Asistente Jurídico Inteligente
Selecciona un texto en la página o analiza el artículo completo.
Proceso No 26542
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrado Ponente:
Dr. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ
Aprobado Acta N° 83
Bogotá, D. C., treinta de mayo de dos mil siete.
VISTOS
Procede la Corte a emitir concepto dentro del presente trámite de extradición adelantado respecto del ciudadano colombiano UWE WAGENER SILVA, requerido por el Gobierno de los Estados Unidos de América, vencido como se tiene el traslado para alegar, en el cual se pronunció el Ministerio Público. De igual manera el requerido presentó sus alegaciones.
ANTECEDENTES
1. Mediante la nota diplomática N° 2298 del 6 de septiembre de 2006, la Embajada de los Estados Unidos de América solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia la detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano UWE WAGENER SILVA, quien es requerido para comparecer en juicio por cargos relacionados con delitos federales de narcóticos y lavado de dinero, conforme a la resolución de acusación No. 06-20344CR-HUCK, dictada el 6 de junio de 2006 en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, mediante la cual se le acusa de concierto para importar a los Estados Unidos cinco o más kilogramos de una sustancia controlada (cocaína), y concierto para transferir dinero al citado país para promover la realización de una actividad ilegal, específicamente el tráfico de sustancias controladas.
2. Con base en las normas del Código de Procedimiento Penal pertinentes, el Fiscal General de la Nación ordenó la captura del requerido mediante resolución del 18 de septiembre de 2006 con los fines señalados, resolución que le fue notificada personalmente el 21 de septiembre siguiente a través de una Fiscal Especializada adscrita a la Unidad Nacional Antinarcóticos e Interdicción Marítima que así lo dispuso, a cuyo cargo se hallaba el proceso con radicación N° 70.736 que para ese momento cursaba en contra del aquí requerido.
3. Por medio de la nota verbal No. 2978 del 17 de noviembre de 2006, la Embajada de los Estados Unidos formalizó la solicitud de extradición de UWE WAGENER SILVA, en la cual reiteró que este individuo es sujeto de la resolución de acusación No. 06-20344CR-HUCK, dictada el 6 de junio de 2006 en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida (fls. 39 a 44 de la Carpeta).
4. El Ministerio de Relaciones Exteriores envió la mencionada nota de extradición y el expediente al del Interior y de Justicia, al tiempo que indicó que en atención a lo establecido en el artículo 514 del Código de Procedimiento Penal “por no existir Convenio aplicable al caso es procedente obrar de conformidad con el ordenamiento procesal penal colombiano”.
5. Este último Ministerio procedió a remitir el expediente a la Corte, y la Corporación luego de velar porque estuviera garantizada la defensa de UWE WAGENER SILVA, concedió el traslado para solicitar pruebas, término dentro del cual sólo se pronunció la defensora.
6. Por auto del 27 de marzo pasado la Corte negó la solicitud probatoria y ordenó correr traslado a los intervinientes por el término de ley, de conformidad con lo preceptuado en el inciso 2° del Art. 500 de la Ley 906 de 2004.
ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO
Dentro del término legal, la Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal conceptúa favorablemente a la solicitud de extradición de UWE WAGENER SILVA, con base en los siguientes argumentos:
En lo que tiene que ver con el requisito de la validez de la documentación, detalla los elementos incorporados a la solicitud de extradición para concluir que el requisito de autenticidad de los documentos presentados para sustentar la solicitud de extradición del requerido se cumple cabalmente.
También encuentra plenamente acreditado el requisito de plena identificación del solicitado UWE WAGENER SILVA, pues los datos señalados en la nota diplomática que formalizó la petición coinciden con los de la persona cuya captura se ordenó por el Fiscal General de la Nación mediante resolución del 18 de septiembre de 2006 con los fines indicados, la cual simplemente le fue notificada personalmente el 21 de septiembre siguiente a través de una Fiscal Especializada adscrita a la Unidad Nacional Antinarcóticos e Interdicción Marítima, a cuyo cargo se hallaba el proceso con radicación N° 70.736 que para ese momento cursaba en contra del aquí requerido. Desde esta última fecha, se le dejó a disposición del despacho del Fiscal General de la Nación.
Por lo demás, la cédula de ciudadanía que utilizó para identificarse en dicha diligencia de notificación, con N° 72’154.549 expedida en Barranquilla, es el documento que ha utilizado durante el trámite de este asunto ante la Corporación, “sin que se haya producido cuestionamiento alguno sobre su identidad”, advierte la Delegada.
En lo que hace relación al principio de la doble incriminación, con base en la trascripción de los cargos efectuados en la acusación No. 06-20344CR-HUCK del 6 de junio de 2006, en criterio de la Procuradora esos comportamientos que se le endilgan al requerido también están considerados como delitos en Colombia, como quiera que son recogidos en los artículos 340 del Código Penal, modificado por el artículo 8º de la Ley 733 de 2002, y 323 ibidem, modificado por el artículo 8° de la Ley 747 de 2002, estableciéndose para cada uno de ellos sanción privativa de la libertad superior a cuatro años.
Finalmente, advierte que el Gobierno de los Estados Unidos, por medio de su embajada envío a la Corte copia de las disposiciones pertinentes que forman parte del Código del país requirente y que fueron citadas en la acusación que sirvió de fundamento al requerimiento por vía diplomática.
ALEGATO DE UWE WAGENER SILVA
El requerido en escrito que obra a Fls. 27 a 34 del cuaderno de la Corte, tras extensa disertación acerca de la normatividad que tipifica los delitos de tráfico de estupefacientes en nuestro estatuto penal sustantivo, solicita se niegue su extradición porque en nuestro país no se encuentra que regula la conducta punible de “tentativa o conspiración en el tráfico de drogas” por el cual se le acusa por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.
CONCEPTO DE LA CORTE
1. Aspectos generales. La Corte ha venido sosteniendo, de modo reiterado, que como dentro del trámite de extradición su competencia se concentra en la emisión de un concepto sobre la procedencia de entregar o no a la persona solicitada por un país extranjero, con observancia de los aspectos a que se refiere el artículo 502 del Código de Procedimiento Penal de 2004 -Ley 906-, es preciso tener en cuenta, además, que el artículo 35 de la Constitución Política en su inciso 2º, reformado por el Acto Legislativo N° 1 de 1997, autoriza la extradición de colombianos por nacimiento cuando son reclamados por delitos cometidos en el exterior, siempre y cuando las conductas que los originan tengan esa misma connotación en el ordenamiento jurídico interno.
Sobre este último aspecto, debe observarse que de acuerdo con la resolución de acusación No. 06-20344 CR-HUCK, dictada el 6 de junio de 2006 en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, la imputación que se le formuló a UWE WAGENER SILVA corresponde a delitos relacionados con el concierto para realizar actividades de narcotráfico y lavado de dineros provenientes de esa misma actividad ilícita, llevados a cabo con posterioridad al 17 de diciembre de 1997, concretamente, entre junio de 2004 a octubre de 2005, afectando territorio de los Estados Unidos de América, pues de acuerdo con los hechos relacionados en la acusación, la operación encubierta que involucró al requerido dejó en claro que los ilícitos fueron cometidos a través del transporte de “cantidades múltiples de kilogramos de cocaína en vuelos de carga a los Estados Unidos y a Europa” y, merced a las interceptaciones legales realizadas por la Policía Nacional a los abonados telefónicos de los miembros de la organización criminal, se supo de las discusiones de éstos relativas a “actividades de tráfico de narcóticos y/o de lavado de dinero.”
Significa lo anterior que no aparece motivo constitucional impediente de la extradición.
2. Validez formal de la documentación presentada. El Consulado de Colombia en Washington a través de su Cónsul autenticó los documentos aportados en apoyo de la solicitud de extradición del ciudadano colombiano UWE WAGENER SILVA, de conformidad con el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil, así como con los artículos 4 y 5 de la Resolución 2201 de 1997, expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
En tal forma, el mencionado funcionario certifica la firma de la Auxiliar de Autenticaciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, quien a su vez avala la de la Secretaria de Estado, Condoleezza Rice, y ésta la rúbrica de Alberto R. Gonzales, Fiscal General, quien certifica la de Jason E. Carter, Director Asociado de la Oficina de Asuntos Internacionales, División de lo Penal, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, encargado de dar cuenta de la autenticidad de las declaraciones juradas de Joseph A. Cooley, Fiscal Adjunto de los Estados Unidos para el Distrito Sur de la Florida -fls. 151 a 160 Carpeta-, y Brian Warner, Agente Especial de la Agencia de Lucha contra las Drogas de los Estados Unidos en Miami, Florida (fls. 194 a 206 Carpeta).
Como documentos anexos y debidamente traducidos aparecen la acusación 06-20344CR-HUCK dictada el 6 de junio de 2006 en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, contra UWER WAGENER SILVA y otros, así como la orden de arresto de la misma fecha librada por esa Corte.
Del mismo modo, figuran las copias, traducidas en debida forma, de las disposiciones penales del Código de los Estados Unidos aplicables al caso.
De acuerdo con lo anterior, la documentación presentada en respaldo del pedido de extradición de UWER WAGENER SILVA es formalmente válida.
3. Identidad plena del solicitado en extradición UWER WAGENER SILVA. De acuerdo con las notas diplomáticas 2298 del 6 de septiembre de 2006 y 2978 del 17 de noviembre del mismo año, WAGENER SILVA es ciudadano colombiano, nacido el 29 de agosto de 1967 en Barranquilla e identificado con la cédula de ciudadanía No. 72’154.549.
Al momento de ser notificado de la orden de captura librada en su contra, WAGENER SILVA se identificó con ese documento, cuyo número quedó consignado en el acta de notificación de la resolución emitida por el Fiscal General de la Nación y en la de derechos del capturado. Además, en el trámite ante esta Corporación, como ya lo advirtió la Delegada del Ministerio Público, no se ha cuestionado la identidad del requerido. Por manera que, el requisito de su plena identidad se encuentra satisfecho.
4. Equivalencia de la providencia proferida en el extranjero. La Corte sobre este punto se ha pronunciado de manera reiterada y uniforme. Cabe recordar en torno a esta temática, que a pesar de la diferencia de los sistemas procesales de los países involucrados en el presente trámite de extradición, la acusación proferida por las autoridades judiciales de los Estados Unidos resulta equivalente a la resolución de acusación prevista en nuestras normas procesales, pues contiene una narración sucinta de la(s) conducta(s) investigada(s), con especificación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar; tiene como fundamento las pruebas practicadas en la investigación; califica jurídicamente la(s) misma(s), con la invocación de las disposiciones penales aplicables, y, tal cual sucede con el proferimiento de la resolución de acusación en nuestro ordenamiento interno, marca el comienzo del juicio, en el cual el acusado tiene la oportunidad de controvertir las pruebas y los cargos imputados en su contra.
5. El principio de la doble incriminación. De acuerdo con el artículo 493-1 del Código de Procedimiento Penal, la doble incriminación se presenta cuando el hecho que es motivo de la extradición “esté previsto como delito en Colombia y reprimido con una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro (4) años”.
Para establecer si las conductas que se le imputan al requerido en el país solicitante es considerada como delito en Colombia, según lo tiene sentado la Corte, debe hacerse una comparación entre las normas que sustentan la sindicación, con las de orden interno para establecer si éstas también recogen los comportamientos contenidos en los cargos.
Del mismo modo, también tiene dicho esta Corporación que tal confrontación se hace con la normatividad que está en juego al momento de rendir el concepto, puesto que lo emite dentro de un mecanismo de cooperación internacional, razón por la cual la aplicación del principio de favorabilidad que podría argumentarse como producto natural de la sucesión de leyes no entraría en juego, por cuanto las domésticas no son las que operan en el extranjero. Lo que a este propósito determina el concepto es que, sin importar la denominación jurídica, el acto desarrollado por el ciudadano cuya extradición se demanda sea igualmente considerado como delictuoso en el territorio patrio.
Así las cosas, se tiene que de acuerdo con el resumen contenido en la nota verbal 2978 sobre la acusación No. 06-20344CR-HUCK, dictada el 6 de junio de 2006 en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, contra UWE WAGENER SILVA se formularon dos (2) cargos, de la siguiente manera:
“Cargo Uno: Concierto para importar cinco o más kilogramos de una sustancia controlada (cocaína) a los Estados Unidos, lo cual es en contra del Título 21, Sección 952 (a) del Código de los Estados Unidos, en violación del Título 21, Secciones 963 y 960 (b) (1) (B) del Código de los Estados Unidos; y
“Cargo Dos: Concierto para transferir dinero a los Estados Unidos para promover la realización de una actividad ilegal, específicamente el tráfico de sustancias controladas, lo cual es en contra del Título 18, Sección 1956 (a) (2) (A) del Código de los Estados Unidos, en violación del Título 18, Sección 1956 (h) del Código de los Estados Unidos (delito de lavado de dinero)”.
5.1. De conformidad con las copias de las disposiciones pertinentes que reposan en el expediente, el Título 21, Sección 963, bajo el epígrafe de “Tentativa y concierto”, señala que “El que intente o concierte para perpetrar cualquier delito definido en este subcapítulo será castigado con las mismas penas que se prevén para el delito cuya comisión era el objetivo de la tentativa o el concierto.”
La Sección 952 (a), la cual considera “ilegal la importación hacia el territorio aduanero de los Estados Unidos desde cualquier otro lugar fuera de éste (pero dentro de los Estados Unidos), y la importación hacia los Estados Unidos, desde cualquier otro lugar fuera del país, de una sustancia controlada de la Tabla I o II del subcapítulo I de este capítulo, o cualquier estupefaciente (…)”.
La Sección 960 (b) que estipula las penas: (1) “en el caso de una violación de la subsección (a) de esta sección que comprenda (B) 5 Kilogramos o más de una mezcla o sustancia conteniendo una cantidad detectable de (…) (ii) cocaína, sus sales, isómeros ópticos y geométricos, y sales o isómeros (..)”
5.2. El Título18, Sección 1956 del Código de los Estados Unidos, bajo el epígrafe de “Lavado de instrumentos monetarios”, señala que: “(a) (2) Cualquier persona que transporte, transfiera, o intente transportar, transmitir o transferir instrumentos monetarios o fondos de un lugar de los Estados Unidos a otro lugar fuera de los Estados Unidos,
“(A) con la intención de promover la perpetración de una actividad ilegal específica (…)”, cuyo literal (h) a su vez dispone: “Cualquier persona que concierte para cometer cualquier delito definido en la presente sección o la sección 1957 estará sujeta a las mismas penas establecidas para el delito cuya perpetración era el objeto del concierto.”
5.3. Los anteriores cargos, concretados en la conspiración entre varias personas para cometer delitos (importar a territorio de los Estados Unidos una cantidad perceptible de cocaína y distribuirla), y en el lavado de recursos monetarios y el concierto para tales fines, tienen su correspondencia en el Código Penal colombiano.
En efecto, la figura del concierto según el contenido de las normas penales de Estados Unidos de América, equivale, como ha sido sostenido por la Corte en múltiples oportunidades, al concierto para delinquir que consagra el artículo 340 del Código Penal colombiano, más precisamente con su inciso 2º, modificado por el artículo 8º de la Ley 733 de 2002 y por el 19 de la Ley 1121 de 2006, preceptiva que establece una pena que hoy va de 8 a 18 años de prisión y multa que va de 2.700 a 30.000 s.m.l.m.v., cuando el concierto se produce para cometer, entre otros, delitos de tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas y lavado de activos.
Del mismo modo, el artículo 323 del Código Penal, adicionado en su inciso 1º por el artículo 8º de la Ley 747 de 2002, tipifica el delito lavado de activos así: “El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades… relacionadas con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, o le dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre tales bienes, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito incurrirá, por esa sola conducta, en prisión de seis (6) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.” La pena privativa de la libertad se incrementa de una tercera parte a la mitad -96 a 270 meses- cuando para la realización de las conductas se realizan operaciones de cambio o de comercio exterior. En virtud del artículo 14 de la Ley 890 de 2004, esos límites quedan entre 128 y 405 meses.
El vocablo concertar, según su tercera acepción vista en el Diccionario de la Lengua Española, Vigésima Primera Edición, significa pactar, ajustar, tratar, acordar un negocio, razón por la cual las dos formas de concierto, la nacional y la estadounidense, guardan similitud, pues consisten en el acuerdo de voluntades entre varias personas para perpetrar delitos.
5.4. De esta manera, la Sala da respuesta a las alegaciones de UWE WAGENER SILVA, quien aboga porque se niegue su extradición habida cuenta que, a su juicio, los delitos por los que se le requiere en Estados Unidos de América no se encuentran tipificados como tal en nuestro ordenamiento jurídico interno.
6. Reunidos en su totalidad los requisitos previstos en el Código de Procedimiento Penal, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, CONCEPTUA FAVORABLEMENTE al pedido de extradición del ciudadano colombiano UWE WAGENER SILVA, cuyas notas civiles y condiciones personales fueron constatadas en el cuerpo de este pronunciamiento, conforme con la nota verbal N° 2978 del 17 de noviembre de 2006, suscrita por la Embajada de los Estados Unidos de América, por los cargos 1 y 2, imputados en la resolución de acusación N° 06-20344CR-HUCK, dictada el 6 de junio de 2006 en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.
6.1 En todo caso, habida cuenta que de acuerdo con las normas punitivas de los Estados Unidos aplicables a los delitos por los que solicitó la extradición prevén como sanción hasta cadena perpetua, la cual está prohibida en Colombia (artículo 34 de la Constitución Política), le corresponde al Gobierno Nacional, en caso de que conceda la entrega requerida, condicionar la extradición a la conmutación de la misma, así como imponer las exigencias que considere oportunas para que se observe ese precepto constitucional, y a fin de que UWE WAGENER SILVA no vaya a ser juzgado por un hecho anterior al que motiva la extradición (artículo 494 del Código de Procedimiento Penal), ni sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes.
6.2. También es preciso advertir que como el instrumento de la extradición entre Estados Unidos de América y Colombia se rige, en ausencia de un instrumento internacional que regule los motivos de procedencia, requisitos, trámite y condiciones, por las normas contenidas en la Constitución Política (artículo 35) y en el Código de Procedimiento Penal (artículos 490 a 514 de la Ley 906 de 2004), cuando recae sobre ciudadanos colombianos por nacimiento -si es pasiva-, es imperioso que el Gobierno Nacional haga las exigencias que estime convenientes en aras a que en el país reclamante se le reconozcan todos los derechos y garantías inherentes a su calidad de colombiano y de procesado, en especial las contenidas en la Carta Fundamental y en el denominado bloque de constitucionalidad, es decir, en aquellos convenios internacionales ratificados por Colombia que consagran y desarrollan derechos humanos (artículo 93 de la Constitución, Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), en virtud del deber de protección a esos derechos que para todas las autoridades públicas emana del artículo 2º ibídem.
También el Gobierno Nacional habrá de exigir las garantías del caso para que a UWE WAGENER SILVA se le reconozca como parte cumplida de la pena que se le llegare a imponer en el país requirente, el tiempo que lleva privado de la libertad por razón de este trámite de extradición.
Tales condicionamientos tienen carácter imperioso, porque la extradición de un ciudadano colombiano por nacimiento, cualquiera sea el delito que dio lugar a su entrega a un país extranjero, no implica que pierda su nacionalidad ni los derechos que le son anejos a tal calidad. Por tanto, el deber de protección de las autoridades colombianas se extiende a tal punto, que han de vigilar que en el país reclamante se le respete los derechos y garantías tal como si fuese juzgado en Colombia. A lo que renuncia el Estado que accede a la entrega de un connacional es a ejercer su soberanía jurisdiccional, de modo que en tanto aquél siga siendo súbdito de Colombia, conserva a su favor todas las prerrogativas, garantías y derechos que emanan de la Constitución y la ley, en particular, aquellos que se relacionan con su calidad de procesado y que tienen que ver con la dignidad humana.
Por esa razón, de conformidad con lo establecido por el artículo 189-2 de la Constitución Política, al Gobierno Nacional, en cabeza del señor Presidente de la República como supremo director de la política exterior y de las relaciones internacionales, le corresponde hacer estricto seguimiento del cumplimiento por parte del país requirente de los condicionamientos atrás referenciados y establecer, así mismo, las consecuencias de su inobservancia (Cfr. concepto del 23 de febrero de 2005, radicación n.° 22.375).
La Secretaría de la Sala comunicará este concepto al solicitado UWE WAGENER SILVA y demás intervinientes en el trámite de extradición.
Devuélvase el expediente al Ministerio del Interior y de Justicia para lo de su competencia.
Comuníquese
ALFREDO GÓMEZ QUINTERO
SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN
Aclaración de voto
MARINA PULIDO DE BARÓN JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS
YESID RAMÍREZ BASTIDAS JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA
MAURO SOLARTE PORTILLA JAVIER ZAPATA ORTIZ
TERESA RUIZ NÚÑEZ
Secretaria
ACLARACIÓN DE VOTO
(Extradición 26.542)
Aclaro el voto porque, como lo expresé en la Sala respectiva, no estoy de acuerdo con la referencia que se hace a los Convenios sobre derechos humanos.
En otras ocasiones, he dicho lo siguiente, que hoy reitero:
He aclarado el voto en lo relacionado con la afirmación que se hace consistente en que el país requirente debe dar aplicación al contenido de la Convención Americana de Derechos Humanos y a los Pactos Internacionales sobre derechos civiles, económicos y políticos.
En materia de extradición, no veo cómo Colombia pueda decir a los Estados Unidos, que no ha ratificado tales Convenios, que con fundamento en ellos, por ejemplo, tiene que buscar la resocialización del condenado.
Desde luego, esto no significa que el Estado requirente pueda desconocer los derechos y garantías ecuménicas, reconocidas por la generalidad de los pueblos democráticos.
Que sea necesario establecer condiciones a los países solicitantes, nadie lo puede discutir, como tradicionalmente, desde siempre, lo ha hecho la Corte Suprema de Justicia.
Pero de ahí a imponer al peticionario la sujeción a disposiciones que se ha abstenido de ratificar, es imposible, salvo que, claro está, vulnere flagrantemente la esencia de aquella normatividad general y universal.
Álvaro Orlando Pérez Pinzón
(01-06-07)