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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrado Ponente:
GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ
Aprobado Acta No. 386.
Bogotá, D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil trece (2013).
V I S T O S
Decide la Corte sobre la admisibilidad de la demanda de casación presentada por el defensor del acusado LUIS CARLOS GUERRERO RUBIO, en contra de la sentencia de segundo grado proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué (Tolima), el 15 de julio de 2013, mediante la cual confirmó el fallo emitido por el Juzgado Primero Penal del Circuito con funciones de conocimiento de la misma ciudad, el 6 de diciembre de 2011, condenando al mencionado procesado, como autor de la conducta punible de homicidio, a la pena principal de 208 meses de prisión y a la sanción accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término.
H E C H O S
Ocurridos en la ciudad de Ibagué (Tolima), en el proveído impugnado quedaron consignados de la siguiente manera:
“Siendo aproximadamente las 3:30 de la madrugada del 12 de diciembre de 2010, ABRAHAM TÁMARA TIQUE y LUIS CARLOS GUERRERO RUBIO, quienes previamente habían tenido algunas diferencias al parecer por el hurto de un celular, se encontraron fortuitamente en el Barrio Germán Huertas Combariza de donde eran vecinos, discutieron, se tranzaron en una riña que duró apenas unos minutos, luego de los cuales GUERRERO RUBIO, rompió una botella de cerveza que llevaba en su mano, lo que motivó que TÁMARA TIQUE, sacara de su residencia un machete con el que persiguió a GUERRERO RUBIO, quien a la postre le ocasiona con un vidrio una herida que le produjo la muerte”.
ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE
En audiencias preliminares llevadas a cabo el 12 de diciembre de 2010 ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con función de control de garantías de Ibagué (Tolima), se formuló imputación a LUIS CARLOS GUERRERO RUBIO1 por el delito de homicidio y se le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en el lugar de residencia.
Como el imputado no se allanó al cargo formulado, el ente instructor presentó escrito de acusación el 29 de diciembre siguiente, ratificando que se procedía por el ilícito de homicidio, tipificado en el artículo103 del Código Penal, en concordancia con el artículo 14 de la Ley 890 de 2004.
El conocimiento de la etapa del juicio fue asumido por el Juzgado Primero Penal del Circuito con funciones de conocimiento de esa ciudad, despacho que luego de realizar las audiencias de formulación de acusación –el 15 de febrero de 2011-, preparatoria –el 4 de abril de la misma anualidad- y juicio oral -en sesiones del 8 de julio, 16 septiembre y 10 de octubre posteriores-, dictó sentencia el 6 de diciembre de ese año, declarando la responsabilidad penal de GUERRERO RUBIO en la conducta punible contenida en el pliego acusatorio.
Consecuente con su determinación, el A quo le impuso las penas principal y accesoria reseñadas en la parte inicial de este proveído, y le negó los beneficios sustitutivos de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y prisión domiciliaria.
Apelado el fallo por el defensor del procesado, la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué lo confirmó íntegramente, mediante providencia del 15 de julio de 2013, la cual fue oportunamente recurrida en casación por el mismo sujeto procesal.
RESUMEN DE LA IMPUGNACIÓN
Con fundamento en el numeral 3° del artículo 181 del Código de Procedimiento Penal de 2004, el defensor de LUIS CARLOS GUERRERO RUBIO denuncia la violación indirecta de la ley sustancial, por la aplicación indebida del artículo 103 del Código Penal, y la falta de aplicación de los artículos 9 y 32-6 Ibidem, y 7, 380, 381 y 404 de la Ley 906 de 2004, debido al desconocimiento de las reglas de la apreciación de la prueba sobre la que se fundó la sentencia.
Así, luego de transcribir algunas de las consideraciones del Tribunal, postula cuatro cargos en contra de su providencia, los cuales desarrolla de la siguiente manera:
Cargo primero: error de hecho por falso juicio de existencia.
Como punto de partida, el casacionista asegura que los únicos medios de prueba tenidos en cuenta por el Ad quem fueron las testificaciones de Martín Olaya Gómez y Fredy Zapata Clavijo; por ésta razón, lo acusa de haber incurrido “en un concurso homogéneo y sucesivo de errores de hecho por falso juicio de existencia, en la modalidad de omisión”, por pretermitir los testimonios de Erika Lorena Aragón Otavo, James Fabián Galvis Ordóñez, la menor A.A.M.S.2 y el procesado GUERRERO RUBIO, pues, a pesar de que a petición de la defensa fueron decretados oportunamente y escuchados en el juicio oral, se les negó “su potencialidad probatoria de cara al esclarecimiento de los hechos del caso”.
Las declaraciones ignoradas, agrega, permiten afirmar que (i) GUERRERO RUBIO y Támara Tique se agredieron verbalmente, trenzándose en una pelea a puños que duró cerca de cinco minutos, la cual sólo fue presenciada por Olaya Gómez, Zapata Clavijo y Aragón Otavo; (ii) luego de esa confrontación, Támara Tique persiguió con machete en mano a GUERRERO RUBIO con la intención inequívoca de matarlo; y (iii) la muerte de aquél no devino como consecuencia de una segunda riña, sino de la reacción de su defendido frente al ataque actual e inminente de que fue víctima.
En sustento del primer aserto, el demandante trae a colación algunas de las respuestas de Aragón Otavo para confrontarlas con varias de Olaya Gómez y Zapata Clavijo, y concluir así que es justamente la testificación de la primera la que permite determinar que aquéllos acompañaban al occiso esa noche; que el encuentro entre los rijosos fue fortuito y casual, es decir, no lo provocó el acusado; y que esa inicial pelea, que fue a puños, no duró más de cinco minutos.
Del anterior análisis, destaca que la versión espontánea de Aragón Otavo denota “una mayor precisión y consistencia expositiva”, a diferencia de los relatos de los citados deponentes, quienes sólo al final del interrogatorio coincidieron en el “facttum”, cuando fueron cuestionados por la defensa y el juez de conocimiento.
Acto seguido, el memorialista fundamenta su segunda aseveración tomando una respuesta de Fredy Zapata Clavijo y varias de Erika Lorena Aragón Otavo y James Fabián Galvis Ordóñez, enfatizando en que éste último confirma y “guarda completa sintonía con los gritos y el llamado de auxilio” que refiriera la mujer, siendo esta circunstancia la que “justifica y explica su intervención como espectador del suceso”, asi como que no se haya percatado de la riña anterior, ni del momento de la provocación con el rompimiento de la botella por parte de su prohijado, lo cual, aclara, es comunicado por los testigos de cargo.
En refuerzo de lo anotado, señala los puntos de la versión de Galvis Ordóñez que coinciden con la de Aragón Otavo, con el objeto de asegurar que ambas desvirtúan la de Zapata Clavijo, quien falsamente adujo que cuando Támara Tique salió de su casa con el machete a encontrarse con GUERRERO RUBIO, éste “lo esperó ahí”. Asimismo, recaba en el interrogatorio rendido por el primero, con el objeto de exaltar su credibilidad y lamentar que haya sido ignorado por el fallador, a pesar de su solidez, objetividad y “alto grado de fiabilidad” y de que corrobora lo manifestado por la testigo Aragón Otavo, también ignorada.
Según el impugnante, las citadas declaraciones de Galvis Ordóñez y Aragón Otavo fueron confirmadas con el igualmente pretermitido relato de la joven A.A.M.S. -del cual transcribe un extenso apartado-, ya que tuvo la oportunidad de observar el fatal desenlace de la agresión emprendida por Támara Tique en contra de su representado. Este testimonio, añade, demuestra “la ausencia de incrediblidad subjetiva” y es verosímil, en la medida en que confirma la persecución de Támara Tique a GUERRERO RUBIO, lo cual, incluso, también es mencionado por el testigo Olaya Gómez.
Por último, con relación a la tercera conclusión, en la que alude a la legítima defensa, cita el apartado pertinente del interrogatorio rendido por el acusado, con el fin de asegurar que corrobora lo dicho en las tres testificaciones mencionadas, que al igual que la suya, fueron desconocidas por las instancias.
Para el recurrente, entonces, la prueba testimonial omitida permite determinar que no hubo una segunda riña, como erradamente coligió el Tribunal, y que todo obedeció a la provocación de parte del hoy occiso, la cual propició la reacción de GUERRERO RUBIO, debido a la actualidad e inminencia del ataque a que fue sometido.
Cargo segundo: error de hecho por falso juicio de identidad.
Lo pregona el censor respecto del examen de los testimonios de Martín Olaya Gómez y Fredy Zapata Clavijo, asegurando que fueron cercenados. En ellos, agrega, recayó exclusivamente “el peso fáctico de la decisión atacada”, pues, se derivó (i) el acto de provocación del acusado, debido al rompimiento de la botella una vez terminado el combate a golpes, asi como (ii) la existencia de la segunda riña, al final de la cual murió Támara Tique por obra de aquél.
Aunque no discute el primer aspecto, dado que, resulta inverosímil la explicación del procesado sobre el particular, asi como que su novia –Aragón Otavo- no lo haya percibido, lo que se explica en su afán de no perjudicar a su pareja, no sucede lo mismo con el segundo tópico, ya que hay varias circunstancias de los testigos de cargo que fueron cercenadas.
Es así como el libelista selecciona varias respuestas de ambos deponentes, para aseverar que los apartados cercenados corroboran lo afirmado en los testimonios omitidos, lo cual refuerza que el Ad quem dió por acreditada una segunda riña que ni siquiera encuentra respaldo en aquellos, habida cuenta que lo que acreditan “es el acto de provocación del acusado, del cual, queda claro, desistió ante la ostensible ventaja que avistó representaba su adversario, cuando extrajo de su casa el machete como respuesta al rompimiento de la botella”.
Concluye de lo anterior, que los testigos de cargo no fueron confrontados con los demás testimonios y que la consecuencia de ello es una premisa fáctica equivocada de las instancias, al sostener que Támara Tique “falleció con ocasión a una riña o una confrontación”.
Cargo tercero: error de hecho por falso raciocinio.
Se estructura, a juicio del actor, en la consideración del juzgador de segundo grado acorde con la cual no hay legítima defensa porque el hecho se presentó “en igualdad de amas letales”, añadiendo que ninguna “representa una ventaja ostensible respecto de la otra”, dejando de lado que mientras Támara Tique desenfundó un machete, su defendido empleó un pico de botella.
Dicha conclusión, opina, es errada “porque se aparta de las leyes de las física (sic) en cuanto a longitud, forma, peso y volumen que revisten ambos instrumentos, con todo y que, desde el punto de vista forense, los dos puedan catalogarse de tipo corto-contundente”.
Así, tras explicar que el machete tiene una potencialidad lesiva mayor frente al pico de botella, “que genuinamente no reviste la calidad de arma sino, a lo sumo, un elemento contundente (valga decir: una botella antes de despicarse)”, la defensa concluye que aún en el contexto de una riña, jamás puede predicarse esa igualdad de armas que, fruto de un falso razonamiento, se consigna en el fallo acusado.
Cargo cuarto: error de hecho por falso juicio de existencia.
Luego de repasar los argumentos por medio de los cuales el Tribual desechó sus planteamientos en la apelación de la sentencia de primera instancia –atinentes a desvirtuar la existencia de una segunda riña y a pregonar la estructuración de la legítima defensa-, el casacionista vuelve a recurrir a la figura del error de hecho por falso juicio de existencia para denunciar que fueron omitidos los testimonios del médico legista Walter Soler Muñoz y del patrullero de la Policía Nacional John Cortés Suárez, convocados al juicio oral por parte de la Fiscalía.
Fiel a su metodología, transcribe apartes de sus respuestas para luego extractar conclusiones de ellas. Es así como respecto del concepto médico, alude a la naturaleza de la herida causada por su prohijado, y en lo concerniente a la versión del uniformado, simplemente dice que corrobora lo que afirmaron los testimonios omitidos, mencionados en el primer reproche.
Consideraciones finales.
En acápite separado, el memorialista consigna su propio “panorama fáctico”, con el fin de sostener que la “conclusión obvia y elemental a que debe arribarse” es que GUERRERO RUBIO obró en legítima defensa, figura sobre la cual transcribe amplias citas doctrinales a continuación.
Así las cosas, luego de advertir que con el recurso propende por la primacía del derecho sustancial y la efectividad de las garantías debidas a las partes, pide que se case la providencia demandada, para que se emita “fallo de sustentación”, absolviendo a su representado.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1. Cuestión previa.
Siendo evidente que el impugnante desconoce los requisitos de fundamentación requeridos para la admisibilidad de la demanda de casación, desde ya anuncia la Sala que inadmitirá la misma.
Pero, previamente a examinar los cargos postulados en contra de la sentencia objeto de censura, debe reiterar la Corte3 cómo, con el advenimiento de la Ley 906 de 2004, se ha buscado resaltar la naturaleza de la casación en cuanto medio de control constitucional y legal habilitado ya de manera general contra todas las sentencias de segunda instancia proferidas por los Tribunales, cuando quiera que se adviertan violaciones que afectan garantías de las partes, en seguimiento de lo consagrado por el artículo 180 de la Ley 906 de 2004, así redactado:
“Finalidad. El recurso pretende la efectividad del derecho material, el respeto de las garantías de los intervinientes, la reparación de los agravios inferidos a estos, y la unificación de la jurisprudencia”.
Precisamente, en aras de materializar el cumplimiento de tan específicos intereses, la Ley 906 de 2004 dotó a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de una serie de facultades realmente especiales, como lo hizo con aquella consagrada en el artículo 184, a saber, la potestad de “superar los defectos de la demanda para decidir de fondo” en las condiciones indicadas en él, esto es, atendiendo a los fines de la casación, fundamentación de los mismos, posición del censor dentro del proceso e índole de la controversia planteada; y la referida en el artículo 191, para emitir un “fallo anticipado” en aquellos eventos en que la Sala mayoritaria lo estime necesario por razones de interés general, anticipando los turnos para convocar a la audiencia de sustentación y decisión.
Es necesario, sin embargo, inadmitir la demanda si, como postula el inciso segundo de aquél precepto: “el demandante carece de interés, prescinde de señalar la causal, no desarrolla los cargos de sustentación o cuando de su contexto se advierta fundadamente que no se precisa del fallo para cumplir alguna de las finalidades del recurso”.
Atendidos estos criterios, ha señalado la Corte4:
“De allí que bajo la óptica del nuevo sistema procesal penal, el libelo impugnatorio tampoco puede ser un escrito de libre elaboración, en cuanto mediante su postulación el recurrente concita a la Corte a la revisión del fallo de segunda instancia para verificar si fue proferido o no conforme a la constitución y a la ley.
Por lo tanto, sin perjuicio de la facultad oficiosa de la Corte para prescindir de los defectos formales de una demanda cuando advierta la posible violación de garantías de los sujetos procesales o de los intervinientes, de manera general, frente a las condiciones mínimas de admisibilidad, se pueden deducir las siguientes:
1. Acreditación del agravio a los derechos o garantías fundamentales producido con la sentencia demandada;
2. Señalamiento de la causal de casación, a través de la cual se deja evidente tal afectación, con la consiguiente observancia de los parámetros lógicos, argumentales y de postulación propios del motivo casacional postulado;
3. Determinación de la necesariedad del fallo de casación para alcanzar alguna de las finalidades señaladas para el recurso en el ya citado artículo 180 de la Ley 906 de 2004.
De otro lado, con referencia a las taxativas causales de casación señaladas en el artículo 181 del nuevo Código, se tiene dicho que:
a) La de su numeral 1º –falta de aplicación, interpretación errónea, o aplicación indebida de una norma del bloque de constitucionalidad, constitucional o legal, llamada a regular el caso-, recoge los supuestos de la que se ha llamado a lo largo de la doctrina de esta Corporación como violación directa de la ley material.
b) La del numeral 2º consagra el tradicional motivo de nulidad por errores in iudicando, por cuanto permite el ataque si se desconoce el debido proceso por afectación sustancial de su estructura (yerro de estructura) o de la garantía debida a cualquiera de las partes (yerro de garantía).
En tal caso, debe tenerse en cuenta que las causales de nulidad son taxativas y que la denuncia bien sea de la vulneración del debido proceso o de las garantías, exige clara y precisas pautas demostrativas.
Del mismo modo, bajo la orientación de tal causal puede postularse el desconocimiento del principio de congruencia entre acusación y sentencia.
c) Finalmente, la del numeral 3º se ocupa de la denominada violación indirecta de la ley sustancial –manifiesto desconocimiento de las reglas de producción y apreciación de la prueba sobre la cual se ha fundado la sentencia-; desconocer las reglas de producción alude a los errores de derecho que se manifiestan por los falsos juicios de legalidad –práctica o incorporación de las pruebas sin observancia de los requisitos contemplados en la ley-, o, excepcionalmente por falso juicio de convicción, mientras que el desconocimiento de las reglas de apreciación hace referencia a los errores de hecho que surgen a través del falso juicio de identidad –distorsión o alteración de la expresión fáctica del elemento probatorio-, del falso juicio de existencia –declarar un hecho probado con base en una prueba inexistente u omitir la apreciación de una allegada de manera válida al proceso- y del falso raciocinio –fijación de premisas ilógicas o irrazonables por desconocimiento de las pautas de la sana crítica-.
La invocación de cualquiera de estos errores exige que el cargo se desarrolle conforme a las directrices que de antaño ha desarrollado la Sala, en especial, aquella que hace relación con la trascendencia del error, es decir, que el mismo fue determinante del fallo censurado”.
Establecidas las premisas básicas de evaluación, abordará la Sala el estudio de la demanda de casación.
2. El caso concreto.
De acuerdo con los referentes normativos y jurisprudenciales que quedaron reseñados, advierte la Sala varias falencias en la demanda presentada por el defensor de LUIS CARLOS GUERRERO RUBIO, las cuales, como se anunció, dan al traste con su pretensión casacional.
Para empezar, se abstiene de especificar cuál es la finalidad del recurso en los términos del artículo 180 de la Ley 906 de 2004, circunstancia que por sí sola amerita el rechazo de la demanda, la cual constituye en la práctica un simple alegato de instancia, completamente ajeno a la sede casacional, en el cual pretende entronizar su particular visión, obviamente interesada, de lo que estima ajeno a lo que la norma sustancial consagra, absteniéndose de desarrollar una verdadera crítica.
Al efecto, era absolutamente necesario que explicara, en acápite separado, qué pretendía con el recurso extraordinario, esto es, si la efectividad del derecho material, el respeto de las garantías de los intervinientes, la reparación de los agravios inferidos a estos, o la unificación de la jurisprudencia.
Una declaración de tal naturaleza brilla por su ausencia, por manera que no puede entenderse suplida con la manifestación genérica que hace al final de su libelo, en el sentido de que propende por la primacía del derecho sustancial y la efectividad de las garantías debidas a las partes, apenas sustentándolo en su propio análisis probatorio, pero sin explicar las razones que determinan la necesariedad del fallo de casación para alcanzar alguna de las finalidades señaladas para el recurso, de acuerdo con el aludido precepto.
Pero, dejando de lado esa situación, es necesario advertir que ya específicamente delimitados los cargos propuestos en contra de la sentencia, éstos también adolecen de crasos yerros en su postulación, al punto de impedir conocer de la Corte cuál en concreto es la violación trascendente que se reputa de ella.
En efecto, todo indica que la inconformidad del libelista se centra en el examen probatorio de las instancias y, en particular, en la credibilidad brindada a las testificaciones de Martín Olaya Gómez y Fredy Zapata Clavijo, por encima de las rendidas por Erika Lorena Aragón Otavo, James Fabián Galvis Ordóñez, la menor A.A.M.S. y su prohijado. Es asi como pretende desestimar las primeras, denunciando la violación indirecta de la ley sustancial, a causa de errores de hecho en la apreciación probatoria.
Dichos yerros los concreta en cuatro reparos, a saber: el primero, en un falso juicio de existencia respecto de los cuatro últimos testimonios mencionados, aduciendo que fueron omitidos; el segundo, en un falso juicio de identidad por cercenamiento de las declaraciones de los testigos de cargo –los dos primeros aludidos-; el tercero, un falso raciocinio concerniente a una de las inferencias del fallador; y el cuarto, otro falso juicio de existencia, esta vez porque se ignoraron las declaraciones del médico legista y de un patrullero de la policía.
Antes de que la Sala se refiera separadamente a cada uno de estos reproches, debe insistir en que uno de los requisitos formales que debe satisfacer la demanda de casación, es que ésta sea precisa y concisa frente a las causales invocadas y los fundamentos, porque como lo ha venido sosteniendo desde antaño, la casación no es un mecanismo de libre configuración, desprovisto del más elemental rigor, que tenga como fin abrir espacios semejantes a los de las instancias ya agotadas, prolongando debates que se dieron al fragor de la controversia, o buscando generar tardíamente ámbitos de discusión que debieron postularse en su debida oportunidad dentro del proceso.
Debe quedar claro que a esta sede llega la sentencia prevalida de una doble condición de acierto y legalidad, que para desarticularla, tal como se expresa en los cargos propuestos, es necesario que el actor compruebe la existencia de un yerro sustancial con virtualidad de socavar la decisión ya adoptada, y que fundamente el cargo de manera tal que a simple vista sea perceptible el motivo por el cual resulta inexorable la casación deprecada.
En el presente asunto, de entrada advierte la Corte que en la sustentación de las censuras, fundadas en supuestos errores de hecho derivados de la equivocada apreciación de la prueba testimonial y pericial, la defensa incurre en deficiencias de fundamentación, pues, a pesar de que intenta acomodarse a los rigores argumentativos señalados por esta Sala, se queda a mitad de camino, habida cuenta que dejó los reproches apenas enunciados.
Además, el lenguaje empleado en su farragoso texto también es indicativo de que poco conoce del rigor casacional, pues, no otra cosa puede decirse cuando se aventura a denunciar que el Tribunal incurrió “en un concurso homogéneo y sucesivo de errores de hecho por falso juicio de existencia”, o cuando al final de su escrito pide que se case la sentencia demandada, para en su lugar emitir “fallo de sustentación”.
En síntesis, se verá a continuación que lejos de demostrar la comisión de yerro probatorio alguno, la inconformidad del casacionista radica en que las instancias no hayan reconocido que su defendido obró en legítima defensa, tal como concluye de su particular examen de la prueba recaudada.
2.1. Cargos primero y cuarto: errores de hecho por falsos juicios de existencia.
Como en las censuras primera y cuarta se postula la misma clase de error, las deficiencias de fundamentación son comunes y se parte de premisas equivocadas, la respuesta a las mismas se hará de manera conjunta.
Recuérdese que en el primer cargo, el demandante acusa a los juzgadores de desconocer las declaraciones de la defensa rendidas por Erika Lorena Aragón Otavo, James Fabián Galvis Ordóñez, la menor A.A.M.S. y el acusado GUERRERO RUBIO, en tanto, en el tercero hace lo propio respecto de los testimonios de la Fiscalía suministrados por el médico legista Walter Soler Muñoz y el patrullero de la Policía Nacional John Cortés Suárez.
Los cuatro primero los utiliza para sustentar tres conclusiones, que genéricamente se contraen a que LUIS CARLOS GUERRERO RUBIO y Abraham Támara Tique se insultaron y enfrascaron en un pelea a puños, luego de la cual el último sacó un machete de su casa con el que persiguió al primero con el fin de matarlo, situación ante la cual reaccionó el hoy procesado, causándole la muerte, sin que sea cierto que haya habido una segunda riña, como lo coligió el Tribunal.
Ya respecto de las deponencias del galeno forense y el oficial de policía, es que ni siquiera es claro al indicar su trascendencia probatoria, pues, del primero se limita a repetir lo que dijo acerca de la naturaleza de la lesión causada a la víctima y del segundo apenas menciona que corrobora lo dicho por aquellos.
En todo caso, el memorialista asegura que si la prueba en comento no hubiese sido omitida del examen de los juzgadores, habrían arribado a la conclusión de que su representado actuó amparado por la causal de ausencia de responsabilidad de la legítima defensa.
Ahora bien, conforme se señaló en párrafos anteriores, incurre en falso juicio de existencia el fallador que omite apreciar el contenido de una prueba legalmente aportada al proceso (falso juicio de existencia por omisión), o cuando, por el contrario, hace precisiones fácticas a partir de un medio de convicción que no forma parte del proceso, o que no pertenecen a ninguno de los allegados (falso juicio de existencia por suposición).
En el falso juicio de existencia, el error de hecho, por ser protuberante, suele descubrirse con un examen sencillo de las actuaciones, o con la confrontación directa y física del acopio probatorio y las motivaciones del fallo. Lo esencial es que se verifique que el análisis excluyó el elemento probatorio o el hecho que contiene. Es decir, el yerro no se concreta si en la sentencia, pese a no mencionarse de modo expreso el medio de convicción, se aborda su contenido, se valora el hecho que revela y se fija su alcance suasorio5.
En este orden de ideas, el impugnante parte de una premisa equivocada cuando afirma que las testificaciones referidas no fueron apreciadas por las instancias.
En efecto, el juez de conocimiento partió por analizar lo atinente a la tipicidad objetiva, a cuyo efecto tuvo en cuenta, entre otros elementos de juicio, el informe de necropsia que fue introducido como evidencia N° 6 a través de la declaración del médico legista Walter Soler Muñoz.
De igual modo, el A quo valoró las testificaciones de Aragón Otavo, Galvis Ordóñez, la menor deponente y el acusado GUERRERO RUBIO, aclarando que si bien fueron traídas por el defensor para probar la presencia de la causal excluyente de responsabilidad de la legítima defensa, no cumplieron con su cometido, dado que, ofrecían mayor credibilidad a las versiones incriminatorias de Fredy Zapata Clavijo y Martín Olaya Gómez.
Lo anterior fue confirmado por el Tribunal en el fallo atacado, de la siguiente forma:
“Ahora bien, estima la defensa que los testimonios del procesado, de su compañera sentimental ERIKA LORENA ARAGÓN OTAVO, de JAMES FABIÁN GALVIS ORDÓÑEZ, de la menor A.A.M.S. e incluso, el de MARTÍN OLAYA GÓMEZ, coinciden en afirmar, que luego de la inicial riña, el occiso ABRAHAM TÁMARA TIQUE se armó de un machete con el cual persiguió a LUIS CARLOS GUERRERO RUBIO, propinándole un planazo e intentando asestarle un machetazo, agresión ante la cual RUBIO GUERRERO se defiende, y le ocasiona la herida que finalmente le produjo la muerte.
No desconoció el fallador que los hechos pudieron ocurrir como lo advierten los testigos antes citados, pues lo admitió en el fallo cuando acotó: “…en cuanto a la persecución iniciada por TÁMARA TIQUE en contra de GUERRERO RUBIO, es algo que no afecta ni incide en la decisión que está tomando este Juzgador a través de esta sentencia por cuanto como se demostró en acápites anteriores dicha situación fue consecuencia de la provocación que este último hiciera, cuando despicó la botella y esperó en tono desafiante a TÁMARA TIQUE”.
Como acertadamente lo concluyó el a-quo, ese hecho asó concebido, en nada varía la situación del acusado, en el entendido que la condena deviene de una circunstancia que fue declarada en la sentencia con fundamento en los testimonios de MARTÍN OLAYA GÓMEZ y FREDY ZAPATA CLAVIJO, quienes bajo la gravedad del juramento manifestaron que una vez culminó la riña inicial que se suscitó sin armas y cuando habían transcurrido aproximadamente dos minutos, el sentenciado LUIS CARLOS GUERRERO RUBIO, salió hacía (sic) un callejón donde rompió la botella, tal y como lo manifestó MARTÍN OLAYA GÓMEZ y lo ratifica cuando aseguró que: “…se agarraron a los puños, nada más a los puños… ellos se pararon un momentico… ya LUIS CARLOS agarró por el callejón y partió una botella… ya la traía… peto no la traía rota… una cerveza… APATITO (como se le conocía a ABRAHAM TÁMARA TIQUE) arrancó a correr para la casa…”.
En idéntico sentido aparece la declaración de FREDY ZAPATA CLAVIJO, pues en varias oportunidades cuando se le preguntó acerca del momento en que ABARHAM sacó el machete de su casa manifestó…
(…)
Con fundamento en dichas manifestaciones descartó acertadamente el a-quo la legítima defensa, pues se presenta a LUIS CARLOS GUERRETO RUBIO como propiciador o continuador de la riña que instantes antes había cesado y esta vez mediante el uso de armas, circunstancia que impide el reconocimiento de la legítima defensa”.
En suma, no es cierto que las instancias hayan omitido valorar la prueba testifical referida en las censuras primera y cuarta. Simplemente, consideraron que lo depuesto por los declarantes no tenía el alcance probatorio suficiente para acreditar la legítima defensa invocada por el defensor, asi como para desvirtuar los sólidos y creíbles relatos rendidos por los testigos de cargo.
En ese orden de ideas, los yerros que bajo la modalidad del falso juicio de existencia se denuncian, carecen de fundamento en cuanto la prueba que se dice desconocida, no fue realmente ignorada, quedando así evidenciado que lo buscado alegar por el censor, más que la supuesta omisión respecto de varios testimonios, es la valoración desestimatoria que los falladores hicieron de ellos, mientras que, por otro lado, apreciaron otros a los que otorgaron plena credibilidad.
Por ello, si lo querido por el libelista era atacar el examen probatorio concerniente a la prueba que supuestamente favorece los intereses de su defendido –que, se insiste, no fue omitida-, entonces debió dirigir las censuras por la vía del error de hecho por falso raciocinio, en cuyo caso tenía la obligación de indicar de qué manera se quebrantaron los postulados de la sana crítica, por el desconocimiento de las leyes de la ciencia, los principios de la lógica o las máximas de la experiencia.
En consecuencia, siendo claro que el actor se apoyó en una premisa equivocada para sustentar los yerros, la postulación de los reparos primero y último en tales términos, conduce inexorablemente a su rechazo.
2.2. Cargo segundo: error de hecho por falso juicio de identidad.
Lo predica el casacionista asegurando que se cercenaron los testimonios de Martín Olaya Gómez y Fredy Zapata Clavijo, con los cuales se recreó “el peso fáctico de la decisión atacada”, pues, de ellos se derivó el acto de provocación del acusado GUERRERO RUBIO -cuando rompió al botella una vez terminado el combate a golpes-, y la existencia de una segunda riña, al final de la cual murió Támara Tique por obra de aquél.
Claro está, precisa que no discute la primera conclusión, sino lo referente a lo del segundo enfrentamiento, ya que los aspectos cercenados confirman lo aducido por los testigos citados en el primer reproche, cuyo examen fue omitido.
Así las cosas, se tiene que si para la prosperidad de esta censura era necesario que se atendiera favorablemente la primera, el argumento del demandante está llamado al fracaso, no solo porque ya se anticipó la falta de razón frente a los postulado en el cargo anterior, sino también porque de nuevo incumple con los requisitos de fundamentación exigidos cuando en sede casacional se denuncia la incursión en error de hecho por falso juicio de identidad.
Ello, porque el memorialista da a entender que el falso juicio de identidad se presenta porque el juzgador cercenó algunas respuestas que brindaron los citados deponentes, con las cuales se confirman las versiones de los testigos de la defensa, las cuales respaldan su teoría del caso, atinente a una legítima defensa.
Así postulado el reparo, está claro que lo pretendido por el impugnante es abrir un espacio procesal semejante al de las instancias para prolongar el debate respecto de los puntos que han sido materia de controversia. Su propuesta, totalmente desprovista de rigor, desconoce que debe sujetarse a las causales taxativamente señaladas en el ordenamiento procesal y, con observancia de los presupuestos de lógica y argumentación inherentes a cada motivo de impugnación.
En este orden de ideas, tiénese que el recurrente aduce un falso juicio de identidad respecto de los testimonios de Martín Olaya Gómez y Fredy Zapata Clavijo, a efecto de cuya acreditación le correspondía referir objetiva y fielmente el contenido de esos medios de prueba para luego confrontarlo con el contendido atribuido por el fallador en la providencia atacada, y de esa manera evidenciar que en tal labor contemplativa le recortaron apartes trascendentes -falso juicio de identidad por cercenamiento-, o le agregaron situaciones fácticas ajenas a su texto -falso juicio de identidad por adición-, o tergiversaron el significado de su expresión literal -falso juicio de identidad por distorsión-, luego de lo cual era perentorio intentar un ejercicio dialéctico encaminado a mostrar la trascendencia del vicio, en la medida en que al apreciar tal prueba depurada del yerro, en conjunto con los demás elementos de persuasión y con sujeción a los postulados de la sana crítica, la conclusión jurídica que se imponía era diversa y favorable a los intereses representados por el defensor6.
Una disertación semejante a la esbozada no se aprecia en parte alguna de la demanda, limitándose el censor a seleccionar a su amaño varios fragmentos que le interesan de las declaraciones de los citados testigos, para luego con base en su particular e interesada percepción señalar que fueron cercenados para restringir su poder demostrativo, manifestación con la que abandona el yerro anunciado sin haber intentado su desarrollo, para incursionar en otro de naturaleza diferente, como lo es el falso raciocinio, el cual también quedó huérfano de sustento, reducido a una escueta manifestación de propósito, ya que si ese era el verdadero vicio, estaba en la obligación de enseñar, como se ilustró en el anterior acápite, que los falladores desconocieron la sana crítica, precisando la regla lógica, la ley de la ciencia, o la máxima de la experiencia o del sentido común desatendida o indebidamente empleada, para luego explicar cuál de esos postulados era el que correspondía utilizar, o la forma correcta de razonar conforme al elegido por el juzgador, y de esa manera llegar a una conclusión jurídica sustancialmente distinta.
Así, sin plasmar una argumentación que evidencie el específico vicio denunciado u otro de la misma estirpe, el cuestionamiento del libelista queda reducido, frente a las consideraciones expresadas en el fallo demandado, a un insustancial alegato de instancia en el que simplemente ofrece su personal oposición a la valoración probatoria allí plasmada, lo cual, como de tiempo atrás lo ha señalado la Sala, no es suficiente para motivar el análisis de su legalidad, pues, un ataque de ese cariz debe sujetarse a los parámetros establecidos para probar la existencia de yerros manifiestos y esenciales, con incidencia en el sentido de la decisión.
En efecto, frente al falso juicio de identidad, la Sala7 ha insistido en que:
“…[s]e configura cuando el juzgador en el acto de apreciación de la prueba se aparta de su contenido objetivo, al punto que lo lleva a declarar una verdad que no se revela de su contenido.
En la labor demostrativa de la censura, el censor está en la obligación de enseñarle a la Sala en qué consistieron las tergiversaciones de la prueba y cómo la misma incidió en la parte dispositiva de la sentencia.
Por manera que si la censura se diseñó con el objeto de atacar la credibilidad dada a los medios de convicción sustento del juicio de credibilidad, como de manera incansable lo ha dicho la jurisprudencia, tal disparidad de criterios no constituye motivo para recurrir en esta sede, en tanto que el juzgador goza de libertad para justipreciar los distintos medios de convicción, sólo limitado por los postulados que informan la sana crítica y, además, el fallo llega amparado por la doble presunción de acierto y legalidad, es decir, que los hechos que fueron declarados como probados encuentran total correspondencia con los medios de convicción allegados válidamente a la actuación, y que la norma jurídica seleccionada era la llamada a gobernar el asunto”.
Acorde con lo anterior, el cargo segundo será igualmente objeto de inadmisión.
2.3. Cargo tercero: error de hecho por falso raciocinio.
Sostiene el actor que el Ad quem incurrió en un error de hecho por falso raciocinio al descartar la legítima defensa, cuando afirmó que el hecho se presentó “en igualdad de amas letales”, ya que ninguna “representa una ventaja ostensible respecto de la otra”. Ello, porque desconocer que Támara Tique utilizó un machete y su defendido un pico de botella, desconoce las leyes de la física “en cuanto a longitud, forma, peso y volumen que revisten ambos instrumentos, con todo y que, desde el punto de vista forense, los dos puedan catalogarse de tipo corto-contundente”.
En este evento, la argumentación del casacionista no podía ser más pobre, pues, se apoya en una manifestación eminentemente personal para sustentar lo que a su juicio es violatorio de las leyes de la física y, en consecuencia, de los postulados de la sana crítica.
Ello, porque pretende fundamentar su postura a partir de lanzar afirmaciones y críticas genéricas sin ningún tipo de respaldo argumentativo, para a partir de tan precaria propuesta concluir que un correcto examen de las pruebas, habría conducido a determinar cuál de las armas utilizadas por los contrincantes tenía mayor potencialidad lesiva.
Puede apreciarse, entonces, que el cargo se quedó en el mero enunciado, dado que, cuando advierte que las armas utilizadas son diferentes por su longitud, forma, peso y volumen, no está relacionando, así lo diga, alguna ley de la física, sino tratando de introducir una presunta fórmula con el ánimo de controvertir la decisión del Tribunal, que le atribuyó la autoría y la responsabilidad en el homicidio a su prohijado.
Al efecto, era necesario que trajera y explicara la ley de la ciencia desconocida, explicando su determinación científica, de qué forma se construye y, muy especialmente, cómo se aplica en éste asunto.
Nada de ello atiende el memorialista, ya que no dice dónde se hallan insertas esas normas, cómo operan para el caso concreto ni aporta la certificación que las valide dentro de la comunidad científica, sin que sea suficiente para lograr ese cometido, como lo propone, que simplemente afirme que las armas presentan características diferentes.
En efecto, acerca de la forma de invocar la violación de las leyes científicas –de cara a tener por desconocidos los preceptos de la sana crítica-, en otro caso dijo la Corte8:
“Si de verdad lo postulado tuviese vocación de representar alguna ley de la ciencia, cuando menos habría de explicar la casacionista en dónde residen sus características de aceptación, irrefutabilidad y universalidad, a partir de las cuales deducir que, en efecto, siempre la visibilidad de los conductores de camión y su capacidad de reacción se encuentran estrechamente relacionadas con las dimensiones del rodante, la altura de un peatón y la distancia existente entre éste y el vehículo y que siempre la ingesta de alcohol etílico disminuye las capacidades físicas, psíquicas y neurológicas de las personas, para, de esa forma, desvirtuar las conclusiones del Tribunal. Sus asertos ni siquiera se conocen, al menos no lo demuestra la demandante, como teorías científicas, es decir, como enunciados teóricos referidos a los resultados de algún procedimiento razonable, aunque su comprobación e irrefutabilidad universal fuese inestable, lo cual los excluye de la condición de validez universal” (se resalta).
En el asunto del rubro, vuelve a decirse, si el recurrente ni siquiera indica cuál es la ley científica vulnerada, mucho menos puede dar a conocer o explicar dónde residen las características de aceptación, irrefutabilidad y universalidad de su aserto.
En síntesis, los manifiestos desaciertos en la fundamentación del cargo tercero conducen, igualmente, a su inadmisión.
3. Precisiones finales.
3.1. Acorde con lo antes expuesto, la Sala inadmitirá la demanda de casación presentada por el defensor de LUIS CARLOS GUERRERO RUBIO.
3.2. Se deja claro que revisada la actuación en lo pertinente, no se observó la presencia de alguna de las hipótesis que permitirían a la Corte superar los defectos de la demanda para decidir de fondo, de conformidad con el artículo 184 de la Ley 906 de 2004.
3.3. Al recurrente se le hará saber que contra la decisión aquí anunciada procede el mecanismo de insistencia, en los términos ampliamente reseñados por la jurisprudencia de la Sala.
En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal,
R E S U E L V E
1. INADMITIR la demanda de casación presentada por el defensor del acusado LUIS CARLOS GUERRERO RUBIO, en seguimiento de las motivaciones plasmadas en el cuerpo de este proveído.
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 906 de 2004, es facultad del actor invocar el mecanismo de insistencia.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO FERNANDO A. CASTRO CABALLERO
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ
GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ EYDER PATIÑO CABRERA
LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO
Nubia Yolanda Nova García
Secretaria
1 Quien, vale aclarar, esa misma fecha se presentó voluntariamente ante las autoridades.
2 Cuyo nombre no se consigna, en atención a las previsiones del Código de la Infancia y la Adolescencia.
3 Entre otros. autos del 13 de junio y 25 de julio de 2007, Radicados Nos. 27.537 y 27.810, respectivamente.
4 Autos citados anteriormente.
5 Lo ha dicho la Sala, entre otros pronunciamientos, en el auto del 27 de febrero de 2013, Radicado N° 40.585.
6 Entre otros, autos del 25 de agosto de 2010, Radicado N° 24.435, y el ya citado del 27 de febrero de 2013, Radicado N° 40.585.
7 Además del auto citado, en providencias del 12 de septiembre de 2007 y 16 de septiembre de 2009, Radicados Nos. 21.144 y 30.494, respectivamente.
8 Auto del 13 de septiembre de 2010, Radicado N° 34.434.