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Proceso No 15899
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACION PENAL
MAGISTRADO PONENTE
Dr. HERMAN GALAN CASTELLANOS
APROBADO ACTA No.051
Bogotá, D.C., nueve (9) de mayo de dos mil dos (2002).
VISTOS
Procede la Sala a resolver sobre la demanda de casación presentada por el defensor de NELSON MANRIQUE PARADA, contra la sentencia proferida por el Tribunal Nacional, que al confirmar parcialmente la dictada por un Juzgado Regional de Cúcuta, dispuso condenar como coautores del delito de secuestro extorsivo agravado a NELSON MANRIQUE PARADA y ROMUALDO RONDON GOMEZ a 20 años de prisión, multa de 70 salarios mínimos legales mensuales y los conminó al pago de 250 gramos oro por perjuicios morales para cada una de las víctimas. Declaró responsable del delito de extorsión en grado de tentativa a DENNYS DE JESUS DE LOS REYES GOMEZ, imponiéndole 27 meses de prisión, lapso por el cual hizo extensiva la interdicción de derechos y funciones públicas y absolvió a MARISOL MANRIQUE MONTAGUTH de los cargos imputados en la resolución de acusación.
HECHOS Y ACTUACION PROCESAL
El 15 de abril de 1995, varios sujetos, aduciendo pertenecer a una agrupación subversiva, ingresaron a la residencia de los esposos RAMIREZ GAONA, en Chinácota (N.S.) y después de apoderarse de algunos objetos de valor arrebataron de su familia a JAZMIN AHMAR RAMIREZ, emprendiendo la huida. Posteriormente, en conversaciones telefónicas, por la liberación de la menor se exigió el pago de $US 150.000 dólares o de suma equivalente en moneda nacional, advirtiéndose por escrito que no debían acudir a las autoridades.
DENNYS DE JESUS DE LOS REYES GOMEZ, enterado de los hechos referidos, se comunicó con los familiares de la víctima, fingiendo pertenecer a la banda de secuestradores, demandando el pago del rescate. La interceptación de la línea telefónica permitió la captura de aquél.
Labores de inteligencia del Batallón de Contraguerrilla No. 5 permitieron conocer la vinculación de ROMUALDO RONDON GOMEZ con los hechos narrados, el que al ser contactado por los militares aceptó su participación, incriminando a HECTOR JULIO LEON NIÑO, quien a su vez hizo saber que la información acerca del paradero de la niña la poseía NELSON MARIQUE PARADA. Este último al ser retenido en un operativo militar, indicó la posibilidad de recoger a la menor cerca al teatro ‘Las Cascadas’, donde efectivamente fue encontrada el 28 de junio de 1995.
Posteriormente, con base en la información suministrada por JAZMIN AHMAR RAMIREZ fue capturada MARISOL MANRIQUE MONTAGUT, a quien la menor señaló de haber intervenido en los hechos.
La Unidad de Fiscalías Regionales con sede en Cúcuta abrió investigación penal, oyó en indagatoria a los procesados referidos anteriormente, resolvió situación jurídica imponiéndoles detención preventiva sin excarcelación, procediendo, luego de practicar algunas pruebas y cerrar la investigación, a calificar el sumario con resolución de acusación calendada 1° de marzo de 1996, providencia en la que se imputó a todos los vinculados jurídicamente al proceso el delito de secuestro extorsivo agravado, decisión que confirmó la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional el 26 de noviembre siguiente, modificándola solamente en cuanto a la imputación jurídica para DENNYS DE JESUS DE LOS REYES GOMEZ, a quien convocó a juicio por el cargo de extorsión en grado de tentativa.
El trámite de la causa correspondió en primera instancia a un Juzgado Regional de Cúcuta y en segundo grado al Tribunal Nacional, quienes profirieron fallos de condena, cuyo contenido se dio a conocer en párrafos anteriores. Cabe resaltar, que el ad quem reconoció a los condenados por el delito de secuestro extorsivo agravado la atenuante del artículo 271 del C.P., modificado por el artículo 4 de la ley 40 de 1993.
Contra la sentencia de segunda instancia recurrieron en casación NELSON MANRIQUE PARADA y ROMUALDO o RUMALDO RONDON GOMEZ, habiendo sido inadmitida por la Sala la demanda presentada a nombre del último de los procesados en mención.
La acción penal en contra de HECTOR JULIO LEON NIÑO se declaró extinguida, por muerte del procesado, por la Fiscalía Regional, con resolución del 2 de enero de 1996 (fl. 29 y 30 del C.O.No.5).
Obtenido el concepto del Procurador Delegado, se procede a resolver lo que en derecho corresponda en relación la casación interpuesta por NELSON MANRIQUE PARADA.
LA DEMANDA
Causal tercera. Nulidad.
Cargo primero.
La sentencia se dictó en un proceso viciado de nulidad, vulnerándose las siguientes disposiciones: artículos 29 de la C.N., 1, 246, 251 y 252 del C.P.P. anterior.
La fiscalía ordenó el desglose de las diligencias obrantes a los folios 98, 100, 119, 120, 121 y 122, para ser guardadas en una caja de seguridad, ocultándose pruebas de “alto interés para las partes”, con lo cual se vulneraron los derechos fundamentales del debido proceso y defensa del procesado.
La reserva de testigo autorizada por la ley procesal penal (se hace alusión a la legislación derogada) no podía trasladarse para ser aplicada a los documentos que se obtuvieron por interceptación telefónica.
Se solicita decretar la nulidad de lo actuado desde la providencia que definió la situación jurídica a NELSON MANRIQUE PARADA.
Segundo cargo.
La decisión del Tribunal es cuestionada al amparo de la casual tercera de casación, por quebrantar los artículos 29 de la C.N., 1, 146, 249 y 251 del C.P.P. y concordantes, porque el instructor no recibió, a pesar de haberse solicitado, las declaraciones de EDGAR ESCRUCERIAS y N. MOLINA, para corroborar lo manifestado ante ellos por JULIO LEON NIÑO a favor de aquél. La práctica de tales pruebas fue recabada con dos memoriales presentados en octubre de 1995 sin haber obtenido respuesta por parte de la fiscalía. Se demanda la nulidad de “todo lo actuado”, por haberse desconocido el derecho de defensa.
Causal primera: Violación indirecta.
Falso juicio de identidad.
Invocándose la causal primera del artículo 220 del decreto 2700 de 1991, sostiene el recurrente que la sentencia del Tribunal Nacional violó indirectamente, por falso juicio de identidad, los artículos 247, 248, 249 y 254 y concordantes del C.P.P. derogado.
El Teniente RENE RAMIREZ GUEVARA sostuvo que HECTOR JULIO LEON NIÑO le manifestó que la niña estaba en poder de NELSON MANRIQUE, afirmación que no fue corroborada dentro de la actuación. El Sargento DENNYS ELKIN QUINTERO DELGADO afirmó que al acercarse a MANRIQUE ya había dado la orden de liberar a la menor, utilizando un celular desde el atrio de la Catedral, afirmaciones que son producto de la imaginación.
El Tribunal desconociendo las reglas de la sana crítica otorgó plena credibilidad a las citadas declaraciones, cuando los militares lo que hicieron fue suponer lo que no ocurrió. El ad quem dio por demostrada una situación que no corresponde a la realidad procesal, “pues hay muchas pruebas, en el expediente, que reafirman la ajenidad de MANRIQUE PARADA en los hechos”. Luego de hacer esta aseveración y de citar jurisprudencia de la Sala acerca del falso juicio de identidad, sostiene que el fallador incurrió en error de distorsión, al dar por acreditadas meras suposiciones.
Igualmente se afirma, en apoyo del cargo formulado, que las declaraciones de los militares deben examinarse con cautela, pues en este caso se observa su marcado interés, colocando a NELSON MANRIQUE en actividades que nunca realizó, estando corroborado, y así no lo quiso ver la segunda instancia, que el incriminado se encontraba frente a la Catedral sin esperar a JULIO LEON, ni saber para qué lo buscaba.
Referente a las grabaciones sostiene el impugnante que la segunda instancia tiene como prueba de cargo algunos intentos de llamadas hechas por el procesado a su residencia y a la casa de cambios al momento de la captura, dándoles un sentido que no tienen.
No puede ignorarse que se demostró que JAZMIN AHMAR mintió. No resultó cierto que la casa de MANRIQUE PARADA fuese el lugar de su retención, que allí existiera un perro, y tampoco fue verdad que MARISOL MANRIQUE la ayúdase a cuidar.
De haberse valorado acertadamente los testimonios, las grabaciones y los indicios a favor de NELSON MANRIQUE PARADA, no se hubiese tergiversado o dado otro sentido a las presunciones de los militares, yerros con los cuales se violó indirectamente la ley sustancial.
Se solicita casar parcialmente la sentencia para absolver al procesado del delito de secuestro extorsivo agravado.
CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO
El Procurador Segundo Delegado en lo Penal sugiere no casar la sentencia del Tribunal de Nacional, con base en los siguientes argumentos:
Nulidad.
Primer cargo.
El demandante no particularizó las diligencias que dice fueron ocultadas, no comprobó el desconocimiento del derecho de defensa, la incidencia de tal falencia en el fallo recurrido, como tampoco explicó los motivos por los cuales pide la declaratoria de nulidad a partir de la definición de la situación jurídica, deficiencias insuperables para el tribunal de casación en razón al principio de limitación.
El cargo debe ser desestimado porque las resoluciones y los documentos relacionados con la interceptación de las líneas telefónicas números 674292, 716367, 741424 y 763019 se mantuvieron en ese estado en obedecimiento a lo dispuesto en el artículo 342 del decreto 2700 de 1991. De otra parte, la información de las interceptaciones fueron incorporadas antes del cierre de investigación, la que no fue controvertida por la defensa técnica, información que en últimas los fallos de instancia no la tuvieron como fundamento para la condena proferida.
Segundo cargo.
La inercia probatoria que el recurrente le atribuye al Tribunal radicó en la misma defensa técnica, dado que habiendo sido requerido por los funcionarios judiciales no aportó en el transcurso del proceso los datos para la localización de EDGAR ESCRUCERIAS y MOLINA N. Por esta razón el cargo no debe prosperar.
Violación indirecta de la ley sustancial.
Tercer cargo.
El cargo cuestiona simplemente la credibilidad otorgada por el sentenciador a los testigos a la manera de una tercera instancia, sin demostrar el desconocimiento de las reglas de la sana crítica. Considera la Delegada que el actor se equivoca al descalificar a RENE RAMIREZ y a DENNYS ELKIN QUINTERO, de quienes no se demostró el interés que les endilga el censor.
La inconformidad manifestada en cuanto a las grabaciones corresponde a un falso juicio de identidad que no se comprobó. No existió por parte de los juzgadores tergiversación o distorsión de la prueba.
No es acertada la afirmación del demandante en cuanto a que el Tribunal no tuviese en cuenta los indicios a favor del procesado, pues fue el extinto Tribunal Nacional el que advirtió en su decisión las inconsistencias en que incurrió en su relato la menor secuestrada.
Concluye el Ministerio Público que el cargo no puede prosperar.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Causal tercera: Nulidad.
Primer cargo.
La nulidad reclamada por el recurrente desde la providencia que resolvió situación jurídica la sustenta en el hecho de haberse dispuesto la reserva de las “diligencias” correspondientes a los folios 98, 100, 119, 120, 121 y 122, ocultándolas a las partes, las que posteriormente el “Juez Regional consideró como pruebas”, con lo cual fueron quebrantados el debido proceso y el derecho de defensa.
El cargo impone diferenciar dos situaciones que el recurrente identifica de manera interesada e incorrecta desde el punto de vista jurídico y del alcance que les asigna. Tales aspectos hacen referencia, de una parte a las providencias y oficios emitidos para ordenar y practicar la interceptación, y de otra, las actas que registran la trascripción del contenido de las llamadas interceptadas, dos facetas a las que se hará alusión por separado en los párrafos siguientes.
1. El artículo 342 del decreto 2700 de 1991, vigente a la época de la actuación censurada en la demanda de casación, autorizaba al funcionario judicial mantener en reserva las providencias que ordenaran, entre otras, la interceptación de comunicaciones telefónicas, por el tiempo que se considerara necesario para impedir que se interfiriera el desarrollo de la diligencia.
Con fundamento en el mandato legal referido, el fiscal instructor ordenó que no se dieran a conocer a los sujetos procesales las providencias y los oficios con los cuales se dio cumplimiento a la orden para la interceptación de las líneas telefónicas correspondientes a los abonados 763019, 717367, 674292, 674042, 741424 (fls. 98, 100, 118, 119, 120, 121, 122 Cd.O.No.1). Tales documentos fueron incorporados al proceso nuevamente el 12 de mayo de 1998, después de vencido el término para presentar alegaciones y antes de proferirse el fallo de primera instancia, como puede constatarse a los folios 247 a 281 del cuaderno original número 7.
El recurrente denomina a las actuaciones referidas en el acápite anterior como “diligencias” haciéndoles extensivo el significado de contenido de la prueba, cuando ello no es así, puesto que en los mencionados folios no se insertó la trascripción de las llamadas interceptadas, tales ‘diligencias’ corresponden únicamente a las resoluciones y oficios que dispusieron la práctica de la prueba.
El levantamiento de la reserva de tales documentos desglosados en la etapa de la causa no afectó las garantías fundamentales que se denuncian como quebrantadas, dado que aquéllos no reproducían el contenido de la prueba y por ende ninguna incidencia tuvieron en el fallo de condena.
Uno de los motivos con base en los cuales el casacionista sustentó el recurso de apelación contra la sentencia proferida por el juez regional fue el que ahora examina la Sala, lo que dio lugar a que el Tribunal Nacional afirmara que tal situación estaba desprovista en este caso de fuerza incriminatoria, por cuanto que el fallo de primera instancia no tuvo esas diligencias “como fundamento de las determinaciones con las cuales fueron afectados los justificables de marras”.
Intrascendente resulta el reproche con base en el argumento analizado, dado que los documentos a los cuales alude el censor resultan inanes en relación con la orientación que determinó la decisión del Tribunal.
2. El resultado obtenido por los auxiliares de la justicia como consecuencia de las órdenes de interceptación a los abonados 763019, 717367, 674292, 674042, 741424, esto es, el contenido de las llamadas interceptadas, estuvieron a disposición de los sujetos procesales, pues las actas que registran tales transcripciones fueron incorporadas en la etapa del sumario el 5 de julio de 1995, como consta en el documento visible a los folios 255 a 262 del C.O.1., hecho éste con el que se establece que se permitió oportunamente el conocimiento y su contradicción, otra cosa es que se haya guardado silencio por los interesados al respecto, obedeciendo a una estrategia defensiva, con lo cual se pone de manifiesto lo infundado que resulta el reparo.
De otra parte, para significar la trascendencia del reproche solamente afirma el censor que se ocultaron pruebas de “alto interés para las partes”. Una formulación así adolece de claridad y precisión, por lo abstracta, no sólo en cuanto al señalamiento de la actuación con la cual se vincula el error, sino también en la incidencia respecto de las garantías fundamentales que se dan por quebrantadas.
3. Otro desacierto de carácter técnico en la formulación del cargo se cometió en la demostración de la causal invocada. El recurrente se valió de argumentos que desconocen el principio de autonomía, dado que la invalidación se sugiere por haberse soportado los fallos de instancia en pruebas ilegales, pues a su entender, las diligencias de interceptación telefónica fueron estimadas no obstante haberse practicado y aportado aplicándoseles indebidamente las normas que correspondían a las del testimonio con reserva de identidad, supuesto éste que el impugnante de querer persistir en su ocurrencia ha debido alegar al amparo de la violación indirecta de la ley sustancial por falso juicio de legalidad, más no como lo hizo, por la causal tercera de casación.
El cargo no prospera.
Segundo cargo.
Los cuestionamientos que en este cargo hace el recurrente al amparo de la casual tercera de casación, pidiendo la nulidad de todo lo actuado, corresponden al desconocimiento del principio de investigación integral, al omitirse por los funcionarios judiciales la recepción de las declaraciones de EDGAR ESCRUCERIAS y N. MOLINA.
La no verificación de las citas hechas en el proceso, la omisión de pruebas, o la negación de las solicitadas por los sujetos procesales, no necesariamente conducen a la violación del principio de investigación integral. Para que así ocurra, aquéllas situaciones han de provenir de actuaciones de los funcionarios judiciales que constituyan arbitrariamente una inactividad o un obstáculo para ejercer el derecho de defensa, como por ejemplo la negación de pruebas. Este proceder corresponde a un desacato al deber impuesto a los servidores públicos encargados de administrar justicia en el inciso final del artículo 250 de la C.N. y a la norma rectora de la ley procesal penal actual prevista en el artículo 20, la que en la legislación derogada correspondía al artículo 333.
El deber del funcionario judicial de garantizar una investigación que se vincule con lo favorable y desfavorable para el procesado, como en el asunto sub examine se reclama, no conduce a exigencias tales que impliquen el desconocimiento de las reglas de la lógica o de las posibilidades. Precisamente a esta situación se arriba con el argumento del recurrente, quien aduce la ilegalidad del fallo con base en una omisión probatoria gestada en la propia incuria del defensor del procesado para ese momento procesal, pues el fiscal instructor (fl. 42 Cd. O. No. 4) negó la recepción de las declaraciones de EDGAR ESCRUCERIAS y N. MOLINA, por carecer el expediente de la información necesaria para ubicarlos, pero a su vez, reclamó del peticionario, el aporte de los datos para su localización, requerimiento que estaba dirigido a todos los con posterioridad representaran a dicho procesado o a los demás sujetos que persistieran en tales pruebas, carga procesal que no se cumplió.
En estas condiciones, los operadores de justicia no contaron con los medios para autorizar la práctica de las pruebas ahora reclamadas, y a ellos no se les puede exigir lo insuperable, como sobreponerse a lo que en un momento dado dependía estrictamente de la voluntad de los sujetos procesales, como en este asunto ocurrió con la situación examinada.
El recurrente estaba en el deber de suministrar la información exigida para la evacuación de las declaraciones de EDGAR ESCRUCERIAS y N. MOLINA, está colaboración con la administración de justicia, inherente al deber de lealtad procesal, fue omitida, luego mal puede ahora increparse la falta de allegamiento de tales pruebas a la conducta de los instructores o juzgadores, cuando el obrar de éstos estuvo ajustado a derecho.
De otra parte, es dable considerar que el éxito del ataque por violación al principio de investigación integral está ligado al alcance de las pruebas omitidas, el que debe precisar en términos racionales el recurrente y del cual ha de inferirse su incidencia favorable para el inculpado en la sentencia. Este ejercicio, lo realizó el demandante afirmando que las susodichas pruebas son “testigos de excepción de las confesiones que éste – se refiere a JULIO LEON NIÑO – hiciera a favor del Señor MANRIQUE PARADA”, sin especificar cuáles fueron esas confesiones, por qué redundaban en beneficio de MANRIQUE PARADA y qué repercusión probatoria tenían en relación con la autoría, antijuridicidad, culpabilidad o punibilidad, habida cuenta de los demás elementos de juicio incorporados al proceso. Esta situación conlleva a la Sala a concluir que no se demostraron los supuestos que dan lugar el reconocimiento de lo que se pretende en la demanda.
El cargo no prospera.
Causal primera: Violación indirecta de la ley sustancial.
Sostiene el recurrente que el Tribunal Nacional distorsionó y desconoció las reglas de la sana crítica al apreciar las declaraciones de RENE RAMIREZ GUEVARA y DENNYS ELKIN QUINTERO DELGADO, así como los intentos del procesado de llamar a la casa de cambios y a su residencia, situaciones a las que se les da un sentido que no tienen. Estos errores, para el censor, condujeron a la violación indirecta de la ley sustancial.
Constituye un desacierto técnico la proposición jurídica que se denuncia como vulnerada, pues fue integrada con los artículos 247, 248, 249, 254 y “concordantes” del decreto 2700 de 1991, omitiéndose las disposiciones sustanciales finalmente quebrantadas, lo que incidió en el hecho de no haberse asumido el desarrollo ni la demostración del concepto de su violación.
El recurrente presentó el cargo sin ninguna claridad y precisión, pues aun cuando para el momento en que se presentó la demanda, conforme al desarrollo jurisprudencial, era dable denunciar el desconocimiento de las reglas de la sana crítica al amparo del falso juicio de identidad, ello no significaba la exoneración del deber del recurrente de hacerlo diferenciando la naturaleza, desarrollo y demostración que implicaba la distorsión de la prueba y su apreciación contrariando las reglas de la ciencia, lógica o experiencia.
Para el recurrente, contraviniendo los señalamientos hechos en el acápite anterior, sostiene que el Tribunal distorsionó las declaraciones de los militares y el alcance de los registros de las llamadas que el inculpado intentó hacer momentos antes de la captura, y a su vez, en el mismo cargo le endilgó al ad quem haberse apartado del método racional en la apreciación de tales evidencias. La distorsión apenas la denunció (ninguna precisión hizo al respecto) y el quebrantamiento de la sana crítica la hizo consistir en un supuesto interés del Teniente RENE RAMIREZ GUEVARA y el Sargento DENNYS ELKIN QUINTERO DELGADO, interés que tampoco comprobó, pues la remembranza de conceptos doctrinarios de Fiore o Enrique Atavilla sobre la apreciación del testimonio de los militares o la sola circunstancia de pertenecer aquéllos a éstas fuerzas del orden no conducen al establecimiento de la tacha que se les endilga a los declarantes para descalificar su credibilidad y el desconocimiento de las reglas de la sana crítica.
Ningún aporte positivo al propósito de demostrar la violación indirecta de la ley sustancial obtiene el recurrente, al cuestionar la credibilidad otorgada por los juzgadores de instancia a los testimonios de RAMIREZ GUEVARA y QUINTERO DELGADO, acudiendo a expresiones genéricas, sin contenido y trascendencia, como el señalar que “hay muchas pruebas, en el expediente, que reafirman la ajenidad de MANRIQUE PARADA en los hechos”, o que el desacierto consistió en no hacer una valoración conjunta con otros hechos que configuraban “indicios a favor” del inculpado. Tampoco cumple el censor el cometido de establecer el quebranto de la ley, si no enfrenta, como no lo hizo, la evaluación hecha por el juzgador de las evidencias y la forma que a decir del demandante, era la correcta para establecer la existencia del yerro denunciado, en qué había consistido y cuál era su incidencia en la decisión finalmente adoptada por el ad quem. En estas condiciones, el cargo es incompleto, confuso y debe ser desestimado.
La pretensión del libelista se orientó a ignorar la apreciación judicial del mérito de las pruebas sin demostrar la existencia de un error en la labor cumplida por los juzgadores en las instancias. En efecto, para descalificar la conclusión del ad quem en el sentido de que el testimonio de los militares estaban corroborados en el proceso, simplemente aduce que: “fijémonos que también en el proceso se dice, que LEON NIÑO, le confesó, en el centro carcelario de Cúcuta, a dos personas que lo atendieron en la enfermería (EDGAR ESCRUCERIAS y N.MOLINA) que MANRIQUE PARADA, era inocente, respecto del secuestro de la menor JAZMINE AHMAR”, con lo cual no se demuestra error alguno en la apreciación del Tribunal, menos cuando el argumento esbozado es infundado, pues se sustenta en hechos que no pudieron ser establecidos porque los testimonios no pidieron ser recepcionados, precisamente porque los sujetos procesales no se aportaron los datos necesarios para su localización.
En esta materia la jurisprudencia tiene establecido que no constituye motivo reclamable en casación la mera disparidad de criterios entre la valoración realizada por los jueces y la pretendida por los sujetos procesales, sino la comprobada contradicción entre aquélla y las reglas que informan la valoración racional de la prueba. Ignorando estos postulados, el demandante pretende que la Sala opte por su criterio, con desconocimiento de lo expresado en la sentencia, cuando ésta llega amparada por la presunción de acierto y legalidad. Este es un punto de vista distinto al del Tribunal, pero que en sí mismo no tiene aptitud para demostrar el error imputado a la sentencia.
El cargo no prospera.
El Tribunal Nacional favoreció a los condenados por el delito de secuestro extorsivo agravado con la disminución punitiva de que trata el artículo 4° de la ley 40 de 1993, dado que la liberación de la víctima fue un acto discrecional y voluntario de MANRIQUE PARADA, situación que por virtud de las prescripciones del artículo 25 del C.P. anterior dio por comunicado a los demás plagiarios. El Procurador Delegado considera que los supuestos de la diminuente de punibilidad no concurrían en este caso, pero a pesar de la aplicación indebida del artículo 4° de la citada ley, advierte que no procede la modificación de la sentencia por ser el impugnante recurrente único.
El planteamiento del Procurador Delegado no es dable resolverlo por cuanto que no fue objeto de censura por los sujetos procesales y la Sala no encuentra que la decisión del Tribunal deba casarse oficiosamente, pues no concurren los supuestos a que alude el artículo 216 de la ley 600 de 2000. Basta señalar que la pena prevista en el tipo básico para el secuestro extorsivo, así como los aumentos por razón de las agravantes específicas y la deducción con base en el artículo 4° de la ley 40 de 1993, se realizaron por el ad quem respetando los mínimos y máximos de pena previstos por el legislador, por lo que el principio de legalidad no se vio comprometido con el fallo impugnado.
Cabe anotar que de ser procedente en el sub judice la aplicación del principio de favorabilidad por la entrada en vigencia de la ley 599 de 2000, corresponde al juez de ejecución de penas su aplicabilidad, conforme al artículo 19 de la ley 553 de 2000.
Esta decisión queda en firme en la fecha de su firma y contra ella no procede recurso.
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
No casar la sentencia impugnada, de fecha, origen y contenido consignados en esta providencia.
Cópiese, comuníquese, cúmplase y devuélvase.
ALVARO O. PEREZ PINZON
FERNANDO E. ARBOLEDA RIPOLL JORGE E. CORDOBA POVEDA
HERMAN GALAN CASTELLANOS CARLOS A. GALVEZ ARGOTE
JORGE ANIBAL GOMEZ GALLEGO EDGAR LOMBANA TRUJILLO No hay firma
CARLOS EDUARDO MEJIA ESCOBAR NILSON PINILLA PINILLA
TERESA RUIZ NUÑEZ
Secretaria