23125(15-11-05)

2005

Asistente Jurídico Inteligente

Selecciona un texto en la página o analiza el artículo completo.

ⓘ Puedes seleccionar un fragmento de texto o analizar el artículo completo.

    Proceso No 23125  

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  

SALA DE CASACIÓN PENAL  

                                                                Magistrado Ponente:   

                                                     

                                               Dr. ALFREDO GÓMEZ QUINTERO   

                                                

                                               Aprobado Acta No. 89   

Bogotá, D.C., quince (15) de noviembre de dos  mil cinco (2.005).   

VISTOS:  

Se  pronuncia  la  Sala sobre la solicitud de  pruebas  elevada  por  la  defensora  de  MANUEL BONILLA CASQUETE, solicitado en  extradición por el Gobierno de los Estados Unidos de América.   

           

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES:  

    

1. Mediante Nota Verbal No. 2072 fechada  el  3  de  septiembre  de  2.004,  el Gobierno de los Estados Unidos de América  solicitó  la  detención  provisional, con fines de extradición, del ciudadano  MANUEL   BONILLA   CASQUETE,  habida  cuenta  de  ser  sujeto  del  ‘complaint’  No.  04-0510M-01,  dictado  el  2  de  agosto  de  2.004, por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito  de  Columbia,  mediante  el  cual  se  le  acusara  de concierto para fabricar y  distribuir cocaína.      

2.  Con  base  en  dicho  requerimiento,  el  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  remitió  a  la  Fiscalía General de la  Nación  la  susodicha Nota Verbal, decretándose mediante resolución del 13 de  septiembre  de  2.004 la captura del citado ciudadano, determinación que le fue  notificada  a  BONILLA  CASQUETE  el  día  27  de ese mismo mes, al encontrarse  privado  de la libertad en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta  y Mediana Seguridad de Cómbita (Boyacá).   

3. Remitidas las diligencias ante la Corte, el  Ministerio  del  Interior  y de Justicia señaló que la Embajada de los Estados  Unidos  de  América,  mediante Nota Verbal No.2904 del 24 de noviembre de 2.004  había  formalizado  la  solicitud  de extradición del ciudadano MANUEL BONILLA  CASQUETE.  En  la  citada  Nota  Verbal,  se  aprecia  que  la misma solicita la  detención  provisional  del  ciudadano BONILLA CASQUETE, clarificándose que el  ‘complaint’ No.04-0510M-01, dictado el 2 de agosto  de  2.004,  en  la  Corte  Distrital  de  los Estados Unidos para el Distrito de  Columbia  y el auto de detención contra el señor Bonilla-Casquete dictado el 2  de  agosto  de 2.004, continúan vigentes. Que sin embargo, la Fiscalía para el  Distrito   de   Columbia   ha  decidido  no  presentar  una  solicitud  para  la  extradición   del  señor  Bonilla-Casquete  por  dicho  asunto,  pero  que  el  fundamento  de  dicha  solicitud y de la consiguiente orden de detención, lo es  por  haberse  proferido  en  su  contra  la  “resolución  de  acusación  No.  8:04-CR-478-T-23Map,  dictada el 6 de octubre de 2.004, en la Corte Distrital de  los  Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida”, en la cual se le hacen  cargos  por  concierto  para  importar,  fabricar, distribuir y poseer cocaína,  entre otros.   

4.  En  curso  este  trámite  y  enterado al  requerido  en  extradición  de la índole y contenido de los cargos que motivan  la  privación de su libertad acorde con lo anteriormente indicado, su apoderada  ha elevado petición de pruebas, así:   

a.-  Solicita se oficie al Ministerio de  Relaciones  Exteriores,  con  miras a que se certifique si un “complaint” es  equivalente  a  un  “indicment”  según las leyes de los Estados Unidos, o a  una resolución de acusación o sentencia, según nuestro sistema.   

b-.  A  la  misma autoridad, para que pida al  Estado   requirente   copias  o  transcripciones  auténticas  del  complaint  o  indicment,  pues  según  el criterio de la peticionaria, es necesario verificar  que   el  proceso  seguido  en  contra  de  BONILLA  CASQUETE  se  encuentra  lo  suficientemente  adelantado  y en el que se lo comprometa como autor de un hecho  punible de cierta gravedad con firmeza y contundencia jurídica.   

c-. También ante el Ministerio de Relaciones  Exteriores,  a fin de que solicite al Estado requirente explique de donde obtuvo  la  fotografía  en  que  aparece  el pedido en extradición en compañía de un  uniformado  tomándole  la  presión  arterial.  Este  prueba,  toda  vez que en  criterio  de  la  reclamante  deben  conocerse  todos  los datos que conduzcan a  afirmar  la  plena  identidad  de  la  persona  a quien se pide en extradición,  debiendo  por  lo  mismo  igualmente  oficiar  a  fin  de  determinar  cómo  se  estableció la identidad del solicitado.   

d-.  Por  último  peticiona  a  la  Corte la  apoderada  de  BONILLA  CASQUETE,  se  oficie  a  Medicina  Legal  con el fin de  verificar  el  grave  estado de salud de aquél, así como su tiempo probable de  vida.   

Para  la  petente,  no  puede desconocerse la  legalidad  de las pruebas reclamadas, toda vez que ellas tienden a establecer la  plena   identidad   del  requerido  en  extradición,  el  cumplimiento  de  los  documentos   anexos   al   pedido   y   normas   concordantes   con  el  derecho  humanitario.   

5.  Conforme  se  ha  precisado  en  diversas  oportunidades,  al  no  mediar  tratado  con  los Estados Unidos de América, al  presente   trámite   de   extradición  le  son  aplicables  las  disposiciones  pertinentes del Código de Procedimiento Penal.   

Por  ello,  como  la Corte lo ha señalado en  forma  constante  y  pacífica  con miras a elucidar el tema relacionado con las  pruebas   cuya   viabilidad   se   impone,  resulta  imprescindible  cotejar  su  procedencia  a  partir  de  observar la eficacia de las mismas y en particular a  contrastar  su  necesidad, conducencia y pertinencia, acorde con las previsiones  del  artículo  235 del Estatuto adjetivo, bajo la premisa de entender que estos  principios  comportan  una  estrecha relación con los fines mismos que tiene el  concepto que se impone pronunciar a la Sala.   

6.  A partir de dichos presupuestos, en forma  sostenida  y  reiterada  ha  tenido  oportunidad  la Corte de precisar que estas  pautas  probatorias  siempre  deben ser contrastadas con los propios fundamentos  determinadores  del contenido y alcance del concepto y que, como es bien sabido,  concretamente  se  han  delimitado  de  acuerdo  con  el  contenido  de la ley a  verificar  la  validez  formal  de  la  documentación  aportada  por  el Estado  requirente;  la  plena  identidad  del  solicitado;  la  concurrencia  de  doble  incriminación;  la  equivalencia  de  la  providencia  emitida por la autoridad  judicial  extranjera y el cumplimiento de lo previsto por los tratados públicos  cuando fuere el caso.   

7.  En  ese  orden ha podido clarificarse que  estando   la   competencia   de   la   Sala   rigurosamente  circunscrita  a  la  determinación  de los referidos aspectos y el hecho mismo de no ser el trámite  de  extradición  un  proceso  judicial  que  abra  la  puerta  a  controversias  probatorias   relacionadas   con   los   elementos   en   que   se  sustenta  la  responsabilidad  del  requerido  en  extradición,  la  doctrina en esta materia  tiende  a  denegar  sistemáticamente  la  posibilidad  de  ordenar el aporte de  elementos  de  convicción  orientados a enfrentar la realidad de los hechos que  se  imputan, la forma como ellos habrían tenido ocurrencia, la participación o  no  del  solicitado  y el grado de la misma, pues todas estas son circunstancias  absolutamente  ajenas  a un debate dentro de este trámite, como que se trata de  aspectos  que  corresponde confrontar al interior mismo del proceso penal que se  sigue  en contra del requerido en extradición en el país cuya presencia en sus  estrados judiciales es reclamada.   

8. Pero tampoco, por supuesto, son aceptables  aquellas  pruebas  que  no estén directamente relacionadas con los aspectos que  la  Corte  verifica,  según  se ha detallado, en orden a emitir el concepto que  por ley le corresponde.   

Así,  la  apoderada  de  BONILLA CASQUETE ha  solicitado  que  se  oficie  al  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores,  con el  cometido  de que, directamente, o por intermedio suyo, se diluciden por el país  requirente,  algunos  aspectos  que asume incumben clarificarse en desarrollo de  este trámite por la Corte.   

En  realidad, resulta meridianamente clara la  impertinencia  de  las  pruebas  reclamadas,  como pasa a verse, toda vez que no  comportan  en  absoluto  nexo  con  aquellos  temas inherentes al concepto de la  Corte en desarrollo de esta actuación.   

9.  Solicita,  sin  que  sea  un  aspecto que  incumba  al  Ministerio  de  Relaciones Exteriores clarificar, que dicho órgano  certifique  si  un  “complaint” equivale a un “indicment” y si alguno de  éstos a la resolución acusatoria de nuestro sistema.   

Como  ya se advirtió, establecer la referida  equivalencia,   es   un  tema  de  contenido  estrictamente  jurídico  que  con  exclusividad   corresponde   a   la   Corte   valorar   al   momento  de  rendir  concepto.   

Pero  además,  siendo  que  la  solicitud de  extradición  de  BONILLA  CASQUETE  y  la orden de captura con dicha finalidad,  está  sustentada en la acusación  No.8:04-CR-478-T-23Map, dictada el 6 de  octubre  de  2.004,  como  quedó  suficientemente explicitado en la Nota Verbal  No.2904  del  24  de  noviembre  del  mismo  año,  descartando que el complaint  No.04-0510M-01   dictado  el  2  de  agosto,  sea  el  fundamento  del  referido  requerimiento,  no  es  comprensible que la defensora pretenda establecer alguna  injerencia  en  el proceso de extradición, trayendo a colación la decisión en  agosto  proferida  por la Corte para el Distrito de Columbia, cuando el trámite  actual  sustentado  en  la citada acusación, corresponde a los cargos que se le  infirieran  en  la  acusación  dictada  por  la Corte para el Distrito Medio de  Florida.   

10.  De  ahí  que ninguna viabilidad tampoco  ostenten  las  inquietudes de la apoderada en torno al sustento probatorio de la  acusación,   como   que   los   Estados   Unidos  de  América,  dentro  de  la  documentación  aportada  para  peticionar  la extradición de BONILLA CASQUETE,  aportaron   copia  de  dicha  decisión,  sin  que  se  pueda  especulativamente  cuestionar  la  “seriedad”  del  proceso penal en su contra adelantado ni el  “acerbo (sic) probatorio” que le sirve de presupuesto.   

11. Además, incumbe a este trámite la plena  identidad  de la persona requerida en extradición, por lo que importa es que se  aporte  la  información  necesaria para establecerla, bastando para ello que no  exista  -en  dicha  materia-  ninguna dubitación sobre la persona a quien se le  adelanta proceso criminal y ha sido formalmente acusada.   

Este es un tópico que la apoderada de BONILLA  CASQUETE  no  controvierte,  pues  su  inquietud gira en torno es a la mecánica  empleada  por  el país solicitante para obtener algunas fotografías suyas, sin  poder  avalar  la inquietud al cuestionamiento que privativamente le corresponde  clarificar  en  esta  materia  y  es  el  relativo al hecho de no tratarse de la  persona  que  es  pedida  en  extradición,  lo  que  no  es  en  manera  alguna  refutado.     

12.  Por último, tampoco comporta viabilidad  alguna  verificar  el  estado  de salud del reclamado en extradición, no porque  sea  un  aspecto frente al cual debe mostrarse indiferente la Corte, sino porque  el  tratamiento  médico  que  requiera el ciudadano BONILLA CASQUETE en orden a  preservar  su vida es asunto del cual se han ocupado tanto la Fiscalía como las  autoridades  carcelarias  a  cuya  custodia  se  encuentra, debiendo de antemano  advertirse  que  un  aspecto  semejante  en  desarrollo de instrumentos de orden  supranacional  de  derecho  humanitario liga también a aquellos países con los  cuales  Colombia  viene  empleando  la  extradición  como un mecanismo de lucha  contra los delitos que los involucran más allá de las fronteras.   

    

No  existe,  realmente,  ningún mérito para  acceder  a las pruebas reclamadas por la apoderada de BONILLA CASQUETE, toda vez  que  las  mismas  escapan al delimitado objeto del concepto de la Corte, sin que  las  razones  propuestas  constituyan  un  mínimo  fundamento justificador para  disponer  su  práctica  en  el  caso  concreto,  siendo,  en condiciones tales,  impertinentes e inconducentes, debiendo por tanto, denegarse.   

Se dispondrá que en firme esta decisión, el  expediente  permanezca  en secretaría por cinco (5) días para la presentación  de alegaciones.   

En  mérito  de  lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA en Sala de Casación Penal,   

RESUELVE:  

1.  NEGAR  las  pruebas  solicitadas  por  la  apoderada  del  ciudadano  colombiano  MANUEL  BONILLA  CASQUETE,  requerido  en  extradición por el Gobierno de los Estados Unidos de América.   

2. En firme esta decisión DEJAR el expediente  en  secretaría  por  el  término  de  cinco  (5) días para las alegaciones de  fondo.   

Cópiese, notifíquese y cúmplase.  

MARINA PULIDO DE BARÓN  

SIGIFREDO          ESPINOSA  PÉREZ             ALFREDO   GÓMEZ  QUINTERO                   

EDGAR            LOMBANA  TRUJILLO           ÁLVARO   ORLANDO   PÉREZ  PINZÓN    

Permiso  

JORGE  LUIS  QUINTERO  MILANÉS                                                YESID RAMÍREZ  BASTIDAS                        

                                                                            

MAURO            SOLARTE  PORTILLA                              JAVIER ZAPATA ORTÍZ   

                                                                                 

Teresa Ruiz Núñez  

Secretaria  

    

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *