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Proceso No 19223
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACION PENAL
Magistrado ponente:
Dr. FERNANDO ARBOLEDA RIPOLL
Aprobado acta No. 37.
Bogotá D.C., dos (2) de abril de dos mil dos (2002).
ASUNTO
La Corte resuelve lo pertinente en relación con la solicitud de cambio de radicación elevada por el representante de la parte civil dentro de la causa adelantada contra FRANK GREGORIO TONCEL bajo el cargo de homicidio agravado en el Juzgado penal del circuito especializado de Valledupar.
ANTECEDENTES
1. En el Juzgado penal del circuito especializado de Valledupar se tramita el juicio contra FRANK GREGORIO TONCEL por el delito de homicidio agravado, donde figura como víctima el profesor de la Universidad popular del Cesar y Presidente de la asociación sindical de profesores universitarios MIGUEL ANGEL VARGAS ZAPATA, ultimado a tiros el 16 de mayo de 2001.
2. Con fecha 12 de febrero de la presente anualidad, en memorial dirigido a la juez de la causa, el representante de la parte civil solicitó el cambio de radicación, aduciendo que existen pruebas “que señalan que en Valledupar hay muchas personas que afectan la imparcialidad e independencia de la Administración de justicia con respecto a la presente investigación (sic), igualmente que de adelantarse el proceso aquí, se verían afectadas las garantías procesales que tiene la parte civil para el esclarecimiento de los hechos además se podría (sic) en peligro la seguridad o integridad personal de los sujetos procesales o de los funcionarios judiciales”.
En ese sentido hace un recuento de varios sucesos ocurridos durante el trámite del proceso, entre estos la muerte del testigo LUIS JOSE MENDOZA MANJARRES, igualmente perteneciente a la asociación sindical y asesinado en circunstancias similares a VARGAS ZAPATA, y amenazas a otros declarantes.
Sostiene, asimismo, que dentro del expediente existen varios medios probatorios, fundamentalmente testimoniales, que involucran al rector de esa universidad ROBERTO DAZA como determinador del crimen, a quien los profesores denunciaron por malos manejos administrativos.
Refiere, a continuación, que es conocido el hecho de varios fiscales, jueces y magistrados que trabajan como docentes en la Universidad popular del Cesar; lo cual afecta la imparcialidad de los administradores de justicia por su relación de amistad con DAZA, con quien además mantienen una relación de subordinación y dependencia. Afirma que es tal la influencia del rector frente a los funcionarios de la justicia, que pese a las múltiples denuncias interpuestas en contra de aquél por amenazas y corrupción, los procesos no han avanzado, salvo uno en el cual se dictó medida de aseguramiento por el delito de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto.
No deja de advertir que DAZA es una persona influyente políticamente, al punto que fue impuesto por el Consejo superior universitario desconociendo la voluntad de las mayorías que habían elegido a un tercero.
Concluye diciendo que, dadas las circunstancias atrás referidas, el juzgamiento sería aconsejable en otro distrito judicial.
A su petición acompaña fotocopias de la prueba recaudada dentro del proceso, especialmente testimonial, relativa a las circunstancias referidas (7 a 52).
3. Recibida la solicitud, la Juez penal del circuito especializado de Valledupar dispuso su remisión a esta Corporación de conformidad con el artículo 85 del código de procedimiento penal.
CONSIDERA LA CORTE:
1. En la medida que el Juzgado penal del circuito especializado es único en el territorio comprendido dentro del distrito judicial de Valledupar (acuerdos Nos. 527 y 531 de 1999 de la Sala administrativa del Consejo superior de la judicatura), la Corte es competente para conocer de la solicitud de cambio de radicación de conformidad con el artículo 75-8 del código de procedimiento penal, pues la misma implica necesariamente la remoción del proceso a otro distrito judicial.
2. La figura consagrada en el artículo 85 ejusdem, que exceptúa la regla general de competencia deducida del factor territorial, es como viene en juzgarlo esta Sala una medida de carácter excepcional y residual, que por lo mismo queda supeditada a la demostración de que en el lugar donde se adelanta el proceso existan factores que puedan producir alteración del orden público, la imparcialidad o independencia de la administración de justicia, las garantías procesales, la publicidad del juzgamiento, la seguridad o integridad de los sujetos procesales o los funcionarios judiciales.
En ese orden, corresponde de manera exclusiva a quien propone la remoción del proceso, no solo motivar la solicitud sino también acompañar las pruebas en que se funda para demandar la remoción del proceso.
Lo anterior, sin embargo, no es suficiente para que prospere la petición, pues las circunstancias de alteración de la competencia, aparte de estar referidas a factores externos vinculantes con la actividad judicial, deben tener la potencialidad suficiente para incidir en la función encomendada.
3. El libelista, por lo que se establece de la solicitud, asegura que en el distrito judicial donde se adelanta el proceso existen circunstancias que afectan, de una parte, la imparcialidad o independencia de la administración de justicia, y, de otra, la seguridad o integridad de los sujetos procesales o de los propios funcionarios judiciales.
En cuanto a lo primero, fundamenta la demostración de las circunstancias en una simple apreciación personal, que por subjetiva carece de la virtualidad suficiente para ser atendida en esta sede, pues el hecho que algunos fiscales, jueces y magistrados dicten cátedra en la universidad de la cual es rector el presunto autor intelectual, no significa que se encuentren afectadas necesariamente la imparcialidad e independencia de los administradores de justicia.
Para que prospere la solicitud de remoción habría que demostrarse que la funcionaria que funge en este proceso como directora del mismo tenga vínculos con alguno de los sujetos procesales, que evidentemente no es el caso que examina la Corte, pues ni siquiera se está afirmando que ella pertenezca a la nómina de profesores del establecimiento educativo.
Además, el rector Roberto Daza no aparece vinculado a esta causa, lo que de suyo descarta la remoción del proceso porque las circunstancias alegadas no guardan directa relación con el caso que se juzga. Lo anterior sin contar que, dada la naturaleza residual del instrumento, de llegarse a establecer la existencia de lazos de amistad entre la juez de la causa y algunos de los sujetos procesales, la vía señalada para la remoción de la funcionaria sería la prevista para los impedimentos y recusaciones.
Tampoco está llamada a prosperar la solicitud en relación con la existencia de circunstancias que presuntamente afectan la seguridad o integridad de los sujetos procesales o de los funcionarios judiciales, pues si bien la investigación suministra información acerca de la muerte de un testigo, no existen elementos de juicio que permitan vincular directamente ese hecho con la causa que se sigue contra FRANK GREGORIO TONCEL.
Quienes han declarado en el proceso presentan como causa de los hechos la actividad sindical y denuncias que han hecho los profesores sobre el manejo administrativo dado por el rector ROBERTO DAZA a la universidad, que no por haber comprometido el testigo al aquí encausado en los hechos por los cuales se le juzga, cuestión que por lo demás no se deduce de la declaración de LUIS JOSE MENDOZA MANJARRES.
Por otra parte, ninguno de los sujetos procesales que actúan dentro de la causa por homicidio, ni menos los funcionarios judiciales, han recibido amenazas contra su vida, como para pensar que el proceso debe radicarse en otro lugar para conjurar el peligro que se cierne contra la vida e integridad personas de quienes de una u otra manera aparecen vinculados al mismo.
No se acredita entonces el nexo de causalidad entre la muerte del testigo, y las amenazas de otros, con la situación particular de los sujetos procesales y la funcionaria judicial, que ni siquiera responde a una situación de riesgo, pues aparte que no se enuncia nada al respecto, no aparece prueba alguna que demuestre la existencia de un potencial peligro para sus vidas.
En conclusión, los supuestos de hecho en que se funda el libelista, no constituyen motivos suficientes para disponer la remoción del proceso del lugar donde actualmente se encuentra, por lo que la Corte pasará a despachar negativamente la solicitud.
Por lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACION PENAL,
RESUELVE:
Negar el cambio de radicación solicitado por el representante de la parte civil dentro de la causa seguida contra FRANK GREGORIO TONCEL.
CUMPLASE:
ALVARO O. PEREZ PINZON
FERNANDO E. ARBOLEDA RIPOLL JORGE E. CORDOBA POVEDA
HERMAN GALAN CASTELLANOS CARLOS A. GALVEZ ARGOTE
No hay firma
JORGE A. GOMEZ GALLEGO EDGAR LOMBANA TRUJILLO
CARLOS E. MEJIA ESCOBAR NILSON PINILLA PINILLA
No hay firma
TERESA RUIZ NUÑEZ
Secretaria