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Proceso No 19203
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrado Ponente
Dr. JORGE E. CÓRDOBA POVEDA
Aprobado acta N° 35
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de marzo de dos mil dos (2002).
V I S T O S
Resuelve la Corte el conflicto negativo de competencias surgido entre el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Cartagena y el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Montería, en el proceso que se adelanta contra RODOLFO AMBROSIO CUELLO PEREIRA, NAIRO GUSTAVO MURILLO VILLEGAS y JOSÉ ARBEY CORCINO MINA, por infracción a los artículos 376 del Código Penal (tráfico, fabricación o porte de estupefacientes) agravado por el numeral 3° del artículo 384, en concurso con concierto para delinquir (artículo 340 del C. P.).
ANTECEDENTES
1.- Mediante decisión del 8 de noviembre de 2001, el Fiscal 29 de la Subunidad de Narcotráfico de la Unidad de Fiscalías Delegadas ante los Jueces Penales del Circuito Especializados de Bogotá, a quien por virtud de la Resolución 472 del 2 de noviembre del mismo año, expedida por la Coordinadora de la citada Unidad, se le asignó como Fiscal Especial, la investigación adelantada con radicación 55214, inicialmente conocida por un fiscal similar de la ciudad de Cartagena, resolvió la situación jurídica, entre otros, a RODOLFO AMBROSIO CUELLO PEREIRA, NAIRO GUSTAVO MURILLO VILLEGAS y JOSÉ ARBEY CORCINO MINA, imponiéndoles medida de aseguramiento de detención preventiva sin derecho a la excarcelación.
2.- Los hechos por los cuales se inició la investigación, mediante resolución de fecha 27 de octubre de 2001 (folio 118 del cuaderno de copias 7), proferida por la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados de Cartagena, destacada ante el D.A.S., fueron resumidos al momento de definir la situación jurídica, de la siguiente manera:
“Se iniciaron a raíz de oficio de julio 10 de 2000, rendido por la Coordinación de Inteligencia de la Dirección Seccional del DAS Bolívar, por medio de la cual se pone en conocimiento de la existencia de una organización dedicada al tráfico internacional de estupefacientes con influencia en Cartagena (Bolívar), Córdoba, Medellín, Jamaica, Santa Marta, Haití, México, Panamá y Europa, basando la producción en Antioquia desde donde se transporta la producción vía terrestre a las costas del Mar Caribe, enviándose en lanchas rápidas a destinos como Jamaica, Centro América y Europa, red de la cual se establece hacen parte, entre otras, todas las personas capturadas. Entre los hechos que se le atribuyen dicha organización se relaciona el decomiso de 50.430 gramos de cocaína decomisados el 27 de agosto del presente año en el bus de placas TKB afiliado a la empresa Rápido Ochoa, en la vía que de Lorica conduce a San Bernardo del Viento en Córdoba, dos toneladas de droga incautada el día 21 de junio en aguas internacionales en la llamada OPERACIÓN DELFÍN, incautación de dos mil kilos de cocaína por los lados de San Bernardo del Viento. Con base en los resultados de estas interceptaciones, que se concretan en los informes rendidos se profiere RESOLUCIÓN DE APERTURA DE INSTRUCCIÓN, de fecha octubre 27 del año en curso en el cual se dispone la captura de los ya individualizados e identificados, y para hacerlas efectivas, y recaudar prueba para la investigación, se dispone en Resolución de la misma fecha, los respectivos allanamientos a sendos inmuebles.”. (folio 187 del cuaderno de copias 8)
3.- Definida la situación jurídica por el Fiscal Especial, los apoderados de los indagados RODOLFO AMBROSIO CUELLO PEREIRA, NAIRO GUSTAVO MURILLO VILLEGAS y JOSÉ ARBEY CORCINO MINA solicitaron el control de legalidad de la medida de aseguramiento, motivo por el cual fueron remitidas las diligencias al Juez Penal del Circuito Especializado de Cartagena.
4.- Este juzgado, por auto del pasado 29 de enero, consideró no ser competente para conocer del proceso.
Sostiene el juez que si bien es cierto que por resolución del 27 de octubre de 2001 se inició la investigación formalmente, sin embargo, dentro del proceso se informó, por parte del DAS, que se contaba con serios elementos de juicio para concluir que las personas cuya orden de captura se había dispuesto, también podían estar involucradas en el transporte de sustancias estupefacientes, llevada a cabo el 27 de agosto de 2001 en un bus de la Empresa Rápido Ochoa en la vía que de Lorica conduce a San Bernardo del Viento en el Departamento de Córdoba.
También, dice la providencia, se sabe que a las personas que fueron capturadas por virtud de esta incautación en el bus de servicio interdepartamental, se les resolvió situación jurídica y de “desechó de plano” el control de legalidad demandado.
Luego de citar la competencia que le asiste a los jueces penales del circuito especializados, al tenor del numeral 6° del artículo 85 de la Ley 270/96 y de recordar el contenido del artículo 89 del C. de P. P., atinente a la “conexidad procesal”, concluye que el competente es el Juez penal del Circuito Especializado de Montería, pues allí, dice, se llevó a cabo la incautación de una considerable cantidad de la droga, lo que lleva a colegir que se trata del delito “más grave”, que a voces del artículo 91 del C. de P. P., asigna la competencia.
Por ello, remite las diligencias proponiendo, en caso de que no sean aceptadas sus razones, colisión negativa de competencias.
5.- Por su parte, el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Montería se aparta del anterior criterio, afirmando que no es competente para asumir el conocimiento, con fundamento en lo siguiente:
Argumenta que la competencia a prevención señalada en el artículo 83 del C. de P. P., soluciona el conflicto presentado, pues debe operar la “regla general” que propugna por la competencia del funcionario judicial del lugar donde se desarrolla el hecho punible, que al existir dudas, debe solucionarse aplicando los derroteros señalados en esta disposición, que en su orden comienzan por el lugar donde primero se formuló denuncia o donde primero se avocó la investigación.
Como en este caso la averiguación penal se inició a raíz de una llamada anónima al DAS -Seccional Bolívar-, donde se dio cuenta del embarque de más de dos toneladas del alcaloide, las que finalmente fueron incautadas en aguas internacionales el 21 de junio de 2000, además de la existencia de una empresa criminal con sede en varias ciudades (Cartagena, Medellín, Santa Marta, Barranquilla, Caucasia, Tolú y Montería) como en otros países (Jamaica, Haití, México y Panamá), pero, en todo caso, avocado su conocimiento por un funcionario judicial de la ciudad de Cartagena, es claro que deba ser éste el que asuma su conocimiento.
Por ello, partiendo de que el sitio en el que se notició la comisión de los delitos es la ciudad de Cartagena, acepta la colisión propuesta y remite el expediente a esta Corporación.
LA CORTE CONSIDERA
1.- Para un mejor entendimiento de la situación que se pone de presente, debe dejarse en claro lo siguiente:
Dos son los procesos a los que se alude, los que, desde ya se debe aclarar, no han sido adelantados bajo una misma cuerda procesal, pues la conexidad de la que parten los jueces colisionantes y en la que edifican su disertación para sostener que no son competentes para conocer del control de legalidad de la medida de aseguramiento, hasta el momento no se ha declarado y, por lo mismo, no se han reunido los diligenciamientos.
En efecto, el proceso del que se ocupa este incidente, es el tramitado a consecuencia del hallazgo de una considerable cantidad de estupefacientes (se habla de cerca de dos toneladas incautadas el 21 de julio de 2001), a bordo de un “lacha rápida” abandonada en aguas internacionales del Mar Caribe, el cual fue iniciado por un Fiscal Especializado destacado ante el DAS de Cartagena, mediante auto del 27 de octubre de 2001 (folio 118 del c. c. 7), luego de que se practicaran numerosos allanamientos y pesquisas, ordenándose la captura de varias personas, entre ellas RODOLFO AMBROSIO CUELLO PEREIRA, NAIRO GUSTAVO MURILLO VILLEGAS y JOSÉ ARBEY CORCINO MINA, las que se hicieron efectivas el 29 de octubre de 2001.
Dentro de este proceso (Rad. 52214), asignado a un Fiscal Especial de Bogotá, tal como se reseñó, se resolvió la situación jurídica de los capturados. Tres de ellos, los ya mencionados RODOLFO AMBROSIO CUELLO PEREIRA, NAIRO GUSTAVO MURILLO VILLEGAS y JOSÉ ARBEY CORCINO MINA, solicitaron, a través de sus representantes, el control de legalidad de la medida de aseguramiento dictada en su contra.
Otro proceso es el que se tramita ante la Fiscalía 3ª Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados de Montería, con radicación 22538, a raíz de la incautación de algo más de cincuenta kilos de cocaína que iban camuflados a bordo de un bus de la Empresa Rápido Ochoa en cercanías al municipio de Lorica (Córdoba), dentro del que fueron capturados los señores Raúl Mejía Aguilar y Samuel y Gabriel Díaz Ordóñez.
Es decir, se trata de dos procesos distintos que, hasta ahora, aparecen adelantados por hechos diversos y contra procesados diferentes, sin que aun se haya declarado la conexidad y, consecuencialmente, sin que aun se hayan reunido.
Lo anterior se hace más ostensible si se considera que dentro de la actuación que se surte ante la Fiscalía Especializada de Montería se dictó, por Resolución del 3 de septiembre de 2001, medida de aseguramiento de detención preventiva sin excarcelación contra los allí sindicados, la que fue objeto de control de legalidad por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de esa ciudad, por proveído del 5 de octubre siguiente.
En consecuencia, la disputa de los jueces colisionantes se torna en sofística y aparente, pues se está partiendo de la existencia de una sola actuación, cuando no es la realidad procesal. La confusión pudo originarse, cree esta Sala, en que cuando se advirtió la presencia, dentro del expediente principal, es decir el 52214, adelantado por el hallazgo de las dos toneladas de cocaína, de copias del diligenciamiento que se adelantaba por el Fiscal Especializado de Montería, se creyó que los dos procesos habían sido reunidos por razón de la conexidad, cuando esas copias, como lo refiere la Resolución del 8 de noviembre proferida por el Fiscal Especializado de Bogotá (folio 185 c. c. 8), en el capítulo que titula “DE LA PRUEBA TRASLADADA” (folio 189 idem), no eran más que eso, esto es, parte del recaudo probatorio.
Luego, equivocado está el Juez de Cartagena cuando considera que no es el competente para tramitar y decidir el control de legalidad de la medida de aseguramiento, como eventual Juez de conocimiento del proceso, pues no hay ningún otro funcionario judicial dentro de esa actuación frente al cual pueda disputar la competencia.
En estas condiciones, la Sala se abstendrá de desatar la colisión planteada, pues el conflicto es tan sólo aparente, debiendo regresar las diligencias ante el Juzgado de Cartagena para que sencillamente continúe con la actuación.
En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL,
R E S U E L V E
1. Abstenerse se resolver el conflicto suscitado por las razones expuestas. Por lo tanto, remítasele el expediente al Juzgado Penal del Circuito Especializado de Cartagena.
2. Por Secretaría de la Sala, infórmese lo decidido al Juzgado Penal del Circuito de Montería.
Comuníquese y cúmplase.
ALVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN
FERNANDO ARBOLEDA RIPOLL JORGE E. CÓRDOBA POVEDA
HERMAN GALÁN CASTELLANOS CARLOS AUGUSTO GALVEZ ARGOTE
JORGE ANIBAL GÓMEZ GALLEGO EDGAR LOMBANA TRUJILLO
CARLOS EDUARDO MEJÍA ESCOBAR NILSON PINILLA PINILLA
TERESA RUÍZ NUÑEZ
Secretaria