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Proceso nº 36581
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrado Ponente:
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO
Aprobado Acta N°296
Bogotá, D. C., veintidós (22) de agosto de dos mil once (2011).
VISTOS:
La Sala resuelve sobre la admisibilidad de la demanda de casación presentada por el defensor del procesado Teódulo Efrén Quiñónes Caicedo contra la sentencia proferida el 19 de octubre de 2010 por el Tribunal Superior de Pasto, mediante la cual confirmó la dictada el 16 de abril del mismo año por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Tumaco (Nariño), que lo condenó como autor de la conducta punible de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado.
HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL:
1. Los primeros fueron declarados por el ad quem en los siguientes términos:
“El 9 de febrero de 2006, integrantes del Escuadrón Móvil Antinarcóticos, Compañía Trueno del Batallón Fluvial de Infantería No. 70, en operativo conjunto con la Policía Judicial, cuyo objetivo era la ubicación, incautación y judicialización de una caleta de almacenamiento de clorhidrato de cocaína, una vez llegaron al lugar en el que se sospechaba se tenía el producto, observaron salir de un inmueble a Teódulo Efrén Quiñones Caicedo, a quien se solicita autorización para el ingreso al inmueble, en cuyo garaje se encontró una camioneta marca Toyota Hilux, placas ZIK 508, que al ser inspeccionada en el platón se encontraron siete paquetes cuadrados color negro, que contenían en su interior una sustancia pulverulenta de color blanco, identificada pericialmente como clorhidrato de cocaína.
(..)
Al continuar registrando el inmueble, se encontró un kiosko (sic) en la parte posterior, en el que se ubican siete costales en fibra negra, los cuales contenían unos paquetes rectangulares de color habano, los que en su interior tenían una sustancia de similares características al clorhidrato de cocaína; así mismo se halló en una silla de madera, una granera (sic) marca Ohaus, con capacidad de pesaje de 2610 gr.
En una de las alcobas de la vivienda, se encontraba la señora Diana Rocío Sánchez Floriano, acompañada de su hermano menor de 12 años, quien portaba un bolso de color azul claro, en cuyo interior se encontraron $980.000, 3 celulares, 2 marca Nokia y uno Motorola, respectivamente. La señora llevaba consigo 6 anillos y una pulsera, al parecer en oro.
El peso neto de la sustancia fue de 389.544 gr1. y el resultado del operativo fue la captura de las dos personas mencionadas y la incautación de los elementos referidos con antelación”.
2. Clausurada la instrucción, el 30 de junio de 2006 la Fiscalía Cuarta Especializada de Pasto profirió resolución acusatoria contra Diana Rocío Sánchez Floriano y Teódulo Efrén Quiñónes Caicedo como presuntos coautores del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, decisión que quedó ejecutoriada el 15 de septiembre siguiente, luego de ser confirmada por la Fiscalía Segunda Delegada ante el Tribunal Superior de la misma ciudad.
3. La etapa de la causa la adelantó el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Pasto y celebradas las audiencias preparatoria y de juzgamiento, el 16 de abril de 2010 el Juzgado homólogo de Descongestión de Tumaco (Nariño) absolvió a Diana Rocío Sánchez Floriano y condenó Teódulo Efrén Quiñónes Caicedo a las penas principales de 16 años de prisión y multa de 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, así como a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un lapso igual al de la sanción privativa de la libertad, al hallarlo autor responsable de la conducta punible objeto de acusación, así mismo, le negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la sustitutiva de la prisión domiciliaria.
4. Ese fallo fue apelado por el defensor del procesado y el 19 de octubre de 2010 el Tribunal Superior de Pasto lo confirmó, decisión contra la cual el mismo impugnante interpuso recurso extraordinario de casación.
LA DEMANDA:
El apoderado del acusado presenta tres cargos contra el fallo del ad quem, cuyos argumentos se sintetizan de la siguiente manera:
Primer cargo:
Acusa la sentencia del Tribunal por haber incurrido en la violación directa de la ley sustancial, toda vez que aplicó indebidamente el artículo 376 del Código Penal, a consecuencia de estimar cumplidos los requisitos de la flagrancia consagrados en el artículo 345 de la Ley 600 de 2000.
Con el propósito de demostrar el reparo, el actor aduce que la conducta del procesado es “atípica”, pues distinto a lo concluido por el ad quem, no está demostrado un vínculo entre el acusado y el inmueble en donde fue hallada la sustancia estupefaciente, como para predicar que en efecto la almacenaba.
Señala que así como se le dio plena credibilidad a la versión de la procesada Diana Rocío Sánchez Floriano y a los testimonios traídos en respaldo de lo por ella manifestado, por lo cual a la postre se la absolvió, igualmente debe aceptarse el dicho de la citada y del hermano de ésta, al afirmar que el procesado Teódulo Efrén Quiñónes Caicedo era ajeno al inmueble en el cual se encontró la sustancia estupefaciente.
Añade el demandante que como no es factible predicar un vínculo entre su representado y el inmueble, de allí se sigue que tampoco es posible sostener que almacenaba la referida sustancia y, por consiguiente, que se encontraba en flagrancia al arribo de las autoridades al lugar, por lo cual su conducta es atípica.
Tras referir el aparte pertinente de la sentencia de segundo grado en donde se deduce responsabilidad al procesado con fundamento en lo declarado por los miembros del ejército y de la policía que participaron en el operativo, concluye que en realidad el Tribunal no logró demostrar la configuración de una cualquiera de las hipótesis consagradas en el artículo 345 de la Ley 600 de 2000 que recoge el instituto de la flagrancia, como para deducirle la misma al encausado.
Sostiene, con fundamento en lo expresado por Diana Rocío Sánchez Floriano y el hermano de ésta, que si estos sólo conocieron al procesado tres días antes y éste durante ese tiempo no hizo presencia en el inmueble donde se encontró la sustancia estupefaciente, de allí se colige que no la almacenaba, lo cual se constata con la versión de los militares que hicieron parte del operativo, quienes indican que no encontraron prendas de vestir u objetos personales del acusado en el lugar.
Asegura que descartado el vínculo entre el procesado y el inmueble donde se halló la cocaína, igualmente ocurre con la flagrancia, pues en definitiva no se demostró que su representado fuera el propietario del inmueble ni tampoco hay prueba que muestre el momento mismo en el cual se encontraba acomodando los paquetes de cocaína, así que no es posible deducirle la conducta punible contenida en el artículo 376 del Código Penal.
Agrega que en el caso particular se omitió dar aplicación a lo dispuesto en el numeral 10º del artículo 32 del Código Penal, en concreto porque se presentó un error de tipo, en tanto que sin contar con medios de prueba se concluyó que la conducta del acusado era dolosa, lo cual se infirió del hecho de haberse mostrado nervioso y en actitud sospechosa el día de los hechos.
Una vez reitera sus cuestionamientos acerca de la apreciación de la prueba, solicita casar parcialmente la sentencia y, en consecuencia, absolver al enjuiciado Teódulo Efrén Quiñónes Caicedo.
Segundo cargo:
Denuncia el fallo del ad quem con fundamento en la causal segunda de casación, por cuanto evidencia falta de congruencia entre la imputación contendida en el fallo y la atribuida en la resolución acusatoria.
En orden a demostrar el cargo, el demandante sostiene que al procesado en la resolución acusatoria se le imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes consagrado en el artículo 376 del Código Penal, en concreto por concurrir lo preceptuado en su inciso 3º, donde se estipula que si la cantidad de cocaína excede de 100 gramos sin pasar de 2.000, la pena de prisión será de 6 a 8 años de prisión e, igualmente, señaló que se dedujo la circunstancia de agravación prevista en el numeral 3º del artículo 384 ibídem, donde se estipula que tal sanción se duplica cuando la cantidad incautada es superior a 5 kilos.
Advierte entonces que si bien en la sentencia se conserva la imputación de la circunstancia de agravación prevista en el numeral 3º del artículo 384 del Código Penal, se atribuye el inciso 1º del artículo 376 ibídem, el cual dispone que la pena será de 8 a 20 años de prisión, por lo cual estima violado el debido proceso.
De otra parte, cuestiona que no obstante la Fiscalía le concedió la detención domiciliaria como padre cabeza de familia al acusado en los términos de la Ley 750 de 2002, el juzgador no le otorgó la sustitutiva de la prisión domiciliaria con amparo en esa calidad.
Sin más predicados, solicita casar parcialmente la sentencia y absolver al pro
cesado Teódulo Efrén Quiñónes Caicedo.
Tercer Cargo:
Al amparo de la causal tercera de casación se acusa la sentencia del Tribunal por haber desconocido el debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, ya que no obstante que en la etapa de la investigación la Fiscalía le concedió al acusado la detención domiciliaria porque estaban satisfechos los requisitos de la Ley 750 de 2002, decisión que quedó debidamente ejecutoriada, en el fallo se criticó tal postura y sin ofrecer razones se negó ésta y el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, afectándose así la cosa juzgada.
Añade que el ad quem al negar al enjuiciado la sustitutiva de la prisión domiciliaria como padre cabeza de familia, sólo expresó que los menores hijos del citado no se encontraban en estado de abandono.
Sin más argumentos, solicita casar parcialmente la sentencia y absolver al procesado Teódulo Efrén Quiñónes Caicedo.
CONSIDERACIONES DE LA SALA:
Está suficientemente decantado que cuando la Corte examina la admisibilidad de la demanda de casación su interés se concentra en verificar el cumplimiento de unas precisas exigencias de lógica y adecuada argumentación de los cargos, con el propósito de impedir la transformación del recurso en mención en una instancia adicional a las ordinarias ya agotadas.
En este sentido, los requisitos reclamados persiguen que la demanda satisfaga unos presupuestos mínimos de coherencia intrínseca en cada reparo, lo cual supone expresar de forma clara, precisa y completa los argumentos en orden a garantizar el entendimiento del problema jurídico a la Corte, pues no es su función constitucional y legal entrar a descifrar o desentrañar propuestas incompletas, confusas, ambivalentes o contradictorias, al ser el recurso de casación eminentemente rogado.
Corresponde entonces al libelista, constatar si la sentencia contra la cual dirige el recurso extraordinario lo fue por delito, el quantum máximo punitivo de este excede de ocho años y si el fallo fue proferido en segunda instancia por un Tribunal.
A la par, ha de contar con interés para demandar, y de conformidad con el artículo 212 del Código de Procedimiento Penal, es necesario señalar la causal, desarrollar el o los cargos en sustentación del recurso, expresando los fundamentos y las normas infringidas, así como demostrar la trascendencia del fallo en aras de cumplir alguno de los fines establecidos por el legislador en el artículo 206 ibídem, valga decir, la efectividad del derecho material, el respeto de las garantías de los intervinientes, la reparación de los agravios padecidos por éstos o la unificación de la jurisprudencia.
El esfuerzo que precede igualmente debe respetar los principios que gobiernan el recurso de casación y particularmente el de sustentación suficiente, según el cual la demanda debe bastarse a sí misma para provocar la anulación del fallo y, el de crítica vinculante, por cuyo medio se exige una alegación fundada en las causales previstas taxativamente por la normatividad vigente y el cumplimiento de determinados requisitos de forma y contenido, de acuerdo con la causal seleccionada por el actor.
Efectuadas estas precisiones, agota la Sala el examen formal de los cargos postulados por el defensor de Teódulo Efrén Quiñónes Caicedo.
Primer Cargo:
Como este reparo se ampara en la causal primera, cuerpo inicial del artículo 207 de la Ley 600 de 2000, es decir, en el quebranto inmediato de la ley de carácter de sustancial, conviene precisar que el debate en este caso se circunscribe al escenario exclusivamente jurídico y de allí que el casacionista deba asumir incondicionalmente la apreciación de los medios de conocimiento según lo fijó el fallador, pero además, es necesario que se someta a la realidad fáctica declarada en la sentencia objeto de impugnación extraordinaria.
Ahora, tres son los conceptos a través de los cuales se llega a la violación directa de una norma de derecho sustantivo, respecto de los cuales conviene anotar que cada uno de ellos exige composiciones argumentativas claramente definidas e independientes.
Así, cuando lo perseguido es demostrar la exclusión evidente de una norma, impera comprobar el error acerca de su existencia o validez.
Ahora, si se pretende evidenciar la aplicación indebida de una determinada disposición, el esfuerzo ha de orientarse a constatar la defectuosa adecuación del supuesto fáctico probado respecto de la hipótesis contemplada en el precepto.
Finalmente, si lo buscado es poner de presente la interpretación errónea de la norma, la tarea se concentra en comprobar que se le confirió un efecto limitado o excedido distinto al derivado de su contenido.
Además, como la interpretación errónea parte de la base que la disposición vulnerada es correctamente seleccionada, no debe confundirse con los casos donde por dársele un alcance equivocado no es aplicada o se utiliza en forma indebida.
En efecto, es pertinente recordar que la aplicación indebida o la falta de aplicación de una norma puede darse a consecuencia de su errónea interpretación.
En estos eventos, el yerro de hermenéutica conduce, en punto de la aplicación indebida, a desbordar el verdadero sentido de la norma y, por ello, se la pone a gobernar un asunto que no contempla. En cuanto hace a la falta de aplicación, el error en la exégesis del precepto lleva a restringir sus efectos jurídicos y por eso no se la utiliza.
Ahora, cuando se alega que como fruto de la interpretación de la norma ésta se aplica indebidamente, corresponde al impugnante (i) precisar el punto de derecho objeto del ataque y establecer la naturaleza del instituto jurídico recogido en él especificando su ubicación en el ordenamiento positivo, (ii) especificar cuál fue la exégesis dada en la sentencia al mismo, (iii) indicar las razones por las que ella resulta equivocada y (iv) explicar porqué la comprensión propuesta en la demanda es la correcta, lo que impone demostrar la coherencia de la interpretación formulada por el libelista frente a las categorías jurídicas relacionadas con la temática y respecto del universo regulatorio inherente al punto de derecho cuestionado.
Igualmente, conviene mencionar que la simple postulación de una interpretación plausible paralela a la consignada en la sentencia no tiene cabida en sede de casación, por cuanto el recurso extraordinario no está instituido para prolongar discusiones al estilo de las instancias.
En otros términos, frente a la interpretación razonada y razonable de la norma realizada por el Tribunal no es posible intentar el recurso extraordinario, si el orden jurídico, los valores, principios, derechos y demás garantías de las partes e intervinientes, son respetados a través del entendimiento que de los preceptos hace el ad quem.
Al confrontar los requisitos que se deben colmar cuando el cargo se postula con apoyo en la violación directa de la ley sustancial a partir de la aplicación indebida de la norma con el contenido del presente reparo, se advierte que el censor deja de lado la obligación de someterse a la realidad fáctica declarada en el fallo objeto de impugnación extraordinaria, pues rechaza la existencia del vínculo existente entre el procesado y el bien inmueble en donde se halló la sustancia estupefaciente, argumento del cual se vale para rechazar el estado de flagrancia en que se capturó a su representado.
Ahora, para apoyar su particular visión de los hechos, luego crea una situación de equivalencia de condiciones entre la procesada que fue absuelta y su asistido, omitiendo que aquella, en síntesis, simplemente estaba presente en el sitio de los hechos debido a que era una trabajadora sexual, con lo cual se aleja en mayor medida de los requisitos de la causal seleccionada, pues ensaya su personal apreciación de las pruebas, sin que incluso, en gracia de discusión, exprese porqué las conclusiones del Tribunal son equivocadas, pues se limita a ofrecer su versión sobre la valoración de los medios de persuasión.
A la protuberante falla formal advertida se agrega otra no menos profunda, pues en su afán por lograr la absolución de su defendido, alega que la conducta del acusado es atípica y para ello pregona la presencia de un error de tipo, olvidando que en ese caso se debe partir del supuesto de que no se obra con el dolo exigido por el tipo respectivo, o no se actúa con los elementos subjetivos requeridos en el tipo.
Entonces, si el autor ignora, como lo pretende en este caso el demandante, que con su conducta está realizando el aspecto objetivo del tipo, se presenta error de tipo.
Así las cosas, como el error de tipo se presenta cuando no existe conocimiento de que se realiza el aspecto objetivo del tipo, la consecuencia que se deriva es que la conducta se reputa atípica, es decir, el error de tipo funge como contra partida del dolo de tipo, no obstante, la conclusión a la que arribó el Tribunal en este asunto es que el acusado sí sabía de la existencia de la sustancia en el interior del inmueble de donde salió para ser capturado, por lo cual, como se anotó, nuevamente se distancia de las formalidades propias de la violación directa de la ley sustancial.
Así las cosas, si el interés del casacionista era demostrar la concurrencia de un error de tipo, que en el caso particular en el fallo no se reconoció por cuanto se partió de una realidad fáctica diversa a la planteada por el libelista, era deber de éste evidenciar por el sendero de la violación indirecta de la ley sustancial, cómo el Tribunal se equivocó al apreciar la prueba en orden a demostrar que por ello los hechos ocurrieron como lo propone, a efectos de evidenciar el referido error.
Conviene entonces traer los argumentos del Tribunal cuando trató lo relativo a la flagrancia y la responsabilidad de acusado, para enseñar la ausencia de fundamento de lo pregonado por el demandante:
“Los policiales son coherentes en sus afirmaciones, aduciendo que la captura se originó cuando el hoy sentenciado salió del lugar de los hechos, testimonios que merecen toda credibilidad, pues no se evidencia ningún elemento que disuada de la misma, y es éste el relato de los hechos que se encuentra consignado en el acta que se levantó con el operativo.
No sucede lo mismo con los testimonios aportados por la defensa, pues contienen serias contradicciones, como el lugar que ocupaba en el negocio el procesado, mientras el mencionado afirmó que él era el vendedor, Iván Roberto Rodríguez dijo que éste era el comprador; igualmente, se tiene que en las versiones dadas tanto por los testigos como por el mismo enjuiciado, la captura se produjo entre las 11:00 p.m. y la media noche del día de los acontecimientos, cuando lo cierto es que a esta última hora inició apenas el operativo, y más aún, como lo expone el juez de instancia, la defensa trae a una etapa adelantada de la investigación a un personaje (Telmo Marcial Torres) que en ninguna parte del relato expuesto por Quinónes Caicedo, o por Iván Roberto Rodríguez, aparecía como aquellas personas que en ese espacio de tiempo departieron cerveza e hiciesen el recorrido entre Tumaco – La Guayacana – Tumaco, aducido por el recurrente en su escrito, es más, el último de los mencionados afirma que eran sólo cuatro las personas las que se encontraban ese día, Quinónes Caicedo, el supuesto comprador de camarón (Alfredo Meneses), él y un amigo (Héctor Darío).
Otros puntos que descartan la credibilidad del testigo Roberto Rodríguez, es la cuestión de iluminación de la carretera, pues por una parte afirma que la misma era mala, y por otra pudo identificar plenamente que quienes capturaron a Quiñónes Caicedo eran “unos antinarcóticos” y en el mismo sentido afirma que habían bebido “unas 15 cervezas aproximadamente cada uno”, antes de tomar camino hacia La Guayacana, lugar en donde continuaron la ingesta de alcohol, y aún así, aduce pudo determinar la calidad de los oficiales que intervinieron en el operativo.
Las anteriores razones, aunadas a las expuestas por el juez a quo en la providencia recurrida, en criterio de la Sala, son suficientes para declarar que los testigos aportados por la defensa no merecen credibilidad.
Siendo así, tanto el acta presentada como los testimonios de los policiales, generan certeza sobre las circunstancias en que fue capturado el procesado, por lo que en concordancia con la normatividad puede afirmarse correctamente que fue aprehendido en flagrancia, pues esta persona es quien se encontraba custodiando la sustancia estupefaciente, y al salir de la vivienda en donde se encontraba la misma, sucedió el acontecimiento puesto en discusión.
(…)
Agotados estos temas, queda por resolver la tipicidad de la conducta, aspecto discutido por la defensa, aduciendo que no se configura la conducta punible por no enmarcarse la misma en el verbo rector almacenar.
Este tópico es tratado por el recurrente fundamentado principalmente en la ausencia de flagrancia, cosa que como ya se dijo existió en el presente caso, además manifiesta que nunca se vinculó el inmueble con el procesado y que el tiempo necesario para almacenar la cantidad incautada es de por lo menos 15 días.
A lo anterior la Sala responde que el hecho de no demostrarse el derecho de dominio de un bien, ya sea mueble o inmueble, no implica necesariamente que la persona no haya cometido un delito, como ya se dejó sentado con anterioridad, y el tiempo requerido para el almacenamiento de la sustancia también es demasiado relativo, y no es del caso analizar tal cuestión, pues lo que se juzga es el hecho de almacenar, esto es, mantener una sustancia alucinógena como en este caso bajo responsabilidad de una persona, en un determinado lugar, con el propósito de trasladarlo con posterioridad a su destino.
Sin embargo, deberá sentarse, que contrario a lo expuesto por el impugnante, la responsabilidad del encartado no sólo se encuentra demostrada con el indicio de mala justificación, pues a este debe sumarse el indicio de presencia en el lugar de los hechos, lo cual se deduce de los testimonios de los oficiales que participaron en el operativo y quienes observaron al enjuiciado saliendo del inmueble en donde se encontraba localizada la sustancia estupefaciente, y la flagrancia, que conjuntamente brindan certeza a la autoridad judicial para proferir sentencia condenatoria”.
Así las cosas, emerge con claridad que el demandante redujo su discurso a plantear bajo su visión personal tanto los hechos como la apreciación de las pruebas, a partir de lo cual pretendió desvirtuar la flagrancia y la responsabilidad del procesado en la conducta punible por la que se lo acusó, por tanto, el cargo se inadmite.
Segundo Cargo:
Constantemente esta Colegiatura ha señalado que la formulación de una censura con base en la causal segunda de casación supone aceptar la responsabilidad penal del procesado pero no en la intensidad señalada en el fallo, por lo cual la aspiración del casacionista debe dirigirse a atemperar la sentencia a la imputación consignada en la resolución acusatoria.
Entonces, cuando se invoca la causal aludida, la tarea que ha de adelantar el censor se concreta a identificar en cuál de los aspectos que integran la imputación es que se evidencia el desbordamiento que se refleja en las conclusiones de fallo impugnado por vía extraordinaria, es decir, si en el personal, en el fáctico o en el jurídico.
Ahora, la constatación de estos aspectos debe ser el resultado de la observación objetiva e íntegra de la resolución acusatoria o su equivalente, mas no el fruto de la simple remisión a la parte resolutiva de la pieza acusatoria2.
Además, no debe perderse de vista que cuando se invoca la causal segunda, es del resorte del demandante no solo acreditar la fractura de la correlación que ha de existir entre los cargos formulados y la sentencia, sino patentizar que dicha incorrección produce un agravio para los derechos del inculpado, pues en virtud del principio de trascendencia que gobierna el recurso extraordinario, las irregularidades que no comporten afectación a las garantías de los sujetos procesales carecen de incidencia para disponer la casación del fallo impugnado.
En el caso particular se evidencia que el censor incurre en un inicial error al pretender, con fundamento en la causal invocada, la absolución de su representado, con lo cual ignora que ésta se encuentra instituida para salvaguardar la estructura del proceso, de manera que su fin, como se dijo, es armonizar el fallo con el pliego acusatorio pero no la exoneración total del procesado.
A la anterior inconsistencia se suma otra no menos profunda, pues convenientemente presenta el cargo prescindiendo del contenido de la acusación para mostrar una presunta incongruencia entre la imputación jurídica allí consignada y la contenida en la sentencia.
En efecto, deja de lado que en el caso particular inicialmente la imputación fáctica se concretó al hallazgo de aproximadamente 425 kilos de cocaína en el interior de un inmueble donde se encontraba el procesado, cantidad que luego se determinó que tenía un peso neto de 389,54 kilos, conforme aparece en la resolución acusatoria de segundo grado.
Ahora, si bien en la resolución acusatoria de primera instancia se imputa el inciso 3º del artículo 376, que establece que si la cantidad de cocaína excede de 100 gramos de cocaína sin pasar de 2.000 la pena será de 6 a 8 años de prisión, igualmente es preciso mencionar que se dedujo la circunstancia de agravación prevista en el numeral 3º del artículo 384 ibídem, esto es, cuando la cantidad de cocaína incautada sea superior a 5 kilos.
Así las cosas, de atender la postura del demandante, se presentaría una contradicción, pues el inciso 3º del artículo 376 del Código Penal tiene un tope para su aplicación de 2.000 gramos de cocaína, mientras que el inciso 3º del artículo 384 ibídem procede cuando la cantidad incautada de tal sustancia es superior a 5 kilogramos, es decir, si supera 5.000 gramos.
Dicho en otros términos, bajo el entendimiento del actor el inciso 3º del artículo 376 se aplica porque la cocaína no pasa de 2000 gramos, pero paradógicamente procede el agravante del artículo 384 que procede cuanto la referida sustancia es mayor de 5.000 gramos.
Tal visión indudablemente es el resultado de apreciar parcialmente el contenido de la resolución acusatoria, en donde con toda claridad se precisó que el peso neto de la cocaína era de 389,54 kilos, dato a partir del cual se dedujo la circunstancia de agravación prevista en el numeral 3º del artículo 384 del Código Penal, por lo que es bajo esta lógica que se debe entender citado el artículo 376 y no como contradictoriamente lo pregona el censor.
En esa medida, es evidente que en el caso particular se respeta el principio de congruencia, en particular como quedó establecido en la Ley 600 de 2000, donde el legislador adoptó un régimen que, en lo esencial, tiende al denominado sistema naturalista, conforme al cual el juez jamás podrá sustentar un fallo de condena que incluya acciones comportamientos o circunstancias que, aunque probadas dentro del proceso, jamás hayan hecho parte de la imputación fáctica contenida en la calificación del mérito del sumario3.
Lo anterior a su vez permite concluir que si la causal invocada por el libelista persigue asegurar el debido proceso y en el caso particular esta garantía no se vio desconocida por el fallo, de allí se sigue que el cargo carece de trascendencia, uno de los requisitos que inicialmente se anunciaron como necesarios para la formulación adecuada del cargo.
Más allá de lo anterior, se tiene que en el mismo cargo se alega que durante la etapa de la investigación se concedió la detención domiciliaria como padre cabeza de familia al procesado, mientras que el juzgador no le otorgó la sustitutiva de la prisión domiciliaria en los términos de la Ley 750 de 2002, respecto de lo cual es preciso señalar que una queja con ese alcance al interior de un cargo que ha sido formulado al amparo de la causal segunda riñe con el principio de autonomía, en tanto que cada causal tiene una particular manera de presentación y comprobación, amén de que la referida queja sólo se deja planteada.
Por tanto, ante la ausencia de lógica y adecuada argumentación del cargo, lo cual condujo a buscar un efecto que no se deduce de su naturaleza, a lo que se suma que no se tuvo en cuenta el contenido íntegro de la resolución acusatoria y de allí la intrascendencia del reparo, además de que en último término se ensaya un reproche en un todo ajeno a la causal invocada pretermitiéndose así el principio de autonomía, se impone la inadmisión del cargo.
Tercer cargo:
Cuando el reparo se invoca con apoyo en la causal tercera de casación consagrada en el artículo 207 de la Ley 600 de 2000, como ocurre en este caso, corresponde al impugnante precisar la especie de irregularidad sustantiva generadora de la invalidación, los fundamentos fácticos y las normas vulneradas, así como las razones del quebranto; labor argumentativa que debe desarrollar ajustándose a la realidad procesal.
Así mismo, el censor ha de determinar el tramo de la actuación donde el defecto surte sus consecuencias, expresando la causa por la cual no hay manera distinta para restaurar el derecho menoscabado que optar por la declaratoria de nulidad.
Además, corresponde al recurrente acreditar que la irregularidad denunciada produce una secuela negativa y esencial en la declaración de justicia contenida en el fallo impugnado, pues el recurso extraordinario no puede sustentarse en especulaciones o en aspectos incapaces de originar el desconocimiento de garantías.
Igualmente, si estima que concurren varios motivos de nulidad, le corresponde proponerlos en cargos separados y presentarlos de acuerdo con su cobertura de afectación del trámite. Además, si invoca reparos con fundamento en otras causales, primero debe postular los que denuncian vicios in procedendo.
Al confrontar el contenido de la censura con las exigencias de lógica y adecuada argumentación puestas de manifiesto, se observa que no se encuentran satisfechas las mismas, pues de entrada se observa que no se tuvo en cuenta el principio de prioridad, conforme al cual, cuando se formulan cargos que denuncian la nulidad de la actuación, estos se deben proponer inicialmente cuando se ensayan otros por causales distintas y si son varios de aquéllos, han de postularse según el grado de afectación de proceso.
La razón de que así deba ocurrir es que de prosperar la nulidad, los cargos amparados en otras causales pierden razón de ser, pues en ellos se parte del supuesto de que la actuación se ha surtido válidamente.
Igualmente, se observa que se omite el citado principio, por cuanto al interior de la misma censura se ensayan dos aspectos que se dice violan el debido proceso, amén de que con ello también se desconoce el principio de autonomía, conforme al cual cada reproche en casación tiene una particular forma de postulación y demostración.
En efecto, de un lado, se alega la falta de motivación de la sentencia y, de otro, se discute el desconocimiento de la cosa juzgada.
En cuanto hace a lo primero, es preciso recordar que la Sala ha decantado los eventos en los cuales las inconsistencias en la motivación de la sentencia conducen a una actuación irregular.
Así, tiene definido que un primer defecto se presenta cuando la motivación del fallo es ausente, lo cual sucede en los casos donde no se precisan los fundamentos fácticos y jurídicos que le dan sustento.
En segundo término, señala que también puede ocurrir que la motivación sea deficiente o incompleta debido a la precariedad de la argumentación consignada en el fallo, al punto que se hace imposible conocer cuál es el sustento de la decisión, o no se examina algún fundamento fáctico o jurídico esencial o, incluso, cuando se dejan de lado los alegatos de los sujetos procesales respecto de temas trascendentales.
En tercer lugar, la motivación de la sentencia puede ser equívoca, ambigua, dilógica o ambivalente, situación que se configura en los casos donde el fallo contiene expresiones o conceptos excluyentes entre sí y, por tal motivo, no es posible desentrañar su sentido, o las razones expuestas en la parte motiva no explican la parte resolutiva.
Conviene agregar que la Sala ha sostenido, en los asuntos en los cuales la motivación del fallo es sofística, aparente o falsa, es decir, cuando no encuentra respaldo en la verdad probada a través del proceso, que en tales supuestos se está ante un vicio in iudicando4, por cuanto a pesar de ser comprensibles las consideraciones de la decisión, el error surge al apreciar las pruebas y de allí la necesidad de postular la censura a través de la causal primera, cuerpo segundo, es decir, alegando la violación indirecta de la ley sustancial.
En esa medida, de lo anterior se sigue que en este caso el impugnante alega que se está ante una motivación deficiente o incompleta, pues, en su opinión, no se ofrecieron suficientes argumentos en orden a sustentar porqué se negó al procesado el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria en razón de su calidad de padre cabeza de familia.
En este sentido, correspondía al censor entrar a demostrar cuál fue el contenido del fallo en orden a evidenciar la motivación deficiente, lo cual no logra enseñar, pues de haber acometido esa tarea habría advertido la carencia de fundamento de su queja.
En efecto, una revisión objetiva de la sentencia muestra todo lo contrario, pues atendiendo al principio de unidad jurídica inescindible, conforme al cual los fallos de primer y segundo grado integran un solo cuerpo cuando tiene el mismo sentido, se observa que en relación con el subrogado penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, se afirmó por el a quo:
“En el tema de la alternativiad penal, la gravedad de la conducta punible y la pena impuesta hacen improcedentes análisis tendientes a buscar la aplicación de mecanismos alternativos a la prisión en centro carcelario, es decir, en términos de los artículos 63 y 38 del Código Penal, resultan inaplicables tanto el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena como el sustituto de la prisión domiciliaria, por lo que el condenado deberá purgar la totalidad de la pena impuesta en el centro carcelario que para el efecto determine el INPEC, sin perjuicio obviamente de descontar pena con estudio o trabajo.
(…)
Entonces, como la gravedad de las conductas punibles se miden a partir de sus consecuencias jurídicas, que en criterios de política criminal fue la que el incriminador primario consideró proporcional para el daño cometido, resulta apenas lógico que tratándose, este caso, del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en cantidad superior a 5 kilos de cocaína, no resulte procedente la aplicación de ningún método alternativo, no solo por la cantidad de pena, que supera con creces la establecida como presupuesto objetivo, sino por la gravedad de la conducta, como criterio subjetivo y que hace a la proporcionalidad inversa a la contemplada en la forma prohibitiva y la mayor afectación al bien jurídico tutelado”.
Así las cosas, es evidente que distinto a lo pregonado por el demandante, en el fallo se expresaron argumentos suficientes para negar la suspensión condicional de la ejecución de la pena, pues no solo se citó la normatividad que amparó tal conclusión, sino que también se ofrecieron razones para adoptar la anotada decisión.
De otra parte y en lo que respecta a la violación del postulado de la cosa juzgada, inicialmente es pertinente señalar que el censor parte de un supuesto equivocado para hacer tal afirmación.
En efecto, el principio de la cosa juzgada hace relación a que las sentencias judiciales ejecutoriadas, o decisiones con igual alcance, valga decir, las preclusiones de la instrucción y las cesaciones de procedimiento, en cuanto ostentan un carácter definitivo e inmutable, son material y jurídicamente intocables y resultan de obligatorio acatamiento para el juez, las partes, los particulares, y, en general, para el conglomerado social.
Conviene precisar que el principio de la cosa juzgada puede darse en dos sentidos, esto es, formal y material, siendo esta última especie a la que se alude frente a las sentencias judiciales y demás decisiones con la misma fuerza vinculante que las hace inmodificables.
Otro asunto son entonces aquellas determinaciones que se adoptan durante el trámite del proceso penal, las cuales gozan de una relativa estabilidad y por ello se predica de ellas la cosa juzgada formal, en tanto pueden ser objeto de modificación dadas unas específicas condiciones jurídicas, como ocurre con la resolución inhibitoria o la medida de aseguramiento5.
Hecha la claridad anterior, debido a que el cuestionamiento respecto de la negativa a conceder la prisión domiciliaría al procesado como padre cabeza de familia se sustenta en que no se motivó suficientemente el fallo en este aspecto, la Sala reitera lo afirmado en precedencia y por tanto recuerda que en este evento era deber del libelista enseñar cuál había sido el contenido de la sentencia en relación con el punto anotado, en orden a mostrar las deficiencias argumentativas que condujeron a hacer incomprensible el contenido del fallo frente a este tópico.
Ese esfuerzo argumentativo es soslayado por el demandante, quien se conforma con criticar al Tribunal porque señaló que no era posible predicar la calidad de padre cabeza de familia del procesado debido a que los menores no estaban en estado de abandono.
La realidad procesal muestra entonces que el ad quem se ocupó del aspecto anotado suficientemente y al respecto sostuvo:
“Agotado lo anterior, y visto que la decisión en torno a la condena será confirmatoria, se abordará la tesis subsidiario de la defensa, cual es que la no concesión del beneficio de la prisión domiciliaria a favor de su prohijado, vulnera el principio de la cosa juzgada.
Ante lo anterior, hay que aclarar al recurrente, que las decisiones adoptadas por la fiscalía no son obligatorias para el juez de conocimiento, puesto que las mismas se producen en una etapa anterior a la del juicio, en donde se están recaudando las pruebas que van a ser utilizadas con posterioridad.
Además, al tomar la decisión la Fiscalía no tuvo en cuenta las exigencias legales, pues pasó por alto que los menores no se encontraban en situación de abandono o desprotección, ya que contaban con el apoyo de su madre, lo cual hace que para el caso en cuestión no sea aplicable tal prerrogativa, aunado a ello, debe tenerse en cuenta que no se demostró que la progenitora de los hijos del sentenciado estuviere discapacitada, lo cual le impidiese cumplir con sus obligaciones”.
Así las cosas, lo que se evidencia es que a través de la causal tercera de casación el actor quiso cuestionar el fallo en punto de la negación al procesado de la pena sustitutiva de la prisión domiciliaria como padre cabeza de familia, trayéndose como argumento una inexistente falta de motivación de la sentencia, por lo que en gracia de discusión, el actor ha debido perfilar su censura a través de la violación indirecta de la ley sustancial, a fin de mostrar que con los elementos de persuasión y vista la normatividad aplicable al respecto, estaban cumplidos los requisitos jurídicos para el otorgamiento del instituto anotado. En esa medida, el cago se inadmite.
En resumen, la carencia de fidelidad frente a la actuación procesal, así como la ausencia de requisitos de lógica y adecuada argumentación evidenciados por la demanda imponen su inadmisión.
Finalmente, atendiendo a los fines de la casación, fundamentación de la misma, posición del impugnante dentro del proceso e índole de la controversia, no se encuentra violación de garantías fundamentales de incidencia sustancial ni procesal que deban ser protegidas oficiosamente y conduzcan a superar los defectos de la demanda, por lo que se impone su inadmisión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 212 y 213 del Código de Procedimiento Penal.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
RESUELVE:
INADMITIR la demanda de casación presentada por el defensor de Teódulo Efrén Quiñónes Caicedo, por las razones expuestas en la anterior motivación.
Contra esta providencia no procede ningún recurso.
Cópiese, notifíquese y devuélvase al Tribunal de origen.
Cúmplase.
JAVIER ZAPATA ORTIZ
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ
ALFREDO GÓMEZ QUINTERO MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS
AUGUSTO IBÁÑEZ GUZMÁN JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 Trescientos ochenta y nueve mil quinientos cuarenta y cuatro gramos (ver folio 26 del cuaderno original N° 1).
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 28 de mayo de 2008, radicación No. 22959.
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 1º de noviembre de 2007, radicación No. 23734.
4 Cfr. Sentencias del 12 de diciembre de 2005 y del 7 de febrero de 2007, Radicados No. 24011 y No. 23331.
5 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 2 de diciembre de 2008, radicación N° 30707.