26561(11-04-07)

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    Proceso     No  26561   

CORTE   SUPREMA   DE  JUSTICIA   

SALA   DE   CASACIÓN  PENAL   

Magistrado Ponente:  

Dr. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ  

Aprobado Acta No. 49  

Bogotá,  D.C.,  once  de  abril  de  dos mil  siete.   

V    I    S   T   O  S   

Se  pronuncia la Sala sobre la admisibilidad  formal  de  la  demanda  de  casación  que  por  vía excepcional presentan los  defensores  de  las  procesadas GLORIA ELENA HURTADO LONDOÑO y LILIAM DE JESÚS  GÓMEZ  QUINTERO,   contra  el  fallo de segunda instancia proferido por el  Tribunal  Superior  de  Medellín,  fechado  el 13 de junio de 2006, mediante el  cual  confirmó,  con  modificaciones,  la  sentencia  proferida  por el Juzgado  Noveno  Penal  del  Circuito  de  esa  ciudad,  condenando  a  la primera de las  mencionadas,  en  calidad  de  autora  de cuatro delitos de Falsedad material de  particular  en documento público, a la pena principal de 34 meses y 20 días de  prisión,  e  interdicción de derechos y funciones públicas por igual lapso; y  a  la  segunda,  a título de determinadora de ocho delitos de Falsedad material  de  particular  en  documento  público,   y autora de un delito tentado de  estafa,  a  la  pena  principal  de  38 meses y 20 días de prisión, y multa en  cuantía  de  cinco  mil  pesos, junto con interdicción de derechos y funciones  públicas  por  término  igual  al  de  la  sanción  aflictiva de la libertad.   

LOS HECHOS  

Fueron  narrados  en la sentencia impugnada,  del siguiente tenor:   

“De acuerdo con la denuncia presentada por  el  abogado  CARLOS ALBERTO PALACIO ARROYAVE, en abril cuatro del año dos mil y  en  calidad  de  apoderado  de  los  menores  de  edad  SANTIAGO AMAYA PALACIO y  SANTIAGO  AMAYA  MONTOYA,  -herederos  del occiso Rodrigo Amaya Zapata- se adujo  inicialmente  que  el proceso sucesorio de este se tramita en el Juzgado Doce de  Familia  de  Medellín,  pero  que  según  averiguaciones  realizadas, aparecen  cuatro  escrituras  en  las  que  se  vendieron  igual  número de inmuebles que  pertenecían  a  la  sociedad  conyugal  que  se  había formado entre LILIAM DE  JESÚS  GÓMEZ  QUINTERO  (  sindicada)  y  el finado AMAYA ZAPATA,  lo que  reputa  como  irregular,  por  cuanto  el  finado  no  realizó  en  vida  tales  negociaciones,  como  tampoco  lo  hizo  su  esposa  en  esos  momentos. Que las  escrituras  públicas  a  través  de  las  cuales se realizaron las irregulares  transacciones  son  las  números  338, 339, 340 y 341 de la Notaría Cuarta del  Círculo  de  Medellín  que se otorgan presuntamente el veintinueve de enero de  mil   novecientos   noventa  y  nueve,  apareciendo  la  cónyuge  sobreviviente  vendiendo   los   cuatro   inmuebles;   precisándose   en  el  proceso  que  el  fallecimiento  del  señor  RODRIGO  acaeció  el  tres  de  marzo  de ese mismo  año.   

“Concluyéndose por el denunciante, que las  escrituras  públicas  mencionadas  eran irregulares, en virtud de que los paz y  salvos  de  Catastro  y  Valorización  para  el  otorgamiento  de las mismas se  expidieron  en  marzo  17  y  18  de  1999,  lo  que  le  indicaba que se estaba  incurriendo  en  los punibles de falsedad documental al presuntamente extenderse  y  protocolizarse las escrituras públicas ese día 29 de enero de 1999, como en  estafa,  por  cuanto de esa manera ilícita se estaba sustrayendo de la sociedad  conyugal  y  de la masa herencial esos cuatro inmuebles, con el claro propósito  por  parte  de  MLILIAM DE JESÚS, quien figuraba como titular de los mismos, de  obtener  un  provecho  económico,  en desmedro de los derechos patrimoniales de  los herederos del occiso.   

“En  otras  palabras,  y  como  ante  esta  segunda  instancia  lo  había  manifestado,  lo  acontecido  tiene  que ver, de  acuerdo  con  lo  consignado  en  la resolución de acusación proferida en este  proceso  en  contra  de las procesadas LILIAM DE JESÚS GÓMEZ QUINTERO y GLORIA  ELENA  HURTADO LONDOÑO, esta última como autora de cuatro punibles de falsedad  ideológica  en  documentos  públicos,  y  la  primera de las mencionadas, como  determinadora  de  esos delitos y autora de cuatro punibles de falsedad material  en  documento  público,  en concurso además de un delito de estafa imperfecto;  con  lo  ocurrido  cuando,  al parecer, según lo denunciado y consignado por el  ente  acusador,  para  sustraer  de  la  masa  hereditaria  dejada por el occiso  RODRIGO  AMAYA MONTOYA, la sindicada LILIAM DE JESÚS logró, luego de la muerte  de  éste,  que en la Notaría Cuarta del Círculo de Medellín, en donde labora  GLORIA  ELENA como protocolista, se elaboraran las escrituras públicas números  338,  339,  340  y  341,  con  fecha  anterior  a la muerte de RODRIGO, y con la  utilización  de  Paz  y  Salvos  de impuesto predial falsificados, dado que los  mismos  realmente  habían  sido  expedidos   los días 17 y 18 de marzo de  1999.”   

          ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE   

Por tales hechos, mediante resolución del 9  de  abril de 2004, la Fiscalía Cuarenta y Dos Seccional de Medellín, profirió  resolución  de  acusación  en  contra  de GLORIA ELENA HURTADO MONTOYA, por el  concurso  homogéneo  sucesivo  de  delitos de cuatro falsedades ideológicas en  documento  público  –art.  286  del  C.P.-;  y  LILIAM  DE  JESÚS  GÓMEZ  QUINTERO, por las mismas cuatro  falsedades,  falsedad  material  en  documento  público  art. 287 C.P.-  y  estafa  –ART. 246 Ibídem-  en la modalidad imperfecta de tentativa.   

El conocimiento del juicio estuvo a cargo del  Juzgado  9º  Penal del Circuito de Medellín, despacho que el 2 de diciembre de  2005  profirió  el  correspondiente  fallo  de primera instancia, en el cual se  condenó  a  la  procesada GLORIA ELENA HURTADO LONDOÑO, a la pena principal de  34  meses  y  20  de  prisión,  por  el  concurso homogéneo sucesivo de cuatro  delitos  de  Falsedad  ideológica en documento público. En su favor se otorgó  el  subrogado  de  la  suspensión condicional de la ejecución de la pena. A su  vez,  se  condenó a LILIAM DE JESÚS GÓMEZ QUINTERO, a la pena principal de 58  meses  de  prisión  y  multa en cuantía de cinco mil pesos, por los delitos de  cuatro  falsedades  ideológicas  en  documento  público,  falsedad material de  particular  en  documento  público y tentativa de estafa. Se negó el subrogado  de  la  suspensión  condicional  de  la  ejecución  de la pena. También se le  ordenó  pagar  la  suma  de  treinta  y  dos  millones  de  pesos, a título de  perjuicios  morales y materiales, y “asesoría profesional”. De igual manera  se  ordenó  la  cancelación definitiva  de las escrituras 338, 339, 340 y  341,  suscritas  supuestamente  el  29  de  enero  de    1999, ante la  Notaría  Cuarta  del Círculo de Medellín. Por último, se dispuso ordenar las  restricciones   decretadas   en   relación  con  el  vehículo  de  placas  TIZ  713.   

Oportunamente  interpuesto  el  recurso  de  apelación  por  los  defensores  de  las encartadas, el 13 de junio de 2006, la  Sala  de  Decisión  Penal  correspondiente  del Tribunal Superior de Medellín,  profirió  fallo  de  segunda  instancia, en el cual, advirtiendo que el Notario  Cuarto  del Circulo Notarial de Medellín, actuó como simple instrumento de las  acusadas,  sin  conocer  el  fraude en las escrituras, y que la procesada GLORIA  ELENA  HURTADO LONDOÑO, no fungió como servidora pública, determinó mutar la  inicial   calificación  dada  al  delito,  Falsedad  ideológica  en  documento  público,  por la de falsedad material en documento público, basado en doctrina  de   reconocido   tratadista   nacional   y   reciente   jurisprudencia   de  la  Corte.   

Confirmó, entonces, la sentencia impugnada,  con  la  variación de que los cuatro delitos en concurso homogéneo, atribuidos  en   conjunto   a  las  procesadas,  corresponden  a  falsedades  materiales  de  particular  en  documento  público, obrando como determinadora LILIAM DE JESÚS  GÓMEZ,  y  autora  GLORIA ELENA HURTADO.  La primera, además, fue hallada  responsable  de  los  delitos  de  falsedad de particular en documento público,  referidos  a  la  alteración  de los paz y salvos presentados para respaldar la  firma  de  las  escrituras  públicas,  y  del  delito de estafa en la modalidad  tentada.   

En  definitiva,  respetando  los  criterios  dosimétricos  del  juez  A quo, pero en consideración a la variación típica,  se  determinó   la  pena ordenada en contra de GLORIA ELENA HURTADO, en un  monto de 34 meses y 20 días de prisión.   

Respecto  de  la  acusada  LILIAM  DE JESÚS  GÓMEZ  QUINTERO,  la  pena se redujo a 38 meses y 20 días de prisión, y multa  en  cuantía  de  cinco mil pesos. Se redujo a veinticinco millones de pesos, el  valor  de  los  perjuicios  materiales, y se fijó en cinco millones de pesos el  valor de las agencias en derecho.     

    

LAS DEMANDAS DE CASACIÓN  

    

1. A     nombre     de    la    procesada    GLORIA    ELENA    HURTADO  LONDOÑO.     

          Por  estimar ajena  a  la  casación  ordinaria, la vía impugnatoria pretendida, el censor delimita  los   factores   que   habilitan   se   acepte  la  demanda  dentro  del  camino  discrecional.   

             Para  el  efecto, advierte fundamental la intervención de fondo de la Corte, en  aras  de  que  se  protejan garantías fundamentales presuntamente violadas a su  protegida  legal  en  el  trámite  del  asunto durante las instancias, y que se  desarrolle la jurisprudencia.   

Respecto del primero de los factores en cita,  advierte  que  en  el proceso asoman errores “in procedendo”, generadores de  claras   violaciones   a   los   derechos   fundamentales   de   la   encartada,  particularmente,  en  lo  que  atiende  al  derecho  fundamental de defensa y el  principio de investigación integral.   

Atinente  al derecho de defensa, entiende el  recurrente  que  la  procesada  siempre  estuvo  huérfana de un tan fundamental  derecho,  dada la pasividad con la que asumió su rol el profesional del derecho  que  la  asistió  hasta  la  fase  enjuiciatoria.  Tanto, que el abogado jamás  controvirtió  las  decisiones  tomadas en contra de la encartada, ni se opuso a  la hipótesis delictiva despejada.   

De  otro  lado,  en  punto  de  la  alegada  violación  al principio de investigación integral, se detiene el recurrente en  definir  que siempre se buscó consolidar la pretensión de hallar responsable a  su   representada  legal,  sin  habilitar  pruebas  de  oficio,  ni  generar  el  ministerio Público, solicitud en tal sentido.   

De  manera  bastante  confusa, el impugnante  entiende  necesario,  en  primer  lugar, destacar los errores in procedendo e in  iudicando,  que supuestamente pueblan la decisión de segunda instancia atacada,  para,  a  renglón seguido, detallar algunos pronunciamientos de la Corte, en lo  que  toca  con  esta  suerte  de  errores y la llamada teoría de la imputación  objetiva  –que el recurrente  estima desarrollada por el artículo 9° del Código Penal-   

Hecho  ello,  realiza  el  casacionista,  un  listado  de  supuestas respuestas a aspectos problemáticos, que debe abordar la  Corte   en   la  sede  discrecional  propuesta,  para  efectos  de  decantar  la  jurisprudencia  nacional,  no  sólo  en  el tópico de la Imputación Objetiva,  sino   en   lo   que   atiende   a   los   errores   de   hecho,  en  todas  sus  vertientes.   

Similar   ejercicio   realiza  en  lo  que  corresponde  a  las  supuestas  violaciones  de  garantías  fundamentales, como  quiera  que  después de citar profusa jurisprudencia de la Corte, referida a la  técnica  en  casación  para  alegar este tipo de vulneración, como si la sola  violentación  de  las  tales  garantías no se bastase para acudir al mecanismo  excepcional  demandado,  estima  indispensable significar porqué también sobre  este  tópico se requiere desarrollo jurisprudencial y, en consecuencia, se hace  algunas    preguntas    que,    entiende,   deben   ser   respondidas   por   la  Corte.   

      Agotado   el  aspecto  motivacional  de  la pretendida intervención discrecional de la Corte, se ocupa  el  recurrente  de  delimitar  los  cargos  por los cuales acusa la sentencia de  segundo grado, de la siguiente forma:   

CARGO PRIMERO  

Ataca la sentencia por entenderla dictada en  un  juicio viciado de nulidad, producto de la violación al derecho de defensa y  al principio de investigación integral.   

Acerca  de  lo  primero,  advierte  que  el  defensor   nombrado  por  la  procesada  desde  la  injurada,  guardó  completo  silencio,  tanto  en  la  instrucción  como  en la apertura del juicio, sin que  pueda  entenderse  que  ello  operó  a  título  de  estrategia  defensiva.  El  profesional   del   derecho,   además,  obvió  discutir  el  contenido  de  la  resolución  de acusación,  a pesar de que “el  contenido  y  estructura  de  la misma lo ameritaba”.  Tampoco  generó discusión frente a la calidad o condición en la cual debería  responder  la  encartada,   de la cual no se controvirtió su condición de  particular  y  no  servidora  pública,  en  cuanto elemento sustancial del tipo  básico   despejado,  ni  se  discutió  el  elemento  subjetivo  del  dolo.  Y,  finalmente,  se  dejó de allegar prueba que pudiese favorecer a la implicada, y  la   recogida   se   valoró   al   amaño  de  los  juzgadores,  facultando  la  condena.   

        

En  punto  de  la supuesta violación por la  carencia   de   investigación   integral,   destaca   el   impugnante   que  la  investigación  se  adelantó  unilateralmente,  apenas  interesada  en  allegar  elementos  incriminatorios,  violándose  así  el  artículo  29  de  la  Carta  Política.  En  la  fase  del  juicio,  igualmente, se reprodujeron los errores,  pues,  no  se  hicieron  peticiones  probatorias,  ni  se  decretaron pruebas de  oficio,  a  efectos  de  controvertir  lo  allegado  a  la  instrucción.  Ni el  Ministerio  Público, ni la defensa, ni la fiscalía, se pusieron al servicio de  las garantías de la encartada.   

Las  omisiones  en cita, para el recurrente,  incidieron  en  el  fallo  porque  Nunca se constató si la procesada actuó con  conciencia  y  voluntad  en  la  falsedad;  tampoco  se  demostró  si  entre la  encartada  y  quienes  suscribieron  la  escritura  pública, hubo complicidad o  determinación,  y en qué grado; jamás se estableció si GLORIA ELENA HURTADO,  engañó  al  Notario  Cuarto,  o si este pudo ser cómplice o determinador y en  qué  grado;  no  se  investigó si las falsedades respecto de los Paz y Salvos,  fueron   conocidas   por   la  acusada;  no  se  desentrañó  “con  minucioso  cuidado”,  cuándo  y  respecto de qué actuación operó la falsedad; tampoco  se  ordenó  ni practicó pruebas a favor de dicha encartada, que se encaminaran  a demostrar su inocencia.   

Por lo tanto, el proceso nació y se dirigió  a  comprometer  penalmente  a  la  procesada, quien nunca pudo demostrar que los  hechos  no  ocurrieron  como los señaló la fiscalía, y que jamás engañó al  Notario.   

Asume  el  demandante,  por último, que por  ocasión  de  las  dos  violaciones referenciadas en el cargo, se vulneraron los  artículos  29 de la Carta Política, artículos 20, 142 y 143, de la Ley 600 de  2000,  y  artículo  220  del Decreto Ley 100 de 1980. Por ello, solicita que se  case  la sentencia decretando la nulidad de lo actuado a partir de la diligencia  de indagatoria.     

CARGO SEGUNDO (SUBSIDIARIO)  

Se  acusa  a  la  sentencia  de  violación  indirecta  de  la  ley  sustancial, por  error de hecho por falso juicio de  identidad,  mismo  que  remite  a  las  pruebas  testimoniales,  documentales  e  indicios.   

Acerca del primero de los medios en mención,  se  desarrolla la controversia remitiendo a lo declarado por los empleados de la  oficina  y  lo  recepcionado  en  indagatoria  a  la  encartada, de la siguiente  forma:   

a)  Testimonio  de la señora Ángela María  Uribe.  Se  anota que fue tomado de manera fraccionada porque ella ofrece varias  explicaciones  y  no  sólo una. En concreto, anota el censor, el Tribunal tomó  lo  dicho  por  la  atestante  para fundamentar su aserción de que la escritura  pública  no  puede  ser  firmada  por  los  interesados,  ni mucho menos por el  notario, si antes no se han presentado los paz y salvos fiscales.   

Entiende  el  recurrente  que  pudo  haber  sucedido  que  los paz y salvos espurios le fuesen presentados a la procesada, o  que primero se firmó por una parte y luego por las otras.   

b) Declaración jurada del Notario Cuarto del  Círculo  de  Medellín,  John  Lemos. Cita el recurrente la primera parte de lo  depuesto  por  el atestante, advirtiendo que ello fue lo tenido en cuenta por el  Tribunal,  escindiendo la segunda parte –que  no  relaciona  el  casacionista en el escrito-. Por ocasión de  dicho  fraccionamiento,  asevera  el  recurrente, se dio la impresión de que la  acusada  cometió  el delito de falsedad en documento público, pasando por alto  que  en  razón  a  su  función  debía  recibir  los  anexos  que  después se  demostraron espurios.   

c)  Indagatoria de la procesada GLORIA ELENA  HURTADO  LONDOÑO.  Se  cita lo dicho por la encartada acerca de la necesidad de  que,  previo   a  estamparse la firma de los interesados y el notario en la  escritura,  deban  allegarse  los  paz y salvos, para concluir que es posible se  consigne  cuando  menos  una  firma,  antes de que se hagan llegar los anexos en  cuestión.  Por lo tanto, según el recurrente, la acusada no conocía el origen  espurio de los paz y salvos recibidos.   

En  lo que toca con la prueba documental, se  detallan cuatro medios en concreto:   

a)  Los  paz  y  salvos  Nos.  1156 0214073,  0217206 1302, 1256613959 y 11570214071.   

b)  Las  facturas  de  pago  de  las  cuatro  escrituras (meses de marzo y abril de 1999).   

c)  Las escrituras públicas Nos.  338,  339, 340 y 341, y   

d)   La  certificación  expedida  por  la  Superintendencia  de  Notariado y Registro, advirtiendo que en la numeración de  enero  se  incluyeron  escrituras desde el número 01, hasta el 341, y el mes de  febrero incluyó escrituras desde el 342, hasta el 784.   

El  recurrente  hace  radicar  el  yerro del  Tribunal,  en  el  hecho  de  afirmar  que  los  paz  y  salvos  de  catastro  y  valorización  fueron  expedidos en los meses de marzo y abril, demostrándose a  partir   de   experticia   grafológica   que   hubo  falsedad  por  alteración  física.   

Advierte el recurrente, de manera genérica,  que  la  prueba  no compromete a su representada legal, ni se determina que ella  engañó  al  notario,  y  existe  distorsión  porque  si bien se determinó la  falsedad  de  los  documentos,  ello  no  significa  que  la  encartada  tuviese  responsabilidad en el hecho.      

Finalmente, en punto del elemento indiciario,  reprodujo  el  demandante  cuatro  indicios tomados en cuenta por el juzgador de  primera instancia para fundamentar la sentencia:   

a)  De  mala  justificación.  Dice  el  recurrente  que el juzgado del Circuito confundió el indicio con las sospechas,  dado  que  “el silogismo jurídico es demostrado, a  partir,  de  afirmar  posibles imprecisiones en el dicho de Gloria Elena, que no  configuran  silogismo  jurídico  (premisa  mayor,  premisa  menor  e inferencia  lógica) alguno” .   

b)  “De  autoría  o  participación”.  Partiendo  de lo concluido en el fallo respecto de que era la procesada quien se  encargaba   de   recibir   documentos    y   protocolizar  escrituras,  significa  el casacionista que ello no se reputa indicio, pues, en su calidad de  protocolista  de  la  oficina,  la  acusada  “tenía que haber recibido dichos  documentos”.   

c)  De  presencia  física.  Si el Tribunal  afirma  que  por  su  condición  de  protocolista  la  encartada  elaboró  las  escrituras   públicas,   razona  el  casacionista,  no  está  construyendo  un  silogismo,  porque  está  demostrado,  y ella no lo niega, que efectivamente la  procesada  laboraba en la oficina, pero su sola presencia no prueba que conocía  de la falsedad.   

d)  Móvil  del delito. El fallo de primera  instancia,  señala  el  recurrente,  indica  que el móvil es indiscutiblemente  económico,  pero  nada  se  ha  probado  sobre  este  particular.  Por ello, lo  inferido no tiene la estructura de un indicio.   

Finalmente,  en  lo  que toca con la prueba  indiciaria,  manifiesta  el  impugnante que lo deducido por la primera instancia  no  tiene  la  estructura  de  un  tal  medio probatorio y por ello se encuentra  relevado  de  adoptar  la  técnica  casacional  para  demostrar  la  violación  propuesta.   

A  manera  de  colofón  respecto del cargo  planteado,   significa  el  recurrente  que  si  no  se  hubiese  presentado  la  distorsión  del  fallador  de  primera instancia en los varios medios de prueba  citados,      otra      hubiese      sido      la     decisión     –incluso  la  segunda  instancia hubo de  variar  la  calificación,  condenando  de  acuerdo  con  lo  contemplado  en el  artículo  220 del Decreto Ley 100 de 1980, norma que entiende violada de manera  indirecta-.   

Reclama  el  casacionista, en consecuencia,  que  se  case  la totalidad de la sentencia impugnada y en su reemplazo se emita  fallo absolutorio a favor de su representada legal.     

TERCER CARGO (SUBSIDIARIO)  

Se  acusa  la sentencia impugnada de violar  indirectamente  la  ley, por error de hecho por falso juicio de existencia, dado  que  se  pasaron  por  alto,  en la sentencia de segunda instancia, dos pruebas:  declaración  del  señor  Francisco Alonso Garcés Correa, y lo arrojado por el  experticio  que  practicó  el  grafólogo  forense,  encargado  de  estudiar el  contenido  de  las  cuatro escrituras públicas expedidas por la Notaría cuarta  del Círculo de Medellín.   

El   testimonio   en  cita,  advierte  el  impugnante,  reseña los pasos que deben seguirse para la expedición válida de  una  escritura  –recepción,  extensión,  otorgamiento  y  autorización-.  Agrega  que  si los medios asoman  espurios, ello no afecta la validez de la escritura.   

Y  el  experto  confirma  que  las  cuatro  escrituras  fueron firmadas por el notario, a más que los sellos corresponden a  los utilizados en la Notaría Cuarta del Círculo de Medellín.   

Asegura  el  recurrente,  que  el  Tribunal  menciona  “descriptivamente”  lo expresado por el testigo, pero no se le dio  ningún  valor  probatorio,  individual o en conjunto, a lo expresado acerca del  proceso  de  formación  de  la  escritura  pública,  y por tal motivo nunca se  anotó  en  cuál etapa de ellas se materializó la falsedad, o en qué consiste  la misma.   

De  igual  manera,  atinente al experticio,  gracias  a  este,  manifiesta  el  impugnante,  se  confirma  lo  dicho  por  la  encartada,  en  el  sentido  de que la escritura puede elaborarse en una fecha y  terminarse     en     otra,     favoreciendo     ampliamente     su    posición  defensiva.   

Advierte  el  casacionista,  que de haberse  considerado  estos  dos  elementos  de  juicio,  no  se  hubiera  condenado a la  procesada,  pues,  una  cosa son los medios y otras la escritura, que a pesar de  estos,  puede  nacer  válidamente  a  la  vida  jurídica. La diferencia en las  fechas  asoma  connatural  a  las  escrituras  públicas, entendiendo doloso, el  Tribunal,  algo  que  no lo es. El que se estime válida la escritura elimina el  dolo.   

Añade el impugnante, que de lo arrojado por  las  pruebas  omitidas,  surgen  preguntas  tales  como  ¿qué falsedad operó?  ¿cómo  se  calló total o parcialmente la verdad?, ¿qué verdad consignan las  escrituras?.  Ante  la  imposibilidad  de  despejarlas, ellas deben resolverse a  favor de la encartada.   

    Junto  con  ello, destaca del  peritaje   lo   referido   a  “que  las  fechas  de  expedición  de  tales  paz  y  salvos no se corresponden con las adulteraciones  mecánicas de los mismos”.   

Afirma, igualmente, que las pruebas omitidas  contienen   elementos   “completamente  alusivos  a  descartar  que  en  GLORIA  ELENA  HURTADO  LONDOÑO,   hubiese  concurrido  conocimiento  y  voluntad,  dirigidos a engañar y/o utilizar al notario titular  de entonces”.   

Acorde  con  lo atrás resumido, asegura el  recurrente  que  el  fallo  atacado  violó  el artículo 220 del Decreto 100 de  1980.   

En tal virtud, reclama se case totalmente la  sentencia  y  en  su  defecto  se  dicte  fallo  de  reemplazo, absolviendo a la  encartada de los cargos que se le atribuyen.   

CUARTO CARGO (SUBSIDIARIO)  

Remite el casacionista a la causal primera,  cuerpo   primero,   violación   directa   de   la   ley   sustancial  por   interpretación errónea.   

Para el efecto, aduce el recurrente que hubo  errada  interpretación de lo consignado en el artículo 220 del decreto ley 100  de  1980,  consagratorio  del  delito  de  falsedad  material  de  particular en  documento   público,  pues,  se  distorsionó  la  teoría  de  la  imputación  objetiva,  pasando  por  alto  los  significados de los principios de confianza,  riesgo  creado y prohibición de regreso. Se obvió, respecto de estos temas, la  jurisprudencia emitida por la Corte.    

Cita  el  recurrente un apartado del fallo,  advirtiendo  que  se le agregaron al tipo penal, apartados que este no contiene.  Ello,  alega,  conduce  a  una  “imputación  objetiva”, pasando por alto el  contenido del artículo 9° del C.P.   

Agrega que la interpretación del Tribunal:  “Está  al  margen  del  contenido normativo de los  preceptos  220  del  Código penal de 1980 y el supra señalado precepto número  nueve  -9-, del Código penal de 2000, y, consecuencialmente, están al margen o  se  separan  los  principios de confianza, de riesgo permitido y la prohibición  de  regreso”;  y, de haberse tenido en cuenta la  norma y la jurisprudencia, la conducta se determinaría atípica.   

A  renglón  seguido,  cita  el  recurrente  amplia  doctrina  referida al delito de falsedad en documento público cuando en  ella  interviene un particular, para significar que ello remite a los principios  de  prohibición de regreso, confianza y riesgo permitido, propios de la teoría  de  la  imputación  objetiva, en su sentir, regulada por el artículo  9°  del  Código  Penal.  Hace  un  recuento jurisprudencial de la Corte sobre estos  principios.   

De  otra parte, remitiendo al contenido del  fallo,  asevera  el recurrente que se incurre en error acerca del dolo y dominio  del  hecho,  atribuidos  a  la  encartada, basados ellos en la diferencia que se  registra      entre      la      fecha      de      elaboración      de      la  escritura            –enero de 1999-,  y la  de      su     protocolización     –marzo de ese año-. De ello se dedujo el delito.   

Pero  también  pudo  suceder,  agrega  el  impugnante,  que  el  dolo  remita  al  hecho  de  haber recibido la acusada los  documentos   espurios   y  ello  condujo  a  engañar  al  Notario  “de  manera  ,  cuando en el supuesto de hecho, desconociendo los  principios  de  riesgo  permitido, de confianza y prohibición de regreso en que  se    hace   consistir   el   dolo   –no  en  el  acto  escritural  en sí, sino en el acto de engañar o  hacer  incurrir  en  error  al notario –nunca  admitido  por la encartada, se deriva responsabilidad penal,  sin  que  se  configuren ingredientes normativos del tipo penal en cuestión”.   

Señala el recurrente que la sentencia nunca  indicó  en  cuál  de las etapas de confección de la escritura se perfeccionó  la  falsedad, tomando apenas la disparidad de fechas para delimitar el dolo, sin  advertir   que   no   podía   la   procesada,   motu  proprio, cambiar las tales fechas.   

Se  pregunta  el  casacionista “¿cuál  es  el  dolo  de  falsear  dichos documentos o de hacer  incurrir      en      error      al      notario      titular?       

Afirma  el  impugnante  que  el Tribunal no  aplicó  adecuadamente  el  artículo  220  del  decreto  ley  100  de  1980,  y  desconoció  el  artículo  9° del Código Penal, pues, se obvió significar si  la  falsedad  radica  en haber engañado al notario, o en presentar paz y salvos  espurios.   

A  renglón  seguido,  en  desarrollo  del  argumento,  se  presentan  citas  puntuales  de lo anotado por el Tribunal en la  sentencia,  para  advertir contradictorio su análisis, dado que en primer lugar  anota  que  se engañó al notario, utilizándosele como instrumento, y después  asevera   que   la   escritura   consigna   una   falsedad   en   la   fecha  de  elaboración.   

Los   yerros   mencionados,   asegura  el  recurrente,  incidieron  directamente  en el fallo atacado, pues, se señaló de  manera  genérica,  confusa,  abstracta  y  difusa cuál es el delito ejecutado,  realizándose una inadecuada tipificación.   

En  este  sentido,  si  se  aduce  que el  ilícito  consiste  en  haber  engañado  al notario, se olvida que “cuando  el  tipo  penal  alusivo a la susodicha falsedad, lo que  exige  es  que la falsedad esté objetivamente consumada, sin atención al medio  o  la  manera  como  se  hubiera  producido el resultado falsario”.   

Pero  si  se  anota que la ilicitud deviene  consecuencia  de  definir  la  escritura  una  fecha  ajena a la realidad, es el  notario  quien  debe  responder  penalmente, en razón a estampar su firma en el  documento expedido.   

Es   por  ello,  asegura  el  recurrente,  que   el  fallo “desconoce los postulados de la  imputación  objetiva a que alude el artículo nueve -9°-de la ley 599 de 2000,  en  lo que respecta a la teoría de la imputación objetiva y los principios que  la sostienen”.   

Junto  con  lo anotado, añade “por  donde  se  mire”, la conducta de  la  procesada  corresponde  a  una “adecuación  típica  diferente  a  la  plasmada  en  la  sentencia de condena”.   Seguidamente,  anota  que  “la  adecuación  típica  de  la  conducta  de  la  protocolista no da para deprecar  conducta penal alguna”.   

Por último, en seguimiento de los artículo  5°  del decreto ley 100 de 1980, y  9° de la ley 599 de 2000,que entiende  diferentes  en  su  concepción  filosófica, manifiesta el recurrente que no es  posible  condenar  a  su representada legal, sea que el delito se asuma cometido  por  engañar  al  notario,  o  en  razón  a la disonancia en las fechas de las  escrituras, o por ocasión de lo mutado en los paz y salvos.   

Concluye el casacionista, que efectivamente  se  violaron  el   art. 9° de la ley 599 de 2000, y el 220 del decreto ley  100  de 1980, razón por la cual la Corte debe casar la sentencia y emitir fallo  de  reemplazo  en  el  cual se absuelva de responsabilidad penal a la procesada.   

    

1. Demanda  a  nombre  de  la  procesada   LILIAM DE JESÚS GÓMEZ  QUINTERO.     

            La    recurrente  estima  que  el  monto  de  pena  establecido  para  el delito de estafa, que en  concurso  heterogéneo  con varias falsedades en documento público, se atribuye  a  su  representada  legal,  aún  dentro  del  dispositivo  amplificador  de la  tentativa,    faculta    acceder    por   vía   ordinaria   al   extraordinario  recurso.   

           Empero,   si   se  considerase  lo  contrario  por  la  Sala, determina necesario que esta se ocupe  discrecionalmente  de  la  demanda,  en tanto, advierte violación de garantías  fundamentales  en  el  trámite  procesal  seguido  en contra de su representada  legal  y, además, se hace necesario obtener desarrollo jurisprudencial respecto  de puntos concretos.   

             Respecto    del  primero  de  los  tópicos  reseñados, afectación de garantías fundamentales,  manifiesta  la  impugnante que se ha violentado el debido proceso y la exigencia  de plena prueba para condenar.   

            Desarrolla    el  punto   significando   que   el   Tribunal   omitió  apreciar  algunas  pruebas  testimoniales   y  además  “se  cercenaron  otras  testimoniales”;  omitió  considerar  varios  documentos  y  otros  “se cercenaron”; y desconoció los  derroteros de la lógica y las máximas de la experiencia.   

De haber actuado adecuadamente el Tribunal,  significa  la  casacionista,  se  habría  determinado que su representada no es  responsable  de los delitos que se le atribuyen, o cuando menos, ello devendría  consecuencia   de   la   adecuada   aplicación   del  principio  in  dubio  pro  reo.   

De  igual  manera, agrega la impugnante, se  violó  el  principio de legalidad porque se condenó sin materializarse el  principio  de  certeza  y se ordenó el pago de perjuicios violando el principio  de  cosa  juzgada. Con una dicha actuación, agrega, se pasó por alto el debido  proceso y el derecho de defensa.   

En  lo  que toca con la necesidad de que se  desarrolle   la  jurisprudencia,  en  cuanto  circunstancia  habilitante  de  la  casación   discrecional,   anota   la   recurrente   que  el  Tribunal  aplicó  indebidamente  los artículos 21 y 66 del Código Penal, particularmente, porque  se  vulnera  el  derecho  de  defensa  si se ordena la cancelación escrituras y  registros en cabeza de terceros de buena fe.   

Elaborado  el  proemio,  la  casacionista  desarrolla  los  cargos  que  directamente  atacan  lo decidido, de la siguiente  forma:   

CARGO PRIMERO (PRINCIPAL)  

Remite la recurrente al cuerpo segundo de la  causal  primera  de  casación,  violación  indirecta  de  la  ley  sustancial,  advirtiendo  que  la  misma  opera  conjuntamente  por  error de hecho por falso  juicio   de   existencia  por  omisión,  falso  juicio  de  identidad  y  falso  raciocinio.   

Tales  yerros,  anota,  condujeron a que se  aplicaran  erradamente  los  artículos  220  y  356  del  decreto  ley  100  de  1980.   

a) Falso juicio de existencia por omisión.  Dice  la  recurrente  que  el  Tribunal  obvió  considerar  lo testimoniado por  Mónica  y  Fernando  Acevedo, quienes acreditan que la procesada era una simple  ama  de  casa que atendía los dictados de su marido en cuanto a la adquisición  y venta de inmuebles.          

A su vez, en lo que toca con lo depuesto por  Edgar  Gutiérrez  Múnera, el fallo de primera instancia hace mención de ello,  pero  “sectoriza y divide  la declaración”. De igual manera, el señor  Néstor  Hincapié Giraldo, fue referenciado en la primera instancia, pero no en  la segunda.   

Se  omitió tomar en cuenta, finalmente, lo  declarado  por  el  señor Carlos Javier Palacios, quien da fe de que es posible  tomar  la  primera firma en una escritura pública, sin que deban obrar para ese  momento los correspondientes paz  y salvos.   

Las   pruebas   omitidas,   señala   la  casacionista,  permiten demostrar que la encartada sí suscribió las escrituras  el  29  de  enero de 1999, a petición de su esposo, no tuvo conocimiento acerca  de  la  naturaleza espuria de los paz y salvos y no conocía a la protocolista o  a quienes suscribieron la escritura.    

Atinente   a   la   prueba   documental  presuntamente  omitida por el Tribunal, detalla la impugnante que se aportaron a  la   foliatura,  un  documento  suscrito  por  el  Dr.  Carlos  Javier  Palacio,  certificación  firmada  por  María Victoria Maya y el Formato de Calificación  de  Escrituras  Públicas,  gracias  a  los cuales se puede demostrar cómo, por  fuera  de  lo  que  la norma indica, la práctica y la costumbre indican posible  firmar  una  escritura pública, sin que previamente se aporten los paz y salvos  fiscales.   

En similar sentido, omitido por el Tribunal,  estimar  los  documentos  que remiten al traspaso operado respecto del vehículo  de  placas  T12713  y  al  historial  del automotor, cuya trascendencia opera en  razón  a  que  ellos  demuestran que la costumbre del occiso era firmar o hacer  firmar los documentos de traspaso, para después diligenciarlos.   

Con  la  totalidad  de  pruebas  omitidas,  manifiesta  la  recurrente,  se demuestra que las escrituras sí fueron firmadas  el  29  de  enero  de  1999,  que  la procesada no aportó los paz y salvos, que  tampoco  los  adulteró, que en el caso examinado se firmaron las escrituras sin  la  previa  presentación de los paz y salvos, y que existe certeza acerca de la  no actuación de la procesada como determinadora.   

Entonces, acota la demandante, si se hubiese  tomado  en  cuenta  lo  anotado,  se  habría  hecho  uso de lo consagrado en el  artículo   247  del   decreto  ley  100  de  1980,  en  lugar  de  aplicar  erróneamente los artículos 220 y 356 ibídem.   

Debe, en consecuencia, casarse la sentencia,  absolviendo a la encartada.   

b)   Falso   juicio   de   identidad  por  “tergiversación”,   que   estima   consecuencia  de  la  “sectorización,  parcelación o división de unas pruebas”.   

        Cita,  para  el  desarrollo  de su argumentación, apartados de lo testimoniado por los  señores  John  Lemos  Velásquez,  Blas José de Subiría, Ángela maría Uribe  Escobar,  Francisco  Alonso  Garcés Correa, de cuyas atestaciones extrae que si  bien,   la   normatividad  postula  unos  requisitos  para  la  elaboración  de  escrituras   públicas,   este   puede   ser   variado   así   constituya   una  irregularidad.   

        Ello  acredita,  en  sentir  de  la casacionista, que en el caso concreto, era posible  que  la procesada firmara la escritura el 29 de enero de 1999, aún sin contarse  con los paz y salvos.   

       Erró  el  Tribunal,  asevera  la  impugnante,  porque  estableció  inalterado el trámite  ordenado  normativamente  para la expedición de escrituras públicas, es decir,  asumió  “que lo dicho por la norma se torna en una  necesariedad  naturalística  sin percibir que la práctica contraria a la norma  no solo es absolutamente posible sino incluso de común usanza”   

         A  renglón  seguido,  dentro  del  mismo  error  de  hecho anunciado, significa la  recurrente  que  el  Tribunal  erró  en  lo  que  toca con la prueba documental  –escrituras públicas 338,  339,  340  y  341, certificación 6cedn1160/ 07/11/02, de la Superintendencia de  Notariado  y  Registro  –  , y pericial –dictamen    presentado   por   el   grafólogo   Rafael   Londoño-.   

       Lo  arriba  enunciado,  asevera  la  demandante,  acredita  la  fecha  de  emisión  de  las  escrituras,  así  como  la  suscripción por parte de la procesada, el rango de  escrituración  de  la Notaría Cuarta del Círculo de Medellín, para cada mes,  y  que  los documentos en mención fueron firmados por el titular de la oficina,  John Lemos.   

          En  consecuencia,  añade,  es posible determinar que la firma de los documentos sí  operó  el  29  de  enero de 1999 “muy a pesar  de la irregularidad en la  aportación  de  los  paz  y  salvos  y de la misma acción delictual adelantada  sobre  ellos”.  Así  mismo, que “El Tribunal pretende darle a la existencia  de los paz y salvos un valor objetivo que no tiene la prueba”.   

c)   Falso   raciocinio.  Para  adelantar  argumentalmente   el   cargo,   la   demandante  cita  textualmente  los  mismos  testimonios  y  apartados testificales relacionados en el ataque anterior (falso  juicio  de  identidad  por tergiversación), asegurando que el Tribunal se basó  en  los mismos para concluir que las escrituras no fueron expedidas, autorizadas  o  creadas el 29 de enero de 1999, sino con posterioridad a la muerte del señor  Rodrigo de Jesús Amaya Zapata, cónyuge de la procesada.   

      Para adecuar  la  crítica  al  cargo  planteado,  significa  la  impugnante  que  el Tribunal  desconoció,  en  la  evaluación de los testimonios, las reglas de la lógica y  las máximas de la experiencia, en el siguiente sentido:   

      1) Reglas de  la  lógica.  Respecto  de los principios de contradicción, razón suficiente e  identidad.   

       El primero,  porque  “Parte de pensar que el predicado de certeza  está  implícito  en  la  proposición  de  aquella, es decir, que le pertenece  esencialmente  a ella y si este es el punto de partida lo que se construye es un  sofisma.  El  enunciado de la norma no es más que un deber ser que no encuentra  dentro  de  su  desarrollo  la  necesariedad  que  se  predica de los principios  científicos.  Afirmar  que lo que la norma dice es exactamente lo que tiene que  darse  en  la  práctica es falsear el principio de que venimos dando cuenta.”   

         El  segundo,  advierte  la  demanda,  exige  explicar  la razón que anima el actuar  humano.  Y  en  el  asunto debatido, no se ha demostrado cuál fue el motivo que  gobernó  el  actuar  de  la  implicada, cuando ningún beneficio obtenía de la  negociación.   

         El  tercero   de   los   principios,   advera   la  casacionista,  en  términos  de  Wittgenstein,  puede  ser reformulado como que “para  todo  A  puede  haber  algo  que  no  sea  A”.  Ello  trasladado  al  caso  concreto,  implica  significar que no siempre que se obvia  presentar    los   paz   y   salvos,   no   hay   firmas   en   las   escrituras  públicas.   

         2)  Máximas  de la experiencia. Para la casacionista “A  pesar  de  que una norma regule la forma de realización de un acto –para  el caso una escritura pública-  la    práctica   normal   asume   otras   formas”.   

       Afirma  la  recurrente,  en  seguimiento  de  lo  atrás  referenciado,  que  la experiencia  enseña  que  la procesada acudió el 29 de enero de 1999 a la Notaría Cuarta y  firmó  las  escrituras  públicas;  que  ese  día la encartada no llevó paz y  salvos,  ni  se  le  exigieron;  que  al tomar la primera firma en una escritura  –aún sin que obren los paz  y  salvos-,  esta  toma  número y fecha; y, “que es  improbable  que  para  el mes de marzo exista numeración consecutiva del mes de  enero” .   

      El yerro del  Tribunal  en  la  apreciación  de  la  prueba, sostiene la demandante, influyó  decisivamente  en  lo  decidido,  dado  que  se  dio  a la misma un valor que no  tiene.   

        En el  acápite  destinado  a  demostrar  el  cargo  y  su  nexo  con  lo  decidido, la  recurrente  manifiesta:  “A  través  de  la prueba  omitida  quedó  suficientemente  acreditada la posibilidad de que se permita la  firma  del  acto  escriturario por alguno de los contratantes, así no obren los  paz y salvos”.   

           SEGUNDO   CARGO   (subsidiario   del  principal)   

         Acusa  la  sentencia de violación indirecta de la ley  sustancial  –artículo 445  del  decreto  2700 de 1991, hoy artículo 7° de la ley 600 de 2000, y artículo  29  de  la  Carta  Política-,  por error de hecho por  falta de   aplicación  del  principio  in dubio pro reo, consecuencia de falsos juicios de  existencia,   de   identidad   y  raciocinio,  que  argumenta  de  la  siguiente  manera:   

          a)  Falso  juicio  de  existencia  por  omisión.  En  desarrollo  del  cargo  se  hace igual evaluación, textual, a lo  consignado  en  el  cargo  principal, respecto de los mismos medios probatorios,  agregándose  que  las  pruebas  omitidas  generan una duda razonable y permiten  advertir  que  la  procesada  sí  pudo  haber  actuado en representación de su  esposo.   

    

        En   el  apartado  referido  a  la  demostración  del  cargo  y su nexo con lo decidido,  asevera  la  impugnante que lo probado admite varias hipótesis y sin embargo se  escogió condenar.   

       b)  Falso  juicio  de  identidad  por  tergiversación.  También  se desarrolla igual a lo  postulado en el cargo principal.   

       Respecto de  la  trascendencia  del yerro, anota la recurrente, que el fallo atacado dio a la  prueba  un  valor objetivo que no tiene, pasando por alto que en la práctica se  puede  actuar  por  fuera  de  lo  que  la norma indica. De tenerse en cuenta lo  omitido,  entonces, el Tribunal hubiese absuelto en seguimiento del principio in  dubio por reo.   

         c)  Falso  raciocinio.   El  demandante,  igual a lo ocurrido con los otros dos  cargos,   repite   lo   consignado   en   el   cargo  principal,  con  similares  consecuencias,  que  aquí  se  hacen  consistir en la necesidad de absolver por  ocasión  de  que  no  se conoce cómo ocurrieron los hechos y ha de darse pleno  valor al principio in dubio pro reo.   

TERCER    CARGO    (SUBSIDIARIO    DEL  PRINCIPAL)   

   

         Lo  funda  la  casacionista   en  el  cuerpo  primero de la causal primera, por  aplicación  indebida  de  los artículos 21 y 66 del C. de  P.P., dado que  se  dispuso,  indebidamente,  la  cancelación de las escrituras 338, 339, 340 y  341,  signadas  el  29 de enero de 1999, ante la Notaría Cuarta del Círculo de  Medellín.   

       Asegura  la  demandante  que a su representada legal le asiste interés para el efecto, pues,  si  bien  los actos en mención afectan a terceros, es ella quien debe responder  ante los mismos, ya que actuó en representación de su esposo.   

En   sustento   de  su   ataque,  la  impugnante  manifiesta  que  el  artículo 21 del Código de Procedimiento   Penal,  admite  el  restablecimiento  del  derecho,  pero  siempre  y cuando las  circunstancias lo permitan.   

        En   tal  virtud,  añade,  cuando  se  decretó  en  el  fallo  la  cancelación  de  las  escrituras,  se aplicó indebidamente la norma sustancial, porque las escrituras  fueron  creadas  en  el  año  1999 y después los adquirentes realizaron nuevos  actos  sobre esos bienes, que así pasaron a manos de otras personas, quienes no  fueron  llamados  al  proceso.  Estas  últimas transacciones se reputan legales  porque no estaba comprometida la negociabilidad de los inmuebles.   

          El  restablecimiento  del  derecho,  acota  la  impugnante, no puede ir en contra de  otros  derechos  reconocidos  por la ley. Por ello, el asunto debe resolverse en  la  jurisdicción  civil,  a  efectos  de que los tenedores de los bienes puedan  demostrar sus derechos.   

        Incluso,  agrega  la  recurrente, se omitió dar aplicación a varias normas del  Código  Civil,  regulatorias  de  la  materia,  y  el  artículo 83 de la Carta  Política, referido a la presunción de buena fe.   

       Acorde  con  lo  anotado, solicita la demandante, se case parcialmente el fallo, dejando  sin efecto la orden de cancelar las escrituras y sus registros.   

CUARTO CARGO (“subsidiario del principal o  del    cargo   segundo,   primero   subsidiario   del   principal,   según   se  acoja”).   

         Se  acusa  la  sentencia  de  violación indirecta de la ley sustancial por error de  hecho  por  falso  juicio de existencia por omisión, lo que condujo a la errada  aplicación  de  los artículos 106 y 107 del Decreto Ley 100 de 1980 (artículo  97  ley 599 de 2000), y falta de aplicación de los artículos 2469, 2472 y 2483  del  Código  Civil,  en  concordancia  con  el artículo 21 del Decreto 2700 de  1991,  reformado  por  la ley 600 de 2000, art. 23, hoy art. 25 de la ley 906 de  2004.  Así  también,  dejando  de aplicar el art. 15 del decreto 2700 de 1991,  subrogado  por  el artículo 19 de la ley 600 de 2000, hoy art. 21 de la ley 906  de 2004.   

         Centra  su  argumentación  la  recurrente  en  el  señalamiento de que el Tribunal omitió  tener  en  cuenta prueba documental arrimada al expediente, en concreto, el acta  transaccional  suscrita  por  las  partes  y  el tercero acreedor, en la cual se  consigna   que   este   renuncia  a  los  perjuicios  derivados  del    incumplimiento  del contrato de compraventa por parte del causante, “renuncia  que  desde  luego  beneficiaba  a todos los herederos,  ante  el  Juzgado  12  de familia de Medellín”; y el  acuerdo  transaccional  suscrito  entre  las  partes,  en  el  que  “una     vez     más    se    vuelve    sobre    los    acuerdos  realizados”.   

         Los  documentos   omitidos,   señala   la   impugnante,  revelan  la  existencia  de  transacción  respecto  de  las  indemnizaciones  que  pudiera generar el delito  atribuido a la procesada.   

       Dado que se  inaplicaron,  por  ocasión  de  la  omisión en la apreciación probatoria, las  normas   arriba  citadas,  solicita  la  recurrente,  se  case  parcialmente  la  sentencia, dejando sin efectos la condena en perjuicios.   

CONSIDERACIONES DE LA CORTE  

         

Sea  lo primero advertir que a pesar de los  argumentos  de  los  demandantes,  en el presente caso no era necesario acudir a  los  causes  de la casación por la vía discrecional, pues aunque es cierto que  de  antaño  la  Corte  prohijaba  la tesis de que el monto de pena a considerar  para  efectos  de  significar  si  se  legitimaba o no el requisito cuantitativo  demandado  respecto  de  este  especial  medio  impugnatorio,  debía remitir al  exigido  para el momento de emitirse la sentencia de segunda instancia, ya luego  varió  su  posición  y hoy rige aquella que reporta atender a lo demandado por  la  norma  vigente  cuando  se  ejecutaron  los  hechos,  si  ella  resulta más  favorable   a   los   intereses   del   procesado  en  punto  del  acceso  a  la  casación1.   

En  este  caso,  la  condena  de  segunda  instancia  proferida  en  contra  de  GLORIA  ELENA  HURTADO LONDOÑO, la reputa  autora  de  un  delito de falsedad material de particular en documento público,  que  de  conformidad con la norma aplicada, Ley 100 de 1980, reportaba pena de 2  a 8 años de prisión.   

           A   su   vez,  en  similares  condiciones,  a  la procesada LILIAM DE JESÚS GÓMEZ QUINTERO, se le  determinó  responsable  de  un concurso de ocho de las ilicitudes en mención y  el  delito  de estafa, este último consagratorio de pena que oscilaba entre 1 y  10 años.2   

          Bajo  tan precisos  postulados,  si se tiene claro que los hechos ocurrieron en el año 1999, época  en  la  que  se confeccionaron las escrituras espurias, es dable pregonar que la  norma  aplicable  ultractivamente,  por favorabilidad, no es otra diferente a la  vigente  para  ese  momento,  vale  decir,  el artículo 218 del Decreto 2700 de  1991, modificado por el artículo 35 de la Ley 81 de 1993.   

           El  artículo  en  cuestión  faculta  la  interposición  del extraordinario recurso de casación,  respecto  de  las sentencias   proferidas en segunda instancia por los  Tribunales  Superiores  de  distrito  judicial, por delitos que tengan señalada  pena  privativa  de  la libertad “cuyo máximo sea o  exceda de seis (6) años”.   

        Pues  bien,  si  se  dijo  ya  que  el  delito  de falsedad de particular en documento  público,  apareja pena que consagra un límite máximo de ocho años, inconcusa  se  revela  la  facultad  legal  para que ambos demandantes accedan al mecanismo  directo  de  casación, sin que sea menester cubrir la carga adicional dispuesta  en el inciso tercero de la norma en trato.   

         Se  abstendrá,  por  ello,  la  Sala,  de abordar el aspecto propio de la casación  discrecional  contenido en las demandas, ante la inconsecuencia de la exigencia,  y  de  lleno  analizará los cargos propuestos por los recurrentes, a efectos de  determinar  si  cumple su exposición el mínimo lógico argumental que se exige  de este medio especial de impugnación.      

        Al        efecto,       ya       suficientemente  se  conoce  la  posición  de  la Sala, en punto del  rigor  demandado  consignar  en  la  demanda  de casación, pues, no se trata de  recrear  una  especie  de tercera instancia que sirva de escenario adecuado a la  controversia  ya superada de las instancias, en la cual se pretende anteponer el  particular       criterio      o      valoración  probatoria  a aquel que sirvió de soporte     a     la     decisión    de    los    jueces    a-quo        y        ad-quem, entre  otras  razones,  porque  a  esta sede arriba la decisión judicial con una doble  connotación de acierto y legalidad.   

        Se  busca,  entonces,  que la dicha presunción sea derribada a través de criterios  claros,  lógicos,  coherentes y fundados, insertos en  el  compromiso  de  demostrar  la  violación  en la cual incurrió el fallador,  suficiente  para  echar abajo su contenido de verdad, en el entendido de que, de  no   haberse   materializado  el  yerro,  otra  hubiese  sido  la  decisión,  y  precisamente  así faculta  trascendente recurrir al mecanismo extraordinario de impugnación.   

         Sirvan  de  derrotero  estas  precisiones,  a efectos de abordar cada una de las  demandas presentadas por los defensores de las acusadas.   

        DEMANDA    PRESENTADA    A   NOMBRE   DE   GLORIA   ELENA   HURTADO  LONDOÑO.   

      De   manera   profusa,   el   casacionista   agota  gran  parte  del  listado  de  violaciones  consagradas  en  la ley, significando una amplia gama de errores in procedendo e  in   iudicando   que,   en   su   sentir,  ameritan  echar  abajo  la  sentencia  atacada.   

       Sin embargo, un detallado recorrido por  los  diferentes  cuestionamientos,  permite  advertir que si bien, el demandante  busca  acomodar  sus  críticas  a los rigores argumentales y lógico jurídicos  que  gobiernan  el mecanismo casacional, finalmente, ningún yerro ostensible en  el  fallo  propone,  limitándose  a exponer su particular interpretación de lo  ocurrido  en  el  trámite  procesal  y  lo  arrojado  por  las  pruebas, razón  suficiente para que su pretensión deba desecharse de entrada.   

      Para  una  mejor comprensión del asunto debatido y por ocasión de  la  exhaustiva  delimitación  consignada  en  el escrito, se hará referencia a  cada  uno  de  los  cargos  propuestos  en  el  mismo,  a efectos de destacar la  impropiedad que ellos encierran.     

    

1. Errores in procedendo     

      El  demandante, ubicado en la causal tercera, acusa la sentencia de  haber  sido  dictada  en  un  proceso  que rotula plagado de irregularidades, en  concreto,   por   violación   al   derecho   de   defensa  y  al  principio  de  investigación          integral.   

      Sin    embargo,    la   controversia   no   pasa   de   la   simple  enunciación,  pues, en lo que toca con el primero de  los  defectos  citados,  simplemente  advierte  que  el  anterior defensor de la  encartada   guardó  silencio  durante  el  trámite  procesal  que  recorre  la  instrucción  y  llega  hasta  la  convocatoria  a  audiencia preparatoria de la  pública,    sin    que    demandara   la      práctica      de      pruebas     ni     atacara  la  acusación formulada por el ente  instructor.   

         Era  menester,  para  que pudiese tener  fortuna   el   cargo,   significar   cuáles   fueron  las   pruebas   que   se   demandaba   exigir  y  su  trascendencia   respecto   de   lo   fallado,   a   efectos   de  que  la  Corte  contara  con  elementos de  juicio        que        le        permitiesen   valorar  si  efectivamente     fue    vulnerado  el  derecho,  en  punto  de su  trascendencia.   

       Sin  embargo,  el recurrente se duele de  la   pasividad   de   su  antecesor,   pero  nunca  específica  las  omisiones  probatorias   que   le   enrostra,   como   tampoco  acredita  que  era  del resorte del profesional del derecho postular en el momento  adecuado,  adelantando  apenas  un  concepto  vago  e  impreciso  que  impide conocer, como se dijo, cuál es la omisión reprochada al  abogado y sus efectos prácticos respecto de lo fallado.   

      Algo  similar  ocurre  con su manifestación de que debió recurrir  el  proveído  acusatorio,  en  tanto,  se  limita  el impugnante a presentar su  particular  visión del tipo de delito que entiende ejecutado, o mejor, de cómo  era  posible  atacar  la  determinación  típica  despejada  en  contra  de  su  representada  legal,  sin  definir  adecuadamente  cómo  la  intervención  del  profesional   del   derecho,   en   sede   del   recurso,   habría  repercutido  favorablemente  en  los  intereses  de  su  asistida,  cuando  es  claro  que  el  fallo  atacado  sí  toma  en cuenta los factores en  discusión  planteados  por  el  casacionista,  esto  es, la condición ajena al  servicio   público   de   la   misma   y   la   variación  en  la  adecuación  típica.   

        Desde  luego  que  tratándose  de  la  necesidad  de  quebrar  el  fallo  de  segunda  instancia,  la  discusión  no  se puede  limitar  a lo que transitoriamente  pudo  ocurrir  con la resolución acusatoria, sino en el efecto que lo  obviado  tuvo definitivamente en el  fallo demandado.   

       En  lo  que  toca  con  la  presunta  violación del  principio  de  investigación  integral,  de  manera  genérica  y  abstracta el  impugnante  refiere  una  supuesta  unilateralidad  del instructor, quien, en su  sentir,  sólo  investigó  lo  desfavorable para la encartada, con el ánimo de  que  se  le  condenara.  A  su  vez,  lamenta  que  el  Ministerio Público y su  antecesor  en  la defensa, no solicitasen pruebas que  pudiesen favorecer a la encartada.   

       Pero nunca especificó el  demandante  cuáles  son  esos  medios  probatorios  que  en  su  obligación de  investigar  tanto  lo  desfavorable  como  lo favorable a la procesada, dejó de  practicar  el  fiscal  o  cómo  esos ignotos elementos de juicio inciden de tal  manera  en  lo  decidido,  que  necesariamente  se  hubiera presentado un cambio  favorable para su representada legal.   

       Permanece,   entonces,   en   el   reino   de   la  indeterminación  el  ataque planteado por el recurrente, razón suficiente para  que   en  este  tópico  se  inadmita  la  demanda.   

       2. Errores in iudicando   

       

       La    primera    de   las   causales   postuladas   relaciona   la  materialización  de  la  violación indirecta de la  ley  sustancial  por  error  de  hecho  por   falso  juicio  de  identidad,  en relación con las pruebas testimonial, documental e  indiciaria.   

        En  lo  que  toca  con  el  primero de los medios en  mención,     el       impugnante,  lejos  de verificar, como le corresponde, cuál es el  apartado  testifical  tergiversado,  cercenado  o adicionado por el Tribunal, se  limita  a  anteponer  su particular interpretación de lo dicho por el testigo y  lo  que  probatoriamente  arroja, desde luego, pasando por alto certificar cuál  es  el  ostensible yerro del Ad quem, pues, ni siquiera postula adecuadamente si  este   proviene  de  tergiversar,  cercenar  o  adicionar  el  contenido  de  la  dicción.   

   

       Incluso, basta apreciar los apartados citados por el  recurrente,  para advertir que ellos no dicen lo que  este  entiende  que  afirman. Por el contrario, para  citar    el    caso    de    la   declarante   Ángela  María  Uribe,  precisamente anota ella que  los  paz  y  salvos  han  de  ser  presentados por los interesados, previo a las  firmas  que han de consignarse en la escritura, y no,  como  se  afirma  en  el  libelo,  que  los  mismos  puedan  ser  allegados  con  posterioridad    a    la   manifestación   de   voluntad   consignada   en   la  firma.   

       Los  agregados  del  casacionista  en  punto  de  que  se pudieron  presentar  paz y salvos falsos y ello no fue conocido  por  la  procesada, para  nada   tocan   con   la   prueba   citada   por  el  casacionista y el error que se atribuye al Tribunal,  que,  se  recuerda, fue perfilado a través de la tergiversación, cercenamiento  o adición propios del falso juicio de identidad.   

       Atinente  a  lo declarado por el Notario John Lemos,  no  señala  el  recurrente cuál fue el valor concreto que el Tribunal dio a la  prueba,  esto  es,  qué  dijo  de ella,  o  el  apartado  que,  dejado  de  lado,  condujo a la decisión  cuestionada,     entre     otras     razones,     porque     de     lo   citado   no   se   concluye   lo  referenciado por el demandante.   

       Sobre   este   específico  campo  de  impugnación,     ha     dicho     la     Corte3:   

“Si   lo  pretendido  es  denunciar  la  configuración  de  errores  de  hecho por falsos  juicios  de  identidad  en  la  apreciación  probatoria,  el  casacionista debe  indicar   expresamente,   qué  en  concreto  dice  el  medio  probatorio,  qué  exactamente  dijo de él el juzgador, cómo se tergiversó, cercenó o adicionó  haciéndolo  producir  efectos  que  objetivamente no se establecen de él, y lo  más  importante,  la  repercusión definitiva del desacierto en la declaración  de      justicia      contenida      en      la     parte     resolutiva     del  fallo.”          

      

       En  punto  de  la  indagatoria  surtida por la encartada, lejos de  indicar   el   recurrente  cuál  fue  el  apartado  cercenado,  tergiversado  o  adicionado,  y  cómo incidió ello en la decisión,  relacionando  qué  específicamente  dijo  de ello el Ad quem, el demandante se  ocupa  mejor  en  argumentar en torno de lo expresado por otros declarantes y lo  que  del  análisis  de la prueba debe surgir, tornando, por ello, completamente  ajena  la  controversia  al  cargo  propuesto,  en  tanto,  jamás  se dilucidó  efectivamente presentado el yerro anunciado.   

       Respecto    de    los    documentos   y   el   falso   juicio   de  identidad  que  se  pregona  maculó la decisión de  segundo  grado,  más  ostensibles asoman las falencias de la impugnación, dado  que,  apenas  se  cita lo dicho por el tribunal respecto a la naturaleza espuria  de  los  paz  y  salvos,  con remisión incluso a la prueba pericial que así lo  hace  ver,  pero  jamás  se  determina  qué  fue lo adicionado, tergiversado o  cercenado  por  el  Ad quem, conforme el contenido de  los  dichos documentos, hasta que, finalmente, la propuesta del censor deriva en  el  planteamiento  de  otras  hipótesis diferentes a la tomada en cuenta por el  Tribunal,   en  típico  alegato  de  instancia  que para nada revela el yerro evidente que faculta casar  el fallo por la vía propuesta.   

       Así  ocurre,  por  ejemplo,  cuando el casacionista  concluye  que  efectivamente se demostró la falsedad de los documentos, pero no  que  la  acusada  supiera  de  ello,  sin  que  referencie  en  qué apartado el  Tribunal,  de  los  documentos  citados,  cercenó, tergiversó o adicionó algo  diferente      a     lo     que     ellos     contienen.       

    

       Finalmente,  en  lo  que a este cargo respecta, bien  poco  debe  anotarse  acerca  del  error  planteado  en  punto  de la inferencia  indiciaria,   como   quiera   que   el   demandante  manifestó  de  entrada  el  incumplimiento  de  las exigencias argumentales, por estimar que lo colegido por  el   fallador   de   primer   grado,  no  corresponde  en  su  estructura  a  un  indicio.   

       Si  ello  es así, entonces, y se busca controvertir  el  análisis  y  consecuencias que de los elementos de juicio hizo el fallador,  debió  acudirse  a  una  de  las  otras  tantas  vías  de  controversia que se  establecen  respecto de los errores de hecho o de derecho, en lugar de limitarse  a   anteponer   su  criterio  al  del  sentenciador,  obviando  cubrir las mínimas exigencias sustentatorias del recurso, entre otras  cosas,  porque  si  de  verdad  no  se  estructura  el  indicio  como  tal, ello  corresponde  demostrarse  a  través del ataque propuesto, ya que se escogió el  camino  del error de hecho por falso juicio de identidad, discriminando qué fue  lo  cercenado,  adicionado o tergiversado por el fallador, respecto de la prueba  que  soporta  el  hecho  indicador.      

        Fatal consecuencia de los desaciertos lógicos de la  demanda  y  carencia  de  sustento  del segundo cargo propuesto, es su inadmisión.   

       Como  tercer  cargo,  segundo subsidiario dentro del  espectro   de   los   errores   in   iudicando,  el  demandante  acusó la sentencia de un error de hecho  por   violación   indirecta   de   la   ley  por  falso  juicio  de  existencia  por omisión,  en  lo  que  toca con lo declarado por Francisco Alonso Garcés  Correa,    y   lo   arrojado   por   el   experticio   que   practicó   el   grafólogo  forense  a  las  escrituras cuestionadas.   

       Respecto  de  este  tipo de ataque por omisión en la ponderación  de  la  prueba,  ha  señalado  la Corte que es deber del demandante4:   

“…concretar   en   qué  parte  del  expediente  se ubica ésta, qué objetivamente se establece de ella, cuál es el  mérito  que  le  corresponde  siguiendo  los  postulados de la sana crítica, y  cómo  su  estimación  conjunta  con  el  arsenal  probatorio  que  integra  la  actuación,  da  lugar  a  variar  las  conclusiones  del  fallo,  y,  por tanto  modificar   la   parte   resolutiva  de  la  sentencia  objeto  de  impugnación  extraordinaria”.      

         Bien  poco  de ello intentó el demandante, habida cuenta de   que,  atinente  a  la  declaración que dice obviada por el Tribunal, no dice el  recurrente  qué  de  lo  consignado  por  el  testimoniante  hubiera variado lo  decidido  de  manera trascendente a favor de la acusada. Sólo hace preguntas el  casacionista,  o  mejor,  delimita  lo que debería haber hecho el fallador, con  base  en  la  prueba,  para demostrar la responsabilidad de la procesada, asunto  completamente  ajeno a la postulación efectuada en punto del supuesto error por  falso  juicio  de  existencia,  cuyo  objeto jurídico concreto se reporta si se  quiere  elemental,  para efectos de que se demuestre cómo, si se hubiese tomado  en  cuenta  el  medio  pasado por alto, la decisión habría sido necesariamente  otra.   

         En  lo  que  respecta al experticio grafológico, el  demandante  significa  que gracias a él se concluye posible comenzar a elaborar  una  escritura  en  una  fecha  y  terminarla  en  otra, afirmación que, anota,  favorece ostensiblemente a su representada legal.   

       Pasó  por  alto el demandante, empero, señalar  en qué apartado la sentencia dice lo contrario, o cómo  lo  arrojado  por  el  experticio  hubiese  cambiado el sentido de la sentencia.  Apenas  se  anuncia de manera genérica, que de haberse considerado lo dicho por  el  perito,  el  fallo  debería  haber delimitado en qué momento se produjo la  falsedad material.   

       Quedó   huérfana,  entonces,  de  definición  de  trascendencia,  la  crítica  planteada, en tanto, con un criterio eminentemente  lógico,  la  asunción  de  lo  expresado por el perito para nada redundaría a  favor  de  la  encartada,  sino  que,  por el contrario, verificaría cuándo se  entiende  ejecutada  la  ilicitud,  si  se  atiende  a  lo  argumentado  por  el  recurrente.   

        Ya  luego, el recurrente pretende hacer ver cómo la  auscultación  de  lo omitido debería haber generado un fallo absolutorio, pero  se  desvía hacia el campo del particular análisis probatorio de lo recogido en  la  encuesta,  sin  centrarse  en  los  elementos  concretos que dice echados de  menos,  ni en  el apartado específico que en contrario consigna la postura  del   Tribunal   –vale  decir,  nunca  se  reprodujo  el  texto  de  la  sentencia en el cual, según el  criterio   del   recurrente,   se   dijera   que  la  responsabilidad   de  la  acusada  se  funda  apenas  en        la  inconsistencia    existente   entre   las  fechas de elaboración y firma de  las escrituras-.   

       En  este  sentido, cuando el impugnante sostiene que  las       pruebas      omitidas      en      su  consideración   contienen  elementos  “…complementarios  alusivos  a  descartar  que en GLORIA ELENA  HURTADO,  hubiese  concurrido  conocimiento  y  voluntad, dirigidos a engañar o  utilizar  al  notario  titular de entonces” , está  alejándose  de  la  naturaleza  del  cargo  propuesto, anteponiendo un criterio  inferencial  suyo  al  que  debió  consignar  el  Ad  quem en la sentencia, sin  establecer     siquiera     adjetivamente     cuáles    son    esos    factores  “complementarios”  que así lo indican o cómo ellos fueron desatendidos por  el fallador.   

       Se  inadmitirá,  por  lo  anotado, el tercer cargo,  propuesto  como     subsidiario por el demandante.   

   

         Por  último,  el  cuarto cargo, presentado también  como  subsidiario  por  el casacionista, refleja una absoluta confusión suya en  torno  de  lo  que comporta la teoría de la imputación objetiva y el principio  rector  de  la  prohibición de todo tipo de responsabilidad meramente objetiva,  contemplado en el artículo 9° del Código Penal Colombiano.   

       Esto,   por   cuanto,   de   manera   completamente  deshilvanada  asegura  que  se ha violado directamente la ley sustancial, cuerpo  primero  de  la  causal  primera,  porque se han pasado por alto los principios,  consustanciales   a  la  teoría  de  la  imputación  objetiva,  de  confianza,  prohibición   de   regreso   y   riesgo   permitido  –dejándose de lado la  jurisprudencia  de  la  Corte  sobre  el particular-,  generando  ello  que se interpreten erróneamente los artículos 9° del Código  Penal vigente, y 220 del Decreto 2700 de 1991.    

       Pero,  jamás  puntualiza,  por  fuera  de la simple  enunciación,  qué  aspecto  de  los  principios en cita o cuál apartado de la  jurisprudencia  emanada  de  la  Corte,  ha  sido  pasado por alto, confundido o  interpretado   erróneamente  por  el  Tribunal  al  momento  de  significar  la  ubicación  típica de la conducta, para finalmente derivar la crítica, no a la  inadecuada  verificación  de los ingredientes que componen el artículo 220 del  Decreto  ley  100  de  1980, donde presuntamente radica la violación sustancial  directa  propuesta, sino a la inexistencia de dolo en el actuar que se endilga a  su representada legal.   

       Una   tal   impropiedad  impide  a  la  Sala conocer cuál en concreto es la dirección de la crítica, o  mejor,  en  qué  se  funda  el  error  en el que se  incurrió  durante  la evaluación típica realizada  por el Ad quem.   

       Nunca explica, al efecto, el recurrente, cómo es la  correcta   interpretación   de   la  norma,  o  cuál  es  el  apartado  de  la  jurisprudencia,  que  conduce  a la afirmación de atipicidad de la conducta. Ni  siquiera,  para la correcta evaluación de la Corte, se acompañan los apartados  del  fallo  que  verifican  el  tópico  de  tipicidad, en confrontación con la  jurisprudencia   que   se   dice   inaplicada.    

       En   tratándose   de   los  principios  de  riesgo  permitido,  confianza  y  prohibición  de  regreso,  que  se  sabe,  poseen una  naturaleza  y  alcances diferentes, el demandante los hace valer indistintamente  para  desvirtuar  la  existencia de dolo, sin definir la aplicación concreta de  cada uno de ellos al asunto específico.   

        De  igual  forma, entremezcla los conceptos de tipicidad objetiva y culpabilidad  dolosa,  para  significar  en  un  mismo criterio, que jamás se demostraron los  elementos  normativos  de  la  conducta  punible  de  falsedad  de particular en  documento  público, pero a la vez, que no actuó con conocimiento y voluntad su  representada legal.   

       A  su  vez,  olvidando  que  el  ataque  se  enfila  por la causal  primera,  cuerpo  primero, violación directa de la ley, se ocupa el recurrente,  no  de  controvertir  la interpretación que dio el Tribunal a la norma estimada  violada,  artículo  220  del  decreto  ley  100  de  1980, sino de discutir   el   análisis   probatorio   realizado   por   el   Ad  quem.   

       Así,  incumple con uno de los presupuestos lógicos  que  gobiernan  este  tipo de violación y su demostración puramente jurídica,  por  estimarse  que  se  dejó  de  aplicar  una  norma  sustancial,  se aplicó  indebidamente o se erró en su interpretación.   

       Precisamente,  el  tipo  de  ataque seleccionado, se  repite,   puramente  jurídico,  implica  para  el  casacionista  abstenerse  de  controvertir    la   prueba   y   la   evaluación   que   de   ella   hizo   el  fallador5,  conformándose  con   la referencia que de los hechos hace  el mismo.   

       Es   que,   precisamente   para   controvertir   la  evaluación  probatoria  efectuada   por  el Tribunal, el impugnante afirma  que  las  diferencias  de fecha son comunes en la práctica notarial,  y  la etapa final, de otorgamiento y autorización “solamente  ocurre  cuando  firman  los  otorgantes y se hace el  pago  de  los  derechos”,  olvidando  que en cargo  anterior  había sostenido lo contrario, vale decir, que es posible se firme por  uno  de  los  otorgantes  la escritura, aún sin que se aporten los paz y salvos  fiscales.   

       Finalmente,  el  cargo  se  postula  de  manera asaz  contradictoria,   pues,  comienza  por  advertir,  remitiendo  más  al  aspecto  subjetivo  del  dolo,  que a la interpretación inadecuada del tipo contentivo           del   delito,  que  la  procesada  no  ejecutó   ninguna   conducta   punible,  para  después  sostener  “por   donde   se  mire”,  que  la  ilicitud    corresponde    a    una   “adecuación  típica diferente a la plasmada en la sentencia de  condena”.   

       Nunca,  sin embargo, el impugnante refirió cuál es  esa adecuación que entiende correcta.   

        Acorde  con  lo  señalado  por  la  Sala en líneas  precedentes,  se  inadmitirá en su totalidad la demanda de casación presentada  por el defensor de la procesada GLORIA ELENA HURTADO LONDOÑO.   

       DEMANDA   PRESENTADA   A   NOMBRE   DE  LILIAM  DE  JESÚS  GÓMEZ  QUINTERO   

        Similares  falencias  a las detectadas en la demanda  ya   analizada,  pueblan  el  escrito  impugnatorio  en  examen,  mismo  que  se  caracteriza   por   la  profusión  en  la  definición  de los supuestos yerros atribuidos al Tribunal,  recorriendo   ampliamente   no   sólo   los  cargos  que  facultan  este  medio  extraordinario   de   controversia,   sino  la  gran  mayoría  de  elementos  de  juicio  allegados  a la  encuesta.   

         Y,  si  se  conoce  que  por razón de su naturaleza  extraordinaria,  el  recurso  de casación implica verificar la materialización  de  una  flagrante violación, tan contudente y evidente que faculta echar abajo  la  doble presunción de acierto y legalidad de que llega revestida la sentencia  de  segunda  instancia,  ya  se ofrece bastante discutible significar que un tal  comportamiento  defectuoso irradió toda la tramitación y evaluación jurídico  probatoria  del  Ad  quem, facultando significar errores protuberantes de hecho,  dentro  de  sus tres modalidades, respecto del grueso de los elementos suasorios  allegados a la encuesta.   

        La profusión argumental en la demanda, se significa  desde  ya,  hace  ver que lejos de confeccionar un cargo concreto de inescapable  violación,  la  casacionista  busca  hallar  un escenario adecuado, a manera de  tercera  instancia,  para  facultar  introducir  su  particular  análisis de lo  arrojado  por  las  pruebas,  en  contravía  de  lo  contemplado en la providencia atacada. Veamos:   

       Primer cargo   

       Desnaturaliza  la  recurrente  el  sentido  lógico  jurídico  de  su argumentación cuando, dentro del mismo cargo y respecto de la  misma  prueba,  incluso  reproduciendo iguales apartados testificales, significa  que  el  fallador  incurrió  en  violación  indirecta de la ley sustancial por  error   de   hecho   por   falso   juicio  de  existencia  y  a  la  vez,  falso  raciocinio.   

       No  puede  suceder, dentro del plano lógico buscado  destacar   por   la   Sala,  que  el  tribunal  haya  tergiversado,   cercenado  o  adicionado  una  prueba  y  de  la  misma  manera,  incurriese  en  errores  de  apreciación,  pues, debe resultar claro, para esta  segunda  hipótesis  se  hace  necesario  partir por aceptar que la prueba en su  integridad   permanece  incólume,  pero  se  le  da  un  significado  distinto,  apartándose  el  juzgador  de  las  reglas  de la experiencia, las normas de la  lógica  o  los fundamentos de la ciencia. Y, por el contrario, si el sentido de  la  prueba  se  ha  tergiversado, se cercena su contenido o adicionado  el  mismo,  ya  desde su origen la  evaluación    está    viciada,    no    importa    cómo    se   efectúe   su  análisis,  y  mal  puede postularse que se violaron  esos  principios que gobiernan la lógica, ciencia o experiencia, respecto de un  elemento suasorio desnaturalizado en su fuente.   

        Sobre     el    particular,    la    Corte       ha      puntualizado6:   

“….el error de hecho por falso juicio de  identidad  difiere  del  error que proviene del desconocimiento de las reglas de  la  sana  crítica  en  la  valoración  del  mérito  de  las  pruebas,  que la  jurisprudencia  de  la  Corte  ha venido nominando como error de hecho por falso  raciocinio.   

“Mientras  el primero se configura cuando  el  sentenciador distorsiona el sentido objetivo del medio probatorio, ya porque  lo  cercena, ora porque lo adiciona, o bien porque lo tergiversa, con la secuela  de  que  por  tal  manejo se le hace producir efectos que no se desprenden de su  real  contenido  o, dicho de otra forma, se le hace decir lo que aquél no dice;  el  segundo  surge  cuando  el  juez, en el examen de su contenido suasorio o de  aplicación  en general de razonamientos lógicos, se aparta de los  reglas  de  la  experiencia,  los  postulados  de  la  lógica,  o  los principios de la  ciencia.    

“Su demostración, por consiguiente, debe  fundarse  en  consideraciones  distintas,  pues  en  tanto el error de hecho por  falso  juicio  de identidad impone contrastar el contenido material de la prueba  con  la  aprehensión  fáctica  que de ella recogen los fallos de instancia, en  orden  a  demostrar  su  falta  de  correspondencia, el error de hecho por falso  raciocinio  impone  evidenciar  que  el  análisis  realizado por los juzgadores  acerca  del  mérito  de la prueba contradice de manera manifiesta las reglas de  la sana crítica”.   

        

       La  impropiedad  en  la confección del cargo impone  por sí misma, la inadmisión de la demanda.   

       Pero,  además de ello, en el desarrollo mismo de la  argumentación  se  observan  otras  tantas inconsistencias lógicas, capaces de  producir iguales efectos enervatorios.   

       Así,  aunque  en la rotulación del cargo de violación por falso  juicio   de  identidad,  se  anota  que  ello  obedece,  dentro  de  las  varias  posibilidades             –tergiversación,  adición  o  división-, a la tergiversación de  lo  contenido  en varios testimonios y pruebas,   ya   después   se   advierte   indistintamente  que  ellas  fueron  cercenadas,  tergiversadas,  parceladas  o sectorizadas, sin que jamás se abordara, respecto  de   cada   medio,  cuál  en  concreto  es  el  yerro  atribuido  al  Ad  quem,  conduciéndose  mejor  la crítica, por el terreno del falso raciocinio, aunque,  finalmente,   se   busca  anteponer  el  criterio  de  la  casacionista  al  del  Tribunal.   

       Desconoce  la  Sala, entonces, cual específicamente  es el error atribuido al Tribunal.   

        En punto de la prueba documental y pericial, se hace  alusión   a  algunas  escrituras  y  certificaciones,  así  como  al  dictamen  proferido  por  el experto  grafólogo,  pero  nunca  se  relaciona  qué  de  lo  consignado  en las dichas  pruebas,  fue  tergiversado,  adicionado o cercenado por el Tribunal.   Apenas,  sin  significar  el apartado en el cual funda su  inferencia,  la recurrente extracta conclusiones, las cuales opone a lo decidido  por el Tribunal.   

       En  concreto,  anuncia  la  impugnante,  que  de  lo  consignado  en  esos  medios,  se  colige  posible firmar los documentos sin que  previamente  se  presenten los paz y salvos fiscales, aunque omite relacionar el  apartado   de  los  documentos  o  el  peritaje,  que  así  lo  informa  y  fue  tergiversado,     cercenado     o adicionado por el Ad quem.   

        Atinente a la crítica planteada bajo la férula del  error  de  hecho  por  falso raciocinio, de forma bastante confusa y ambigua, la  recurrente   advierte   que   el  Tribunal,  sobre  el  mismo  medio  probatorio  (testimonios  de  GLORIA  ELENA  HURTADO,  John Lemos Velásquez, Ángela María  Uribe  Escobar,  Francisco  Alonso Garcés Correa y Blas José  de Subiría  Álvarez)  ,  no sólo violó las reglas de la lógica, sino que desconoció las  máximas    de    la   experiencia,   sin   discriminar   cada   yerro,  ni  cómo  opera  este  frente  a  apartados    concretos    de    lo    significado    por   cada   uno   de   los  atestantes.  Incluso,  para  mayor  confusión,  al  parecer         creyendo  la  impugnante  que  debe agotarse todo el  catálogo  de  yerros lógicos, acomoda su discurso para que se entienda que, en  efecto,  todas las pruebas referenciadas vulneran todos los preceptos que nutren  el  argumento  lógico  -principios de contradicción, razón suficiente  e  identidad-,   sin  ocuparse  de  delimitar  cómo  inciden  estos  en  cada  una  de        las  pruebas.      

        Más que verificar el incumplimiento de tan precisos  preceptos  en  el  fallo  atacado,  la  recurrente  busca  acomodar dentro de la  argumentación  lógica  jurídica del mecanismo extraordinario de impugnación,  su  particular  inferencia  de  lo  que debe entenderse a partir de las pruebas,  como  si  de verdad, con sólo significar una particular violación y reproducir  respecto  de  ella  el  apartado que interesa a su pretensión, ya se presentase  evidente      u      ostensible      el     yerro.              

        De  otra  parte,  en  lo que atiende a la violación  indirecta  de  la  ley  sustancial  por falso juicio de existencia por omisión,  incurre  la  demandante en severos yerros argumentales, como quiera que si bien,  comienza  por  sostener  que  el  Tribunal  omitió tener en cuenta lo dicho por  Mónica  y  Fernando  Acevedo,  Miguel  Enrique  Cardozo  Argumedo,  Elena Parra  Montoya,  Edgar  Gutiérrez  Múnera,  Néstor  Hincapié Giraldo, Carlos Javier  Palacios  Calle,  Flor  María  Marín Saldarriaga y  María   Isabel   Ochoa   Restrepo,  así  como  lo  consignado  en varios documentos, ya luego sostiene que en lo tocante al testigo  Gutiérrez   Múnera,   sí   se  tuvo  en  cuenta  su  atestación,   pero  “se      sectoriza      y      divide      la  declaración”,             controversia   que  debió  plantearse dentro del cargo por falso  juicio  de  identidad  y  no dentro del contexto del  falso    juicio   de   existencia   por   omisión.   

        No  es  cierto,  a  su  vez,  que  de la lectura del  apartado  citado  respecto  de lo declarado por Carlos Javier Palacios Calle, se  pueda  afirmar  que  es posible implantar la primera firma en una escritura, sin  que  obren  los  paz y salvos fiscales. Basta leer lo trascripto, para verificar  la inconsistencia de lo manifestado por la recurrente.    

       Además,   la  demanda  jamás  precisa  la  trascendencia de la omisión respecto de lo decidido, pues,  aunque  se  enuncia,  como postulado general, que si se atendiera a lo dicho por  los  declarantes,  necesariamente se verificaría que la procesada efectivamente  acudió  a  la  Notaría,  en  representación  de  su esposo, el 29 de enero de  1999,  que  nunca  supo  de  paz  y  salvos  falsos  y que no conoció  previamente  a  la protocolista o los otros signantes de los documentos, omitió  especificar  en  cuál  de  los testimonios o apartados citados textualmente, se  registran   unas   tan  contundentes  afirmaciones,  y  en  qué  apartados  del  fallo  se determina lo contrario a cada uno de estos  aspectos,  contraponiendo  lo  significado por los atestantes, con los elementos  probatorios  que  facultaron  la  decisión  contraria,  en  aras  de  demostrar  suficientes los primeros para echar abajo la condena.   

           En   punto  documental  una  mayor  imprecisión  asoma, dado que la recurrente, si bien cita algunos certificados y  registros,  para concluir que de ellos se colige posible en la práctica, firmar  escrituras  públicas sin previa presentación de paz  y  salvos,  además  de verificar cómo el esposo ya  fallecido   de  la  procesada,  acostumbraba  firmar  documentos  para  después  diligenciarlos,  para  nada   delimita  el  contenido  específico  de cada  documento,  o mejor, qué parte de ellos certifican cada una de las conclusiones  en  cita, tornando evidente que el cargo se queda en  la  mera  enunciación,  sin  posibilidad  de  que  la  Sala  defina cuál es la  violación o el alcance de la misma.   

       SEGUNDO CARGO   

        Referenciado  como  subsidiario  por  la recurrente,  remite   a   la   violación  indirecta  de  la  ley  sustancial             –artículo  445  del  decreto  ley 100 de 1980, artículo 7° de la  ley  600  de  2000,  principio  In  Dubio  Pro Reo- por error de hecho por falso  juicio   de   existencia  por  omisión,  falso  juicio  de  identidad  y  falso  raciocinio.   

        La Corte no se extenderá  en   los  argumentos  para   inadmitir            este  cargo,  como  quiera  que ha sido  postulado  en  las mismas condiciones, con reproducción exacta de los apartados  probatorios  y  razonamientos,  que  lo  fuera el cargo primero, aunque aquí se  remite a que lo arrojado probatoriamente genera dudas.   

       Como  permanecen  incólumes  y  con iguales efectos los reproches  que  se  hicieron anteriormente a la argumentación lógico jurídica contendida  en  la  demanda,  a  ellos  acude  la  Sala,  para significar soportada  la  decisión de inadmitir el cargo.   

     

       TERCER CARGO   

       Lo      soporta      la      casacionista  en  el  hecho de que el Tribunal  ordenó  cancelar  los  registros  de  las escrituras públicas que se entienden  falsificadas,  afectando con ello a los terceros de buena fe, adquirentes de los  bienes.   

       De   entrada,   la   manifestación   que  hace  la  recurrente,  impide  dar tránsito a su solicitud subsidiaria, pues, está claro  que  ella  representa  a  la procesada LILIAM DE JESÚS GÓMEZ QUINTERO, en cuyo  nombre  formuló  la  demanda  de  casación,  y no a los terceros presuntamente  afectados  con  la  decisión  del  Tribunal,  careciendo,  en  consecuencia, de  legitimidad   para   agenciar  las  pretensiones  de  aquellos.   

        Mucho    menos,    si    precisamente  una  tal  tarea  puede  dar  lugar a  colusión,  como  quiera  que  esos  terceros  adquirentes de buena fe, han sido  afectados  en sus derechos, por ocasión del actuar delictuoso que se atribuye a  la encartada.   

       De  ninguna  manera, en este sentido, puede soportar  la  solicitud  de  examen  planteada  por  la  impugnante,  el  que se diga a la  procesada   responsable,   por  ocasión  de  la  citada  medida  de   cancelación   de   registros,  de  cualquier  tipo  de  indemnización  a favor de quienes adquirieron de buena fe,  dado    que    la    dicha    responsabilidad    surge    de   la   condena   penal  y  su  correlato  de  restablecimiento del derecho.   

        Incluso,  el argumento se antoja bastante especioso,  si   se   advierte   que   el  tópico  central  de  lo  argumentado  en  la  demanda  de casación,  gira  en  torno  a  que  la  procesada  actuó  en representación de su esposo,  vendiendo   a  su  nombre  bienes  de  propiedad  de  este,  los  cuales  no  le  pertenecían  a  ella  y,  en  consecuencia,  mal puede decirse afectada por los  efectos  que  produzca  la  cancelación.     

       CUARTO CARGO   

         Subsidiariamente,  la  impugnante  solicita  se  case  parcialmente  la  sentencia,  eliminando   de   la  misma  el  apartado  que  ordena  el  pago  de  perjuicios  civiles,  por  entender  que  se  ha  presentado  la  violación  indirecta  de  la  ley,  por  error  de  hecho  por  falso juicio de  existencia  por  omisión,   en  cuanto,  no  consideró  el Tribunal, para  efectos  de  definir  el  punto, que en el expediente reposan dos documentos, en  los  cuales  se  hace  ver la existencia de una transacción entre las partes, y  entre  estas  “y  el  tercero acreedor”, por ocasión de las cuales opera el  fenómeno  de  la  cosa  juzgada  y  ya  no  era necesario pronunciarse sobre el  tema.     

         Sin  embargo,  se  muestra precaria la sustentación  que  realiza  la  casacionista  en  defensa  de  lo  pretendido,  ya  que  elude  reproducir  en  particular  el  contenido  trascendente  de  los  documentos,  o  quiénes  son  las  partes  a  las  que remiten estos  y  la  manera  en que lo  presuntamente  transado  incide respecto de cada uno  de  los factores tomados en cuenta para tasar la sanción pecuniaria o  las  personas     en     cuyo     favor     se     decretó    el    pago.   

         Se    priva    a    la   Corte,   así   de  conocer  el  sentido de la  violación  y  sus  efectos  sobre el fallo, en yerro  que  por  sí  mismo  reclama  la  necesaria  inadmisión del cargo, y de manera  global,  de  la  demanda presentada a favor de la señora  LILIAM DE JESÚS  GÓMEZ QUINTERO.   

Como no se observan violaciones a garantías  fundamentales,  que  obliguen  conocer  de  oficio  lo actuado, se inadmitirán,  conforme lo anotado en precedencia, ambas demandas de casación.   

         En  mérito  de  lo  expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de  Casación Penal,   

RESUELVE  

         INADMITIR         las  demandas  de  casación  presentadas    por  los defensores   de  las         procesadas  LILIAM  DE   JESÚS   GÓMEZ   QUINTERO  y  GLORIA  ELENA  HURTADO  LONDOÑO.   

Contra  esta  decisión  no procede recurso  alguno.   

Cópiese,      notifíquese      y  cúmplase.   

ALFREDO GÓMEZ QUINTERO  

SIGIFREDO         ESPINOSA  PÉREZ              ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN   

Permiso  

MARINA   PULIDO  DE  BARÓN                                              JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS   

YESID   RAMÍREZ   BASTIDAS                                               JULIO        ENRIQUE        SOCHA  SALAMANCA   

                                                                                                                                        IMPEDIDO   

MAURO   SOLARTE   PORTILLA                                              JAVIER DE JESÚS ZAPATA ORTIZ   

TERESA RUIZ NÚÑEZ  

Secretaria    

1  C.S.  de  J, Auto del 16 de febrero de 2005, Radicado  23.006   

2 C.S.  de J, Auto del 16 de febrero de 2005, Radicado 23006   

3 C. S  de J. Sentencia del 26 de junio de 2002, Radicado 11451   

4 C.S  de J. Sentencia del 26 de junio de 2002, Radicado 11451   

4. C.S. de J, Auto del 30 de nov.  1999, Radicado14535   

6  C.S.de J, Sentencia del 3 de dic. De 2001, Radicado 11.130