20398(11-03-03)

2003

Asistente Jurídico Inteligente

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    Proceso     No  20398   

CORTE   SUPREMA   DE  JUSTICIA   

SALA   DE   CASACIÓN  PENAL   

Magistrado Ponente:  

Dr. JORGE ANÍBAL GÓMEZ GALLEGO  

Aprobado Acta N° 32  

Bogotá,  D.C,  once  de  marzo  de  dos  mil  tres.   

V    I   S   T   O  S   

Se  pronuncia la Sala sobre las formalidades  básicas  de  las  demandas  de  casación presentadas por los defensores de los  procesados   CRISTO   ANGEL   DE   JESÚS  MARTÍNEZ  HERMOSILLA   y   LUIS  ALBERTO  CÁRDENAS  NEGRETE  en  relación  con  el  fallo de segundo grado proferido por el Tribunal Superior de  Bogotá  el  21  de junio de 2002, por cuyo medio quedaron condenados a la penas  principales   de   54  meses  de  prisión  y  multa  de  $5.000,  como  autores  responsables  de  los  delitos  de  peculado por apropiación en la modalidad de  tentativa  y  falsedad  material  de  empleado  oficial  en  documento público,  agravada  por el uso.   

HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL  

         El  17  de  julio de 1997 el señor Carlos Arturo Ramírez Vásquez,  en  su condición de Secretario General del Instituto Nacional de Adecuación de  Tierras,  INAT, entregó ante la Oficina de Asignaciones de la Fiscalía General  de  la  Nación,  a modo de denuncia, el escrito que a su vez había recibido de  la  doctora  Gina  Alexandra  Avila  Motta,  Coordinadora  del  Grupo Interno de  Tesorería  del  Instituto,  sobre la ocurrencia de una serie de irregularidades  que podrían ameritar una investigación penal.   

          En  concreto, manifestó la funcionaria que a su oficina llegó para  giro  y  cobro  por  ventanilla, un avance a favor de Alex Esmer Malagón por la  suma   de  $119.698.913.oo,  con  su  correspondiente  registro  presupuestal  y  disponibilidad  PAC, con destino al pago de impuestos a la Tesorería Distrital,  lo  que  se  negó a autorizar, pues consideró absurdo que un empleado manejara  semejante  suma  de  dinero  en  efectivo  para  dicho  pago cuando éste podía  hacerse mediante giro de cheque.   

          Con  posterioridad  a la posición por ella asumida, se presentó en  su  oficina  Malagón,  ofreciéndole  la suma de $5.000.000.oo si autorizaba el  avance,  lo que inmediatamente puso en conocimiento del Secretario General de la  Entidad  al  considerar que se estaba fraguando un atentado contra el patrimonio  económico del Instituto.   

          Por  tales  hechos  fueron vinculados a la investigación Alex Esmer  Malagón  Malagón,  Técnico  Operativo de la División de Recursos Humanos del  Instituto;  CRISTO  ANGEL DE JESÚS MARTÍNEZ HERMOSILLA, Coordinador interno de  Servicios  Generales  a  cuyo  cargo  estaba  el  trámite del pago de impuestos  aludido,  y  LUIS ALBERTO CÁRDENAS NEGRETE en su condición de encargado de las  funciones  de  Coordinador  del Grupo de Recursos Físicos, y quien dio el visto  bueno   para   que   se   hiciera   el   avance   en   efectivo   a   favor   de  Malagón.   

          El  2  de  septiembre de 1999 la Fiscalía Delegada 195 de la Unidad  Tercera  de Delitos contra la Administración Pública, profirió resolución de  acusación,  entre  otros,  contra los procesados LUIS  ALBERTO  CÁRDENAS  NEGRETE  y  CRISTO ANGEL DE JESÚS  MARTÍNEZ  HERMOSILLA,  al  primero  como  coautor  del  delito  de peculado por  apropiación  en  grado  de  tentativa,  y  al  segundo por la misma conducta en  concurso  con  peculado  por  apropiación,  falsedad  material de particular en  documento  público  agravada  por  el  uso  y  falsedad  en  documento privado,  decisión  que  impugnada  se  modificó en segunda instancia en el proveído de  enero  7  de  2000 proferido por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior  de  Bogotá,  en  cuanto adicionó a la acusación contra el procesado CÁRDENAS  NEGRETE  el  delito  de  falsedad  material  de  servidor  público en documento  público, agravada por el uso.   

El  juicio  se  avocó por el Juzgado Noveno  Penal  del  Circuito de Bogotá, despacho que mediante sentencia proferida el 11  de  marzo  de  2002,  condenó a los procesados LUIS ALBERTO CÁRDENAS NEGRETE y  CRISTO  ANGEL DE JESÚS MARTÍNEZ HERMOSILLA a las penas principales de 56 meses  de  prisión  y  multa  de $5.000, como coautores de los delitos de peculado por  apropiación  en  la  modalidad  de  tentativa,  y falsedad material de empleado  oficial  en  documento público agravada por el uso, decisión que impugnada por  sus  defensores  se  modificó  en cuanto al monto de la pena que se fijó en 54  meses  de  prisión,  en  la  sentencia  que  es  ahora  objeto  del  recurso de  casación.   

          DEMANDA   A   NOMBRE   DE  CRISTO  DE  JESÚS  MARTÍNEZ  HERMOSILLA   

          Un  único  cargo al amparo de la causal  tercera  formula  el  defensor  del  procesado  MARTÍNEZ  HERMOSILLA  contra la  sentencia impugnada, que desarrolla en los siguientes términos:   

          La  sentencia  de  segunda  instancia  absolvió al coprocesado LUIS  ALBERTO  CÁRDENAS  NEGRETE del delito de peculado culposo que fue consignado en  la  sentencia  de  primera instancia, y como consecuencia rebajó la pena en dos  meses  de  prisión  que  tanto a él como a los dos restantes procesados se les  había  impuesto por esta conducta, preservando así el principio de congruencia  con  la  resolución  de  acusación,  que  no  contempló  el ilícito culposo.   

Considera  que  dicha situación estructuró  una  causal  de  nulidad  por cuanto se pretermitió la oportunidad al procesado  CARDENAS  NEGRETE  de  debatir  dicho  cargo  en  la  audiencia  y  así  se  le  sorprendió con una sentencia condenatoria.   

Al  equiparar  el  Juzgado  de  instancia el  comportamiento   delictivo   en  igualdad  de  condiciones  para  los  distintos  procesados,  afectó  la  situación  de  su  defendido  CRISTO  ANGEL MARTÍNEZ  HERMOSILLA,  quien  a  su  turno  recibió el mismo incremento punitivo por este  supuesto  delito,  de  donde  considera  que  tiene  legitimidad para debatir el  punto.   

Si bien es cierto que la sentencia de segunda  instancia  favoreció a los procesados en cuanto absuelve a CARDENAS NEGRETE del  peculado  culposo,  y  rebaja  el  quantum  punitivo  a  los  otros  procesados,  “lo   cierto   es   que,   por  existir  un  vicio  insubsanable  que  posiblemente  acarrearía  otra  directriz  en  la situación  jurídica  de  CRISTO  MARTÍNEZ”,  el  Tribunal  ha  debido  declarar la nulidad de la actuación y retrotraerla al instante procesal  en que tal violación se patentizó.   

   Dice no invocar la causal segunda de  casación  por  cuanto  los  cargos formulados en la acusación corresponden con  “la  acusación  que  en  forma  particular se hiciera contra el doctor CRISTO  MARTÍNEZ”,  razón  por  la  cual impetra la invalidación del trámite, pues  para  tales efectos está autorizado cualquier sujeto procesal, más aún cuando  la situación perjudica a su representado.   

Finaliza calificando como “insuficiente”  la  solución  del Tribunal en el sentido de absolver por el cargo no consignado  en    la    acusación,    pues    la    invalidez   reclamada   “permitiría  en  el peor de los casos una adecuación punitiva más  acorde  a  la realidad probatoria y no la consolación de una reducción mínima  por un comportamiento punitivo en conjunto”.   

CONSIDERACIONES DE LA CORTE  

Sobre  la  demanda  a  nombre  del procesado  CRISTO   ANGEL   DE   JESÚS   MARTÍNEZ   HERMOSILLA.   

         La  relativa  flexibilidad  que  se  tolera  en  la formulación del  motivo  de nulidad, no excusa el desconocimiento de los requisitos técnicos que  son  comunes  a  todas  las  causales.              

          En  este  orden  de  ideas,  la  demostración del fundamento de las  causales  de  nulidad, según relación que hace el artículo 306 del Código de  Procedimiento    Penal,   debe   hacerse   de   cara   a   los   “principios  que  orientan  la  declaratoria  de  las nulidades y su  convalidación”,  pues  algunas  de estas reglas dan  para  reconocer la existencia de la irregularidad, pero, merced a la magnitud de  su  fuerza  interna,  su  trascendencia,  actitudes  posteriores  de los sujetos  procesales  o  a la existencia de alternativas menos perjudiciales, se matiza de  tal   manera   que  no  habría  lugar  a  la  nulidad  (art.  310  idem).   

          Pues  bien, el actor ha planteado la supuesta irregularidad cometida  por  no  haberse  decretado  la  nulidad  a  partir  de  la sentencia de primera  instancia,  a sabiendas del vicio que advirtió el Tribunal en el aludido fallo,  al  haberse  incrementado  la  pena  impuesta  a los procesados por un delito en  relación  con el cual no fueron acusados, pero no ha hecho ninguna referencia a  los  principios  regulativos  de  las  nulidades, con el fin de establecer si la  anomalía  soporta  los  filtros  de  entidad  o  trascendencia legalmente allí  establecidos.   

          Si  como se afirma, el Tribunal dio una solución favorable al vicio  argüido,  al  desechar  en  segunda instancia el monto de la pena indebidamente  incrementada  a  su  defendido  por  la  condena  que  afectó  a otro procesado  respecto  de  un delito por el cual no se le acusó, el censor debió encarar el  contenido  del  principio  del  carácter  extremo  y  alternativo  de  la nulidad, previsto en el numeral 5°  del  artículo  310  citado,  según  el  cual  ella  no puede decretarse cuando  existan  otros  remedios  menos  drásticos  que  el  de  regresar la actuación  procesal.   

          Así  pues,  a  la  luz  del  aludido  principio,  el  actor  debió  demostrar   porqué   la   corrección  no  podía  implementarse  con  la  sola  redosificación  de  la  pena en la sentencia de segunda instancia, conforme con  las  potestades conferidas al superior funcional en el examen de una providencia  interlocutoria,  sin  que  pueda  admitirse  como satisfecha esta condición con  afirmaciones   abstractas   tales   como  aquella  según  la  cual  la  nulidad  “permitiría   en   el   peor  de  los  casos  una  adecuación  punitiva  más  acorde  a  la  realidad  probatoria”,  sin darse razón adicional alguna para suponer dicha consecuencia.   

          En  realidad  la  afirmación  de que el Tribunal debió limitarse a  declarar  la  nulidad  para  preservar así el principio de congruencia entre la  acusación  y  la  sentencia, se basa en una resistencia a la solución ofrecida  en  la  segunda  instancia,  lo  cual  significa que el argumento del demandante  asume  la especie de una petición de principio, precisamente porque, como antes  se  explicó,  no ha demostrado que en la forma hecha no podía implementarse la  corrección del yerro argüido.    

          Por  falta  de  argumentación  suficiente,  la Corte inadmitirá la  demanda.   

Sobre la demanda a nombre del procesado LUIS  ALBERTO CÁRDENAS NEGRETE.   

Como  la demanda presentada a nombre de este  procesado  reúne  las  exigencias  formales estipuladas en el artículo 212 del  Código  de  Procedimiento  Penal,  se  declarará  ajustada  a  derecho,  y  en  consecuencia,  de  conformidad  con  el  artículo  213  idem,  se dispondrá su  traslado  y  el del expediente al señor Procurador Delegado en lo Penal, por el  término de veinte (20) días, con el fin de que rinda su concepto.   

         En  mérito  de  lo  expuesto, LA CORTE  SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACION PENAL,   

         

         R E S U E L V E:   

         1º.-            INADMITIR  la  demanda   de   casación   presentada   a   nombre  del  procesado  CRISTO   ANGEL   DE   JESÚS   MARTÍNEZ   HERMOSILLA,  y  en  consecuencia, respecto de él, DECLARAR DESIERTO el recurso,  por    lo    anotado   en   la   motivación   de   este   proveído.     

          2º  .-  ADMITIR  la  demanda  de  casación presentada a nombre del  procesado  LUIS  ALBERTO  CÁRDENAS NEGRETE. En consecuencia, de conformidad con  el  artículo  213  del  Código de Procedimiento Penal, córrase traslado de la  misma,  junto  con el expediente, al Procurador Delegado para la Casación Penal  Penal,  por  el  término  de  veinte  (20)  días,  con  el fin de que rinda su  concepto   

          Contra este auto no procede recurso alguno   

          Cópiese, comuníquese y cúmplase.   

YESID RAMÍREZ BASTIDAS  

FERNANDO   ARBOLEDA   RIPOLL              HERMAN  GALÁN CASTELLANOS         

CARLOS   A.   GALVEZ   ARGOTE                                        JORGE ANIBAL GÓMEZ GALLEGO   

EDGAR   LOMBANA   TRUJILLO                ÁLVARO  ORLANDO PÉREZ PINZÓN   

MARINA   PULIDO   DE  BARÓN   

Teresa Ruíz Núñez  

Secretaria  

         

         

         

                     

             

         

           

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