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Proceso N° 13310
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACION PENAL
Magistrado ponente:
Dr. Carlos Eduardo Mejía Escobar
Aprobado Acta # 147
Bogotá D.C., septiembre veintiocho (28) de dos mil uno (2001).
Vistos:
Resuelve la Sala el recurso de casación interpuesto por los defensores de los procesados OSCAR BENAVIDES MELO, PABLINO RODRIGUEZ DAZA, JOSE EDILBERTO TORRES GARCIA y LELIO ANTONIO PEDRAZA ROA, contra la sentencia de julio 30 de 1996, mediante la cual el Tribunal Nacional confirmó en su integridad la condena a 6 años de prisión que a cada uno le impuso un Juez Regional de Bogotá, al encontrarlos autores responsables del cargo de tortura (art. 24 del D. 180/88, adoptado como legislación permanente por el D. 2266 de 1991).
Hechos y actuación procesal:
Los hechos que originaron la investigación ocurrieron en la tarde del 13 de diciembre de 1991 en la finca de MACARIO PUMENE PONARE, ubicada en la Vereda El Médano de Orocúe (Casanare). Allí se hicieron presentes cuatro desconocidos que se identificaron como agentes del DAS y le preguntaron a quien los atendió (ERASMO PUMENE) por RUBIEL PUMENE, contra quien existía una orden de captura. Los hombres no se encontraban seguros de la verdadera identidad de su interlocutor, pensaban en la posibilidad de que se tratara de la persona que buscaban y entonces procedieron a torturarlo. Con las manos esposadas le hicieron prácticas de ahogamiento y después, todavía esposado, lo arrastraron atado a un caballo. Igualmente lo golpearon en distintas partes del cuerpo y lo amenazaban con darle muerte. La víctima quedó con algunas lesiones internas que ameritaron tratamiento médico.
PABLINO RODRIGUEZ DAZA, JOSE EDILBERTO TORRES GARCIA, LELIO ANTONIO PEDRAZA ROA y OSCAR BENAVIDES MELO, detectives de la oficina del DAS de San Luis de Palenque, a quienes efectivamente se les había encomendado la captura de RUBIEL PUMENE el 11 de diciembre de 1991, resultaron ser los autores del hecho.
Fueron vinculados al proceso a través de indagatoria, se les resolvió la situación jurídica y el 2 de julio de 1994 un Fiscal Regional de Bogotá dictó en su favor preclusión de la instrucción. Esta decisión fue apelada por la Procuraduría y revocada en segunda instancia por la Unidad de Fiscalía ante el Tribunal Nacional, que determinó acusarlos por el cargo de tortura contemplado en el artículo 24 del decreto 180 de 1988, adoptado como legislación permanente por el decreto 2266 de 1991. Lo hizo a través de la providencia del 25 de enero de 1995, la cual adquirió ejecutoria el 7 de febrero siguiente.
Surtido el trámite del juicio un Juzgado Regional de Bogotá condenó a los procesados el 21 de diciembre de 1995 a las penas de 6 años de prisión e interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo lapso. Esta decisión fue confirmada por el Tribunal Nacional a través de la sentencia objeto del recurso de casación.
Las demandas:
1. Presentada a nombre del procesado OSCAR BENAVIDES MELO.
Primer cargo.
Lo apoyó el defensor en la causal 3ª de casación. Dice que la calificación de la conducta como tortura fue errónea. La norma aplicada por el Tribunal, artículo 24 del decreto 180 de 1988, exigía “fines terroristas” y éstos no tuvieron ocurrencia en el presente caso. La realidad “material y procesal” indica, sin que se encuentre plenamente probado, la estructuración de un delito de lesiones personales.
El Tribunal adujo que aunque el artículo 24 mencionado contenía la expresión “en cumplimiento de actividades terroristas”, lo cual podría darle razón a la defensa, lo cierto es que la misma fue suprimida al adoptarse la norma como legislación permanente por el artículo 4º del decreto 2266 de 1991. Para el censor esa circunstancia no producía una variación automática de los elementos del tipo originales y en esa medida cuestiona la interpretación del juzgador.
Para el libelista la tortura supone un ánimo inequívoco en el transgresor de generar zozobra social y por lo tanto no puede sostenerse, como lo hace el Tribunal, que no requiere de ningún dolo específico ya que ello impediría determinar cuándo se está ante dicho punible y cuándo ante lesiones personales, siendo que los dos implican daño a la salud, un padecimiento por parte de la víctima.
La hipótesis delictiva en el presente caso es la de lesiones personales, enfatiza el casacionista. En consecuencia, el proceso fue tramitado por funcionarios sin competencia y por un delito que no tuvo ocurrencia, en virtud de la ausencia de propósito terrorista en los autores. Su solicitud es, entonces, que se case la sentencia y se declare la nulidad de la actuación desde la resolución que dispuso la apertura de la instrucción.
Segundo cargo.
“La sentencia censurada –así lo enuncia el defensor—viola, por error de derecho en la estimación de la prueba, los artículos: 247, 249, 254. Indirecta y consecuencialmente por indebida aplicación del artículo 24 del decreto 180 de 1988”. Anota que la violación obedeció a que no se estableció la certeza del hecho punible ni la responsabilidad de su representado.
Expresa que las reglas de la razón, del conocimiento y la experiencia no fueron tenidas en cuenta por el Tribunal. Se apartó de las mismas llegando incluso a invocar un fallo del Consejo de Estado, extraño al ámbito penal, según el cual pedir prueba directa de los hechos respecto de los cuales un ciudadano “resulta sacrificado por miembros de la fuerza pública” es exigir una prueba imposible. Al censor le parece que la aplicación de esas doctrinas al proceso penal lesiona el principio de inocencia y el derecho de defensa, dado que su solo enunciado “…significaría renunciar a la constatación y prueba de los cargos y someternos entonces a una especie de presunción de culpabilidad, que …de ninguna manera puede atentar contra los principios de la prueba en materia penal”.
Cita una jurisprudencial de la Sala en la que se explican los errores de derecho por falso juicio de legalidad y convicción, igualmente un aparte del fallo en el que se afirma que la certeza para condenar se adquirió luego de la valoración conjunta de la prueba testimonial, científica y documental, y dice que fue aquí donde acaeció la violación que denuncia.
La esencia del hecho punible de tortura son los daños en el cuerpo y en la salud, indicativos de los maltratos imputados a los procesados, de los cuales no hay evidencias. Por esto –sigue el cargo— ha sido planteada una tortura síquica “que se quiere inferir del estado de aperezamiento o de somnolencia” que advirtió la médica de Orocúe que atendió a la víctima del hecho.
“El análisis probatorio que hace el fallador tanto de primera como de segunda instancia sobre el particular –dice textualmente el censor—es erróneo y es precisamente la descripción que hacen los agentes del DAS sobre el estado psicofísico de ERASMO PUMENE, lo que lleva a ese aserto.
“Si se hace la valoración conjunta de los distintos medios probatorios como lo pregona la sentencia demandada, es forzoso concluir que la descripción que hacen los procesados, coincide con el de la galena y recordamos como somnolencia significa pesadez y torpeza de los sentidos motivados por el sueño. Ganas de dormir. Pereza, falta de actividad. Mientras que el término estuporoso implica disminución de las funciones intelectuales acompañada de cierto aire de aspecto de asombro o indiferencia.
“Todo lo anterior –finaliza la cita—para relievar que precisamente no constituye un acierto legal, como en efecto lo considera la sentencia impugnada, que el aspecto objetivo del reato de tortura se prueba con la constancia en la historia clínica, sobre el estado somnoliento y estuporoso del paciente. Es la propia segunda instancia quien admite que la directora del centro de salud de Orucúe (Casanare), advierte en su primer reconocimiento médico legal, que las dolencias que presenta el paciente no guardan correlación con signos físicos de violencia del afectado y de cómo es la misma profesional quien sugiere se realice una evaluación especializada y de ser posible un examen paraclínico. Lo anterior sería suficiente para descartar desde el punto de vista de la cientificidad, la certeza que demanda el artículo 247 del C. de P.P. sobre el hecho punible”.
Pasa el defensor a referirse a la prueba testimonial. Critica, de un lado, que se desconozca la importancia de la retractación hecha por el denunciante MACARIO PUMENE PONARE y, del otro, que se haya otorgado credibilidad a los testigos ROGER ERNESTO, KETTY y WILSON ARCADIO PUMENE. Sus dichos –dice—fueron desvirtuados en la investigación. El primero anota que a ERASMO PUMENE PONARE lo colgaron del cuello a un árbol y de haber sido cierto hubiera resultado ahorcado. Lo que dijo, de otra parte, choca con lo sostenido por el testigo con reserva de identidad #3, por lo que las dos versiones se descalifican recíprocamente. Con esta misma lógica compara el defensor apartes de los dicho por el testigo oculto #4 y el #1; refiere que no se le puede creer al #5, por cuanto dijo que la víctima permaneció 4 días en cama cuando se constató que fue al médico al tercer día siguiente al de los hechos.
Por otra parte es imposible que los procesados hayan cometido el hecho imputado. Llegaron según el testigo #6 a la Finca Sardinas a las 5:30 P.M. por lo que en atención a la distancia a la que se encuentra el sitio de los hechos, no es posible que hayan estado aquí a las 4 de la tarde como lo dijo ERASMO PUMENE.
La prueba, en conclusión, incluyendo las versiones de los procesados, no fue valorada como lo dispone la ley. El Tribunal, en consecuencia, “…incurrió en violación indirecta de la ley…”, finaliza la censura.
Tercer cargo.
El error de derecho que invoca la defensa lo hace consistir en “el valor de plena prueba” dado a lo dicho por la víctima, quien resultó contradicho por testigos que no fueron descalificados. Tal “sobreestimación” en la apreciación del testimonio condujo a deducir incorrectamente la responsabilidad penal de su representado. Y en cuanto a los indicios que sirvieron al mismo propósito “no tienen la potencialidad de serlo”, en cuanto “se inspiran” en lo afirmado por el supuesto torturado y en las versiones de sus familiares, que fueron ampliamente refutadas.
“Lógicamente –concluye el defensor—la sumatoria de equivocadas evaluaciones probatorias conlleva a la violación indirecta por indebida aplicación de la sanción prevista para el delito de tortura, sin que este se hubiese cometido, lo que implica a su vez producir la sentencia querellada, cuando en su lugar ha debido ser absolutoria”.
Cuarto cargo.
A través de este predica el censor que se violó el artículo 445 del Código de Procedimiento Penal.
“En el caso sub-exámine –expresa—después del análisis probatorio realizado, se concluye que no existía entonces, la prueba que exige el artículo 247 para condenar, teniéndose que aceptar, en el peor de los casos, de que no está comprobada plenamente la coautoría, la certeza que demanda la norma en cita para condenar”.
“Queda en esta forma demostrada entonces –finaliza—la causal primera de casación por violar el fallo censurado, normas sustanciales, por error de derecho, en la estimación de las pruebas, al considerarlas como suficientes para condenar por el punible de tortura a …OSCAR BENAVIDES MELO”.
2. Demanda presentada a nombre de los procesados PABLINO RODRIGUEZ DAZA, JOSE EDILBERTO TORRES GARCIA y LELIO ANTONIO PREDAZA ROA.
Primer cargo.
Lo apoya en la causal 3ª de casación y lo hace consistir en incompetencia del funcionario judicial. La Fiscalía Regional se refirió al delito de tortura “con fines terroristas implícitos” (art. 24 del D. 180/88), los cuales no fueron evidenciados en el proceso.
Se refiere al artículo 279 del Código Penal, dice que el mismo no ha desaparecido del ordenamiento jurídico y que la competencia para conocer de la tortura allí descrita es de los Jueces Penales del Circuito.
“Si bien es cierto –anota—que el decreto 180 de 1988 en su artículo 24 tipifica la tortura y que el decreto 2266 de 1991, lo adopta como legislación permanente, el legislador en ningún momento manifestó que desaparecía el artículo 279 del Código Penal, como no desapareció tampoco el 323 ibídem, relativo al homicidio, por ejemplo, por el contrario la génesis del decreto 180 de 1988, fueron los graves problemas de orden público, que llevaron al legislador a proponer la creación del llamado estatuto para la defensa de la democracia, creando una nueva jurisdicción para los punibles consagrados en él pero dejando a su vez el conocimiento de ciertos punibles a la justicia ordinaria”.
Acto seguido se refiere el censor a la definición del delito de terrorismo según la jurisprudencia de la Sala, a la necesidad de “motivación terrorista” para poder realizar la adecuación de los hechos a algunas de las conductas previstas en el decreto 180 de 1988 y a la necesidad en todos los casos, al aplicar dicha ley, de recordar las motivaciones gubernamentales para declarar turbado el orden público a través del decreto 1038 de 1984.
En conclusión, la imputación de la tortura prevista en el decreto 180 supone el propósito terrorista y en el presente caso no tuvo ocurrencia. Eventualmente –finaliza la censura—se afectaron intereses individuales de ERASMO PUMENE y en tales circunstancias la competencia para conocer del proceso radicaba en la justicia ordinaria.
Segundo cargo.
La transgresión del debido proceso que en este ataque propone el defensor tiene que ver con la circunstancia de que se aplicó indebidamente la norma que le atribuía competencia a los Jueces Regionales. Dice que todos los delitos que eran de su conocimiento tenían como punto común la motivación terrorista, lo cual significa que la tortura sin dicha finalidad era competencia de la justicia ordinaria. Y como no fue ésta la que tramitó el proceso se incurrió en nulidad supralegal.
Cargos 3º y 4º.
En estas censuras insiste el abogado en la vulneración del artículo 29 de la Constitución Nacional al haberse tramitado el proceso por Fiscal y Juez que no eran los competentes
Concepto del Procurador 3º Delegado en lo Penal:
En cumplimiento del principio de prioridad el Delegado se refirió en primer lugar a los cargos de nulidad propuestos por los demandantes.
Sobre el cargo de nulidad presentado por el defensor del procesado OSCAR BENAVIDES MELO.
La censura desconoce la vigencia autónoma del artículo 279 del Código Penal, al señalar que el único encuadramiento posible de la conducta del sindicado, a falta de finalidad terrorista, es en el delito de lesiones personales.
Aunque para el Procurador son válidos los comentarios del casacionista relativos a que la relación de hechos de la acusación no contenía la finalidad incluida en el artículo 24 del decreto 180 de 1988, no lo es la solución con la cual pretende resolver el yerro. Al sostener que la única adecuación posible era la del atentado contra la integridad personal “…deja por fuera la intimidación que producía el sufrimiento físico y sicológico infligido por los procesados con el propósito de conseguir información sobre el paradero de su hermano RUBIER PUMENE, elementos que desbordan el marco fáctico del tipo de lesiones personales.
“En esta forma el demandante no logra acertar la clase de error que se produce y con esa inconsistencia el reparo propuesto tampoco responde al desacierto cometido por el sentenciador, de donde se colige la improsperidad de la censura ante la falta de claridad en su reconocimiento y forma de arreglo”, concluye el concepto.
Sobre el primer cargo de nulidad propuesto por el defensor de los procesados PABLINO RODRIGUEZ DAZA, JOSE EDILBERTO TORRES GARCIA y LELIO ANTONIO PREDAZA ROA.
Aunque para el Procurador su construcción no es completamente satisfactoria, su desarrollo contiene los elementos necesarios que permiten su estimación. Se dirigió a demostrar la errónea calificación jurídica de la conducta en la acusación y en la sentencia, cumpliéndose perfectamente con la regla de un ataque por vía directa de no discutir los hechos ni los medios de prueba.
El parecer del Delegado es que se incurrió en la irregularidad denunciada. Los hechos que se tuvieron por demostrados se adecuaban a la tortura prevista en el artículo 279 del Código Penal y no a la tortura con fines terroristas descrita en el artículo 24 del decreto 180 de 1988. Hubo entonces error en la denominación jurídica del hecho y el mismo debe ser corregido al amparo de la causal 3ª, que es a la que acudió el censor.
Las normas mencionadas, pese a contener una similar descripción de la conducta típica tutelaban bienes jurídicos diversos e implicaban juzgadores diferentes. “Si la conducta reprochada a los procesados no tenía propósitos terroristas, mal podía la justicia regional asumir el conocimiento de la instrucción y juzgamiento, al no ser resorte de sus atribuciones ocuparse de ellos y en su lugar ha debido enviarlo al funcionario competente, que no era otro que el Fiscal Seccional de Orocúe…”, expresa el Procurador. Se vulneró, por lo tanto, la garantía fundamental del debido proceso, debiendo declararse la nulidad de lo actuado a partir de la resolución de cierre de la instrucción.
La solicitud del Agente del Ministerio Público es, por lo tanto, que se case la sentencia y se declare prescrita la acción penal en atención a que transcurrió el respectivo término legal previsto para el delito de tortura consagrado en el artículo 279 del Código Penal.
Cargos 2º, 3º y 4º de nulidad propuestos por el defensor de los procesados PABLINO RODRIGUEZ DAZA, JOSE EDILBERTO TORRES GARCIA y LELIO ANTONIO PREDAZA ROA.
Si bien es cierto todos se dirigieron a demostrar la falta de competencia del Juez Regional para conocer del proceso, no fueron formulados técnicamente. Se limitaron –dice el procurador—“…a señalar las normas que regulaban los asuntos asignados al conocimiento de los jueces regionales o a reafirmar el desconocimiento del debido proceso contenido en el artículo 1º del Código de Procedimiento Penal y 29 de la Constitución Política, o simplemente a señalar la causal de nulidad en que pudo incurrir el instructor al adelantar la investigación, desatendiendo las pautas mínimas exigidas en la formulación de una censura y que si bien pudieran asimilarse a un desarrollo y complemento del primer cargo, motivo por el que la Delegada sin ningún otro comentario considera viable su desestimación”.
Cargos planteados al amparo de la causal 1ª de casación por el defensor del procesado OSCAR BENAVIDES MELO.
Fueron tres y en todos notoria la imprecisión y falta de claridad en su presentación, anota el Agente del Ministerio Público. El censor tenía el deber de señalar el error que produjo la violación de la ley, pero simplemente se refirió a una supuesta deficiencia en la apreciación de la prueba, apoyado en que no se estableció con certeza el hecho punible ni la responsabilidad de su representado. Y cuando se refirió a los medios de prueba lo que hizo fue presentar su propia lectura, pretendiendo impropiamente que la misma sea preferida a la del juzgador. En conclusión, se trató de simples comentarios o críticas sin trascendencia alguna, por lo que las censuras deben desestimarse, finaliza el concepto.
Consideraciones de la Sala:
La Corte solamente responderá, conjuntamente, el primer cargo de nulidad de cada una de las demandas. Los planteamientos allí realizados son entendibles, tienen que ver con una supuesta errónea calificación jurídica de los hechos y existe coincidencia temática, a pesar de que uno de los demandantes sostenga que la no evidencia de propósito terrorista en el comportamiento de los procesados traducía que se estuviera frente la hipótesis delictiva de lesiones personales; y que el otro, apoyado en la coexistencia de dos tipos penales de tortura (el descrito en el artículo 24 del decreto 180 de 1988 –recogido como legislación permanente por el decreto 2266 de 1991— y el del 279 del C.P.), concluya que el que debió imputarse fue el último, en consideración también a la ausencia de finalidad terrorista en la conducta.
Los demás cargos, como en su oportunidad se verá, no son susceptibles de examen. Bien porque sólo son una reiteración imperfecta del que se abordará, como pasa con los tres últimos cargos de nulidad propuestos por el defensor de los procesados PABLINO RODRIGUEZ DAZA, JOSE EDILBERTO TORRES y LELIO ANTONIO PEDRAZA. O porque su contenido revela sólo el propósito de prolongar el debate probatorio agotado en las instancias a partir de la apreciación probatoria del demandante, como pasa con los cargos de violación indirecta realizados por el apoderado del procesado OSCAR BENAVIDES MELO.
Se incurrió en calificación jurídica errónea de la conducta atribuida a los procesados?
No está en discusión el supuesto de hecho que apoyó la adecuación típica. Los sindicados, agentes del DAS, buscando la efectividad de un mandato de captura que tenían en contra de RUBIEL PUMENE, torturaron a ERASMO PUMENE para obtener información. Lo sometieron a prácticas de ahogamiento mientras sus manos se encontraban esposadas, lo arrastraron luego atado a un caballo, lo golpearon en el cuerpo sin dejar muchas huellas y al tiempo lo amenazaron de muerte. Son, no cabe duda, típicos actos de tortura. Se buscaba con ello someter la voluntad de la persona infligiéndole sufrimiento físico y mental, aspectos ambos que caracterizan esta clase de delito y lo distinguen de las lesiones personales realizadas con sevicia. De ahí que la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura incluye los fines de investigación criminal, el carácter intimidatorio, el castigo personal, la realización como medida preventiva, como pena o cualquier otro fin, y los métodos tendientes a la anulación de la personalidad de la víctima o a la disminución de su capacidad física y mental como elementos definitorios de la tortura, lo que resulta razonable si se repara en que con ella se ofende la dignidad de la persona.
El problema a resolver es completamente de naturaleza jurídica. Se trata de establecer si coexisten en la legislación colombiana dos tipos penales de tortura, como lo sostiene el Procurador y el defensor de los procesados PABLINO RODRIGUEZ DAZA, JOSE EDILBERTO TORRES y LELIO ANTONIO PEDRAZA. O si sólo existe la tortura con fines terroristas, como no muy lógicamente lo da a entender el defensor de BENAVIDES MELO para apoyar su pretensión de que sólo se incurrió en lesiones personales, ante la evidencia de que un propósito así no se evidenció en el presente caso. O si existe un solo tipo de tortura a partir de la expedición del decreto 2266 de 1991, como parece decirlo el Tribunal Nacional en la sentencia impugnada.
Obtener la respuesta obliga remontarse al decreto 1038 de 1984, mediante el cual el Gobierno Nacional declaró turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio nacional. Este, que tuvo como propósito enfrentar la situación de violencia generalizada que atravesaba el país y de ataques premeditados a las instituciones democráticas a través del auge de acciones terroristas de la delincuencia organizada, fue el fundamento de la expedición del decreto 180 de 1988. En su artículo 24 consagró:
“Torturas. El que en cumplimiento de actividades terroristas, someta a otra persona a tortura física o síquica, incurrirá en prisión de 5 a 10 años, siempre que el hecho no constituya delito sancionado con pena mayor”.
La exigencia de que la conducta estuviera asociada al desarrollo de actividades terroristas como condición para su imputación, significó que las demás torturas, aquellas con otras finalidades, siguieran siendo sancionadas con sustento en el artículo 279 del decreto 100 de 1980, cuyo tenor era el siguiente:
“Tortura. El que someta a otro a tortura física o moral, incurrirá en prisión de 1 a 3 años, siempre que el hecho no constituya delito sancionado con pena mayor”.
Es supremamente claro para la Sala, entonces, que el delito de tortura en cumplimiento de actividades terroristas que describió el decreto 180 de 1988, que naturalmente estaba en la orientación de contrarrestar las causas que originaron la declaración del estado de excepción constitucional, coexistió con el 279 del Código Penal. Y si los hechos del presente proceso hubieran tenido ocurrencia en vigencia del decreto 180 es evidente que tendría que dársele la razón al Procurador, ante la circunstancia manifiesta de que los procesados no atormentaron a la víctima en cumplimiento de actividades terroristas, sino con el propósito de que les procurara información. Pero como no sucedió así, sino que ocurrieron el 13 de diciembre de 1991, en vigencia del decreto 2266 del 4 de octubre del mismo año, debe evaluarse el impacto de la adopción del citado artículo 24 del decreto 180 como legislación de carácter permanente.
El Constituyente de 1991, consciente de que las causas que originaron el estado de sitio en 1984 no estaban superadas y de que prescindir de la legislación de excepción expedida para contrarrestarlas sería catastrófico para el país, dictó algunas normas de tránsito. Una de ellas, la 8ª, prolongó la vigencia de todos los decretos expedidos por el Gobierno Nacional en virtud del estado de sitio por un término máximo de 90 días. Y se dispuso paralelamente que en dicho lapso el Ejecutivo, mediante decreto, podía convertir esa legislación en permanente, siempre y cuando la Comisión Especial Legislativa creada por el artículo 6º transitorio diera su aprobación.
El procedimiento diseñado fue sencillo. El Gobierno le presentaba a la Comisión Legislativa los proyectos de decreto, esta los examinaba y en virtud de una de las facultades que el Constituyente le otorgó podía improbarlos, en todo o en parte, por la mayoría de sus miembros. Fue así como se expidió el decreto 2266 de 1991 en cuyo artículo 4º se adoptó como norma permanente el artículo 24 del decreto 180 de 1988, en los siguientes términos:
“Torturas. El que someta a otra persona a tortura física o síquica, incurrirá en prisión de 5 a 10 años, siempre que el hecho no constituya delito sancionado con pena mayor”.
Es fácilmente identificable que la Comisión Legislativa suprimió el elemento “en cumplimiento de actividades terroristas”. Y eliminó igualmente otras expresiones de otras normas del decreto 180 en el proceso de su adopción como legislación permanente a través del decreto 2266, por lo que se demandó la inconstitucionalidad de las mismas con sustento en el argumento de que la Comisión Especial sólo tenía facultad para aprobar o improbar los proyectos del Gobierno y no para la modificación de su texto.
La Corte Constitucional se pronunció sobre el particular el 17 de marzo de 1994, a través de la sentencia C-131. Básicamente estimó que la Comisión Especial tenía carácter deliberante, que no había sido simplemente conformada para darles una nueva denominación a los decretos expedidos con fundamento en el estado de sitio y que de conformidad con el artículo 6º transitorio de la Constitución Política, literal a), contaba con la atribución de improbación parcial, que fue exactamente la que ejerció al eliminar algunas expresiones de las disposiciones proyectadas por el Gobierno, entre ellas la que se mencionó y que hacía parte del contenido del artículo 24 del decreto 180 de 1988.
Con la expedición del decreto 2266 de 1991, entonces, surgen dos nuevos elementos en el análisis que hace la Sala. El primero es la desconexión de la nueva normatividad de las causas que originaron la declaración del estado de sitio en 1984, al expedirse con fundamento en el artículo 8º transitorio de la Constitución Política. Este cambio de fuente formal de validez, a pesar de haber pasado idéntica una disposición del decreto 180 al decreto 2266, hace las normas diferentes. Simplemente porque la del decreto 180 tiene que ser interpretada con relación a las causas que propiciaron la expedición del decreto 1038 de 1984, lo que no sucede con la del decreto 2266, en cuanto su fuente es la Constitución de 1991.
Estas consideraciones son las que han permitido que la Corte Constitucional se haya pronunciado sobre la constitucionalidad de las normas acogidas como legislación permanente (confrontándolas con la Constitución de 1991), a pesar de haberse ejercido en su momento sobre las mismas el respectivo control constitucional por parte de la Corte Suprema de Justicia (el cual se verificó frente a la Constitución de 1886 y frente a los términos del decreto de estado de sitio de 1984).
El segundo elemento nuevo en el análisis es la modificación realizada por la Comisión Legislativa al improbar la expresión “en cumplimiento de actividades terroristas”. No se trató a juicio de la Corte de una variación sin consecuencias. Desconectado el decreto 2266 de 1991 de las causas que motivaron la declaración del estado de sitio en 1984, si hubiera sido el propósito del legislador mantener la tortura asociada a actividades terroristas y la tortura desvinculada de esas actividades, es decir continuar con el paralelismo normativo existente entre la tortura descrita en el artículo 24 del decreto 180 de 1988 y la tortura del artículo 279 del Código Penal, lo más lógico es que no hubiera decidido la eliminación del elemento aludido del tipo penal objeto de comentario. La supresión de éste, en consecuencia, significa que en la legislación colombiana, a partir del decreto 2266 de 1991, sólo existe el tipo penal de tortura allí descrito, produciéndose entonces la derogatoria del artículo 279 del Código Penal.
La Procuraduría en el comienzo del concepto, antes de acometer el examen de los cargos de las demandas, fundó la idea de que siguieron coexistiendo los tipos penales de tortura a partir de la expedición del decreto 2266 de 1991 en “…pronunciamientos jurisprudenciales de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y los obligatorios de la Corte Constitucional”. No obstante, no se refiere en concreto a ningún antecedente jurisprudencial de esta Sala de Casación y sólo transcribe un aparte del fallo C-597/92 de la Corte Constitucional, en el que al referirse al artículo 279 del Código Penal dijo:
“Ahora bien, la norma del Código Penal está vigente, por cuanto, la Corte Suprema de Justicia ya tiene establecido que todos los tipos penales que hacen parte de esos decretos de Estado de Sitio, han de entenderse aplicables únicamente para aquellos casos en los cuales las conductas se cometen con fines terroristas, aunque el tipo penal expresamente no lo diga así. Si así no fuera, la tortura que un marido infiere a su mujer por una venganza pasional, sería de conocimiento de los jueces regionales –antiguos Jueces de Orden Público—y tendría una pena de 5 a 10 años de prisión. Por eso, la única interpretación razonable es la que permite la coexistencia de los dos tipos penales, aplicando de preferencia el del Código Penal, que hace parte de la legislación ordinaria, y sólo excepcionalmente, cuando se trata de delitos vinculados con intenciones terroristas, se debe aplicar el tipo penal de tortura contemplado en la legislación de orden público”.
La anterior precisión del Tribunal Constitucional, en primer lugar, no tiene efecto vinculante en cuanto no guarda una relación estrecha, directa e inescindible con la decisión adoptada en la sentencia de constitucionalidad. A través de la misma se declaró exequible el artículo 279 del Código Penal al concluirse, en desacuerdo con el ciudadano demandante, que la tortura también podían cometerla los particulares. La siguiente fue la conclusión del pronunciamiento:
“El artículo 279 del Código Penal, que consagra el tipo penal de tortura con sujeto activo indeterminado, se ajusta a la Constitución Nacional por cuanto la fuerza vinculante de los derechos constitucionales no limita su alcance a deberes de abstención por parte del Estado; por el contrario, esos derechos, entre los cuales está el derecho a no ser torturado, son susceptibles de violación por parte tanto del Estado como de los particulares.
“De otra parte, ni siquiera los instrumentos internacionales sobre derechos humanos en general, y sobre la tortura en particular, permiten afirmar que se trata de una conducta susceptible de ser realizada únicamente por agentes estatales, pues contienen, como quedó visto, un concepto amplio de la referida conducta.
“Por último, la redacción del tipo penal de tortura tampoco vulnera el principio de tipicidad y el de legalidad consagrados en la Constitución, por las razones expuestas por la Honorable Corte Suprema de Justicia , y que esta Corte considera del todo ajustadas a la nueva Constitución”.
Como se ve, la alusión a la coexistencia de los tipos penales de tortura fue simplemente un comentario de la Corte Constitucional (obiter dicta) y en consecuencia no vinculante, al no ser ni decisión o parte resolutiva (decisum) ni constituir un argumento relacionado causalmente con ella (ratio decidendi). Se trató de una motivación innecesaria, entonces, que por lo mismo no es obligatoria y de la cual la Sala se aparta, apoyada en los fundamentos ya expresados e igualmente en las siguientes precisiones:
1. la viabilidad de adecuar una conducta a uno de los tipos descritos en el decreto 180, cuando también cabía en un tipo ordinario del Código Penal, surgía de la relación directa o indirecta con los propósitos para los cuales fue expedida la legislación excepcional. Así lo precisó esta Corte en vigencia de dicho decreto (y lo reiteró posteriormente) y fue esa la consideración que llevó a concluir, en varios casos, que coexistían normas ordinarias y excepcionales referidas en principio a la misma conducta y que la aplicación de una u otra, con las consecuencias obvias a nivel de competencia y procedimiento, dependía de si afectaba o no el orden público que se buscaba restablecer.
2. La jurisprudencia de la Sala, en vigencia del Estado de sitio, condicionó la aplicación de las conductas del decreto 180 que no incluían el ánimo terrorista como elemento de la descripción típica, a que tuvieran trascendencia en el orden público (artículos 13 y 26, por ejemplo).
3. No es cierto, entonces, ni siquiera bajo la vigencia del estado de sitio decretado en 1984, que la Corte haya establecido que todos los tipos penales que hicieron parte de la legislación excepcional, fueran “únicamente” aplicables a condición del cometimiento de la conducta “con fines terroristas”.
4. El decreto 2266 de 1991, lo ha sostenido la Sala, quedó desconectado de las causas que originaron el estado de sitio y que orientaban la interpretación de la legislación de excepción expedida en su vigencia, al operarse un cambio de fuente formal de validez. Producida esa ruptura no puede seguirse condicionando la aplicabilidad de sus normas a la motivación terrorista, salvo naturalmente cuando el tipo penal la contenga explícitamente como elemento. 1
5. La conclusión de que al adoptarse como legislación permanente la tortura del artículo 24 del decreto 180 de 1988 sin el elemento “en cumplimiento de actividades terroristas” significó la derogatoria del artículo 279 del Código Penal, no pierde su razonabilidad a partir del ejemplo que propone el Tribunal Constitucional. Que cualquier tortura, inclusive la que el marido le inflige a su mujer, tenga la misma pena, que ésta sea de 5 a 10 años de prisión, y que el conocimiento del delito haya sido asignado a la justicia especializada fue una decisión de la Comisión Especial Legislativa, con seguridad fundamentada en el compromiso internacional del Estado colombiano de prevención y sanción de la tortura, lo mismo que en la constitucionalización de su prohibición a través del artículo 12 de la Carta Política.
Con la misma directriz el Nuevo Código Penal (ley 599/2000) contempla un solo tipo penal de tortura en el artículo 178, previéndose como sanción para la persona que lo cometa, independientemente del fin, prisión de 8 a 15 años y erigiéndose como causal de agravación punitiva la circunstancia de que “el agente sea integrante del grupo familiar de la víctima” (art. 179-1). El Nuevo Código de Procedimiento Penal (ley 600/2000), a su turno, le atribuyó el conocimiento del delito a los Jueces Especializados (art. 5º-1 transitorio), lo cual es demostrativo de la orientación legislativa de reprimir especialmente esa conducta delictiva y de confiarla a Jueces Especiales, dada la gravedad que reviste y que no es menor por el hecho de que el torturador sea pariente de la víctima.
6. La Corte Constitucional podía examinar la constitucionalidad del artículo 279 del Código Penal a pesar de encontrarse derogado, dada la posibilidad de la producción de efectos por parte de la norma.
No cabe duda para la Sala, en conclusión, que el decreto 2266 de 1991 derogó el artículo 279 del Código Penal, que a partir de su vigencia quedó unificado el tipo penal de tortura y que en tal medida no tienen razón los censores ni la Procuraduría al sostener que el cargo que se le imputó a los procesados fue equivocado al carecer la conducta de contenido terrorista.
Así las cosas, no se incurrió en la irregularidad denunciada. Los actos atribuidos a los exfuncionarios del Das fueron típicos de tortura, sucedieron en vigencia del decreto 2266 de 1991, la única adecuación legal posible era a la norma pertinente del mismo y el delito –según el artículo 71 del Código de Procedimiento Penal—era competencia de los Jueces Regionales.
Sobre los cargos 2º, 3º y 4º de nulidad planteados por el defensor de los procesados PABLINO RODRIGUEZ DAZA, JOSE EDILBERTO TORRES GARCIA y LELIO ANTONIO PEDRAZA ROA.
Como ya lo adelantó la Sala, y lo observó el Delegado, son inexaminables. Independientemente de si fue o no adecuada su formulación formal, todos ellos están referidos a la incompetencia del Juez por ausencia del ánimo terrorista en la conducta imputada a los procesados, por lo que simplemente constituyen una reiteración del planteamiento hecho en el primer cargo, extensamente respondido por la Corte en la presente providencia.
Sobre los cargos realizados por el defensor del procesado OSCAR BENAVIDES MELO, con sustento en la causal 1ª de casación, cuerpo 2º.
Primero.
La violación de la ley sustancial es invocada por el demandante sobre la base de que en el fallo se incurrió en un error de derecho. Este, eso se sabe, recae sobre los medios de prueba y se estructura cuando se aprecia una prueba inválida (falso juicio de legalidad) o cuando el juzgador le otorga al medio demostrativo un valor o fuerza de convicción distinto al que le asigna la ley (falso juicio de convicción). Al intentar la defensa demostrar la equivocación, sin embargo, lo que en esencia cuestiona es la apreciación probatoria hecha por el Tribunal Nacional, que como lo tiene dicho la jurisprudencia únicamente es discutible en casación a condición de que se demuestre que en dicho ejercicio se vulneró la sana crítica (error de hecho por falso raciocinio).
Ningún esfuerzo en tal sentido efectuó el casacionista. Le bastó oponerse a ciertas consideraciones del fallo a partir de las propias y concluir que no existía la prueba necesaria para condenar a su representado. Con esa lógica dice que el dictamen médico que se le practicó a la víctima y “la valoración conjunta de los distintos medios de prueba” no demuestran la objetividad del delito, lo que no traduce la determinación de ningún error de juicio del juzgador sino una afirmación categórica del sujeto procesal, en su pretensión –impropia en casación—de hacer prevalecer su criterio sobre el del fallador, que como es bien sabido goza de las presunciones de acierto y legalidad.
La parte restante del cargo sólo evidencia aún más su defectuosa presentación. Que los Jueces no hayan creído en la retractación del denunciante y que le hayan otorgado credibilidad a varios testigos que no la merecían según el censor, sin asociar a su desacuerdo qué ley científica, qué regla de experiencia o qué principio de lógica fueron transgredidos, así como la demostración de su trascendencia, significa simplemente el deseo de continuar un debate probatorio que se agotó en las instancias y, por ende, absolutamente marginal al recurso de casación.
Segundo.
Esta censura, también apoyada en “error de derecho en la estimación de la prueba”, se limita a cuestionar que se le haya otorgado credibilidad a ERASMO PUMENE, quien –dice el defensor—fue contradicho “por testigos que en ningún momento han sido descalificados”. Y a afirmar que los indicios “no tienen la potencialidad de serlo” y que las versiones de los familiares de la víctima están ampliamente refutadas.
Son conclusiones terminantes del abogado que en absoluto indican qué error en concreto le atribuye al fallo, por lo que el cargo no puede ser examinado.
Tercero.
Tampoco esta censura, la última, satisface las exigencias formales de claridad y precisión a que se refiere el artículo 225-3 del Código de Procedimiento Penal. A través misma el defensor simplemente plantea, sin hacer subyacer un error de juicio del juzgador, que existía duda en cuanto a la responsabilidad penal de su representado y que entonces la misma debió haberse resuelto a su favor, absolviéndolo.
En realidad no hay censura sino una conclusión del sujeto procesal al margen completamente de la sentencia cuyo resquebrajamiento busca, por lo que no existe objeto posible sobre el cual la Corte pueda pronunciarse.
Se dispondrá de acuerdo con lo visto, no casar la sentencia objeto del recurso.
En virtud de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
Resuelve:
NO CASAR la sentencia impugnada, proferida por el Tribunal Nacional el 30 de julio de 1996.
Cúmplase.
CARLOS EDUARDO MEJIA ESCOBAR
FERNANDO ARBOLEDA RIPOLL JORGE E. CORDOBA POVEDA
HERMAN GALAN CASTELLANOS CARLOS AUGUSTO GALVEZ ARGOTE
JORGE ANIBAL GOMEZ GALLEGO EDGAR LOMBANA TRUJILLO
ALVARO ORLANDO PEREZ PINZON NILSON PINILLA PINILLA
No hay firma
TERESA RUIZ NUÑEZ
Secretaria
1 . Cfr. Sentencia de la Sala del 26 de octubre de 1999. Casación 10.245.