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Proceso No 19183
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrado Ponente:
Nilson Pinilla Pinilla
Aprobado Acta N° 078
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de julio de dos mil dos (2002).
ASUNTO
Decide la Corte el recurso de reposición interpuesto por el defensor del ciudadano colombiano JORGE HUMBERTO ALVARADO ALZATE, solicitado en extradición, contra el auto que negó la práctica de las pruebas solicitadas.
ANTECEDENTES
Se precisó en el auto impugnado que “el 15 de febrero de 2002 el Ministro de Justicia y del Derecho comunicó a la Corte que atendiendo solicitud del Gobierno de los Estados Unidos de América, formulada a través de la Nota Verbal No. 1529 de la Embajada en Colombia, el Fiscal General de la Nación ordenó la captura con fines de extradición de JORGE HUMBERTO ALVARADO ALZATE. Obtenida ésta el 12 de diciembre de 2001, el Gobierno de Colombia recibió la Nota Verbal No. 122 formalizando la solicitud con la aportación de documentos traducidos y autenticados”.
Agotado el traslado para solicitar pruebas, la Corte mediante auto de mayo 28 de 2002, decidió negar la práctica de las que se le solicitaron, decisión contra la cual interpuso reposición el defensor.
LA IMPUGNACION
Insiste el libelista en la procedencia y conducencia de las pruebas denegadas, afirmando que la única finalidad es garantizar al solicitado en extradición los derechos fundamentales de defensa, debido proceso, vida, salud, integridad y protección de las personas de la tercera edad, sin que se pueda desconocer que estas garantías prevalecen sobre los requisitos o formalidades legalmente establecidos, conforme lo dispone el artículo 4° de la Carta Fundamental, lo reitera la Corte Constitucional (sentencias C-366 de 2000, C-957 de 1999, C-543 de 1993 y T-544 de 2000) y lo entienden distintos tratadistas, para quienes el debido proceso es pilar fundamental de los derechos constitucionales.
De modo que si “en todas las actuaciones administrativas o judiciales, se debe proteger los intereses de la (sic) personas que se juzgan, y una obligación de los funcionarios de hacer prevalecer los derechos fundamentales constitucionales sobre aspectos técnicos o requisitos meramente formales”, la Corte estaría violando los derechos fundamentales del solicitado en extradición, al negar las pruebas pedidas.
En ejercicio del derecho de contradicción, que está destinado a restablecer el equilibrio frente al órgano represivo, se busca demostrar que JORGE HUMBERTO ALVARADO ALZATE no es la persona a que se refieren los hechos indicados por la Fiscalía Federal del Distrito Central del Estado de Florida, División de Tampa, como ocurridos con posterioridad al Acto Legislativo No. 01 de 1997, puesto que no aparece plenamente identificado en los cargos que le hacen los testigos con reserva de identidad, quienes mencionan un alias.
Tampoco se le individualizó en debida forma, aportando las características morfológicas, copia de la tarjeta dactilar y fotografías recientes, que permitan su comparación técnica por expertos del D.A.S., sino que se allegaron al expediente únicamente las que le tomaron las autoridades colombianas en el momento de la captura; de ahí que sea indispensable solicitar de la Fiscalía Federal del Distrito Central del Estado de Florida, División de Tampa, la expedición de copias autenticadas y debidamente traducidas, donde conste la plena identificación de JORGE HUMBERTO ALVARADO ALZATE, de lo contrario se le estaría violando el derecho a la defensa por favorecer intereses extranjeros.
Así mismo, es necesaria la valoración médica y psiquiátrica solicitada, pues las graves dolencias que padece permiten inferir que la extradición puede ocasionarle daños irreparables en su salud, debiendo ante todo garantizarse su protección, conforme lo ordena la Constitución, de modo que las autoridades están obligadas a “proteger el derecho a la vida de todo ciudadano dentro del territorio nacional, y aún bajo la misma noble y leal garantía constitucional de la presunción de inocencia”, con mayor razón si se encuentra en circunstancia de debilidad manifiesta (art. 13, ibídem).
Solicita el libelista en memorial separado que se subsane la irregularidad detectada en la providencia impugnada, consistente en la omisión de la firma del Magistrado Carlos Augusto Gálvez Argote y que en el evento que haya salvado voto, se le permita conocer su contenido.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1.- Ante todo, no hay irregularidad alguna que subsanar, pues la falta de firma de un Magistrado en la providencia mencionada significa que no estuvo presente, por razón debidamente justificada, al tomarse y suscribirse la decisión, la cual se entiende adoptada por los integrantes de la Sala que la analizaron, aprobaron y firmaron, con suficiente quórum deliberatorio y decisorio, sin que ninguno hubiese salvado voto, menos quien estuvo ausente, como parece suponer el impugnante.
2.- A pesar de plantear el libelista en la sustentación del recurso la conducencia de las pruebas originalmente solicitadas, la inconformidad realmente versa sobre la falta de identificación de su representado, abogando por la obtención de copias autenticadas y traducidas de los documentos “donde conste en el caso 8.98-CR-154-T-24B, la plena identificación de mi prohijado JORGE HUMBERTO ALVARADO ALZATE” y en la valoración médica y psiquiátrica para determinar su estado de salud.
Contrario a la opinión del recurrente, la documentación aportada por la Embajada de los Estados Unidos de América en Colombia permite establecer con certeza que el capturado es la persona solicitada en extradición, pues a partir de referencia que de él tienen las autoridades Norteamericanas, el “arrest reporter/booking sheet” (f. 27), diligenciado el 26 de mayo de 1990, se advierte claramente que la persona arrestada en esa fecha fue “ALVARADO ALZATE, JORGE HUMBERTO”, a quien corresponde la fotografía tomada ese mismo día (f. 29), de modo que su nombre y fisonomía se conocían desde antes de su captura el 12 de diciembre de 2001 en la ciudad de Cali, como lo precisa la solicitud, “Según se discute en los párrafos 40 a 43 siguientes, Alvarado fue arrestado en 1990 en el Condado de San Mateo, California, y anexado a este documento se encuentran Prueba 1 y Prueba 2, la fotografía tomada al arrestado y la hoja de reporte del arresto respectivamente” (f. 62).
Es la persona a quien se refiere el Procurador Federal Adjunto del Distrito Central de Florida, Stephen Muldrow, al manifestar en la declaración de apoyo a la solicitud de extradición que con la versión del agente especial Roderick D. Huff pudo establecer que el solicitado era un importante miembro activo de la organización de Pedro Rafael Navarrete, ya que “Según varios testigos gubernamentales, JORGE HUMBERTO ALVARADO ALZATE era el principal capitán de los barcos que la organización utilizaba para introducir el contrabando de cocaína y también fungía como navegante, además de ser el dueño del barco pesquero Faraón V (que se utilizó para el contrabando de cocaína)” (f. 114).
En efecto, en declaración jurada con ese fin refiere el Agente Especial del F.B.I. Roderick D. Huff (fs. 64 y anteriores) que Alvarado asistió al matrimonio de un hijo del testigo No.1 en Cali y “en el curso de la investigación, este declarante obtuvo una copia del vídeo de la recepción. El testigo No. 1 aparece en dicha cinta y ha identificado a Alvarado” (f. 55). También asegura que al testigo No. 5, quien trabajó para la organización de Navarrete hasta principios del año 2000, le mostraron en el curso de la investigación más de cien fotografías de personas incriminadas “y dicho testigo identificó una de Alvarado” (f. 42), agregando que era el encargado de pagar a Alvarado por su trabajo, generalmente hacía estos pagos “en la oficina que la empresa pesquera tenía en Cali, Colombia, pero algunas veces el testigo No. 5 pagaba a Alvarado en su antigua residencia en el Barrio La Merced, en el norte de Cali”.
Los diversos elementos de juicio que contribuyeron a su individualización antes de solicitar su extradición, esto es, el antecedente de su arresto en los Estados Unidos de América, su habitual ocupación, la sede de sus actividades y el conocimiento y trato directo que durante mucho tiempo tuvieron con él los testigos que lo reconocieron en el vídeo y la fotografía, confrontados con los datos obtenidos el día la captura de JORGE HUMBERTO ALVARADO ALZATE, quien se identificó con la cédula de ciudadanía No. 9.047.922 de Cartagena, no dejan la menor duda de que se trata de la misma persona.
Por tanto, se reitera que basta verificar la documentación relacionada con el caso 8:98-CR-154-T-24B, cuyas copias y traducción aportó la Embajada de los Estados Unidos de América en Colombia, procedentes del Tribunal del Distrito Central de Florida, División de Tampa, para establecer que está plenamente identificado el acusado, solicitado en extradición, no siendo necesario obtener ningún otro documento para ese fin.
Así mismo, se recuerda que “tampoco le corresponde a la Corte hacer pronunciamientos sobre la validez y mérito de las pruebas fundamentales de la acusación, cuya valoración incumbe a las autoridades judiciales del país requirente, que debe aportar únicamente copia auténtica de la sentencia o resolución de acusación, con indicación de los hechos, tiempo y lugar de su ejecución, los datos necesarios para la plena identificación de la persona solicitada y copia auténtica de las disposiciones penales aplicables al caso, conforme lo dispuesto por el artículo 513 de la Ley 600 de 200, de modo que no hay razón para solicitar copias de documentos, testimonios y demás pruebas de cargo que forman parte del proceso, o exigir la identidad de los testigos” (f. 77 cd. Corte).
3.- Con relación a los exámenes médico y psiquiátrico solicitados, no hay razón para insistir en que sea la Corte la encargada de ordenarlos, pues habiéndose precisado en el auto recurrido que no guardan relación alguna con el concepto que debe emitir, “le corresponde a las autoridades carcelarias decidir si los autorizan, en caso que sean necesarios para el cabal cumplimiento del deber que tienen de velar por la vida, salud e integridad del detenido con fines de extradición, y al Gobierno, si es de su parecer, considerar la incidencia de los resultados”, la solicitud debe dirigirse a quienes estén en posición de atender tales garantías.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
1.- NO REPONE el auto impugnado, de fecha mayo 28 de 2002, mediante el cual la Corte negó el aprovisionamiento de las pruebas solicitadas por el defensor del ciudadano colombiano JORGE HUMBERTO ALVARADO ALZATE.
2.- Para los fines indicados en el último inciso del artículo 518 de la Ley 600 de 2000, permanezcan las diligencias en la Secretaría por el término de cinco (5) días.
Notifíquese y cúmplase.
ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN
FERNANDO E. ARBOLEDA RIPOLL JORGE E. CÓRDOBA POVEDA
HERMAN GALÁN CASTELLANOS CARLOS AUGUSTO GÁLVEZ ARGOTE
JORGE ANÍBAL GÓMEZ GALLEGO ÉDGAR LOMBANA TRUJILLO
CARLOS EDUARDO MEJÍA ESCOBAR NILSON PINILLA PINILLA
TERESA RUIZ NÚÑEZ
Secretaria