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Proceso No 29292
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrado Ponente
JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA
Aprobado Acta No.50
Bogotá, D. C., cuatro (4) de marzo de dos mil ocho (2008).
VISTOS
La Sala decide acerca del impedimento expresado por los magistrados Aída Rangel Quintero, José del Carmen Rodríguez Cárdenas y Luis Mariano Rodríguez Roa integrantes de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá, para conocer del recurso de apelación interpuesto por los defensores de Jhony Flórez Gutiérrez, Alexander Osorio Quintero, Mauricio Villamil Jáuregui y el Ministerio Público contra la providencia dictada por la Juez Trece Penal del Circuito de Conocimiento de la misma ciudad, mediante la cual improbó el preacuerdo suscrito por los procesados y la Fiscalía General de la Nación a través de la que aceptaron la comisión de los ilícitos de concierto para delinquir, violación de correspondencia y peculado por apropiación con el fin de obtener disminución punitiva del 40% de la pena a imponer.
ANTECEDENTES
1. Se extracta de las diligencias, que el 11 de junio de 2006, se puso en conocimiento de personal del Grupo Anticorrupción del Departamento Administrativo de Seguridad, mediante escrito anónimo enviado vía fax, que de tiempo atrás funcionarios que laboran en la Central de Clasificación y Distribución de la Administración Postal Nacional, ADPOSTAL, se venían apoderando de cheques en moneda extranjera y tarjetas de crédito internacionales procedentes del exterior, elementos que posteriormente vendían a particulares que los negociaban en diferentes sitios, en donde les pagaban un porcentaje de su valor.
De este modo, conforme con el programa metodológico elaborado por la Fiscalía, se adelantaron labores de vigilancia, seguimiento, actuación de agentes encubiertos, interceptación de líneas telefónicas, con fundamento en las cuales se solicitó al señor Juez 53 con Funciones de Control de Garantías la expedición de órdenes de captura en contra de 23 ciudadanos, entre ellos, Jorge Luis Márquez Morales, Edwin Fabricio Vélez Hernández, Alexander Osorio Quintero, Mauricio Villamil Jáuregui y Jhony Flórez Gutiérrez, quienes celebraron preacuerdo con la Fiscalía Trece Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados, adscrita a la Unidad Nacional contra el Terrorismo, por los delitos de concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones y peculado por apropiación; al primero de los mencionados también se le imputó el delito de uso de documento público falso.
Como contraprestación los imputados en cita obtendrían una disminución punitiva del cuarenta por ciento de la pena a imponer.
2. El Juzgado Trece Penal del Circuito de Conocimiento, en audiencia llevada a cabo el 9 de noviembre de 2007, no aprobó el preacuerdo suscrito entre la Fiscalía y los procesados, en cuanto consideró que no se cumple el presupuesto de procedibilidad señalado en el artículo 349 de la ley 906 de 2004, es decir, la devolución mínima del cincuenta por ciento del incremento patrimonial fruto de la conducta punible y el ofrecimiento de garantía para el recaudo del faltante.
3. Esta determinación fue recurrida por los defensores y el Ministerio Público, mediante sendos recursos de reposición y, en subsidio, de apelación, ocupando este último la atención del Tribunal en cuanto el a quo negó el horizontal. De este modo, el pasado 11 de febrero se inició la audiencia de argumentación y los magistrados del Tribunal después de oír los argumentos de los defensores de Mauricio Villamil Jáuregui, Alexander Osorio Quintero y Jhony Flórez Gutiérrez, suspendieron la diligencia para manifestar su impedimento por haber anticipado su criterio en relación con el objeto del recurso.
4. En escrito de 12 de febrero de 2008, con fundamento en la causal 6 del artículo 56 de la ley 906 de 2004, exteriorizaron de manera conjunta que el 1º de febrero, al resolver la acción de tutela interpuesta por el imputado Osorio Quintero contra el Juzgado Trece Penal del Circuito y la Fiscalía Trece Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito Especializados, Unidad Nacional contra el Terrorismo,“analizaron los mismos hechos objeto de esta actuación relacionada con la ilícita sustracción que se verificó en ADPOSTAL de tarjetas de crédito, débito, cheques internacionales y documentos procedentes de otros países”.
Expresan que en la audiencia de argumentación los defensores de Alexander Osorio Quintero, Jhony Flórez Gutiérrez y Mauricio Villamil Jáuregui reiteraron la vulneración a los derechos fundamentales de igualdad, defensa y debido proceso de sus representados, acerca de los cuales, en su calidad de jueces constitucionales, anticiparon su criterio en cuanto concluyeron que los mismos no aparecen desconocidos por las autoridades judiciales demandadas en la acción de tutela, pues, específicamente, a Osorio Quintero “le han sido garantizadas las facultades y derechos de controversia y contradicción contra las determinaciones judiciales que se han adoptado, que posee el sistema procedimental penal; descartándose con ello afectación del núcleo esencial al Acceso a la Administración de Justicia”.
En consecuencia, las diligencias fueron remitidas a la Corte para lo pertinente.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1. La Sala es competente para resolver la manifestación de impedimento conjunto presentada por los magistrados que, en este caso integran la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal.
2. Con la anterior finalidad, necesario es insistir, en primer lugar, que la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado en forma pacífica y reiterada que la declaración de impedimento, en tanto constituye un mecanismo para garantizar la imparcialidad de los administradores de justicia, no está sujeta al capricho de éstos, sino que se encuentra atada de manera inevitable a la especificidad de sus causales, lo que significa que no se puede acudir a la analogía ni a la extensión de los motivos expresamente señalados por la ley en aras de sustentar su procedencia1.
3. En el asunto que centra la atención de la Sala, los magistrados Aída Rangel Quintero, Jorge del Carmen Rodríguez Cárdenas y Luis Mariano Rodríguez Roa invocaron como causal de impedimento la prevista en el numeral 6º del artículo 56 de la ley 906 de 2004, que contempla de modo expreso el hecho de haber “participado dentro del proceso”.
Del examen de las circunstancias aludidas por los magistrados del Tribunal, se desprende que la causal de impedimento invocada por ellos no se configura en este caso por el hecho de que días antes de la audiencia de argumentación, la misma Sala de Decisión del Tribunal haya tenido que fallar una acción de tutela interpuesta por el procesado Osorio Quintero contra la fiscalía y el juzgado de conocimiento, pues se trata de actuaciones y procesos diferentes adelantados con fundamento en los mismos hechos.
4. No obstante lo anterior, la Sala encuentra que las circunstancias particulares aludidas por los magistrados que se declararon impedidos se ajustan a la causal prevista en el numeral 4º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, que entre otras hipótesis señala como impedimento que el funcionario judicial haya “manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso”.
Sobre este tema en particular, la Sala ha dicho que “lo que obliga a aceptar la circunstancia de inhibición es que el funcionario haya incurrido, con ocasión de sus funciones, en pronunciamientos anticipados acerca de aspectos sustanciales que […] constituyen auténticos actos de prejuzgamiento, que implican compromiso indiscutible de su criterio y pretenden su imparcialidad para resolver el asunto futuro”2.
Igualmente, ha señalado la Corte que “lo sustancial […], en asuntos jurídicos, se identifica con el fondo de la pretensión o de la relación jurídico material que se debate”3.
5. En este caso, los magistrados del Tribunal que integran la Sala de Decisión Penal dentro del proceso seguido en contra de Jhony Flórez Gutiérrez, Alexander Osorio Quintero, Mauricio Villamil Jáuregui, se refirieron, en el fallo de tutela de 1º de febrero de 2008 acerca de la presunta vulneración a los derechos fundamentales a la igualdad, defensa y debido proceso cuya protección reclamaba Osorio Quintero para que se le brinde trato similar al otorgado a los coparticipes de los hechos que inicialmente se allanaron a los cargos y contra quienes se dictó sentencia de condena haciéndolos merecedores a la correspondiente disminución punitiva.
En tal sentido los magistrados del Tribunal manifestaron, refiriéndose a los derechos fundamentales que Osorio Quintero invocó fueron desconocidos por la actuación del fiscal y la juez de conocimiento: “le han sido garantizadas las facultades y derechos de controversia y contradicción contra las determinaciones judiciales que se han adoptado, que posee el sistema de Procedimental Penal, descartándose con ello afectación del núcleo esencial al Acceso a la Administración de Justicia”. Y, por eso aluden en el escrito de impedimento que su intervención en la acción de tutela tiene la entidad suficiente para comprometer su imparcialidad y criterio.
Es del caso resaltar que el proceso acusatorio “como garantía orgánica, supone la configuración del proceso como una relación triangular entre tres sujetos, dos de los cuales están como partes en la causa, y el tercero super partes: el acusador, el defensor y el juez. Esta estructura triádica constituye, como se ha visto, la primera seña de identidad del proceso acusatorio. Y es indispensable que se garantice la ajenidad del juez a los dos intereses contrapuestos ─el de la tutela frente a los delitos, representado por la acusación, y el de la tutela frente a los castigos arbitrarios, representado por la defensa ─ que además corresponde a los dos fines, perfectamente compatibles en abstracto pero siempre conflictivos en concreto, que, como se ha visto, justifican el derecho penal”4. (Negrilla de la Sala)
Esa imparcialidad, en el sub lite, se encuentra afectada en la medida que los defensores en la argumentación de la apelación contra el auto que improbó el acuerdo suscrito entre la fiscalía y los procesados, insisten en que la juez de conocimiento desconoció los derechos fundamentales a la igualdad y debido proceso en relación con las personas que hoy están condenadas por los mismos hechos objeto de este proceso5, a quienes se les reconoció la disminución punitiva por haberse allanado a los cargos, planteamiento acerca del cual la Sala del Tribunal que se declara impedida anticipó su criterio en el fallo mediante el cual resolvió la acción de tutela interpuesta por Osorio Quintero.
En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL,
RESUELVE
1. DECLARAR fundado el impedimento manifestado por los doctores Aída Rangel Quintero, Jorge del Carmen Rodríguez Cárdenas y Luis Mariano Rodríguez Roa, Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, y, como consecuencia de ello, ORDENAR su separación del conocimiento de este proceso.
2. DEVOLVER de inmediato el proceso al Tribunal Superior de Bogotá, con el fin de que integre la Sala de Decisión que deba conocer del recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público y los defensores de Mauricio Villamil Jáuregui, Alexander Osorio Quintero, Jhony Flórez Gutiérrez.
Contra esta providencia no procede recurso alguno.
CÚMPLASE
SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ
ALFREDO GÓMEZ QUINTERO MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE L.
AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS
YESID RAMÍREZ BASTIDAS JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA
JAVIER ZAPATA ORTIZ
TERESA RUIZ NÚÑEZ
Secretaria
1 Cf., entre otras, auto de 7 de marzo de 2007, radicación 26853
2 Auto de 7 de marzo de 2007, radicación 26853
3 Ibídem
4 Ferrajoli, Luigi, Derecho y Razón, teoría del garantismo penal, Editorial Trotta, 2006, Pág. 581.
5 La defensora de Mauricio Villamil Jáuregui hace manifestación expresa en este sentido, record 8’:28”, del audio de la audiencia de argumentación.