Asistente Jurídico Inteligente
Selecciona un texto en la página o analiza el artículo completo.
ACCESO CARNAL VIOLENTO/ LESIONES PERSONALES- Perturbación Psíquica
En relación con las lesiones de naturaleza corporal de que la víctima del acceso pueda ser objeto, tradicionalmente se ha considerado que tanto las causadas por la simple conjunción sexual (perforación del himen, desgarramientos perineales), como las normales inherentes a la violencia física aplicada para vencer su resistencia (equimosis, rasguños, laceraciones), quedan comprendidas por el tipo penal que pune la violación, pero que los daños que desbordan estos límites, deben ser motivo de sanción adicional, bien como delito autónomo, o como simple circunstancias de agravación.
Proceso No. 9401
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACION PENAL
Aprobado acta No.70
Magistrado Ponente:
Dr. FERNANDO E. ARBOLEDA RIPOLL
Santa Fe de Bogotá, D. C., ocho de mayo de mil novecientos noventa y seis.
Conoce la Sala del recurso extraordinario de casación interpuesto contra la sentencia de 14 de diciembre de 1993, mediante la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva condenó al procesado JAVIER FERNANDO SANCHEZ QUINTERO a la pena privativa de la libertad de 38 meses de prisión, al hallarlo responsable de los delitos de acceso carnal violento y lesiones personales, este último en la modalidad de culposo.
Antecedentes.-
El domingo 20 de diciembre de 1992, Maritza Isabel Ulloa Ramírez, de 24 años de edad, aceptó salir en las horas de la noche con Javier Fernando Sánchez Quintero, a quien había conocido el miércoles anterior. Inicialmente se dirigieron al sitio denominado “La Gaitana” y luego al establecimiento “La Catleya”, en donde departieron hasta cerca de la media noche, cuando Maritza Isabel, disgustada por la propuesta que su acompañante le hiciera de tener relaciones íntimas, le pidió que la llevara a su casa. Al aproximarse a la residencia, Javier Fernando aseguró las puertas y vidrios del automóvil Renault 21 que conducía y emprendió veloz marcha hasta llegar cerca del Colegio Claretiano, donde intentó desvestirla, pero como pasaban carros, tomó la carretera que de Neiva conduce al Municipio de Palermo, y en un lugar solitario, dentro del mismo vehículo, la accedió carnalmente bajo amenazas de muerte. Totalmente desnuda, Maritza Isabel logró escapar del victimario y llegar hasta la carretera, en donde fue auxiliada por un vehículo que transitaba por el lugar y que resultó ser de la policía, cuyos ocupantes iniciaron la persecución del Renault, con resultados negativos. No obstante, se dio la voz de alerta y minutos mas tarde se logró la captura de Javier Fernando, en las proximidades del aeropuerto de Neiva, en donde estrelló el vehículo.
Examinada la víctima en el Instituto de Medicina Legal, Regional Sur Oriente de Neiva, se advirtió sangrado por desgarros recientes del himen hacia las 5 y 9 según las manecillas del reloj. No se detectaron signos visibles de violencia física sobre la superficie corporal. Se le encontró ansiosa, con llanto fácil, álgida, pálida y con temor por su vida (fls.17).
En examen definitivo para determinar secuelas de tipo psicológico en la víctima, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses dictaminó perturbación psíquica de carácter permanente, producto de los actos sexuales a que fue sometida (fls.139 y ss).
La Fiscalía Segunda de la Unidad Especializada con sede en Neiva abrió proceso, escuchó en declaración indagatoria al capturado, resolvió su situación jurídica mediante detención preventiva y calificó el mérito del sumario, con resolución de acusación por los delitos de acceso carnal violento, lesiones personales consistentes en perturbación psíquica y secuestro simple (fls.100 a 106).
Celebrada la audiencia pública, el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Neiva profirió sentencia de 22 de octubre de 1993, por medio de la cual condenó a Sánchez Quintero a la pena principal privativa de la libertad de 38 meses de prisión, como autor responsable de los delitos de acceso carnal violento y lesiones personales, en los términos de la resolución de acusación, con la aclaración de que las últimas, consistentes en perturbación psíquica de carácter permanente, concurrían a título de culpa. En relación con el punible de secuestro simple, profirió decisión absolutoria (fls.167 a 183).
Apelado por el defensor del procesado este fallo, el Tribunal Superior de Neiva lo confirmó integralmente, a través del que ahora es objeto del recurso de casación (fls.31 del cuaderno del Tribunal).
La demanda.-
Apoyado en la causal primera, cuerpo primero del artículo 220 del Código de Procedimiento Penal, el actor acusa la sentencia impugnada de quebrantar directamente la ley sustancial, por aplicación indebida del artículo 26 del Código Penal, al hacer concursar el delito de lesiones personales con el de acceso carnal violento.
En orden a su fundamentación, el recurrente inicialmente se refiere a la violencia como elemento inherente del tipo penal que describe el acceso carnal, para afirmar que su presencia es inevitable y que no por presentarse traumatismos en la víctima, la conducta del agente puede enmarcarse en otro hecho punible (fls.51).
Después de transcribir doctrina nacional y extranjera sobre este elemento estructurante del tipo, sostiene que, de acuerdo con ella, las lesiones personales que se produzcan de manera “normal” o “natural”, en aras de obtener el acto sexual, son de la esencia del punible de acceso carnal violento. Pero que si la violencia ejercida supera la necesaria para lograr el favor sexual, como cuando se acude la rotura de un brazo o una pierna, sería viable la sanción por la conducta contra la integridad personal, supuesto que no es el que se presenta respecto de su cliente, toda vez que las secuelas físicas del acto fueron mínimas y las psicológicas que se dictaminaron suelen ser las normales en este tipo de casos (fls.54).
Obsérvese que de acuerdo con el dicho de la ofendida, su resistencia habría sido sometida mediante presión psicológica, en cuanto refiere que hubo amenazas contra su vida e integridad personal, actos intimidantes éstos que determinaron las secuelas psicológicas que reportan los autos. Sin embargo, dichos actos fueron los idóneos para el sometimiento carnal de la víctima. Y la doctrina en general “deja ver cómo al delito que nos interesa se integran aquellos actos que pudiendo corresponder naturalísticamente a otra infracción penal, se tienen como integrantes de éste, en cuanto que la circunstancia modal del delito referido es la VIOLENCIA y es sabido que el ejercicio de esa violencia reporta y debe reportar en la mayoría de los casos tanto secuelas físicas como secuelas psicológicas” (fls.54).
Recoge las opiniones de un autor mexicano en el sentido de que los delitos sexuales son peculiarmente victimizantes, ya que dejan serias secuelas psicológicas y sociales, producen importantes cambios de personalidad, de conducta de vida, y provocan una notable sobrevictimización (fls.54).
Consecuente con sus planteamientos, solicita a la Corte casar parcialmente el fallo impugnado y absolver a su representado por el punible de lesiones personales.
Alegato apreciatorio.-
Dentro del término de traslado a los no recurrentes, la Procuradora 138 Judicial Penal de Neiva presentó alegato en apoyo del fallo impugnado, argumentando que el concurso de hechos es jurídicamente predicable, puesto que el procesado con su conducta lesionó dos bienes jurídicos, amén de que por la forma como ejecutó el acceso se encontraba en posibilidad de prever las alteraciones que podía ocasionarle a la desdichada joven, razón por la cual se le aplicó la figura de la culpa (fls.64 a 68).
Concepto de la Delegada.-
Para el Procurador Segundo Delegado la violación de la ley sustancial denunciada por el casacionista no se presenta, pues considera que los delitos por los cuales se dictó la sentencia de condena contra Javier Fernando Sánchez Quintero, tuvieron real ocurrencia en los términos como son asumidos por el fallo. Solicita a la Corte, por tanto, mantenerlo en su integridad, con fundamento en las siguientes argumentaciones:
La perturbación síquica permanente dictaminada por el Instituto de Medicina Legal no puede considerarse subsumida como parte de la violencia física y moral desplegada por el procesado, dado que dichas lesiones no provienen de la referida coacción, sino de los estragos en la salud mental surgidos en la mujer como consecuencia del acometimiento contra su libertad sexual.
Su tipificación tampoco depende del acceso carnal, puesto que no corresponde a la naturaleza humana que la conjunción de los órganos sexuales apareje síntomas de desmejoría grave en la salud psíquica, como la diagnosticada y comprobada en la víctima.
Por el contrario, la referida perturbación psíquica, además de configurar un resultado diverso al acceso carnal violento, constituye vulneración al bien jurídico de la integridad personal, que permite tenerlo como un delito autónomo e independiente de la violación.
El acto de constreñimiento que llevó a cabo el procesado desbordó la violencia física y moral requeridas para doblegar la voluntad de la víctima, y le ocasionó daños superiores a los necesarios, al punto que le alteró gravemente su psiquis impidiéndole un desenvolvimiento adecuado en los planos personal y social.
Su conducta, revela, de otro lado, que en desarrollo de su finalidad sexual violenta podía prever efectos nocivos en la psiquis de la mujer, “atendidos su oposición y sus ruegos para que obtuviera el acometimiento, que le permitía advertir signos de alteración mental en ella, de modo que con su actuar no solamente alcanzaría el inicial fin propuesto sino que también podía producir el efecto concomitante (daño mental) previsible, cuyos contornos y alcances fueron determinados luego por la psicóloga forense, resultando válida la doble adecuación típica para el comportamiento del procesado, pues con nitidez aparece la lesión de diferentes bienes jurídicos ejecutada en concurso de ilícitos” (fls.56 y 57).
La aseveración del casacionista “de que el daño psíquico de la víctima hace parte del elemento violencia propio del acceso carnal y que por tanto queda absorvido (sic) en él, conduciría a concluir que siempre que se obtenga la conjunción carnal violentando a la víctima, ésta debe sufrir grave alteración psíquica, lo cual no cabe inferir ni de la ley ni la lógica y, en cambio, sirve para otorgar razón a uno de los doctrinantes citados en el libelo (Ure), quien expone que ‘para violar a la mujer no es necesario lesionarla; si la fuerza empleada para el acceso ha sido ejercida con una intensidad causante de lesiones, ese plus en el medio empleado fue producto de otro evento criminoso; y las lesiones jurídicas (sic) se presentan material y jurídicamente separables no obstante su simulación” (fls.51 a 58).
CONSIDERACIONES DE LA SALA:
A pesar de que la demanda adolece de algunas inconsistencias de orden técnico, como la no inclusión dentro de las normas sustanciales indebidamente aplicadas del tipo penal de lesiones, y el cuestionamiento que a la postre el casacionista hace de las conclusiones obtenidas por los falladores del dictamen médico legal, con lo cual la censura pareciera desviarse hacia una violación indirecta, es lo cierto que el tema planteado es muy concreto y que de su desarrollo refulge con nitidez el alcance del cargo.
Se trata de resolver, entonces, si el acceso carnal violento seguido de perturbación psíquica en la víctima, puede llegar a estructurar delito de violación en concurso con lesiones personales, o si esta modalidad de daño en la salud mental se subsume en el tipo penal que describe el acceso, por ser consecuencia natural de este hecho punible.
En relación con las lesiones de naturaleza corporal de que la víctima del acceso pueda ser objeto, tradicionalmente se ha considerado que tanto las causadas por la simple conjunción sexual (perforación del himen, desgarramientos perineales), como las normales inherentes a la violencia física aplicada para vencer su resistencia (equimosis, rasguños, laceraciones), quedan comprendidas por el tipo penal que pune la violación, pero que los daños que desbordan estos límites, deben ser motivo de sanción adicional, bien como delito autónomo, o como simple circunstancias de agravación.
En nuestra legislación, este es y ha sido el criterio imperante. El Código Penal de 1936, en su artículo 318, preveía como circunstancia de mayor punibilidad del referido delito, la muerte o el grave daño en la salud de la víctima, disposición que mereció a nivel de la doctrina y la jurisprudencia las más variadas interpretaciones. Para algunos, esta agravante sólo era aplicable si el segundo resultado no había sido querido por el agente, porque si lo había buscado, debía penarse como delito concurrente. Para otros, la norma comprendía los resultados deseados y los indeseados, pero si las lesiones intencionalmente causadas no tenían la connotación de graves, ni hacían parte de los actos propios de la unión sexual, debían imputarse como delito autónomo, sobre la base de la clasificación de las lesiones en graves, leves y levísimas (Cas. feb. 7/64, Tomo CVI, pag.266). También se acudió al criterio punitivo, de acuerdo con el cual la aplicacion de la agravante o del concurso de hacía depender de la mayor benignidad de la pena.
En fin, fueron muchas y muy disímiles las tesis que se esbozaron sobre el particular, pero siempre en el entendido de que los daños en la salud ajenos al acceso carnal violento, intencionales o no, debían penarse, bien por la vía de la agravante, ora por la vía del concurso de hechos punibles.
La Comisión Redactora del Anteproyecto del Código Penal de 1974, al estudiar la conveniencia de la agravante contenida en el artículo 318 del estatuto de 1936, resolvió proponer, en su lugar, una forma preterintencional, en la idea de que cuando de parte del sujeto activo del delito no existiera la intención de herir o matar, se aplicara esta norma, pero que en caso contrario, se acudiera al concurso. De paso, se eliminó la expresión “grave” que calificaba el daño en la salud, en virtud de la diversidad de criterios surgidos en torno a su alcance. El texto aprobado fue el siguiente: “Forma preterintencional. Si no existiendo intención de matar o herir, los actos ejecutados sobre la víctima le ocasionaren la muerte o lesiones que produzcan incapacidad mayor de 15 días, la pena imponible se aumentará de la mitad hasta otro tanto” (acta No.75).
En el Anteproyecto de 1978, se retomó la forma agravada, adoptándose una redacción muy similar a la del artículo 318, que se pretendía derogar. La norma propuesta, decía: “Artículo 436. Circunstancia de agravación punitiva. Si a causa de la realización de alguna de las conductas descritas en este capítulo (se refiere a los delitos contra la libertad y el pudor sexuales), sobreviniere la muerte de la víctima o se le ocasionare lesión personal distinta de la prevista en el inciso primero del artículo 475 o se presentare el aborto o un parto prematuro que tenga consecuencias nocivas para la salud de la agredida o de la criatura, la pena respectiva se aumentará de una tercera parte a la mitad”.
Esta fórmula, fue desechada en el proyecto definitivo del Código Penal vigente, cuya Comisión Redactora resolvió dejar en libertad al Juez para que en los casos de violencia sexual con resultado de muerte o lesiones, aplique, si fuere necesario, las normas sobre concurso de hechos punibles (Proyecto de 1979, acta No. 30).
No, entonces, por haber desaparecido el texto del artículo 318 del Código de 1936, puede pensarse que las conductas concurrentes con el acceso carnal violento, consistentes en atentados a la vida o la salud, dejaron de ser incriminables. Simplemente se varió su forma agravada de punición por la del concurso, cuando a juicio del funcionario judicial éste se presente, por resultar mucho mas técnica y menos llamada a controversias.
Los criterios a tener en cuenta para determinar cuáles actos lesivos de la salud física son integrantes de concurso junto con el hecho atentatorio de la libertad y el pudor sexuales, siguen siendo los mismos de antiguo reconocidos por la doctrina y la jurisprudencia, de manera que solamente pueden tenerse como propios del acceso carnal violento, los connaturales de la unión sexual, como el rompimiento del himen o los desgarros menores, y los inherentes a la violencia material necesaria, desde una perspectiva de observador objetivo, para sojuzgar la voluntad de la agredida.
Si los daños en la salud trascienden estos límites, ya no serán consubstanciales del ilícito de violación, sino que concurrirán como especie delictiva autónoma, en la medida que sean imputables al victimario a título de dolo o culpa, pues en relación con el delito de lesiones personales no es predicable la preterintención como forma de culpabilidad, según el punto de vista del criterio adoptado por el derecho colombiano del numerus clausus, para esta forma de imputación subjetiva.
Este es el tratamiento que de manera general se le ha dado a las lesiones personales, fundamentalmente a las de índole corporal causadas con ocasión del acceso, manejo que por igual es el que cabe aplicar en tratándose de cualquier otro tipo de daño en la salud, como son los de carácter psicológico, pues también en este campo habrá resultados que serán consecuencia natural de la violación y otros que, por su severidad, no tendrán esa connotación.
Serán concurrentes, si la víctima sufre alteraciones de la personalidad, de carácter permanente o transitorio, con compromiso en el desarrollo de una vida normal de relación. No lo serán, si la perturbación psíquica, a pesar de su persistencia, no ha incidido de manera notoria en su conducta de vida, entendiendo por tal todas las facetas de actividad del sujeto, pues, en dicho evento, habrá de estimarse que este daño en la salud, por su menor entidad, es consecuencia propia del acceso violento. Necio sería, en un medio como el nuestro, donde el valor de lo sexual, en hombres y mujeres, posee tanta trascendencia social, desconocer que los delitos sexuales ejecutados bajo la modalidad de violencia dejan generalmente en la víctima traumatismos de orden sicológico difíciles, cuando no imposibles de superar.
Como es obvio, al igual que en los demás casos de grave daño en la salud, la perturbación psíquica con implicaciones severas en el sujeto pasivo, sólo será punible si el agente actuó con culpabilidad, esto es, si quiso el resultado, o lo aceptó como probable, o si objetivamente era previsible atendidas las condiciones personales de la agredida y las circunstancias en que el hecho se comete. En los dos primeros eventos, el compromiso penal será a título de dolo; en el último, a título de culpa.
En el presente caso, el Instituto de Medicina Legal, al examinar por segunda vez a la víctima, dictaminó perturbación síquica de carácter permanente derivada de los actos sexuales a que fue sometida, en virtud de las severas y persistentes alteraciones de su personalidad advertidas a través de las pruebas científicas practicadas, reveladoras de ansiedad, conflicto, cambio emocional, inestabilidad, abatimiento, fluctuaciones en los niveles de actividad, sentimientos neutros o negativos y pulsiones inhibidas, que más que síntomas reflejan muy claros cambios de comportamiento, como lo evidencia el propio dictamen, al diagnosticar, actitud ansiosa, aprensiva, labilidad afectiva, agresividad en aumento, retraimiento social, deterioro de las relaciones familiares y baja capacidad de adaptación laboral (fls.139 y ss).
Este cuadro psíquico, de naturaleza permanente, determinante de sustanciales cambios en la vida personal, familiar, laboral y social de la víctima, con tendencia al deterioro -tómese en cuenta la narración del interés que tenía por su empleo y cómo después del hecho, una vez obtiene uno, lo pierde por falta de adaptación-, no puede ser considerado, de acuerdo con lo ya dicho, una consecuencia connatural o normal del acceso violento, como lo sostiene el demandante, sobre todo si se tiene en cuenta que el dictamen es claro al señalar que, en este caso, el daño o perturbación psíquica fue causado por la intensidad del ataque con que se logra causar miedo e intimidar psíquicamente a la ofendida y su receptividad (fls.143).
Esta aclaración complementaria del dictamen, confirma que las consecuencias de orden psíquico no son de igual naturaleza en todos los casos, y que su severidad dependerá, en buena parte, de la virulencia del ataque y las condiciones personales de la accedida, como debe ser teniendo en cuenta los rasgos de la individualidad del ser humano, siendo entonces perfectamente previsible la causación del daño, según el grado de indolencia, insensibilidad o brutalidad aplicado por el sujeto agente para someter a su víctima.
Dicha condición de previsibilidad del resultado dañoso, fue correctamente deducida en la sentencia del Tribunal para afirmar la responsabilidad de Javier Fernando Sánchez Quintero por el delito de lesiones personales a título de culpa, atendidas las condiciones personales de la ofendida, que alcanzó a conocer perfectamente el procesado, y las especiales circunstancias de la comisión del hecho, que revelan un alto grado de insensibilidad en este último y su inocultable intención de arrasar a su víctima psicológicamente, de provocar en ella los mayores niveles de pánico despiadado, al punto de hacerle creer que, con o sin acceso, de todas maneras la mataría. Esto, obviamente, desde el punto de vista de la estructura de personalidad y la trayectoria de vida intrapsíquica, no es soportado por cualquier persona, menos por una doncella, como la aquí, desgraciadamente, víctima.
Razón tiene la Delegada, al sostener, en relación con este aspecto y la previsibilidad del resultado, que la capacidad de asimilación y de reacción ante los estímulos depende del conjunto de experiencias, vivencias, ideales, en fin, del complejo de elementos vivificantes de la personalidad, que alterados por medios no queridos pueden generar trastornos en la psiquis de la persona, premisa en la que se apoya para afirmar que la mutación de valores trascendentes del individuo, lograda contra su voluntad, no puede ser extraña a quien la realiza, en cuanto que siendo consciente de su no aquiescencia, lo es de contera de que si actúa violentamente contra otro ser humano, la psiquis de éste repulsa el estímulo y que su renuencia puede alterarlo mentalmente. Todo, para concluir que, en el caso sub judice, la naturaleza del hecho y la condición del sujeto pasivo, así como el altísimo valor dado por ésta a la sexualidad, permitían prever, dentro del marco de la violencia física y moral que acompañaron el atropello, “la conmoción y el trauma psíquico y emocional en la ofendida, como lo afirmó el Tribunal” (fls.57 cuaderno de la Corte).
Acertada fue, por tanto, la aplicación para el caso de la norma sustancial que define el concurso de hechos punibles, cuya violación denuncia el casacionista.
Se desestima la censura.
En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE CASACION PENAL, oído el concepto del Procurador Segundo Delegado, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley,
R E S U E L V E:
NO CASAR la sentencia impugnada.
Devuélvase al Tribunal de origen. CUMPLASE.
FERNANDO E. ARBOLEDA RIPOLL RICARDO CALVETE RANGEL
JORGE CORDOBA POVEDA WANDA FERNANDEZ LEON
Conjuez
No firmo
CARLOS E. MEJIA ESCOBAR DIDIMO PAEZ VELANDIA
NILSON PINILLA PINILLA JUAN MANUEL TORRES FRESNEDA
Patricia Salazar Cuéllar
SECRETARIA