40076(21-11-12)

2012

Asistente Jurídico Inteligente

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    CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  

SALA DE CASACIÓN PENAL  

                            Magistrado Ponente:   

                                  GUSTAVO      ENRIQUE      MALO  FERNÁNDEZ   

                            Aprobado Acta No. 426.   

Bogotá,  D.C., veintiuno de noviembre de dos  mil doce.   

V I S T O S  

Vencido  el  respectivo término de traslado,  dentro   del   presente   trámite  de  extradición  del  ciudadano  colombiano  JESÚS    MARÍA    COTRINA    CASTILLO,  requerido por el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica,  le  corresponde  a  la  Corte  pronunciarse  sobre  las  solicitudes  de pruebas  elevadas por el delegado del Ministerio Público y por el defensor.   

A N T E C E D E N T E S  

1. El Gobierno de los  Estados  Unidos  de  Norteamérica,  por  conducto  de  su embajada en Colombia,  mediante  nota verbal No. 1359 del 14 de junio de 2012, solicitó del Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  de  Colombia la detención provisional, con fines de  extradición,  del  ciudadano  colombiano JESÚS MARÍA  COTRINA  CASTILLO,  quien  es  requerido  por la Corte  Distrital  de  los  Estados  Unidos  para  el  Distrito  Sur de Nueva York, para  comparecer  en  juicio, toda vez que allí se emitió en su contra la acusación  sustitutiva      No.      S1      12–Cr–294, dictada  el  12  de abril de 2012, en la cual se le formulan cargos por delitos federales  de narcóticos.   

2. El señor Fiscal  General  de la Nación, mediante resolución del 25 de julio de 2012, ordenó la  captura  de  JESÚS MARÍA COTRINA CASTILLO.   

La orden de captura con fines de extradición  se   le   notificó   a  COTRINA  CASTILLO  el  2 de agosto del presente año, en las instalaciones del centro  penitenciario   y  carcelario  San  Sebastián  de  Ternera,  en  la  ciudad  de  Cartagena, lugar en donde permanece recluido.   

3.     La  representación  diplomática  de los Estados Unidos de Norteamérica formalizó  la  petición  de extradición de JESÚS MARÍA COTRINA  CASTILLO,  con  la  nota  verbal  No.  2293  del 27 de  septiembre  de  2012,  en  la  cual reitera que éste es solicitado porque en su  contra   se   profirió   la   acusación   sustitutiva  No.  S1  12–Cr–294,  dictada por la Corte Distrital de  los  Estados  Unidos  para el Distrito Sur de Nueva York el 12 de abril de 2012,  por delitos federales de narcotráfico.   

4.  El  Ministerio de Relaciones Exteriores,  anotando  que  “…el tratado aplicable al presente  caso  es  la  Convención de Naciones Unidas contra el  tráfico  ilícito  de  estupefacientes  y sustancias sicotrópicas, suscrita en  Viena  el  20 de diciembre de 1988”, empero aclarado  que  “Sin  perjuicio de lo anterior, de conformidad  con   lo   establecido   en   el   artículo  6,  numerales  4  y  51   de   la  precitada  Convención,  así  como  el  artículo 496 de la ley 906 de 2004, es  procedente  obrar  de  conformidad con el ordenamiento  procesal   colombiano”,  remitió  la  mencionada  nota verbal y los documentos  anexos  al  de  Justicia  y  del  Derecho,  entidad  que  a  su  vez  envió tal  documentación  a  esta  Corte,  donde  se dispuso que el requerido designara un  apoderado que lo representara dentro de la actuación.   

5.  Después  de  algunos   trámites   relacionados   con   la   designación  de  defensor  para  COTRINA  CASTILLO, se corrió  el  traslado  dispuesto  para  que  los intervinientes se pronunciaran sobre las  pruebas que estimaran conducentes.   

6.  Dentro  del  término  legal,  el señor Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal,  pidió  que  se  oficie a la Fiscalía General de la Nación para que informe si  contra  el  requerido se “…adelantó o actualmente  se  tramita alguna investigación o juicio penal, o ha sido absuelto o condenado  por   algún  delito”,  cuya  procedencia,  asegura,  radica  en que “…si bien la circunstancia prevista  en  el  artículo  565  del  Decreto  2700  de  1991, aplicable por virtud de la  declaratoria  de inexequibilidad del artículo 527 de la Ley 600 de 2000, no fue  incluida  en  la Ley 906 de 2004 que expidió el actual Código de Procedimiento  Penal;  este  remite a Tratados Internacionales y la Convención Americana sobre  Derechos  Humanos establece en su artículo 8 numeral 4, el principio de non bis  in ídem”.   

Además,   porque   esta  Corporación  ha  señalado  que  debe practicarse tal prueba cuando de la documentación allegada  al  trámite de extradición aparezca “evidencia que  apunte  a  demostrar  la  eventual  lesión  del  derecho  fundamental al debido  proceso   por   desconocimiento   del  principio  de  cosa  juzgada.”   

Igualmente,  solicita  el  representante del  Ministerio  Público,  sin precisar la conducencia, pertinencia y procedencia de  la  prueba,  que  se  requiera de la “Registraduría  General  del  Estado Civil” el envío de una copia de  la  tarjeta  decadactilar  a  nombre  de JESÚS MARÍA  COTRINA  CASTILLO,  identificado  con  la  cédula  de  ciudadanía         No.        80’365.306.   

7. Por su parte, el  defensor  designado  por el requerido en extradición, solicitó que se oficiara  al  Juzgado  Único  Penal  del  Circuito  Especializado  de Cartagena, para que  informe  si  en  dicho  juzgado  se  adelantó  el proceso penal radicado con el  número  13–001–60–01129–2010–01286   e   interno   2012–036,      contra      JESÚS  MARÍA  COTRINA  CASTILLO, en curso  del  cual  fue  condenado  y,  en  tal caso, remita copia de la sentencia con la  constancia  de  ejecutoria,  así como de los elementos materiales probatorios y  evidencia  física  que  reposen en el expediente, especialmente, el informe del  investigador  de  campo. También de las audiencias preliminares de formulación  de  imputación  e  imposición  de  medida  de  aseguramiento;  del  escrito de  acusación, preacuerdo y aprobación del preacuerdo.   

Aduce que la pertinencia y conducencia de la  prueba  radica  en  que  los  hechos  por  los  que  fue  condenado JESÚS   MARÍA   COTRINA   CASTILLO   en  Colombia,  son  los  mismos  por  los  que  es solicitado en extradición por el  Gobierno de los Estados Unidos.   

C O N S I D E R A C I O N E S  

Reiteradamente  ha sostenido la Corte que el  objeto  del  concepto que debe rendir dentro de la fase judicial del trámite de  extradición  está  delimitado  por los elementos a que se refiere el artículo  502  de  la  Ley  906  de  2004  y,  en  razón  de ello, las pruebas que pueden  solicitarse  y  practicarse  serán las que conduzcan y resulten necesarias para  establecer  esos  aspectos,  es  decir,  la  validez formal de la documentación  presentada,  la demostración plena de la identidad del solicitado, el principio  de  la  doble  incriminación, la equivalencia de la providencia proferida en el  extranjero  y  el  cumplimiento de lo previsto en los tratados públicos, cuando  fuere el caso.   

Por  ser  coincidente la primera pretensión  probatoria  del  delegado de la Procuraduría con la que consigna la defensa, se  contestarán conjuntamente.   

1.  La doctrina en  vigor  de  la  Corte  consiste  en  tener  como  circunstancia  impediente de la  extradición  que  en  Colombia  la  persona  solicitada  en extradición por un  Gobierno  extranjero  haya  sido  condenada por los mismos hechos por los cuales  está  siendo  reclamado  con anterioridad a la petición de entrega2,   estima  pertinente   la   Sala   verificar   si   respecto  del  requerido  JESÚS  MARÍA COTRINA CASTILLO se presenta  tal situación.   

En   efecto,   en  el  expediente  aparece  constancia  de  que  el solicitado en extradición fue notificado de la orden de  captura  que  con  ese  fin  expidió  la  Fiscalía General de la Nación en el  centro  penitenciario  y  carcelario  San Sebastián de Ternera, en la ciudad de  Cartagena,  porque se encontraba recluido en ese sitio. Además, el defensor, en  apoyo  de  su  solicitud  probatoria, aportó copias informales de una sentencia  condenatoria  proferida  por  el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado  de  la  citada  ciudad  contra  su  asistido  por  el  delito  de concierto para  delinquir,  de  un acta de preacuerdo celebrada entre el procesado y un delegado  del  ente  investigador  y  del  informe  de  campo  elaborado  por  la policía  judicial,  dando cuenta de las actividades ilícitas ejecutadas por COTRINA   CASTILLO   y   otras  personas.   

Por  esa razón, se dispondrá que se oficie  al  Juzgado  Único  Penal  del  Circuito  Especializado  de Cartagena, para que  informe  si  en  ese despacho judicial se adelanta o adelantó proceso en contra  de   JESÚS   MARÍA   COTRINA   CASTILLO,  por  qué  delito  y  si  esta  persona ya fue condenada. En este  último   evento,   deberá   remitir  copia  del  escrito  de  acusación,  del  preacuerdo,  de  la  aprobación  del preacuerdo y de la sentencia condenatoria,  con  la  constancia de ejecutoria, si es que ya se produjo ésta. Asimismo, para  que  remita  copia  de  los elementos materiales probatorios y evidencia física  que  reposen  en el expediente y de los registros de las audiencias preliminares  de    formulación    de    imputación    e    imposición    de    medida   de  aseguramiento.   

2. En lo que tiene  que  ver  con  la  identidad  plena  del  requerido, debe destacarse que ninguna  información  suministra el delegado del Ministerio Público para significar que  la  persona  solicitada  en  las notas verbales números 1359 del 14 de junio de  2012  y  2293 del 27 de septiembre de 2012, como JESÚS  MARÍA  COTRINA  CASTILLO,  alias  “José”,  alias  “Don  R”,  ciudadano  colombiano nacido el 8 de septiembre de 1966 y titular  de  la cédula de ciudadanía número 80’365.306,  no  es  la  misma  a quien se le notificó en el centro de  reclusión  de  Cartagena  la resolución por medio de la cual el Fiscal General  de  la  Nación  ordenó su captura con fines de extradición el 25 de julio del  corriente  año,  ni  es el mismo sujeto que aparece relacionado en el protocolo  suministrado  por  la  Registraduría Nacional del Estado Civil, correspondiente  al  referido  número  de  cédula expedido a nombre de  JESÚS  MARÍA  COTRINA  CASTILLO,  quien  por demás,  asentando  idénticos  datos  biográficos,  suscribió  el acta de derechos del  capturado  y  la  constancia de buen trato, fundamentos que resultan suficientes  para considerar que esta prueba es inconducente.   

Con  mayor  razón  resulta  infundada  la  pretensión  del  delegado  de  la  Procuraduría,  si se tiene en cuenta que el  documento  cuya  incorporación reclama –tarjeta  decadactilar  a nombre de JESÚS  MARÍA  COTRINA  CASTILLO–  reposa         en        el        expediente3.   

En  mérito  de lo expuesto, la CORTE  SUPREMA  DE  JUSTICIA,  SALA  DE  CASACIÓN PENAL,   

R E S U E L V E  

Primero:            Ofíciese al Juzgado Único Penal  del  Circuito  Especializado  de  Cartagena, para que informe si en ese despacho  judicial   se   adelanta   o   adelantó   proceso  en  contra  de  JESÚS  MARÍA  COTRINA  CASTILLO, por qué  delito  y  si  esta  persona  ya  fue condenada. En este último evento, deberá  remitirse  copia  del  escrito  de acusación, del preacuerdo, de la aprobación  del  preacuerdo  y  de  la  sentencia  condenatoria,  informando  si el fallo se  encuentra  ejecutoriado.  Asimismo,  para  que  remita  copia  de  los elementos  materiales  probatorios  y  evidencia  física que reposen en el expediente y de  los  registros  de  las audiencias preliminares de formulación de imputación e  imposición de medida de aseguramiento.   

Segundo:            Negar  la práctica de la prueba  solicitada por el señor Agente del Ministerio Público.   

Contra  esta decisión procede el recurso de  reposición.   

Cópiese,      notifíquese      y  cúmplase.   

JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ  

JOSÉ  LUIS  BARCELÓ  CAMACHO                                          FERNANDO A. CASTRO CABALLERO   

MARÍA    DEL    ROSARIO    GONZÁLEZ  MUÑOZ              GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ   

LUIS  GUILLERMO  SALAZAR  OTERO                            JULIO    ENRIQUE    SOCHA  SALAMANCA   

JAVIER DE JESÚS ZAPATA ORTIZ  

Nubia Yolanda Nova García  

Secretaria    

1         “ARTÍCULO 6o. EXTRADICIÓN.   

(…)  4.  Las  Partes  que no supediten la  extradición  a  la  existencia de un tratado reconocerán los delitos a los que  se   aplica   el   presente   artículo   como   casos   de  extradición  entre  ellas.   

5.  La  extradición  estará  sujeta a las  condiciones  previstas  por  la  legislación  de  la  Parte requerida o por los  tratados  de extradición aplicables, incluidos los motivos por los que la Parte  requerida      puede      denegar     la     extradición.     (…)”   

2 Ver,  entre  otros,  conceptos  del 19 de febrero de 2009, radicado 30374, y del 22 de  abril de 2009, radicado 31036.   

3  Folios 19,  73 y 113     

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