se fija por el lugar donde se formule la acusación por parte de la Fiscalía General de la Nación, lo cual hará donde se encuentren los elementos fundamentales de la acusación.
En el caso bajo examen y a partir del contenido del escrito de acusación, se conoce que el 1º de mayo de 2013 en la municipalidad de Yumbo (Valle del Cauca) se llevó a cabo una transacción comercial entre el procesado RAFAEL FERNANDO PARRA CÁRDENAS y la víctima JOSÉ MAURICIO CORREA JARAMILLO, en la que el primero transfirió al segundo a título de venta el vehículo automotor clase automóvil Sedan, marca Mazda 3LXNA7, modelo 2007, color negro diamante, placas EKX-172, por un valor de trece millones de pesos ($13.000.000) en efectivo. Dinero que fue cancelado en el acto a PARRA CÁRDENAS, entregándose el vehículo al comprador en perfecto estado, libre de gravámenes, embargos, multas, impuestos, comparendos de tránsito, pactos de reserva del dominio y cualquier otra circunstancia que afecte el libre comercio del bien objeto de dicha negociación, incluyendo la revisión tecno-mecánica y el SOAT.
Aseveración que encuentra respaldo en el documento que tiene como título «CONTRATO DE COMPRAVENTA DE VEHÍCULO AUTOMOTOR PAPEL DOCUMENTARIO MINERVA VA-08998975» y que para el presente trámite fue allegado por la defensa6.
De otra parte, el 2 de mayo de 2013 JOSÉ MAURICIO CORREA JARAMILLO vendió a WILLIAM MENESES el citado automotor en $14.000.000, suma que posteriormente tuvo que reintegrarle en la medida que el 31 de mayo de 2014 la Policía Nacional lo inmovilizó en razón a una orden de embargo y secuestro emitida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cali el 22 de julio de 2011.
Por lo anterior, CORREA JARAMILLO solicitó al imputado PARRA CÁRDENAS la devolución de los $13.000.000 que le cancelara el 1º de mayo de 2013 sin que hasta el momento lo haya realizado.
Esta particular situación, pone en evidencia la presencia de actos dirigidos a obtener un provechó ilícito en un sitio determinado, que no es otro que Yumbo Valle, pues allí fue el lugar donde se desembolsó el dinero cancelado por la transacción comercial realizada entre víctima y victimario, es más, allí fue donde se hizo entrega del automotor que posteriormente fuera inmovilizado atendiendo la medida cautelar que registraba.
Desde luego que la Sala no desconoce que existieron pluralidad de negociaciones comerciales entre víctima y victimario, es tan así que incluso el escrito de acusación hace referencia a que ello sirvió para que el ofendido depositara su confianza y llevara a cabo la negociación en la que finalmente fuera engañado, sin embargo, por esta razón no puede concluirse como lo señalara la defensa que la competencia para conocer del juicio contra PARRA CÁRDENAS radica en los Juzgados Municipales del Circuito de Armenia, pues, como se indicara, la situación fáctica imputada y por la que se radicara la acusación hace referencia es a los artificios y engaños que se presentaron en relación con la transacción comercial referida al vehículo de placa EKX-172, por tanto, será de dicha situación fáctica de la que se podrán derivar las consecuencias jurídicas del caso.
En este sentido, se recuerda que la jurisprudencia de la Sala tiene precisado que para la comisión del delito de estafa es cardinal la obtención del provecho ilícito para sí o para un tercero, con el correspondiente perjuicio de otro, mediante artificios o engaños que induzcan o mantengan a la víctima en error.
La obtención del provecho ilícito, que es el efecto buscado por el sujeto agente, involucra un incremento de su patrimonio y el recíproco menoscabo del de la víctima. En consecuencia, por tratarse de un delito de resultado, se consuma cuando se produce la entrega de los bienes o dinero.
En este sentido, la Corte ha señalado:
“La estafa se consuma en el propio instante en que debido a la inducción en error, el sujeto activo incorpora a su haber patrimonial bienes o derechos que hasta ese momento pertenecían a la víctima o a un tercero, y de los cuales el estafado se desprende, no por expresión de su libre voluntad, sino de su distorsionada comprensión de la realidad, situación a la que se llega a través del ardid, el engaño, las palabras o los hechos fingidos”7.
De lo anterior se concluye, que el conocimiento del presente asunto corresponde al Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Yumbo Valle del Cauca y no como lo sugiere el defensor del imputado, quien desconociendo la situación fáctica imputada y por la que se presentara acusación, pretende que se imponga su criterio para que la competencia se radique en el juzgado homólogo de Armenia (Quindío), olvidando por completo que es la acusación el acto procesal donde se da a conocer de manera concreta las imputaciones referidas a fines de enfrentar el compromiso penal en la etapa del juicio oral.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
RESUELVE
DEFINIR que la competencia para conocer del proceso penal adelantado contra RAFAEL FERNANDO PARRA CÁRDENAS por el delito de estafa agravada, es del Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Yumbo (Valle del Cauca). Por tanto, a ese despacho se regresará la actuación, para que continúe con el trámite correspondiente.
Contra la presente decisión no procede recurso alguno.
Comuníquese y cúmplase.
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO
JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ
GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ
EYDER PATIÑO CABRERA
PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 Folio 1 Carpeta
2 Folios 2-7 ibídem
3 Decreto 050 de 1987, Decreto Ley 2700 de 1991 y Ley 600 de 2000.
4 Artículos 333, 339, 350 de la Ley 906 de 2004.
5 CSJ AP, 18 Mar. 2009, Rad. 31220
6Fl. 31 Carpeta
7 CSJ AP, 16 Dic. 1999, Rad. 16.565.