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Proceso No 26268
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrada Ponente:
MARINA PULIDO DE BARÓN
Aprobado acta N° 031
Bogotá, D. C., marzo siete (7) de dos mil siete (2007).
VISTOS
Decide la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por los defensores de los procesados RODRIGO CIFUENTES BLANCO y JULIO CÉSAR MURILLO MUÑOZ contra la sentencia del 16 de febrero de 2006, mediante la cual el Tribunal Superior de Ibagué, al revocar por vía de apelación la absolución pronunciada por el Juzgado Penal del Circuito de Lérida (Tolima), los condenó a la pena principal de trece (13) años de prisión y a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso, como autores del delito de homicidio.
HECHOS
Ocurrieron el 14 de septiembre de 1996 en el bar de nombre “Las Castañuelas” situado en el municipio de Santa Isabel (Tolima). Allí se encontraban libando licor RODRIGO CIFUENTES BLANCO y JULIO CÉSAR MURILLO MUÑOZ; en otra mesa estaba dedicado a la misma labor Yamel Sánchez Aponte. De repente se produjo fuerte discusión entre éste y aquéllos, porque uno de los amigos del primero irrumpió al establecimiento con un caballo. La discusión terminó provisionalmente luego de que Sánchez Aponte abandonara el lugar, anunciando que regresaría armado. Y efectivamente, volvió cuando eran aproximadamente las 11:00 p.m., momento en que se suscitó un intercambio de disparos, varios de los cuales alcanzaron la humanidad de Yamel Sánchez, quien murió casi instantáneamente.
ACTUACION PROCESAL
1.- Correspondió adelantar la investigación a la Fiscalía Treinta y nueve Seccional de Lérida, despacho judicial que la impulsó mediante resolución del 26 de septiembre de 1996, donde dispuso la vinculación a través de indagatoria de RODRIGO CIFUENTES BLANCO y JULIO CÉSAR MURILLO MUÑOZ, para lo cual ordenó capturarlos.
2.- Tras presentarse voluntariamente, el instructor los escuchó en diligencia de inq uirir, y el 11 de octubre del citado año les resolvió la situación jurídica con medida de aseguramiento de detención preventiva, sin derecho a excarcelación, por el delito de homicidio.
3.- Mediante resolución del 7 de enero de 1997, la Fiscalía decretó la clausura de la investigación, y una vez resolvió en forma negativa el recurso de reposición que interpusiera la defensa, calificó el mérito del sumario a través de resolución de acusación que profirió en contra de RODRIGO CIFUENTES BLANCO y JULIO CÉSAR MURILLO MUÑOZ, como presuntos autores responsables de los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de defensa personal.
4.- Por apelación del representante de los acusados, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Ibagué confirmó la pieza calificatoria, según providencia del 25 de marzo de 1997.
5.- En firme el pliego acusatorio, el proceso pasó a conocimiento del Juzgado Penal del Circuito de Lérida, funcionario que tras decretar algunas pruebas y negar otras, de conformidad con la ritualidad procesal entonces vigentes, realizó en varias sesiones la audiencia pública de juzgamiento, a cuyo término profirió la sentencia absolutoria que provocó la liberación de los procesados.
6.- En virtud de la apelación interpuesta por el apoderado de la parte civil, la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, profirió la condena que motivó la intervención de la Corte, dada la impugnación extraordinaria interpuesta por la defensa. Es de anotar que en la misma decisión se declaró la prescripción de la acción penal en lo relativo al porte ilegal de armas de defensa personal.
LAS DEMANDAS
1) La presentada a nombre de JULIO CÉSAR MURILLO MUÑOZ.
Un único cargo, según expresó y al amparo de la causal primera de casación, cuerpo segundo, formuló la defensa contra la sentencia de segundo grado, por violación indirecta de la ley sustancial al dejar de aplicar el artículo 32, numeral 6º, inciso segundo del estatuto punitivo que trata de la legítima defensa y, como con secuencia de ello, aplicar indebidamente el artículo 103 ibídem, el cual contempla el punible de homicidio.
Al desarrollar el cargo anunciado atribuyó al Tribunal varios errores de apreciación probatoria, según la siguiente síntesis:
a) Error de hecho por falso juicio de identidad en la modalidad de distorsión por transmutación.
Lo sustentó señalando que el ad quem desestimó el testimonio de César Augusto Ortiz Macías con el argumento consistente en que el declarante se retractó, lo cual no es cierto porque éste rindió dos testimonios, el primero el 9 de octubre de 1996 ante la Fiscalía Primera Permanente en Ibagué y el segundo el 6 de noviembre del mismo año ante la Fiscalía 39 Seccional de Lérida, oportunidades en las cuales ofreció un relato uniforme de los hechos, donde se destaca la afirmación referida a que cuando Yamel Sánchez salía del bar retrocediendo y disparando hacia dentro del establecimiento se encontró de frente con JULIO MURILLO, quien fue atacado por aquél con el arma de fuego que portaba, ante lo cual éste igualmente accionó su arma contra él.
Para el demandante, de no incurrirse en el mencionado error el sentenciador habría dado por demostrado que Yamel Sánchez jamás desistió de la agresión que inició contra RODRIGO CIFUENTES y JULIO CÉSAR MURILLO cuando ingresó al bar, situación que a su vez, junto con las versiones vertidas por otros nueve testigos, quienes de acuerdo con lo señalado por el mismo Tribunal, refieren “la actitud agresiva, belicosa y desafiante de Sánchez Aponte” contra los procesados, conduciría seguramente a confirmar la legítima defensa, pues “independientemente de si Julio César Murillo le disparó de lado, de frente o por la espalda a Yamel Sánchez; lo cierto es que estaba defendiendo un derecho ajeno (la vida de Rodrigo Cifuentes, quien continuaba siendo atacado) contra la injusta agresión de Yamel Sánchez quien aún no desistía de la mentada contienda que había propiciado”.
b) Error de hecho por falso raciocinio respecto del testimonio de William Casas Martínez.
Para el impugnante, el Tribunal violó la regla de la experiencia, según la cual “(l)as personas, al prever que alguien va accionar un arma de fuego en el recinto donde se encuentran, buscan refugiarse o escapar del lugar antes que ocuparse por detallar si otros sujetos poseen también armas de fuego”, cuando desestimó la credibilidad del testimonio de William Casas Martínez por afirmar éste que no vio a los acusados en posesión de armas de fuego, aseveración que para el sentenciador “no sólo repugna a la razón, sino que pone al descubierto su marcado interés del testigo de apartarse de la verdad”.
Sustentó la trascendencia del yerro, aduciendo que el aludido testimonio se suma a la larga lista de declarantes que aseguran que Yamel Sánchez inició de manera sorpresiva e injustificada el ataque con arma de fuego contra los procesados, con lo cual se desvirtúa la afirmación del juez colegiado sobre la inexistencia de prueba demostrativa de la legítima defensa.
c) Error de hecho por falso raciocinio frente al testimonio de Grace Mallerly Franco Parra.
Consideró que en la apreciación de ese testimonio el Tribunal vulneró las siguientes reglas de la experiencia: (i) “Las personas, al escuchar disparos, prefieren no acercarse a su fuente. Especialmente, si se trata de personas nerviosas”, y (ii) “Las personas, al ver que atacan con arma de fuego a una persona con quien tienen un fuerte vínculo sentimental, inmediatamente buscan protegerle, asistirle o ayudarle, bien sea directamente o solicitando auxilio de terceros, para evitar el daño o aminorarlo”.
Lo anterior, según el impugnante, porque el fallador otorgó credibilidad a la deponente cuando afirmó haber visto desde fuera del bar que MURILLO MUÑOZ disparó por la espalda a Yamel, a 1 ó 2 metros de distancia, en el momento en que éste retrocedía en su intento por salir de dicho establecimiento, pese a que la propia declarante manifestó ser persona nerviosa y que luego de percibir esos hechos se dirigió a su casa, para encerrarse en su habitación sin contarle a nadie lo sucedido, ni siquiera a sus padres.
Para el actor, si la testigo es persona nerviosa, no puede ser cierto que se haya acercado hasta la fuente de las detonaciones, al punto de estar a 15 metros, como lo dijo ella. Ni tampoco que, siendo la novia de Yamel Sánchez, no hubiese acudido a la policía o pedido ayuda, ni auxiliado a su novio una vez cesaran las detonaciones. Estimó que con base en esas circunstancias el Tribunal ha debido concluir que la declarante no estuvo en el lugar de los hechos y, como consecuencia de ello, que el conocimiento de éstos lo obtuvo de terceras personas.
En punto a la trascendencia del yerro, señaló que si el fallador hubiera desestimado esa falaz versión, “se derrumbarían los endebles cimientos sobre los que el Tribunal construyó una responsabilidad por la comisión de un homicidio”.
d) Error de hecho por falso raciocinio en relación con los testimonios de Eulises y Argenil Esquivel.
En criterio del demandante, el sentenciador de segunda instancia violó la regla de la experiencia, conforme a la cual “(l)os sujetos que niegan aspectos evidentes sobre los hechos, o no son realmente testigos presenciales, o siéndolo, están marcadamente parcializados”, porque otorgó credibilidad a los testimonios rendidos por Ulises y Argenil Esquivel Valderrama, a pesar de afirmar que Yamel Sánchez no portaba arma de fuego, con lo cual niegan que hubiera existido un cruce de disparos entre éste y los procesados, circunstancia que contraría el sentido común y “los vestigios de los impactos hallados en el interior del local”.
Precisó que no se trata de la misma situación planteada en el caso de William Casas Martínez, pues mientras este testigo reconoce el cruce de disparos, aquéllos niegan rotundamente la existencia de arma de fuego alguna en poder de su amigo y empleador Yamel Sánchez, edificando así una versión parcializada indicativa de que o no fueron testigos de los hechos o tienen un marcado interés en coadyuvar el dicho de la parte civil.
En relación con lo anterior, consideró paradójico que el Tribunal hubiese desestimado la versión de William Casas Martínez porque dijo no haber visto armas de fuego en poder de los acusados, en tanto concedió toda credibilidad a los hermanos Esquivel Valderrama, a pesar de negar tajantemente que el occiso portaba también un arma de fuego.
Sobre la trascendencia del yerro, señaló que si el Tribunal hubiera valorado los dichos de los hermanos Esquivel conforme a los principios de la sana crítica, habría concluido en su desestimación, para otorgar credibilidad a la versión de los procesados, respaldada por siete testigos y de acuerdo con la cual el ataque realmente lo inició, sin justificación alguna, Yamel Sánchez.
e) Error de hecho por falso raciocinio “respecto del análisis de la conducta de Yamel durante el cruce de disparos”.
En concepto del casacionista, al inferir que Yamel Sánchez desistió de la contienda cuando retrocedía para intentar salir del bar, el Tribunal desconoció el principio lógico según el cual “(u)na persona que dispara un arma de fuego, independientemente de si camina hacia delante o hacia atrás, mientras siga disparando no ha desistido de la contienda”, porque, añadió, la continuidad del ataque está determinada por el accionamiento del arma de fuego, mas no por el desplazamiento del atacante, quien, “como es obvio, también debía proteger su vida no quedándose estático ni acercándose a la fuente de su retaliación”.
El yerro es trascendente, concluyó el actor, por cuanto el fallador descartó la legítima defensa con el argumento de que ella deja de existir cuando el peligro actual o inminente desaparece, situación esta última que nunca ocurrió.
f) Error de hecho por falso raciocinio respecto de los testimonios de Dadringe Quiroga Rojas y Jorge Castellanos Valero.
Según el demandante, el fallador vulneró el principio lógico consistente en que “si el objeto de la investigación es la reconstrucción de unos hechos, se acercará de mejor manera a la verdad acudiendo a la versión inmediata que se tenga de ella”, cuando optó por dar credibilidad a Dadringe Quiroga Rojas y Jorge Castellanos Valero, comandante de la policía y alcalde del municipio de Santa Isabel, respectivamente, pese a no ser testigos presenciales de los hechos, desestimando de esa forma las declaraciones de quienes les sirvieron de fuente, esto es, las rendidas por César Augusto Ortiz Macías y Guillermo Orjuela Bohórquez, quien resultara lesionado como consecuencia del cruce de disparos.
Si el sentenciador, prosiguió el impugnante, no hubiera incurrido en el mencionado error, se habría dado cuenta que Yamel Sánchez, como lo declaró Guillermo Orjuela, “apareció disparando contra los otros dos muchachos” y que luego, conforme lo testificó César Augusto Ortiz, “cuando salió corriendo JULIO MURILLO por la puerta de la discoteca… se encontraron con YAMEL frente a frente, y YAMEL le disparó a JULIO y JULIO le respondió también con revólver”, con lo cual hubiese reconocido la legítima defensa.
g) Error de hecho por falso juicio de identidad. Distorsión por adición.
Lo concreta respecto del testimonio de César Augusto Ortiz Macías, precisando previamente que aun cuando precedentemente reprochó al Tribunal por desechar la totalidad de dicha declaración, para ahora censurarlo por incurrir en falso juicio de identidad, tal contradicción pertenece realmente al juez colegiado, y es claro que la coherencia de la demanda depende de la coherencia de la sentencia atacada, sin que en todo caso acudiera a cuestionarla por vía de la causal tercera, al lograr advertir grosso modo los argumentos del fallador.
El aparte que, sin razón, la corporación de segundo grado adicionó al testigo Ortiz Macías, en criterio del casacionista, se contrae a la manifestación según la cual cuando Yamel Sánchez retrocedía, disparando hacia dentro del bar, JULIO CÉSAR MURILLO salió del establecimiento por una puerta lateral que daba paso a la discoteca contigua, ganando así la calle para sorprenderlo y dispararle por la espalda.
Para el actor, si el Tribunal no hubiese puesto en boca del testigo dicha afirmación y, por el contrario, lo hubiera examinado en comunión con el dicho de la mayor parte de testigos que intervinieron en le proceso, habría reconocido la legítima defensa.
El capítulo final de la demanda lo ocupó el actor para plantear argumentos adicionales atinentes a la trascendencia de los yerros por él denunciados, señalando que si el ad quem hubiese valorado el material probatorio con sujeción a las reglas de la sana crítica, excluidos los siete errores advertidos, habría rechazado la credibilidad del grupo conformado por los testigos de cargo y privilegiado, en cambio, la versión de quienes aseguraron que al momento de entrar Yamel Sánchez al bar en posesión de un arma y en actitud amenazante, los hoy acusados se hallaban desprevenidos, pagando la cuenta de lo consumido en la cantina.
De esa manera, añadió, se llegaría a la conclusión lógica de que JULIO CÉSAR MURRILLO “estaba defendiendo no sólo su propia vida, sino la de su amigo Rodrigo Cifuentes, quien desde el momento en que Yamel Sánchez Aponte decidió arremeter injustificadamente el ataque, continuaba siendo el blanco de sus proyectiles”, sin que entonces tuviera cabida la “mentada riña concertada a que hizo referencia el tribunal”.
Pidió así casar la sentencia impugnada y, en su lugar, dictar fallo absolutorio.
2) La demanda presentada a nombre de RODRIGO CIFUENTES BLANCO.
El demandante acude también a la causal primera de casación, apartado primero, con cuyo fundamento formula contra la sentencia de segunda instancia un único cargo, por violar indirectamente la ley sustancial, al dejar de aplicar el artículo 7º, inciso segundo del estatuto procesal penal consagratorio del principio in dubio pro reo y, como consecuencia de ello, aplicar indebidamente el artículo 103 del estatuto punitivo.
El reproche lo postula por error de hecho por falso juicio de identidad, en la modalidad de distorsión por transmutación, y lo hace consistir en que el Tribunal, para desechar la credibilidad del testimonio de Horacio Rosero Delgado, dueño del bar donde ocurrieron los hechos, le atribuyó la afirmación de que JULIO CÉSAR MURILLO MUÑOZ ingresó a sus habitaciones para resguardarse de los disparos y que después salió saltando por un muro, cinco minutos antes de escucharse unos nuevos disparos.
Tal aseveración, según el actor, en realidad la efectuó el testigo respecto de RODRIGO CIFUENTES BLANCO, y ese yerro es trascendente porque con la declaración del mencionado deponente se desvirtúa la conclusión del Tribunal, conforme a la cual mientras JULIO CÉSAR MURILLO salió hábilmente del lugar a través de la puerta lateral para sorprender a Yamel Sánchez y dispararle por la espalda, entre tanto RODRIGO CIFUENTES enfrentaba a éste a balazos desde el fondo del local.
En criterio del actor, si el fallador hubiera valorado el testimonio de Rosero Delgado en debida forma, se habría percatado que CIFUENTES BLANCO huyó despavorido del lugar donde se originó la balacera, cogiendo “por la sala hacia el solar, luego a la cochera y se botó a la calle de atrás”, hecho que no desvirtúa ningún testigo, amén de reconocer “que existió un lapso entre la primera balacera, que tuvo origen con el ingreso de Yamel a la cantina, y la segunda propiciada entre Julio César Murillo y Yamel”.
Consideró que si bien ese lapso no fue de cinco minutos, como lo aseguró el declarante Rosero, sí pudo ser de un tiempo suficiente que aprovechó CIFUENTES BLANCO para huir del lugar, circunstancias estas que toman mayor relevancia si se tiene en cuenta, como lo admitió tácitamente el Tribunal, que se presentó una coautoría propia en relación con el homicidio, en cuyo escenario no hubo oportunidad para “deliberar y preparar la acción a seguir” o “asumir estrategias”, de donde no surge viable hacer depender la responsabilidad de CIFUENTES de la de su amigo MURILLO, como quiera que cuando se produjo la muerte ya el primero había desistido de su “retaliación”.
Precisó que la distorsión de un testimonio como el de Horacio Rosero cobra mayor trascendencia cuando se observa que el Tribunal, para concluir que RODRIGO CIFUENTES propinó a la víctima los tres disparos con dirección antero-posterior, en tanto los otros tres hallados en la dirección opuesta los descargó JULIO CÉSAR CIFUENTES, se fundamentó en una inferencia lógica escueta tras analizar los testimonios de oídas y del padre y novia de la víctima, sin que se haya valido para el efecto de prueba científica alguna.
Pidió, en consecuencia, casar la sentencia para dictar fallo absolutorio con fundamento en el principio in dubio pro reo.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Por coincidir sustancialmente con el concepto emitido por la Procuradora Segunda Delegada para la Casación Penal, la Sala abordará el examen de las demandas con referencia a las razones expuestas por el Ministerio Público y con fundamento en las cuales pidió desestimar los cargos formulados por los censores.
Se empezará con el libelo reseñado primeramente en esta sentencia, en cuyo estudio, por la similitud de temáticas, se abordará en un mismo capítulo lo relativo a los errores de hecho por falso juicio de identidad planteados por el casacionista, y luego se emprenderá el examen de los errores de hecho por falso raciocinio, también esbozados en la demanda, aunque el esquema a seguir será el de analizarlos, a su vez, grupalmente dependiendo de si los yerros tienen o no real existencia.
1. La demanda presentada a nombre de JULIO CÉSAR MURILLO MUÑOZ.
a. Los errores de hecho por falso juicio de identidad.
Como se recuerda, el primer error que de esa naturaleza el actor atribuye al Tribunal consiste en afirmarse en la sentencia que el testigo César Augusto Ortiz Macías modificó la versión inicialmente suministrada por él, donde expresó que vio cuando Yamel Sánchez Aponte, al salir retrocediendo del bar, se encontró frente a frente con JULIO CÉSAR MURILLO, a quien le hizo varios disparos que éste se limitó a responder.
Acertadamente, la Delegada replica que, según se deriva del fallo de segundo grado, cuando el ad quem habla de retractación se refiere, no a la segunda declaración que el testigo Ortiz Macías rindió en el curso del proceso, sino a las dos versiones que vertió éste ante la Fiscalía con respecto a la que proporcionó, en forma extrajudicial, al comandante de la policía y al alcalde del municipio de Santa Isabel, señores Dadringe Quiroga Rojas y Jorge Castellanos Valero, inmediatamente después de la ocurrencia de los hechos y conforme a la cual MURILLO MUÑOZ aprovechó que Yamel Sánchez se encontraba intercambiando disparos con CIFUENTES MUÑOZ para dispararle por la espalda.
Ciertamente, en las dos oportunidades en que acudió a la justicia, Ortiz Macías ofreció relatos similares, en cuanto en ambos negó que MURILLO MUÑOZ hubiese disparado por la espalda al hoy occiso, precisando entonces que el primero se limitó a responder la agresión del segundo, con quien se encontró luego de traspasar una puerta lateral que permitía la salida del bar por el área de la discoteca. Y así lo entendió el fallador cuando hizo mención al dicho del citado testigo, según el aparte de la sentencia que a continuación se transcribe:
“César Augusto Macías manifiesta que observó, estando en la puerta de la discoteca, que del bar salió Sánchez Aponte de espalda, retrocediendo, disparando hacia adentro, cuando por la puerta de la discoteca, por un lado suyo, salió Murillo Muñoz, y Sánchez Aponte lo vio y le disparó, impactando en un carro que se encontraba frente al lugar, por lo que Murillo Muñoz le respondió a tiros, aunque sin saber qué cantidad de disparos hizo. Niega que Rodrigo haya disparado por la espalda a Yamel y reconoce que esa noche habló con el Sargento de la Estación de Policía del lugar sin referirse a la información que sobre el particular le dio a éste” (pag. 27 de la sentencia).
Pero, repítese, el Tribunal en ningún momento atribuyó al testigo manifestaciones a partir de las cuales sustentara la existencia de retractación entre las dos declaraciones que rindió ante la Fiscalía. Tal cambio de versión lo predicó realmente de la información que proporcionó a los funcionarios de policía de la población donde ocurrieron los hechos, según se extracta de la siguiente reflexión de la corporación de segundo grado:
“Igual cosa ocurre con César Augusto Ortiz Macías quien testificó de manera sustancialmente opuesta a las revelaciones que sobre los hechos le hizo al Comandante de Policía, en presencia del entonces Alcalde municipal, argumentando en esta última oportunidad, que el padre de la víctima lo visitó en su casa y su lugar de trabajo, insinuándole que declarara falsamente a favor suyo” (pag. 29).
No se presentó, por tanto, el falso juicio de identidad que denuncia el actor, pues la retractación sí se dio, sólo que no respecto de los testimonios aludidos por éste.
Cuando un testigo modifica su versión bien puede el juzgador, dentro de la amplia discrecionalidad que le otorga la ley en la apreciación de las pruebas, sólo limitada por el respeto de los principios de la sana crítica, determinar cuál de las versiones del declarante es la que dice la verdad, ejercicio valorativo que realizó el Tribunal no sólo respecto de César augusto Ortiz Macías, frente a quien consideró digna de credibilidad la versión extraproceso vertida al paginario a través de las declaraciones del comandante de la policía y del alcalde del municipio de Santa Isabel, sino en relación con el testigo Joaquín Elías Mendieta Ávila, quien tras declarar en contra de los implicados, volvió a comparecer al proceso para esta vez señalar que Yamel Sánchez, luego de regresar al bar, ingresó al mismo y una vez allí agredió verbalmente a MURILLO MUÑOZ y CIFUENTES BLANCO, al tiempo que esgrimió un arma de fuego y la disparó contra éstos.
Sobre este tema en jurisprudencia evocada en reciente sentencia1, la Sala expuso lo siguiente:
“La retractación no es por sí misma una causal que destruya de inmediato lo sostenido por el testigo en sus afirmaciones precedentes. En esta materia, como en todo lo que atañe a la credibilidad del testimonio, hay que emprender un trabajo analítico, de comparación, a fin de establecer en cuál momento dijo el declarante la verdad en sus opuestas versiones. Quien se retracta de su dicho ha de tener un motivo para hacerlo, y este motivo debe ser apreciado por el Juez, para determinar si lo manifestado por el testigo es verosímil, obrando en consonancia con las demás comprobaciones del proceso (….) si el testigo varía el contenido de una declaración en una intervención posterior, o se retracta de lo dicho, ello en manera alguna traduce que la totalidad de sus afirmaciones deben ser descartadas. No se trata de una regla de la lógica, la ciencia o la experiencia, en consecuencia, que cuando un declarante se retracta, todo lo dicho en sus distintas intervenciones pierda eficacia demostrativa”.
La apreciación probatoria así efectuada por el fallador, como bien lo puso de presente el Ministerio Público, sólo es atacable por vía del falso raciocinio, para lo cual es necesario acreditar “cuál de los postulados que informan la sana crítica es decir la ciencia, la lógica o la experiencia fue el desconocido” pero el casacionista omitió proceder en ese sentido.
El otro error de hecho por falso juicio de identidad que el censor reprocha al Tribunal estriba en señalar que éste adicionó al testimonio de César Augusto Ortiz la manifestación según la cual JULIO CÉSAR MURILLO sorprendió a Yamel Sánchez, al dispararle por la espalda.
La Delegada concede parcial razón al impugnante al destacar cómo inicialmente el fallador desestimó los testimonios de Joaquín Elías Mendieta Ávila y César Augusto Ortiz Macías, para posteriormente fundamentar la condena con la declaración de este último, al punto de atribuirle la manifestación antes referida, en cuanto en la decisión anotó:
“Es inobjetable además que en el cruce de disparos, en un momento determinado Yamel intentó salir del local, retrocediendo y accionando el arma contestando los disparos que provenían del interior, circunstancia aprovechada por Julio César, para salir del bar utilizando una puerta lateral que da paso a la discoteca contigua, ganando la calle y sorprendiendo a Sánchez Aponte, quien continuaba retrocediendo disparándola por la espalda en repetidas ocasiones tal como lo refirieron los testigos de visu Ulises y Argenil Esquivel Valderrama, César Augusto Ortiz Macías, Joaquín Elías Mendieta Ávila y Grace Mayerly Franco Parra, y los de auditu , el Comandante de la Estación de Policía, el Alcalde municipal y Yamel Sánchez Peña, y lo corrobora el acta de inspección judicial al cadáver y el protocolo de necropsia”.
Pero, con gran tino, la representante de la sociedad desestima la censura, al observar que aun cuando realmente el testigo, en las declaraciones que ofreció en el curso de la actuación, no imputó a MURILLO MUÑOZ el haber disparado por la espalda al interfecto, lo cierto sí es que el Tribunal reseñó en el transcrito párrafo varias situaciones de hecho que, en su sentir, emergían establecidas mediante la suma de las diversas pruebas a las cuales hizo mención expresa allí, sirviendo el testimonio de Ortiz Macías como aporte en la reconstrucción fáctica que en ese sentido realizó el ad quem -añade la Corte- en lo relativo a la afirmación conforme a la cual iniciado el tiroteo al interior del bar, MURILLO MUÑOZ salió de él por la puerta de la discoteca, para una vez alcanzada la calle encontrarse con Yamel Sánchez.
Desde luego, ya lo que aconteció de ahí en adelante lo encontró probado, no con las declaraciones brindadas por Ortiz Macías ante el instructor, cuya credibilidad en ese sentido, como quedó visto precedentemente, desechó el fallador de forma expresa, sino con los otros medios probatorios a los cuales aludió en el comentado párrafo, entre los cuales se cuentan los testimonios del comandante de la policía y del alcalde de la localidad, quienes transmitieron el relato inicial que les hizo el propio César Augusto Ortiz, donde sí afirmó que JULIO CÉSAR MURILLO sorprendió al hoy obitado, disparándole por la espalda.
Esa situación fáctica la halló firmemente corroborada con el acta de inspección judicial y el protocolo de necropsia, según así lo explicó el sentenciador, cuando inmediatamente después de reseñar las conclusiones probatorias de que da cuenta el mencionado párrafo, se dio a la tarea de particularizar la ubicación de los orificios de entrada en el cuerpo de la víctima, así como la trayectoria de los proyectiles recibidos por ésta, para con fundamento en ello concluir:
“Lo anterior pone de presente, de manera incuestionable, que Sánchez Aponte, en el curso del enfrentamiento armado fue atacado por la espalda con arma de fuego por parte de Murillo Muñoz y que algunos de los disparos le fueron propinados a corta distancia, precisión que no solo concuerda con el anunciado protocolo sino con los testimonios de cargo atrás señalados”.
Vista así la situación, es evidente que tampoco el Tribunal incurrió en ese segundo yerro por falso juicio de identidad que le atribuye el censor.
b) Los errores de hecho por falso raciocinio.
(i). Según el actor, el Tribunal al desestimar el testimonio de William Casas Martínez vulneró la regla de la experiencia según la cual “las personas, al prever que alguien va a accionar un arma de fuego en el recinto donde se encuentran, buscan refugiarse o escapar del lugar antes que ocuparse por detallar si otros sujetos poseen también armas de fuego”. Ello, en su criterio, ocurrió con el referido testigo, razón determinante para no ver armas de fuego en manos de los procesados, luego no podía el sentenciador derivar de esa afirmación que su declaración “no sólo repugna a la razón, sino que pone al descubierto su marcado interés del testigo de apartarse de la verdad”.
En este punto la Sala no se identifica del todo con la Delegada, quien a pesar de reconocer la validez de la regla de la experiencia expuesta por el actor, otorga razón al Tribunal cuando desestimó el aludido testimonio, señalando para el efecto que al manifestar éste que sólo vio al hoy occiso en poder de arma de fuego, mas no a los procesados, reveló con ello su intención de “contar a la justicia sólo aquellos apartes que señalaban a Yamel Sánchez como agresor, pero se cuidó en atribuir algún acto a Murillo o a Cifuentes”.
El fallador consideró que el hecho de manifestar el testigo no haber visto armas de fuego en poder de los acusados era contrario a la razón y ponía al descubierto el marcado interés del testigo por apartarse de la verdad. Esa conclusión, vista insularmente, constituye ciertamente violación a la regla de la experiencia enunciada por el actor, pues el diario vivir enseña que cuando se produce un tiroteo, sobre todo si ocurre dentro de un establecimiento público, las personas ajenas a él tratan inmediatamente de protegerse sin detenerse a reparar en detalles, como lo señaló el impugnante.
Sin embargo, observa la Corte que no fue ese el único argumento que le sirvió al Tribunal para desestimar el comentado testimonio, pues también refirió que tanto esa declaración como las demás que pretendieron corroborar de alguna forma la versión de los procesados “desentonan” con el desarrollo lógico de lo acontecido, prédica que explicó más adelante cuando señaló:
“Similar contraevidencia encuentran en el proceso las declaraciones de quienes aluden que Cifuentes Blanco y Murillo Muñoz estuvieron siempre frente a Yamel Sánchez Aponte, pues lo cierto es que el primero de los nombrados en todo momento lo abordó frontalmente. De ahí los tres impactos de arma de fuego que presentaba la parte delantera del cuerpo, mientras que Cifuentes Blanco lo enfocó por la espalda y a corta distancia propinándole tres más que registran esa dirección” (pag. 43)
William Casas Martínez fue uno de los testigos que señaló a Yamel Sánchez haber disparado primero y de frente a MURILLO MUÑOZ. Obsérvese lo que dijo al respecto:
“… yo me recoté (sic) contra un muro que hay frente del bar ese del señor Horacio (sic) cuando en esos instantes sonaron unos disparos adentro en esos momentos todo el mundo salió para afuera de último salió el finado y el señor JULIO MURILLO estaba en la otra puerta, de la discoteca cuando el finado le voltió (sic) el arma de frente al señor JULIO MURILLO ahí se formó un intercambio de disparos, sonaron muchos tiros entonces yo me brinqué al otro lado del muro y me tiré boca a bajo, no supe más” (fl. 681 cd. 1).
Y más adelante añadió:
“Yo lo único fue cuando el señor YAMEL SÁNCHEZ voltió y le extendió el revólver al señor JULIO en ese momento se formó un intercambio de disparos, yo ya me brinqué el muro no sé que pasaría, yo creo que el que disparó primero fue el señor SÁNCHEZ” (fl. ídem).
De conformidad con el fallador, entonces, en el proceso obran otros elementos de juicio que contradicen testimonios como el de Casas Martínez, citando en concreto el protocolo de necropsia donde quedaron descritas las trayectorias de los proyectiles, indicativas de que el occiso sí fue atacado por la espalda.
De suerte que, al margen de la afirmación atinente a la no mención por parte del testigo de armas de fuego en poder de los procesados, el Tribunal consideró otras razones para desestimar la mentada declaración, las que por sí solas soportan la decisión en ese sentido, como finalmente, a manera de argumento adicional, lo consideró el Ministerio Público en su concepto.
Desde perspectiva similar, el censor denuncia la presencia de un falso raciocinio en la apreciación del testimonio de los hermanos Ulises y Argenil Esquivel Valderrama, por vulnerar el fallador la regla de la experiencia consistente en que quienes “niegan aspectos evidentes sobre los hechos, o no son realmente testigos presenciales, o siéndolos, están marcadamente parcializados”. Tal desconocimiento, según expresó, ocurrió porque, contra lo dicho por casi la totalidad de los demás testigos, aquéllos aseguraron que Yamel Sánchez no portaba arma de fuego, negando así la existencia del cruce de disparos entre éste y los procesados, pese a lo cual el Tribunal les otorgó credibilidad .
En verdad, como lo afirma el libelista y lo prohija la Delegada, resulta un contrasentido que el sentenciador cuestionara al testigo Casas Martínez por declarar que no vio armas de fuego en poder de CIFUENTES y MURILLO, mientras pasó por alto ese detalle en relación con los hermanos Esquivel.
Pero ocurre que el Tribunal, aunque no lo dijo en forma expresa, consideró que los declarantes en mención se distanciaron de la verdad cuando dijeron que Yamel Aponte no poseía arma alguna. A esa conclusión se arriba si se repasa el siguiente aparte de la sentencia:
“Del contexto probatorio traído a colación se desprende sin lugar a dudas que inicialmente, se originó un cruce de insultos y amenazas al interior del bar de propiedad del señor Horacio Rosero Delgado, entre Yamel Sánchez Aponte, Rodrigo Cifuentes Blanco y Julio César Murillo Muñoz, con ocasión del ingreso de un caballo a dicho local por parte de Joaquín Elías Mendieta Ávila, lo cual incomodó a los dos últimos. Transcurrido algún tiempo, luego de haber salido Sánchez Aponte de dicho lugar, regresó allí, portando un arma y de inmediato se presentó un intercambio de disparos entre ellos, resultando inocultable que Cifuentes Blanco y Murillo Muñoz también poseían armas las que utilizaron en el desarrollo de la contienda” (pag. 21).
Significa lo anterior que el ad quem otorgó credibilidad sólo parcialmente a los testimonios de los hermanos Esquivel, en cuanto estimó digno de recibo el hecho de ser testigos presenciales, pero rechazó la afirmación de los aludidos según la cual el occiso no portaba arma de fuego. Así se infiere también de la siguiente reflexión del fallador efectuada inmediatamente después de sentar las conclusiones probatorias que se transcribieron en precedencia:
“Es inobjetable además que en el cruce de disparos, en un momento determinado Yamel intentó salir del local, retrocediendo y accionando el arma contestando los disparos que provenían del interior, circunstancia aprovechada por Julio César, para salir del bar utilizando una puerta lateral que da paso a la discoteca contigua, ganando la calle y sorprendiendo a Sánchez Aponte, quien continuaba retrocediendo disparándola por la espalda en repetidas ocasiones tal como lo refirieron los testigos de visu Ulises y Argenil Esquivel Valderrama…” (pág. 22).
Ese modo de proceder del Tribunal, de tomar algunos aspectos de un testimonio y desestimar otros, como lo pone de presente el Ministerio Público, es perfectamente válido, en cuanto constituye manifestación de la facultad discrecional que le otorga la ley en la apreciación de las pruebas. A este respecto, la Corte ha señalado:
“… El funcionario judicial, en el análisis que hace de la prueba testimonial, puede no solo acogerla o rechazarla integralmente, sino parcialmente, atendiendo a los criterios de apreciación racional, sin que ello implique, per se, el desconocimiento de las reglas de la sana crítica, ni por ende, un error de apreciación probatoria, atacable en casación…”2.
Criterio reiterado, como lo recuerda la Delegada, en posterior decisión cuando expresó la Corte:
“De acuerdo con el sistema de valoración probatoria consagrado en la ley, el deber del juzgador de apreciar en su totalidad el conjunto probatorio no puede oponerse a la facultad que tiene de desestimar todo aquello que no le dé certeza de lo que en el proceso se pretende probar. Por ello es completamente viable que en ese ejercicio tome solo una porción del testimonio y deseche lo demás, sin que se puedan elevar a la categoría de errores de apreciación probatoria los juicios del sentenciador a través de los cuales establece el mérito de los elementos que sustentan el fallo, salvo que se pretenda demostrar que las conclusiones a las que llegó no son acordes a la sana crítica, único postulado al que está sometido para efectos de la apreciación probatoria”3.
De otra parte, el actor atribuye al Tribunal la vulneración del principio lógico, según el cual en la reconstrucción de unos hechos debe preferirse la versión del testigo directo por sobre la del testigo indirecto.
Con la Delegada necesario se impone concluir en la sin razón del anterior argumento. Ningún principio lógico obliga al juez a repudiar de antemano el testimonio de oídas y a acoger sin reservas el rendido por quien presencia los hechos. Será la labor suasoria del juez, realizada conforme a los principios de la sana crítica, la que determine cuál de ellos arroja mayor mérito probatorio y, en armonía con esa conclusión, privilegiar la credibilidad de uno y rechazar la del otro. Al respecto, la Sala recientemente recordó4:
“Y en relación con la improcedencia de una descalificación anticipada del testigo de auditu o de oídas, ha dicho la Corte:
‘Si bien es cierto ‘el testigo de oídas, lo único que puede acreditar es la existencia de un relato que otra persona le hace sobre unos hechos (…) y que generalmente ese concreto elemento de convicción no responde al ideal de que en el proceso se pueda contar con pruebas caracterizadas por su originalidad, que son las inmediatas’, tampoco ‘implica lo anterior que dicho mecanismo de verificación deba ser rechazado; lo que ocurre es que frente a las especiales características en precedencia señaladas, es necesario estudiar cada caso particular, analizando de manera razonable su credibilidad de acuerdo con las circunstancias personales y sociales del deponente, así como las de la fuente de su conocimiento, si se ha de tener en cuenta que el testigo de oídas no fue el que presenció el desarrollo de los sucesos y que por ende no existe un real acercamiento al hecho que se pretende verificar’ (Sentencia de segunda instancia, 29 de abril de 1999…)’ (…Cas. 10615)’”.
Precisamente, tal ejercicio valorativo fue el efectuado por el sentenciador de segundo grado, quien luego de sopesar lo dicho por el comandante de la policía y por el alcalde municipal y contrastarlo con lo declarado por Ortiz Macías, concluyó que éste narró la verdad de lo ocurrido a los mencionados funcionarios, en tanto se distanció de ella en las versiones que ofreció en el curso del proceso, cuando pretendió demostrar que JULIO CÉSAR MURILLO disparó de frente contra Yamel Sánchez ante el ataque que recibió de éste.
Y efectivamente, el comandante de la policía, señor Dadringe Quiroga Rojas, manifestó en el testimonio rendido en la investigación que César Augusto Ortiz le contó la noche de los acontecimientos que, por el contrario, JULIO CÉSAR MURILLO disparó por la espalda a Yamel Sánchez, en el momento en que éste se enfrentaba a tiros con RODRIGO CIFUENTES, quien luego, cuando la víctima yacía en el piso por acción del ataque de aquél, le disparó como en dos oportunidades (fs. 129 y ss. cd. # 1).
Y el alcalde Jorge Castellanos Valero, a través de certificación jurada (fs. 224 y ss. cd. ídem), testificó que se encontraba con el Sargento Quiroga cuando se les acercó Ortiz Macías, para asegurarles haber sido testigo presencial de los hechos, narrándoles lo sucedido según los términos que transmitió a la justicia el comandante de la policía.
El error denunciado en tal sentido por el casacionista resulta entonces infundado.
(ii). De acuerdo con el censor, el Tribunal cuando otorgó credibilidad al testimonio rendido por Grace Mallerly Franco Parra desconoció las reglas de la experiencia según las cuales “las personas al escuchar disparos, prefieren no acercarse a su fuente, especialmente si se trata de personas nerviosas”, y “las personas, al ver que atacan con arma de fuego a una persona con quien tiene un fuerte vínculo sentimental, inmediatamente buscan protegerse, asistirle o ayudarle, bien sea directamente, o solicitando auxilio de terceros, para evitar el daño o aminorarlo”.
Al respecto, importa precisar que el testimonio de Grace Mallerly Franco constituye una de las pruebas con apoyo en las cuales el fallador concluyó que Yamel Sánchez fue atacado por la espalda por JULIO CÉSAR MURILLO cuando salía del bar, retrocediendo ante los disparos que emanaban del interior del establecimiento. La declarante depuso que observó tal escena cuando se encontraba al pie de la iglesia, a 15 metros de distancia del bar, luego de salir inadvertidamente de su casa con la intención de buscar a Yamel, su novio, y cerciorarse si estaba con otra mujer.
Según expresó también la deponente, tras verlo caer, presa de los nervios como se encontraba, sólo acató a correr hacia su casa para encerrarse en su habitación sin contar a nadie lo sucedido, ni siquiera a sus padres (fs. 238 y ss. cd. 1 y 758 y ss. cd. 2).
El Ministerio Público admite que en la apreciación del comentado testimonio el fallador desconoció las máximas de la experiencia reseñadas por el actor, y la Sala encuentra acertada tal opinión, aunque sólo frente a la segunda de esas reglas, porque realmente resulta absurdo que la declarante, si en verdad percibió cuando su novio cayó víctima de los disparos, hubiese sin más corrido hacia su casa a encerrarse en su habitación, guardando completo hermetismo acerca de lo sucedido, en vez de acudir a socorrer a Yamel Sánchez, como se supone actuaría cualquier persona frente a un ser querido ante una desgracia de esa envergadura.
Y sea del caso señalar de una vez que razón le asiste también al casacionista cuando acusa al Tribunal de incurrir en un error de hecho por falso raciocinio al inferir que si Yamel Sánchez retrocedió para salir del bar es porque desistió de la contienda.
Del anterior criterio también participa la Delegada; y es que, ciertamente, resulta ilógico deducir que quien retrocede en un cruce de disparos es porque ha decidido desistir del enfrentamiento. En esas situaciones suele ocurrir que alguno de los contendientes da unos pasos atrás simplemente para resguardarse del ataque de su oponente, mientras busca responderle, de manera que, como lo señala la Procuraduría, “no es la mera postura del sujeto de caminar hacia atrás lo que determina si desistió de la contienda, sin otra clase de manifestaciones que acá no se presentan”.
Sin embargo, el hecho de incurrirse en algunos errores de apreciación probatoria, no es suficiente para derruir la doble presunción de legalidad y acierto de que está revestida una sentencia judicial. Para ello se hace necesario que el yerro trascienda de tal modo que sin él el sentido de la decisión sea sustancialmente distinto. En otras palabras, si haciendo a un lado los medios de convicción sobre los cuales recayó el falso raciocinio, el fallo se mantiene incólume a partir de la existencia de otras pruebas que el sentenciador sopesó al amparo de los principios de la sana crítica, los cargos no están llamados a prosperar.
Lo anterior, en sentir de la Corte, acontece en el caso que concita su atención. En efecto, aun sin el testimonio de Grace Mallerly Franco Parra y sin la conclusión del ad quem acerca de que Yamel Sánchez Aponte desistió de la contienda, perviven en el plenario los testimonios indirectos del comandante de la policía y del alcalde municipal, quienes declararon lo que les transmitió César Augusto Ortiz Macías después de ocurridos los hechos; también, el testimonio de Joaquín Elías Mendieta Ávila, antes de la retractación en que incurrió y quien manifestó que al regresar el occiso al bar lo recibió a tiros CIFUENTES BLANCO, ante lo cual debió aquél retroceder (fs. 96 y ss. cd. # 1).
Igualmente, subsisten las declaraciones de los hermanos Esquivel Valderrama, en los apartes que el Tribunal estimó creíbles, esto es, que cuando Yamel regresó al bar, RODRIGO CIFUENTES lo recibió a tiros, ante lo cual debió aquél retroceder, según así lo refirieron los dos testigos en mención (fs. 92 y 103 cd. # 1), pero cuando salía del establecimiento, JULIO CÉSAR MURILLO quien ya se encontraba en la calle le disparó por la espalda, como lo manifestó Argenil José Esquivel (fl. 104 cd. ídem).
A esas pruebas se suman el protocolo de necropsia donde se registran los orificios de entrada y la trayectoria de los disparos que recibió el obitado, demostrativas de que al menos tres impactaron por la región posterior, y las inspecciones judiciales realizadas al lugar de los hechos, que hablan sobre la ubicación de los proyectiles en el lugar de los hechos, y frente a las cuales el Tribunal señaló:
“Respecto de las constataciones hechas en las inspecciones judiciales practicadas al lugar de los hechos y al vehículo que se encontraba parqueado frente a dicho sitio, puesto que si bien se estableció la existencia de numerosos impactos al parecer de proyectiles de arma de fuego en diferentes lugares del bar y en el aludido automotor, no puede señalarse, en sana lógica, que todos esos disparos los hizo la víctima, mucho menos con dos armas, o que hubiese recargado hábilmente el revólver que portaba, como lo sugieren algunos deponentes, puesto que con ello se desconoce, sin motivo alguno, que las tres personas involucradas en la contienda armada disparaban indistintamente, esto es, en direcciones opuestas.
“Por manera que los vestigios de los impactos hallados en el interior del local bien pueden corresponder a los disparos efectuados tanto por Murillo Muñoz que apuntaba de afuera hacia adentro, como por el hoy occiso que lo hacía en igual sentido, y los hallados en la parte exterior del inmueble y en el vehículo, bien podrían corresponder a los realizados por Cifuentes Muñoz que se hallaba apostado en el mostrador del bar” (pags. 24 y 25).
Tales elementos de convicción, se insiste, suficientemente soportan las conclusiones probatorias del ad quem, conforme a las cuales luego de suscitarse la discusión generada por el ingreso del semoviente al establecimiento público, Yamel Sánchez Aponte salió del lugar, regresando tiempo después en posesión ya de un arma de fuego, siendo recibido a tiros por CIFUENTES BLANCO, produciéndose así un cruce de disparos, en medio del cual MURILLO MUÑOZ hábilmente salió del bar por una puerta lateral que comunicaba a una discoteca contigua, para salir a la calle donde sorprendió a Yamel Sánchez, quien en ese momento retrocedía buscando evadir las balas, lo cual aprovechó MURILLO para accionar el arma contra su humanidad, alcanzándolo por la espalda.
Resulta evidente así, como lo señaló el Ministerio Público, dando de esa manera razón al Tribunal, que la muerte de Yamel Sánchez Aponte fue el resultado de una riña, donde éste llevó la peor parte. Pero, aunque el occiso fue quien la inició, lo cierto es que los procesados la aceptaron voluntariamente, al punto de prepararse para el regreso de aquél, a quien cuando ello sucedió lo recibieron a bala.
En este punto, adecuado resulta poner de presente dos aspectos. En primer lugar, que el fallador de segundo grado desechó la exculpación de los procesados, consistente en que encontraron las armas de fuego en el mostrador del establecimiento, con las cuales, según ellos, pudieron “milagrosamente” enfrentar a Sánchez Aponte. No se observa que el Tribunal, al arribar a esa conclusión, hubiese desconocido los principios de la sana crítica (el casacionista ni siquiera se esforzó por demostrarlo), menos aún cuando la respaldó con la declaración de Yineth Rocío Rosero Rodríguez, utilizada incluso por la defensa para sustentar su planteamiento, testigo a quien le pareció imposible tan providencial hallazgo porque las propias autoridades de policía habían momentos antes sometido a registro general el establecimiento.
Y en segundo lugar, que hay testimonios como los de Ulises Esquivel, Joaquín Mendieta y la propia Yineth Rocío Rosero, quienes manifestaron que luego de la inicial discusión también los acusados salieron del bar para regresar más tarde al mismo.
Para la estructuración de la legítima defensa es necesario que la reacción defensiva surja como consecuencia de una injusta agresión. Cuando dos o más personas, de manera consciente y voluntaria, deciden agredirse mutuamente la legitimidad de la defensa se desvirtúa, porque ya en ese caso los contendientes se sitúan al margen de la ley, salvo cuando en desarrollo de la riña “los contrincantes rompen las condiciones de equilibrio del combate”. Así lo expresó la Sala en sentencia del 25 de mayo de 2005, donde además, remembrando pretéritas decisiones, sostuvo lo siguiente:
“Lo que en realidad diferencia la riña de la legítima defensa –dijo la Sala en otra oportunidad y ahora lo reitera5— no es la existencia de actividad agresiva recíproca, ya que, es de obviedad entender, ésta se da en ambas situaciones, sino además la subjetividad con que actúan los intervinientes en el hecho, que en un caso, el de la riña, corresponde a la mutua voluntariedad de los contendientes de causarse daño, y en el otro, el de la legítima defensa, obedece a la necesidad individual de defenderse de una agresión ajena, injusta, actual o inminente, es decir, no propiciada voluntariamente.
“De ahí que la Corte de antiguo tenga establecida dicha diferenciación precisamente en el pronunciamiento que la Delegada evoca en su concepto, la cual se conserva vigente a pesar de la realidad jurídica actual:
‘…es obvio que una cosa es aceptar una pelea o buscar la ocasión de que se desarrolle y otra muy distinta estar apercibido para el caso en que la agresión se presente. Con lo primero pierde la defensa una característica esencial para su legitimidad, como es la inminencia o lo inevitable del ataque; pero ningún precepto de moral o de derecho prohibe estar listo para la propia tutela, es más, elemental prudencia aconseja a quien teme peligros, precaverse a tiempo y eficazmente contra ellos.
“La riña es un combate entre dos personas, un cambio recíproco de golpes efectuado con el propósito de causarse daño, de suerte que, como dice el Ministerio Público, ni hay riña sin intención de pelear, ni en esa pelea puede excluirse el propósito o intención dolosa de causar daño al contrincante.
“En cambio, la legítima defensa, aunque implica también pelea, combate, uno de los contrincantes lucha por su derecho únicamente, cumple con un deber, obra de acuerdo con la ley al defender las condiciones esenciales de su existencia personal y, las de la sociedad a que pertenece’ (Sentencia de casación de junio 11 de 1946).
Así las cosas, si en el presente caso la víctima y el acusado intercambiaron disparos con el ánimo de agredirse, cada uno debía responder por los daños que le causara al otro y eso significa que el fallo debe mantenerse y que la censura, en cuanto simple refutación de la apreciación probatoria, no está llamada a prosperar”6
.
Igual acontece en el caso que ocupa la atención de la Corte en esta oportunidad, de manera que, conforme lo expresa la Procuraduría Delegada, obligado resulta rechazar “la tesis de la agresión intempestiva por parte de Sánchez, como lo pretende hacer ver el procesado Murillo y su defensor, se repite, acá lo esperado por los procesados fue precisamente la contienda armada en la que… hubo una recíproca intención lesiva, y que no permite la prédica de la causal de ausencia de responsabilidad de la necesidad de defensa de un bien propio o ajeno contra una agresión actual o inminente”.
Las precedentes consideraciones son suficientes para que la Corte desestime, como lo hará, los argumentos del defensor de JULIO CÉSAR MURILLO MUÑOZ.
2. La demanda presentada a nombre de RODRIGO CIFUENTES BLANCO.
El casacionista, recuérdese, denuncia la sentencia de segundo grado por violar indirectamente la ley, al incurrirse allí, según expresó, en error de hecho por falso juicio de identidad. Para el efecto, sostuvo que el Tribunal indebidamente puso en boca del testigo Horacio Rosero Delgado la afirmación según la cual, luego de escuchar una primera balacera, JULIO CÉSAR MURILLO ingresó a su vivienda y por la cocina accedió a la cochera, por cuya vía alcanzó la calle, y cinco minutos después el testigo oyó una nueva descarga.
Aunque la representante del Ministerio Público estudió de fondo el cargo, consideró que el censor incurrió en algunas falencias técnicas, sobre las cuales la Sala no hará comentario, pues es de entender que al admitirse la demanda quedó superada esa discusión.
Una rápida vista al testimonio del señor Horacio Rosero Delegado, dueño del bar donde ocurrieron los hechos, deja al descubierto rápidamente que el prenombrado se refirió a RODRIGO CIFUENTES BLANCO como la persona que efectuados los primeros disparos irrumpió a su vivienda, situada en el mismo inmueble donde funcionaba el bar. No obstante, al referirse a la mencionada declaración el Tribunal señaló en su sentencia:
“Horacio Rosero Delgado, propietario del bar, informa que estando en su casa escuchó disparos y en la sala de la misma se encontró con Cifuentes Muñoz, quien venía del bar; que éste salió por la puerta de la cocina hacia la cochera y finalmente hacia la calle, que no lo volvió a ver y más tarde, afuera, escuchó otros disparos” (pag. 17).
Y más adelante, al valorar la citada prueba, consideró:
“Igual cosa cabe precisar en relación con lo señalado por Horacio Rosero Delgado, en el sentido de haber ingresado Murillo Muñoz a las habitaciones de la residencia a resguardarse de los disparos saliendo por allí a la calle saltando por un muro, aspecto que no tiene solidez frente a lo indiscutible de lo expuesto por los demás narradores acerca de haberlo hecho por la puerta lateral que conduce a la discoteca contigua y ganar la calle para desde allí atacar por la espalda a Sánchez Aponte, infiriéndose, en consecuencia, la falta de objetividad y veracidad” (pags. 43 y 44).
No cabe la menor duda entonces que el Tribunal incurrió en el falso juicio de identidad endilgado, error que si bien no quedó claramente evidenciado en el primero de los párrafos antes transcrito, pues allí ambiguamente utilizó el inicial apellido de uno de los procesados (RODRIGO CIFUENTES BLANCO) y el segundo del otro (JULIO CÉSAR MURILLO MUÑOZ), sí se patentizó en el subsiguiente de los mencionados párrafos, al atribuir a MURILLO MUÑOZ la acción de ingreso a la vivienda del testigo, cuando realmente éste señaló como tal a CIFUENTES BLANCO.
No obstante, resulta forzoso precisar que el yerro advertido adolece de la necesaria trascendencia para derrumbar el fallo cuestionado. Aquí se presenta igual situación a la comentada a propósito de la demanda formulada por el defensor de MURILLO MUÑOZ, esto es, al margen del error de apreciación cometido sobre el testimonio del señor Horacio Rosero Delgado, en el proceso militan otras pruebas que fueron estimadas por el juzgador y cuya valoración integral le permitieron arribar a la conclusión de que CIFUENTES BLANCO participó activamente en le riña iniciada por el hoy occiso, al punto de disparar contra éste desde el interior del establecimiento, para después, cuando JULIO CÉSAR MUÑOZ accionó su arma por la espalda de la víctima, salir por la entrada principal y propinarle unos balazos.
En relación con lo anterior, se observa que el casacionista, en verdad, más allá del error en que incurrió el ad quem, pretende que la Corte otorgue mayor fuerza probatoria al testimonio de Horacio Rosero Delgado y entonces dé por probado que iniciado el intercambio de disparos RODRIGO CIFUENTES huyó despavorido del lugar de los hechos, utilizando para el efecto las instalaciones que le sirven de vivienda al declarante, y que paralelamente la Sala reste valor suasorio a aquellas probanzas con sustento en las cuales el Tribunal declaró la responsabilidad del procesado.
De ahí que el actor sostenga que los fundamentos del fallador de segundo grado “para asegurar que Rodrigo Cifuentes le propinó los tres disparos con dirección antero-posterior a Yamel Sánchez, y que los otros tres hallados en la dirección opuesta los descargó Julio César Murillo, surgen de una inferencia lógica escueta por parte del Tribunal tras analizar testimonios de oídas y del padre y novia de la víctima, mas no por prueba científica”.
Pretensión que, como lo recuerda la Delegada, no tiene vocación de prosperidad en sede de casación, donde es necesario acreditar la existencia de errores trascendentes, lo cual no se logra simplemente oponiendo al criterio valorativo del fallador el que, en concepto del censor, debió ser el correcto. Y ello tanto más cuando su argumentación entraña el desconocimiento del principio de libertad probatoria consagrado en el artículo 237 del estatuto procesal penal de 2000, al tenor del cual “(l)os elementos constitutivos de la conducta punible, la responsabilidad del procesado, las causales de agravación y atenuación punitiva, las que excluyen la responsabilidad, la naturaleza y la cuantía de los perjuicios, podrán demostrarse con cualquier medio probatorio…”.
El cargo no prospera; por ello, en ese sentido la sentencia impugnada se mantendrá incólume.
Casación oficiosa.
La Procuradora Segunda Delegada solicita a la Corte acudir a su facultad oficiosa para casar parcialmente el fallo de segundo grado, por cuanto en él, con violación de los principios de legalidad y favorabilidad, se condenó a los acusados a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la pena principal, lo que implica que dicha accesoria se aplicó por el término de trece (13) años, pese a que cuando ocurrieron los hechos la duración máxima de sanciones de esa naturaleza estaba establecida en diez (10) años.
Completa razón asiste a la representante del Ministerio Público. Los sucesos objeto de juzgamiento tuvieron ocurrencia el 14 de septiembre de 1996. Para esa época regía el artículo 44 del estatuto punitivo de 1980, modificado por el artículo 28 de la Ley 40 de 1993, norma que establecía el término de diez (10) años como límite máximo imponible para la pena privativa del ejercicio de derechos y funciones públicas.
Resulta indudable entonces que al equiparar el lapso de la sanción principal al de la pena accesoria, el Tribunal vulneró flagrantemente los principios de legalidad, según el cual “(n)adie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa” (art. 29 Constitución Política), y el de favorabilidad, pues en este último caso aplicó en forma retroactiva una norma abiertamente desventajosa para los intereses de los acusados, como lo es el artículo 51 del código penal de 2000 que permite extender dicha sanción accesoria hasta veinte (20) años.
Suficiente lo dicho para que la Sala, como lo solicita la Delegada y en orden a restablecer las garantías quebrantadas, case parcialmente la sentencia de segunda instancia, de manera que se fijará en diez (10) años la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas impuesta a RODRIGO CIFUENTES BLANCO y JULIO CÉSAR MURILLO MUÑOZ.
Finalmente, es pertinente precisar que la citada pena accesoria se aplicará de hecho mientras dure la pena principal y, una vez cumplida esta última, empezará a ejecutarse por el término de diez (10) años, conforme la preceptiva del artículo 52 del Decreto Ley 100 de 1980, disposición que, según ha tenido ocasión de referir esta Sala –cfr. sentencia de casación, 26 de abril de 2006, proceso N° 24687- guarda coincidencia temática con el artículo 53 de la Ley 599 de 2000.
Cuestión final.
Como de los autos se desprende que el magistrado ponente del Tribunal Superior de Ibagué se demoró casi ocho (8) años para registrar proyecto de decisión en el presente caso, pues a pesar de que el proceso le ingresó para el efecto el 11 de mayo de 1998, sólo lo hizo el 27 de enero de 2006, la Sala estima que tal situación amerita, en principio, investigarse disciplinariamente, para cuyo efecto ordenará compulsar copia de lo pertinente de la actuación con destino al Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria.
En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
1. NO CASAR el fallo impugnado por las razones invocadas por los demandantes, conforme las razones expuestas en la anterior motivación.
2. CASAR PARCIAL y OFICIOSAMENTE la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Ibagué el 16 de febrero de de 2006, para fijar en diez (10) años la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas impuesta a los procesados RODRIGO CIFUENTES BLANCO y JULIO CÉSAR MURILLO MUÑOZ.
3. DECLARAR que los restantes ordenamientos de la sentencia impugnada se mantienen incólumes.
4. COMPULSAR copia de lo pertinente de la actuación con destino y para los fines señalados en la parte final de la motivación del presente fallo.
Contra esta providencia no procede recurso alguno.
Notifíquese y cúmplase
ALFREDO GÓMEZ QUINTERO
IMPEDIDO
SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN
MARINA PULIDO DE BARÓN JORGE LUIS QUINTERO MILANES
YESID RAMÍREZ BASTIDAS JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA
MAURO SOLARTE PORTILLA JAVIER ZAPATA ORTÍZ
TERESA RUIZ NÚÑEZ
Secretaria
1 Sentencia de segunda instancia del 27 de julio de 2006. Rad. 25503.
2 Sentencia de casación del 18 de enero de 2001. Rad. 13265.
3 Sentencia del 16 de noviembre de 2001. Rad. 14361.
4 Sentencia del 26 de enero de 2006. Rad. 21791.
5. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sent. – Casación 11.679, junio 26/2002.
6 Sentencia de casación del 25 de mayo de 2005. Rad. 18354.