16459oct

2000

Asistente Jurídico Inteligente

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    Proceso Nº 16459  

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  

SALA DE CASACION PENAL  

MAGISTRADO PONENTE:  

Dr. ALVARO ORLANDO PEREZ PINZON  

APROBADO ACTA No. 183  

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de octubre del  año dos mil (2.000).   

VISTOS  

Resuelve  la  Sala sobre el aspecto formal de  las  demandas  de  casación  presentadas  por  los defensores de los ciudadanos  VICTOR  EVER  VALENCIA  VALENCIA  y  GUSTAVO ALBERTO OTALVARO CARDONA, contra la  sentencia   proferida   por  el  Tribunal  Superior  del  Distrito  Judicial  de  Medellín,  que  confirmó  el fallo de primera instancia dictado por el Juzgado  Noveno Penal del Circuito de la misma ciudad.   

HECHOS  

Aproximadamente a las doce y cuarenta y cinco  de  la  tarde  del  15  de  mayo  de  1996,  frente a la Escuela Gabriel García  Márquez  en  el  barrio  Villa  Lilia  de la ciudad de Medellín, tres personas  obligaron  al  señor  ANDRES  ABELINO  MEJIA  OSORIO  a  tirarse  en  el piso y  procedieron    a    dispararle    en   repetidas   ocasiones,   causándole   la  muerte.   

ACTUACION PROCESAL  

          1.        El  día  de  los  hechos la Fiscalía Ochenta y Siete Delegada ante  los  Jueces  Penales  del Circuito decidió adelantar investigación previa y el  18  de abril de 1997 la suspendió. El 24 de noviembre de 1997 el Fiscal Ochenta  y  Nueve  de  la  Unidad  Primera  de  Vida  de  Medellín,  que adelantaba otra  investigación  por  cuenta  de  la  cual  se hallaba detenido el señor GUSTAVO  ALBERTO  OTALVARO  CARDONA,  remitió copia de la declaración rendida por ROBIN  ALEXANDER  OSORIO BOTERO y GABRIEL GIRALDO LOAIZA, y posteriormente informó que  VICTOR  EVER VALENCIA VALENCIA se encontraba detenido a órdenes de la Fiscalía  Regional  de  Medellín.  Con  base  en  lo  anterior,  se  dispuso  reanudar la  investigación  previa,  y  el  9  de diciembre de 1997 se dictó resolución de  apertura de la investigación.   

2.            Se  vinculó  mediante indagatoria a los  ciudadanos   VALENCIA  VALENCIA  y  OTALVARO  CARDONA  y  se  les  resolvió  su  situación  jurídica  con  medida  de  aseguramiento  consistente en detención  preventiva  como  presuntos autores de los delitos de homicidio agravado y porte  ilegal  de  armas de defensa personal. Cerrada la investigación, el 29 de abril  de   1998   se   les   profirió   resolución  de  acusación  por  los  hechos  imputados.   

          3.        La  etapa  del juicio fue adelantada por el Juzgado Noveno Penal del  Circuito  de  Medellín, despacho que luego del curso ritual dictó sentencia el  11  de  diciembre de 1998, para condenar a los señores GUSTAVO ALBERTO OTALVARO  CARDONA  y  VICTOR  EVER VALENCIA VALENCIA como autores de las conductas por las  que  se les acusó, a la pena principal de cuarenta y dos (42) años y diez (10)  meses  de  prisión,  a  la  accesoria  de interdicción de derechos y funciones  públicas    por    diez    (10)   años   y   al   pago   de   los   perjuicios  ocasionados.   

         

4.            Apelado  el  fallo, fue confirmado en su  totalidad  por  el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el 26 de  abril  de  1999.  Los  procesados  solicitaron la casación del fallo de segundo  grado   y   sus   defensores   presentaron   las  correspondientes  demandas  en  oportunidad.   

LA DEMANDA  

          En nombre de VICTOR EVER VALENCIA VALENCIA:   

          El  defensor  formuló un cargo contra la sentencia proferida por el  Tribunal,  con  base  en  la  causal  primera  cuerpo  segundo establecida en el  artículo  220  del  Código  de  Procedimiento  Penal, es decir, por violación  indirecta   de   la   ley   sustancial  por  errores  de  hecho,  que  sustentó  así:   

          Error  por  falso  juicio  de  identidad:  Para  dar  por  cierta la  identidad  del señor VALENCIA VALENCIA, los falladores se apoyaron básicamente  en  el  testimonio  de  ROBINSON ALEXANDER OSORIO BOTERO único testigo sobre la  comisión  de  los  hechos,  que incurrió en inconsistencias y contradicciones,  especialmente  en  cuanto  a  la  hora  de comisión de la conducta, la clase de  armas  y su utilización, el motivo para causar la muerte al joven MEJIA OSORIO,  la  existencia  de  otra persona que se encontraba con la víctima al momento de  ser  atacada,  las  circunstancias  de percepción del delito, y el traslado del  herido  al  hospital,  para  concluir  que no observó el acontecer, sino que se  limitó a imputarlo a sus enemigos pertenecientes a otra banda.   

          Por  lo  tanto,  los  falladores  desconocieron el contexto cultural  para  valorar  el  testimonio  de  OSORIO BOTERO, de espaldas a las reglas de la  sana  crítica,  que  desconoce  una  regla  de  la experiencia, según la cual,  “gran  cantidad  de  las denuncias que un miembro de  una   banda   realiza   en   contra   de   otro,   lo  hace  como  mecanismo  de  retaliación”,   lo   que   imponía   someter  tal  testimonio a un análisis más severo.   

          Criticó  la  aptitud  probatoria  de  los  testimonios de ALEXANDER  GIRALDO,  ANA  ELPIDIA  OSORIO, y JUAN GUILLERMO CALDERON, relacionó las normas  violadas  por  aplicación indebida y por falta de aplicación, y solicitó a la  Corte  casar  la  sentencia  impugnada  y  proferir  en  su  reemplazo  un fallo  absolutorio a favor del señor VICTOR EVER VALENCIA VALENCIA.   

En  nombre  de  GUSTAVO  ALBERTO  OTALVARO  CARDONA:   

          El  defensor  presentó  2  cargos;  el  primero,  con soporte en la  causal  tercera  de casación, y el segundo, en calidad de subsidiario, con base  en  la  causal  primera  cuerpo segundo, esto es, por violación indirecta de la  ley  sustancial por errores en la apreciación de las pruebas, los que sustentó  así:   

          Primer cargo:   

El  segundo  defensor  del  señor  OTALVARO  CARDONA   no   solicitó  pruebas,  no  estuvo  presente  en  la  recepción  de  testimonio,  no invocó nulidades, no se notificó personalmente de la decisión  de  cierre  de la investigación, no presentó alegatos de clausura del sumario,  no  se  notificó  personalmente  de  la  resolución acusatoria ni la impugnó,  tampoco  se notificó del traslado previsto en el artículo 446 del ordenamiento  procesal,  no solicitó pruebas ni nulidades. Posteriormente se le otorgó poder  a  la doctora ANGELA MARIA CARDONA ESTARITA cuya llegada al proceso fue tardía,  pues ya no tenía oportunidad de solicitar pruebas o nulidades.   

          Señaló  la manera en que en su criterio se lesionaron los derechos  del  señor  CARDONA  OTALVARO,  la  trascendencia  de  la  nulidad,  las normas  violadas  y  solicitó  la  invalidez  de  la  actuación a partir del cierre de  investigación.   

Segundo cargo:  

          Tras   señalar   inconsistencias   en  el  testimonio  de  ROBINSON  ALEXANDER  OSORIO  BOTERO,  procedió a indicar las normas que estimó violadas,  así  como el sentido y alcance de su violación, para finalmente solicitar a la  Corte  que  case  la  sentencia  impugnada  y  en  su  reemplazo  profiera fallo  absolutorio.   

CONSIDERACIONES DE LA CORTE  

Corresponde analizar de manera separada cada  una  de  las  demandas  presentadas  de  acuerdo  con  las  exigencias  formales  establecidas   en   el   artículo  225  del  Código  de  Procedimiento  Penal,  así:   

          VICTOR EVER VALENCIA VALENCIA   

Por  no  reunir  los requisitos formales, se  inadmite  la demanda presentada por el defensor del ciudadano VALENCIA VALENCIA,  de  acuerdo  con  las previsiones del artículo 226 del Estatuto Procesal Penal,  por las siguientes razones:   

Si  bien el recurrente censuró la sentencia  de  segunda instancia por violación indirecta de la ley sustancial, determinado  por  error  de  hecho  producto de un falso juicio de identidad, no probó, como  era su deber, el yerro imputado a la sentencia.   

No señaló con nitidez en qué consistió la  ausencia  de  apreciación,  la  tergiversación,  la  suposición o la indebida  evaluación  de las pruebas, pues resulta insuficiente y contrario a la técnica  de  casación,  que  se  tomen  fragmentos  de  los  testimonios para proceder a  analizarlos   subjetivamente   y  demostrar  contradicciones  o  inconsistencias  intrascendentes  a  fin  de  tachar  la decisión, sin dirigir la actividad a la  acreditación   de   yerros   flagrantes  de  los  falladores,  con  injerencia,  importancia y proyección en el fallo.   

Menos  aún  es  de  recibo,  que se intente  sustentar  los  supuestos  errores  de  los  juzgadores  en  meras  conjeturas o  especulaciones  indemostradas  y  en  extremo  subjetivas,  como  la regla de la  experiencia   señalada   por   el   censor,  según  la  cual,  “gran  cantidad  de las denuncias que un miembro de una banda realiza  en   contra   de  otro,  lo  hace  como  mecanismo  de  retaliación”.   

Además,  olvidó  el  actor  acreditar  la  relación  existente entre los errores que imputó a los funcionarios y el fallo  que  finalmente  se  produjo,  con  lo que debía demostrar que si no se hubiera  incurrido en ellos, la decisión habría sido otra.   

Aunque  el  demandante  señaló  las normas  sustanciales  que  en  su  parecer  fueron  violadas,  no  indicó la forma como  lógicamente  se  produjeron los yerros que llevaron a la violación de cada una  de  ellas.  Es  menester  recordar  que resulta insuficiente citar disposiciones  legales,  pues  es  preciso  determinar  el  yerro,  cómo se produjo, dónde se  ubicó  y  cuál  fue  su injerencia en la aplicación indebida o en la falta de  aplicación  de  la  ley  sustancial.  Si  no se hace así, le es imposible a la  Corte  pronunciarse de fondo, en virtud del principio de limitación que rige su  competencia en materia de casación.   

En  el  asunto  estudiado,  la relación por  parte  del actor de las normas violadas (fol. 446) se quedó en un enunciado sin  explicación  o  desarrollo  alguno  dirigido  a  acreditar la existencia de los  errores  de  hecho anunciados, pues no expresó y tanto menos demostró por qué  tales    artículos    no    fueron    aplicados   o   lo   fueron   de   manera  indebida.   

En suma, salvo las suposiciones y conjeturas  del  actor,  no  realizó  esfuerzo  alguno para demostrar equívocos en quienes  profirieron  las  decisiones,  por  cuanto  dirigió  el sentido de su demanda a  anteponer  su  personal  forma  de  valorar  las pruebas, sus suposiciones, o su  particular  manera  de  aprehender  el  suceso,  a  la evaluación hecha por los  falladores  de segunda instancia, con total olvido por la presunción de acierto  y  de  verdad  que  le  asiste  a  la decisión impugnada, que impide revivir el  debate  acerca  de  la  apreciación, aptitud, capacidad y credibilidad otorgada  por  los  juzgadores  a los elementos probatorios para arribar a la sentencia, y  con  total  desconocimiento de la razón de ser esencial de la Corporación como  tribunal de casación, y no como una instancia más.   

Si  la  demanda  analizada presenta graves e  insalvables  errores  de  técnica  tanto  en su presentación formal como en su  desarrollo,  no  satisface  los  requisitos  legales  para conocer de ella, y en  consecuencia  se inadmite, de acuerdo con lo establecido en el artículo 226 del  Código de Procedimiento Penal.   

GUSTAVO ALBERTO OTALVARO CARDONA:  

La  demanda  presentada  por el defensor del  señor  GUSTAVO  ALBERTO  OTALVARO  CARDONA  satisface  las  exigencias formales  dispuestas  en  el artículo 225 del Estatuto Procesal Penal, razón por la cual  se  declara  ajustada, y se ordena correr traslado al señor Procurador Delegado  en lo Penal para que rinda concepto.   

          En  mérito  de  lo  expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de  Casación  Penal,  administrando  justicia  en  nombre  de  la  República y por  autoridad de la ley,   

RESUELVE  

1.            Inadmitir  la  demanda presentada por el  defensor  del  ciudadano  VICTOR  EVER  VALENCIA  VALENCIA  por  no  reunir  los  requisitos  formales,  de  acuerdo  con  las  previsiones  del artículo 226 del  Código de Procedimiento Penal.   

2.            Declarar  ajustada la demanda presentada  por  el  defensor  del  señor  GUSTAVO  ALBERTO  OTALVARO  CARDONA, y correr el  correspondiente  traslado  al  señor  Procurador  Delegado en lo Penal para que  rinda concepto.   

3.            En virtud de lo dispuesto en el artículo  197  del  Código  de  Procedimiento  Penal, contra este auto no procede ningún  recurso.   

Comuníquese y cúmplase.  

EDGAR LOMBANA TRUJILLO  

FERNANDO  E.  ARBOLEDA  RIPOLL               JORGE  ENRIQUE   CORDOBA   POVEDA                  

CARLOS  AUGUSTO  GALVEZ  ARGOTE         JORGE ANIBAL  GOMEZ GALLEGO   

MARIO    MANTILLA   NOUGUES                              CARLOS     E.    MEJIA  ESCOBAR   

ALVARO  ORLANDO  PEREZ  PINZON              NILSON  PINILLA PINILLA   

TERESA RUIZ NUÑEZ  

Secretaria   

    

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