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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACION PENAL
Magistrado Ponente
Luís Guillermo Salazar Otero
Aprobado Acta No. 369
Bogotá, D.C., dos (2) de octubre de dos mil doce (2012)
ASUNTO
Procede la Sala a resolver las peticiones elevadas por el defensor del postulado JORGE IVÁN LAVERDE ZAPATA, la apoderada del señor Salvatore Mancuso D’Angiolella, los representantes de víctimas dentro de los homicidios de Carlos Alberto Rodríguez Gafaro (caso No. 5), Ever Duarte Ortega (caso No. 19), José Ascensión Osorio Castellanos (caso No. 24), Carlos Arturo Pinto Bohórquez (caso No. 29) y el secuestro de Hamilton Alexander Casadiego (caso No. 21), quienes solicitaron aclaración y adición del fallo de 6 de junio de 2012, así como acerca de la renuncia a la indemnización presentada en representación de Isabel Zoraida Jaimes Olarte, Carla Lorena Pinto Jaimes y Katia Milena Pinto Jaimes, en relación con el homicidio de Carlos Arturo Pinto Bohórquez (caso No. 29).
CONSIDERACIONES
1. Extinción de dominio de un predio
En escritos de 26 de junio, la apoderada judicial de Salvatore Mancuso D’Angiolella y el defensor del postulado JORGE IVÁN LAVERDE ZAPATA solicitaron a la Sala aclarar el fallo en relación con la orden de extinción de dominio del predio denominado “El Cortijo”, identificado con matrícula inmobiliaria número 140-18662 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Montería.
Recordaron que en el proceso radicado 37.284, la Sala Penal de la Corte Suprema decidió confirmar la decisión del 22 de agosto de 2011 emitida por la Magistrada de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bucaramanga, mediante la cual ordenó levantar la medida cautelar que recaía sobre el mencionado inmueble, en razón a que se demostró la condición de tercero de buena fe que ostenta el señor Salvatore Mancuso D’Angiolella.
Examinada la referida actuación, se observa que efectivamente por medio de auto del 14 de diciembre de 2011, en relación con la situación del predio “El Cortijo”, se pronunció la Sala en los siguientes términos:
“(…) es posible entender cómo si bien el señor Salvatore Mancuso Gómez figura como titular del derecho de dominio, su padre SALVATORE MANCUSO D’ANGIOLELLA ostenta el derecho real de posesión, situación reconocida en la sentencia proferida el 16 de febrero de 2010 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Montería, decisión constitutiva del título para reputarse, además, propietario.
Y si bien la sentencia, que ahora constituye el título de propiedad en favor de SALVATORE MANCUSO D’ANGIOLELLA, no se ha podido inscribir en el folio de matrícula inmobiliaria, ello obedece a la existencia de varias medidas cautelares registradas sobre el mismo, circunstancia que para efectos de este trámite incidental no modifica los derechos ostentados por el peticionario.
Tal situación explica, además, porqué Mancuso Gómez no pudo concretar su intención de transferir el bien a su padre, como lo cuestionan los recurrentes, pues a pesar de que en 1997 otorgó poder a su hermano César Mancuso Gómez para suscribir escritura de venta, sobre el bien figuraban diversos gravámenes”.1
Es tales condiciones, ante la necesidad de propender porque las decisiones emitidas por la Corte Suprema de Justicia en cualquiera de sus Salas guarden total coherencia con el fin de garantizar la seguridad jurídica en los diversos trámites, y dado que en el pronunciamiento reproducido en sus apartes pertinentes se decidió que el predio pertenece a Salvatore Mancuso D’Angiolella en calidad de tercero de buena fe, ha de concluirse que la aclaración solicitada es procedente, máxime cuando los intereses de las víctimas no sufren desmedro alguno, como tampoco se afectan los cimientos del proceso de Justicia y Paz, toda vez que la materialización de la reparación a los perjudicados se encuentra garantizada, tal como se explicó en la parte motiva de la sentencia emitida por la Sala.
Así las cosas, resulta necesario aclarar el numeral 5° de la sentencia de 6 de junio de 2012, en el sentido de confirmar la decisión de primera instancia en cuanto se abstuvo de decretar la extinción del derecho de dominio del predio “El Cortijo”, identificado con matrícula inmobiliaria número 140-18662 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Montería.
2. Aclaración sobre víctimas
2.1. Aura Alexandra Osorio y Natalia Pinto
El apoderado judicial de víctimas en el homicidio de José Ascensión Osorio Castellanos (caso No. 24), solicita la inclusión de Aura Alexandra Osorio Sarmiento en la parte resolutiva de la sentencia de segundo grado, ya que si bien en las consideraciones se reconoció perjuicio de carácter moral, este aspecto no se incluyó en el cuadro final.
A su vez, la representante de los afectados dentro del caso No. 29 por la muerte de Carlos Arturo Pinto Bohórquez, demanda precisar la indemnización ordenada en favor de la menor Natalia Pinto, debido a que en el cuadro incluido en la parte resolutiva de la providencia, se omitió hacer referencia a la misma, pese a haber sido determinada adecuadamente en las motivaciones.
Revisado el trámite procesal, encuentra la Sala que durante la audiencia de legalización de cargos y el posterior trámite del incidente de reparación, la fiscalía presentó a Aura Alexandra Osorio como víctima indirecta por la muerte de José Ascensión Osorio Castellanos, y a Natalia Pinto como perjudicada por el homicidio de Carlos Arturo Pinto Bohórquez, reconocimiento que fue otorgado por el Tribunal Superior de Bogotá, al incluirlas en la decisión objeto de apelación.
Efectivamente como lo señalan los solicitantes, verificada la calidad de víctimas indirectas tanto de Aura Alexandra Osorio como de Natalia Pinto, la Sala procedió a incluirlas en la reliquidación de perjuicios efectuada en la parte motiva de la providencia de segunda instancia. Sin embargo, por error involuntario, se omitió su inclusión en la tabla general contenida en la parte resolutiva de la providencia.
Así las cosas, en el entendido que todas las normas del ordenamiento jurídico deben interpretarse en favor de las víctimas, corresponde dar aplicación de los artículos 309 y 310 del Código de Procedimiento Civil, para realizar la siguiente aclaración:
i. que Aura Alexandra Osorio fue aceptada como víctima indirecta tras el homicidio de José Ascensión Osorio Castellanos (Caso No. 24), razón por la cual se le reconoció el monto de 100 SMMLV por concepto de daño moral, y
i. Natalia Pinto fue registrada como víctima indirecta tras el homicidio de Carlos Arturo Pinto Bohórquez (Caso No. 29), y en tal calidad se reconoce el monto de 50 SMMLV por concepto de daño moral.
Las anteriores precisiones deberán incluirse en la tabla contenida en la parte resolutiva del fallo de seis (6) de junio de dos mil doce (2012).
1. Hamilton Alexander Casadiego y María Alejandra Maldonado Gáfaro.
La apoderada de víctimas dentro del caso No. 21, reclamó pronunciamiento en relación con el secuestro de Hamilton Alexander Casadiego, pues no se dio respuesta a la impugnación presentada por la liquidación de perjuicios realizada por el Tribunal.
Por su parte, el apoderado de María Alejandra Maldonado Gáfaro solicitó su inclusión como víctima indirecta frente al asesinato de Carlos Alberto Rodríguez Gáfaro, acorde con el hecho No. 5, como quiera que no fue incluida en el fallo de segunda instancia a pesar de haberse reconocido su calidad de afectado por el a-quo.
Analizadas las diligencias, se encuentra que en efecto la defensora pública solicitó reliquidación de perjuicios de todas las víctimas que representaba, incluido Hamilton Alexander Casadiego, por no estar de acuerdo con los criterios de equidad utilizados por la Sala de Justicia y Paz para determinar el monto de la indemnización.
Así mismo, se verificó que María Alejandra Maldonado Gáfaro obtuvo reconocimiento como víctima indirecta y durante el trámite del incidente de reparación, solicitó indemnización únicamente por daños morales.2
De acuerdo con lo anterior, de conformidad con el artículo 311 del Código de Procedimiento Civil, se adicionará el fallo de segunda instancia para incluir a Hamilton Alexander Casadiego como víctima del delito de secuestro dentro del caso No. 21, y a María Alejandra Maldonado Gáfaro como víctima indirecta dentro del hecho No. 5, con la consecuente reliquidación de perjuicios conforme los criterios establecidos en el fallo adicionado.
Con relación a Hamilton Alexander Casadiego, reposa en las diligencias informe pericial psicológico realizado a la víctima en donde se acreditó el daño moral causado por las horas en que fue objeto de secuestro y de tratos degradantes e inhumanos. En cuanto a María Alejandra Maldonado Gáfaro, se logró acreditar la existencia de perjuicios morales tras la muerte de su hermano.
Es importante resaltar que en ninguno de los casos que se adiciona, se demostró la existencia de perjuicios de carácter material por daño emergente, lucro cesante consolidado, lucro cesante futuro, o perjuicios inmateriales por daño de vida en relación.
Dado lo anterior, siguiendo los criterios establecidos en el fallo de segunda instancia y atendiendo al principio de igualdad frente a las víctimas, se reconoce reparación de carácter moral en favor de Hamilton Alexander Casadiego por un monto igual a 70 SMMLV, y para María Alejandra Maldonado Gáfaro por valor de 50 SMMMLV.
1. Renuncia a indemnización
En escrito radicado el 17 de julio de 2012, el apoderado de algunas víctimas indirectas relacionadas con el homicidio del fiscal Carlos Arturo Pinto Bohórquez, informó que sus representadas Isabel Zoraida Jaimes Olarte, Carla Lorena Pinto Jaimes y Katia Milena Pinto Jaimes, decidieron “no solicitar la indemnización o la reparación de índole económico que dictó la H. Sala”, debido a que el Consejo de Estado, mediante fallo de 23 de mayo del año en curso, declaró a la Nación patrimonialmente responsable por el asesinato del ex funcionario.
Adjunta escritos con presentación personal de las víctimas indirectas, donde expresan su decisión de renunciar a cualquier pago correspondiente a la reparación integral de los daños.
Cotejada la información que reposa en el expediente, se observa que la indemnización integral ordenada dentro del fallo de segunda instancia, responde al material probatorio existente dentro del plenario y resulta congruente con el recurso de apelación interpuesto y sustentado por el apoderado de víctimas.
De otra parte, es necesario indicar que la Corte carece de competencia para pronunciarse respecto a la sentencia emitida por el Consejo de Estado dentro del radicado 54-001-23-31-001 2003-01301, cuyo resultado fue informado por el profesional del derecho.
Dado lo anterior, la Sala se abstendrá de emitir pronunciamiento alguno frente a la indemnización reconocida a las víctimas indirectas dentro del cargo No. 29.
Adicionalmente, los Jueces del proceso transicional de Justicia y paz nunca fueron informados del trámite adelantado por los mismos hechos ante la jurisdicción Contencioso Administrativa, sobre cuyas decisiones ninguna determinación puede adoptar la Sala.
4. Aclaración que no procede.
La profesional del derecho que actuó como defensora de las víctimas relacionadas con el asesinato de Ever Duarte Ortega (caso No. 19), pidió la inclusión de Euclides Duarte Ortega y Benedicta Duarte Ortega en su condición de hermanos legítimos del occiso, presuntas víctimas que no fueron incluidas en la sentencia de segunda instancia.
Examinado el expediente, se tiene que el Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, en providencia de 2 de diciembre de 2010, no reconoció a los presuntos afectados Euclides Duarte Ortega y Benedicta Duarte Ortega ni les otorgó indemnización por su probable relación con el occiso.3
Así las cosas, era deber de la apoderada incluir dentro de la impugnación el reconocimiento de las víctimas excluidas y la consecuente liquidación de perjuicios. No obstante, la profesional omitió dicha solicitud tanto en el escrito de apelación como en la sustentación oral,4 en donde requirió la inclusión de víctimas indirectas en los casos 13 y 20, pero sin realizar requerimiento alguno en cuanto al caso No. 19 y los afectados cuyos derechos hoy reclama.
De acuerdo con lo dicho, como quiera que la decisión de segunda instancia debe concretarse al asunto objeto de impugnación, la Sala carece de competencia para ordenar la inclusión de las víctimas que fueron descartadas por el a-quo y cuya situación no fue cuestionada en la apelación, de donde se concluye que no procede la aclaración solicitada.
En mérito a lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal,
RESUELVE
1. ACLARAR el numeral 5° del fallo de segunda instancia proferido en contra del postulado JORGE IVÁN LAVERDE ZAPATA, en el sentido de CONFIRMAR la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, en cuanto se abstuvo de decretar la extinción del derecho de dominio del predio denominado “El Cortijo”, identificado con matrícula inmobiliaria número 140-18662 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Montería.
2. ACLARAR el numeral 3° del fallo de segunda instancia proferido en contra del postulado JORGE IVÁN LAVERDE ZAPATA en el sentido de incluir a Aura Alexandra Osorio Sarmiento como víctima indirecta por el homicidio de José Ascensión Osorio Castellanos, dentro del hecho No. 24, tras lo cual se reconoce una indemnización por daños morales correspondientes a 100 SMMLV, y a Natalia Pinto como víctima indirecta por el homicidio de Carlos Arturo Pinto Bohórquez, dentro del hecho No. 29, a quien se reconoce una indemnización por daños morales correspondientes a 50 SMMLV.
En consecuencia la tabla contenida en la parte resolutiva de la sentencia, al plasmar lo dispuesto para el cargo No. 24 y 29, quedará como sigue:
Caso
Víctima
Beneficiario
Monto Total
Concepto
24
José Ascensión Osorio Castellanos
Aura Inés Sarmiento Gutiérrez
$ 425.191.018
+ 100 SMMLV
Lucro Cesante Consolidado, Lucro Cesante Futuro y Daño Moral
24
José Ascensión Osorio Castellanos
Gerardo José Osorio Sarmiento
$ 113.801.778
+ 100 SMMLV
Lucro Cesante Consolidado y Daño Moral
24
José Ascensión Osorio Castellanos
José Manuel Osorio Gutiérrez
$ 113.801.778
+ 100 SMMLV
Lucro Cesante Consolidado y Daño Moral
24
José Ascensión Osorio Castellanos
Aura Alexandra Osorio Gutiérrez
100 SMMLV
Daño Moral
29
Carlos Arturo Pinto Bohórquez
Mario Alberto Pinto Calderón
100 SMMLV
Daño Moral
29
Carlos Arturo Pinto Bohórquez
Susana Calderón de Pinto
$ 31.373.252
+ 100 SMMLV
Lucro Cesante Futuro y Daño Moral
29
Carlos Arturo Pinto Bohórquez
Claudia Marcela Pinto Duarte
$ 99.285.049
+ 100 SMMLV
Lucro Cesante Consolidado y Daño Moral
29
Carlos Arturo Pinto Bohórquez
Isabel Zoraida Jaimes Olarte
$ 125.493.008
+ 100 SMMLV
Daño Emergente, Lucro Cesante Consolidado, Lucro Cesante Futuro y Daño Moral
29
Carlos Arturo Pinto Bohórquez
Carla Lorena Pinto Jaimes
$ 99.285.049
+ 100 SMMLV
Lucro Cesante Consolidado y Daño Moral
29
Carlos Arturo Pinto Bohórquez
Katia Milena Pinto Jaimes
$ 99.285.049
+ 100 SMMLV
Lucro Cesante Consolidado y Daño Moral
29
Carlos Arturo Pinto Bohórquez
Natalia Pinto
50 SMMLV
Daño Moral
3. ADICIONAR el numeral 3° del fallo de segunda instancia proferido en contra del postulado JORGE IVÁN LAVERDE ZAPATA, para incluir a Hamilton Alexander Casadiego como víctima del delito de secuestro en el caso No. 21, y a María Alejandra Maldonado Gáfaro como víctima indirecta del homicidio de Carlos Alberto Rodríguez Gáfaro en el caso No. 5, por lo cual se reconoce una indemnización por daños morales correspondientes a 70 SMMLV para el primero, y 50 SMMLV en favor de la segunda. La tabla contenida en la parte resolutiva relacionada con los hechos No. 5 y 21, quedará así:
Caso
Víctima
Beneficiario
Monto Total
Concepto
5
Carlos Alberto Rodríguez Gáfaro
María Alejandra Maldonado Gáfaro
50 SMMLV
Daño Moral
21
Hamilton Alexander Casadiego
Hamilton Alexander Casadiego
70 SMMLV
Daño Moral
4. NEGAR por improcedente la solicitud elevada con relación a las presuntas víctimas Euclides Duarte Ortega y Benedicta Duarte Ortega.
5. ABSTENERSE de emitir pronunciamiento en relación con la petición elevada por el representante de víctimas dentro del caso No. 29, por el homicidio de Carlos Arturo Pinto Bohórquez.
Notifíquese y Cúmplase,
JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO FERNANDO A. CASTRO CABALLERO
MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO
JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA JAVIER DE JESÚS ZAPATA ORTIZ
Nubia Yolanda Nova García
Secretaria
1 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Auto de 14 de diciembre de 2011. Folio 33 y 34.
2 La víctima requirió rehabilitación psicológica, así como la identificación de los culpables y lograr justicia. A folio 46 sentencia de primera instancia.
3 A folio 194, decisión de 2 de diciembre de 2010, Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá.
4 Audio No. 3 Record 19:12. Audio de audiencia de sustentación de recurso de apelación.