27597(13-06-07)

2007

Asistente Jurídico Inteligente

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    Proceso No 27597  

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  

SALA DE CASACION PENAL  

                            Magistrado Ponente:   

                            Dr. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ   

                            Aprobado Acta No. 95   

          Bogotá, D.C., trece de junio de dos mil siete.   

VISTOS  

         

Se   pronuncia  la  Sala  respecto  de  la  manifestación  de  ausencia  de  competencia  efectuada  por el Juzgado Primero  Penal  del  Circuito  con  Funciones  de  Conocimiento,  para  llevar  a cabo la  audiencia  de  formulación de acusación contra JHONATAN JAIR MARTÍNEZ GALVIS,  a  quien  se  le imputan los delitos de concierto para delinquir agravado por la  circunstancia  del  numeral  3º del artículo 340 del Código Penal, obtención  de  documento  público  falso  agravado  por  el  uso  y estafa, según escrito  presentado  por  la  Fiscalía  Segunda  Delegada  ante los Juzgados Penales del  Circuito de Girardot.   

  ANTECEDENTES   

1.  En  el  escrito de acusación se fijaron  así los hechos objeto de este proceso:   

“Los   hechos   que  han  originado  la  intervención  de  la  Fiscalía  se  vienen suscitando desde comienzos del año  2007,  estableciéndose conforme a los elementos materiales de prueba, evidencia  física  e  información  legalmente  obtenida  que  el 6 de febrero del año en  curso  llegó  a  la  escuela de soldados profesionales de NILO CUNDINAMARCA una  persona  de  sexo  masculino  quien  ofreció a los señores ROSEMBERG MARTÍNEZ  MONTOYA,  suboficial;  y TOMÁS ENRIQUE MÉNDEZ PAÉZ, Sargento Vice Primero del  Ejército Nacional, planes de celulares de MOVISTAR y COMCEL.   

“Los   señores   ROSEMBERG   y  TOMAS,  interesados  en  los  planes  y  a  solicitud del supuesto vendedor, le hicieron  entrega  de  los  documentos que a continuación se relacionan: fotocopias de la  cédula  de ciudadanía, cédula militar, carne de salud de sanidad militar y el  desprendible  de nómina del salario devengado por dichos señores como miembros  del   Ejército   Nacional.  El  supuesto  vendedor  después  de  llevarse  los  documentos citados jamás regresó a la escuela militar.   

“El  7  de  febrero  se presenta el aquí  indiciado  JHONATAN  JAIR  MARTÍNEZ  GALVIS ante la Registraduría Municipal de  RICAURTE  Cund., y exhibiendo copias de la cédula de ciudadanía, carne militar  y  desprendible  de  pago  de ROSEMBERG y una denuncia por pérdida de documento  solicita  la  expedición  de  una contraseña de identificación, es decir, que  estampando  su  huella, aportando una fotocopia suya, pero exhibiendo fotocopias  de  los  documentos  contentivos  de  los  datos personales de ROSEMBERG, logró  obtener  la  expedición,  por parte de funcionario público competente, como lo  es    el    señor    Registrador    Municipal    de    Ricaurte,    contraseña  apócrifa.   

“El 8 de febrero siguiente, una persona de  sexo  masculino,  se  acerca  al  banco  Las  Villas de Girardot y exhibiendo la  contraseña  apócrifa,  es decir, usando un documento público falso, junto con  los  desprendibles  de  pago de ROSEMBERG MARTÍNEZ MONTOYA logra la apertura de  la cuenta número 460780260.   

“Con  posterioridad,  el 17 de febrero de  2007  se  acercaron  a  la Cooperativa Coodemil Ltda., que es la Cooperativa que  sirve  a  miembros  del  Ejército  Nacional  prestando dinero y descontando por  nómina,  dos  supuestos  miembros  activos  del  Ejército que dijeron llamarse  ROSEMBERG  MARTÍNEZ  MONTOYA  y  TOMÁS  ENRIQUE  HERNÁNDEZ PÉREZ solicitando  créditos  de  libre  inversión.  Para  tal  efecto,  exhibieron la contraseña  apócrifa  de  ROSEMBERG más los desprendibles de pago de éste y de TOMÁS; la  Asesora  de  la  cooperativa  exige como requisito los desprendibles de pago del  mes   de  febrero  y  les  posterga  su  solicitud  hasta  el  aporte  de  tales  documentos.   

“Seguidamente  el  señor VÍCTOR ALFONSO  CASTILLO  GÓMEZ,  soldado  regular  activo  del  Ejército  Nacional recibe una  llamada  telefónica de una persona de sexo masculino quien se identifica con el  nombre     del    señor    BOSA    –se  aclara  que  BOSA  fue un miembro del Ejército Nacional que ya  había sido dado de baja-.   

“El  señor  BOSA  le  solicita a VÍCTOR  ALFONSO  CASTILLO  que  le  consiga  desprendibles  de  pago  de  suboficiales y  oficiales  de  la  fuerza pública, ofreciéndole como contraprestación pago de  dinero.  Víctor  a  su  vez contacta a DEIBY FERNANDO SÁNCHEZ SUÁREZ quien es  estafeta  de  la  Oficina del Comandante del Ejército Nacional, base militar de  Tolemaida  y  juntos logran obtener varios desprendibles de pago de miembros del  Ejército  Nacional,  entre  ellos,  los  de  los  señores  ROSEMBERG  y TOMAS;  (…)   

“Obtenidos los desprendibles de febrero de  ROSEMBERG,  TOMAS  y  otros  miembros  del  Ejército, …. logran obtener de la  Cooperativa  créditos  de libre inversión por diferentes valores, que en total  suman la cantidad de DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS, …   

(…)  

“Aunado a lo anterior, el 22 de febrero de  2007  el  hoy indiciado JHONATAN, se presentó en almacenes Éxito de Girardot e  Ibagué  donde  mediante  el  mismo  modus  operando,  es  decir,  exhibiendo la  contraseña  apócrifa  y  los  desprendibles  de  pago  de ROSEMBERG, obtiene a  nombre  de  éste la expedición de una tarjeta de crédito por medio de la cual  y  con los planes brindados por dicho almacén, es decir, por la compra de cinco  mil  pesos  obtenía  avances de cien mil pesos, logrando el 27 de febrero sacar  la  totalidad  del  cupo  que eran DOS MILLONES Y MEDIO DE PESOS, obteniendo, de  esta    forma,    estafar,    también    a    ALMACENES   ÉXITO…”   

Por  tales  hechos,  con fecha 4 de abril de  2007,  a  instancias  de  la  Fiscalía,  un  juez  de  control de garantías de  Girardot  ordenó  la  captura de JHONATAN JAIR MARTÍNEZ GALVIS, VICTOR ALFONSO  CASTILLO y DEIBY FERNANDO SÁNCHEZ SUÁREZ.   

El  6  de abril de 2007 se legalizó ante el  juez  de  control  de  garantías  la  captura de MARTÍNEZ GALVIS y en la misma  fecha  se  le formuló imputación por varios delitos que no aceptó. Igualmente  se   le   impuso   medida   de   aseguramiento   de   detención  preventiva  en  establecimiento carcelario.   

Con  fecha  4  de  mayo  de  2007, la Fiscal  Segunda  Delegada  ante  los  Juzgados Penales del Circuito de Girardot, radicó  ante  el  Juez  Primero  Penal  del Circuito de la misma ciudad con funciones de  conocimiento,  escrito de acusación en el que imputa al procesado JHONATAN JAIR  MARTÍNEZ  GALVIS  los  delitos  de  concierto  para  delinquir  (inciso 1º del  artículo  340 del Código Penal), agravado por ser el organizador del concierto  (inciso  3º  ídem),   obtención  de  documento  público falso (artículo 228 ídem), agravado por el  uso (artículo 290) y estafa.   

El   Juez   1º   Penal  del  Circuito  de  Conocimiento  de Girardot, fijó como fecha para la audiencia de formulación de  acusación  la  fecha  del 16 de mayo de 2007, diligencia a la cual concurrieron  las  partes interesadas, pero una vez instalada el Juez se declaró incompetente  para  conocer  del  caso  aduciendo  que por razón del delito de concierto para  delinquir  la  competencia  recaía en el juez penal del circuito especializado,  en  esencia,  porque las competencias señaladas en la Ley 906 de 2004 para esos  despachos         judiciales        “nacieron  suspendidas”  en virtud del artículo 21 transitorio  de  la Ley 600 de 2000, que señaló para los jueces especializados una vigencia  hasta  el  próximo  30  de  junio  de  2007,  fecha  hasta la cual se encuentra  suspendida  la  competencia ordinaria, punto frente al cual nada dijo la Ley 906  de 2004.   

A  consecuencia  de su decisión, dispuso la  remisión del expediente a esta Corte para los fines pertinentes.   

CONSIDERACIONES  DE  LA  CORTE   

El  artículo  32  de  la  Ley  906 de 2004,  numeral  4º,  señala  que corresponde a la Sala de Casación Penal de la Corte  Suprema  de  Justicia “la definición de competencia  cuando  se  trate  de aforados constitucionales y legales, o de tribunales, o de  juzgados de diferentes distritos”.   

A su vez, el artículo 33, numeral 5º de la  misma  normatividad  procesal,  atribuye a los tribunales superiores de distrito  “respecto  de  los  jueces  penales  del  circuito  especializados”,   “la  definición de competencia de los jueces del mismo distrito”.   

Finalmente,  en el artículo 34, numeral 5º  ídem,  se  atribuye  a las  salas  penales de los tribunales superiores de distrito judicial “la  definición de competencia de los jueces del circuito del mismo  distrito, o municipales de diferentes circuitos”.   

Frente a ese plexo normativo, la Sala en auto  del 30 de mayo de 2006, precisó que:   

“…acorde   con  el  ordinal  4°  del  artículo  32  del  C. de P. P., el competente para definir la competencia será  la    Corte    Suprema    de   Justicia en los siguientes casos:   

1.- Cuando la declaratoria de incompetencia  se   produzca   dentro   de   actuación  en  la  que  el  acusado  tenga  fuero  constitucional o fuero legal.   

2.- Cuando la declaratoria de incompetencia  proviene  de  un  tribunal superior o la autoridad que así lo hace, es decir un  juzgado cualquiera, señala que el competente es un Tribunal.   

3.- Cuando la declaratoria de incompetencia  provenga  de  un  juzgado penal del circuito especializado, penal del circuito o  penal  municipal, que manifiesta que el competente es un juzgado que pertenece a  otro distrito judicial.   

“Ahora, conforme con los ordinales 5° de  los  artículos  33  y  34  del  C.  de  P.  P.,  el  competente para definir la  competencia  será  un  tribunal superior de distrito  judicial:   

1.-    Cuando   la  declaratoria  de  incompetencia  provenga  de  un  juzgado  penal  del  circuito especializado que  estime que el competente es otro juzgado del mismo distrito.   

2.- Cuando la declaratoria de incompetencia  provenga  de  un juzgado penal del circuito que estime que el competente es otro  juzgado del mismo distrito.   

3.-    Cuando   la  declaratoria  de  incompetencia  provenga  de  un  juzgado  penal  municipal  que  estime  que  el  competente  es  un  juzgado  de  otro  circuito  judicial  y  dentro  del  mismo  distrito”1.   

En el caso que ocupa ahora la atención de la  Sala,  se tiene que el Juez Primero Penal del Circuito de Girardot con funciones  de  conocimiento, se rehúsa a conocer del proceso por considerar que uno de los  delitos  imputados,  el  concierto  para  delinquir,  es  de conocimiento de los  jueces penales del circuito especializados.   

En  el distrito judicial de Cundinamarca hay  jueces  especializados y no se ha puesto en tela de juicio la competencia por el  factor  territorial,  razón  por  la  cual si se atendiera el criterio del Juez  Primero  Penal  del  Circuito de Girardot, el llamado a adelantar el juzgamiento  sería un juez especializado de ese distrito judicial.   

Por lo tanto, de acuerdo con los antecedentes  normativos  y jurisprudenciales citados, la definición de competencia suscitada  por  el  Juzgado  Primero  Penal  del  Circuito de Girardot comprende jueces del  mismo  distrito,  lo  cual  determina  que  el  conocimiento  para efectos de su  decisión   es   del   resorte  de  la  Sala  Penal  del  Tribunal  Superior  de  Cundinamarca,  pues,  se  reitera,  sólo  en los casos en que la definición de  competencia  comprenda  jueces  pertenecientes a distintos distritos corresponde  su conocimiento a la Corte Suprema de Justicia.   

Lo  anterior resulta suficiente para que la  Sala    se    abstenga  de  pronunciarse  sobre la definición de competencia  en      cuestión      y,      en     consecuencia,    ordene   la       remisión      de   la   actuación   a   la  Sala  Penal  del  Tribunal  Superior  de  Cundinamarca, para que  proceda de conformidad.   

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA  DE JUSTICIA, SALA DE CASACION PENAL,   

RESUELVE   

          1.  Abstenerse  de adoptar pronunciamiento  acerca  de  la definición de competencia suscitada por el Juzgado Primero Penal  del  Circuito  con  funciones  de  conocimiento  de  Girardot,  por  las razones  señaladas en la anterior motivación.   

2.   Ordenar  la  remisión  inmediata  de  este  asunto  a la Sala Penal del Tribunal Superior de  Cundinamarca, para lo de su competencia.   

Contra  esta  providencia no procede recurso  alguno.   

          Comuníquese    y  cúmplase,   

ALFREDO GÓMEZ QUINTERO  

Excusa  justificada   

SIGIFREDO         ESPINOSA  PÉREZ                  ÁLVARO                              ORLANDO                              PÉREZ  PINZÓN                 

MARINA        PULIDO        DE  BARÓN                        JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS   

YESID           RAMÍREZ  BASTIDAS                    JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA       

                                                                                      

MAURO           SOLARTE  PORTILLA                        JAVIER ZAPATA ORTIZ   

                   

TERESA RUIZ NÚÑEZ  

           Secretaria   

             

1  Radicado No. 24.964.     

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