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República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Proceso No 18343
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
MAGISTRADO PONENTE
ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN
Aprobado: Acta No. 66
Bogotá, D. C., veinticinco (25) de junio de dos mil dos (2002).
VISTOS
Mediante sentencia del primero de diciembre de 1999, el Juzgado Penal del Circuito de Caucasia (Antioquia) declaró al señor Hernán Darío Muñetón Cadavid penalmente responsable, como autor, del concurso de delitos de homicidio y lesiones personales culposos, le impuso las penas principales de 36 meses de prisión, multa de $1.500 y suspensión de la licencia de conducción por año y medio, la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por un lapso igual a la de prisión, y le concedió la condena de ejecución condicional.
También le impuso la obligación de pagar los daños y perjuicios causados a los herederos de quienes fallecieron, pero respecto de JHÉSICA MARCELA HENAO CARVAJAL, hija de RODRIGO HENAO GRISALES, determinó que la cancelación debería hacerla en forma solidaria con la empresa TRANSPORTES RÁPIDO OCHOA, S. A., en tanto que los absolvió en relación con los perjuicios originados en el deceso de CLEMENCIA ESTHER GUTIÉRREZ.
Finalmente, declaró la nulidad parcial de lo actuado en lo atinente a las lesiones de que fueron víctimas TANCREDO DANIEL OTERO y CARLOS ZAPATA DAVID y dispuso la compulsa de copias para su investigación separada.
El fallo fue recurrido por el defensor y el representante de la parte civil y, en decisión del 29 de diciembre de 2000, el Tribunal Superior de Antioquia lo adicionó en el sentido de condenar al sindicado y a la empresa RÁPIDO OCHOA, S. A., a pagar en forma solidaria a AMPARO CARVAJAL HENAO los perjuicios causados; revocó la absolución que se dispuso en favor de aquellos y les ordenó indemnizar a JUAN MANUEL CARRASCAL GUTIÉRREZ y MARÍA ISABEL DORIA; y revocó la nulidad decretada para disponer que Hernán Darío Muñetón Cadavid y la transportadora debían pagar los daños que sufrieron los lesionados TANCREDO DANIEL OTERO y CARLOS ZAPATA DAVID.
El apoderado de la firma TRANSPORTES RÁPIDO OCHOA, S. A., presentó demanda de casación el cinco de marzo de 2001.
HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL
Aproximadamente a las 00:15 horas del 26 de octubre de 1994, en la carretera troncal que de Caucasia conduce a Medellín (Antioquia), a la altura del kilómetro 231, corregimiento de Cáceres, el bus de servicio público afiliado a TRANSPORTES RÁPIDO OCHOA, S.A., de placas WTF-192, cuyo conductor era Hernán Darío Muñetón Cadavid, al invadir el carril central, colisionó con el camión de placas LKD-090, que llevaba a JUAN FERNANDO DAVID MONTOYA como conductor. Como consecuencia del hecho, fallecieron BEATRIZ ELENA RESTREPO BUSTAMANTE, CLEMENCIA ESTHER GUTIÉRREZ DORIA, HÉCTOR JOSÉ ESTRADA RODRÍGUEZ, RODRIGO HENAO GRISALES, ESTHER CANDELARIA VÁSQUEZ MERCADO y CARLOS JOSÉ ZAPATA DÍEZ., y resultaron lesionados JOSÉ LUIS OTERO DORIA, TANCREDO DANIEL OTERO y CARLOS ZAPATA DAVID.
Se inició la respectiva investigación, en cuyo desarrollo se escuchó en indagatoria a los dos conductores, a quienes se les resolvió la situación jurídica (fl. 163) y se vinculó como tercero civilmente responsable a la empresa TRANSPORTES RÁPIDO OCHOA, S. A..
Clausurada la investigación, el 22 de abril de 1997 se profirió resolución de acusación contra Hernán Darío Muñetón Cadavid como autor de un concurso de homicidios, concurrente con otro de lesiones personales culposos, y se favoreció con preclusión a JUAN FERNANDO DAVID MONTOYA.
El primero de diciembre de 1999, el Juzgado Penal del Circuito de Caucasia profirió la sentencia de condena ya reseñada, la que, apelada y con las modificaciones descritas, fue confirmada por el Tribunal Superior el 29 de diciembre de 2000.
El cinco de marzo de 2001, el apoderado de TRANSPORTES RÁPIDO OCHOA, S. A., presentó demanda de casación.
LA DEMANDA
El apoderado del tercero civilmente responsable invoca el inciso tercero del artículo 1° de la ley 553 de 2000 que alude a la casación excepcional, pretendiendo que la Corte fije de manera unívoca el alcance de los artículos 106 y 107 del Código Penal de 1980, porque al tercero no pueden aplicarse esas disposiciones en virtud de que no delinquió. Dice que a pesar de que la Sala se ha pronunciado, ha sido ambivalente y poco clara cuando en reciente providencia negó la posibilidad de los llamamientos en garantía por parte de ese sujeto procesal, lo cual se opone a las disposiciones del nuevo Código de Procedimiento Penal, próximo a entrar en vigencia (ya lo está). Con tales premisas y apoyado en la legislación procesal civil plantea dos cargos, que desarrolla así:
1°) El principal, por violación indirecta de los artículos 106 y 107 del Código Penal de 1980, a través de un error de hecho, al suponer el Tribunal medios de prueba inexistentes; además, en el caso de los perjuicios morales, con acreditar el vínculo familiar se presumieron el daño y su cuantía. El juzgador, dice, “supone como medios probatorios del daño material y moral la mera aducción de unos registros de estado civil y dos declaraciones en donde realmente no se alude” a esos aspectos, máxime que los demandantes reconocieron haber sido indemnizados por el seguro obligatorio. Se impone, en consecuencia, dictar la sentencia de reemplazo.
2°) El subsidiario, como violación directa, por interpretación errónea, de los artículos 106 y 107 del Decreto 100 de 1980, que no son aplicables al tercero civilmente responsable. Solicita se case la sentencia, dictándose la sustitutiva.
CONSIDERACIONES
1°) El delito de homicidio culposo porque se procede tiene señalada una pena de prisión, cuyo máximo, a voces del artículo 329 del Decreto 100 de 1980, es de seis (6) años de prisión.
La sentencia del Ad quem se profirió el 29 de diciembre de 2000, fecha que delimita la norma aplicable tratándose del recurso extraordinario de casación, momento para el cual regía la ley 553 de ese año, cuyo artículo 1°, que subrogó el 218 del Código de Procedimiento Penal de 1991, determinó que procedía contra sentencias proferidas en segunda instancia por tribunales superiores de distrito judicial, presupuesto que se satisface en este evento, no así el alusivo a que se trate de “procesos que se hubieren adelantado por delitos que tengan señalada pena privativa de la libertad cuyo máximo exceda de ocho años”.
2°) Como no procedía la casación por vía ordinaria, el demandante acudió a invocar la excepcional o discrecional de que trata el inciso tercero de la norma citada, para lo cual, en principio, se encuentra habilitado, como que el legislador dispone que puede solicitarla “cualquiera de los sujetos procesales”, condición que tiene el tercero civilmente responsable, según lo dispone el artículo 153 del Decreto 2.700 de 1991.
Dado que el apoderado de esa parte, a la que se impuso la carga de responder por los daños y perjuicios causados con el delito, fue quien se acogió a esa regulación, le asistiría legitimidad en la causa por la que aboga, máxime que argumenta la necesidad de que la jurisprudencia de la Sala desarrolle y fije de manera unívoca el sentido y alcance de los artículos 106 y 107 del Código Penal de 1980 respecto de su no aplicación al tercero civilmente responsable.
3°) No obstante, como la pretensión del demandante apunta exclusivamente a cuestionar la condena a pagar los daños y perjuicios, tanto que acudió a invocar las causales del Código de Procedimiento Civil, no procede la invocación de la casación discrecional, menos el análisis de la Sala respecto de su viabilidad.
Lo anterior, porque el artículo 4° de la ley 553 de 2000, que subrogó el 221 del Decreto 2.700 de 1991, determina que “Cuando la casación tenga por objeto únicamente lo referente a la indemnización de perjuicios decretados en la sentencia condenatoria deberá tener como fundamento las causales y la cuantía establecidas en las normas que regulan la casación civil, sin consideración a la pena señalada para el delito o delitos”. Como en el evento en estudio, el tercero civilmente responsable sólo cuestiona lo relativo a los daños, es claro que no hay lugar a la casación discrecional como que los lineamientos a seguir están dados por la legislación procesal civil, a la que, en efecto, acudió el censor.
4°) En virtud de la integración que ordena la disposición penal, se acude al artículo 366 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el 1° de la ley 592 de julio 14 de 2000, vigente para cuando se profirió el fallo y se interpuso la casación, que supedita su procedencia a que “el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea o exceda de 425 salarios mínimos legales mensuales vigentes”, los que, a razón de $260.100, arrojan un total de $110’542.500. Debe precisarse que el monto sólo puede establecerse para la fecha del fallo de segunda instancia, que es cuando se concreta el perjuicio, y se establece por la diferencia que resulte entre lo pedido y lo concedido por el Tribunal.
4.1°) En la sentencia de primera instancia, el tercero fue condenado a pagar a favor de JHÉSICA MARCELA HENAO GRISALES, 316 gramos oro por daños materiales y 180 por morales. El sujeto procesal que acude a la casación no recurrió esta determinación, sin que la misma fuera objeto de modificación por el Tribunal, de donde se concluye que carece de interés jurídico para impugnar al respecto, en la medida que mal puede sentirse perjudicado en sede de casación, cuando no se sintió afectado ante la decisión del a quo.
Para que exista legitimidad en la causa que se defiende es requisito de necesidad que el aspecto que genera inconformidad haya sido objeto de apelación, por cuanto en sede del recurso extraordinario se acusan errores del Tribunal y mal puede censurarse yerro alguno de éste respecto de aquello en lo que no se pronunció, por la sencilla razón de que nada se le pidió al respecto. No debe olvidarse que según el artículo 217 procesal de 1991 (204 actual), el superior funcional está limitado a pronunciarse en relación con los tópicos que le plantee el impugnante, luego mal puede decidir, menos equivocarse, sobre algo que no causó queja al recurrente.
4.2°) El fallo del Ad quem impuso a TRANSPORTES RÁPIDO OCHOA el deber de indemnizar daños y perjuicios materiales y morales, así: a JUAN MANUEL CARRASCAL, 316 y 180 gramos oro; a MARÍA ISABEL DORIA, 280 y 180 gramos; a TANCREDO DANIEL OTERO y CARLOS ZAPATA DAVID, 30 y 15 gramos a cada uno; y a AMPARO CARVAJAL HENAO, 180 por concepto de los morales. Respecto de estos aspectos sí hay legitimidad en razón de que la carga surgió en el fallo de segunda instancia.
En la demanda de constitución de parte civil, respecto de JUAN MANUEL CARRASCAL GUTIÉRREZ, se tasaron los daños materiales en $37’000.000 y los morales en mil gramos oro, en tanto que para MARÍA ISABEL DORIA MARTÍNEZ se reclamaron 500 gramos por perjuicios morales (fl. 372, C. 1); en favor de AMPARO CARVAJAL HENAO se solicitaron $25’000.000 y mil gramos oro por cada uno de esos conceptos (fl. 511, C. 2). Los señores TANCREDO DANIEL OTERO y CARLOS ZAPATA DAVID no acudieron a reclamar indemnización por esos conceptos.
Para la época del fallo de segunda instancia, a un precio de $19.000 cada gramo oro, haciendo las operaciones respectivas, surge que la diferencia entre lo solicitado por cada uno de los afectados y lo concedido por los juzgadores es inferior a los $110’542.500 que como límite fijaba el artículo 366 del Código de Procedimiento Civil vigente en ese entonces; de manera que la causa del tercero civilmente responsable no está legitimada por el legislador.
En consecuencia, el demandante carece de interés jurídico para recurrir en casación, lo cual lleva a la inadmisión de la demanda, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9° de la ley 553 de 2000, bajo cuya vigencia se surtió su trámite, norma que dice que “Si el demandante carece de interés o la demanda no reúne los requisitos, se inadmitirá y se devolverá el expediente al despacho de origen”.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
RESUELVE
Inadmitir la demanda de casación presentada por el apoderado del tercero civilmente responsable.
Esta decisión admite el recurso de reposición.
Notifíquese y cúmplase.
ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN
FERNANDO E. ARBOLEDA RIPOLL JORGE E. CÓRDOBA POVEDA
HERMAN GALÁN CASTELLANOS CARLOS A. GÁLVEZ ARGOTE
JORGE ANÍBAL GÓMEZ GALLEGO ÉDGAR LOMBANA TRUJILLO
CARLOS E. MEJÍA ESCOBAR NILSON E. PINILLA PINILLA No hay firma
TERESA RUIZ NUÑEZ
Secretaria