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Proceso N° 18499
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrado ponente:
Nilson Pinilla Pinilla
Aprobado Acta N° 165
Bogotá, D. C., veinticinco (25) de octubre de dos mil uno (2001).
ASUNTO
Resuelve la Corte la casación interpuesta en defensa de los miembros de las Fuerzas Armadas ALEJANDRO LONDOÑO TAMAYO, MARCO HERNANDO BÁEZ GARZÓN, HUGO ALBERTO VALENCIA VIVAS, JORGE ELIÉCER CHACÓN LASSO y EDGARDO ALFONSO HERNÁNDEZ NAVARRO y los civiles CARLOS MARIO RUIZ VILLA y FRANCISCO ANTONIO DE JESÚS MONSALVE MONSALVE, contra la sentencia del Tribunal Nacional que modificó la proferida por un Juzgado Regional de esta ciudad, condenando a los cinco primeros por terrorismo y a los últimos por este mismo delito, en concurso con concierto para delinquir y homicidios agravados.
HECHOS
Según se consignó en las decisiones de instancia, en los últimos meses de 1988 vino a manifestarse una posición de beligerancia de miembros de la fuerza pública destacados en Segovia (Antioquia), hacia la administración de ese municipio, particularmente la alcaldesa y concejales pertenecientes al partido político denominado Unión Patriótica (U. P.), que empezó a crear un clima de zozobra frente a la deteriorada situación de orden público de la zona, recordándose las masacres cometidas en la finca “Honduras” (3 de marzo de 1988), “La Negra” (el mismo día) y “La Mejor Esquina” (3 de abril de 1988), que hicieron intuir a esas autoridades locales que correrían igual suerte, provocando misivas de los concejales al entonces Procurador General de la Nación, la segunda de ellas fechada el 29 de octubre de tal año, luego del paro nacional celebrado el 27 de ese mes, denunciando hostigamientos a la alcaldesa, a los concejales de la UP y del PCC, al igual que a la población civil, de parte del Ejército y el grupo que se denominaba “M. R. N.” (“Muerte a Revolucionarios del Nordeste”), a través de boletines amenazantes (f. 46 cd. Trib).
En similar sentido y en la misma fecha, la Inspectora de Policía de Segovia también dirigió comunicación al Procurador, destacando que “el ambiente de amenazas, el boleteo en sufragios, en boletines que circulan amenazando a toda la administración de Segovia y Remedios, deja ver a las claras, que elementos terroristas están sembrando el caos aquí, y que los encargados de preservar el orden, la vida, bienes y honra ciudadana, hacen todo lo contrario” (f. 82 cd. anexo 1).
También fueron allegados al expediente panfletos que llevan títulos de “Guerra Sucia”, “Carta Abierta”, “Muerte a Revolucionarios del Nordeste, M. R. N.” y “Los Reales”, que se dice fueron editados y repartidos con intervención de militares, quienes días antes de noviembre de 1988, se habían dedicado a amedrentar a la población efectuando disparos al aire, escribiendo avisos murales amenazantes contra la población de Segovia, tales como “SEGOVIA TE PACIFICAREMOS… UP ASESINOS… AYER MRN, HOY REALISTAS, PORQUE DIOS AMO A SEGOVIA OS HA ENVIADO EL MRN” (f. 3 cd. 14).
A pesar de las prevenciones sobre la participación en el paro nacional del 27 de octubre de 1988, éste se llevó a cabo y en su desarrollo habitantes de Segovia fueron retenidos por patrullas del Ejército y de la Policía, que luego de interrogarlos los dejaban en libertad, advirtiéndoles que serían “levantados a plomo” de sus casas muy pronto; el 30 de octubre, cuando se realizaba un acto cultural en el Parque de los Próceres, celebrando el día de los niños, se presentaron integrantes del Batallón Bomboná haciendo disparos al aire, dando lugar a la terminación de esa celebración, situación que se repitió esa misma noche, aduciendo que habían sido atacados, pero los pobladores no vieron a nadie distinto a miembros de la fuerza pública.
Todo ese hostigamiento se recrudeció con el ingreso al casco urbano de Segovia, aproximadamente a las 6:30 de la tarde del viernes 11 de noviembre de 1988, día de pago en la empresa “Frontino Gold Mines”, de un grupo de facinerosos en varios vehículos, quienes se dedicaron a disparar de manera indiscriminada contra personas, vehículos, casas, bares, etc., ocasionando la muerte de cuarenta y tres seres humanos, entre hombres, mujeres y niños, y lesionando a muchos otros, en número indeterminado.
Se acreditó que durante casi una hora, mientras los malhechores permanecieron en Segovia, ningún miembro del Ejército o de la Policía, que debían prestar servicio a la población, acudió a tratar de impedir o repeler, como era su deber, la masiva agresión, y sólo aparecieron cuando aquéllos se habían ido de la cabecera municipal.
Por estos hechos fueron vinculados a la investigación los miembros de la fuerza pública ALEJANDRO LONDOÑO TAMAYO, MARCO HERNANDO BÁEZ GARZÓN, HUGO ALBERTO VALENCIA VIVAS, HENRY BERNAL FERNÁNDEZ, JORGE ELIÉCER CHACÓN LASSO y EDGARDO ALFONSO HERNÁNDEZ NAVARRO y los civiles CARLOS MARIO RUIZ VILLA, MARCOS ANTONIO RUIZ VILLA, FRANCISCO ANTONIO DE JESÚS MONSALVE MONSALVE y JOSÉ OTONIEL URIBE CASTAÑO.
En la sentencia de fecha 31 de marzo de 1998, proferida por un Juzgado Regional de esta ciudad, se declaró la nulidad parcial respecto del procesado HENRY BERNAL FERNÁNDEZ a partir del auto por el cual ese despacho había avocado conocimiento, rompiéndose la unidad procesal en lo a él referente, y en providencia de 14 de octubre de 1999 el Tribunal Nacional decretó la cesación de procedimiento por muerte del acusado MARCOS ANTONIO RUIZ VILLA (fs. 142 y Ss. cd. 18); por ello, sólo se hará referencia en lo pertinente a los restantes procesados.
ANTECEDENTES PROCESALES
Las primeras diligencias fueron adelantadas por la Inspección Municipal y el Juzgado 30 de Instrucción Criminal de Segovia, y la Unidad Investigativa integrada por varios Juzgados de Orden Público y de Instrucción Criminal, bajo la coordinación del Juzgado 8° de Orden Público de Bogotá, que abrió investigación el 29 de octubre de 1988 (f. 351 cd. 2); posteriormente se asignó la dirección de las diligencias al Juzgado 6° de Orden Público de Medellín, el cual, luego de vincular mediante injurada a los sindicados, definió su situación jurídica mediante proveído de 30 de enero de 1989 (fs. 35 y Ss. cd. 4).
En tal providencia impuso medida detentiva, como presuntos coautores del delito de terrorismo definido en el “art. 1° del Decreto 180/88” (f. 46 ib.), al Teniente Coronel del Ejército Nacional ALEJANDRO LONDOÑO TAMAYO, al Capitán de la Policía Nacional JORGE ELIÉCER CHACÓN LASSO y al Teniente del Ejército EDGARDO ALFONSO HERNÁNDEZ NAVARRO, y se abstuvo de proferirles medida de aseguramiento por los delitos de concierto para delinquir, homicidio, lesiones personales, daño en bien ajeno y violación de habitación ajena, abstención que también cobijó plenamente a otros oficiales del Ejército Nacional vinculados hasta ese momento, Mayor MARCO HERNANDO BÁEZ GARZÓN y Capitán HUGO ALBERTO VALENCIA.
Así mismo, ordenó la detención preventiva, por todos los delitos mencionados, de JOSÉ OTONIEL URIBE CATAÑO, CARLOS MARIO RUIZ VILLA (“Pecas”) y FRANCISCO ANTONIO DE JESÚS MONSALVE MONSALVE (“Cuasi Cuasi”, “Cuasi” ó “Kinkon”) y ordenó compulsar copias con destino al despacho de Instrucción Penal Militar correspondiente, sobre el probable delito de cobardía, que vislumbraba en la omisión de apoyo por parte de los oficiales.
Suscitada una colisión positiva de competencia entre el Comandante de la XIV Brigada del Ejército y el Inspector Nacional de la Policía, de una parte, y la Juez 6ª de Orden Público de Medellín, esta Sala mediante proveído de fecha 15 de febrero de 1989, con ponencia del Magistrado Jorge Carreño Luengas, expresó (f. 4 cd. Corte):
“De acuerdo a las anteriores premisas, la justicia castrense no puede sustraer de los jueces ordinarios el conocimiento de los delitos comunes cometidos por militares, que no hayan delinquido en acto del servicio o con ocasión del mismo.
Siendo esto así, y de acuerdo con lo demostrado hasta ahora en el proceso, es preciso concluir que la competencia para conocer de este sumario y únicamente en cuanto a los militares se refiere, y por la responsabilidad que pueda corresponderles por la omisión del cumplimiento del deber, que la Juez de Orden Público ha calificado como delito de cobardía, corresponde a la Justicia Penal Militar. Se trata, por tanto, del juzgamiento de los Mayores del Ejército Nacional Marco Hernando Báez, Ciro Monroy Borda y el Capitán Hugo Alberto Valencia, a quienes se acusa de una omisión de un acto propio del servicio y que sólo puede pregonarse de quien ejerce funciones inherentes a la actividad militar.
Considera en cambio la Corte, que los militares acusados de terrorismo, por su actuación encaminada a sembrar la zozobra y perturbar la paz pública, y el sosiego de la población de Segovia, con la elaboración y distribución de panfletos, graffittis y la realización de actos amenazantes contra la ciudadanía, pudieron consumar el delito de terrorismo que ninguna relación guarda con la prestación del servicio ni con la función militar. Acto de servicio, es aquél que se efectúa en uso de atribuciones o en cumplimiento de deberes inherentes a los mismos y que ninguna relación pueden tener con conductas terroristas y todos aquellos delitos comunes que puedan desprenderse de ellas. Como tal cargo se imputa al Teniente Coronel Alejandro Londoño Tamayo, al Teniente Edgardo Alfonso Hernández y al Capitán de la Policía Jorge Eliécer Chacón Lasso, su juzgamiento corresponde a la justicia ordinaria.”
En cuanto a estas copias, la XIV Brigada, con sede en Puerto Berrío (Antioquia), actuando como Juez de primera instancia, mediante providencia de noviembre 18 de 1994 declaró la prescripción de la acción penal por el delito de cobardía definido en el artículo 220 del decreto 250 de 1958: “El militar que en acción de guerra no acuda al lugar de la misma, pudiendo y debiendo hacerlo…”. En consecuencia cesó procedimiento, por tal delito, a favor de los oficiales MARCO HERNANDO BÁEZ GARZÓN, HUGO ALBERTO VALENCIA VIVAS y CIRO HENRY BORDA GUERRA, decisión confirmada el 28 de junio de 1995 por el Tribunal Superior Militar, al resolver la consulta.
Dentro del sumario a cargo de la jurisdicción ordinaria, a solicitud del procesado JORGE ELIÉCER CHACÓN LASSO, por razones de seguridad, el Ministro de Justicia mediante resolución N° 3519 de 21 de diciembre de 1989 (fs. 539 y Ss. cd. 5), ordenó el cambio de radicación de este proceso penal, asignándolo a un Juzgado de Orden Público del Distrito Judicial de Bogotá, correspondiéndole en reparto al 5° de esa categoría (f. 580 ib.).
Cerrada la etapa instructiva, fue calificada el 15 de junio de 1993 por una Fiscalía Delegada ante los Juzgados Regionales de Bogotá (fs. 356 y Ss. cd. 7), modificando la medida de aseguramiento impuesta contra los oficiales ALEJANDRO LONDOÑO TAMAYO, EDGARDO ALFONSO HERNÁNDEZ NAVARRO y JORGE ELIÉCER CHACÓN, para ampliarla como coautores de los delitos de concierto para delinquir con fines terroristas, estipulado por el artículo 7° del decreto 180 de 1988, homicidios agravados, daño en bien ajeno, disparo de arma de fuego o explosivos contra vehículos y lesiones personales, acusándolos por tales conductas ilícitas, en concurso con terrorismo (art. 1° D. 180/88), por los hechos ocurridos el 11 de noviembre de 1988. De otra parte, ordenó la reapertura en lo concerniente al Capitán CHACÓN LASSO, por los sucesos de octubre de esa misma anualidad.
Similar acusación profirió contra MARCO HERNANDO BÁEZ GARZÓN y HUGO ALBERTO VALENCIA, imponiéndoles en la misma providencia medida de aseguramiento de detención preventiva, y dispuso reabrir investigación sobre JOSÉ OTONIEL URIBE CATAÑO (“El Carnicero”), CARLOS MARIO RUIZ VILLA (“Pecas”) y FRANCISCO MONSALVE MONSALVE (“Kinkon” o “Cuasi”).
Contra dicha decisión fueron interpuestos recursos de reposición y subsidiarios de apelación, resueltos los primeros el 29 de diciembre de 1994, mediante providencia de la misma Fiscalía, por la cual modificó las medidas de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio de excarcelación en contra de JOSÉ OTONIEL URIBE CATAÑO, CARLOS MARIO RUIZ VILLA y FRANCISCO ANTONIO MONSALVE y los acusó como coautores de los delitos de concierto para delinquir, terrorismo, homicidio y lesiones, y en el mismo sentido la acusación contra los oficiales ALEJANDRO LONDOÑO TAMAYO, MARCO HERNANDO BÁEZ GARZÓN, HUGO ALBERTO VALENCIA, JORGE ELIÉCER CHACÓN Y EDGARDO ALFONSO HERNÁNDEZ NAVARRO.
La apelación fue resuelta inicialmente, el 27 de octubre de 1993, mediante decisión de la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional (fs. 126 y Ss. cd. Fisc. 2ª Inst., o cd. 16), que luego fue anulada, para proferirse en definitiva el 26 de octubre de 1995 (fs. 297 y Ss. ib.), negando la solicitud de nulidad propuesta por la defensa de MARCO HERNANDO BAÉZ GARZÓN, HUGO ALBERTO VALENCIA VIVAS y EDGARDO ALFONSO HERNÁNDEZ NAVARRO y confirmando la resolución de acusación del 15 de junio de 1993, con las modificaciones efectuadas el 29 de diciembre de 1994.
Correspondió a un Juzgado Regional de Bogotá adelantar el juicio; dentro de tal etapa, la XIV Brigada del Ejército, con sede en Puerto Berrío, mediante auto del 1° de marzo de 1996 (fs. 287 y Ss. cd. 10), provocó nuevamente conflicto positivo de competencias en cuanto al juzgamiento de los militares, inhibiéndose el Juez Regional de pronunciarse, por estimar que ya había sido definido por la Corte Suprema de Justicia, abstención ya pronunciada, como tema agotado, ante petición directa de los oficiales, sin poder reconsiderar ese cuestionamiento al no haber variado las circunstancias tenidas en cuenta para la inicial definición.
No obstante, ante solicitud de HUGO ALBERTO VALENCIA VIVAS dirigida a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, con copias de las providencias, el 10 de diciembre de 1996 esa corporación ordenó solicitar el Juez Regional de Bogotá, informes acerca del trámite de la mencionada colisión de competencias, procediendo dicho despacho a aceptar tal conflicto por auto del 8 de enero de 1997, indicando que no rehusaba el conocimiento de la causa; el 18 de febrero de 1997 (fs. 2 y Ss. cd. 13), esa corporación entró a dirimir el conflicto, con ponencia del doctor Leovigildo Bernal Andrade, de la cual se apartaron dos integrantes, uno de ellos indicando que por haberse definido con anterioridad por la Corte punto similar, la posterior colisión ha debido ser rechazada por improcedente (fs. 49 y Ss. ib.).
En la parte resolutiva de tal proveído (fs. 37 y Ss. ib), dispuso estar a lo resuelto por esta Sala el 15 de febrero de 1989, en cuanto decidió que el proceso penal respecto de los hechos calificados como delito de terrorismo, contra ALEJANDRO LONDOÑO TAMAYO, EDGARDO ALFONSO HERNÁNDEZ y JORGE ELIÉCER CHACÓN LASSO, corresponde a la justicia ordinaria, y lo relacionado con los delitos de cobardía e incumplimiento de deberes, a la jurisdicción penal militar, pero en cuanto a las sindicaciones por “concierto para delinquir, homicidio, lesiones personales y daño en cosa ajena” (f. 38 ib.) atribuidos a los oficiales del Ejército y de la Policía, sucedidos el 11 de noviembre de 1988, corresponden a la jurisdicción penal militar, mientras que respecto de los civiles sindicados de autoría o participación en tales hechos, su conocimiento se mantiene en la jurisdicción ordinaria.
Para dar cumplimiento a lo allí dispuesto, ordenó en el numeral 4° de la parte resolutiva, enviar los cuadernos de copias al Comandante de la XIV Brigada, como en efecto se cumplió, según manifestación expresa obrante en auto del 10 de abril de 1997 (f. 140 ib.).
Después de concluir el trámite pertinente, el Juzgado Regional mediante fallo de fecha 31 de marzo de 1998 (fs. 76 y Ss. cd. 14), condenó a ALEJANDRO LONDOÑO TAMAYO, MARCO HERNANDO BÁEZ GARZÓN, HUGO ALBERTO VALENCIA VIVAS, JORGE ELIÉCER CHACÓN LASSO y EDGARDO ALFONSO HERNÁNDEZ NAVARRO, como coautores del delito de terrorismo previsto por el artículo 1° del decreto 180 de 1988, adoptado como legislación permanente por el 2266 de 1991, imponiendo a cada uno la penalidad principal de 18 años de prisión y multa por el equivalente de 98 salarios mínimos legales mensuales.
Así mismo condenó como coautores de los delitos de terrorismo, concierto para delinquir, homicidio y lesiones con fines terroristas, previstos en los artículos 1°, 7°, 29 y 31 del decreto 180 de 1988, a CARLOS MARIO RUIZ VILLA a 30 años de prisión y multa de 180 salarios mínimos legales mensuales, y a FRANCISCO ANTONIO DE JESÚS MONSALVE MONSALVE y JOSÉ OTONIEL URIBE CATAÑO, a 28 años de prisión y multa de 150 salarios mínimos legales mensuales, imponiendo además, a todos los mencionados, 10 años de interdicción de derechos y funciones públicas y la obligación de indemnizar, en el equivalente de 1.000 gramos oro los perjuicios morales y 4.000 gramos oro los materiales.
Dicho fallo fue apelado por algunos de los acusados y sus defensores y confirmado por el Tribunal Nacional el 14 de abril de 1999 (fs. 1 y Ss. cd. 17), en lo referente a la condena de los oficiales; declaró la prescripción de la acción penal por el delito de lesiones personales con fines terroristas y modificó la pena principal impuesta a CARLOS MARIO RUIZ VILLA, FRANCISCO ANTONIO DE JESÚS MONSALVE MONSALVE y JOSÉ OTONIEL URIBE CATAÑO, para fijarles 26 años de prisión y multa equivalente a 140 salarios mínimos legales mensuales.
Ante solicitud de corrección aritmética y adición de la parte resolutiva, en virtud de la extinción de la justicia regional y de lo dispuesto por el artículo 37 transitorio de la ley 504 de 25 de junio de 1999, la Sala Especial de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá, mediante decisión de fecha 14 de septiembre de 1999, adicionó el numeral 2° de la sentencia de segunda instancia, declarando en favor de CARLOS MARIO RUIZ VILLA la prescripción de la acción penal por el delito de lesiones personales con fines terroristas, que si bien se había declarado a favor de los restantes civiles condenados, no se mencionó expresamente en la parte resolutiva en cuanto a él.
Esa sentencia es objeto de casación, con la salvedad de no haberse presentado demanda a nombre de URIBE CATAÑO.
LAS DEMANDAS
Interpusieron casación y presentaron la correspondiente demanda los defensores de los oficiales ALEJANDRO LONDOÑO TAMAYO, MARCO HERNANDO BÁEZ GARZÓN, HUGO ALBERTO VALENCIA VIVAS, JORGE ELIÉCER CHACÓN LASSO y EDGARDO ALFONSO HERNÁNDEZ NAVARRO, así como los de los civiles CARLOS MARIO RUIZ VILLA y FRANCISCO ANTONIO DE JESÚS MONSALVE MONSALVE, que se relacionarán a continuación, con la advertencia que únicamente se procederá así con los libelos presentados por los defensores, puesto que tanto el artículo 222 del estatuto penal anterior como el 209 de la ley 600 de 2000 dispone que sólo pueden presentar demanda directamente los sujetos procesales si fueren abogados titulados, autorizados legalmente para ejercer la profesión, condición no acreditada por el ahora Coronel BÁEZ GARZÓN, quien además presentó extemporáneamente voluminoso escrito ante esta corporación.
1.- Dado que las demandas formal y sustancialmente son muy similares en cuanto al reproche de nulidad que efectúan, por falta de competencia funcional de la justicia ordinaria, serán resumidas conjuntamente en cuanto a ese cargo, formulado al amparo de la causal tercera de casación, aunque en las de los militares se situó como principal, en cambio en las de los civiles como segundo cargo. En lo que difieren se plasmará por separado.
De manera general, al amparo de la causal tercera, señalan los casacionistas que se dictó sentencia en un juicio viciado de nulidad, por falta de competencia del funcionario judicial, la cual dicen que recaía en la Justicia Penal Militar, vulnerándose así los artículos 29 y 221 de la Constitución Política, 304 del estatuto procesal penal anterior y 187 del decreto 100 de 1980, modificado por el 1° del decreto 180 de 1988, que contenía el tipo penal de terrorismo.
En desarrollo de este cargo, aducen incompetencia del Juzgado Regional y del Tribunal Nacional, desacatando lo resuelto por esta Corte y por el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, al dirimir el conflicto de competencias que se había trabado y desconocer la competencia de la Justicia Penal Militar, vulnerándose el debido proceso y el principio de la cosa juzgada, pues por estos hechos ya se les cesó procedimiento en aquella jurisdicción, así como se absolvió a los militares por los delitos de concierto para delinquir, homicidio y lesiones personales con fines terroristas, como lo acreditaron con la providencia de segunda instancia proferida el 28 de septiembre de 2000 por el Tribunal Superior Militar, que confirmó la del 6 de septiembre de 1999, por la cual el Comandante de la XIV Brigada, con sede en Puerto Berrío, cesó todo procedimiento por tales delitos, frente a los hechos acaecidos el 11 de noviembre de 1988 en Segovia.
Además, en las demandas a favor de JORGE ELIÉCER CHACÓN LASSO y EDGARDO ALFONSO HERNÁNDEZ NAVARRO, se aduce que esta Corte le asignó la competencia para investigar y juzgar esos hechos a la Justicia Penal Militar y, por tanto, se debe declarar la nulidad a partir de la resolución de 28 de enero de 1993, por la cual la Fiscalía Regional de Bogotá declaró cerrada la investigación, más aún cuando en la resolución de acusación se acusó por todos los ilícitos cuando sólo tenía competencia para el terrorismo; o, subsidiariamente, a partir de la providencia de 16 de febrero de 1996, proferida por un Juez Regional de esta ciudad, avocando conocimiento, porque la competencia para el juzgamiento por factor territorial radicaba en Medellín, ya que el cambio de radicación ordenado por el Ministerio de Justicia sólo era aplicable a la fase instructiva.
Las demandas a favor de los civiles MONSALVE MONSALVE y RUIZ VILLA insisten en esa nulidad por el juzgamiento de militares y civiles por la justicia regional, cuando todos debieron ser juzgados por la Justicia Penal Militar, incluso ellos como civiles, al habérseles imputado actuar como auxiliadores de las Fuerzas Militares.
2.- Demanda en defensa del Teniente Coronel del Ejército Nacional ALEJANDRO LONDOÑO TAMAYO (fs. 66 y Ss. cd. 21).
2. 1.- Además de la causal 3ª atrás aludida, presenta como primer cargo subsidiario, la prevista en la causal 1ª – 1, haberse dictado la sentencia con violación directa de la ley sustancial por interpretación errónea del artículo 1° del decreto 180 de 1988, ya que la conducta imputada es el inciso 2° y se condenó por el 1°, pues en la providencia que dirimió la colisión de competencias se aludió que el estado de zozobra se produjo en Segovia con la emisión y distribución de panfletos amenazantes, y escritos murales anónimos, que tiene señalada una pena máxima de cinco años de prisión.
En consecuencia, al no seleccionar la norma correcta, se desconoció que la acción penal estaba prescrita, según lo disponían los artículos 79 y 80 del Código Penal anterior, por lo cual solicita casar la sentencia impugnada, declarar que se aplicó erróneamente el artículo 1° del decreto 180/88 y declarar la prescripción de la acción.
2. 2.- Como segundo cargo subsidiario indica que la sentencia se dictó con violación indirecta de la ley sustancial, artículos 29 y 228 de la Constitución, 186, 248, 251, 444 y 457 del estatuto procesal penal anterior, 42 del decreto 2790/90 adoptado por el 3° del 2271/91 y 45 del decreto 099/91 adoptado como legislación permanente por el 4° del 2271/91, por error de derecho consistente en falso juicio de legalidad, al admitir y dar valor probatorio a la indagatoria y testimonio de Alonso de Jesús Baquero Agudelo, alias “Vladimir”, irregularmente aportados.
Por ello, solicita se case la sentencia impugnada y se declaren sin valor las emitidas por los falladores, y en su lugar se profiera la que en derecho corresponda.
3.- Demanda en defensa del Coronel MARCO HERNANDO BÁEZ GARZÓN, Mayor del Ejército Nacional para la época de los hechos (fs. 1 y Ss. cd. 20).
3. 1.- En la primera causal común resumida, añadió como tercer cargo haberse dictado sentencia en un juicio viciado de nulidad, por haber permitido el Juez Regional agregar declaraciones traídas de otros procesos, sin auto que lo ordenara, ni ordenar su traslado, ni ponerlas a disposición de las partes, así como no se efectuó una investigación integral.
3. 2.- Al amparo de la causal primera de casación, cuerpo segundo, formula este demandante dos cargos:
3. 2. 1.- Por ser la sentencia violatoria de la ley sustancial, por vía indirecta, “por error de derecho, por falso juicio de convicción (error de valoración)” (f. 23 ib.), por aportación ilegal de las declaraciones de Alonso de Jesús Baquero Agudelo, sin haber sido ordenadas en el juicio, ni su traslado a los procesados, las cuales sirvieron de fundamento al Tribunal Nacional para condenar a BÁEZ GARZÓN, vulnerándose los artículos 29 de la Constitución y 1°, 18, 20, 246, 247, 250, 251, 252 y 255 del estatuto procesal penal anterior.
3. 2. 2.- Reproduce el cargo por ser el fallo violatorio de la norma sustantiva, “por error de derecho por falso juicio de legalidad, por apreciación falsa” de las mencionadas declaraciones, al otorgarles mérito sin reunir los requisitos exigidos por la ley para tenerlas como prueba legal y oportunamente allegada al proceso.
En consecuencia, se impetra en esta censura casar la sentencia de segunda instancia, profiriendo la Corte la que corresponda.
4.- Demanda en defensa del Capitán del Ejército Nacional HUGO ALBERTO VALENCIA VIVAS (fs. 260 y Ss. cd. 19).
Además del cargo común basado en la causal tercera de casación, presenta como cargos subsidiarios:
4. 1.- Al abrigo de la causal 1ª, cuerpo 1°, haberse proferido la sentencia con violación directa de la ley sustancial, por indebida aplicación, pues se ha debido aplicar el inciso 2° del artículo 1° del decreto 180/88 y no el inciso 1°, como se hizo, con lo cual la acción penal habría prescrito desde antes de la ejecutoria de la resolución de acusación, en cuanto al delito de terrorismo.
Como consecuencia, solicita el libelista, de manera subsidiaria a la declaratoria de nulidad, se declare sin valor la sentencia y se declare prescrita la acción, respecto del delito de terrorismo.
4. 2.- También como causal subsidiaria, demanda la sentencia por violación indirecta de la ley penal, concretamente el artículo 247 del estatuto procesal penal anterior, por error de hecho por falso juicio de identidad, porque los sentenciadores tergiversaron el contenido material de pruebas, como las declaraciones de Alfonso de Jesús Baquero Agudelo, la alcaldesa Rita Ivonne Tobón Areiza, la concejal Jael Cano, Alfonso Valencia (empleado de la empresa Frontino Gold Mines), y Rodrigo de Jesús Gallego, pues aunque éste dice que hacía como 9 años no se sacaban esténciles en esa empresa, la actividad del T. C. LONDOÑO y de su defendido en las instalaciones de la empresa era corriente y normal, por la costumbre de la compañía de suministrar al Ejército mensualmente la papelería que necesitaban en el Batallón.
Por lo mismo, solicita se case el fallo impugnado y se profiera absolución a favor de VALENCIA VIVAS.
5.- Demanda en defensa del Capitán de Policía JORGE ELIÉCER CHACÓN LASSO (fs. 114-178 cd. 21).
Además de la causal de nulidad esgrimida como principal con base en la causal 3ª de casación, por falta de competencia funcional de la justicia ordinaria, y de la subsidiaria por falta de competencia territorial, presenta como otros cargos subsidiarios:
5. 1.- Haberse dictado el fallo con violación directa de la ley sustancial, por indebida aplicación del inciso 1° del artículo 1° del decreto 180/88, y falta de aplicación de su inciso 2°.
5. 2.- Proferirse dicha sentencia con violación indirecta de la ley sustancial, por falso juicio de identidad, por distorsionar el contenido de las declaraciones base de la condena de CHACÓN LASSO, como las de Clemencia Zapata Cardona, Juan de la Cruz Mazo Hernández, Francisco Luis Castaño Palacio, Jhony Jaramillo Restrepo, Alberto Rafael Ávila Ayala, Luis Carlos Mesa Mejía, Lilián Inés Monsalve Castrillón, Jorge Antonio Giraldo Giraldo, Doris Aidé Ruiz, Rodrigo de Jesús Gallego, Jorge Eliécer Bustamante Sánchez, Hernán (Héctor) Darío Mesa Mejía, Flor Johana Montoya Rúa y Gloria Vásquez Valencia.
Aduce que con ello se distorsionaron esas piezas procesales, contraviniendo los artículos 1° del decreto 180/88, con vigencia permanente por disposición del Decreto 2266/91, 180-4, 246, 247, 254 y 294 del decreto 2700 de 1991, y ninguno de ellos atribuyó a CHACÓN LASSO la distribución de los panfletos amenazantes, y la incriminación que hizo Luis Alberto Arrieta contra el Comandante de la Policía sobre el acuerdo de no tener patrullas, está referida al Capitán Bernal, quien ejercía tales funciones.
Concluye solicitando que se case la sentencia impugnada y en su lugar se absuelva al Capitán CHACÓN LASSO.
6.- Demanda en defensa del Teniente del Ejército Nacional EDGARDO ALFONSO HERNÁNDEZ NAVARRO (fs. 1 y Ss. cd. 20).
Al amparo de la causal tercera de casación, por falta de competencia funcional y territorial en la etapa del juzgamiento, este libelista presenta los siguientes cargos contra la sentencia, según las previsiones del artículo 304 del estatuto procesal penal anterior, numerales 2° y 3°, por haberse emitido la sentencia en un proceso viciado de nulidad:
6. 1.- Por existencia de irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso, como no haberse interrogado a ese sindicado, en su indagatoria, sobre los delitos por los cuales se le acusaba, no realizarse investigación integral, ni demostrarse las amenazas que se dice lanzó contra Luis Eduardo Sierra (“El Saíno”); no se resolvió sobre una nulidad planteada en la etapa del juicio, ordenándose correr traslado para que fueran presentados los alegatos previos a la sentencia. Además, la resolución acusatoria no reúne los requisitos formales y sustanciales y no existe congruencia entre el fallo y ella.
6. 2.- Por vulneración del derecho de defensa, pues en los alegatos previos a la calificación sólo se aludió al terrorismo y fue acusado no sólo por este delito, sino por otros a los cuales no se hizo alusión en la sentencia. Adicionalmente, tampoco se le expidieron copias al defensor.
6. 3.- También bajo la causal 1ª, cuerpo 2°, invoca ser la sentencia violatoria por vía indirecta de la ley sustancial, en sus artículos 180, 247, 254 y 294, 1° del D. 180/88 y 228 de la Carta. Así mismo:
6. 3. 1.- Por error de derecho, por falso juicio de legalidad en la incorporación del testimonio de Alonso de Jesús Baquero Agudelo, prueba practicada en el juicio a espaldas de los sujetos procesales sin haber podido controvertirla. Aduce el demandante que el interrogatorio de ese testigo, estuvo dirigido a que depusiera en contra de los militares.
6. 3. 2.- Por error de hecho por falso juicio de identidad, en la prueba documental contentiva de la denuncia de “El Saíno”, y la declaración de la hermana Deyanira Sierra, allegada en el levantamiento del cadáver de Luis Eduardo Sierra. En cambio, se omitió el acta de registro al inmueble, que desvirtúa las aseveraciones de que aquél había sido retenido por los militares. Así mismo aduce que se omitieron pruebas que demostraban la ausencia de culpabilidad de HERNÁNDEZ NAVARRO, tales como las órdenes de operaciones N° 27 y 28 de noviembre 13 y 12 de 1988, que lo situaban lejos de Segovia el día de la masacre.
6. 4.- Acude también a la causal 1ª, cuerpo 1°, para aseverar que la sentencia es violatoria, por vía directa, de la ley sustancial, por indebida aplicación del inciso 1° del artículo 1° del Decreto 180/88, apareciendo que la conducta atribuible a HERNÁNDEZ NAVARRO era la del inciso 2°, caso en el cual la acción está prescrita.
Como conclusión de las últimas causales, solicita que se declare la nulidad a partir del cierre de investigación, o del momento en que el Juez Regional avocó conocimiento, se case la sentencia y se profiera la que en derecho corresponda, esto es, la absolución de HERNÁNDEZ NAVARRO; o se case, se dicte el fallo que deba reemplazarlo y luego se declare la prescripción y la extinción de la acción penal.
7.- Demanda en defensa de FRANCISCO ANTONIO DE JESÚS MONSALVE MONSALVE (fs. 70-101 cd. 19), conocido dentro del proceso con los alias “Cuasi” o “Kinkon”.
Además del cargo común por nulidad, propuso como principal, al abrigo de la causal 1ª, cuerpo 2°, ser la sentencia violatoria de la ley sustancial, artículos 23, 26, 66-1 del Código Penal anterior; y D. 180/88, artículos 7°, 29 y 33, por vía indirecta, por error de hecho “por suposiciones de la prueba y otros por distorsión de la misma” (f. 81 ib.), y por no aplicar los artículos 2°, 247, 254 y 445 del estatuto procesal penal anterior, al cometer errores de hecho en la apreciación probatoria.
Critica el casacionista que no se hubiera dado credibilidad a quienes declararon haber visto al procesado en otro municipio el día de los hechos, y que por ejemplo, el Tribunal Nacional dio credibilidad al testigo Virgilio Gómez, cuando afirmó haber escuchado a Rubén Castaño que dentro de quienes estaban en la población, se hallaba “Cuasi” o “Kinkon”, y a los demás los descalificó porque “pretendían era engañar a las autoridades”.
8.- Demanda en defensa de CARLOS MARIO RUIZ VILLA (fs. 206 y Ss. cd. 19), conocido con los alias de “Pecas” o “Yeyo”.
Además de la nulidad planteada bajo las previsiones de la 3ª de casación, ya referida, el libelista acude a demandar la sentencia por la causal 1ª, cuerpo 2°, por haberse proferido con violación indirecta de la ley sustancial, aduciendo confusamente que “la Sentencia a causa de errores de hecho violó, indirectamente, la ley sustancial al aplicar indebidamente los artículos 23, 26, 66 ordinal 1° del Código Penal, de un lado, y del otro, los artículos 7, 29 y 31 del Decreto 180 de 1988, lo que la llevó a dejar de aplicar los artículos 2, 247, 254 y 445 del Código de Procedimiento Penal”, pero pasa a sustentar esa violación alegando errores de hecho “por suposiciones de la prueba y otros por distorsión de la misma” (fs. 211 y 212 ib.).
Aduce el demandante que la sentencia supuso que los civiles condenados tuvieron relación causa – fin con los pertenecientes al Ejército y a la Policía y por ello debía juzgar a los civiles por terrorismo, concierto, homicidio y lesiones personales con fines terroristas, en tanto que a los militares sólo por terrorismo.
Sin coherencia con el cuestionamiento anterior, entra a criticar que el juzgador de primera instancia hubiese deducido que la masacre investigada era otra “crónica de una muerte anunciada”, que no pudieron cumplir a cabalidad porque una de las víctimas repelió el ataque, según testimonios de la alcadesa Rita Ivonne Tobón Areiza, la concejal Jael Cano y otro listado de personas, que al examinar el demandante no encuentra alusión a esa inesperada respuesta de una víctima, por lo cual la cataloga como una simple suposición, al igual que la aseveración de haber levantado las autoridades todos los controles de acceso y salida de la población.
Indica que la sentencia del Tribunal “supuso verdaderas” (f. 214 ib.) las declaraciones del ex guerrillero amnistiado Alonso de Jesús Baquero Agudelo, alias “Vladimir” y, según él, también alias “Kinkon”, analizando que le dio credibilidad porque no observó interés en mentir, hasta el punto de haber solicitado a la Fiscalía que se investigaran sus aseveraciones “para que se confirme y así pueda yo obtener mis beneficios” (f. 216 ib.), y además lo consideró respaldado en el dicho de Luis Alberto Arrieta Morales, alias “Piraña”, de quien afirmó el primero haberlo acompañado en las visitas previas, tanto al Batallón Bomboná como al Comando de la Policía de Segovia.
Anota que las sentencias demandadas supusieron la actuación de la defensa de los civiles y sus propias manifestaciones de ser ajenos a los hechos, como argucias para esquivar la responsabilidad penal, cuando las aseveraciones de haber estado en otro lugar son de buena fe, y se desconocieron en este asunto las reglas de la sana crítica al “suponer” que CARLOS MARIO RUIZ VILLA fue uno de los sicarios que ayudó a exterminar a 43 personas, herir un número similar y ocasionar daños, fincando su certidumbre en testimonios que aducen su participación, sin especificarlos.
Además, sostiene el libelista que los falladores se apartaron de los testimonios que situaron a su defendido a la misma hora y fecha en Medellín, y aunque “Vladimir” dijo no conocerlo, como tampoco a los “Pecas” o a los “Yeyos”, en la sentencia se dio credibilidad a Mario de Jesús Sánchez Amaya, quien dijo haberlo visto en un carro blanco, mientras que Daniel Gil Montoya aseveró observarlo en un carro “como amarillito”, pero en el reconocimiento fotográfico señaló al hermano de su defendido, MARCO ANTONIO.
Agrega que en el fallo se incurrió en violación indirecta, por falso juicio de apreciación de quienes dicen haber visto a su defendido la noche de los hechos, porque con lluvia y tormenta eléctrica como la que se desató, no han podido apreciar los detalles que describieron, estado del tiempo referido por varios testigos, entre ellos el cura Jorge Mesa Balbín y algunos de los militares indagados.
Dentro de la sustentación, refiere el libelista unos principios de la casación, entre ellos el de prioridad y aunque indica que debería empezar el debate por el de nulidad, éste lo deja en segundo lugar, pero si a los militares se los juzgó sólo por terrorismo en la justicia ordinaria, y los restantes ilícitos por la justicia penal militar, por el derecho a la igualdad, los civiles se deben juzgar de manera similar.
En consecuencia, solicita casar al fallo recurrido y, en su lugar, absolver a CARLOS MARIO RUIZ VILLA.
CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
La Procuradora Primera Delegada en lo Penal, luego de un fundado y minucioso análisis, en el cual compendió en primer lugar las demandas de los cinco militares y luego las de los dos civiles sentenciados, solicita a la Sala no casar la sentencia impugnada, por las siguientes razones:
1.- Causal tercera:
1. 1.- Falta de competencia funcional de la justicia ordinaria y desconocimiento de la Justicia Penal Militar.
Dado que esta causal fue planteada de manera común por todos los casacionistas, en relación con la falta de competencia de la justicia ordinaria desde el inicio de la investigación, y más concretamente, a partir de la fase del juicio, del Juez Regional de Bogotá y del Tribunal Nacional, como se alegó que se habían desconocido las decisiones de esta Corte y del Consejo Superior de la Judicatura, se aparta la señora Procuradora de tales pretensiones, haciendo un recuento del diligenciamiento.
Indica que luego de haber iniciado el Juez de Orden Público la investigación, definida la situación jurídica de los indagados y planteada la colisión de competencias positiva por el Comandante de la XIV Brigada del Ejército y el Inspector General de la Policía, el Juzgado 6° de Orden Público, al cual había quedado asignada la instrucción, remitió la actuación a esta Sala para dirimir el conflicto.
En ella se tomó en cuenta que al definir la situación jurídica de los vinculados hasta ese entonces, en auto de 16 de enero de 1989, el Juzgado hizo un balance de las situaciones que se venían presentando con antelación en Segovia, como los disparos ocasionados al parecer por miembros de la Fuerza Pública, la distribución de escritos amenazantes elaborados en esténcil a petición del T. C. ALEJANDRO LONDOÑO TAMAYO, y algunos escritos murales de la misma estirpe, produciéndose luego la muerte de 43 personas la noche del viernes 11 de noviembre de 1988, lesiones a otras tantas y daños materiales, por la actuación de sicarios, sin que la Fuerza Pública repeliera la agresión.
Por ello el Juzgado de Orden Público estimó que no era procedente el desplazamiento de la competencia, dado que esa omisión era contraria a una “actuación por razón del servicio”, pero la Sala Penal de esta Corte, mediante auto de 15 de febrero de 1989, con base en el artículo 170 de la Constitución vigente entonces, en consideración de que a los militares les era aplicable el régimen de excepción, siempre y cuando estuvieran en servicio activo y hubieran realizado la ilicitud “con ocasión del servicio, por causa del mismo o por funciones inherentes al cargo”, dispuso separar para efectos de la competencia, la conducta inherente a la actividad castrense, por omisión en el cumplimiento del deber, a la cual aludió el Juzgado de Orden Público como delito de cobardía.
En cambio, las demás situaciones que fueron agrupadas como terrorismo, y demás delitos que de allí se desprendieran, debían continuar bajo la competencia del Juzgado de Orden Público, tanto para militares como para civiles.
Destaca la representante de la sociedad que hasta ese momento el Jugado de Orden Público había proferido detención preventiva por el delito de terrorismo, definido en el artículo 1° del decreto 180 de 1988, contra los militares EDGARDO ALFONSO HERNÁNDEZ NAVARRO, JORGE ELIÉCER CHACÓN LASSO y ALEJANDRO LONDOÑO TAMAYO, y se abstuvo de hacerlo contra CIRO HENRY BORDA GUERRA, HUGO ALBERTO VALENCIA VIVAS y MARCO HERNANDO BÁEZ, sin cesarles procedimiento por terrorismo.
Si bien en la providencia de la Corte no se precisó que la competencia por el delito de terrorismo y los demás que no tuvieran relación con el servicio, abarcaba a BÁEZ GARZÓN, BORDA GUERRA y VALENCIA VIVAS, éstos no fueron excluidos, como lo pretenden los defensores, lo que dio lugar a que en posterior oportunidad la Fiscalía Regional profiriera resolución de acusación por terrorismo contra BÁEZ y VALENCIA, competencia que no fue cuestionada hasta el 15 de diciembre de 1995 cuando BÁEZ GARZÓN, VALENCIA VIVAS y LONDOÑO TAMAYO solicitaron al Juez Regional remitir el expediente al Comandante de la XIV Brigada por competencia, pero ante su negativa confirmada por el Tribunal Nacional, presentaron acción de tutela ante la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, llevándola luego al Consejo Superior, sin resultados iniciales positivos.
No obstante, a finales de 1996 VALENCIA VIVAS pidió directamente a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura que dirimiera el conflicto de competencia y ésta el 18 de febrero de 1997, terció en cuanto al comportamiento de los militares acusados, indicando que como la conducta omisiva de auxilio a la población y repeler el ataque pudo haber ocurrido por causa del servicio o con ocasión de éste, los delitos de concierto para delinquir, homicidio y lesiones personales con ánimo terrorista, al igual que los de daño en bien ajeno, debían ser investigados por la Justicia Penal Militar, en tanto que para el terrorismo debía estarse a lo ordenado por esta Sala en el auto de 15 de febrero de 1989.
Destacó la agente del Ministerio Público, que dos de los magistrados se habían apartado de esa decisión, manifestando para ese disenso que procesalmente no se había trabado el conflicto de competencia, y que anteriormente, en fallo de tutela, se había considerado la improcedencia de un nuevo pronunciamiento sobre competencia, por lo cual debió ser rechazado, puesto que además conservaba plena validez y vigencia el auto de esta corporación de febrero 15 de 1989.
Sin embargo, anota la señora Procuradora, como consecuencia de la decisión del Consejo Superior de la Judicatura, el Juzgado Regional mediante sentencia de marzo 31 de 1998 condenó a los miembros de la Fuerza Pública a la pena principal de 18 años de prisión, únicamente por el delito de terrorismo, y a pesar de la insistencia equivocada de la Justicia Penal Militar de solicitar el resto de las diligencias, el Tribunal Nacional reiteró su propia competencia, se abstuvo de darle trámite a posteriores solicitudes y a la declaratoria de nulidad por ese factor, por haber sido un asunto suficientemente definido por la Corte y el Consejo Superior de la Judicatura.
De todo lo anterior concluye el Ministerio Público, que en relación a la nulidad “por falta de competencia funcional”, los acusados, sus defensores, las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Superior y Seccional de la Judicatura, por mayoría, y el Comandante de la XIV Brigada, Juez de Primera Instancia de Puerto Berrío, dieron lectura equivocada a la decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, de febrero 15 de 1989 (f. 104 cd. Corte), corporación que según lo dispuesto por el artículo 68-6 del decreto 050 de 1987 era la competente para dirimir los conflictos de competencia entre funcionarios de la jurisdicción penal ordinaria y los de una especial, y su decisión dirimiendo competencia tenía en su momento carácter de cosa juzgada, intangible, al igual que su contenido no reñía con los principios que la Constitución ha previsto para aplicar, de manera excepcional, el fuero militar.
Agrega el Ministerio Público, que aunque se trata de interpretaciones recientes de la Corte Constitucional y de la Suprema, sobre el fuero militar consagrado en los artículos 170 de la Constitución de 1886 y 221 actual, sobre aspectos que si bien no fueron expresados por esta Sala en su decisión del 15 de febrero de 1989, se acomodan a ellos; para acogerlo, la relación del hecho punible con el servicio debe surgir claramente de las pruebas que obran en el proceso, y resulta difícil establecerla en el asunto investigado, entre el terrorismo y el servicio prestado por miembros de la Fuerza Pública.
Así mismo, cuando la conducta delictiva es de una gravedad inusitada, como ocurre en los denominados delitos de “lesa humanidad”, el juzgamiento siempre debe ser atribuido a la justicia ordinaria, dada la contradicción entre el delito y los deberes constitucionales de la Fuerza Pública.
De lo anterior, la Procuradora 1ª Delegada concluye que el Juzgado 6° de Orden Público, la Fiscalía Delegada ante los Juzgados Regionales, la Delegada ante el Tribunal Nacional, el Juzgado Regional de esta ciudad y el Tribunal Nacional, eran los competentes para investigar y juzgar a los oficiales ALEJANDRO LONDOÑO TAMAYO, MARCO HERNANDO BÁEZ GARZÓN, HUGO ALBERTO VALENCIA VIVAS, JORGE ELIÉCER CHACÓN LASSO y EDGARDO ALFONSO HERNÁNDEZ NAVARRO, por el delito de terrorismo definido en el artículo 1° del decreto 180 de 1988, adoptado como legislación permanente por el 2266 de 1991, y por lo mismo, este cargo no tiene prosperidad.
De igual manera, en relación con las demandas presentadas por los defensores de los civiles MONSALVE MONSALVE y RUIZ VILLA, indica que pasaron por alto las exigencias técnicas que deben observarse cuando se invoca la causal tercera de casación, porque ésta impone la necesidad de sustentarla, señalando claramente y por separado si la irregularidad alegada proviene de falta de competencia, de infracción al debido proceso o de violación al derecho de defensa, lo cual hicieron en forma incorrecta al formular dos cargos bajo esta causal.
Además, nada tiene que ver la Justicia Penal Militar en el juzgamiento de civiles, en primer término porque la Corte definió en su oportunidad que la Juez 6ª de Orden Público mantenía la competencia en relación con éstos; y en segundo lugar, porque la Constitución de 1991 en su artículo 213 consagró que “En ningún caso los civiles podrán ser investigados o juzgados por la justicia penal militar”, por lo cual tampoco ese cargo puede prosperar.
1. 2.- Falta de competencia territorial.
Este cargo, formulado por los defensores de BÁEZ GARZÓN y HERNÁNDEZ NAVARRO, y también manifestado en la demanda a nombre de RUIZ VILLA, tampoco lo considera procedente. Si bien los hechos ocurrieron en Segovia, Antioquia, en este asunto, luego de abierto el sumario, con fundamento en el artículo 81 del decreto 050 de 1987, vigente hasta 1992 cuando empezó a regir el 2700 de 1991, el cambio de radicación especial facultaba al Ministro de Justicia para variar la radicación, cuando existieran serios motivos para deducir que se encontraba en peligro la integridad personal del procesado, precepto corroborado por el artículo 7º del decreto 2490 de 1988, que le confería esa atribución a dicho funcionario en los delitos de competencia de los jueces de Orden Público, ampliando las causales a la seguridad del funcionario o a circunstancias que pudieran afectar el orden público, la imparcialidad o independencia de la administración de justicia, las garantías procesales o la publicidad del juzgamiento.
El Ministro de Justicia, mediante resolución 3519 del 21 de diciembre de 1989, a petición del Capitán CHACÓN LASSO, por razones de seguridad de su vida, ordenó el cambio de radicación del proceso de Medellín a Bogotá.
Indica la Procuradora que, posteriormente, el artículo 17 del decreto 2790 de 1990, adoptado como legislación permanente por el 3º del 2271 de 1991, mantuvo esa atribución en el Ministro de Justicia en los delitos de conocimiento de los jueces de Orden Público, ante serios motivos para deducir que estaba en peligro la integridad personal del juez o la seguridad del sindicado, disposición modificada por el artículo 6º de la ley 504 de 1999, sin tener en cuenta la integridad personal del procesado, norma declarada inexequible por la Corte Constitucional, al considerar esa facultad una intromisión del ejecutivo en asuntos propios de la jurisdicción.
El acto expedido por el Ministro de Justicia rigió desde su expedición y a la derogatoria tácita por la ley 504 de 1999, tanto el Juez Regional como el Tribunal Nacional ya habían proferido la correspondiente sentencia; en el interregno no se allegó manifestación alguna de que el peligro referido por el Capitán CHACÓN LASSO hubiere cesado, ni petición de alguno de los sujetos procesales de que se devolviera la actuación a Medellín.
1. 3.- Falta de competencia de la Sala Penal de Descongestión Especializada del Tribunal Superior de Bogotá.
En cuanto a las manifestaciones de los defensores de HERNÁNDEZ NAVARRO y RUIZ VILLA, postulando nulidad porque la Sala Penal de Descongestión Especializada del Tribunal Superior de Bogotá no era competente para adicionar parcialmente la sentencia impugnada, ni para conocer de apelaciones interpuestas con posterioridad al 1º de julio de 1999, destaca el Ministerio Público que el artículo 37 de la ley 504 de 1999 asignó competencia a dicha Sala, para conocer de los recursos de apelación presentados con anterioridad a la fecha aludida, y si bien la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de esa disposición mediante sentencia C-392 de 2000, para esa fecha ya había resuelto la solicitud de aclaración de la sentencia de 14 de abril de 1999, proferida por el Tribunal Nacional, motivos por los cuales este cargo debe desestimarse.
1. 4.- Nulidad por violación al debido proceso y al derecho de defensa.
Los apoderados judiciales de BÁEZ GARZÓN y HERNÁNDEZ NAVARRO postulan esta nulidad, aduciendo que se vulneró el debido proceso y el derecho a la defensa, porque no se mencionaron en el fallo los delitos de concierto para delinquir, homicidio y lesiones personales con fines terroristas y daño en bien ajeno, aludidos en la resolución de acusación; no se realizó investigación integral, ni se demostraron las supuestas amenazas de HERNÁNDEZ contra Luis Eduardo Sierra, alias “Saíno”, ni se apreciaron las pruebas en forma individual y en conjunto.
Pero observa la Procuradora que no tiene ninguna posibilidad de salir avante este cargo debido a las protuberantes falencias de orden técnico, ya que la supuesta incorporación ilegal de pruebas, por ser un vicio in iudicando, tiene que ver directamente con su aducción, por lo cual debe ser planteada con fundamento en la causal 1ª, cuerpo 2º, y no por la tercera como lo hicieron los demandantes. Sin embargo, como también formularon el cargo por falso juicio de legalidad, por separado, allí se ha de dar respuesta a esas censuras.
En cuanto a la falta de imputación en las indagatorias de los delitos de concierto para delinquir y conexos, observa el Ministerio Público que en tales diligencias se hizo la imputación fáctica, referida a los hechos ocurridos en octubre y el 11 de noviembre de 1988, y no existía para ese momento procesal la obligación de efectuar la imputación jurídica, además de no revestir trascendencia alguna, porque la competencia atribuida finalmente a la justicia ordinaria fue para el delito de terrorismo, por el cual fueron condenados.
En lo concerniente a la supuesta falta de investigación integral y quebranto de la defensa técnica, sólo se enunció el reproche, pero no se fundamentó. Cuando se opta por ese enfoque, se debe indicar y demostrar cuáles fueron las pruebas que se dejaron de practicar, que hubieran cambiado la situación de los procesados; también califica de equivocado el reproche a la apreciación probatoria por la causal 3ª, porque siendo un error de juicio, debe demandarse por la causal 1ª, que también invocaron estos libelistas, separadamente.
2.- Causal primera:
2. 1.- Violación directa de la ley sustancial.
En relación con el cargo común, presentado al amparo de la causal primera de casación, cuerpo primero, por los defensores de VALENCIA VIVAS, CHACÓN LASSO y HERNÁNDEZ NAVARRO, por violación indirecta de la ley sustancial, ante aplicación indebida y falta de aplicación de la normas llamadas a regular el caso, mientras que la defensa de LONDOÑO TAMAYO enuncia interpretación errónea, pero en el desarrollo también reprocha falta de aplicación y aplicación indebida.
Cuestiona la Procuraduría las falencias técnicas en las demandas de los dos primeros y del último, porque cuando se acude a esta causal, es necesario aceptar la descripción de los hechos y la apreciación de las pruebas, tal cual lo hizo el juzgador, presupuesto incumplido por aquéllos, cuando aseguran que tanto la Corte como el Consejo Superior de la Judicatura concretaron el hecho delictivo de terrorismo en “la elaboración y distribución de panfletos, grafittis y la realización de actos semejantes contra la ciudadanía” (pág. 83 del concepto, transcripción textual), cuando lo cierto es que ambas corporaciones se refirieron a los primeros hechos “y la realización de actos amenazantes contra la ciudadanía”.
Indica el Ministerio Público que lo mismo ocurre con la demanda en nombre de LONDOÑO TAMAYO, dado que cuando se alega interpretación errónea se acepta que el juzgador acertó en la selección del precepto, pero le dio un sentido que no tiene, y si su defensor deseaba la aplicación del inciso 2º del artículo 1º del D. 180/88, ha debido demandar falta de aplicación y aplicación indebida.
Con las anteriores salvedades, procedió a analizar la cobertura del delito de terrorismo contemplado por el artículo 1º del decreto 180/88, en sus dos incisos, rememorando que la modificación del inicial artículo 187 del decreto 100/80, se basó en el deber del Gobierno de enfrentar la situación de violencia generalizada y ataques a las instituciones democráticas, que ese año se habían incrementado, pero desafortunadamente no declinó con la expedición de tal decreto, al perpetrarse las masacres de Honduras y La Negra (3 de marzo de 1988) y La Mejor Esquina (3 de abril de 1988).
En cuanto a la de Segovia, obran dos antecedentes documentales, en las comunicaciones enviadas al Procurador General de la Nación por la Inspectora de Policía y el Presidente del Concejo, el 29 de octubre y el 1º de noviembre de ese año, solicitando investigación contra miembros del Ejército acantonados en Segovia, por amenazas directas, aparición de boletines y letreros en las paredes, que hacían presumir que miembros de la Fuerza Pública anunciaban la redención de esa población, documentos respaldados con los testimonios de la alcaldesa municipal y algunos miembros del Concejo, como Jael Cano y otros, dando cuenta de los hostigamientos y del ambiente de zozobra y terror que se vivía en Segovia, en octubre y noviembre de 1988, así como también se allegaron unos sufragios, enviados a los concejales.
Agrega la Procuradora que aún después de la masacre, se repartió el pasquín titulado “La Voz de la Verdad” y un “Comunicado a la opinión pública”, informando que los autores de los crímenes habían sido miembros de las FARC y del ELN, por lo que en su criterio, el delito de terrorismo acá investigado “se estructura a partir de los actos anteriores (26 y 27 de octubre), los del 11 de noviembre y los posteriores a la masacre de Segovia” (pág. 90 del concepto).
En consecuencia, según señala el Ministerio Público, las actuaciones de los miembros de la Fuerza Pública no se limitaron a la elaboración y distribución de panfletos y escritos murales anónimos, que se adecuarían como modalidades de los medios descritos en el inciso 2º del artículo 1º del decreto 180/88, porque rompe con el sentido común y la lógica tratar de subsumir en ese inciso los disparos, amenazas, y desprotección de la población civil, colocando en peligro la vida y la integridad de las personas, comportamientos que claramente se tipifican en el inciso 1º, donde no se determina el medio y la capacidad de daño.
Por tanto, conceptúa que no hubo errónea aplicación del inciso 1º del artículo 1º del decreto 180/88, y a partir de la decisión de la Corte Suprema del 15 de febrero de 1989 se estableció la adecuación de la conducta en ese artículo; si bien no se especificó allí si se trataba del inciso 1º o del 2º, esto se suple con la manifestación de la Sala al referirse a: 1) elaboración y distribución de panfletos; 2) elaboración de graffittis; y 3) la realización de actos amenazantes, puesto que aunque las dos primeras conductas podrían subsumirse en los llamados “medios anónimos” del inciso 2º, no así los “actos amenazantes”, que además requieren de una valoración adicional, consistente en que tengan la virtualidad de causar estragos.
Por tales razones, considera la Procuraduría que la aducida violación directa, por aplicación de dicho inciso 1°, carece de fundamento.
2. 2.- Violación indirecta de la ley sustancial.
En cuanto al cuerpo 2° de la causal 1ª, analiza las demandas presentadas por los defensores de BÁEZ GARZÓN, LONDOÑO TAMAYO y HERNÁNDEZ NAVARRO, por error de derecho por falso juicio de legalidad, y el primero de éstos invoca además falso juicio de convicción; igualmente las de los apoderados de VALENCIA VIVAS, HERNÁNDEZ NAVARRO y CHACÓN LASSO, quienes invocan error de hecho por falso juicio de identidad.
2. 2. 1.- Error de derecho por falso juicio de legalidad.
En lo referente al cargo propuesto por los abogados de BÁEZ GARZÓN y HERNÁNDEZ NAVARRO, enunciado que la prueba que se considera fundamental para sustentar el fallo condenatorio se aportó contraviniendo las normas que regulan su incorporación, y a la referencia de manera equivocada, por el primero, en cuanto el Tribunal Nacional, en la sentencia del 14 de abril de 1999, habría otorgado plena credibilidad a la declaración de Alonso de Jesús Baquero Agudelo, recibida el 29 de febrero de 1996, sin reunir los requisitos instituidos en los artículos 246 y 294 del anterior estatuto procesal penal, por lo cual no podía ser asumida como plena prueba para condenar, según las previsiones del artículo 247 ibídem, opina que ese cargo debe ser desestimado, por las siguientes razones:
Luego de cobrar ejecutoria la resolución de acusación el 26 de octubre de 1995, cuando fue confirmada la de primera instancia por parte de la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional, se envió el diligenciamiento a los Juzgados Regionales de esta ciudad; el Juez asignado, mediante auto de 21 de noviembre de 1995, abrió el juicio a pruebas por el término de 20 días e incluso concedió prórroga al defensor de JORGE ELIÉCER CHACÓN LASSO.
Dentro de este lapso, fue recibida, por duplicado, fotocopia auténtica de la indagatoria rendida por Alonso de Jesús Baquero Agudelo, remitida por la Dirección Regional de Fiscalías, por lo cual, vencido el término respectivo, el Juzgado Regional, mediante auto de 16 de febrero de 1996, respondió a las peticiones de nulidad y de pruebas, entre ellas la ampliación de declaración de Baquero Agudelo, solicitada por la entonces defensora de MONSALVE MONSALVE, la cual ordenó.
Resalta la señora Procuradora Delegada que el artículo 255 del decreto 2700 de 1991 establecía que las pruebas practicadas válidamente en una actuación judicial o administrativa, dentro o fuera del país, podían trasladarse a otra en copia auténtica y apreciarse de acuerdo con las reglas previstas en el estatuto adjetivo; aunque el 186 ibídem estatuía como providencia de notificación obligatoria la que ponía en conocimiento de las partes la prueba trasladada, con el fin de enterar a los sujetos procesales de su existencia, la primera formalidad se cumplió, así como la finalidad de la segunda, lo que infiere de la petición de la aludida defensora, presentada el 29 de enero de 1996, cuando alude a haber sido anexada al proceso la declaración rendida en Palmira el 10 de enero de 1996, por Alonso de Jesús Baquero, alias “Vladimir”.
Por otra parte, indica el Ministerio Público que el Capitán CHACÓN LASSO, en su ampliación de indagatoria aludió a tales declaraciones (fs. 282 y 283 cd. 10), y la ampliación de testimonio se ordenó inicialmente para el 14 de marzo de 1996, solicitando el Juez Regional el traslado de ese declarante de la cárcel de alta seguridad de Palmira a esta ciudad pero, desconociéndose las razones para no haberse recibido ese día, por auto de 20 de marzo siguiente se fijó nueva fecha para el 27 de ese mes, cuando se llevó a cabo, sin la presencia de la abogada solicitante, quien posteriormente manifestó no haber concurrido por enterarse de la fecha luego de realizada la diligencia, pero de conformidad con lo acotado por el Juez Regional, la actuación estuvo a disposición de los sujetos procesales y la omisión de la defensora no podía ir en detrimento del desarrollo de la etapa del juicio.
En consecuencia, considera la representante de la sociedad que la incorporación de las pruebas remitidas por la Fiscalía Regional no puede ser considerada ilegal, por tratarse de documentos auténticos, producidos ante autoridad judicial, teniendo de hecho acceso a ellas las partes, garantizándose el derecho de contradicción.
2. 2. 2.- Error de derecho por falso juicio de convicción.
Sobre este cargo, formulado de manera adicional por el defensor de MARCO HERNANDO BÁEZ GARZÓN, estima el Ministerio Público que incurre en doble desacierto al referirse en este capítulo a la aducción de la declaración de Alfonso de Jesús Agudelo Baquero, pero al tratar de desarrollarla pasa por alto que esa censura no es posible invocarla bajo el marco de la normatividad procesal penal.
Basa lo anterior en jurisprudencia reciente de esta Sala, en cuanto al no existir en nuestro ordenamiento la tarifa legal de pruebas, no es dado establecer valores de credibilidad o de persuasión respecto del medio probatorio, y si surgiera la probabilidad de que el fallador se hubiera apartado drásticamente de los principios de la sana crítica, “al punto de llegar a suponer o pretextar un fundamento empírico, lógico o científico que no surge del material probatorio, es un despropósito directamente relacionado con los hechos y no con las normas, razón por la cual el error configurado es de hecho y no de derecho” (pág. 98 del concepto).
Así mismo destacó la funcionaria, que de acuerdo con lo analizado por la Corte en sentencia del 20 de agosto de 1998, Magistrado ponente Fernando Arboleda Ripoll, si el error se origina en el proceso de fijar racionalmente el mérito de la prueba por desatención de las reglas de la sana crítica, “que la apreciación realizada por los juzgadores se aparta de los postulados de la lógica, la ciencia y la experiencia, y que de no haberse presentado, la decisión habría sido sustancialmente distinta” (pág. 98 ib.), modalidad de error que actualmente se conoce como falso raciocinio, y por lo mismo, si el censor pretendía cuestionar la manera como el fallador apreció el testimonio de Baquero Agudelo, la vía adecuada era a través del error de hecho, bien por falso juicio de identidad o por falso raciocinio. Al no efectuarlo de este modo, el reproche no prosperará.
2. 2. 3.- Error de hecho por falso juicio de identidad.
Señala la representante del Ministerio Público que en las demandas en defensa de los oficiales, se invoca violación indirecta de la ley sustancial, por error de hecho por falso juicio de identidad, pero incurren en la falla técnica de mezclarlo con falso raciocinio. Precisa tales falencias así:
“Así ocurre por ejemplo en la demanda presentada a nombre de VALENCIA VIVAS cuando se afirma que el argumento de los falladores que ‘determina la distorsión del contenido material de la prueba’, respecto de la parsimonia para trasladar las tropas ‘riñe con las reglas de la sana crítica’; que está en ‘contravía de la lógica’ señalar en la sentencia que días antes de los hechos hubo un simulacro de asalto de Segovia y se repartió volantes; que es equivocada la ‘deducción de los falladores’ en cuanto a que este procesado sea autor o partícipe de la redacción, confección o distribución de graffittis o volantes; que ‘el razonamiento del sentenciador’ no corresponde a lo vertido por los testimoniantes; que es ‘subjetiva y totalmente ausente de la sana crítica’ la inferencia del fallador respecto de que este procesado hacía parte del truculento grupo M.R.N. por haber acompañado a LONDOÑO a las instalaciones de la Frontino Gold Mines; y que ‘la argumentación del fallador ulcera la lógica, arrasa con la experiencia y desecha el buen sentido común’.
Igual ocurre en el caso de la demanda del defensor de CHACÓN LASSO, cuando se asevera que se tergiversaron los testimonios porque ‘nadie ha dicho que el capitán CHACÓN LASSO hubiese distribuido anónimos, panfletos o circulares’; ‘no estaba en condiciones operativas para reaccionar’; ‘Baquero Agudelo no podía involucrarlo en los sucesos del 27 de octubre’; ‘ningún declarante lo menciona’; ‘sin analizar las versiones de los testigos, los falladores concluyeron que días antes se había realizado un simulacro de asalto a la población de Segovia’; y porque las ‘declaraciones en que se sustenta el fallo fueron adoptadas con desapego de la sana crítica’.
Y en la demanda de HERNÁNDEZ NAVARRO se fusiona el falso juicio de identidad con el falso juicio de existencia, cuando se asegura que fue tergiversado el contenido de la denuncia presentada por Luis Eduardo Sierra, al tiempo que se omitió ‘prueba documental y testimonial que demuestran lo contrario de lo afirmado en la resolución acusatoria y en la sentencia condenatoria’.” (Pág. 99 ib.).
Analiza la Procuradora que, según lo ha venido sosteniendo la jurisprudencia, “el falso juicio de identidad es de carácter objetivo contemplativo”, mientras que el falso raciocinio es de “carácter apreciatorio”, referido al valor crítico de la prueba, “sin desfigurarla, distorsionarla o tergiversarla, porque supone el respeto por su contenido fáctico” (pág. 100 ib.), diferentes del falso juicio de existencia por omisión, que se presenta cuando el sentenciador desconoce o ignora el reconocimiento y estimación de una prueba válidamente incorporada al expediente, pero en ese caso, se debe individualizar el medio probatorio y realizar un nuevo examen incluyéndolo para pasar a demostrar que el resultado del fallo habría sido diferente, de no haber mediado el yerro denunciado.
En consecuencia, “resulta equivocado mezclar el falso juicio de identidad con el falso juicio de existencia por omisión”, porque cada censura tiene método de formulación propio, además que existe contradicción al pretender combinarlas, pues no es posible tergiversar lo que se ha omitido, salvo que se suprima una parte de la prueba, posibilidad que no fue insinuada.
Concluye de lo anterior, que si los demandantes pretendían reprochar el valor probatorio otorgado por los falladores a la luz de la sana crítica, debieron presentar el cargo por falso raciocinio, siendo imprescindible demostrar, en cada caso, la regla de la ciencia, de la lógica o de la experiencia supuestamente desconocida.
Por otra parte, tampoco considera que existiese el error predicado por los casacionistas, pasando a examinar la valoración probatoria en conjunto realizada por los falladores, de acuerdo con la cual el Tribunal emitió la sentencia de condena cuestionada, de la variada forma que a continuación se relaciona con literales:
a-) Analizando en conjunto el contexto probatorio, el Tribunal Nacional concluyó que los hechos ocurridos el 11 de noviembre de 1988 causaron alarma, conmoción, terror y perturbación del orden público en Segovia, y que los sucesos del anterior mes de octubre en esa misma población no fueron aislados, sino producto de una labor coordinada con los miembros de la Fuerza Pública, que no puede escindirse del delito de terrorismo. Así considera la Procuraduría que lo planteó la Corte Suprema al dirimir el conflicto de competencia entre la justicia ordinaria y la castrense, al no cerrar “las puertas al estudio” de las omisiones “que no guarden relación con la actividad militar o los actos de servicio” (sic), cuando se vivía un ambiente de incertidumbre a raíz de las masacres en “Honduras” y “La Negra”, el 3 de marzo, y en “La Mejor Esquina”, el 3 de abril, todo en 1988.
b-) Además de las comunicaciones enviadas al Procurador General de la Nación en octubre de dicho año, en las cuales la Inspectora de Policía y el Presidente del Concejo daban a conocer el hostigamiento de que era víctima la población por parte de la Fuerza Pública y el grupo “Muerte a Revolucionarios del Nordeste” (“M. R. N.”), varios testigos, como la alcaldesa de entonces Rita Ivonne Tobón Areiza, los concejales Jael Cano y Juan de la Cruz Hernández y la inspectora Doris Aidé Ruiz, declararon que hubo anuncios verbales y escritos de parte de militares, como el efectuado a través de “La Voz de la Verdad”, respecto de la inminente aparición del citado movimiento, para atacar a simpatizantes de la Unión Patriótica.
c-) Lo anterior fue confirmado testimonialmente, sobre haberse efectuado simulacros de tomas guerrilleras, en acción combinada entre miembros del Ejército y de la Policía, con el propósito de enviar a los pobladores a recluirse temprano, para facilitar en la noche la distribución de volantes y pintar las paredes de las casas, con anuncios de la llegada de los “realistas” para “redimir” a Segovia de la subversión, resaltándose en la sentencia que, por ejemplo, Jesús Virgilio Gómez Suárez vio al Teniente HERNÁNDEZ, junto con otros militares, con los tarros de aerosol.
d-) También puntualizó la mencionada alcaldesa, que el 26 de octubre de 1988 apreció que se hacían disparos y que los volantes eran repartidos por una persona que salió del Comando de Policía, en compañía de varios agentes, aseveración respaldada con los testimonios de Luis Carlos Muñoz Zapata, María Patricia Restrepo y otros pobladores del municipio, que rindieron testimonio entre noviembre de 1988 y febrero de 1989.
e-) Jorge Eliécer Bustamante Sánchez y Ezequiel de Jesús Pérez, empleados de Frontino Gold Mines, informaron que en el mimeógrafo de tal empresa fueron impresos los volantes repartidos, con participación de miembros del Ejército y la Policía, la noche del 26 de octubre, corroborándolo la atestación de Hernán Darío Londoño Henao, quien agregó que por las calles se mantenían soldados, haciendo disparos para atemorizar a la población, en complicidad con unidades de Policía.
f-) Fueron allegados al proceso sobres de mensajes admonitorios, enviados a miembros de la administración municipal y a concejales, recibidos por el mensajero de Adpostal de manos de un soldado, y cuando el 27 de octubre de 1988 se celebró un paro nacional promovido por las centrales obreras, según lo refirió Wilson Alirio Vargas Sierra, patrullas mixtas de la Policía y el Ejército retuvieron a varias personas, llevándolas al INEM, en donde fueron amenazados los estudiantes de X y XI, acusándolos de ser guerrilleros y asesinos y que pronto el M. R. N., por encargo de Dios, llegaría a pacificar a Segovia, amenazas que también profirieron contra Gustavo Darío Montoya y su hijo.
g-) Luis Eduardo Sierra, quien falleció en la masacre, también fue víctima de malos tratos y amenazas relacionadas con la llegada del M. R. N., por lo cual presentó denuncia penal contra un Teniente de la Base Militar de Segovia. En el literal q-) se mencionará de nuevo este aspecto.
h-) En oficio de 23 de noviembre de 1988, la Policía Judicial informó a la Unidad Investigativa que el grupo criminal que atacó a la población de Segovia había sido comandado por “Vladimir”, y el 11 de octubre del siguiente año, la Presidencia del Tribunal Nacional remitió copia del testimonio de Carlos Julio Quintero Carmona, incriminando a aquél como jefe de los sicarios que actuaron en esa matanza, sindicación confirmada por el mismo Alfonso de Jesús Baquero Agudelo, alias “Vladimir”, quien relató con lujo de detalles la manera como se hicieron los contactos con los comandantes de la Fuerza Pública, para coordinar lo relacionado con el operativo que culminó con la masacre investigada.
i-) Además, para tal fecha, habían sido cambiados el comandante y el subcomandante del Batallón Bomboná, así como, 15 días antes, relevado el comandante de la Estación de Policía, pero se demostró dentro del proceso que los habituales patrullajes militares se habían suspendido desde el 9 de noviembre, y el fatídico 11, día de pago de los trabajadores y por lo tanto los bares y cantinas tenían sus puertas abiertas, se retiró el servicio de escolta a la alcaldesa y a la concejal Jael Cano.
j-) Pasadas las 6 de la tarde, Betty Velásquez, su hermana y una vecina vieron dos camperos Toyota con varios hombres en su interior, en la única vía de acceso a Segovia, a escasos 8 minutos del Batallón Bomboná, los cuales a eso de las 7 de la noche, en unión de otro campero Daihatsu, iniciaron el fatídico recorrido por las calles del pueblo, lanzando granadas y disparando a todo aquello que se moviera, pudiendo apreciar los pobladores que uno de esos rodantes era conducido por un cabo del Batallón.
k-) Como medio de defensa del Capitán CHACÓN LASSO, se allegó la transcripción de la grabación de una entrevista, supuestamente concedida a un periodista de Caracol en medio del asalto, pero el periodista Luis Alberto Mogollón Gil desmintió su originalidad, situación corroborada por ese medio de comunicación, anotando que la entrevista se había recibido el sábado 12 de noviembre de 1988.
l-) Terminado el asalto en el casco urbano, de regreso a Puerto Berrío y Remedios, frente a las instalaciones del Batallón dieron muerte a dos personas, hirieron al conductor de una buseta y mataron a una de sus pasajeras, y entre ráfagas de disparos, decían que pronto volverían por los que faltaban, sin reacción alguna de los militares, que sólo se presentaron media hora después, mientras que la Policía salió del cuartel como 15 minutos más tarde, y aunque el Capitán CHACÓN adujo haber llegado el 27 de octubre, manifestándose ajeno a la coordinación del genocidio, la alcaldesa declaró que durante la arremetida se había comunicado permanentemente con él como Comandante de la Estación y éste a su vez con el Batallón Bomboná, y sólo media hora después de tener noticia de la muerte del zapatero del pueblo, CHACÓN dio la orden de salir.
m-) También tuvo en cuenta el ad quem, que después de la matanza, Alberto Rafael Ávila Ayala vio que uno de los vehículos aludidos fue hasta el Batallón y dejó allí una persona. La alcaldesa quiso tomar fotos de la masacre, pero fue obstaculizada por el oficial del Ejército que se encontraba presente; así mismo, el Teniente HERNÁNDEZ NAVARRO fue visto en el sepelio colectivo fotografiando a los concurrentes y, después de todo, “Vladimir” señaló que “Rastrillo” le había informado que todo lo coordinado con la Base había salido al pie de la letra, sin contratiempo para los muchachos, de donde deduce la Procuradora que no es posible separar los actos realizados por los miembros de la Fuerza Pública antes, en o después de la masacre, porque todo concuerda como un plan preconcebido y anunciado.
n-) Aunque algunos testigos se refieren indistintamente a la “Fuerza Pública”, a “la Policía”, “el Ejército”, “el teniente”, “el capitán”, etc., ello no es óbice, en criterio del Ministerio Público, para individualizar la responsabilidad de quienes, como oficiales de cada cuerpo, intervinieron en los hechos investigados y, según el fallo, mucho antes de que llegara al proceso la versión de Baquero Agudelo, el expediente contenía abundante prueba testimonial y documental, de la cual se infería el acuerdo entre oficiales de la Fuerza Pública y el grupo de sicarios que aquél dirigió, encaminado a “no actuar” en la fecha de la masacre.
o-) No encuentra admisible la Procuradora que la omisión derivada de los hechos ocurridos el 11 de noviembre, sea la misma que sirvió para imputar simultáneamente los delitos de terrorismo y cobardía, pues también existió colaboración activa de los uniformados, como la intervención del cabo Raúl Ernesto Vargas Morales, y además esa omisión no tenía relación con la labor asignada por la Constitución Política a la Fuerza Pública ni, por lo mismo, con el servicio, ilicitudes que vulneran bienes jurídicos diversos, pues con el de cobardía se afecta el honor militar, propio y exclusivo de esa función, y con el terrorismo la seguridad pública.
p-) En cuanto a la crítica del defensor de VALENCIA de no haberlo recordado Baquero Agudelo, sino a un capitán Blandón, que no aparece relacionado entre los oficiales pertenecientes al Batallón Bomboná, estima el Ministerio Público, que resulta indiferente, al haberse señalado que acompañó al Teniente Coronel LONDOÑO a la “Frontino Gold Mines” a imprimir los volantes, con la explicación adicional del testigo Jorge Eliécer Bustamente en cuanto desde unos 9 años atrás los militares no utilizaban el mimeógrafo de esa empresa, contradiciendo el aserto del censor de que no era extraño que ese oficial acudiera a tal compañía a proveerse de papelería, observando que una cosa es pedir papel y otra utilizar el mimeógrafo.
q-) En relación con HERNÁNDEZ NAVARRO, acota la Procuradora que los juzgadores valoraron que días antes al 11 de noviembre dirigió simulacros de tomas guerrilleras, con el único fin de atemorizar a la ciudadanía; existen sindicaciones directas de haber amenazado a Luis Eduardo Sierra, “El Saíno”; que fue visto tomando fotos en los funerales de las víctimas; que días antes, con un Capitán Bernal, ingería licor y vociferaba contra un partido político; que fue visto utilizando tarros de aerosol, escribiendo letreros murales amenazantes contra los pobladores de Segovia; que había amenazado a la personera municipal. Las amenazas contra Sierra fueron respaldadas con los testimonios de Luz Marina Restrepo Cadavid y Marleny Restrepo Oquendo.
Por todas estas acotaciones, concluye el Ministerio Público que no hubo distorsión, tergiversación, ni quebrantamiento de las reglas de la sana crítica por parte de los falladores, como equivocadamente plantean los demandantes y, por tanto, este último cargo tampoco puede prosperar. Concatenando todo lo anterior, impetra no casar la sentencia impugnada.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1.- Tal como lo analizó la representante del Ministerio Público, por razones de metodología se empezará estudiando, de la manera conjunta que permite su similitud, las demandas presentadas por los defensores de los civiles FRANCISCO ANTONIO DE JESÚS MONSALVE MONSALVE y CARLOS MARIO RUIZ VILLA. De conformidad con el principio de prioridad a que se alude en el escrito del segundo, es pertinente presentar el cargo de nulidad como principal, atendiendo la mayor cobertura e incidencia que puede arrojar, con la potencialidad de hacer innecesario el estudio de los restantes reproches. Esta sencilla consideración no fue tomada en cuenta por ninguno de dichos libelistas.
También se observa como falencia técnica olvidar que, aun cuando se acuda a la causal tercera, la demanda de casación no es un escrito de libre formulación porque, como se ha reiterado jurisprudencialmente, la impugnación extraordinaria no es una tercera instancia y ha de cumplir unos requisitos técnicos legalmente fijados (art. 225 C. de P. P. anterior, 212 actual). Esta Sala, en el proceso de radicación N° 16.463, el 12 de marzo de 2001, con ponencia del Magistrado Jorge Aníbal Gómez Gallego, expuso:
“Aunque la censura por nulidad permite alguna amplitud en su proposición y desarrollo, el escrito en el que se invoca no es de libre formulación por cuanto la demanda, como acontece con las demás causales, debe cumplir con insoslayables requisitos de claridad y precisión, dado que si se trata de un medio para preservar la estructura del proceso y las garantías de los sujetos que en él intervienen, quien la aduzca no sólo debe acatar los principios que rigen la casación, sino que también ha de correr con la carga de una adecuada sustentación, dejando claramente establecido entre otros aspectos, el motivo de la nulidad, la irregularidad sustancial que alega, la manera como ésta socava la estructura del proceso o afecta las garantías de las partes, la incidencia trascendente en el fallo, con la demostración de que de no haberse incurrido en ella otra hubiera sido la decisión, así como también el señalamiento del momento procesal en que queda el proceso luego de invalidar la actuación viciada.”
Por los enfoques convergentes que se presentan entre las diversas demandas, a este ataque por la causal tercera regresará la Sala en el punto 4.-.
2.- Por otra parte, contrariamente a lo sostenido, sin la debida claridad, por el defensor de CARLOS MARIO RUIZ VILLA, en cuanto al cargo de violación indirecta, por error de hecho en cuanto se “supuso verdaderas las declaraciones rendidas por el ex guerrillero amnistiado Alonso de Jesús Baquero Agudelo” y fueron distorsionadas otras pruebas, se observa que el juzgador analizó los testimonios de este individuo, sin tal suposición de verdad, sino que le dio credibilidad, según las reglas de la sana crítica, al concatenarlo con testimonios como el de Daniel Gil Montoya.
A pesar de la pretensión del censor de no poderse creer en las declaraciones de quienes, como éste último, aseveraron haber observado a su defendido la noche de los hechos, aduciendo que no pudieron verlo porque llovía mucho y había tormenta eléctrica, no logra desvirtuar lo apreciado por el Tribunal como otro fundamento de la condena, al haber tenido oportunidad esos testigos de observarlo cerca, mientras otros, de oídas, escucharon que lo habían visto esa noche. Así sea palmario que se disminuya la visibilidad en la noche, no porque además haya tormenta se elimina la posibilidad de apreciar lo que ocurre alrededor, menos en distancias cortas y cuando, ante la magnitud de la tragedia que se desarrollaba, se agudiza la perceptibilidad.
Igual ocurre en relación con la pretensión del defensor de MONSALVE MONSALVE, en similar sentido.
En el fallo cuestionado, el Tribunal descartó razonadamente las pretensiones de estos sujetos procesales, en cuanto no asignarle credibilidad a “Vladimir”, por haber sido desestimado en otros procesos ante la Justicia Penal Militar y la Procuraduría; por el contrario, consideró el ad quem que además coincidía con lo referido en otros testimonios, “como el ex soldado de apellido Segura, alias ‘Mis ojitos’ y alias ‘Tato pequeño’… y con el de Luis Alberto Arrieta Morales, alias ‘Piraña’, de quien señaló ‘Vladimir’… lo acompañó a Segovia en las visitas previas a la masacre, confirma todos y cada uno de los recorridos que incluyeron estadas en el Batallón Bomboná y conversaciones con el Comandante del Puesto de Policía de Segovia y el Comandante del Batallón Bombona… que resultan acordes con las quejas elevadas por las autoridades municipales al Procurador General de la Nación, poniéndole de presente que se sentían intimidados por las autoridades militares y que observaban constante presencia de personal civil en las instalaciones del Batallón Bombona…” (f. 58 cd. Tribunal).
Así mismo, tomó en consideración el testimonio de Daniel Gil Montoya, quien afirmó que “cuando se dirigía hacia la calle ‘Reina’, se percató de que seis personas que se desplazaban al lado de un carro amarillo, disparaban indiscriminadamente, reconociendo a tres de los atacantes, dos de ellos, los hermanos CARLOS MARIO y MARCO ANTONIO RUIZ VILLA y el tercero como OTONIEL, de quien no conoce su apellido, pero aporta su precisa descripción, lo mismo que el lugar de su habitación, reconociendo a quien aparece en el retrato hablado que obra al folio 24 del cuaderno Nº 2, como MARCOS RUIZ VILLA, alias ‘Yeyo’…” (f. 63 ib). Agregó el fallador:
“Por su parte, MIGUEL ANGEL CARRILLO se movilizaba en su vehículo en el preciso instante en que se dio inicio a la masacre y narra que él fue atacado por un cabo de la Policía que había laborado en la población, de apellido OCAMPO y por otra persona que se le conoce como CUASI, otro agente retirado de la Policía del que no recuerda el nombre pero que vivió en el barrio Bolívar (Marco Antonio Ruiz) y de OTONIEL URIBE (fl. 312 C. 2).”
Especial preponderancia otorga la Sala al testimonio en mención, pues es indudable que a la distancia que narra fue atacado, pudo percibir con precisión los detalles físicos de sus atacantes y por ello de manera precisa así los vierte en el proceso (fl. 312 C. 2).
CARLOS EMILIO LÓPEZ (fl. 361 C. 5), es enfático en afirmar que desde el interior de su vivienda pudo observar que, dentro de los sicarios, se encontraban los hermanos RUIZ VILLA y OTONIEL URIBE, especificando las circunstancias modales que precedieron a la observación.” (Fs. 63 y 64 cd. Trib.).
Del análisis de esos testimonios y el de la alcaldesa de entonces, así como de algunos concejales y testimonios de oídas sobre la participación de los hermanos RUIZ VILLA, uno de los cuales falleció cuando se hallaba en detención preventiva, al igual que de FRANCISCO ANTONIO DE JESÚS MONSALVE MONSALVE, el ad quem extrajo credibilidad, aplicando las reglas de la sana crítica, lo cual no es reprochable en casación, al haber consagrado el estatuto procesal penal colombiano el sistema de valoración que confiere al fallador la facultad de formar su convencimiento racional, con acatamiento de las leyes de la ciencia, las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia.
Aunque uno de los impugnantes anota que el Tribunal se apartó de la sana crítica al apreciar esos testimonios, señalando que supuso unas pruebas y distorsionó otras, así como “supuso verdadero” lo depuesto por Baquero Agudelo, falla en la demostración del cargo, incurriendo en generalidades, como aseverar que cuando llueve copiosamente y hay tormenta eléctrica no es posible apreciar a otra persona en la oscuridad, sin acotaciones específicas sobre distancia, luz artificial, etc.
Precisamente, en cuanto a la censura acerca de los testimonios en contra de FRANCISCO ANTONIO DE JESÚS MONSALVE MONSALVE, alias “Cuasi” o “Kinkon” y de CARLOS MARIO RUIZ VILLA, alias “Pecas” o “Yeyo”, sólo se observa la formulación del criterio personal frente al análisis razonado del juzgador, sin alcanzar a demostrar tergiversación o distorsión en el análisis judicial, deviniendo además intrascendente para deducir un yerro en el fallo atacado, con posibilidad de cambiar su sentido, por lo cual, los cargos de ser la sentencia violatoria de la ley sustancial, por la vía indirecta, por errores de hecho en la valoración probatoria, no están llamados a prosperar.
Lo mismo ocurre con el cargo presentado en la demanda del defensor de CARLOS MARIO RUIZ VILLA, referido a la violación indirecta por falso juicio de apreciación probatoria, considerado jurisprudencialmente como falso raciocinio, pero que se limita a volver a manifestar que testigos como Ana Rosa Cadavid, Miguel Angel Carrillo, Rosalba Posada, Fabio Arnoldo Jaramillo, José Antonio Palacios y Mario de Jesús Sánchez, en especial este último quien dijo haber visto a CARLOS MARIO RUIZ VILLA el día de los hechos en Segovia, y suministra detalles de su actividad, por la lluvia y la tormenta eléctrica no pudieron ver esos hechos. A las sólidas conclusiones a que arribó el Tribunal, tal como se ha venido analizando, el impugnante opuso su particular apreciación para que fuera preferida por la Corte, lo cual no es admisible en sede de casación.
No puede constituir la simple discrepancia de pareceres un yerro en que haya incurrido el juzgador, ni trascender para que su corrección conlleve a variar el fallo, puesto que la apreciación del sentenciador viene acompañada de la doble presunción de acierto y legalidad que, en el caso bajo estudio, no consiguen desvirtuar estos impugnantes, no resultando, en consecuencia, demostrado el yerro a que hacen alusión.
En consecuencia, la censura no está llamada a prosperar.
3.- En cuanto al cargo formulado de manera común por los defensores de FRANCISCO ANTONIO MONSALVE MONSALVE y CARLOS MARIO RUIZ VILLA, al amparo también de la causal tercera, por haberse dictado la sentencia en un proceso viciado de nulidad por la omisión de una prueba en el juicio, concretamente la ampliación de declaración de Alonso de Jesús Baquero Agudelo solicitada por la defensora para también efectuar reconocimiento en fila de personas, se observa que fue enunciado de manera contradictoria, pues en la demanda a favor de RUIZ VILLA se acepta que el Juez Regional la ordenó y practicó, pero la defensora no se alcanzó a enterar. Al pretender desarrollar el cargo, se acude a la violación directa de la ley sustancial, para pasar a afirmar que podría ser indirecta por falso juicio de legalidad, ambivalencia que ostensiblemente viene a contrariar la técnica de casación, en un cargo que, por lo demás, ningún sustento ofrece como reproche válido y trascendente, que pudiese hacer variar el fallo impugnado.
4.- Dilucidado lo anterior, procede estudiar el cargo común formulado como principal en las demandas de los oficiales y secundariamente en las de los dos civiles referidas en el punto primero de estas consideraciones. Al amparo de la causal tercera de casación, se predica que el juicio está viciado de nulidad, por incompetencia funcional de la justicia ordinaria y desconocimiento de corresponder a la Penal Militar, reproche al que se unen los defensores de MONSALVE MONSALVE y RUIZ VILLA, quienes estiman que estos civiles también debieron ser juzgados por la especialidad castrense, porque los delitos por los cuales fueron condenados les fueron imputados como auxiliadores de los miembros de la Fuerza Pública.
Razón tiene la representación del Ministerio Público, en cuanto carece de sustento legal y constitucional que civiles puedan ser sometidos a una jurisdicción que expresamente los excluye, ya que la Constitución Política de 1991, bajo cuyo amparo se adelantó la etapa del juicio, descarta categóricamente esa posibilidad, aún en estado de excepción, como se lee en el inciso final de su artículo 213: “En ningún caso los civiles podrán ser investigados o juzgados por la justicia penal militar”, disposición que deja sin mínima base la alegación de nulidad por tan supuesta incompetencia funcional.
Por el contrario, por carecer de relación alguna con el servicio que está a cargo de las fuerzas del orden los comportamientos enrostrados, constitutivos de terrorismo, también los oficiales del Ejército y de la Policía Nacional fueron investigados y juzgados por la jurisdicción común, de conformidad con la previsión del artículo 221 de la Carta Política, modificado por el Acto Legislativo N° 02 de 1995, que sustituyó el 170 de la anterior Constitución y enfatiza que “De los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o tribunales militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar”.
Siendo palmario que el cargo de nulidad, por supuesta incompetencia, planteado por la defensa de los civiles MONSALVE MONSALVE y RUIZ VILLA, no prospera, tampoco tendrá el resultado que se demanda en los libelos a nombre de los oficiales.
Tal pretensión fue invocada ante el Juzgado Regional, que la negó en la sentencia de primera instancia, por haber sido un tema debatido y definido por la Corte Suprema de Justicia e irregularmente reobservado por el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, quedando la entonces llamada justicia regional con la competencia para conocer del delito de terrorismo, por el que habían sido convocados a juicio los miembros de la Fuerza Pública a que se ha venido efectuando alusión.
El Tribunal Nacional, al examinar este aspecto, se abstuvo de considerar la solicitud de anulación, apoyándose en providencia de esta Sala de fecha 9 de julio de 1990, M. P. Edgar Saavedra Rojas, referida a que cuando se dirime un conflicto de competencia, “el funcionario provocado o su superior funcional, ha de decidir, en definitiva, a quien corresponde el adelantamiento de la actuación, en decisión que no es susceptible de recursos y que hace tránsito a ejecutoria material, esto es, se convierte en ley del proceso inmodificable, a no ser que por cualquier motivo cambien las circunstancias materiales o legales que dan origen al juzgamiento”.
Tal como se destacó en el acápite de “ANTECEDENTES PROCESALES” de este fallo, si la Corte mediante auto de fecha 15 de febrero de 1989, definió la colisión de competencias suscitada entre la Justicia Penal Militar y la entonces denominada de Orden Público, manifestando que en relación con los oficiales hasta ese momento acusados de terrorismo, “ninguna relación guarda con la prestación del servicio ni con la función militar”, aunque esa imputación se concretaba, en el respetivo estado procesal, a los vinculados ALEJANDRO LONDOÑO TAMAYO, EDGARDO ALFONSO HERNÁNDEZ NAVARRO y JORGE ELIÉCER CHACÓN LASSO, decisión adoptada según las previsiones del artículo 170 de la Constitución entonces vigente, al no haber variado el fundamento de la competencia en el artículo 221 de la Carta actual, esa decisión tenía carácter de cosa juzgada, con fuerza vinculante.
No podía ser desconocida por los juzgadores, mucho menos cuando el delito de terrorismo imputado a los miembros de la Fuerza Pública no se circunscribió únicamente a los hechos ocurridos el 11 de noviembre de 1988, sino a los realizados desde el mes anterior en Segovia, “por su actuación encaminada a sembrar la zozobra y perturbar la paz pública, y el sosiego de la población de Segovia, con la elaboración de panfletos, graffittis y la realización de actos amenazantes contra la ciudadanía” (negrilla fuera de texto, f. 4 cd. Corte).
Esa definición de competencia tuvo como fundamento el artículo 170 de la Constitución de 1886, pero sus presupuestos no variaron en el 221 de la Carta Política de 1991, cuyo alcance, como bien lo acotó la representante del Ministerio Público, fue precisado por la Corte Constitucional en sentencia C-358 de 1997, análisis concretado por esta Sala en sentencia del 21 de febrero de 2001, radicación 12.308, siendo ponente el Magistrado Jorge Aníbal Gómez Gallego, así:
“Conforme a la interpretación restrictiva que se impone en este campo, un delito está relacionado con el servicio únicamente en la medida en que haya sido cometido en el marco del cumplimiento de la labor –es decir del servicio- que ha sido asignada por la Constitución y la ley a la Fuerza Pública…
La expresión ‘relación con el mismo servicio’, a la vez que describe el campo de la jurisdicción penal militar, lo acota de manera inequívoca. Los delitos que se investigan y sancionan a través de esta jurisdicción no pueden ser ajenos a la esfera funcional de la fuerza pública. Los justiciables son únicamente los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, cuando cometan delitos que tengan ‘relación con el mismo servicio’. El término ‘servicio’ alude a las actividades concretas que se orienten a cumplir o realizar las finalidades propias de las fuerzas militares –defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional- y de la policía nacional –mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y la convivencia pacífica-.”
Allí mismo agregó la Corte Suprema, en cuanto a los presupuestos para ser cobijado por la Justicia Penal Militar:
“Tal definición, según el fallo de constitucionalidad examinado, exige tres precisiones:
a) Que el hecho punible debe surgir como una extralimitación o un abuso de poder ocurrido en el marco de una actividad conectada con una función propia del cuerpo armado;
b) Que en el caso de conductas punibles de inusitada gravedad, por ser abiertamente contrarias a la función constitucional de la fuerza pública, de una vez se rompe el nexo funcional del agente con el servicio; y
c) Que la relación del hecho punible con el servicio debe surgir claramente de las pruebas que obran en el proceso.”
Por ello, no deja de sorprender la decisión del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, que el 18 de febrero de 1997, volviendo a dirimir una colisión de competencia, esta vez suscitada de manera irregular, mediante la cual aunque mantuvo incólume la competencia para continuar investigando el delito de terrorismo en la justicia regional, consideró que los delitos de concierto para delinquir, homicidio y lesiones con fines terroristas, perpetrados el 11 de noviembre de 1988, podían tener relación con la omisión de apoyo a la ciudadanía, encuadrable en un delito per se, inherente a ese servicio, en lo referente a los punibles atribuidos a los miembros de la Fuerza Pública, y directamente envió los cuadernos de copias al Comando de la XIV Brigada del Ejército, para dar cumplimiento a lo ordenado.
Pero eso ya fue determinado así por el órgano ahora llamado a desatar esa clase de colisiones de competencia. Con todo, si la justicia ordinaria mantuvo la obligación de juzgar a los integrantes de las Fuerzas Armadas por el delito de terrorismo, mal puede admitirse que por la cesación de procedimiento a su favor por el delito de cobardía, ese sí de naturaleza eminentemente castrense, al igual que por el concurso de delitos de concierto para delinquir, homicidios y lesiones personales con fines terroristas, relativos a lo acaecido el 11 de noviembre de 1988, se haya desconocido el principio non bis in ídem o el de la cosa juzgada.
Los actos encuadrados en el terrorismo difieren de los otros, y aunque puedan concurrir según el precepto que define esa conducta ilícita, ya fue definida la competencia, sin poderse desconocer que habiendo sido vinculados por ese delito los oficiales acusados en el presente proceso, no obstante que en un principio la medida de aseguramiento no hubiera afectado a todos los indagados, tampoco se les cesó procedimiento, lo que implica que continuaban vinculados a la investigación pertinente, como en efecto ocurrió.
5.- Tampoco tienen prosperidad los cuestionamientos efectuados en la demanda formulada por el defensor de EDGARDO ALFONSO HERNÁNDEZ NAVARRO, sobre la presunta vulneración al derecho de defensa porque en los alegatos previos a la calificación sólo se analizó lo concerniente al terrorismo y fue llamado a juicio por ésta y otras conductas punibles, para en la sentencia no mencionarse ninguna de estas últimas.
Al reiterar la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura la competencia de la Justicia Regional para seguir conociendo del terrorismo imputado a los oficiales y quitársela respecto del concierto para delinquir en concurso con los punibles de homicidio y lesiones personales con fines terroristas, se envió al despacho militar, directamente, copias de la actuación y correspondía a los funcionarios de dicha justicia especial adecuar el trámite, mientras el Juez Regional quedó circunscrito, respecto de los miembros de la Fuerza Pública, a pronunciarse sobre el delito de terrorismo.
En consecuencia, tampoco es real que con la sentencia proferida por la Justicia Regional se hubiera desconocido el principio non bis in ídem, ni de la cosa juzgada, como también sostiene el defensor de MARCO HERNANDO BÁEZ GARZÓN, aunque allí se les hubiera cesado procedimiento por el delito de cobardía y el concurso de concierto para delinquir, homicidios y lesiones personales con fines terroristas, perpetrados el 11 de noviembre de 1988, porque fue en el proceso continuado en la jurisdicción común donde se investigó y juzgó el delito de terrorismo perpetrado desde octubre de 1988 y materializado ese fatídico 11 de noviembre, existiendo incluso actos posteriores.
6.- Igualmente, se analizará lo concerniente a la falta de competencia territorial del Juzgado Regional, a partir de la etapa del juicio, al igual que del Tribunal Nacional y de la Sala Penal de Descongestión Especializada del Tribunal Superior de Bogotá, planteada en las demandas en defensa de HERNÁNDEZ NAVARRO y RUIZ VILLA.
Al respecto, también considera la Sala acertado el concepto del Ministerio Público, porque cuando el Ministro de Justicia cambió de radicación este proceso, mediante resolución Nº 3519 del 21 de diciembre de 1989, en desarrollo del artículo 81 del decreto 050 de 1987, lo hizo en virtud de una norma del estatuto procesal penal entonces vigente que le otorgaba esa competencia:
“Cambio de radicación especial. El Ministro de Justicia, cuando existan serios motivos para deducir que está en peligro la integridad personal del procesado, podrá variar el lugar de privación de la libertad o la radicación del juzgamiento que se siga contra los oficiales, suboficiales o agentes de la Policía Nacional,… aún cuando no se reúnan las condiciones generales establecidas para el cambio de radicación.”
De la lectura de este artículo, no se deduce que tal cambio de radicación fuese viable únicamente en la etapa sumarial, y que en el juicio no hubiera lugar a aplicar tal decisión, porque la norma hace relación al “juzgamiento” en forma abstracta, precepto que estuvo vigente hasta el 1° de julio de 1992, cuando entró a regir el decreto 2700 de 1991.
Claro está que ese cambio legislativo de ninguna manera le quitaba eficacia a la determinación ministerial, regularmente proferida en la vigencia de tan excepcional facultad.
Entre tanto, se habían proferido los decretos 2490 de 1988 (específicamente, art. 7°), en lo relacionado con los delitos de competencia de la jurisdicción de Orden Público, y 2790 de 1990 (art. 17) adoptado como legislación permanente por el 2271 de 1991 (art. 3°), manteniendo esa competencia especial para cambio de radicación, entre otros casos, en orden a proteger la seguridad del procesado, que fue la base de aquella determinación.
Por otra parte, si bien la Sala Penal de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá, después del 1º de julio de 1999, siguió conociendo el presente expediente, lo hizo para resolver la solicitud de aclaración y corrección aritmética de la sentencia del Tribunal Nacional, al igual que las peticiones de libertad de algunos procesados y para tramitar lo referente a la casación interpuesta por los acusados, con excepción de MARCOS ANTONIO RUIZ VILLA, quien falleció en el centro de reclusión, y que finalmente no sustentó JOSÉ OTONIEL URIBE CATAÑO. Eso, en razón de haber sido interpuesto el recurso de apelación contra la sentencia del Juez Regional en 1998, es decir, antes del aludido 1° de julio de 1999.
Por lo mismo, si bien es cierto que, como se anota en la demanda a nombre de RUIZ VILLA, “a la Sala Especializada de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, no le ha sido asignada competencia clara y expresa para conocer en segunda instancia de los recursos de apelación interpuestos con posterioridad al primero de julio de 1999”, como en este asunto dicha impugnación fue presentada y aún decidida antes de esa fecha, no hubo ninguna trasgresión al seguir tramitando esa Sala la segunda instancia para el proceso ya fallado, con mayor razón si esa competencia asignada por el artículo 37 transitorio de la ley 504 de 1999 estuvo vigente hasta el 4 de mayo de 2000, cuando fue declarado inexequible ese precepto, mediante sentencia C-392, con ponencia del Magistrado Antonio Barrera Carbonell.
En consecuencia, este cargo tampoco prospera.
7.- En cuanto a la nulidad planteada por los defensores de BÁEZ GARZÓN y HERNÁNDEZ NAVARRO porque no se realizó investigación integral, ni se demostraron las supuestas amenazas de HERNÁNDEZ contra Luis Eduardo Sierra, alias “Saíno”, ni se apreciaron las pruebas “con la exposición razonada del mérito que le asiste a cada una”, y en conjunto, no tiene posibilidad de salir avante. Lo atinente a la investigación integral, por ejemplo por no haberse decretado ni practicado unas pruebas que presuntamente favorecerían a HERNÁNDEZ NAVARRO, “ni aquéllas que el buen criterio aconsejaba realizar de oficio”, sí estaría bien formulado, de ser real y tener trascendencia, como quebrantamiento de una garantía procesal, que hipotéticamente generaría nulidad.
Pero además de acertar en la formulación, tenían que ser precisadas las pruebas que se echan de menos, demostrándose que con su legal acopio, variaríase sustancialmente el sentido del fallo atacado.
Los otros reproches, incluidos de manera abigarrada y sin la debida separación, debieron ser encauzados por la causal primera, cuerpo segundo, y no por la tercera, como lo hicieron los demandantes, a cuyo cargo está la demostración, y no la mera enunciación, de los reproches lanzados, tratándose de una impugnación extraordinaria, que es eminentemente rogada.
Contra lo que así mismo intentan, tampoco tiene trascendencia que no se hubieran imputado concretamente desde las indagatorias, los delitos de concierto para delinquir, homicidios y lesiones personales con fines terroristas, perpetrados el 11 de noviembre de 1988, porque a los indagados sí se les preguntó por lo ocurrido durante octubre y noviembre de ese año, y no existía obligación, de conformidad con las normas procesales entonces vigentes, de efectuar esa imputación jurídica desde tal vinculación, menos aún cuando la sentencia impugnada, en cuanto a los oficiales, sólo los condenó por el delito de terrorismo, mas no por esos otros punibles.
8.- Concierne analizar ahora el cargo de haber sido proferida la sentencia con violación directa de la ley sustancial, por aplicación indebida del inciso 1º del artículo 1º del decreto 180 de 1988, y la consiguiente falta de aplicación de su inciso 2º, propuesto por los defensores de VALENCIA VIVAS, CHACÓN LASSO y HERNÁNDEZ NAVARRO, mientras que el apoderado de LONDOÑO TAMAYO acusa interpretación errónea, pero al desarrollarlo se inclina por la posición anterior. Se aduce de tal forma, que lo perpetrado encuentra adecuación en ese inciso 2° y, como consecuencia, la acción penal está prescrita.
El delito de terrorismo fue definido por el artículo 187 del decreto 100 de 1980, modificado por el 1º del decreto 180 de 1988, adoptado como legislación permanente por el 4º del decreto 2266 de 1991, así:
“Terrorismo.- El que provoque o mantenga en estado de zozobra o terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o las edificaciones o medios de comunicación, transporte, procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices valiéndose de medios capaces de causar estragos incurrirá en prisión de diez (10) a veinte (20) años y multa de diez (10) a cien (100) salarios mínimos mensuales, sin perjuicio de la pena que le corresponda por los demás delitos que se ocasionen con este hecho.
Si el estado de zozobra o terror es provocado mediante llamada telefónica, cinta magnetofónica, video casete, o escrito anónimo, la pena será de dos (2) a cinco (5) años y multa de cinco (5) a cincuenta (50) salarios mínimos mensuales.”
Circunstancias de agravación punitiva.- Las penas señaladas en el artículo anterior, serán de quince a veinticinco (25) años de prisión y una multa de veinte a ciento cincuenta (150) salarios mínimos mensuales, cuando:
… … …
d) El autor o partícipe hubiese sido miembro de las fuerzas militares, Policía Nacional u organismos de seguridad del Estado.”
Tales conductas ilícitas fueron reproducidas por los artículos 343 y 344 de la ley 599 de 2000, incluyendo todos los verbos rectores previstos en el anterior Código Penal, aunque con variaciones en la pena máxima para las conductas previstas en el inciso 1º del artículo 343 (10 a 15 años de prisión) y en las de las circunstancias de agravación referidas al mismo (12 a 20 años de prisión), al igual que en la multa.
Así lo analizó esta Sala en providencia de fecha 29 de marzo del año en curso, siendo ponente el Magistrado Jorge Aníbal Gómez Gallego, radicación 17.264, en relación con esta ilicitud, al definir una colisión de competencias:
“Luego entonces, causar terror no significa cosa distinta a infundir miedo muy grande e intenso –como semánticamente definido se tiene dicho vocablo- a través de actos que quepan catalogarse de terroristas, calificación ésta que necesariamente dice relación con las circunstancias modales y témporo-espaciales empleadas en la ejecución del hecho.”
En el asunto examinado, además de los panfletos, cuya coautoría se atribuyó al Teniente Coronel ALEJANDRO LONDOÑO TAMAYO y al entonces Capitán HUGO ALBERTO VALENCIA VIVAS, así como los escritos murales que algunos pobladores de Segovia vieron escribir con aerosol, entre otros al Teniente EDGARDO ALFONSO HERNÁNDEZ NAVARRO, también se llevaron a cabo actos amenazantes, en especial de la alcaldesa y concejales que pertenecían al partido político denominado Unión Patriótica (UP).
En la sentencia del Juzgado Regional, que forma unidad inescindible con la que la confirma, se tomó en consideración para encuadrar la conducta dentro del inciso 1º del artículo del decreto 180 de 1988:
“Obsérvese, que en el plenario reposan varios testimonios que de una manera clara aducen que días antes de la data en que se originó el genocidio aquí investigado el pueblo había sido hostigado manifestando que era producto de grupos subversivos, sin embargo, establecido se encuentra que fueron los militares quienes percutían las armas y disparaban a blancos indefinidos (al aire), y llegaron hasta proferir amenazadas (sic) contra personas que pretendieron ver lo que sucedía” (f. 106 cd. 14).
Así mismo, el Tribunal Nacional en la sentencia de segunda instancia analizó, sobre este punto:
“Para el caso concreto que ocupa la atención de la Sala, ciertamente probado está que durante el mes de octubre de 1988, es decir, un mes antes de la masacre, la población de Segovia fue objeto de una serie de simulacros de toma guerrillera, en acción combinada entre Ejército y Policía acantonados en la zona, como así lo hace saber la burgomaestre de la población, RITA IVONNE TOBON AREIZA (fl. 12 C. 2), LUIS CARLOS MUÑOZ ZAPATA (fl. 341 C. 1) y MARÍA PATRICIA RESTREPO (f. 348 C. 1), quienes afirman que desde las instalaciones del Palacio municipal presenciaron la acción, advirtiendo que los disparos se hacían al aire y que ningún subversivo se encontraba en el casco urbano; agrega la alcaldesa que presenció también, ese día 26 de octubre, cómo se distribuían por parte de una persona que salió del Comando de la Policía, en compañía de varios agentes, unos volantes, que al día siguiente constataron correspondían al anuncio de la llegada de los realistas, misma misiva que resultó impresa en las paredes de las viviendas de los simpatizantes de la Unión Patriótica, al igual que en la sede de esa agrupación política, hechos que no han sido controvertidos, como quiera que la prueba material de los mismos reposa en autos, más aún cuando es la primera autoridad del municipio, actuando en estricto cumplimiento del deber, a través de su testimonio, quien fija los hechos, por lo que merece plena credibilidad, no sólo por la claridad y consistencia de sus manifestaciones y la contundencia de los hechos, sino porque ha sido avalada con el testimonio de varios pobladores de la municipalidad.” (f. 49 cd. Trib.).
También analizó el ad quem, para la adecuación típica del delito de terrorismo en el inciso 1º del artículo 1º del decreto 180/88, que Alonso de Jesús Baquero Agudelo, quien admitió haber coordinado el esquema operativo de la facción terrorista, que contaba con un grupo de fuego (sicarios) y otro logístico (altos oficiales de la Fuerza Pública y dirigentes del M. R. N.), relató que 15 días antes de la masacre estuvo organizando, en compañía de Gonzalo o Luis Alberto Arrieta, alias “Piraña”, Guillermo Valencia “alias Tongo” y un ex soldado del Batallón de apellido Segura, quien había prestado el servicio militar en el casco urbano de Segovia, lo relativo al ataque, y en la fase preliminar se reunió con el coronel ALEJANDRO LONDOÑO, quien le presentó a los oficiales con los cuales podía contar para cualquier coordinación, entre ellos el Teniente HERNÁNDEZ, acordando que esperarían a que LONDOÑO saliera a vacaciones.
El fallador le dio credibilidad a “Vladimir”, en lo anterior y en cuanto a la participación de MARCO HERNANDO BÁEZ GARZÓN, de quien aquél aseguró que estaba en la operación criminal porque LONDOÑO los presentó, y el 11 de noviembre le informó que esa noche iba a realizarse lo de Segovia, como también sabía el Capitán JORGE ELIÉCER CHACÓN LASSO, con quien acordó, según puede corroborar “Piraña”, que el 11 de noviembre no tuviera patrullas fuera de la estación, y que iban a designar a dos o tres muchachos para simular un ataque guerrillero.
De lo anterior, se concluye que este cargo también carece de fundamento, pues no existió aplicación indebida del inciso 1º del artículo 1º de decreto 180 de 1988, ni falta de aplicación del inciso 2º ibídem, ni interpretación errónea, porque tal como analizó fundadamente el Tribunal, los miembros de la Fuerza Pública no se limitaron a la elaboración y distribución de los panfletos, de los sufragios a los miembros del Concejo y a otras autoridades municipales, y de escritos murales anónimos, que podrían ser encuadrados en el inciso 2º. También ejecutaron actos amenazantes directos contra la población en general y contra algunos de sus miembros en particular, por ejemplo la personera municipal, Luis Eduardo Sierra y los estudiantes del INEM, en buena parte el 27 de octubre de 1988, cuando se realizó un paro nacional organizado por las centrales obreras.
Con estas conductas indiscutiblemente se produjo temor, inseguridad, intranquilidad e inestabilidad social, todo generado con la finalidad de causar pánico e intimidar a los habitantes de Segovia, luego de lo cual se quitó la vida a 43 personas, entre ellas mujeres y niños, y muchas otras fueron lesionadas. También se causó daños materiales, con utilización de poderosas armas de fuego y granadas de fragmentación, ocasionando muy graves estragos.
9.- En relación con el cargo de violación indirecta de la ley sustancial, al amparo de la causal 1ª, cuerpo 2º, han de estudiarse las demandas de los defensores de BÁEZ GARZÓN, LONDOÑO TAMAYO y HERNÁNDEZ NAVARRO, por el primero de quienes se invoca error de derecho por falso juicio de legalidad y de convicción, mientras a nombre de LONDOÑO y HERNÁNDEZ, error de derecho por falso juicio de legalidad, y éste último, al igual que los defensores de VALENCIA VIVAS y CHACÓN LASSO, error de hecho por falso juicio de identidad, así:
9.1.- Error de derecho por falso juicio de legalidad:
La censura se plantea bajo esta causal, para indicar que las declaraciones de Alonso de Jesús Baquero Agudelo fueron consideradas fundamentales para condenar, en contravía de la normatividad que rige su incorporación, y para cuestionar la sentencia del Tribunal en cuanto le otorgó plena credibilidad al testimonio rendido por ese testigo el 29 de febrero de 1996, desplazando la argumentación al error de derecho en la apreciación probatoria por falso juicio de convicción. Esto no tiene viabilidad, por sus implicaciones contradictorias.
En efecto, cabe recordar que esta Sala ha precisado, por ejemplo en sentencia del 20 de agosto de 1998, radicación 10.297, siendo ponente el Magistrado Fernando E. Arboleda Ripoll, que el falso juicio de identidad surge “cuando el juzgador al apreciar la prueba distorsiona su expresión fáctica poniéndola a decir lo que ella materialmente no dice. Es de carácter objetivo, contemplativo, y su demostración implica hacer evidente no sólo que los fallos apreciaron la prueba contrariando su materialidad, sino que este desacierto condujo a una decisión contraria a la ley”, en tanto que el error originado en la valoración probatoria, conocido actualmente como falso raciocinio, “es de carácter apreciatorio, y su demostración presupone acreditar que la apreciación realizada por los juzgadores se aparta de los postulados de la lógica, la ciencia o la experiencia, y que de no haberse presentado, la decisión habría sido sustancialmente distinta”.
Estas clases de yerro deben ser planteadas por la vía del error de hecho, no de derecho.
En cuanto a la incorporación del testimonio de Baquero Agudelo, en sus distintas oportunidades, con supuesta inobservancia de las formalidades legales, el cargo no es atinado, como bien analizó el Ministerio Público en el aparte 2.2.1.- del capítulo relativo a su concepto. Las iniciales copias de su indagatoria, remitidas por la Dirección Regional de Fiscalías, se allegaron cuando el Juzgado Regional había avocado conocimiento y abierto el juicio a pruebas por el término de 20 días, en fotocopia auténtica, habiendo sido ordenadas en el proceso de origen, cumpliéndose los requisitos del artículo 255 del decreto 2700 de 1991, vigente en la fecha de esa incorporación probatoria. Esos textos pudieron ser conocidos por los defensores, a pesar de no haberse dictado auto disponiendo su traslado, como se infiere de la petición de la otrora defensora de FRANCISCO ANTONIO DE JESÚS MONSALVE MONSALVE, para que se ampliara esa declaración, como se ordenó oportunamente.
Si bien no se recibió en la fecha originalmente fijada, desconociéndose las razones del retraso, el Juzgado Regional procedió a fijar otra a la brevedad posible, y aunque no se hizo presente la defensora que había impetrado la prueba, ésta se practicó y pudo ser controvertida jurídicamente luego de su realización, ya que además a ella y a las indagatorias aportadas en copias auténticas se refirió el procesado CHACÓN LASSO en su ampliación de indagatoria.
9.2.- Error de hecho por falso juicio de identidad:
Unos censores aducen violación indirecta de la ley sustancial, por error de hecho por falso juicio de identidad, pero como ocurrió en el cargo relacionado en el anterior numeral, incurren en falencias técnicas, al amalgamarlo con el falso raciocinio, tal como precisó la representante del Ministerio Público y se transcribió en lo pertinente, acotándose de una parte que se distorsionó el contenido material de la prueba y pasándose a analizar que se apreciaron en contravía de la lógica, con apartamiento de las reglas de la sana crítica.
Por otra parte, el defensor de HERNÁNDEZ NAVARRO presenta contradictoriamente el falso juicio de identidad, al afirmar que fue tergiversado el contenido de la denuncia formulada por Luis Eduardo Sierra y asegurar genéricamente que se omitió considerar prueba testimonial y documental que demuestra lo contrario a lo afirmado en la sentencia impugnada. Pretende fundar su censura en un error de hecho por falso juicio de existencia por omisión de prueba, cargo que por lo mismo no tiene posibilidad de prosperar, porque cada clase de cuestionamiento tiene métodos de formulación y desarrollo diversos.
Cuando se alega ese falso juicio de existencia por omisión de una prueba válidamente allegada al proceso, cabe precisarse cada elemento de juicio y realizar un nuevo examen con la virtual inclusión de lo omitido, para demostrar que los resultados de la sentencia habrían sido diferentes, de no haber ocurrido el yerro denunciado, lo cual se echa de menos en este planteamiento.
Así mismo, aunque se asevere que el análisis del Tribunal se alejó de la sana crítica, no se señaló en cada caso cuál fue la regla de la ciencia, el dictado de la lógica o la máxima de la experiencia que se desconoció, ni cómo hubiera variado el sentido del fallo, de no haber mediado tal quebrantamiento.
Además, en cuanto a la pregonada tergiversación de algunas pruebas, los demandantes no efectúan cotejos con lo que entendió el Tribunal, ni especifican en qué fue trastocado el medio de prueba, pero del texto de la sentencia y de los respectivos libelos se aprecia que no hubo tal mutación, sino que el fallador arribó a conclusiones con las que no están de acuerdo los impugnantes.
En lo relativo a la censura del defensor de HERNÁNDEZ de haberse distorsionado la denuncia que formuló Luis Eduardo Sierra, días antes de su muerte, contra un teniente del Ejército, suministrando un apellido diferente, se observa que no tuvo en cuenta ese casacionista que la sentencia condenatoria no se basa únicamente en esa prueba, sino en la concatenación de los testimonios del hermano de la víctima, las declaraciones de Luz Marina Restrepo Cadavid y Marleny Restrepo, haber comandado el allanamiento en la casa de Sierra, y las aseveraciones de la alcaldesa, de haberlo visto dibujando, con aerosol, las amenazas murales que pudieron apreciar al día siguiente, medios probatorios cuya apreciación no fue reprochada y, al haber sustentado el fallo, éste permanece incólume.
En síntesis, tal como expuso minuciosamente la señora Procuradora Primera Delegada para la Casación Penal en el aparte de su concepto relacionado como 2.2.3.-, el Tribunal analizó el acervo probatorio en su conjunto, sin que hubiera distorsionado o tergiversado los medios de convicción aportados, ni quebrantado las reglas de la sana crítica, por lo cual este último cargo tampoco prospera.
10.- Debe finalmente observar la Sala, que el ajuste punitivo que pudiere derivarse de la aplicación por favorabilidad de los preceptos respectivos de la ley 599 de 2000, debe ser considerado por el correspondiente Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad (art. 79-7 L. 600 de 2000).
En mérito de lo expuesto y de acuerdo con el concepto del Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
NO CASAR la sentencia condenatoria objeto de impugnación.
Contra esta providencia no procede recurso alguno.
Cópiese, comuníquese y devuélvase al Tribunal de origen. Cúmplase.
CARLOS EDUARDO MEJÍA ESCOBAR
FERNANDO E. ARBOLEDA RIPOLL JORGE E. CÓRDOBA POVEDA
HERMAN GALÁN CASTELLANOS CARLOS AUGUSTO GÁLVEZ ARGOTE
JORGE ANÍBAL GÓMEZ GALLEGO ÉDGAR LOMBANA TRUJILLO
Impedido
ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN NILSON PINILLA PINILLA
TERESA RUIZ NÚÑEZ
Secretaria