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Proceso No 12073
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrado Ponente
Dr. JORGE ANIBAL GOMEZ GALLEGO
Aprobado Acta No. 17
Bogotá D. C., catorce de febrero de dos mil dos.
V I S T O S
Decide la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por la defensora del procesado BRUNO FLOREZ RAMIREZ contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bucaramanga el 26 de marzo de 1996, confirmatoria del fallo anticipado emitido por el Juzgado 12 Penal del Circuito de la misma ciudad, mediante el cual lo condenó a la pena principal de dieciséis (16) años y ocho (8) meses de prisión, por su responsabilidad en el delito de homicidio simple de que resultó víctima Josefito González.
HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL
En hechos violentos ocurridos el 7 de mayo de 1995 en la finca “Potrero Grande”, ubicada en la vereda El Cubín de la fracción municipal de Piedecuesta (Santander), perdió la vida Josefito González, coloquialmente conocido como “Chepe”, cuando al reclamar a EZEQUIEL FLOREZ RAMIREZ y propinarle un golpe en la cara por la agresión de que había hecho objeto a Alfonso Mantilla, fue atacado conjuntamente por los hermanos de aquél, BRUNO y TIBERIO, recibiendo múltiples heridas con arma corto punzante que laceraron vísceras toracoabdominales, desencadenantes del schok hipovolémico causa de su deceso según el protocolo de necropsia.
Abierta la indagación preliminar, las primeras pesquisas involucraron a los hermanos BRUNO, EZEQUIEL y TIBERIO FLOREZ RAMIREZ, razón por la cual se dispuso librar órdenes de captura para su vinculación formal mediante indagatoria por los delitos de homicidio en Josefito González y lesiones personales en Alfonso Mantilla, delito este del cual sólo debía responder el segundo de los nombrados.
Obtenida la captura de BRUNO FLOREZ RAMIREZ varios meses después y cumplida la diligencia de inquirir, su situación jurídica fue definida mediante resolución de octubre 2 de 1995 con medida de aseguramiento de detención preventiva, sin beneficio excarcelatorio, en su condición de presunto coautor responsable del delito de homicidio ya referido, concretado en la modalidad prevista en el artículo 323 del Código Penal de 1980.
Posteriormente fueron vinculados al proceso TIBERIO Y EZEQUIEL, respecto de quienes al momento de definirse su situación jurídica el fiscal instructor se abstuvo de afectarlos con medida detentiva.
Con la coadyuvancia del defensor técnico el procesado BRUNO FLOREZ solicitó la sentencia anticipada, habiendo aceptado en forma libre y voluntaria el cargo de homicidio simple que la fiscalía le formuló durante la diligencia celebrada el 15 de diciembre de 1995.
Con el anterior referente, el Juzgado 12 Penal del Circuito de Bucaramanga profirió el fallo anticipado mediante el cual lo condenó a la pena principal de dieciséis (16) años y ocho (8) meses de prisión, y a la accesoria interdictiva del ejercicio de sus derechos y funciones públicas por lapso de diez (10) años. La parte resolutiva de la sentencia incluyó dos ordenamientos especiales: uno referido a que el procesado no tenía derecho a reducción de la pena en la proporción señalada en el artículo 299 del C. de P.P., y el otro a que lo relativo al delito de lesiones debía ser investigado por la Fiscalía Local de Piedecuesta, a donde se ordenó el envío de las pertinentes copias.
Mediante auto de enero 17 de 1996, con fundamento en el artículo 211 del C. de P. P. vigente para la época, el a quo dispuso la adición de la parte resolutiva del referido fallo anticipado, para señalar que no procedía condena al pago de perjuicios ocasionados con el delito por no haberse logrado su cuantificación, dejando en libertad a quienes demostraran interés jurídico para solicitar su reconocimiento ante las autoridades civiles competentes.
Impugnada la sentencia anticipada por el defensor en procura de que se reconociera la rebaja de pena por confesión y se atenuara la aflictiva señalada por el a quo en atención a la personalidad del procesado, el Tribunal Superior de Bucaramanga le impartió confirmación integral a través del fallo contra el cual se interpuso el recurso de casación que ahora se decide.
L A D E M A N D A
Con apoyo en la causal primera de casación, cuerpo segundo, la recurrente atribuye a la sentencia de segundo grado un error de hecho por falso juicio de identidad por desfiguración de unos medios probatorios, que conllevó a la violación indirecta por evidente falta de aplicación del artículo 299 del estatuto procedimental penal de 1991.
En desarrollo de la censura, aduce que culminada la investigación preliminar no existía certidumbre sobre la autoría del delito de homicidio, porque los testimonios que durante la misma se adujeron en esta materia fueron vagos e imprecisos, y sólo cuando se profirió resolución de apertura de instrucción se individualizó a los posibles partícipes, entre ellos el procesado BRUNO FLOREZ, quien en la indagatoria reconoció ser el único autor, descartando a sus hermanos EZEQUIEL y TIBERIO.
Realizada la confesión en esas condiciones, agrega la demandante, se imponía el reconocimiento en su favor del beneficio punitivo previsto en el artículo 299 del estatuto procesal penal, cumplidos como se encontraban sus condicionamientos legales, en tanto que a ella no podía oponerse una posible situación de flagrancia en la que hubiera sido sorprendido, precisamente porque las declaraciones aducidas con anterioridad a su indagatoria en modo alguno le atribuyeron responsabilidad concreta en los hechos.
El yerro del ad quem consistió, entonces, en considerar que del contenido de las diferentes declaraciones se podía inferir una previa identificación del procesado antes de la confesión y, por ende, el fenómeno de la flagrancia, “tergiversando el sentido de la prueba”, pues a partir de los elementos de convicción que con detalle refiere en el libelo, no se puede concluir que su patrocinado, en la etapa de investigación preliminar, hubiera sido identificado plena y certeramente.
La incidencia negativa del error la circunscribe la demandante al hecho de que no se hubiera reconocido en favor de su patrocinado el beneficio previsto en la norma indirectamente vulnerada, que le representaba una importante atenuación de la pena, irregularidad que pide a la Corte subsanar, casando el fallo impugnado para introducir la necesaria reforma punitiva.
CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO
Comienza su concepto el Procurador Tercero Delegado en lo Penal resaltando que la demanda se ocupa de precisos temas como la confesión y la flagrancia, así como a su influencia en la rebaja de pena prevista en el artículo 299 del estatuto procesal penal de la época.
A partir de la definición legal de la evidencia procesal de la flagrancia, el Delegado concluye que el procesado BRUNO FLOREZ fue sorprendido dentro de la misma, y “así lo señalan los testimonios de Sergio González Flórez y Trino Pita Pedraza, quienes fueron unánimes en identificar al acusado como el primero que le asestó varias cuchilladas a Josefito González, sin que su versión presentara alguna dubitación o ambigüedad en el señalamiento”.
Luego de incluir fragmentos de los referidos testimonios y de hacer detallada referencia a los factores que sustentan su plena credibilidad, agrega que si bien las restantes declaraciones allegadas en la etapa previa a las cuales se refiere el demandante no alcanzaron a individualizar al autor del punible, ello no tiene ninguna trascendencia porque subsisten aquéllas de las que además dice son precisas y suficientes para negar el reconocimiento de la rebaja de pena por confesión, sorprendido como fue el procesado en el acto mismo de ejecución del homicidio.
Así, pues, como en ninguna irregularidad susceptible de ser corregida incurrió el ad quem, con sustento en las anteriores premisas, sugiere a la Sala no casar el fallo recurrido.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
En atención a que la demanda se ha presentado al amparo de la causal primera de casación, cuerpo segundo, por el posible error de hecho por falso juicio de identidad en que pudo haber incurrido el ad quem al tergiversar el contenido material de algunos testimonios para marginar al procesado de los beneficios punitivos previstos en el artículo 299 del estatuto procedimental penal que regía a la sazón, en el entendido de que su aprehensión se produjo en situación de flagrancia, se impone recordar que la Sala en repetidas oportunidades ha precisado que esta clase de yerros se presenta cuando el juzgador distorsiona la significación objetiva de la prueba dándole un sentido que no le corresponde, bien por tergiversación de su contenido material cuando se la hace decir lo que no expresa su prístino sentido, o bien por cercenamiento del medio que de este modo termina siendo desfigurado. La distorsión de la prueba en cualquiera de esos eventos, conduce a que finalmente se le haga expresar algo diferente a su real contenido.
Es por ello que cuando la censura se fundamenta en este motivo, corresponde al demandante individualizar en concreto las pruebas que en su criterio fueron tergiversadas por los juzgadores de instancia, exponer lo que objetivamente demuestran y resaltar la deducción que de su contenido realizaron aquéllos a través de una labor de contraste entre la prueba conforme fue asumida en el fallo impugnado y las actas que la contienen, pues sólo de esa forma logra evidenciarse la eventual alteración de su sentido objetivo o la omisión de parte sustancial del mismo. Además, evidenciada la tergiversación de la prueba por el ad quem, también es del resorte del demandante demostrar la trascendencia de ese yerro en la decisión final del fallo atacado.
El ejercicio anterior impide revivir el debate ya superado en las instancias sobre la valoración del acervo probatorio, en tanto que el objeto de este mecanismo de control es la sentencia y no todo el proceso, razón por la cual el demandante no puede oponer su personal convicción sobre el valor de los medios de prueba a la ponderación que de los mismos realizó el juzgador, pues ésta se impone por tener sustento en la doble presunción de acierto y legalidad que sólo podría desconocerse con la demostración en esta sede de que está viciada por errores de hecho o de derecho verdaderamente trascendentes.
Como el demandante ha ubicado el yerro que atribuye al ad quem dentro de la hipótesis que viene de referirse, al concluir que por la tergiversación de algunos testimonios su patrocinado fue marginado del acceso a los beneficios punitivos que apareja la confesión, dentro de este referente se realizará el análisis pertinente, no sin antes reconocer el pleno interés jurídico que asiste al impugnante para recurrir en casación, en tanto ataca la sentencia en esta sede exclusivamente por el aspecto relacionado con la dosificación punitiva, con lo cual se ubica dentro de las previsiones del numeral 4º del artículo 37B del mencionado estatuto adjetivo.
En punto a lo que es objeto de impugnación, debe resaltarse que no obstante acertar la demanda en la selección de la causal y el enunciado del cargo como un error de hecho por falso juicio de identidad, su desarrollo deviene apenas compatible con un alegato de instancia, pues la argumentación se encamina a la valoración insular y subjetiva de algunos medios de prueba para pretender demostrar con ellos que el procesado, contrario a lo concluido por los falladores, no fue aprehendido en situación de flagrancia y que por ende tiene derecho a rebaja de pena por confesión, sin que por parte alguna se ocupe el censor de demostrar los yerros en que supuestamente incurrió el sentenciador al cimentar la negativa a la codiciada rebaja punitiva.
Esa deficiencia técnica apareja como obvia consecuencia que la Sala se queda sin saber en qué consistió concretamente la distorsión del contenido fáctico de los elementos de convicción analizados en conjunto por el ad quem, porque del discurso del censor lo que emerge es un cuestionamiento genérico y subjetivo respecto de la conclusión contenida en el fallo atacado sobre la evidencia procesal de la flagrancia en que fue aprehendido el procesado, que la demandante no encuentra certeramente demostrada, olvidando que la sola discrepancia de criterios no constituye error demandable en casación pues en estos eventos, como atrás se indicó, prevalece el del Tribunal al estar amparada su decisión por la doble presunción de acierto y legalidad.
No a otra conclusión se llega cuando la demandante aduce que su discrepancia con el ad quem radica en el hecho de que el sentenciador hubiera estimado suficientes los testimonios aducidos en la etapa de indagación preliminar para concluir en la referida situación excluyente de rebaja de pena por confesión, cuando tales declaraciones sobre esa temática apenas contenían “especulaciones y suposiciones de personas”, agregando que a la alegada violación se llegó por la “mala interpretación de las declaraciones” sobre el momento culminante de los hechos investigados.
Así, pues, demostrada la falta de fundamento del único cargo formulado, la Sala declarará su improsperidad.
Ahora bien, como con posterioridad a la condena del acusado entró a regir el nuevo Código de Procedimiento Penal que dentro de las modificaciones introducidas al ordenamiento procesal contempla una redefinición del fenómeno de la flagrancia, que podría considerarse favorable al convicto Flórez Ramírez y por lo tanto aplicable a lo que es materia de impugnación en esta sede conforme a la preceptiva del artículo 10 de dicho estatuto, se impone una consideración final al respecto.
En efecto, la sistemática del procedimiento penal vigente al momento del fallo impugnado permitía la distinción entre flagrancia como evidencia procesal y la captura en flagrancia como su consecuencia, según lo disponían los artículos 299, 370 y 371 del decreto 2700 de 1991. Por ello, si el autor material del ilícito era sorprendido en flagrancia, esto es individualizado al momento de cometer el reato aunque no se diera la captura en tal situación, si confesaba posteriormente su participación en el delito, no podía beneficiarse con la rebaja de pena.
El nuevo Código de Procedimiento Penal -Ley 600 de 2000- introdujo una reforma sustancial a esta concepción de la flagrancia, pues en el artículo 345 determina que la misma se da cuando:
“1. La persona es sorprendida y aprehendida al momento de cometer una conducta punible.
2. La persona es sorprendida e identificada o individualizada al momento de cometer la conducta punible y aprehendida inmediatamente después por persecución o voces de auxilio de quien presencie el hecho.
3. Es sorprendida y capturada con objetos, instrumentos o huellas, de los cuales aparezca fundadamente que momentos antes ha cometido una conducta punible o participado en ella” (subrayado fuera de texto).
Como claramente se desprende de este texto, el concepto de flagrancia en la nueva preceptiva se liga indefectiblemente a la captura. Así, habrá flagrancia cuando la persona es sorprendida y capturada en el momento de cometer un hecho punible; cuando es sorprendida e identificada o individualizada al momento de cometer la conducta y se le aprehende inmediatamente después por persecución o voces de auxilio, o cuando es sorprendida y capturada con objetos, instrumentos o huellas, de los cuales aparezca fundadamente que momentos antes ha cometido un hecho punible.
Entonces, a los dos requisitos que han sido establecidos por la jurisprudencia, “uno de carácter objetivo-temporal que es la actualidad, esto es, que una o varias personas, entre las que puede estar la víctima, se encuentren presentes en el momento de la comisión del reato o instantes después y se percaten de él; y otro de naturaleza personal que consiste en la identificación o, por lo menos, la individualización del autor o partícipe” (Casación del 19 de agosto de 1997 M. P. Dr. Córdoba Poveda), se suma ahora la aprehensión en el acto de realización del mismo o en los momentos subsiguientes “por persecución o voces de auxilio de quien presencie el hecho”.
Pero esta variación no tiene para el caso que ocupa la atención de la Sala efectos sustanciales frente a la norma que consagra la confesión, pues la condición de que la misma sea el “fundamento de la sentencia”, que jurisprudencialmente se reconoció en vigencia del anterior código, fue incluida ahora de manera explícita en el artículo 283 del nuevo estatuto procesal como presupuesto para la rebaja de pena por confesión. Así quedó el precepto:
“A quien fuera de los casos de flagrancia, durante su primera versión ante el funcionario judicial que conoce de la actuación procesal confesare su autoría o participación en la conducta punible que se investiga, en caso de condena, se le reducirá la pena en una sexta (1/6) parte, si dicha confesión fuere el fundamento de la sentencia” (subrayado fuera de texto).
De allí que, independientemente de que pueda predicarse o no el estado de flagrancia por ausencia de captura, lo cierto es que si por el sorprendimiento del procesado en el momento de la comisión del hecho delictivo surgen otros medios de prueba que incorporados al proceso contribuyen a formar el criterio del juzgador para predicar la responsabilidad prescindiendo de la confesión que en tal sentido haga el procesado, no procederá el reconocimiento de la rebaja punitiva.
De otro lado, también ha precisado la Sala que la confesión puede dar lugar a rebaja de pena sólo cuando es simple o eventualmente calificada por razones diversas a aquellas que excluyen la responsabilidad. Así, en el fallo de casación de mayo 5 de 2000, con ponencia del Magistrado Alvaro Orlando Pérez Pinzón, al fijar el alcance de la expresión “confesare el hecho” contenida en el artículo 299 del anterior Código de Procedimiento Penal, se dijo:
“El artículo 299 del C. de. P. P. establece la reducción de pena para cuando el imputado “…confesare el hecho…”. En derecho penal, la palabra hecho tiene una connotación muy precisa, pues significa “hecho punible” y hecho punible es comportamiento típico, antijurídico y culpable, con independencia de la Escuela, tesis o teoría que se quiera adoptar, toda vez que en todas ellas las categorías o elementos mencionados conforman la estructura dogmática del delito, aun cuando no todas coinciden en el contenido de cada uno de tales aspectos. Así el asunto, la confesión implica que la persona admita que ha realizado la conducta definida en la ley como delictiva, que ha causado daño y que lo ha hecho con dolo, culpa o preterintención. En sentido contrario, por razones apenas lógicas, si una persona imputada formula en su favor el aspecto negativo de las características del hecho punible, es decir, aduce en su favor atipicidad, concurrencia de justificantes o de exculpantes, sencillamente no confiesa el hecho porque en las tres hipótesis acabadas de relacionar, el hecho punible no existe.
d) La confesión, como otros mecanismos procesales ideados por la “justicia consensuada”, forma parte del generalmente denominado “derecho penal premial” o de los “arrepentidos”, institución que, pragmáticamente hablando, encuentra como sustento la agilidad que se quiere imprimir a la administración de justicia, con el fin de evitar y de disminuir su congestión. Si una persona, entonces, confiesa sólo una parte del hecho punible, por ejemplo la mera realización física del mismo, y condiciona su responsabilidad a la demostración de circunstancias impedientes de la antijuridicidad o disolventes de la culpabilidad, no tiene derecho al reconocimiento o estímulo estatal pues que con ello, en vez de colaborar en la búsqueda de pronta justicia, hace que el proceso se tramite en condiciones normales e, inclusive que, en veces, se trastorne más su desarrollo.
e) Como consecuencia de lo anterior, nace otra exigencia: que la confesión sea el soporte de la sentencia. Si no es así, la supuesta aceptación o narración del “hecho” resulta írrita, exigua, es decir, sin valor atendible para la construcción probatoria del fallo. Y algo que no incide en la declaración de responsabilidad no merece las preferencias o prebendas que prevé el ordenamiento jurídico.
Tales razonamientos se mantienen vigentes frente a la preceptiva del artículo 283 del nuevo Código de Procedimiento Penal, pues sobre el punto no ha habido ningún cambio.
En el caso que ahora ocupa la atención de la Corte, a fuerza de que el procesado BRUNO FLÓREZ RAMÍREZ introdujo en su primera versión la cualificación de la legítima defensa, la confesión no constituyó el fundamento de la condena. En efecto, sobre la prueba demostrativa de la culpabilidad del procesado, se dijo en el fallo de primera instancia:
“Así las cosas, está plenamente demostrado en el proceso que la conducta de Flórez Ramírez se adecua al tipo penal de homicidio, definido y sancionado en el art. 323 de Estatuto Punitivo vigente, cuando dice “El que matare a otro…” esto porque tenemos establecido que el hecho ha existido, por lo que precisa entrar a estudiar si el procesado es responsable de él.
“Si bien es cierto, que en el curso de los descargos Bruno Flórez Ramírez plantea una causal de justificación, y concretamente la consagrada en el art. 29 del C.P. que trata de legítima defensa, la que no le fuera aceptada por la Fiscalía y fue cuando optó por aceptar los cargos y renunciar a a (sic) tal eximente, sin embargo el Juzgado dentro de sus obligaciones tiene el estudio de la prueba en conjunto y si de ella apareciera plasmada deberá rechazar el acta de audiencia especial.
“Pero si a los autos se está, bien puede verse que la actitud del aquí procesado no daba lugar a reconocimiento de legítima defensa, pues la norma que la consagra exige que se dé la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente y que la defensa sea proporcionada a la agresión.
“Como se desprende del recaudo probatorio en ningún momento el occiso se dirigió al procesado en actitud agresiva o violenta para que éste debiera defenderse, si bien lo hizo contra el hermano de bruno de nombre Ezequiel, a quien le pegó una palmada o puño que lo derribó al suelo, ahí éste terminó en su actividad agresiva, no es cierto que hubiera exhibido arma alguna como lo dice Tiberio Flórez Ramírez, luego ¿de qué se iba a defender Bruno? Y mal podría decirse que el proceder de Bruno fue para defenderse o para defender a su hermano”(…)
“El grueso de la prueba está señalando, con diáfana claridad que en verdad no se encontraba el aquí procesado ni su hermano Ezequiel frente a una agresión actual o inminente, que amerita la necesidad de defensa, por lo que el Juzgado descarta tal situación y considera que se encuentra demostrado que se lesionó el bien jurídico protegido por el Estado como es la vida y la integridad personal, por lo que el comportamiento del señor Bruno Flórez Ramírez es antijurídico.”
En este orden de ideas, para el caso ciertamente resulta intrascendente la modificación introducida al ordenamiento procesal en punto a la flagrancia como fenómeno de evidencia procesal, pues independientemente de que ahora sea necesaria la captura coetánea con el sorprendimiento del delincuente o que ella se produzca instantes después, lo que descarta la existencia de la flagrancia en los términos del artículo 345 del nuevo Código de Procedimiento Penal es que la confesión del sentenciado Flórez Ramírez fue calificada, y a fuerza de ello y de que por el peso de la prueba incriminatoria se sometió a la sentencia anticipada, no se tomó como sustento del fallo de condena, lo que lleva a concluir que tampoco por favorabilidad se hace acreedor a la rebaja de pena que consagra el nuevo Código de Procedimiento Penal (art.283 de la ley 600 de 2000).
Debe advertirse finalmente que la eventual aplicación del principio de favorabilidad por la reducción del marco punitivo que el nuevo Código Penal (Ley 599 de 2000) introdujo al hecho punible por el cual fue sentenciado el impugnante, corresponde al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, según lo previsto en el artículo 79 del nuevo Código de Procedimiento Penal.
En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley
R E S U E L V E
NO CASAR el fallo impugnado.
Contra esta providencia no procede recurso alguno.
Cópiese, comuníquese, cúmplase y devuélvase al Tribunal de origen.
ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN
FERNANDO ARBOLEDA RIPOLL JORGE E. CÓRDOBA POVEDA
HERMAN GALÁN CASTELLANOS CARLOS A. GÁLVEZ ARGOTE
JORGE ANÍBAL GÓMEZ GALLEGO EDGAR LOMBANA TRUJILLO
CARLOS E. MEJÍA ESCOBAR NILSON PINILLA PINILLA
TERESA RUIZ NUÑEZ
Secretaria