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Proceso N° 12525
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACION PENAL
Magistrado Ponente
DR. CARLOS AUGUSTO GALVEZ ARGOTE
Aprobado Acta No.048
Santafé de Bogotá, D.C., veintiocho (28) de marzo de dos mil (2.000).
VISTOS:
Decide la Sala el recurso extraordinario de casación interpuesto por el defensor del procesado MIGUEL ANGEL DE LA CALLE OSORIO, contra la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín fechada el 12 de julio de 1.996, que confirmó el fallo de primera instancia emitido por el Juzgado Noveno Penal del Circuito de la misma ciudad el 28 de febrero de esa anualidad, por medio del cual se le impuso la pena principal de 27 años y 7 meses de prisión como autor responsable de los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal.
HECHOS Y ACTUACION PROCESAL:
El 5 de agosto de 1.994 a eso de las nueve de la noche, después de tomar algunas bebidas embriagantes, Jorge Enrique Naranjo Duque llegó en compañía de su amigo Jorge Zapata Ramírez al establecimiento “Mercaditos el refrescante” de propiedad del señor Héctor Serna Serna, ubicado en el sector del Estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín, lugar en donde se encontraba en compañía de algunos amigos MIGUEL ANGEL DE LA CALLE OSORIO, quien burlonamente se refirió a un hermano de Jorge Enrique ya fallecido, desencadenándose de inmediato una pelea entre estos dos, en la que además de los presentes, intervinieron para separarlos Jorge Enrique Naranjo Sanz y Lina María Naranjo Duque, padre y hermana del primero, escuchándose por todos ellos las amenazas de muerte que DE LA CALLE le hizo a su oponente, quien de inmediato fue llevado a su casa con el fin de que el hecho no pasara a mayores. No obstante, a los pocos minutos seguido de su amigo Zapata Ramírez, Jorge Enrique se dirigió al establecimiento “La Panorámica”, encontrándose nuevamente con DE LA CALLE quien ahora provisto de un arma de fuego que había traído de su casa, amenazó a Zapata y le ordenó se fuera junto con su amigo, circunstancia ante la cual aquéllos se marcharon deteniéndose a conversar con Alberto Restrepo Rios frente a la residencia de la familia Naranjo Duque, cuando de un momento a otro a bordo de la camioneta Chevrolet Luv de color blanca que manejaba apareció DE LA CALLE, procediendo a disparar en contra de Jorge Enrique desde la cabina del vehículo, produciéndole una herida en el lóbulo inferior del pulmón derecho que determinó su inmediato deceso.
Al Fiscal 154 de la Unidad Primera de Reacción Inmediata correspondió el levantamiento del cadáver, siendo escuchados los testimonios de Jorge Enrique Naranjo Sanz, Jorge Zapata Ramírez, Lina María Naranjo Duque, Héctor Serna Serna y Alberto Restrepo Ríos, decretándose la apertura instructiva mediante resolución fechada el 18 de agosto de 1.994.
No habiendo sido posible la comparecencia del implicado para rendir indagatoria, pues no regresó a su vivienda ni al trabajo, previo el emplazamiento, el 26 de septiembre posterior se le declaró persona ausente, resolviéndosele la situación jurídica con medida de aseguramiento consistente en detención preventiva por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal, a través de decisión fechada 11 de octubre siguiente.
Allegada al proceso fotocopia de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Medellín el 19 de julio de 1.989, mediante la cual se condenó a DE LA CALLE OSORIO a la pena principal de 46 meses y 10 días por el delito de hurto calificado y agravado, así como las declaraciones del Cabo Primero del Ejército Alexander Quevedo Duarte y Luis Gonzalo López de Mesa y el protocolo de necropsia del occiso por parte del Instituo Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la investigación fue cerrada calificándose el mérito de las pruebas a través de resolución acusatoria fechada el 8 de marzo de 1.995, por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal.
Una vez en firme el calificatorio y remitidas las diligencias ante los Jueces Penales del Circuito, inicialmente le correspondió el proceso al 23 de esta categoría, disponiéndose la práctica de copiosa prueba testimonial a llevarse a efecto en desarrollo de la audiencia, entre la que cabe destacar las declaraciones de Elsa Catalina Duque Estelles, Jesús Alberto de la Calle Osorio, Jesús Arturo y Luis Emilio Alvarez, Freddy Alonso Cano López, Paola Andrea Morales Peláez y ampliación de la rendida por Jorge Enrique Naranjo Sanz, dictándose las sentencias de primera y segunda instancias en los términos que se dejaron precisados en precedencia.
DEMANDA:
Amparado en la primera causal del artículo 220 del C. de P.P., el defensor de DE LA CALLE OSORIO afirma haber incurrido el sentenciador en violación indirecta del art. 254 ibidem “por un error de apreciación sobre la prueba testimonial que sirvió de fundamento para proferir el fallo. Error que radica en un desconocimiento manifiesto de los principios fundamentales de la sana crítica como son la lógica y las reglas de la experiencia”.
Dentro del acápite que anuncia estará dedicado a relacionar la prueba sobre la que recae el yerro acusado, sintetiza en unos casos o reproduce algunos apartes de ellos en otros, los testimonios rendidos por Jorge Zapata Ramírez, el Cabo Primero Alexander Quevedo Duarte, Jesús Arturo Alvarez, Freddy Alonso Cano López y Paola Andrea Morales Peláez, resaltando aspectos que estima favorecen a su defendido, para enseguida reproducir el contenido de los arts. 254 y 294 del C. de P.P., sobre apreciación de las pruebas y específicamente la testimonial, destacando en relación con ésta en cita de Francois Gorphe sus “principales elementos sicológicos”, a saber: la percepción, la memoria y la deposición.
A continuación, y en un intento por concretar el cargo, dice el demandante que ha debido el sentenciador realizar un examen más minucioso de la prueba testimonial toda vez que eran ostensibles sus múltiples contradicciones y no limitarse “en su análisis a dar absoluta credibilidad a un testimonio tachando los demás de falsos y sin mostrarnos la deducción lógica que le llevó a concluir esta situación. Simplemente establece que la responsabilidad del sindicado está probada porque el señor Zapata lo identificó y señaló como la persona que disparó y sin más análisis establece (sic) que los demás testigos mintieron para ubicar al sindicado en otro sitio a la hora de los hechos”.
Cita a continuación las sentencias de primera y segunda instancias, advirtiendo cómo la falta de un estudio pormenorizado del proceso, llevó al a quo a compulsar copias penales por falso testimonio en contra de Freddy Alonso Cano y Arturo Alvarez Arboleda, pretextando para ello que sus dichos carecen de respaldo probatorio, no obstante que sobre la “pernoctada de De la Calle en su casa” también obra la declaración de Luis Emilio Alvarez Arboleda.
Resalta la absoluta falta de credibilidad que para el juzgador tuvo el grupo de testimoniantes que se oponen al dicho de Zapata y “demuestran su error de apreciación sobre el autor de los disparos y quizá también sobre el vehículo del cual provinieron”, pese a que aquellos reconocen el temperamento belicoso del procesado y el hecho de haber acudido a su casa para traer un arma de fuego y detallan además, algunos aspectos que los hacen sinceros, por lo que no tiene fundamento afirmar que carecen de veracidad.
Dentro de la misma tónica, critica el valor probatorio dado a la declaración de Jorge Zapata Ramírez, sobre la base de que no tenía motivo alguno para distorsionar la verdad, ni era enemigo del procesado, pues se desconoce así que se trataba del cuñado del occiso y sin embargo esta circunstancia no la refirió, de donde no es cierta su imparcialidad, por ello aunque el señalamiento que hace el testigo “es claro y aparentemente no merece tacha alguna, visto desde un ángulo más racional y teniendo en cuenta las demás pruebas, se presenta con fuerte posibilidad de que sea producto del error, originado en una confusión”, que en el presente caso es dable considerar si se tiene en cuenta que no solamente era cuñado de la víctima, sino que el sitio en donde sucedieron los hechos carecía de buena iluminación, como lo señaló el testigo Cabo Primero Quevedo Duarte, y aun cuando no se está significando que el deponente “incurrió efectivamente en un error de apreciación”, ha debido el fallador “en vez de apreciar la prueba conforme a su íntima convicción”, hacerlo “de acuerdo con una apreciación racional basada en la lógica, la experiencia y la sana crítica”.
Para concretar la vía indirecta en el error de apreciación probatoria expuesto, cita decisiones de esta Sala fechadas el 18 de enero y 13 de febrero de 1.995, pues en su concepto se trata de supuesto que se revelan exactamente el presente caso, pues tanto en el fallo de primera como de segunda instancia, el juzgador simplemente supone que a excepción de Zapata Ramírez, los testigos de cargo están mintiendo, pese a la claridad de sus atestaciones, por lo que si se hubiesen estudiado las probanzas de una manera más crítica se habría llegado a la conclusión de que existía una duda razonable que favorecía al procesado.
Solicita, así, se case la sentencia y se absuelva de todos los cargos al procesado.
CONCEPTO DEL PROCURADOR TERCERO DELEGADO EN LO PENAL:
Para el representante del Ministerio Público, en ningún momento el libelista demuestra la ocurrencia de un equívoco ostensible sobre los criterios orientadores de la valoración de las pruebas por parte de los juzgadores y ellos son respetuosos de las reglas de la lógica y la experiencia, conforme se extracta del fallo de primer grado, no existiendo absolutamente ninguna duda en relación con la responsabilidad del procesado, conclusión a la que simplemente se opone el demandante sólo porque pretende que se de credibilidad a los dichos de los amigos de aquél, a propósito de los cuales, no es cierto que se hubiese omitido analizar el testimonio de Luis Emilio Alvarez, tal y como se observa al folio 11 del fallo de primera instancia, infiriéndose por parte del juez que el dicho de éste y el de sus amigos era simplemente una coartada “para ubicar al procesado en lugar diverso a aquél en el que ocurrieron los hechos”.
Para abundar en razones sobre la improcedencia del reproche, precisa cómo es ostensible que el mismo pretende desconocer las conclusiones valorativas que de la prueba hiciera el sentenciador, de ahí que sostenga que ha debido reconocerse la inocencia del procesado con base en los testimonios allegados en la audiencia pública, cuando es bien claro que la discrepancia relativa al grado de convicción que se le conceda a un medio no es susceptible de ataque en casación, como también desapercibiendo que cuando se habla del criterio de apreciación probatoria de la sana crítica, ello implica, si bien no una libertad absoluta del juez, si una mayor liberalidad en la fijación del poder de convicción que tiene cada prueba. De ahí que, aun cuando dos personas pueden llegar a conclusiones diversas en la valoración de los distintos medios, en tanto no se tergiverse la prueba, no puede admitirse que se presentes errores atacables en casación, razón por la que “se torna antitécnica la formulación del cargo”, sugiriendo a la Sala no casar la sentencia.
CONSIDERACIONES:
1. En forma constante y reiterada, desde antiguo la jurisprudencia de la Sala viene reiterando que tratándose de la primera causal casacional destinada a los yerros de juicio o in iudicado en que puede incurrir el fallador y específicamente la prevista por el inciso segundo del primer numeral del art. 220 del C. de P.P., esto es, cuando la acusación se propone por violación indirecta de la ley sustancial, necesario es concretar si el error de apreciación probatoria es de hecho o de derecho, e igualmente respecto de cada una de estas modalidades si se origina en los denominados falsos juicios de existencia -por omisión o suposición de prueba-, de identidad y de raciocinio, en el primero, o de legalidad y convicción, respecto del segundo.
2. Esta teórica clasificación posibilita en la práctica al demandante identificar inequívocamente el vicio en que ha incurrido el sentenciador, debiendo señalar por ejemplo en el caso del error manifiesto de hecho, aquellos elementos de persuasión que no obstante materialmente obrar en el proceso no fueron tenidos en cuenta, o que sin haberse allegado a la actuación se supuso su existencia, o que se ha tergiversado el contenido del hecho revelado a través de la prueba acopiada, o que, en fín, pese a ser valorados esto se hizo con evidente desconocimiento de los principios que rigen la sana crítica, es decir, la experiencia, la lógica y la ciencia.
3. Particularmente en relación con esta última hipótesis, ha admitido la Corte que si se establece que en el análisis de la prueba el juzgador no ha procedido con criterios de valoración racional, esto es, que ha desatendido los postulados de la lógica, la experiencia y la ciencia, reemplazándolos por un sistema en donde predomina su capricho o arbitrariedad, resulta viable el ataque en casación, en el entendido, desde luego, de que admitir esta alternativa no está significando que se posibilite controvertir el juicio de análisis expuesto por el fallador, anteponiendo el del demandante por estimarlo de más depurada elaboración, tampoco es admisible como modalidad válida para demostrar que se omitió, supuso o tergiversó una prueba, sino básicamente que las conclusiones del sentenciador no están regidas por aquellos principios sustentadores de la sana crítica, como método de apreciación de los diversos medios al que se ha acogido nuestro sistema procesal (art. 254 del C. de P.P.).
4. Pues bien, en el caso sub judice, el defensor del procesado MIGUEL DE LA CALLE OSORIO ataca el fallo impugnado sustentado en la primera causal casacional, bajo el supuesto de haber incurrido el sentenciador en error de apreciación sobre la prueba testimonial que sirviera de fundamento para proferir el fallo condenatorio, que afirma proviene de haberse desconocido “los principios fundamentales de la sana crítica como son la lógica y las reglas de la experiencia”.
5. Sin embargo, este marco del ataque resulta ciertamente ajeno al desarrollo que al mismo da el actor, en la medida en que en ningún momento demuestra la pretendida ausencia de una racional estimación de las pruebas por parte del Tribunal, sino que toma como exclusiva probanza de cargo, obviando por demás la indiciaria que con ponderado y muy acertado juicio también fue analizada, el testimonio rendido por Jorge Zapata Ramírez, quien en forma absolutamente contundente e inequívoca señaló a DE LA CALLE OSORIO como quien desde la cabina de la camioneta que conducía en la noche de autos, disparó en varias oportunidades en contra de Jorge Enrique Naranjo Duque, para anteponer a éste aquellas atestaciones traídas al proceso apenas hasta la audiencia pública, en la que familiares y amigos del imputado sostuvieron que el imputado se encontraba en un lugar distinto para el momento en que ocurrieron los hechos, pues aun cuando se reconoció que participó en la pelea inicial con el interfecto, como también que acudió hasta su vivienda por un arma de fuego, en términos generales pretendieron corroborar que se habría marchado del lugar sin llegar a emplear dicho artefacto, para pasar la noche en casa de Jesús Arturo Alvarez.
6. De esta forma, el “examen más minucioso de la prueba testimonial” que afirma ha debido realizar el sentenciador, simplemente obedece al real propósito que ha tenido la censura, esto es, oponerse al grado de credibilidad que en el fallo se le dió a la declaración de Zapata Ramírez, sólo porque desde su margen, los motivos expuestos por el Juez de primera instancia y el Tribunal para negarle al grupo de testimoniantes que pretendieron favorecer al procesado, no son verídicos, a tal extremo que, en razón de ser notables las contradicciones en que incurrieron Freddy Alonso Cano Yepes y Arturo Alvarez Arboleda, se les compulsaron copias por falso testimonio, decisión que también merece reparos para el censor, toda vez que el dicho de éstos estaba respaldado por el testimonio rendido también en audiencia pública de Luis Emilio Alvarez.
7. Afirma entonces que el Tribunal no hizo un estudio pormenorizado del proceso, criticando una y otra vez el hecho de que no se brindara crédito a los deponentes que favorecían con sus afirmaciones a DE LA CALLE OSORIO, en la medida en que esto “demuestra su error de apreciación sobre el autor de los disparos y quizá también sobre el vehículo del cual provinieron”, sin considerar que pudo existir confusión en relación con estos aspectos, toda vez que el sitio donde sucedieron los hechos no se encontraba adecuadamente iluminado como declaró el Cabo Primero Alexarder Quevedo Duarte.
8. Es ostensible la impropiedad técnica del reproche y el absoluto divorcio existente entre la presentación del cargo y su desarrollo, lo que se anuncia como un error de hecho por falso juicio de raciocinio, no pasa de ser una controversia sobre el valor asignado por el fallador a las pruebas, en tanto que para los juzgadores de primera y segunda instancias, que en este aspecto se complementan, los testigos a que alude el demandante no son merecedores de credulidad, para el censor con base en ellos se demuestra la inocencia del procesado.
Así, el Juez Noveno Penal del Circuito al momento de responder a la Fiscalía sobre la “duda” que sostuvo se generaba con el dicho de los referidos deponentes, precisó:
“La judicatura no comparte el pensamiento señalado por la Fiscalía en el debate público, que armoniza con el pedimento de la defensa, cuando reclama la inocencia para Miguel de la calle Osorio, en razón a los cargos vigentes hasta el trámite de la causa.
No puede pasa por alto, las palabras de la fiscalía cuando varía de buenas a primeras su pensamiento inicial de condena, con el argumento de que los testimonios recibidos en el acto público ratifican la coartada del acusado y pot lo tanto, urge el manto de duda para el homicidio, que debe resolverse en su favor.
Si se hubiera estudiado el expediente con la debida acuciosidad, no se hubiera partido de dicha premisa, por cuanto para la judicatura existe el convencimiento y la certeza legal, de que el procesado es el único autor o responsable y por lo tanto, se dan en su contra los lineamientos jurídicos del artículo 247 de la norma adjetiva penal, para proferir en su contra una sentencia condenatoria.
Los últimos testimonios recibidos en el debate público no crean duda alguna que amerite siquiera la inocencia de Miguel Angel, por cuanto merecen toda la tacha posible conforme los postulados del artículo 254 del C. de P. penal, atinente a la apreciación de las pruebas y con especial énfasis sobre la sana crítica testimonial.
Mintieron en el tiempo y en el espacio, para tratar de ubicar a su amigo en sitio bien diferente y a la hora del insuceso, pero no logran su objetivo, ya que el sereno análisis desprevenido demuestra lo contrario y dígase de una vez que su relato merece sanción, por haber traspasado también las normas del Código Penal…”.
9. Por si fuera poco, el actor pasa completamente inadvertido, que para condenar a DE LA CALLE OSORIO, el Tribunal no sólo tomó en cuenta el serio y veraz testimonio de Zapata Ramírez, sino que la certeza sobre la responsabilidad del procesado, también se obtuvo con base en abundante, concordante y convergente prueba indiciaria, que le permitió en ponderado criterio construir los indicios de presencia u oportunidad física, de capacidad para delinquir o de personalidad, móvil del delito o del motivo determinante y de la actitud previa y posterior al hecho, todos los cuales cerraban de manera contundente el menor resquicio de duda que se hubiera podido patrocinar por los testimonios últimamente allegados, aún prescindiendo en la dialéctica de la valoración probatoria, del contundente testimonio que de manera indubitable y directa hacía la imputación.
10. Solamente puede tomarse comprensión del cargo propuesto en los términos que se han destacado, a partir de la confusión que el libelista tiene sobre este mecanismo extraordinario de impugnación, esto es, bajo el entendido de que la casación es apta para intentar nuevos debates probatorios, desapercibiendo de esta manera que cuando el fallo entra en esta sede lo hace amparado por la doble presunción de acierto y legalidad, que significa, como se sabe, que exclusivamente por los motivos y dentro de los linderos que cada una de las causales comporta en la técnica que les es propia, se puede atacar una sentencia.
El cargo, como lo sugiere el Ministerio Públco, no prospera.
En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTCIA en SALA DE CASACION PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
No casar el fallo recurrido.
Devuélvase al tribunal de origen y cúmplase.
EDGAR LOMBANA TRUJILLO
FERNANDO ARBOLEDA RIPOLL JORGE ENRIQUE CÓRDOBA POVEDA
CARLOS AUGUSTO GÁLVEZ ARGOTE JORGE ANíBAL GÓMEZ GALLEGO
MARIO MANTILLA NOUGUES CARLOS EDUARDO MEJÍA ESCOBAR
ALVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN NILSON PINILLA PINILLA
Teresa Ruíz Núñez
Secretaria