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Asistente Jurídico Inteligente

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TIPICIDAD/ PREVARICATO POR ACCION/ PREVARICATO POR OMISION/ REPARTO/ CONCIERTO PARA DELINQUIR/ FALSEDAD IDEOLOGICA EN DOCUMENTO PUBLICO/ PECULADO POR APROPIACION/ DETERMINADOR

1-. De ahí que se diga que la posición asumida para cuestionar el fallo, es de gran comodidad. Se advierte en ella un unilateral fraccionamiento de los hechos básicos de la acusación y la posterior sentencia que ahora es materia de impugnación, pues en la misma vía en que se enfoca la sustentación del recurso, habría lugar a aducir que ninguno de los actos insularmente considerados se prestarían a ser tomados como configurativos de ilicitud, y, por tanto, que carecen de trascendencia penal, cuando lo cierto es que la conducta y sus resultados, frente al tipo, han de ser apreciados desde la óptica de su integral valoración jurídica y social.

Este fraccionamiento de la conducta objeto de investigación y juzgamiento, da lugar a que los recurrentes descompongan en sus mínimas expresiones los comportamientos delictivos imputados, para deducir a partir de éstas, que ninguna de ellas, aisladamente estimadas, ostentan carácter delictivo. Por este terreno de discusión la Corte no trasegará, pues en ello podría dar lugar a entender que son los actos, y no la conducta integralmente considerada, los que deben ser sometidos a valoración social y jurídica a efectos de establecer su reprochabilidad penal, impidiendo la evaluación de los resultados del comportamiento frente al tipo penal de que se trate.

Tema especial resulta el relacionado con la inembargabilidad de los dineros incorporados en el Presupuesto Nacional, por virtud de lo dispuesto en la Ley 38 de 1990. Según el doctor (…), los dineros que se incorporaron al patrimonio de la Caja dejaron de pertenecer al presupuesto y en tal medida su embargo resultaba viable, conforme fue decretado.

No empece este asunto no haber sido tratado por el organismo encargado de la acusación, pues, se entiende, correspondía a punto intrascendente derivado de la imposibilidad jurídica de librar mandamiento de pago por la precariedad de los documentos allegados con la demanda, es de decirse que de conformidad con el artículo 513 del C. de P. C., modificado por el D. E. 2282 de 1989, art. 1º. Num. 272, “las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la nación son inembargables”, reiterando así la prohibición establecida en el Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación por entonces vigente.

La existencia de estas disposiciones indica que no se trataba de una preceptiva aislada del resto del ordenamiento jurídico existente por la época en que los hechos tuvieron ocurrencia, sino de una perentoria pauta de conducta a ser íntegramente acatada por los funcionarios. En este sentido se pronunció la Corte Suprema de Justicia en sentencia proferida el tres de octubre de 1991, al fallar la acción de inexequibilidad propuesta contra algunos segmentos del artículo 74 de la Ley 46 de 1990. Se dijo entonces:

“Lo anterior quiere decir que de todas maneras continúa vigente y en plena aplicación tanto el artículo 74 de la Ley 46 de 1990 en la parte no declarada inexequible como el artículo 16 de la Ley 38 de 1989 -declarado ajustado a la Carta por sentencia No. 44 de 22 de mayo de 1990- en cuanto consagran la inembargabilidad de ‘las rentas’ y ‘recursos’ incorporados al Presupuesto Nacional, entendiéndose estos dos términos en su sentido de la Hacienda Pública a la cual pertenecen y que está dado en la misma Ley 38. Y comprendiéndose obviamente dentro del concepto ‘rentas’ y ‘recursos’ los bienes en que unas y otros se materializan en cada caso. Las entidades oficiales correspondientes certificarán en su momento sobre si se trata de casos de ‘rentas’ o de ‘recursos’ del Presupuesto Nacional cuando se quiera hacer efectiva la inembargabilidad”.

Significa esto, que no obstante la vigencia de la prohibición contenida en la disposición, ratificada incluso por el Juez de Control Constitucional de entonces, no solamente fue desconocida de modo reiterado por el Juez acusado, al decretar el embargo y secuestro de bienes que como se anotó no podían ser objeto de esa medida, sino que acudió a dicho mecanismo para lograr que se configurara la mayor defraudación patrimonial a la Caja Nacional de Previsión.

Cosa distinta a esto es que en la actualidad por virtud de las nuevas regulaciones normativas, o incluso con ocasión de posteriores pronunciamientos de constitucionalidad de los referidos preceptos (art. 513 del C. de P. C. y ley 38 de 1989) rijan normatividades distintas que hoy en día eventualmente autoricen la medida preventiva cuando de obligaciones nacidas en una relación de trabajo se trata, pero esto no significa que a la fecha del pronunciamiento de primer grado hubieren dejado de tener connotación jurídica los delitos de prevaricato y peculado, de una parte, porque como se vio, la inexistencia de verdaderos títulos ejecutivos impedía, como igual acontece hoy en día, dictar mandamiento ejecutivo, de contera decretar el embargo de bienes y su posterior entrega a los demandantes, y de otra, la conducta delictiva de que se viene hablando, no ha sido modificada favorablemente, ni desde el punto de vista de los supuestos de hecho definidos como ilicitud, ni en cuanto toca con la punibilidad del comportamiento.

2-. En ese sentido ha de afirmarse que si los documentos presentados con las demandas hubieren reunido los requisitos establecidos en la ley para podérseles considerar verdaderos títulos ejecutivos, si las demandas hubieren cumplido los presupuestos de admisibilidad, si los actos procesales de liquidación de los créditos se hubieren ajustado a las preceptivas establecidas al efecto o se hubiere respetado la prohibición de embargar bienes respecto de los cuales no operaba por entonces la medida cautelar, es decir, si los procesos hubieren sido adelantados conforme al trámite previsto en la ley de rito laboral, podría entenderse configurado el delito de prevaricato por omisión que se imputa haber realizado el funcionario al no proceder a entregar a la demandada los dineros pertenecientes a procesos ya fenecidos, conforme había sido dispuesto en decisión judicial.

3-. En favor del doctor (…) se pregona que el delito de concierto para delinquir no logró configuración aduciéndose la imposibilidad de manipular el acto de reparto de procesos, dado que esta labor oficial se cumplía semanalmente en uno de los dieciséis Juzgados Laborales del Circuito, y se hacía en presencia del Juez de turno, los empleados del Despacho y un representante del Ministerio público.

Si bien la obligada presencia de estos funcionarios en el acto de reparto de los negocios que lleguen a los Juzgados de cada especialidad, y la asignación de dicha labor a un despacho distinto cada semana, constituyen mecanismos de control en orden a garantizar la transparencia, imparcialidad y equilibro en la asignación de procesos a cargo de cada uno de los Juzgados, esto de manera alguna es suficiente para afirmar que el resultado no puede verse alterado, y que por lo mismo, es imposible por esa vía llegar a transgredir la ley, como parece ser sugerido.

Muestra elocuente de lo afirmado, la constituye la forma como en la asignación de procesos al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, se vio manipulada mediante la presentación de tantas demandas como número de juzgados existiera a efectos de que una vez asignada una de ellas al Despacho del Doctor (…), se procediera por los abogados al retiro de las demás repartidas a otros Juzgados. Es decir, mediante la utilización de un mecanismo legal, previsto en el artículo 88 del C. de P. C., se logró desvirtuar la imparcialidad que pretende garantizar el trámite de reparto de procesos.

4-. En relación con el delito de falsedad ideológica que se le imputa realizado, es de decirse que el procesado no niega que las constancias oficiales por él expedidas no coincidieran con la verdad, establecida desde la perspectiva de la aparente legalidad de los procesos, al punto de aceptar que en ellas figuran diferencias entre las sumas embargadas y aquellas realmente entregadas a los demandantes.

Su censura se orienta hacia la connotación jurídica de dicha conducta aduciendo que la suma de todos los dineros entregados por el Juzgado al apoderado de los ejecutantes, en ningún momento superó el monto del crédito que se liquidó, con lo cual la falsedad que se le imputa resultaría inocua, dada su correspondencia con errores en una de las cuatro operaciones aritméticas, y justificable por el volumen de trabajo en los Juzgados Laborales del Circuito.

En este estadio de la argumentación, pertinente advierte recordar la Sala lo que ha venido diciendo en torno al tema:

“La descripción comportamental recogida en el tipo de falsedad ideológica en documento público, alcanza realización, ha sido dicho, cuando el empleado oficial, en ejercicio de sus funciones, extiende documento que pueda servir de prueba y consigna en él una falsedad o calla total o parcialmente la verdad, independientemente de los cometidos ulteriores que hubiese perseguido con su conducta, pues lo que la norma protege es la credibilidad en el contenido de tales documentos dada por el conglomerado, en cuanto se ha convenido otorgarles valor probatorio de las relaciones jurídico-sociales que allí se plasman”.

“Pero esta verdad, y la realidad histórica que ha de contener el documento oficial, debe ser íntegra, en razón a la aptitud probatoria que el medio adquiere y con la cual ingresa al tráfico jurídico. En virtud de ello, el servidor oficial en la función documentadora que le es propia, no solo tiene el deber de ceñirse estrictamente a la verdad sobre la existencia histórica de un fenómeno o suceso, sino que al referirla en los documentos que expida, deberá incluir las especiales modalidades o circunstancias en que haya tenido lugar, en cuanto sean generadoras de efectos relevantes en el contexto de las relaciones jurídicas y sociales” (Sentencia Cas . Mayo 19 de 1999. M.P. Dr. ARBOLEDA RIPOLL).

Y en cuanto a la ausencia de lesividad de la conducta falsaria, se dijo entonces que “de antiguo la jurisprudencia viene señalando que los tipos penales que recogen la conducta en referencia, son de peligro, no de lesión concreta a las relaciones jurídicas:

“Significa esto que aún cuando no se establezca que se ha perjudicado a una determinada persona, el delito de falsedad documental existe si se puede aceptar razonadamente que el documento falso tiene aptitud para perturbar una relación jurídica, bien sea contribuyendo a negar un derecho a quien lo tiene o atribuírselo a quien no lo tiene ya en el campo de las relaciones entre particulares o bien en el de éstos con el Estado” (Cas. de agosto 27/76. M.P. Dr. LUIS ENRIQUE ROMERO SOTO), en posición que a la hora de ahora mantiene plena vigencia, dado que, si bien se refiere a un estatuto punitivo hoy derogado, la estructura del tipo y del bien jurídico que por medio de él se protege, se conservan”.

“Y, por vía de ejemplo, ya específicamente sobre la falsificación de documentos públicos, se precisó:

“En el delito de falsedad en documento público, basta, respecto del perjuicio, que éste tenga la aptitud para generarlo, o lo que es lo mismo, que el documento sea potencialmente dañoso. Esa idoneidad para causar daño no puede deducirse únicamente de la efectiva realización de éste, aunque no puede negarse que ello constituye su mejor comprobación, sino de la intrínseca aptitud para ocasionarlo, la cual se puede apreciar desde el momento mismo en que el documento es creado” (Auto Segunda Inst. Abril 29/80. M. P. Dr. DARIO VELASQUEZ GAVIRIA.)”.

5-. La impugnación también se apoya en sostener, que parte de los dineros ilícitamente obtenidos, fueron entregados por (…) a sus poderdantes (en proporciones ínfimas diría la Corte), en cumplimiento del contrato de honorarios profesionales suscrito con ellos. Aún de ser esto cierto, en manera alguna demerita los delitos cometidos por el funcionario (…), cuya realización determinó el abogado Cabrera, pues no debe perderse de vista que la acusación no ha sido formulada por haber obtenido provecho patrimonial ilícito en detrimento de sus clientes, como correspondería a la imputación por algún delito de estafa, sino por los delitos de prevaricato y peculado, cuyos contenidos de tipicidad son manifiestamente distintos de aquél.

6-. En este tema de la determinación, pertinente resulta reiterar que la cualificación exigida para el autor de los delitos de prevaricato y peculado, no lo es para el determinador de esas conductas, conforme ha sido tesis reiterada en torno al punto:

“Una cosa es que por autor se entienda tanto al intelectual como al material y otra muy diferente es que ambas especies se asimilen entre sí hasta el punto de considerarse una sola para efectos de la punibilidad como pretende demostrarlo el casacionista, al afirmar ‘. . . que el legislador unificó los sujetos autor y determinador en uno solo’ “.

“No estará de más recordar que en lo que se refiere al determinador la Sala ha hecho claridad en diversas oportunidades respecto a los tipos que requieren sujeto activo cualificado, rememorándose, por ejemplo, la sentencia de junio tres (3) de mil novecientos ochenta y tres (1983), en la que se aclara que ‘. . . si se trata de tipo de sujeto activo cualificado, tal condición sólo se exige para quien materialmente realiza la conducta y no para quien ha sido determinador, pues del autor es quien debe exigirse tal calidad’.”

“La razón es clara. El autor material es quien ejecuta directamente el hecho. Por consiguiente, es indispensable que posea las aptitudes que exige el tipo penal correspondiente. Si, como sucede en el caso en estudio, para estructurar el delito de falsedad ideológica en documento público el legislador reclama la presencia de un sujeto activo calificado, es llano entender que la conducta sólo la puede realizar quien teniendo la condición exigida para los delicta propia ejecuta el acto prohibido en ejercicio de sus funciones”.

“No sucede lo propio con el determinador: Su rol se limita a hacer nacer en otro la decisión de delinquir, esto es, la de inducir dolosamente al autor material a cometer el injusto, quien consciente y voluntariamente acepta realizar el hecho disvalioso. Nada interesa, por consiguiente, que en su caso incumpla las especiales calidades inherentes al actor del tipo propio o especial. Esto es del todo indiferente. . . ” (Sent. Cas. Oct. 29/93. M. P. Dr. VALENCIA MARTINEZ).

Por esto, en las aludidas condiciones resulta apenas obvio que igual perjuicio se causa a quien ilícitamente se obliga a pagar algo sin deberlo, como también si debiéndolo, no es la oportunidad para su pago, o el procedimiento seguido para el cobro coactivo no es el establecido en la ley, pues en uno y otro caso, ilegalmente se lo despoja ilegalmente, de recursos de contenido económico, siendo por tanto obligado al juez procurar que las cosas vuelvan a su estado anterior al momento de la comisión del delito.

PROCESO No. 14288

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACION PENAL

Aprobado acta No. 141 de sep. 20/99

Magistrados Ponentes:

Dr. FERNANDO E. ARBOLEDA RIPOLL

Dr. JORGE ANIBAL GOMEZ GALLEGO

Santa Fe de Bogotá, D. C., veintiocho de septiembre de mil novecientos noventa y nueve.

Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por los procesados LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ (ex Juez Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá), LUIS HENRY TRUJILLO SANCHEZ, OMAR CABRERA POLANCO y MERCEDES CABRERA POLANCO, sus defensores, y la Procuradora Once Judicial Penal, contra la sentencia proferida el cinco de febrero de mil novecientos noventa y ocho por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá, mediante la cual tomó las siguientes determinaciones:

CONDENO a LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ, a las penas principales de veintidós años de prisión y multa en cuantía de un millón de pesos, y la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por el término de diez años, al hallarlo responsable del concurso homogéneo, heterogéneo y sucesivo de delitos de prevaricato por acción, prevaricato por omisión, falsedad en documento público, concierto para delinquir, peculado por apropiación y enriquecimiento ilícito; al tiempo que lo absolvió del delito de prevaricato por omisión imputado dentro del proceso 10398 A.

CONDENO a LUIS HENRY TRUJILLO SANCHEZ, a las penas principales de nueve años de prisión y multa en cuantía de quinientos mil pesos, y las accesorias de interdicción de derechos y funciones públicas por un lapso igual al de la pena privativa de la libertad, y suspensión en el ejercicio de la profesión de abogado por tres años, al encontrarlo penalmente responsable como determinador del concurso de delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación en el grado de tentativa.

CONDENO a OMAR CABRERA POLANCO a la penas principales de doce años de prisión y multa en cuantía de un millón de pesos, y las accesorias de interdicción de derechos y funciones públicas por el término de diez años, y la suspensión en el ejercicio de la profesión de abogado por espacio de tres años, al hallarlo responsable como determinador de los delitos de prevaricato por acción, peculado por apropiación en el grado de tentativa y peculado por apropiación consumado, cometidos en concurso.

CONDENO a MERCEDES CABRERA POLANCO a las penas principales de siete años de prisión y multa en cuantía de doscientos mil pesos y la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por término igual al de la pena privativa de libertad, como consecuencia de declararla penalmente responsable como determinadora de los delitos de prevaricato y peculado por apropiación, también en concurso.

CONDENO a LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ al pago en concreto de la suma de $ 3.436’620.972.65 y los intereses pertinentes a título de daños y perjuicios ocasionados con el delito; a OMAR CABRERA POLANCO y MERCEDES CABRERA POLANCO al pago de la suma de $ 941’380.434.oo y los intereses pertinentes por el mismo concepto, la cual debe ser cancelada solidariamente con el doctor SANCHEZ RODRIGUEZ. Se abstuvo de condenar en perjuicios a LUIS HENRY TRUJILLO SANCHEZ.

Negó a los procesados el subrogado de la condena de ejecución condicional, revocó el beneficio de detención domiciliaria de que vienen disfrutando LUIS HENRY TRUJILLO SANCHEZ, OMAR CABRERA POLANCO y MERCEDES CABRERA POLANCO. Dispuso que “el cumplimiento de la pena impuesta se hará efectivo una vez quede ejecutoriado el fallo, y se tendrá como parte de la misma el tiempo que han permanecido en detención domiciliaria”, y que, también en firme, se libraran las correspondientes órdenes de captura en contra de éstos.

Ordenó compulsar copias para la investigación de la conducta de LUIS HENRY TRUJILLO SANCHEZ dentro del proceso ejecutivo número 31827; y, respecto de este mismo procesado, de OMAR CABRERA POLANCO y MERCEDES CABRERA POLANCO para la averiguación penal correspondiente por el delito de concierto para delinquir en que pudieron haber incurrido.

Dispuso además, entregar a la Caja Nacional de Previsión Social la suma de $ 7.000.000.oo, proveniente del embargo de dineros oportunamente decretado en el curso de la actuación.

1. ANTECEDENTES.

1.1. Actuación Disciplinaria.

Con ocasión de las irregularidades cometidas en la diligencia de inspección judicial practicada el primero de junio de mil novecientos noventa por el Juzgado Cuarenta Civil Municipal de Bogotá en la Pagaduría de la Caja Nacional de Previsión, con el objeto de embargar y secuestrar tres (3) cheques por la suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($ 941.380.434,24), por auto proferido el seis siguiente, la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial dispuso practicar visita especial al proceso ejecutivo identificado con el número 30511, promovido por ANA MORALES DE VARGAS y OTROS contra la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL, estableciéndose la existencia de graves anomalías, las que determinaron la formal apertura de investigación disciplinaria en contra del doctor LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ, quien por entonces se desempeñaba como Juez Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá, la doctora MARIA BETTY CASTELLANOS DE ROMERO, Juez Cuarenta Civil Municipal de la misma ciudad y la señorita OMAIRA RIOS VARGAS, Secretaria del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, al tiempo que se dispuso expedir copias de lo actuado para la averiguación penal correspondiente respecto de ellos, y de los abogados MARCO ANTONIO MANZANO VASQUEZ, OMAR CABRERA POLANCO, MERCEDES CABRERA POLANCO y ALBERTO CARDENAS DE LA ROSA, quienes actuaron o figuraron como apoderados de los ejecutantes, entre otras determinaciones.

En el pliego de cargos posteriormente formulado contra los investigados, al doctor Sánchez Rodríguez la Procuraduría le imputó la liquidación exagerada de agencias en derecho atendiendo la cuantía del proceso, y las tarifas establecidas por el Colegio de Abogados Especializados en Derecho Laboral, teniendo en cuenta la mínima gestión llevada a cabo por el apoderado de la parte actora. También le endilgó haber ordenado correr traslado a las partes de la liquidación del crédito realizada por la Secretaria OMARIA RIOS VARGAS, en donde se incluyeron intereses que sobrepasan el monto del capital cobrado por esa vía.

A OMAIRA RIOS VARGAS, Secretaria del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, le imputó haber liquidado el crédito en la exorbitante suma de $ 197.121.532.90, sin tener en cuenta que el mandamiento de pago se profirió por $95.601.306.oo y sin explicar la tasa de interés aplicada, ni los períodos de mora comprendidos. También, le atribuyó responsabilidad por no haber suscrito el acto de liquidación a que se ha hecho referencia.

Y, a la doctora MARIA BETTY CASTELLANOS DE ROMERO, le endilgó no haber tramitado la oposición al embargo y secuestro de los cheques, propuesta por la doctora LIBIA ISABEL ARCILA GOMEZ, Funcionaria de la Caja Nacional de Previsión, quien expuso la inembargabilidad de los títulos valores objeto de la diligencia; haber designado como secuestre a un perito contador cuyo nombre no figura en la lista de auxiliares de la justicia, la cual no había sido agotada; y haber recibido una “gruesa” suma de dinero por llevar a cabo la diligencia.

Días más tarde, el 30 de enero de 1991, mediante Resolución Número 003, la Delegada de la Procuraduría declaró probados y no desvirtuados los cargos formulados, y, en consecuencia, dispuso la remisión del expediente a la Sala Disciplinaria del Tribunal Superior de Cundinamarca para lo de su competencia en cuanto a la sanción a imponer a los disciplinados, aclarando que se absolvía a la doctora CASTELLANOS DE ROMERO, exclusivamente en lo atinente al trámite de la oposición a la diligencia de embargo, “por no haber demostrado más claramente la doctora LIBIA ISABEL ARCILA GOMEZ su intención de oponerse a la diligencia de embargo y secuestro de los tres títulos valores”.

Declarada la incompetencia para conocer del asunto, la Sala Disciplinaria del Tribunal Superior de Cundinamarca dispuso la remisión del diligenciamiento a su homóloga del Tribunal Superior de Bogotá, autoridad que el trece de septiembre de mil novecientos noventa y uno puso fin al proceso disciplinario sancionando con destitución a los doctores LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ y MARIA BETTY CASTELLANOS DE ROMERO, al tiempo que ordenó la expedición de copias con destino al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito para la continuación del trámite disciplinario respecto de OMAIRA RIOS VARGAS, a la Sala Disciplinaria del Tribunal de Cundinamarca para la averiguación de la conducta profesional de los abogados que intervinieron en el trámite de los procesos 30063, 30064, 30313, 31827, 30267, 30105, 30981 y 30522, sobre los cuales también fueron advertidas algunas irregularidades; y a las autoridades penales para investigación de la conducta del apoderado de la Caja doctor AUGUSTO CONTI PARRA, por su actuación dentro del proceso 30511; del doctor LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ, dentro de los procesos radicados con los números 30063, 30064, 30313, 31827, 30267, 30105, 30981, 30522 y 30128; y el establecimiento de responsabilidades por la desaparición del Juzgado Cuarto Laboral de los procesos números 31205, 30866, 30313, 30063 y 30064.

Negado el recurso de apelación interpuesto contra el fallo, y concedido el de revisión, la Sala de Gobierno del Tribunal lo declaró infundado por providencia de dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y uno.

2.- LAS RESOLUCIONES DE ACUSACION.

Asumida la investigación inicialmente por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, y posteriormente por la Unidad de Fiscalía Delegada ante dicha Corporación, y previa vinculación al proceso de los acusados, definición de su situación jurídica y clausura de los correspondientes ciclos instructivos, fueron proferidas las siguientes resoluciones de acusación:

2.1.- Proceso 3557C contra LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ.

Por providencia del doce de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, la Unidad de Fiscalía Delegada ante los Tribunales Superiores de Santa Fe de Bogotá y Cundinamarca calificó el mérito probatorio del sumario con resolución acusatoria contra el Ex Juez Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá, doctor LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ, por el concurso homogéneo, heterogéneo y sucesivo de delitos de prevaricato por acción, prevaricato por omisión, falsedad en documento público, concierto para delinquir y peculado por apropiación.

Los hechos se relacionan con el trámite dado por el ex funcionario a los procesos ejecutivos laborales números 29690, 29827, 29934, 29937, 30105, 30241, 30267, 30376, 30377, 30402, 30511, 30522, 30981, 31128, 31172, 31270, 31401, 31716, 31784, 31827, 32207 y 32210, con los cuales se logró que la Caja Nacional de Previsión pagara la suma de $3.441’261.501.oo a favor de los diferentes accionantes, con fundamento en fotocopias de resoluciones administrativas presentadas como título ejecutivo, sin que en la mayoría de ellas se contemplara la obligación de pagar sumas liquidas o liquidables de dinero, omitiendo considerar que en los citados documentos se hizo la advertencia expresa de no prestar mérito ejecutivo, y que, en otras ocasiones, los títulos ya habían sido objeto de cobro judicial o de pago administrativo, lo cual permitió la doble contabilización y cobro de períodos ya cancelados y la ilegal liquidación de las sumas debidas por concepto de intereses; en otros casos rechazó las excepciones propuestas por la parte demandada, en el sentido de que las obligaciones dinerarias contenidas en los actos administrativos base de la acción, ya habían prescrito.

Para llegar a dicha conclusión, la Delegada de la Fiscalía hizo las siguientes consideraciones:

2.1.1.- Noción de título ejecutivo.

Acudiendo a lo normado por el artículo 100 del C. de P.L. que establece la posibilidad de ejecución forzada de obligaciones originadas en una relación de trabajo, el cual remite al artículo 488 del C. de P. C, señaló que la característica esencial de un título ejecutivo es la de contener una obligación clara, expresa y exigible, siempre que ella conste en un documento auténtico que provenga del deudor o su causante y que consista en pagar una suma líquida o liquidable de dinero, es decir, “la expresada en una cifra numérica precisa“, o aquella que puede obtenerse “por simple operación aritmética, sin estar sujeta a deducciones indeterminadas”, como lo exige el artículo 491 del C. de P. C.

Estas condiciones no son cumplidas en los documentos que sirvieron de base para la instauración de las acciones ejecutivas, pues no obstante que supuestamente la ejecución se realizaba por sumas de dinero, en ellos con toda claridad se exige que la Caja Nacional de Previsión -Sección de Registro de Pensiones- dicte providencias que permitan determinar las liquidaciones, deduciendo los dineros que resulten de nuevas liquidaciones, los ya pagados administrativa y ejecutivamente y los descuentos ordenados por la ley, como el relacionado con el 5% de la Ley 4ª de 1976 por concepto de servicios médico-asistenciales.

2.1.2.- No empece precisar la Fiscalía que esto es suficiente para dar por demostrada la inexistencia de los títulos ejecutivos, los documentos allegados a los procesos laborales, por no haber sido aportados en original sino en copia, ningún valor tenían para efectos de admitir el trámite, conforme al principio de la originalidad de la prueba, a que se refirió la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Penal- en pronunciamiento de 8 de abril de 1994, con ponencia del Magistrado Doctor JORGE CARREÑO LUENGAS.

2.1.3.- También consideró que si bien es cierto las resoluciones expedidas por la Caja Nacional de Previsión reconocían el derecho pensional, esto no podía servir de fundamento para demandar la ejecución de los aumentos allí dispuestos, toda vez que debía hacerse según las normas vigentes al momento de la liquidación, como sucedía con las leyes o decretos que disponían los aumentos salariales. Por esto, la Caja periódicamente debía efectuar las liquidaciones pertinentes con cada pensionado, lo cual no sucedió en el evento sub judice pues el funcionario no lo exigió y por el contrario arbitrariamente se atuvo a las liquidaciones que efectuaron los ejecutantes.

2.1.4.- Además de lo anterior, la Fiscalía detectó que al interior de los procesos ocurrieron múltiples anomalías de trascendencia penal como las siguientes:

2.1.4.1.- En todas las resoluciones proferidas por “Cajanal”, se mencionaba el requisito previo de una liquidación por parte de la entidad, en la que debían quedar consignados los reajustes de ley respecto de cada uno de los pensionados, el cual no fue cumplido para demandar la ejecución, pues si bien en algunos eventos tales liquidaciones fueron allegadas, el juez hizo caso omiso de ellas.

2.1.4.2.- No reparó el funcionario en el sello puesto por “Cajanal” sobre los documentos base de la acción, en el sentido de que las citadas resoluciones no prestan mérito ejecutivo, con cuya imposición buscaba restringir el uso de las copias de sus actos administrativos, como igual propósito perseguía al estampar sellos que indicaban tratarse de segunda copia o que los dineros ya habían sido objeto de cobro judicial en otros Despachos.

Por vía ilustrativa, cita lo ocurrido dentro del proceso 30511,con las resoluciones 3782, 4037 y 3758; en el proceso 29937 con las resoluciones 3728,4180 y 1968; con el proceso número 29827, con las resoluciones números 3419, 4431, 3666; o con el proceso 29690 con las resoluciones 6164, 6765, y 642, en todas las cuales se lee que “la presente resolución no presta mérito ejecutivo y su uso es exclusivamente para fines estadísticos”, lo cual obligaba al Juez a negarle el valor pretendido por los ejecutantes.

2.1.4.3.- Agrega que en numerosas resoluciones allegadas por los ejecutantes, figuran constancias de distintos juzgados Laborales del Circuito de Bogotá, en el sentido de haber sido objeto de cobro coactivo y haberse verificado el pago de rigor, las cuales le quitaban todo mérito ejecutivo al documento que así había perdido su exigibilidad.

Como ejemplo de ello, la Fiscalía menciona el proceso ejecutivo número 29690, en el cual figuran las resoluciones 3481, 6426 y 0643, donde consta que el recaudo se logró ante el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bogotá; el ejecutivo No. 29934, donde figura que las resoluciones 5258 y 6316 fueron objeto de cobro ante el Juzgado Segundo Laboral del Circuito; el ejecutivo 30241 en el que figuran las resoluciones 2803, 7191, 1981 y 624 cuyos pagos fueron realizados por orden del Juzgado Séptimo Laboral del Circuito; y el proceso 31270, dentro del cual obran las resoluciones 2101, 5734, 7145 y 12241, que habían sido objeto de cobro ante el Juzgado Tercero Laboral del Circuito.

Gracias al desconocimiento que de esta situación hizo el funcionario acusado, se produjo la doble contabilización de períodos ya cobrados, como sucedió con la resolución 5760 de junio 13 de 1983, que dentro del proceso 30105 dio lugar al mandamiento de pago proferido el 31 de agosto de 1989 en el cual se incluyó el período comprendido entre 1981 y 1985 con un capital de $ 586.677.45 más intereses de $ 1.365.198.42 para un total de $ 1.951.875.87. Esta misma resolución se tomó en cuenta en el proceso 30511 donde se emitió mandamiento de pago por el período comprendido entre 1976 y 1989 con un capital de $1.535.727.97 más intereses de $ 3.932.999.32 para un total de $ 5.468.727.29.

Igual acontece con el proceso 29827 respecto de AMANDA OSORIO DE MISAS en cuyo favor se presentaron las Resoluciones 10887 y 2488, para el cobro de reajustes con liquidaciones por el mismo período comprendido entre 1976 y 1978, anomalía ésta advertida por la Tesorería de la Caja y de la cual el Juez hizo caso omiso.

Además se dio aplicación indebida a lo dispuesto por la Ley 4ª de 1976, por cuanto fraudulentamente fueron liquidados los montos adeudados. Ejemplo representativo de esta situación, es el relacionado con el proceso ejecutivo 30522, que trata del pensionado JOSE VICENTE GONZALEZ CARDOZO, en cuyo favor obra la Resolución 11146 de 1985 en donde para 1976 el ejecutante tomó la suma de $4.768.50 y le agregó una diferencia de $ 609.oo, la cual multiplicó por 12 mesadas adeudadas, obteniendo un total de $7.308.oo, cuando lo cierto es que la pensión de $1.771.81, reajustada llegaba a $3.037.58, con una diferencia de $265.77, incrementada en $3.189.24 resultado de la multiplicación por 12 mesadas, denotando con ello un mayor valor cobrado en cuanto al capital, de $4.118.76 para el primer año, en desfase que fue repetido para los años siguientes hasta el de 1989, todo lo cual fue aceptado sin objeción por el funcionario.

En otros procesos obra constancia en el sentido de que varias de las resoluciones base de la ejecución ya habían sido objeto de cobro judicial en el mismo Juzgado Cuarto Laboral del Circuito: Tal el caso, por ejemplo, del proceso ejecutivo 31270, iniciado con base entre otras en la resolución número 8625 a favor de GEORGINA CEBALLOS ARIAS, en la cual la Caja Nacional de Previsión dejó constancia de tratarse de segunda copia, por que respecto de la primera ya se había producido cobro judicial en el citado Despacho Judicial. En el proceso ejecutivo número 29690 obra la Resolución 469 a favor de MARIA DOLORES SANTOS respecto de la cual en el mismo Juzgado fueron cancelados reajustes pensionales. Idéntica situación se presenta en el proceso 29827 en el cual obra que la Resolución No. 441 a favor de HUMBERTO JOSE CACERES, ya había sido objeto de pago por el mismo Juzgado.

Estas situaciones, entre muchas otras, sostiene la Fiscalía, determinaron dobles pagos como consecuencia de aceptar dobles cobros contra la Caja Nacional de Previsión, y cuyas diferencias fueron a parar a manos de los abogados ejecutantes.

La Fiscalía demuestra esto, por vía de ejemplo, con el proceso 30377, en donde figura que a favor de ALFREDO PORRAS ilegalmente se liquidó la suma de $ 2.081.359.01 y por intereses $ 5.220.047.48 para un total de $ 7.301.406.49 cuando lo correcto era liquidar por concepto de capital la suma de $ 110.340.67, y unos intereses de $ 84.337.06 que sumados equivaldrían a $194.677.73, con una diferencia de $ 7.106.728.76. Otro caso relacionado con el tema, tiene que ver con la pensionada ROSALBA BORJA VDA. DE PASCUA, a quien dentro del proceso ejecutivo 31270 se le liquidaron $5.911.608.oo y solamente recibió la suma de $1.317.586.oo.

Ello, en opinión de la Fiscalía, conduce a demostrar que luego de las liquidaciones y pagos ilegales, elevadísimas sumas de dinero quedaban en poder de los abogados y no de los pensionados a quienes solo les entregaban una parte de lo cobrado a través del juzgado. Pero la situación advertida, sostiene la acusación, se torna más grave si se toman en cuenta los casos en que el Juez autorizaba el desglose de los poderes, con base en los cuales los abogados ejecutaban a la Caja de Previsión, sin que los pensionados siquiera se enteraran.

2.1.4.4.- También fue establecido que en las resoluciones base de la acción ejecutiva figuran sellos de tratarse de segundas o terceras copias, lo que determinaba que no podían ser tenidas en cuenta como título ejecutivo, desconociéndose además, el contenido de la Resolución 3055 de julio 8 de 1987, mediante la cual la Dirección de Cajanal señalaba que cuando se solicitara copia de un acto administrativo por segunda vez, debía comprobarse su objeto y establecer si con relación a la misma ya habían sido efectuados pagos por las vías ejecutiva o administrativa.

De esto dan cuenta el proceso 30376, donde aparecen las resoluciones 0748, 18762 y 2732; el proceso 30377, sobre las resoluciones 11099, 9760 y 02533; el proceso 29827, y las resoluciones 11010, 10887 y 15486; el proceso 30522, con las resoluciones 09832, 1163, 10874, 12297, 08828 y 1488; y el proceso 31401, respecto de las resoluciones 223, 6113, 5290, 8056, 9281, 2320, 963, 1118,7236, 2638, y 15109.

2.1.4.5.- Consideró también la Fiscalía, el hecho que aún en el supuesto de estar contenidas las obligaciones cobradas en verdaderos títulos ejecutivos, las acreencias se encontraban prescritas, como lo hizo saber el apoderado de la Caja dentro del proceso ejecutivo No. 30511 quien le pide al Juez declarar la prescripción de la acción laboral, aclarando que si bien es cierto el derecho pensional es imprescriptible, las mesadas, reajustes e intereses sí resultan afectados por el transcurso del tiempo como lo disponen los artículos 488 del C. S. del T. y 151 del C. de P. L. El Juez, en respuesta a esta alegación se limitó a aducir que la única excepción alegable era la de pago y que la entidad demandada no había aportado pruebas de ello. Otro tanto aconteció en el proceso 31172.

2.1.4.6.- Superada esta primera etapa de análisis, en donde la Fiscalía destaca el cúmulo de irregularidades cometidas en los distintos procesos tramitados por el doctor LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ hasta el proferimiento de los mandamientos de pago, se ocupa luego de advertir que en cuanto hace a la etapa de liquidación de créditos y su posterior aprobación, se desconoció lo previsto por el artículo 521-1 del C. de P. C. pues los actores no presentaron una liquidación especificando el capital y los intereses “sino liquidaciones globales y anómalas que el procesado pasó a acoger y a las que no se les hicieron las deducciones de los dineros ya pagados por la entidad o a través de otros despachos de la jurisdicción laboral, hecho que dio lugar a dobles cobros”

En este punto de la actuación, la Fiscalía observa que es a partir de ese momento en que la conducta del juez se liga íntimamente a la de los ejecutantes y los representantes de Cajanal, lo que permite hablar de la existencia de “una organización criminal” que acudió al prevaricato como medio para obtener la apropiación de crecidas sumas de dinero cobradas por fuera de la ley.

Tal el caso, por ejemplo, del proceso 30377, en el cual a 26 pensionados de la Caja ya se le habían efectuado pagos y sin embargo el apoderado de los ejecutantes, liquidó la suma de $ 7.291.651.25 por concepto de capital y que luego de confrontada con la liquidación realizada por la demandada se estableció una diferencia de $ 40.638.966,71 por capital y de $ 101.841.225.43 por intereses, para un total de $ 142.480.191.94.

O el del proceso 29827 en el cual se concluyó que a las personas que presentan liquidaciones a partir de 1976, Cajanal no les adeuda suma alguna por concepto de reajuste porque las viene aplicando en forma correcta ya que las modificaciones se realizan a partir del 1º de enero de 1977. Por esto, 25 de los 96 pensionados en cuyo nombre se ejecuta, en realidad le salen a deber a la Caja porque al hacer las liquidaciones el apoderado no descontó los pagos que ya habían sido efectuados.

Refiere igualmente la Fiscalía, que en el proceso 29827 obran resoluciones que dan cuenta de haber sido efectuados los pagos ante los Juzgados 9º, 7º y 16º Laborales del Circuito, lo que indica que lo cobrado ante el Juzgado 4º laboral ya había sido cancelado y que no obstante constar esto en el proceso, el mencionado Juez volvió a condenar a la demandada por el mismo concepto.

2.1.4.7.- Menciona también la Fiscalía que además de haber elevado la base de liquidación de los créditos, los ejecutantes “dispararon los intereses” lo que hizo posible que la defraudación a la Caja fuera mayor, y sobre lo cual ninguna atención mereció por parte del Juez a cargo del proceso.

Esto sucedió, por ejemplo, en el ejecutivo de radicado 32207, donde se estableció una diferencia de $ 34.647.556,26 por concepto de capital y de $118.448.463.26 por intereses. O el proceso 32210, en el cual se presentaron tres cifras distintas entre el ejecutante y la ejecutada, sin que al juez le entrara alguna preocupación, impartiéndole aprobación. Y el proceso 31716, en el cual a pesar de la objeción y de haberse allanado a ella el actor, el abogado presentó una nueva liquidación superior en $ 1.307.694.04 y a pesar de solicitarse un nuevo traslado, el Juez le impartió aprobación.

Los casos referidos, sirven de ejemplo al Acusador para ilustrar la forma como se llegó a defraudar a la Caja Nacional de Previsión, pues en las aproximadamente 900 liquidaciones efectuadas hubo fraude auspiciado por el doctor LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ.

La Fiscalía desecha las explicaciones suministradas por el procesado, quien quiso hacer creer que ingenuamente se acogió a las pretensiones de los abogados y que actuó del aludido modo debido a que no existía una norma clara que señalara la tasa de interés aplicable. Y sin llegar a ahondar sobre la tasa que resultaba pertinente, destaca la Fiscalía cómo en unos casos el Juez aplicó el 6% de interés anual de que habla el C. C. y en otros el 18% del Código de Comercio, “disparidad que tampoco halla explicación atendible dentro de los descargos que rinde”.

2.1.4.8.- Al Juez Cuarto Laboral del Circuito se le reprocha igualmente no haber tenido en cuenta que las fotocopias de las resoluciones allegadas como base de la acción ostentaban sellos de “corresponder a sus originales” impresos por los Juzgados 7º, 13º, 19º y 40º Civiles Municipales lo que ponía en tela de juicio su autenticidad por cuanto los originales de las resoluciones solamente podían reposar en los Archivos de Cajanal, siendo el Jefe de Archivo el único funcionario competente para certificarlo, como sí sucedió en el caso de la resolución 1646 del ejecutivo 31401, donde el Jefe de Archivo de Prestaciones Económicas de Cajanal, le puso el sello de “ es fiel fotocopia tomada de su correspondiente folio que reposa en el expediente administrativo”.

2.1.4.9.- También se le imputó no haber exigido el cumplimiento de la condición que hacía posible el cobro de algunos pensionados, quienes para ello debían acreditar “el retiro definitivo del servicio oficial”. Por esto, en el proceso 31784 la demandada interpuso recurso de reposición contra el mandamiento ejecutivo dictado a favor de JOSE G. MENDOZA, MIGUEL FRANCISCO RODRIGUEZ, ERASMO DE J. NARANJO, y AURA ELISA GOMEZ,, conforme lo establecido en el Decreto 625 de 1988, ante lo cual por toda respuesta el funcionario dijo “Dicho acto se debe acreditar ante la entidad respectiva para el caso de Cajanal. . . si la resolución que se presenta reúne los requisitos de ley se debe tener como veraz y no se puede ir a interpretar que se pierde su fuerza jurídica por un formulismo que se debe acreditar ante la demandada”, en argumento que podría ser válido en tratándose de un pago voluntario no de un cobro por la vía ejecutiva, donde la demandada exigía el cumplimiento de una condición suspensiva como lo prevé el artículo 1536 del C. C. y que el juez debía verificar su cumplimiento máxime si la ley prohibe a un servidor devengar al mismo tiempo salario y pensión de una misma fuente.

Así concluye el tema la Fiscalía: “Enumeradas, analizadas y ejemplificadas las anomalías más relevantes observadas dentro de la tramitación de los 22 procesos ejecutivos que por no haberse seguido con arreglo a la ley constituyen prueba fundamental de cargo contra el implicado, y con sustento en los cuales se le dictará resolución acusatoria, pasará a continuación a tratarse el punto relativo a los poderes con que cuenta un funcionario de la rama laboral -como era Luis Alvaro Sánchez Rodríguez- para determinar si el aquí procesado los desconoció frente a los casos sometidos a su conocimiento”.

2.1.5.- La Fiscalía comienza por advertir que el Juez Cuarto Laboral del Circuito, no podía considerar, como lo hizo, reunidos los presupuestos establecidos por los artículos 100 del C. de P. L. y 488 del C. de P. C. y dictar los mandamientos ejecutivos, sin objeción ninguna, que dieron lugar, a las fraudulentas liquidaciones de los ejecutantes.

Y en referencia a los poderes que la ley otorga al Juez Laboral, señala que el doctor LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ dejó de cumplir con los deberes impuestos por los artículos 37,38 y 39 del C. de P. C. que ubican al Juez como director de la actividad procesal con la obligación de prevenir, remediar y sancionar actos contrarios a la dignidad de la justicia, la lealtad, la probidad y la buena fe, en cuya preservación debe emplear los poderes que se le conceden en materia de pruebas en orden a la verificación de los hechos alegados por las partes.

El incumplimiento de estas disposiciones hace patente su actitud reprochable, la cual no se justifica con aducir que solo podía actuar según las exigencias de las partes en el proceso, excusa que la Fiscalía desecha tomando en cuenta las múltiples ocasiones en que tanto los abogados de la demandada como funcionarios de las entidades financieras donde se irían a realizar los embargos, propusieron excepciones de fondo a los mandamientos ejecutivos, en el primer caso, y la ilegalidad de llevar a cabo la medida cautelar, en el segundo, sin que el funcionario hubiera tomado en cuenta los argumentos que le fueron propuestos, y por el contrario, se ubicó al lado de la voracidad de los ejecutantes.

2.1.6.- En el capítulo que la acusación dedica a la actitud del juez frente a los alegatos de Cajanal, refiere cómo, según el funcionario, en materia de ejecutivos únicamente procedían las excepciones recogidas en el artículo 107 del C. P. del T. Sin embargo, la jurisprudencia, apoyada en el artículo 26 de la Carta Política anterior, atemperó el rigor literal de dicha disposición, hasta que finalmente el 29 de marzo de 1990 la Corte Suprema declaró la inexequibilidad, siendo por tanto contrario a la verdad que solo resultara admisible la excepción de pago de la obligación, pues de tiempo atrás venían siendo aceptadas la inexistencia del título, la petición indebida o antes de tiempo, la compensación, la transacción, la prescripción, etc.

En razón de la declaratoria de inexequibilidad del art. 107 del C. P del T., considera la Fiscalía inadmisible que con posterioridad al 29 de marzo de 1990, en los procesos ejecutivos números 31401, 31716, 31784, 1827, 32207 y 32210, el juez no hubiera atendido las peticiones de la Caja invocando la falta de causa y de título, demandando la práctica de inspecciones judiciales, o solicitando el envío de oficios a la Pagaduría, a efectos de establecer la procedencia de lo alegado, frente a lo cual el Juez se limitó a responder que la demandada no había allegado las pruebas que soportaran sus pretensiones.

2.1.7.-En el literal que la acusación dedica a las “ritualidades” desconocidas por el funcionario en el trámite de los procesos a su cargo, se destaca que éstas obedecían al propósito de obtener beneficios, y a crear el ambiente adecuado para lo convenido con los abogados ejecutantes.

Patentiza esto, en criterio del acusador, la circunstancia de que el proceso ejecutivo número 31270 el día 18 de abril de 1990 se repartió al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, y un día antes, es decir el 17 de abril, el juez Sánchez Rodríguez figura tomándole juramento al ejecutante.

2.1.7.1.- Respecto de los juramentos que de conformidad con el artículo 101 del C. de P. L. han de ser recibidos al actor, manifiesta la Fiscalía que si bien esta omisión no desdibuja la pretensión ejecutiva, facilitó la producción de los resultados ya conocidos.

El incumplimiento de este requisito, no impidió sin embargo al Juez llevar a cabo medidas cautelares que además de arbitrarias resultaron gravosas para Cajanal .

2.1.7.2.- Sobre la cuantía en que según el artículo 681-1 del C. de P. C. pueden decretarse embargos de sumas de dinero depositados en establecimientos bancarios, que no exceda el valor del crédito y las costas más un 50%, señala la Fiscalía que ello fue deliberadamente desatendido por el Juez que decretó el embargo superando este porcentaje, como así sucedió en los procesos ejecutivos números 29827, 29690, 30376, 29934, 30105, 30241, 30377, 30402, 31128, 31827 y 32207.

2.1.7.3.- La acusación destaca otro aspecto que apunta a acreditar el interés con que actuaba el funcionario, consistente en que a pesar de haber sido pagadas las acreencias demandadas, y obrar las solicitudes de desembargo presentadas por los apoderados de la Caja, el juez no accedía a ello y, por el contrario, dejaba los dineros gravados al pago de otros cobros ejecutivos seguidos por los mismos apoderados contra Cajanal, en violación de lo dispuesto por el artículo 104 del C. de P. L. Esto es ejemplificado con lo sucedido en el proceso 31270 en el cual no empece haber sido cancelado el crédito, el 13 de noviembre de 1990, el funcionario seguía percibiendo dineros que no tenían por qué estar afectados con la citada medida cautelar.

2.1.7.4.- En relación con los remanentes, la acusación refiere que cubiertos los créditos de los procesos 30511, 30105, 30522 y 30981, y a pesar de haber sido ordenada la conversión del título judicial para la devolución de los remanentes a la ejecutada, el procesado dispuso de esos dineros. Así, también, el caso del proceso 31784, en donde se presentó una liquidación del crédito por la suma de $ 44.294.934,17 que se cancela entre el 30 de abril y el 28 de mayo de 1991 y sin embargo se omite comunicar a las entidades respectivas. Y, en el proceso 31128, en el cual la apoderada de Cajanal solicita la entrega de los remanentes, y los oficios correspondientes al desembargo, y el juez responde aceptando solamente el reciente poder presentado, guardando silencio sobre la petición.

2.1.7.5.- A la fiscalía le produce asombro “cómo el juez en desacato de las normas de procedimiento, no utiliza la vía indicada para presentar ante el Banco Popular las órdenes de conversión de los títulos que debían ser enviados directamente por el juzgado a la entidad bancaria; sino que opta por entregarlas a personas que con anterioridad habían actuado dentro del proceso como ejecutantes, pero que ante la cancelación total del crédito ya eran ajenas al proceso. Como consecuencia de esta anómala conducta se tiene que las entidades bancarias, no obstante haberse terminado los procesos, continuaban -en desconocimiento del pago efectuado- reteniendo dineros a cuenta de extintos procesos ejecutivos”.

Con base en lo dicho, concluye la Fiscalía que “frente al caso concreto de Luis Alvaro Sánchez Rodríguez, las conductas relacionadas con los trámites a que se hizo mención en precedencia, si bien frente a otro funcionario podrían aisladamente catalogarse como simples omisiones, o en el peor de los casos como faltas de carácter disciplinario; referidas a este individuo adquieren relevancia como prueba de carácter indirecto, pues demostrados como están los sucesivos prevaricatos y peculados que hoy conducen a su enjuiciamiento, sus actuaciones anteriores a la liquidación de los créditos, así como las posteriores, hasta la finalización de los procesos (fijación de costas y agencias, órdenes de desembargo, manejo de remanentes, conversiones y entrega de títulos) adquieren marcada fuerza incriminatoria, en la medida en que a través de ellas se consumaron íntegramente los reatos investigados y hasta el final de las actuaciones, el derecho de la perjudicada se convirtió en ‘rey de burlas’ ”.

2.1.8.- En el capítulo dedicado a la “Ubicación de las conductas”, la Fiscalía imputa al doctor LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ, la realización de los siguientes tipos penales:

2.1.8.1.- Prevaricato por acción, configurado por librar múltiples mandamientos de pago con base en documentos no idóneos, y aceptar las liquidaciones, seguidas de la orden de pago a los apoderados, sin confrontación ninguna con los factores que sirvieron de base para la cuantificación delictuosa.

En este sentido se destaca el caso del proceso 30376, en donde el apoderado de los ejecutantes reintegra la suma de $ 10.163.032.50 por haber recibido una mayor a la correspondiente liquidación del crédito.

En el proceso 29690 a pesar de haber demostrado la demandada que al pensionado MANUEL IGNACIO LEMUS PENAGOS no se le adeudaba suma alguna, y que por el contrario le habían pagado en exceso $ 99.691.81, excepción que el juzgado aceptó, mantuvo no obstante la orden ejecutiva por la cifra pagada de más, y sobre ella liquidó intereses.

Y, “a través de la fijación de agencias en derecho y costas del proceso, el implicado complementó y remató su labor delictiva al señalar cuantiosas sumas por tales conceptos sin tomar en cuenta el mínimo esfuerzo de la gestión realizada por los apoderados frente aun proceso de tan reconocida celeridad y sencillez como es el ejecutivo”.

2.1.8.2.-Prevaricato por omisión. Informa la fiscalía que el procesado omitió, rehusó y retardó actos propios de sus funciones , realizando con ello el tipo de que trata el artículo 150 del C. P., por no haber hecho exigencias legales a los ejecutantes respecto de la presentación de las liquidaciones de Cajanal, por rehusarse a estudiar las defensas que en algunos casos fueron propuestas en favor de la entidad, por excusarse a practicar diligencias y pruebas orientadas a demostrar la inexistencia de las obligaciones y retardar llevar a cabo actos propios de sus funciones fijadas en los Códigos de Procedimiento Civil y Laboral.

2.1.8.3.- Peculado. Este delito encontró realización, cuando con posterioridad a las dos modalidades de prevaricato, en particular el relacionado con la aprobación de las liquidaciones de los créditos, el juez hizo entrega de los títulos de depósito judicial a los demandantes. Es decir, “los prevaricatos por acción y omisión, dieron paso a los delitos fin: los múltiples peculados, de los que reportaron beneficios los abogados ejecutantes, el juez procesado y los representantes de Cajanal; conducta esta agravada por el art. 133, inc. 2 del C.P., en la forma en que fue modificado por la Ley 43 de 1982, art. 2, alusiva al factor de la cuantía superior a los $ 500.000”.

2.1.8.4.- Concierto para delinquir. Advierte la Fiscalía que según el artículo 186 del C. P. realizan esta conducta quienes acuerden o convengan planes para cometer delitos. Por esto, llama la atención sobre los 22 ejecutivos laborales tramitados por el funcionario al que se acusa, para destacar que en repetidas oportunidades los doctores GARLOS GERMAN FARFAN PATIÑO, JAIME FERNANDO FARFAN PATIÑO, CARLOS AUGUSTO PATIÑO BELTRAN, CARLOS IGNACIO FARFAN AREVALO, MARCO ANTONIO MANZANO VASQUEZ, GUILLERMO PRECIADO LORDUY y ELSY MIRANDA DE MIRANDA, realizaron cobros ilegales, lo cual permite concluir que no fue el resultado de la casualidad “sino del acuerdo preexistente que se llevó a feliz término la esquilmación del patrimonio de Cajanal”.

Para demostrar cómo las defraudaciones no fueron aisladas, sino que obedecieron a una organización preestablecida, con participación del juez, de los ejecutantes, los representantes de Cajanal, y los jueces civiles municipales que autenticaron las resoluciones, se refiere la Fiscalía al pronunciamiento del 13 de septiembre de 1991, mediante el cual la Sala Disciplinaria del Tribunal Superior de Bogotá, decretó la destitución del doctor LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ y de la doctora MARIA BETTY CASTELLANOS DE ROMERO, pues, según lo expresado en dicho pronunciamiento, esta última con ocasión de un despacho comisorio librado por aquél, practicó en tiempo récord la diligencia de embargo en la Pagaduría de la Caja, a pesar de haber sido advertida sobre la improcedencia de ello, y alentada por la retribución económica de que dio cuenta el empleado del Juzgado JAIRO EMIRO GONZALEZ.

Esto para destacar que el proceso ejecutivo número 30105, se adelantó con base en resoluciones autenticadas en su totalidad por la doctora Castellanos de Romero.

2.1.8.5.- Falsedad en documento público. Este delito lo estructura la Fiscalía por cuanto aparece acreditado que en el proceso ejecutivo número 31.270 en donde figura como demandante ROSALBA B. DE PACUALY y 65 personas más, obra una constancia del funcionario en el sentido que el 29 de octubre de 1990 se entregaron 3 títulos de depósito judicial por las sumas de $ 1.017.749.56; $759.389,62 y $ 792.864.65 que llegan a $ 2.570.003.83, consignándose que quedaba un saldo de $ 362.012.181.90. El 22 de noviembre de 1990, otorgó 9 títulos que equivalen a $ 6.334.821.33, y se expresa quedar un saldo a favor del ejecutante por $ 355.677.360.57, y, finalmente el 14 de diciembre de 1990 se entregan 3 títulos por $ 56.034.632.10, $ 240.367.62 y $26.095,74, para un total de $56.301.095.46 asegurando el juez que queda un saldo pendiente de $ 308.281.090.30 cuando en realidad lo que faltaría por cubrirse sería $ 299.376.265.11. Lo anterior, en criterio de la fiscalía, configura el delito de falsedad llevado a cabo en el pronunciamiento de 14 de diciembre de 1990.

Otra manifestación falsa, ocurrida el 30 de enero de 1991 se presenta cuando con similares circunstancias certifica un saldo mayor a favor del ejecutante e inexplicadamente se declara cancelado el crédito.

2.1.9.- En el capítulo dedicado a las decisiones finales, la Fiscalía concluye que las conductas imputadas al procesado LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ corresponden al concurso homogéneo, heterogéneo y sucesivo de tipos penales, a tenor de las previsiones del artículo 26 del C.P., con las agravantes previstas en el artículo 66 numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, y 13 del C. P., sin evidenciar ninguna circunstancia de atenuación de las previstas en el artículo 64.

También dispuso el embargo de la suma de $ 7.000.000.00 que a manera de reintegro el procesado consignó a órdenes de la Fiscalía (fls. 59 y ss. cno. original No. 11).

2.1.10. Contra la providencia calificatoria el procesado y su defensor interpusieron recurso de apelación, el cual resolvió la Unidad de Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema en providencia del trece de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, mediante la cual decidió confirmar la resolución acusatoria proferida contra el doctor LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ, aclarando que los hechos punibles contra la Seguridad y la Fe Pública, los tipifica el Código Penal en el Libro II, Título V, Capítulo I; y Título VI, Capítulo II, respectivamente (fls. 16 a 49 del cuad. de Segunda Instancia).

2.2.- Proceso número 9797 A contra LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ, LUIS HENRY TRUJILLO SANCHEZ Y OMAR CABRERA POLANCO.

En providencia proferida el ocho de junio de mil novecientos noventa y cinco, la Unidad de Fiscalía Delegada ante los Tribunales Superiores de los Distritos Judiciales de Santa Fe de Bogotá y Cundinamarca, calificó el mérito probatorio del sumario con resolución acusatoria contra LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ, LUIS HENRY TRUJILLO SANCHEZ y OMAR CABRERA POLANCO por el concurso de delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación, este último en el grado de tentativa para Trujillo y Cabrera, y consumado para el funcionario.

Los hechos tienen que ver con la tramitación que el Ex Juez Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá, le dio al proceso ejecutivo número 31739 seguido contra la Caja Nacional de Previsión.

En ese proceso encontró la Fiscalía que con base en documentos que carecían de mérito para adelantar la acción ejecutiva, el juez libró mandamiento de pago, embargó sumas de dinero de la Caja y aceptó la liquidación propuesta por el apoderado de los demandantes en la que se incluyeron sumas exorbitantes por concepto de agencias en derecho e intereses.

2.2.1.- Partiendo del contenido del artículos 488 del C. de P. C. precisa la Fiscalía que la claridad “significa que en el documento consten todos los elementos que lo integran, esto es, la existencia de un deudor, un acreedor, y el objeto o prestación perfectamente individualizados. La locución Expresa, significa que debe estar determinada la obligación sin lugar a dudas, descartando de plano las implícitas o presuntas, salvo la confesión ficta. Exigible, tal y como lo ha dicho la Honorable Corte Suprema de Justicia: ‘es la calidad que la coloca en situación de pago o solución inmediata, por no estar sometida a plazo, condición o modo, esto es, por tratarse de una obligación pura, simple y ya declarada’ ”.

Las resoluciones allegadas dentro del proceso 31739 no cumplieron con las exigencias que vienen de referirse, pues además en las copias aportadas figura un sello que indica no prestar mérito ejecutivo y haber sido expedidas solo para fines estadísticos. Y, si se tiene en cuenta el principio de la originalidad de la prueba, resulta obvio que solo la primera copia del acto administrativo es la que presta mérito ejecutivo.

Acota que por razón del cúmulo de irregularidades que se venían presentando con la aportación de segundas o terceras copias a los procesos, la Caja optó por utilizar el sello que viene de mencionarse, para advertir y especificar el fin para el que habían sido expedidas, a la par de lograr un mecanismo de control no sólo administrativo sino judicial, pues al destacarse que no correspondía a la primera copia, era evidente que el documento no reunía las características establecidas por la norma del procedimiento civil.

Del mismo modo, destaca la Fiscalía, que las resoluciones números 10858, 15190 y 10037, tienen la anotación de corresponder a segundas copias; las resoluciones números 02479 y 12171 son simples fotocopias autenticadas por un Juzgado Civil Municipal; y las resoluciones 10006, 04211, 09533, 10558 y 01916, requerían acreditar para su exigibilidad el retiro efectivo del trabajador.

A pesar de esto, el Juez acusado libró mandamiento de pago contra la Caja Nacional de Previsión Social, previo reconocimientos del doctor OMAR CABRERA POLANCO como apoderado y LUIS HENRY TRUJILLO SANCHEZ como su sustituto.

2.2.2.- En cuanto hace a las conductas que se imputan realizadas por cada sindicado, indica:

2.2.2.1.- Luis Henry Trujillo Sánchez.

A pesar del esfuerzo hecho por este procesado en tratar de justificar la presentación de las demandas con títulos que no prestaban mérito ejecutivo, deja entrever inseguridad y desatino en las excusas que suministra.

Se limitó a afirmar que cumplía el papel de simple sustituto de OMAR CABRERA POLANCO, quien recaudaba los poderes en su oficina, recopilaba las resoluciones y posteriormente hacía los paquetes correspondientes para presentar las demandas que ni siquiera él elaboraba ya que se limitó a la simple presentación, previo estudio minucioso de poder hacerlo.

Para la Fiscalía, si bien es cierto la función de este procesado era la de simple sustituto, como tal debía estudiar, analizar y verificar que los documentos que se le entregaban reunieran los requisitos de claridad, expresión y exigibilidad.

Lo evidenciado por la actuación de este procesado, es que no desconocía los sellos restrictivos puestos en cada una de las resoluciones en el sentido de tratarse de segundas o terceras copias, o de haber sido expedidas exclusivamente para fines estadísticos, ni la obligación de acreditar el retiro del servicio, como otro de los presupuestos para que la demanda fuera admitida.

Estima que al iniciarse el ejercicio de la acción con fallas como las que se advierten, resulta procedente considerar la realización de un tipo penal, porque “no es posible admitir que un profesional del derecho que se dedica con exclusividad al litigio desconozca tajantemente las normas procedimentales civiles e ignore completamente los requisitos extrínsecos que debe reunir todo título ejecutivo que se utiliza como base de la acción”.

A esto agrega la Fiscalía, que uno de los documentos aportados no es nítido, al punto que ni siquiera es posible identificar el nombre del pensionado, y que de librarse en esas condiciones mandamiento ejecutivo, no se logra tener certeza del contenido de la obligación, el acreedor de ella, ni de los datos contenidos en el documento, lo cual evidencia un comportamiento delictivo “pues bien es sabido que uno de los requisitos indispensables es que se encuentren debidamente contenidos el acreedor, deudor y la obligación en sí”.

2.2.2.2.- Omar Cabrera Polanco.

La exposición de este procesado evidencia múltiples inconsistencias, pues refiere haber realizado contrato escrito con su viejo amigo y compañero Luis Henry Trujillo, quien contrariamente argumenta que el convenio había sido verbal y que lo pactado había sido no el 50% como es sostenido por Cabrera Polanco, sino el 10% sobre el capital y el 1% de los intereses de las sumas recaudadas.

Y cuando se le requirió que aportara el citado documento dijo que lo haría tan pronto fuera posible; posteriormente adujo no tenerlo y, finalmente, dijo ser cierto que el acuerdo había sido verbal .

De este procesado, dice la Fiscalía que ha sido ampliamente reconocido como abogado ejecutante de la Caja Nacional de Previsión, y estuvo siempre al tanto de recaudar poderes de los pensionados para llevar a cabo el trámite correspondiente, siendo curioso que la mayoría de los procesos fueran adelantados ante el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito “muy seguramente por los lazos de amistad que existían entre litigante y funcionario, a pesar de que ellos se han limitado a manifestar que su relación no tenía ningún vinculo en especial sino que era de abogado a juez”.

Sostiene la providencia que precisamente por esto los apoderados no podían actuar en forma aislada y con propósitos independientes, pues se advierte entre ellos un fin preordenado a defraudar patrimonialmente a la Caja Nacional de Previsión. OMAR CABRERA POLANCO recaudaba los poderes de los pensionados en su oficina de abogado, y requería la resolución sin importar que la expedida fuera segunda o tercera copia ya que de lo que se trataba era de allegar el documento independientemente de si llenaba o no los requisitos para poder considerársele título ejecutivo, si había sido expedido para fines estadísticos, o aún si su contenido fuera legible, dada la certeza de que la demanda no sería rechazada por haber sido esto previamente acordado con el funcionario.

2.2.2.3.- Luis Alvaro Sánchez Rodríguez.

Según la Fiscalía, la función de este procesado consistía en omitir el análisis previo de la demanda, y librar mandamiento de pago sin verificar que en ellas se hubiera cumplido la exigencia prevista en el Código de Procedimiento Civil.

Cuando se presenta este tipo de demandas, sostiene la acusación, el funcionario puede inadmitirla por ausencia de los requisitos legales que consagra el artículo 85 del Código de Procedimiento Civil, para el caso de que exista título ejecutivo pues si este no existe la solución es negar el mandamiento de pago. La segunda hipótesis consiste en rechazar in límine la demanda cuando el funcionario advierte no tener jurisdicción o competencia, o cuando la acción ha caducado o en el evento de que los defectos advertidos y que originaron la inadmisión, no sean subsanados. La tercera posibilidad es negar el mandamiento de pago conforme lo ordena el artículo 505 cuando el documento no reúne los presupuestos establecidos.

Por esto, no obstante los parámetros a seguir para cada caso concreto, considera la Fiscalía que el doctor LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ dolosamente evadió la aplicación del artículo 488 del C. de P. C., y la Ley 100, realizando con ello el tipo penal previsto en el artículo 149 del C. P.

“En cuanto al peculado por apropiación, de una parte los señores CABRERA POLANCO y TRUJILLO SANCHEZ han incurrido en él, en el grado de tentativa, entre tanto que el funcionario lo consumó al permitir en provecho suyo o de un tercero que se realizara la apropiación de bienes del estado, hecho que es el objeto material de la conducta investigada”.

2.2.3.- En el acápite que la Fiscalía dedica a la decisión, menciona satisfechos los presupuestos establecidos por el artículo 441 del C. de P. P., para proferir resolución acusatoria contra LUIS HENRY TRUJILLO SANCHEZ y OMAR CABRERA POLANCO, como determinadores de los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación agravado por la cuantía, en la modalidad de tentativa “ya que no existió la entrega material del dinero que debía haber sido entregado por razón del mandamiento ejecutivo librado”, pues a pesar de la idoneidad de los actos dirigidos a la apropiación, el resultado no se logró al haberse producido el cambio de titular del despacho judicial (fls. 182 y ss.).

2.2.4.- Contra esta determinación Luis Henry Trujillo Sánchez y el defensor de Omar Cabrera Polanco interpusieron recurso de apelación que fue resuelto por la Fiscalía Delegada ante la Corte, por proveído proferido el dos de agosto de mil novecientos noventa y cinco, mediante el cual la confirmó íntegramente (fls. 4 y ss. cno. Segunda Inst.)

2.2.4.1.- En el pronunciamiento de la segunda instancia, se destacan los siguientes planteamientos:

2.2.4.1.1.- El relacionado con el grado de participación de LUIS HENRY TRUJILLO SANCHEZ:

“Además, desde el punto de vista fáctico, importa en este momento resaltar dos hechos plenamente probados, incidentes tanto en la tipicidad de los comportamientos como en la responsabilidad penal de los abogados: el primero se refiere a que no es del todo cierta la afirmación según la cual el Dr. TRUJILLO se limitó a recibir las sustituciones, porque tres de los poderes, concretamente los conferidos por LUIS CARLOS MORA POLO (fl. 75 anexo p. ejecutivo), FLORINDA GONZALEZ (fl. 80 anexo p. ejecutivo) y JOSE VICENTE BETANCOURT (fl. 90 anexo. p. ejecutivo), fueron por aquél directamente aceptados y ejercidos. El segundo hecho relevante consiste en que las sustituciones que hizo el Dr. CABRERA al Dr. TRUJILLO no fueron presentadas por aquél en la misma fecha sino en épocas diversas, lo cual demuestra que no se trató de una relación más o menos circunstancial, sino constante a través del tiempo, al menos probadamente entre el 9 de febrero de 1990 (fls. 56 y 70, anexo p. ejecutivo) y el 16 de octubre del mismo año, fecha en la que tienen nota de presentación personal la mayor parte de las sustituciones” (fl. 10).

2.2.4.1.2.- Aunque los dos abogados tratan de demostrar que actuaron de buena fe y amparados en criterios jurisprudenciales, según los cuales las copias de las resoluciones demandadas prestaban mérito ejecutivo, un análisis detallado de las mismas permite su desvirtuación “porque no se trata simplemente de que fueren segundas copias, o que fueren algunas ilegibles, o que fueren expedidas para otros fines o con expresa constancia de que no prestan mérito ejecutivo, sino de que ninguna de ellas, por las irregularidades ostensibles presentes, podía ser aceptada como tal ni por los abogados para intentar la acción ni por el juez para librar mandamiento de pago”.

En ese sentido señala que el poder de FANNY TORCOROMA: figura otorgado en agosto de 1988 no obstante la resolución demandada es expedida en 1990. JULIA REMOLINA: manifiesta ser vecina de Bogotá pero presenta el poder en Puerto Boyacá, Departamento en el cual prestó sus servicios. OMAR SANABRIA: el derecho reconocido quedó condicionado a demostrar el retiro definitivo del servicio y, además, su pensión fue reliquidada por una resolución que no se aportó. LUCIO AUDIVERTH MENA: su pago quedó condicionado a acreditar el retiro del servicio. PABLO ENRIQUE RUIZ: en la resolución expedida en 1985 no solamente se condiciona acreditar el retiro del servicio sino que precisa el medio de prueba para ello como es “declaración jurada, rendida ante autoridad competente”. OCTAVIO BENJAMIN ROZO AYA: si bien se cumplió la exigibilidad de acreditar el retiro del servicio, el documento allegado es una segunda copia que no presta mérito ejecutivo. LUIS MARIA PARRADO: es segunda copia de una resolución expedida en 1985 en la que se condiciona además a acreditar el retiro del servicio. ESTHER PENAGOS CAMACHO: a pesar de expresar su residencia en Bogotá, presenta el poder en Palmira, pues fue en el Departamento del Valle donde prestó sus servicios. La fotocopia de la resolución no fue expedida ni autorizada por funcionario alguno, sino que en hoja adicional aparece sello formato de autenticación por el Juzgado Trece Civil Municipal. ENRIQUE PERDOMO TRUJILLO: se trata de la segunda copia de una resolución expedida en 1980, y condiciona su exigibilidad a acreditar el retiro del servicio. ROMELIA MARTINEZ SANCHEZ: corresponde a la segunda copia de una resolución expedida en 1983; en el poder se señala como vecina de Bogotá pero presentado en Villavicencio, siendo el Departamento del Meta en donde prestó sus servicios. LUIS CARLOS MORA POLO: otorga poder directamente a LUIS HENRY TRUJILLO POLANCO, allega segunda copia de la resolución con base en la que pretende ejecutar, y aporta copia de la reliquidación de la pensión, pero sin acreditar el retiro definitivo del servicio. FLORINDA GONZALEZ: Se trata de un poder otorgado directamente a LUIS HENRY TRUJILLO, en la resolución se asigna el 50% de la pensión a la poderdante y el otro 50% a su hija quien es mayor de edad y no podía ser representada por su progenitora. LUIS ALBERTO BETANCOURT JARA: manifiesta ser vecino de Bogotá pero el poder lo presenta en Villavicencio, como título se aporta la copia de una resolución de 1971. JOSE VICENTE BETANCOURT JARA: Otorga poder directamente al Doctor LUIS HENRY TRUJILLO SANCHEZ, refiere ser vecino de Bogotá pero presenta el poder en Villavicencio, allega una fotocopia de una resolución prácticamente ilegible que carece de constancias de notificación y ejecutoria y autenticada ante el Juez Séptimo Civil Municipal de Bogotá. BENICIA PIMENTEL DE CUBIDES: En el poder anuncia dos resoluciones uno de cuyos números figura enmendado, y se aporta fotocopia de solo una de ellas, y autenticada por un juez del que no se logra identificar. JOSE LIBARDO TRUJILLO: La obligación se halla condicionada a acreditar el retiro definitivo del servicio mediante declaración jurada, y la copia autenticada por el Juez Trece Civil Municipal de Bogotá.

Con base en esto, estima la Fiscalía de segunda instancia, que la discusión no se reduce a establecer la posibilidad de ejecutar con base en segundas copias, toda vez que se está en presencia de un cúmulo de motivos que dan lugar a indicar que ninguna de las resoluciones prestan mérito ejecutivo, de lo cual obviamente estaban enterados los doctores CABRERA, TRUJILLO y POLANCO.

2.2.4.1.3.- De la forma como los hechos tuvieron realización, se extraen los siguientes indicios de responsabilidad que comprometen a los dos abogados litigantes:

2.2.4.1.3.1.- Si bien la ley autoriza la corrección de la demanda para acumular a la inicial nuevos demandantes con pretensiones similares, en este caso el aludido mecanismo se utilizó tendenciosamente puesto que a la demanda inicial se acompaña la copia de una resolución con apariencia de prestar mérito ejecutivo pero luego se adicionan catorce más “plagadas de irregularidades”. Esto para indicar la fiscalía de segundo grado que “bajo el pretexto de un resquicio legal hábilmente manipulado y constante, los abogados acumulan a la primera pretensión las demás, sin título ejecutivo, prescritas varias de ellas, sin poder para actuar en alguna, pagadas parcialmente, en fin, es simplemente la utilización de un mecanismo en beneficio de la ilegalidad de la acción de las pretensiones acumuladas”.

2.2.4.1.3.2.- Se destaca también, que en la demanda inicial y su posterior adición, el abogado no solicita medidas cautelares, pues manifiesta que las pedirá oportunamente; sin embargo, el juez ordena prestar el juramento de rigor y el abogado se apresura a manifestar que dijo la verdad en un señalamiento de bienes que no hizo. El mismo día y con una rapidez extraña, el juez libra mandamiento de pago, a pesar de que ninguno de los documentos allegados presta mérito ejecutivo, y ordena el pago de las sumas fijadas unilateralmente por el abogado demandante, sin tomar en cuenta la vecindad de las partes, la condicionabilidad de las obligaciones, ni la suficiencia de los poderes.

2.2.4.1.3.3.- El abogado de la caja propone excepciones que estarían llamadas a prosperar pero el Juez las niega aduciendo que las resoluciones son legibles en lo que interesa, que el retiro del servicio es un trámite que debe cumplirse internamente ante la ejecutada, que el único funcionario capaz de certificar los pagos es el tesorero, y que la excepción se propuso en forma muy genérica.

2.2.4.1.3.4.- El abogado presenta su liquidación del crédito incluyendo intereses ilegales en ese momento, que ahora pretenden purgarse aduciendo normas o pronunciamientos jurisprudenciales posteriores, emitidos en beneficio de los trabajadores no de los abogados voraces. La Caja objeta esa liquidación cuestionando los intereses, y el juez la rechaza aduciendo haberse dado aplicación a lo que señala la Superintendencia Bancaria pero sin mencionar la norma que sirve de soporte.

2.2.4.1.3.5.- El dolo con que se procede, según la Fiscalía de segunda instancia, se patentiza aún más cuando se advierte que sin nadie habérselo solicitado, y sin haber decretado medidas preventivas, el Juez dispone que una vez se reciban títulos judiciales sean entregados a la parte actora, y de una vez ordena el desembargo de remanentes de sumas embargadas. “Es esta en realidad la mejor prueba y el más grave indicio del acuerdo delictivo entre abogados y juez, si aún faltare alguna”.

2.2.4.1.3.6.- Ante lo dispuesto por el Juez, el abogado se apresura a solicitar el embargo y retención de dineros en ese momento inembargables por disposición legal, accediéndose rápidamente a ello por el funcionario y librándose inmediatamente la comunicación. A pesar de la oposición de la Caja, el abogado insiste y sólo hasta cuando se produce el reemplazo del titular del Juzgado, el proceso cambia de curso por el desembargo de los bienes, con lo cual “se interrumpe definitivamente el curso causal de la conducta orientada al peculado, por causas por completo ajenas a la voluntad de los partícipes y no como ahora se pretende, haciendo valer un extemporáneo desistimiento”.

2.2.4.1.4.- En el tema de la participación, la Fiscalía advierte que el delito de prevaricato por acción no habría podido cometerlo el funcionario sin la previa presentación de la demanda y la activa participación del abogado Luis Henry Trujillo Sánchez, quien actuó con el concurso del abogado OMAR CABRERA, directo responsable de conseguir los poderes. “El cúmulo de irregularidades detalladamente reseñadas, junto con el desarrollo procesal, no permiten aceptar las argumentaciones de los recurrentes, porque la unidad de acción y finalidad evidenciadas no se corresponden con el azar, ni con una actitud unilateral del juez, sino con la voluntad mancomunada de vulnerar la ley bajo la forma de determinación definida por acuerdo previo”, conducta que para el determinador no requiere la calidad exigida por el tipo penal para el sujeto activo.

Las conductas llevadas a cabo por los procesados, se sostiene en la acusación de segunda instancia, se orientaron a apropiarse ilícitamente de dineros del Estado, cuya disponibilidad jurídica estuvo en cabeza del funcionario desde el momento en que se hace efectivo el embargo y los títulos quedan a su disposición. En este caso, la cuantía de la ilicitud corresponde a la totalidad de las sumas de dinero que se intentaron cobrar, “independientemente de que efectivamente se debieran parcialmente a los pensionados, porque la ilícita apropiación se derivaría de la ilegalidad del procedimiento de cobro, en atención a que no existió ningún título que prestase mérito ejecutivo y por consiguiente no era jurídicamente posible apropiarse de los dineros recurriendo a acción de esa naturaleza. El exceso por agencias en derecho y por intereses, no hace más que incrementar la cuantía del ilícito, porque se repite, el peculado iría a consistir en la apropiación de la totalidad del dinero irregularmente cobrado por una vía procesal no permitida, porque no existió título ejecutivo”.

Finalmente, consigna el pronunciamiento que el delito de peculado no se consumó por causas ajenas a la voluntad de los copartícipes “luego quedó en el nivel de tentativa para todos ellos, aquí en desacuerdo parcial con el AQUO, incluyendo al juez implicado, quien deberá responder por este delito en el nivel de autor material de la misma tentativa que se imputa a los abogados”.

Con esta aclaración, decidió confirmar la resolución de acusación objeto del recurso y la adicionó en el sentido de que por el a quo se dispusiera compulsar copias para la investigación de la conducta del Juez Trece Civil Municipal que figura autenticando algunas de las resoluciones aportadas (fls. 4 y ss. cno. segunda instancia).

2.3.- Proceso radicado con el número 10398A, contra el doctor LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ por los delitos de prevaricato por acción y prevaricato por omisión.

Por providencia proferida el veinticuatro de octubre de mil novecientos noventa y cinco, la Unidad de Fiscalía Delegada ante los Tribunales Superiores de los Distritos Judiciales de Santa Fe de Bogotá y Cundinamarca, calificó el mérito probatorio del sumario con resolución acusatoria contra el doctor LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ como presunto autor responsable del delito de prevaricato por omisión en que pudo haber incurrido al tramitar, en su condición de Juez Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá, el proceso ejecutivo 30465, en concurso con el delito de prevaricato por acción con relación al proceso ejecutivo número 30719 también a su cargo, ambos contra la Caja Nacional de Previsión.

2.3.1.- Según la Fiscalía, en el primero de los citados procesos (30465), con fundamento en copia de la resolución 1000 de 1966 emanada de la Caja Nacional de Previsión en la cual se reconoce en favor del pensionado Pedro Blandón Ospina la suma de $ 515.34, el abogado GUILLERMO CARDONA GONZALEZ presentó demanda ejecutiva contra la Caja, pese a lo cual, no figura haberse librado mandamiento ejecutivo ni dispuesto el archivo del diligenciamiento y tampoco obra explicación sobre los motivos por los cuales desde el 1º de agosto de 1989, fecha en que se reconoció personería al abogado, la actuación quedó paralizada en el juzgado a cargo del procesado, máxime si obra un informe secretarial comunicando que se halla pendiente de resolver un memorial presentado el 13 de diciembre de 1990 por la apoderada de la demandada, en el cual solicita se le expida certificación sobre la liquidación del crédito “sin que aparezca ningún otro tipo de actuación, como tampoco presenta el sello acostumbrado de que fue archivada”.

La acusación indica que el funcionario incumplió los deberes propios de su cargo, al dejar paralizada la actuación que posteriormente aparece archivada sin que tenga causa que la justifique, siendo por el contrario, el producto de la desidia, negligencia o la voluntad manifiesta de no ejecutar un acto funcional y con ello realizar el tipo de prevaricato por omisión.

El procesado “pretende trasladar la responsabilidad de sus actos en sus subalternos, sin tener en cuenta que la suprema virtud de la justicia radica específicamente en sí mismo”.

2.3.2. En cuanto al proceso 30719, observa el ente acusador que la acción instaurada por el abogado ALEJANDRO TORRES MUNEVAR, en representación de la señora LUISA RUEDA DE RUEDA, respecto de quien allegó certificado de supervivencia, se soportó en copia de la Resolución 6440 del 3 de agosto de 1989 en la cual se reconocen reajustes en la pensión originados en la Ley 4ª de 1976 por la cuantía de $ 4.531.90; no obstante lo cual, el juez libró mandamiento de pago por la suma de $ 761.359.20 por concepto de mesadas atrasadas y reajustes correspondientes al período comprendido entre 1976 y 1989 con sus intereses legales, cuando ese no era el objeto del poder otorgado por la demandante, siendo por tanto su decisión manifiestamente ilegal, que no la justifica ni el exceso de trabajo ni la facultad de delegar en los empleados del despacho la elaboración de determinadas actuaciones.

Esta acusación quedó ejecutoriada en la primera instancia, por no haber sido objeto de impugnación (fls. 158 y ss.).

A petición del defensor del doctor LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ, el Tribunal encontró viable acceder a la acumulación de causas, y como consecuencia, dispuso que los dos últimos procesos se unificaran con el primero (3557C), previendo “tramitarlos bajo una misma cuerda y decidirlos en una misma sentencia”, a la vez que ordenó suspender el más adelantado hasta que los demás llegaran al mismo estadio procesal.

2.4.- Proceso radicado con el número 10672 A contra el doctor LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ por el delito de enriquecimiento ilícito.

Mediante providencia proferida el cinco de octubre de mil novecientos noventa y cinco, la Unidad de Fiscalía Delegada ante los Tribunales Superiores de los Distritos Judiciales de Santa Fe de Bogotá y Cundinamarca, calificó el mérito probatorio del sumario con resolución acusatoria contra el Exjuez Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá doctor LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ, por el delito de enriquecimiento ilícito, deducido del incremento patrimonial no justificado cuando desempeñó el referido encargo.

La investigación se originó por una llamada telefónica recibida el 18 de mayo de 1990 en la Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación, mediante la cual se puso en conocimiento que el Juez Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá, doctor LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ, junto con su hermano CESAR AUGUSTO SANCHEZ y CARLOS FARFAN, se apropiaban de las pensiones de CAJANAL. Para ello, empleadas al servicio de la entidad defraudada sustraían listados de las personas que tenían pensiones pendientes, y César Augusto Sánchez con Carlos Farfán se encargaban de gestionar su cobro ante el Juzgado Cuarto Laboral, a cargo del doctor Sánchez Rodríguez, quien decidía en contra de la Caja de Previsión pero no entregaba a los pensionados el dinero correspondiente.

Y el 14 de septiembre de 1990 en la misma entidad de control, se recibió un memorial anónimo en el cual se informa que el doctor LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ durante el último año ha venido incrementando su patrimonio pues anteriormente poseía un apartamento ubicado en la Carrera 30 No. 24-47 de Bogotá, y pasó luego a ser dueño de todo el edificio, figurando su cónyuge, GLADYS HERRAN BARRIOS, u otros familiares, como propietarios del mismo. Que este funcionario es dueño de los negocios de fotocopiado que funcionan en el primer piso del mismo edificio, que posee tres buses afiliados a la empresa “Sidauto” cada uno con un costo de cuarenta millones de pesos, que compró una hacienda ganadera en el Municipio de Piedras en el Departamento del Tolima y que adquirió para su uso personal y de su familia tres vehículos nuevos, los que utiliza los fines de semana.

Durante la averiguación se estableció que evidentemente CARLOS IGNACIO FARFAN AREVALO tramitó ante el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito varias demandas contra la Caja Nacional de Previsión y que de su cuenta corriente número 112-033-68-3, abierta en el Banco de Bogotá, salió un cheque por la suma de $ 1.995.000.oo que resultó consignado en la cuenta del funcionario sindicado.

También que el abogado GUILLERMO DEL CRISTO PRECIADO LORDUY tramitó algunos negocios ante el Juzgado a cargo del Doctor Sánchez Rodríguez y que giró algunas sumas de dinero a la señora GLADYS HERRAN BARRIOS, las que según adujo aquél, corresponden a relaciones de negocios en el ramo de la ganadería.

Y que CARLOS FARFAN PATIÑO, también abogado, y quien tramitó varios procesos ante el Despacho a cargo del doctor SANCHEZ RODRIGUEZ, entregó cheques a la señora GLADYS HERRAN BARRIOS, aduciendo corresponder a negocios de ganado.

Se escuchó en exposición a la señora GLADYS HERRAN BARRIOS quien aceptó haber mantenido negocios de ganado con los abogados PRECIADO LORDUY y FARFAN PATIÑO, con ocasión de los cuales le fueron girados varios cheques que posteriormente entregaba a su esposo para cancelar los préstamos que éste le había hecho, según dijo.

CARLOS ARTURO BAQUERO, escribiente del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, narró que la única irregularidad observada por él en el trámite de los procesos a cargo del acusado, fue la relacionada con la presentación ante el juzgado que se encontrara de reparto de varias fotocopias de una misma demanda, con la finalidad de lograr que su conocimiento correspondiera a determinado juzgado.

2.4.1.- Para proferir la acusación, la Fiscalía de primera instancia, además de lo anteriormente expuesto, consideró, entre otros aspectos, lo siguiente:

2.4.1.1.- Según el informe de la Procuraduría, antes de su vinculación como juez el doctor LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ poseía un patrimonio equivalente a $ 4.019.800.oo representado en una apartamento, un automóvil, y otros activos de menor valor.

A partir del año 1989, el patrimonio de este funcionario ascendió a $ 11.337.574. y pasó luego a $ 41.137.574, significando un incremento de $ 29.800.000.oo.

Del mismo modo, el patrimonio de la señora GLADYS HERRAN BARRIOS que en 1988 era de $11.400.000.oo, en 1989 aumentó a $49.812.166.oo.

Se estableció también, que durante 1989 los esposos Sánchez Herrán, realizaron movimientos bancarios por la suma de $ 240.711.363.oo y en 1990 por $ 293.918.745.oo. Además, que en las cuentas corrientes del Banco de Bogotá, sucursal Galerías y Sucursal Terminal de Transporte, y Banco Industrial Colombiano, Sucursal Sears, de las cuales eran titulares, fueron consignados varios cheques provenientes de las cuentas corrientes de los abogados GUILERMO PRECIADO LORDUY, CARLOS FARFAN AREVALO y CARLOS FARFAN PATIÑO, quienes litigaban en el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito.

2.4.1.1.- El Doctor LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ es propietario de 100 cuotas sociales de la sociedad SAHEROBA LTDA. que a su vez fue propietaria de los apartamentos 201 y 401 del edifico ubicado en la carrera 30 No. 24-47 que fueron vendidos el 11 de junio el primero y el 15 de julio de 1992, el segundo, a HERNANDO MONTOYA BAUTISTA y ANA LUCRECIA GUTIERREZ, respectivamente.

2.4.1.2.- El predio La Gladys fue vendido en el mes de octubre de 1992 a MARTHA LUCIA LOPEZ REINOSO, en tanto que el predio “El Caimital” fue enajenado por la señora HERRAN BARRIOS el 30 de septiembre de 1991 a la sociedad Industrial Maravilla Ltda.

2.4.1.3.- La señora GLADYS HERRAN BARRIOS figura como propietaria de un apartamento ubicado en la calle 131 No. 30-80, adquirido en 1990.

2.4.2.- Con base en estos presupuestos, consideró la fiscalía acreditada la realización de la conducta típica definida por el artículo 148 del Código Penal, por haber sido demostrado el aumento patrimonial del doctor LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ cuando se desempeñó como Juez Cuarto Laboral del Circuito, el cual se produjo como consecuencia del abuso de sus funciones.

Agrega el Fiscal de primera instancia, que “la multiplicidad de conductas delictivas que a lo largo de varios años se han venido investigando, permiten concluir que existió una empresa criminal organizada con fines concretos, como fuera la defraudación a la Caja Nacional de Previsión Social. . .”

Y, prosigue: “el origen de la presente investigación se concreta en el anónimo o queja formulada por vía telefónica, en la que se manifiesta que el señor LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ en compañía de otras personas, se estaba apropiando de las pensiones de CAJANAL de una forma organizada, en el sentido de que eran las empleadas de la entidad previsora las que daban aviso de quienes tenían pendiente el pago de su pensión de jubilación o derecho a mesadas atrasadas, para que los abogados litigantes de los jubilados iniciaran la correspondiente actuación, misma que debía corresponder según los intereses de los litigantes a determinados despachos, donde obviamente sus pretensiones les eran despachadas favorablemente, pero en pro de sus propios intereses y no en el de los pensionados que se apoderaban. El dinero en última instancia no era entregado a sus beneficiarios, así se inicia el desvío del pecunio de la nación”.

Agrega la acusación: “Especificada de esta manera, la forma cómo inicialmente se conseguía que existiera una justificación para lograr concretar la infracción podemos tener entonces el acuerdo previo de voluntades existente entre los apoderados de los demandantes, apoderados de la entidad previsora y el fallador. Aquí se prosigue con la configuración y existencia no sólo del tipo penal, sino de algunos otros que son ya objeto de investigación. Este pues, es el origen de todas y cada una de las actividades tendientes a perjudicar a la entidad demandada y a los pensionados, para satisfacción de intereses particulares”.

En referencia a la conducta, indica la acusación de primer grado que corresponde al “acto predicable en el actor, si tenemos en cuenta no sólo el origen de la noticia criminal, sino la verificación que sobre ella se obtuvo mediante labores de inteligencia, experticias contables en sus cuentas bancarias y en fin todo un despliegue probatorio, refleja un súbito cambio de situación económica, que presupone la voluntariedad de ejecución de la infracción con el fin de tomar una decisión para actuar de determinada manera”.

Y, al referirse al “objeto” de protección social, señala estaría representado en “aquellas cantidades que debían ser entregadas a los beneficiarios que sumadas unas con otras fueron intensificando la defraudación y no sólo por esto, sino también porque en muchos de los casos, las sumas que se adeudaban eran inferiores pero los mandamientos de pagos eran librados por sumas superiores y ajustándoles intereses por encima de los legalmente establecidos y sin tener en cuenta el índice de precios al consumidor. Todas estas labores fueron suscitadas por el desorden en que se hallaba CAJANAL para ese entonces, situación que es advertida y vilmente aprovechada por los delincuentes, quienes deciden la integración de un plan que les permita timar los caudales nacionales objeto jurídicamente protegido por el tipo en comento” (fls. 91 y ss.).

2.4.3.- Contra el proveído calificatorio, el procesado interpuso recurso de apelación que la Unidad de Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, desató en providencia de enero tres de mil novecientos noventa y seis, mediante la cual resolvió confirmar la resolución de acusación proferida en primera instancia. Los fundamentos fueron, entre otros, los siguientes:

2.4.3.1.- En el capítulo que la segunda instancia dedica al “incremento patrimonial” se señala que este surge de la revisión del patrimonio del sindicado, su esposa y la sociedad que ambos conformaron, en la cual, además, radicaron gran cantidad de bienes adquiridos por la época en que el doctor SANCHEZ RODRIGUEZ se desempeñaba como funcionario.

“Significa lo anterior -precisa la providencia de segundo grado-, en otras palabras, que es la globalidad de los bienes adquiridos por él, por su esposa, y por la sociedad SAHEROBA LTDA., la que conforma el incremento punible. Y es que, en este evento, no hubo explicación respecto de cómo, en un lapso tan corto, contando apenas con el patrimonio del procesado antes de ingresar al Juzgado, del cual era titular, se lograron reunir los recursos necesarios para adquirir todos los bienes que fueron reportados a lo largo de la investigación”.

La ilicitud no está, señala la providencia, en que el procesado, su esposa y la sociedad Saheroba Ltda. hayan adquirido apartamentos, casa, automóviles, buses, fincas, locales, negocios y otros bienes, sino en no haber sido justificadas tales adquisiciones, considerando los ingresos y aún las actividades comerciales que se dice realizaba la esposa del procesado.

Es así como, encontró la Fiscalía de segundo grado, que luego de haberse posesionado el doctor LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ como Juez Cuarto Laboral del Circuito, en el corto lapso de dos años, junto con su esposa y la sociedad que ambos constituyeron, adquirieron la Finca “La Gladys”, el campero Toyota de placas JL 2472, varios semovientes, tres buses ejecutivos, un vehículo Mazda de placas BAG- 428, se cancelaron varios pasivos, se realizaron inversiones en las sociedades Saheroba Ltda. y Heliógrafo Saheroba, en la adquisición del 50% del apartamento 401 de la carrera 30 número 24-47, en el apartamento 203 de la Carrera 46 No. 22B-15/17, en el apartamento 303 del edificio ubicado en la Calle 131 No. 30-80, en la finca “Caimital” y se compró el vehículo de placas BAU 724, sin mediar proporción con los ingresos percibidos durante su ejercicio judicial ni con el giro económico de las sociedades mencionadas.

Precisa la decisión que “no por no haberse cuantificado en concreto la cuantía del punible, no se pueda predicar la tipicidad del comportamiento. En efecto, aparecen, dentro del informativo, los informes sobre los que se sustenta el incremento patrimonial, informes que resaltan la diferencia entre lo que se considera era lo posible de capitalizar, invertir y gastar con base en los ingresos lícitos, y lo que no tiene explicación satisfactoria, con base en los mismos. En tal virtud, el monto del enriquecimiento, que es objeto de reproche, está patente en la diferencia reseñada, aún cuando no haya sido objeto de cuantificación exacta, lo que, en este momento procesal no se requiere”.

2.4.3.2.- En el capítulo sobre el principio Non bis in ídem, señala la providencia calificatoria de segundo grado, que “siendo el punible de enriquecimiento ilícito de carácter subsidiario y residual, como lo anota el impugnante, es apenas natural que su tipificación no dependa de la comprobación de la actividad ilícita del sujeto activo, sino, únicamente de la del incremento patrimonial, sin justificación. Por ello, no resulta del todo acertada la argumentación del a- quo, respecto del origen mismo de los dineros que dieron lugar al incremento.

Cierto es que si se atribuye a una precisa conducta ilícita el incremento patrimonial, esta conducta debe ser la que determine, no sólo el objeto de investigación, sino, también, la tipicidad de la misma. Así, resulta cierto que si se atribuye el incremento patrimonial a concretas maniobras ilegales realizadas por el funcionario, en ejercicio de su cargo, el punible a investigar sería el de peculado, cohecho, concusión o alguno semejante.”

Por esto considera poco afortunada la motivación de la providencia proferida en primera instancia, “por cuanto el enriquecimiento ilícito es comportamiento autónomo que no debe ser demostrado a través de las diversas actuaciones realizadas por el sindicado”. También que carece de sentido discutir la legalidad o no de las liquidaciones de intereses y el contenido del bien jurídico no puede estar referido a nada distinto de la administración pública, siendo por tanto ajeno a esa conducta el patrimonio del estado.

Es así como, “respecto de otros hechos punibles, atribuibles al procesado, el enriquecimiento ilícito debe tener completa independencia, porque, de lo contrario, se estaría en presencia de los mismos hechos, lo que, de por sí determinaría, un doble juzgamiento, violando principios constitucionales y legales”.

En el presente evento, sostiene la providencia de segundo grado, aparece como hecho cierto que en contra del doctor LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ se adelantan varios procesos por conductas relacionadas con su desempeño como Juez Cuarto Laboral del Circuito, entre las que se cuentan las que tienen que ver con la apropiación de bienes estatales, a través de proferir providencias ilegales o mediante maniobras no ajustadas al procedimiento y los requisitos establecidos para la especialidad laboral.

Empero, “el peculado que se le endilga tiene como sustento la entrega, a terceros, de esos dineros, por lo que no es posible predicar que se confunde el origen de los dineros producto del enriquecimiento ilícito, con los dineros que se reputan fueron objeto de despojo al patrimonio estatal. Debe insistirse en que, en parte alguna, dentro de las citadas resoluciones, se le imputa apropiación a título personal, sino el haber, de manera dolosa, entregado ese dinero a terceros, cuando no había lugar a ello”.

Con estas aclaraciones, confirmó la resolución acusatoria por el delito de enriquecimiento ilícito (fls 4 y ss. cno. 2ª Instancia).

2.5.- Proceso radicado con el número 3826 D contra los doctores MERCEDES CABRERA POLANCO y OMAR CABRERA POLANCO como determinadores de los delitos de peculado y prevaricato por acción, cometidos en concurso.

2.5.1.- Por providencia proferida el seis de mayo de mil novecientos noventa y cuatro la Unidad de Fiscalía Delegada ante los Tribunales Superiores de los Distritos Judiciales de Santa Fe de Bogotá y Cundinamarca, calificó el mérito probatorio del sumario con resolución acusatoria en contra de los abogados MERCEDES CABRERA POLANCO y OMAR CABRERA POLANCO, como determinadores del concurso de delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación agravado por la cuantía, llevado a cabo por el doctor LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ quien en su condición de Juez Cuarto Laboral del Circuito, tramitó y decidió los procesos ejecutivos laborales radicados en su Despacho con los números 30105, 30511, 30522 y 30981, que redundaron en una millonaria defraudación a la Caja Nacional de Previsión Social.

2.5.1.- Los fundamentos del calificatorio de primer grado, fueron, entre otros, los siguientes:

2.5.1.1.- Es incuestionable que OMAR CABRERA POLANCO de tiempo atrás viene ejerciendo la profesión de abogado con la colaboración de su hermana MERCEDES, instaurando acciones administrativas y/o judiciales para reclamar en favor de numerosos pensionados sus mesadas y reajustes de ley debidos por la Caja Nacional de Previsión Social.

2.5.1.2.- Los procesos ejecutivos laborales se llevaron a cabo ante el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito -del cual su titular, el doctor LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ, se encuentra vinculado a la investigación-, en cuyo trámite la Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación detectó una serie de irregularidades como las relacionadas con el cobro de créditos superiores a las sumas debidas por la demandada, liquidación de intereses sin sujeción a los parámetros legales, y el pago repetido de las mismas obligaciones, entre otras.

2.5.1.3.- El desorden administrativo de la Caja Nacional de Previsión fue aprovechado por abogados litigantes en materia laboral y por Jueces de la República en dicha especialidad, quienes orquestaron un plan para lograr apropiarse de gruesas sumas de dinero pertenecientes a dicha entidad por medio de distintos procesos de ejecución adelantados en contra de ella.

2.5.1.4.- Por vía de ejemplo, se aprecia que en la Resolución No. 14099 del 8 de octubre de 1987,se indica haber sido canceladas mesadas pensionales y adicionales entre el 1º de agosto de 1985 y el 1º de abril de 1988, no obstante lo cual el abogado presenta la liquidación del crédito por cinco meses de 1985 y de ahí en adelante hasta 1989, hecho que fue admitido por el juez acusado. Lo mismo ocurre, en relación con las resoluciones 04235 de 1986, 0966 de 1982, 5024 de 1977, y 9941 de 1979.

2.5.1.5.- No resulta lógico que un abogado desconozca los requisitos exigidos por la ley para que un documento preste mérito ejecutivo, menos si se trata de un experto en la materia. Y, tanta responsabilidad tiene el abogado que sustituye un poder en esas condiciones como aquél en quien se sustituye.

2.5.1.6.- Al haberle sido presentado al Juez los documentos base de la acción en condiciones como las expuestas, y haberlos admitido el funcionario sin reserva alguna librando mandamientos de pago, realizó los tipos penales previstos en los artículos 149 y 133 del Código Penal, pues emitió resoluciones manifiestamente contrarias a la ley y permitió la defraudación patrimonial de la Caja Nacional de Previsión.

2.5.1.7.- Los hechos tienen origen en la obtención de poderes por parte de los hermanos CABRERA POLANCO, para actuar frente a la jurisdicción, creando así las condiciones para la apropiación de los dineros oficiales, mediante una conducta revestida de aparente legalidad.

2.5.1.8.- No se desconoce por la Fiscalía que la Caja Nacional de Previsión tenga la obligación de cumplir las prestaciones a que tienen derecho los pensionados. Lo que censura es que la acción ejecutiva no se hubiere fundamentado en los presupuestos fácticos y jurídicos que permiten entenderla viable y legal.

2.5.1.9.- Si Omar Cabrera Polanco recibía los poderes y se encargaba de responder ante sus poderdantes, resulta necesario entender que mantenía estrecha vigilancia sobre la actuación del abogado sustituto el doctor MANZANO, máxime si la diligencia practicada por su iniciativa en la Pagaduría de la Caja, se convirtió en el fundamento de su sustituto para solicitar el embargo y secuestro de los dineros de la demandada.

2.5.1.10.- La sola circunstancia de que las demandas ejecutivas hubiesen sido presentadas por persona distinta de OMAR CABRERA POLANCO, no demuestra falta de responsabilidad penal de éste en la realización de los delitos que se le imputan, pues su función consistió en recolectar los poderes de los pensionados para demandar a la Caja, a sabiendas que los documentos en que posteriormente iría a apoyar las pretensiones no reunían los requisitos para su cobro por vía ejecutiva, y sustituirlos luego en el abogado Marco Antonio Manzano Vásquez encargado de presentar las demandas previamente elaboradas por Cabrera, correspondiéndole ahora parte del trabajo en la ilicitud al juez acusado, quien decretaba los mandamientos de pago, y ordenaba el reconocimiento y pago de intereses y agencias en derecho.

2.5.1.11.- MERCEDES CABRERA POLANCO en la oficina recibió poderes, y conocía, aceptaba y ejecutaba parte del curso de los acontecimientos, sin que tenga aceptación la justificación que expone en el sentido de desconocer los propósitos perseguidos por su hermano al otorgarle los poderes, por que “se trata de una persona que cuenta con estudios superiores, más exactamente en Derecho, circunstancia esta que le permite conocer con suficiencia los asuntos que se derivan de actos propios de la profesión y consecuencias sobrevinientes; lo que hacía (recaudo de poderes) en manera alguna puede entenderse como ajeno o extraño a los conocimientos que adquirió”.

2.5.1.12.- El testimonio de FLOR MARIA VARGAS DE SILVA evidencia que MERCEDES CABRERA POLANCO no se limitaba a recaudar poderes. Esto lo colige del testimonio en el que da cuenta haber acudido al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito para averiguar sobre el estado del asunto, y que el propio juez le manifestó ponerse en contacto, seguramente con la abogada, adonde la remitió, hecho que no es negado por la procesada pero dándole una connotación distinta. Agrega la fiscalía que “de este testimonio se infiere el afán de MERCEDES por evitar que la indeseable situación de conflicto con FLOR MARIA DE VARGAS y su madre, originada en su ilegal actuación, trascienda, indicativo ello del pleno conocimiento y poder de control que le asistía sobre la empresa de su hermano OMAR”.

2.5.1.13.- Con estos presupuestos, señala la Fiscalía de primera instancia satisfechos los requisitos exigidos por el artículo 441 del C. de P. P. para proferir en contra de MERCEDES CABRERA POLANCO y OMAR CABRERA POLANCO, resolución acusatoria como determinadores del concurso de delitos de prevaricato y peculado por apropiación agravado por la cuantía, con las circunstancias de agravación previstas por el artículo 66 ordinales 1º y 4º, al tiempo que dispuso que continuaran detenidos domiciliariamente (fls. 1 y ss).

2.5.2.-Contra esta determinación, los defensores y el procesado OMAR CABRERA POLANCO, interpusieron recurso de apelación el que desató la Unidad de Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema, en providencia proferida el veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro mediante la cual confirmó integralmente la resolución de acusación proferida en la primera instancia.

2.5.3.- Los fundamentos de este pronunciamiento, son, en síntesis, los siguientes:

2.5.3.1.- Los cargos concretos contra los hermanos Cabrera Polanco consisten en haber determinado la conducta ilícita llevada a cabo por el Juez Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá, en el trámite y fallo de los procesos ejecutivos números 30105, 30511, 30522 y 30981, que derivaron en millonaria defraudación a la Caja Nacional de Previsión Social.

2.5.3.1.- La determinación es una forma de participación en el hecho y puede definirse como “la provocación en el autor de la resolución delictiva, sin participar en el dominio del hecho”, y aunque la ley no precisa los medios en que la inducción puede ser realizada, se ha entendido como tales “los regalos, promesas, amenazas, provocación de un error en el instigado, convenio, mandato, etc., es decir ‘ en general cualquier medio idóneo para lograr que otro realice material o directamente conducta de acción u omisión descrita en el tipo penal’ ”.

2.5.3.2.- Los requisitos para que se de la determinación, son: que exista un vínculo entre el hecho principal y la acción del inductor; el inductor ha de actuar dolosamente; el hecho al cual se induce debe ser o bien consumado o por lo menos configurar tentativa; el inductor debe carecer del dominio del hecho, ya que si lo tiene podría ser coautor.

2.5.3.3.- Mientras OMAR CABRERA POLANCO anunciaba en el periódico “El Tiempo” que gestionaba las mesadas y reajustes pensionales previstos en la Ley 4ª de 1976, visitaba varias asociaciones de pensionados y abría oficinas para esa gestión, su hermana MERCEDES CABRERA POLANCO también acudía a varios lugares y recibía poderes de los pensionados.

Todos los poderes fueron sustituidos por OMAR CABRERA POLANCO en los abogados litigantes MARCO ANTONIO MANZANO VASQUEZ y ALBERTO CARDENAS DE LA ROSA, quienes presentaron las respectivas demandas laborales.

En el proceso 30105, OMAR CABRERA POLANCO recibió once poderes que luego sustituyó en el abogado MANZANO VASQUEZ. A la demanda inicial presentada a nombre de GABRIEL GUZMAN SANCHEZ se le adicionaron 53 más persiguiendo el pago de sesenta y ocho millones trescientos setenta mil ochocientos veintitrés pesos, más los intereses corrientes. MERCEDES CABRERA recibe un poder que no firma.

En el proceso 30511 el mismo aceptó 21 poderes que luego sustituyó en MANZANO VASQUEZ, y a la demanda inicial presentada a nombre de ANA MORALES DE VARGAS se le adicionaron 40 más, para un capital de noventa y cinco millones seiscientos un mil trescientos seis pesos con setenta centavos, más los intereses corrientes. MERCEDES CABRERA POLANCO figura recibiendo 6 poderes que no firma.

En el proceso número 30522, instaurado a nombre de JESUS GARCIA, y al cual se le adicionaron 36 poderes, de los que OMAR CABRERA acepta 31, la pretensión asciende a noventa y seis millones trescientos dos mil ochocientos sesenta y nueve pesos con treinta y ocho centavos más los intereses corrientes. MERCEDES CABRERA figura recibiendo 7 poderes que no firma.

Y en el proceso 30891 iniciado a nombre de ABEL REYES, se acumulan 36 poderes de los cuales 30 suscribe OMAR CABRERA, los cuales sustituye en el doctor MANZANO VASQUEZ, para una pretensión por la suma de noventa millones novecientos treinta y cuatro mil setecientos veinte pesos con noventa y un centavos, más los intereses corrientes. MERCEDES CABRERA figura recibiendo dos poderes que no firma.

2.5.3.4.- Además de los poderes que recibían, los hermanos CABRERA POLANCO suscribían con los pensionados un contrato de prestación de servicios profesionales en los cuales se pactaba como honorarios del 15 al 30% del capital que se cobrara, mientras que los pensionados renunciaban a reclamar el pago de intereses y las agencias en derecho que se liquidaran en favor de los abogados, y al final firmaban un recibo de lo que en forma líquida les correspondía después de descontados los honorarios pactados.

2.5.3.5.- En varios de los procesos ejecutivos se libró mandamiento de pago con base en documentos que no podían prestar mérito ejecutivo, o porque estaban incompletos o habían sido cancelados por la Caja o por haber prescrito; se aceptó las liquidaciones presentadas por los abogados en forma irregular, así por ejemplo se cobraban prestaciones antes de cumplir un año de estar percibiendo la pensión (caso de SOFIA MELO VDA. DE SALAZAR, en el proceso 30105), otros cobraban doblemente la mesada, como el caso de SERVANDO BERMUDEZ GORDILLO en el expediente 30522). Además de muchas otras irregularidades, había eventos donde se liquidaban porcentajes superiores a los realmente debidos, como sucedió con CELIO M. VIDAL en el proceso 30105.

2.5.3.5.- Se liquidaron los intereses que pedían los ejecutantes por el 18% anual, cuando lo correcto y legal era el 6% según el artículo 1617 del C. C., sin que resulte valida una interpretación diferente.

2.5.3.6.- En materia de liquidación de las agencias en derecho la ley indica que debe tenerse en cuenta los honorarios establecidos con aprobación del Ministerio de Justicia por intermedio de los Colegios de Abogados del respectivo Distrito, más la naturaleza y calidad de la gestión (art. 393 ordinal 3 del C. de P. C). Esto no fue aplicado en los procesos ejecutivos de que se ocupa el caso, se tomó mal la cuantía del capital olvidando que se trataba de acumulación de pretensiones, y la gestión llevada a cabo no ameritaba ninguna calidad especial que justificara esas “altas agencias en derecho”.

2.5.3.7.- Se ordenó el embargo y secuestro de tres títulos de la Caja Nacional de Previsión por la suma de novecientos cuarenta y un millones trescientos ochenta mil trescientos treinta y cuatro pesos con veinticuatro centavos, que eran inembargables, y que fueron entregados a los abogados litigantes. En últimas, este dinero lo recibía OMAR CABRERA POLANCO quien pagaba a los pensionados restándole el porcentaje acordado con ellos.

2.5.3.8.- El doctor LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ, Juez Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá, valido de su investidura, fue quien profirió las resoluciones manifiestamente contrarias a la ley que llevaron a erogaciones del erario superiores a las debidas, las que estaba obligado a custodiar cuando se pusieron bajo su disponibilidad jurídica.

Pero este funcionario no actuó solo en esa empresa criminal, sino que fue provocado por los abogados litigantes encabezados por los hermanos Cabrera Polanco, siendo indispensables unos y otros para lograr la defraudación a la Caja.

2.5.3.9.- OMAR y MERCEDES CABRERA POLANCO no se limitaron a crear la escena para el resultado perseguido, sino que OMAR sustituyó los poderes y los dos recogieron el producto de lo obtenido en los juicios ejecutivos. La circunstancia de no haber intervenido como apoderados judiciales en los respectivos procesos no los margina de la responsabilidad que les cabe.

2.5.3.10.- Si OMAR, como lo afirmó en su injurada, debía responder a los pensionados, es lógico que debía estar pendiente de los procesos. Igual actitud fue la de MERCEDES quien luego de entrar en comunicación con el Juez inducido, le entregó a FLOR MARIA VARGAS DE SILVA la suma que antes había ocultado a su madre.

2.5.3.11.- “Todas estas circunstancias acreditadas en el proceso son las que en forma de indicios están demostrando lo sucedido en el sub judice. Que los abogados litigantes dirigidos por OMAR CABRERA POLANCO, con conocimiento del hecho y sus circunstancias y queriendo la producción de la resolución de cometer el hecho y la ejecución de este por parte del autor – el doble dolo del que se habló anteriormente -, convencieron (‘provocaron’) al Juez Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá, para cometer los ilícitos de prevaricato y peculado, de cuyo dominio del hecho ellos carecían”.

2.5.3.12.- Aunque los determinadores no tengan la calidad de funcionarios exigida por las normas realizadas, en virtud del dispositivo amplificador del tipo previsto por el artículo 23 del C. P., son partícipes del delito cometido por el determinado (fls. 5 y ss. cno. 2ª inst.).

El expediente fue remitido por la Fiscalía al Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá, el cual, en auto de veintiuno de abril de mil novecientos noventa y cinco, dispuso el envío del diligenciamiento al reparto de los Juzgados Penales del Circuito, por cuanto, si bien inicialmente la investigación seguida contra el doctor LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ, comprendía también a estos dos procesados, se generó la ruptura de la unidad procesal al haber sido decretado el cierre parcial de la investigación respecto del Ex- Juez Cuarto Laboral del Circuito.

El asunto correspondió conocerlo al Juzgado Diecinueve de aquella especialidad, en donde, luego de surtido el trámite previsto por el artículo 446 del Código de Procedimiento Penal, mediante auto del 25 de septiembre de 1996 se dispuso la remisión del diligenciamiento al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá a fin de que se decretara la acumulación prevista en los artículos 13 de la Ley 81 de 1993, 91 y 96 ejusdem, por razón de haber tenido conocimiento procesal que allí hace curso un proceso contra el señor OMAR CABRERA POLANCO.

El Tribunal, por auto de cuatro de octubre de mil novecientos noventa y seis, decretó la acumulación del proceso seguido contra los hermanos Cabrera Polanco al que cursa contra LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ, OMAR CABRERA POLANCO y LUIS HENRY TRUJILLO SANCHEZ, providencia confirmada por la Corte Suprema el 18 de febrero de 1997.

3. EL JUICIO.

La etapa de juzgamiento correspondió tramitarla al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá, en la cual fueron recaudados los siguientes medios de convicción:

3.1.- Declaración del Ex-Gerente de Cementos Boyacá, señor SECUNDINO MEJIA VANEGAS, quien manifestó que aproximadamente entre los años 1975 y 1982 mantuvo relaciones comerciales con el doctor LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ, quien fungía como distribuidor con un cupo del orden de 250 toneladas de cemento mensuales.

3.2.- JOSE DE LA CRUZ LOPEZ CAMACHO, dijo conocer a LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ desde 1974 cuando fueron compañeros de universidad. Que le consta sobre los negocios de cemento que éste tenía entre los años 1978 y 1982.

3.3.- GILBERTO GUZMAN PINZON, vecino de LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ, dijo constarle que éste trabajaba con cemento y que respecto de sus bienes le conoció una volqueta y dos camperos en los cuales se transportaba.

3.4.- El abogado ALEJANDRO TORRES MUNAR manifestó haber tramitado ante el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito el proceso ejecutivo número 30719 contra la Caja Nacional de Previsión Social en representación de la señora LUISA RUEDA DE RUEDA, quien le otorgó poder para lograr el pago judicial del reajuste pensional que la demandada le había reconocido mediante resolución y sin embargo no le había cancelado.

La demanda correspondió por reparto a ese Despacho Judicial, ante el cual pidió medidas cautelares, pero debido a la inembargabilidad de los dineros de la Caja esto no fue logrado, como tampoco el pago efectivo de la deuda.

3.5.- TERESITA DE JESUS ALVAREZ GIRALDO, apoderada de la Caja Nacional de Previsión Social durante el período comprendido entre los meses de febrero y mayo de 1991, dijo que dada su inexperiencia no tuvo conocimiento exacto sobre el trámite a seguir en los procesos a su cargo, y que a pesar de haber sido vinculada al proceso, en su favor se decretó la preclusión de la investigación.

3.6.- Se practicó diligencia de inspección judicial al archivo de la Caja Nacional de Previsión Social, obteniéndose los originales de las resoluciones que sirvieron de base para la iniciación del proceso ejecutivo número 31739 encontrándose inconsistencias en cuanto a las fechas de ejecutoria y la forma como fueron expedidas las copias.

4.- LA SENTENCIA IMPUGNADA.

Llevada a cabo la vista pública, el Tribunal profirió el fallo objeto de impugnación, en el cual hizo las declaraciones ya referidas.

Consideró el sentenciador satisfechos los presupuestos establecidos en el artículo 247 del Código de Procedimiento Penal para proferir en ese sentido fallo de condena respecto de la mayoría de los cargos imputados, a cuya conclusión arribó con fundamento en los siguientes raciocinios:

4.1.- El proceso laboral se rige por un procedimiento autónomo y especial que tiene su propia identidad. Las normas en él contenidas son de orden público, de imperativo cumplimiento, y no derogables por voluntad de las partes ni del funcionario encargado de aplicarlas.

4.2.- Como se ha alegado a lo largo de la actuación por el exjuez procesado que en el procedimiento laboral impera el principio dispositivo, en respuesta a este planteamiento trae a colación un pronunciamiento de la Sala de Casación Penal de la Corte, según el cual “El juez es el representante del Estado, encargado de administrar justicia con arreglo a la normatividad imperante. Por consiguiente, cuando de las actuaciones de las partes que intervienen ante sí se desprenda una notoria injusticia o, por lo menos, la posibilidad de transgresión a la ley, el funcionario judicial se encuentra en la obligación de amparar la justicia misma, remediando el entuerto”.

“En este sentido, el principio dispositivo, imperante en la sistemática civil, encuentra su real aplicación dentro de la evolución de la sociedad que lo hace posible. Así, aunque las partes conserven la iniciativa en la impulsión del decurso procesal, también sus actuaciones deben ceñirse en todo a las disposiciones legales y constitucionales”.

“Por consiguiente, cuando por cualquier medio el juez se entere de la existencia de una anomalía capaz de perturbar el cabal desarrollo del proceso, se encuentra en la obligación de comprobar su existencia y, si es el caso, aplicar el correctivo necesario. Ello es así porque si bien las partes son encargadas de señalarle el camino a seguir, éste no puede estar sujeto a la arbitrariedad particular, sino al imperio de la ley”.

“Por tanto, el juez, como director del proceso, pero sobretodo, como dador de la justicia y la equidad, ha de estar atento a que éstas marquen la pauta en la aplicación del derecho. De lo contrario, la ley misma no encuentra su razón de ser sino en ella misma, ajenidad que al aislarla de la sociedad que pretende regular, de hecho la convierte en un dictador que sólo persigue imponer su propia voluntad, quebrantando la armonía colectiva”.

“En otras palabras, permitir que la forma maneje el contenido es regresar a épocas pretéritas en las que se consideró a la ley como un fin en sí misma, ausente de la realidad social. Ambición desmedida de lo apenas cortical puesto que la forma se creó para proteger la esencia. Nada más. Cuando pretende encerrarla, acomodándola a sus estrechos fines, el juez ha de romper esta camisa de fuerza acudiendo a los principios generales del derecho y a la constitución misma. Tal es el papel del juez en la sociedad moderna y tal el alcance de la administración de justicia, en su aplicación”.

Seguidamente, el A quo se ocupa de analizar el aspecto fáctico que dio lugar al proferimiento de cada una de las resoluciones de acusación, que posteriormente tuvieron un trámite conjunto en la etapa del juicio.

4.3.- Causa No. 3557C.

Los procesos ejecutivos laborales a cargo del doctor LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ contra la Caja Nacional de Previsión Social, en criterio del Tribunal, “constituyen la verdad desbordante, porque en ellos sin lugar a dudas queda plasmada la voluntad de sus autores”:

4.3.1.- En relación con el Proceso Ejecutivo No. 30981, destaca el Tribunal a-quo que en esa actuación en la cual fungen como demandantes ABEL REYES y 36 personas más apoderadas por el abogado MARCO ANTONIO MANZANO VASQUEZ, se reconoció como capital la suma de $ 91.032.629.91, agencias en derecho $ 18.205.000.oo, e intereses de $150.122.783.15, para un total de $259.360.368.06.

La demanda se presentó el 24 de noviembre de 1989 siendo repartida por el Juzgado 6º el día 29 siguiente, y en ella se solicita el pago de $ 1.774.354.29 a favor del primer demandante, más los intereses corrientes, sin indicarse el concepto de esa suma.

A la demanda se adjuntó la resolución 06467 de 1987 expedida por la Caja Nacional de Previsión Social, pero no se acreditó la supervivencia del demandante ni su retiro definitivo del servicio oficial. La certificación de la notificación y ejecutoria de este acto administrativo, figura puesta por el Juzgado 13 Civil Municipal de Bogotá, pero sin adjuntar la copia de la inspección judicial llevada a cabo para su reconocimiento.

La actuación ingresa al Despacho el 5 de diciembre de 1989, y en esa misma fecha se profiere auto reconociendo personería para actuar a OMAR CABRERA POLANCO, como sustituto de MARCO ANTONIO MANZANO VAZQUEZ, se dispone tomarle juramento y realizar la notificación de la providencia, no obstante ésta no se cumplió.

Posteriormente y sin nota de presentación personal, el abogado MARCO ANTONIO MANZANO VASQUEZ presenta una corrección y adición a la demanda, en la cual incluye 36 personas más, indicándose para cada una de ellas la cuantía que pretende cobrar por esa vía.

Estima el Tribunal que no empece haberse presentado esta corrección y adición en vigencia del Código de Procedimiento Civil anterior, a la misma no se le dio el trámite previsto por el artículo 89 de dicho estatuto. Además, aparece presentada por el Abogado MANZANO VASQUEZ quien había sustituido el poder en OMAR CABRERA POLANCO y tampoco obra manifestación expresa de estarlo reasumiendo.

Advierte asimismo que las Resoluciones expedidas por la Caja Nacional de Previsión y que constituyen el título base de la acción ejecutiva, tienen por común denominador no acreditar el retiro del servicio, la supervivencia del beneficiario ni el estado de viudez del sustituto, poseen constancia de autenticación ante la Caja y sellos de ejecutoria defectuosos, sin firma que acredite su texto. En otros casos, la constancia de autenticidad es expedida por los juzgados 7º y 13 Civil Municipal pero sin allegar la copia de la diligencia por medio de la cual dichos funcionarios tuvieron en sus manos el documento original.

El 14 de febrero de 1990 las diligencias ingresan al Despacho, y el 15 siguiente se reconoce personería a MARCO ANTONIO MANZANO como sustituto de OMAR CABRERA POLANCO y ALBERTO CARDENAS DE LA ROSA. Del mismo modo se reconoce personería a LUIS HENRY TRUJILLO SANCHEZ, como apoderado de algunos de los demandantes, quien a su vez sustituye el poder en MARCO ANTONIO MANZANO. También se ordena tomar juramento y la notificación de dicho pronunciamiento.

En el expediente no aparece constancia de haber sido notificado el auto anterior. El 15 de febrero se recibe el juramento a MARCO ANTONIO MANZANO VASQUEZ.

El mismo 15 de febrero se libra mandamiento de pago en la forma solicitada en la demanda, y se decreta el embargo de dineros de la Caja Nacional de Previsión Social.

El primero de marzo de 1990, del mandamiento de pago se notifica la Caja Nacional de Previsión, y a través de su apoderado AUGUSTO CONTI PARRA, propone las excepciones de falta de causa y título para pedir pago parcial y/o total de la obligación demandada, al tiempo que solicita las pruebas para su demostración y el levantamiento de las medidas cautelares, e interpone recurso de reposición contra el mandamiento de pago.

Las diligencias ingresan al Despacho el 26 de marzo siguiente, y en auto de esa fecha se programa las 10 a.m. del 2 de abril de 1990 para llevar a cabo la audiencia y resolver las excepciones propuestas, fecha en la cual el Juzgado no repuso la providencia impugnada, declaró no probadas las excepciones de pago e inadmisible la de falta de título, negó el levantamiento de la medida cautelar y ordenó la liquidación del crédito, al tiempo que señaló la suma de $18.205.000.oo como agencias en Derecho.

De esta actuación, a manera de irregularidades advertidas, destaca el A quo que el recurso de reposición debe generar la suspensión de los términos respecto de las excepciones, las cuales solo deben tramitarse y resolverse una vez se encuentre en firme el auto de mandamiento de pago y vencido el término para proponerlas (art. 120 C. P. C.). En este caso, las excepciones propuestas fueron resueltas simultáneamente con el recurso de reposición y sin haberse decretado ni practicado las pruebas solicitadas por la demandada con las que perseguía acreditar el pago de la obligación. Destaca también que a pesar de la decisión adoptada, el apoderado de la demandada ningún recurso interpuso a fin de que no fueran vulnerados los derechos de su poderdante.

El 20 de abril de 1990 en informe sin firma de la Secretaría se liquida el crédito incluyendo el valor del capital y una suma por concepto de intereses sin indicar la tasa tenida en cuenta para ese efecto, todo lo cual llegó a la suma de $ 259.360.368.06.

Posteriormente el apoderado de los demandantes, en fecha no especificada, solicita llevar a cabo embargo de remanentes, de dineros incluidos en el Presupuesto General de la Nación y de Acciones. Las diligencias ingresan al Despacho el 30 de abril, en informe secretarial que carece de firma.

En esta última fecha se decretan las medidas cautelares solicitadas por el demandante, omitiéndose el cumplimiento de la diligencia de juramento de que trata el artículo 101 del Código de Procedimiento Laboral.

También, sin siquiera esperar el cumplimiento del término de ejecutoria de la determinación anterior, notificada por estado el 2 de mayo de 1990, en esta última fecha fueron expedidos los oficios en “actuación que es a todas luces improcedente e irregular”.

El 8 de mayo, el apoderado de los demandantes solicita se requiera al Tesorero General de la Caja para que cumpla la orden de embargo de dineros dictada en contra de la demandada; el siguiente día, las diligencias ingresan a despacho y en esa misma fecha el funcionario acusado mediante auto de cúmplase expide la orden demandada, librándose ese día el oficio respectivo.

El 21 del mismo mes, el apoderado de los demandantes solicita desembargo del presupuesto y en su remplazo el embargo y secuestro de títulos valores, certificados de depósito, y cheques que posea la Caja Nacional de Previsión, así como la “acumulación para que la diligencia se lleve a cabo con un solo despacho comisorio que debe abarcar los procesos 30105, 30511, 30522 y 30981”

Las diligencias ingresan al Despacho el 24 de mayo de 1990, fecha en la cual mediante auto de cúmplase, no obstante la improcedencia de la petición cuando se relaciona con procesos distintos de aquél en que ella ha sido hecha, se accede a lo solicitado limitado el embargo a la cantidad de $935.187.114.27, y ese mismo día se emite el oficio respectivo. Con esta conducta, sostiene el Tribunal, se dejaron de aplicar las previsiones de los artículos 101 del C. P. del T., y 513 y 531 del C.P.C.

La actuación posterior que se observa hace referencia al cumplimiento de la medida de embargo y al acta de la diligencia de entrega de dineros al doctor MARCO ANTONIO MANZANO en relación con ejecutivos identificados con los números 30105, 30511, 30981 “es decir, que a partir de la medida de embargo se observa que se acumularon y pagaron los procesos referidos en el acta de entrega, siendo ello un procedimiento inconducente y anormal” según acota el A quo.

Similares irregularidades se predican ocurridas en el trámite de los procesos 30105, 30522, 30511, 31827, 29937, 30241, 30402, 31784, 31172, 31128, 32210, 29934, 29690, 32207, 29827, 30377, 31716, 31170, 30376, 31401 y 30267.

4.3.2.- En el acápite dedicado al “resumen”, el Tribunal comienza por advertir que comparte la motivación expuesta por el Fiscal Delegado ante la Corte, cuando decidió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución acusatoria proferida contra LUIS ALVARO SANCHEZ, OMAR CABRERA POLANCO, y LUIS HENRY TRUJILLO SANCHEZ, dentro del proceso 9797 A, en donde se anuncia que los $150.503.167.32, “corresponden a la totalidad de las sumas que se intentaron cobrar, independientemente que efectivamente se debieran parcialmente a los pensionados, porque la ilícita apropiación se derivaría de la ilegalidad del procedimiento de cobro, en atención a que no existió ningún título que prestare mérito ejecutivo, y por consiguiente no era posible apropiarse de esos dineros recurriendo a acción de esa naturaleza”.

En ese sentido se sostiene en el fallo, que, salvo uno, ninguno de los títulos allegados como fundamento de las acciones ejecutivas reúne los mínimos presupuestos de forma para poder ser considerados exigibles, pues no hay certeza de su ejecutoria y tampoco figura acreditado el cumplimiento de las condiciones establecidas en cada una de las citadas resoluciones.

Con la demanda, presentada con base en dichos documentos, que “no son títulos ejecutivos por no reunir los requisitos de forma”, se pretendió cobrar judicialmente obligaciones que no constan en ninguno de los citados documentos, toda vez que en ellos no aparece pactada ninguna clase de intereses.

A la demanda inicial no se le dio el trámite correspondiente previsto por el Código de Procedimiento Civil, vigente por entonces, y se incurrió en errores y omisiones dolosas tales como la falta de notificación del auto que ordenó al abogado prestar juramento, no recibirse dicho juramento, y adicionalmente aceptarse correcciones y adiciones a la demanda sin observar la oportunidad procesalmente prevista para ello, y sin haber librado el primer mandamiento de pago.

Al concretar el cúmulo de irregularidades advertidas dice que “se amañó al antojo” toda la actuación con un procedimiento que no correspondía en el C. P. del T. y en el C. de P. C., que siendo normas de orden público eran de perentorio cumplimiento, lo cual no se observó en ninguna de las actuaciones. Dentro de ese procedimiento sustancialmente irregular y desviado se libraron mandamientos de pago, se aplicó un procedimiento totalmente anormal, frente a excepciones propuestas y a pruebas pedidas que ni siquiera se decretaron y practicaron como es el caso de las inspecciones judiciales solicitadas; en defecto, oficios que tampoco se libraron, con el ítem por demás extraño de que la parte demandada ni siquiera recurre tales providencias ni tampoco las providencias que le niegan las excepciones; dentro de ese trámite “amañado” también se observan actos de liquidación de créditos, sin especificar conceptos ni tiempos al cual corresponden los cobros, como tampoco especificar tasa de interés. Ahora, la parte demandante sin mayor esfuerzo procede a allanarse como ocurrió, entre otros, en el proceso 31.827, impulsado por LUIS HENRY TRUJILLO; 31784, impulsado por Guillermo Preciado Lorduy; 31716 por Elsy Miranda de Miranda y el 31401 por Guillermo Preciado Lorduy.

Siguiendo con el procedimiento ajeno al establecido en la ley, resalta el A quo que para obtener los dineros de la demandada y entregarlos al demandante, se acudió a la extraña figura de la acumulación de embargos, con lo que no se respetó la autonomía de cada uno de los juicios “como el caso de acumular en un solo embargo actuaciones de cuatro procesos, proceso 30105, 30522, 3981, 30511, independientes, aplicando una acumulación de embargo que en la ley laboral no existe, lo que motivó la investigación de carácter disciplinario y penal y que gracias al valor civil de Jairo Emiro González Forero, empleado del Juzgado 40 Civil Municipal, cuya titular practicó esa diligencia, y que igualmente fue destituida, quien dijo a la justicia todo lo que había visto el día de la diligencia de embargo llevada a cabo en las instalaciones de la Caja Nacional de Previsión y en donde se secuestraron títulos valores que alcanzaron la suma de $941.380.434.24, testigo que terminó con la gran farsa orquestada por los abogados y el juez”.

Estos “engendros de procesos”, en criterio del Tribunal condujeron al descalabro financiero de la Caja Nacional de Previsión Social y sus efectos fueron sentidos por los propios pensionados, pues a los dineros sobrantes se les dio un destino totalmente improcedente y “amañado” al punto de no haberse respetado siquiera “las mismas decisiones contenidas en los procesos cuando decretaban desembargos”.

Se asegura en el fallo impugnado que el Juez acusado no podía ser invitado de piedra en el trámite de los procesos a su cargo, ni debió haber dejado en manos de las partes el proceso mismo. También, que de la actuación llevada a cabo, surge que el funcionario no decidió con legalidad y en justicia, y que violó no solamente los aspectos formales o procedimentales sino los sustanciales o de fondo, pues “todas las decisiones que se tomaron en todos los procesos se presentan como manifiestamente ilegales e injustas. Aquí se observa que no se trabó el contradictorio ni se legitimó el carácter dialéctico de la actuación”.

De la prueba recaudada establece el Tribunal “un juicio de intenciones dolosas y se ve la proclividad a defender oscuros intereses en forma irredimible”, toda vez que en el trámite de los veintidos procesos ejecutivos, el juez “se abstuvo de resolver en forma legal en todo el círculo que actuó bajo el impulso de un interés particular, de los abogados y a la vez de interesado en el asunto, vulgarizando en esta forma las actuaciones judiciales y los conceptos jurídicos según el interés suyo y de los otros partícipes”.

El Juez Sánchez, indica el Tribunal, tenía el “codominio” del hecho ya que era presupuesto indispensable para lograr el éxito del plan trazado, el cual sin su participación no podía lograrse, ya que dada su larga experiencia como intérprete y aplicador de la ley, sabía cuál era la forma establecida para impulsar los procesos a su cargo.

Totalizando los rubros de capital, intereses y agencias en derecho, concluyó el Tribunal que el Juez Sánchez entregó viciadamente a los demandantes la suma $3.436.620.972.65 y que , con excepción del los procesos números 31172, 31784, y 31827, liquidó los intereses a una tasa del 18% anual frente al 6% correspondiente al interés legal, alcanzando una diferencia de $1.426.666.243.34.

En relación con el tema de los intereses, el fallo destaca que en los procesos a cargo del Juez Sánchez y por cuyo trámite irregular se le ha acusado, por la misma entidad de los títulos esgrimidos como fundamento de las demandas, no era exigible ninguna clase de interés.

En ese sentido señala que el objetivo primordial del proceso ejecutivo es “la ejecución y obtención de una obligación emanada de un derecho reconocido en un título” sea que éste provenga de actos administrativos o sentencias, y que “los títulos ejecutivos son aquellos que contienen obligaciones que cumplen con los requisitos establecidos en el art. 100 del C. P. del T., en concordancia con el art. 488 del C. de P. Civil”, esto es que contengan obligaciones claras, expresas y exigibles, o en otras palabras, derechos ya reconocidos no solamente expectativas de ellos.

Entiende el juzgador de primer grado, de acuerdo con ello, que la obligación de pagar sumas de dinero, debe estar contenida expresamente en los títulos cuya ejecución se demanda, independientemente de la fuente que les da origen, pues si allí no se determinan, no constituyen ningún tipo de obligación.

Por tratarse en este caso de resoluciones en las cuales se reconocen pensiones y se establecen condiciones para su pago, “será exigible únicamente la obligación contenida en cada una de las resoluciones, previo el cumplimiento de las condiciones que cada resolución establezca; esto es, si se reconoce una pensión o el reajuste a esa pensión únicamente podrá cobrarse como obligación esa pensión o ese reajuste previo el cumplimiento de requisitos que contiene cada resolución como son en algunos casos el acreditar el retiro del servicio, la supervivencia, etc., aspectos éstos que deben cumplirse al tenor de lo dispuesto en el art. 440 del C. de Procedimiento Civil y en la forma que en dicha normatividad se establece para demostrar el cumplimiento de la condición”.

Se sostiene asimismo que si lo cobrado es la diferencia con respecto al reajuste pensional, “no solamente basta con establecer la diferencia sino que debe acreditarse lo efectivamente pagado por el ente demandado; de no hacerlo así, el reclamo que se haga adolece del requisito de falta de claridad. Aspectos éstos inobservados en cada uno de los procesos objeto de revisión por parte de la Sala y determinados al hacer su análisis”.

Seguidamente el Tribunal critica las respuestas brindadas por el doctor LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ en la diligencia de audiencia pública y formuladas en relación con el proceso ejecutivo número 30511, las cuales guardan relación con los 22 procesos restantes.

También se indica por el fallador que de conformidad con las previsiones del artículo 25 del C. P. del T., cuando se presenta una demanda ejecutiva lo primero que debe hacer el juez es determinar si reúne los requisitos de forma, pues de no cumplirse éstos, debe devolverse o en su defecto conceder un término para que sean reunidos; y si la demanda los reúne, una vez vencidos los términos que la ley otorga, el juez debe entrar a pronunciarse sobre el mandamiento de pago que se le solicita proferir, momento en el cual debe determinar si el título que se le presenta presta o no mérito ejecutivo. Por esto considera que las respuestas otorgadas por el procesado no consultan el procedimiento laboral, dado que si la demanda no cumple los requisitos de forma para poder ser objeto de estudio, no resulta lógico reconocer personería al apoderado y ordenar actuaciones, cuando lo procedente era disponer su devolución para que los defectos fueran subsanados.

En la demanda presentada a nombre de ANA MORALES DE VARGAS, no se indicó expresamente el concepto por el cual se cobraba la suma de $ 935.740.55, siendo éste un defecto formal que el procesado doctor LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ pasó por alto, sin que pudiera saberse si lo demandado era un reajuste o una mesada pensional, mucho menos el lapso que comprendía, o que los valores allí relacionados correspondían a los reclamados a nombre de ANA MORALES DE VARGAS.

Cuando se le pregunta la razón por la cual si el documento original de la resolución aportada por ANA MORALES DE VARGAS reposa en los archivos de Cajanal, no traía constancia de autenticación y ejecutoria rubricadas por la autoridad que expidió el acto administrativo, la respuesta dice relación con una supuesta inspección judicial practicada por el Juez 13 Civil Municipal de Bogotá, funcionario que figura autenticando el documento, sin embargo ni en la demanda, el título, o en anexo de los allegados al proceso, aparece constancia de haberse efectuado inspección judicial “y en materia de títulos ejecutivos, no hay presunciones, los actos de autenticación y ejecutoria deben emanar con una claridad absoluta que no admita duda y dé plena certeza, para poder exigir el derecho que en tales documentos se incorpora”.

Al serle preguntado al acusado, sobre el procedimiento para corregir y adicionar demandas, y su oportunidad para antes del 1º de junio de 1990, y los motivos por los cuales no se dio cumplimiento a las previsiones del artículo 89 del C. de P. Civil, la respuesta no es concreta ni corresponde a aquello que tal norma prevé en el sentido de que la posibilidad de reformar la demanda se presenta a partir de la notificación del auto admisorio “que para el caso que nos ocupa es el auto de mandamiento de pago” y hasta antes de notificarse el auto que decreta pruebas en el incidente de excepciones previas, o, en su defecto, en el que las decrete en el proceso, lo que no se cumplió en este caso porque la presentación del memorial de corrección y adición se hizo sin haberse siquiera proferido el mandamiento de pago respecto de la demanda inicial.

Pero no obstante esta falta de oportunidad que impedía aceptar la adición y corrección presentada, el juez libró mandamiento ejecutivo tomando en cuenta las resoluciones allegadas, cuando ha debido disponer su rechazo por cuanto tampoco los conceptos cobrados estaban especificados en forma clara y precisa. Además, el sello que indica su ejecutoria, carece de la firma del funcionario que debió dar fe del acto. Y “la segunda parte de la respuesta que hace referencia a las atribuciones de la demandada y a los recursos que podría haber empleado en caso de equivocación en el análisis del título, es un argumento que debió considerarse por dicha parte demandada, pero que no es permisible en el momento procesal donde un juez determina si el título ejecutivo presentado reúne o no los requisitos para ser aceptado. Ello no justifica un error de apreciación puesto que frente al análisis de ejecutoria la certeza es un factor definido de la simple observación del documento”.

Cuando se pregunta la razón por la cual en auto proferido el 1º de noviembre de 1989 mediante el cual libra mandamiento de pago, dice “más los intereses solicitados” y que concrete la clase de intereses a los que se refiere, el acusado hizo referencia a los intereses corrientes sin sustentar su respuesta ni la tasa a aplicar en cada caso particular, a lo cual agrega el Tribunal que el título es el que contiene y genera la obligación de cobrar y el pacto de intereses debía estar contenido en él o provenir de una condena impuesta en un proceso ordinario, “puesto que si no se pactan intereses no es viable su cobro y en nuestra legislación para el tipo de obligación que se cobra: mesadas pensionales o reajuste en las mismas, existe norma precisa que regula el punto, cual es la Ley 10 del 72, luego, no es permisible reconocer interés cuando la ley precisa el tipo de indemnización que corresponde a la obligación objeto del título ejecutivo”.

El Juez en lugar de efectuar las liquidaciones para cada uno de los demandantes a fin de establecer el valor total reconocido, trasladó dicha responsabilidad en alguno de sus subalternos, lo cual resulta inadmisible.

Con “velocidad cibernética”, en un mismo día, 1º de noviembre de 1989, se llevaron a cabo los actos de entrada al Despacho del expediente, proferimiento del auto por medio del cual se reconoce personería al apoderado, se ordena tomarle juramento y notificarlo personalmente, se toma el juramento, se produce un informe secretarial y se emite auto de mandamiento de pago, respecto de lo cual no se obtuvo respuesta satisfactoria dado que todas esas actuaciones no podían ser cumplidas en forma simultánea sin haber sido notificado el auto que las dispone, conforme es preceptuado por los artículos 41 y 101 del Código Procesal del Trabajo. Como tampoco se observa que hubiese existido renuncia a términos “la actuación emitida es abiertamente ilegal, irregular e injusta, porque violó el recto y leal ejercicio de sus funciones en razón a que existen precisos deberes ‘entre ellos el compromiso supremo de la imparcialidad’”.

El acusado no explicó satisfactoriamente sobre las razones por las que el auto mediante el cual se resolvieron las excepciones previas, fue emitido en copia al carbón, pues dado la distinta temática y actividad probatoria que abarcan los procesos ejecutivos no resulta viable hacer generalizaciones y resolverlos todos del mismo modo.

Cuando la demandada propuso excepciones y solicitó la práctica de pruebas, a falta de un aporte concreto considera el Tribunal que el juez debió “decretar como mínimo las pedidas al proponer la excepción, máxime si se tiene en cuenta que no todo el material probatorio se encontraba en poder de la demandada, sino que era necesario solicitar certificaciones de otros despachos judiciales para establecer los pagos efectivos para cada uno de los demandantes, que en los procesos revisados era en su mayoría de un número considerable, en su defecto, o sea, en caso de no decretar las pruebas como en efecto ocurrió en estos procesos, debió explicarse el motivo y proceder a decretar las que oficiosamente considerara el funcionario para establecer la verdad real de la controversia y no como al efecto actuó, cercenando etapas procesales que fueron en detrimento de los derechos invocados por la demandada”.

Prosigue indicando que el funcionario no solamente debió decretar las pruebas pedidas por la Caja Nacional de Previsión, sino de oficio determinar exactamente qué era lo pagado y debido por la parte demandada, conforme tal posibilidad la establece el artículo 54 del C. de P. Laboral, sin que tampoco pueda alegarse que hubiese habido deficiencia probatoria de la demandada dado que su petición ni siquiera fue considerada por el funcionario.

El Juez no dio aplicación a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 38 de 1989 sobre la inembargabilidad de los dineros del Estado allí determinados, no obstante que la citada disposición se encontraba vigente para los años de 1990, 1991 y 1992, fue declarada exequible por la Corte Suprema de Justicia en sentencia No. 44 de marzo 22 de 1990 con ponencia del Magistrado JAIRO DUQUE PEREZ, en aras a proteger los recursos económicos y el presupuesto del Estado sobre los derechos de los trabajadores vinculados al mismo y esto fue puesto en conocimiento del funcionario quien a pesar de ello insistió en que los secuestros se llevaran a cabo.

Esta situación, precisa el A quo, es bien distinta a partir del año 1992, por razón del pronunciamiento de la Corte Constitucional, según el cual son embargables los dineros del Estado para cubrir obligaciones de tipo laboral, ”pero allí se condiciona a lo dispuesto en el art. 177 del C. C. A. es decir, a cumplir las condiciones allí determinadas respecto del tiempo para exigir las obligaciones contenidas en actos administrativos”.

Y agrega que el funcionario no podía decretar embargos sobre dineros respecto de los cuales no tenía certeza de que pudieran ser objeto de la medida, pues la carga de la prueba no solamente corresponde a la parte demandada sino a la demandante que no acreditó la posibilidad de que fueran embargados.

Independientemente que para la liquidación del crédito se faculte al secretario del Despacho o a alguna de las partes, conforme el procedimiento establecido con anterioridad al 1º de junio de 1990 y con posterioridad a esa fecha, según el caso, de todas maneras aunque en el traslado las partes guarden silencio, “ello no implica que el juez deba ciegamente impartir aprobación, pues él no es convidado de piedra, se repite hasta la fatiga, en el trámite como director del proceso y conserva la facultad de revisar y precisar lo que fuere pertinente respecto de la liquidación puesta bajo su examen; liquidación que debe estar acorde y cumplir los parámetros contenidos en el mandamiento de pago de que se habló anteriormente”.

También observa el A quo que a la liquidación del crédito practicada el 23 de marzo de 1990 se le dio trámite por el funcionario sin contar con la firma de la Secretaria, a quien el artículo 521 del Código de Procedimiento Civil adscribe dicha función. Del mismo modo, que la liquidación del crédito no es clara, no señala el período por el cual se cobran intereses, no se indica el tiempo que corresponde al capital cobrado, ni se precisa la tasa que se aplica.

Advierte asimismo el Tribunal que el Juez acusado tenía la obligación establecida por el artículo 498 del C. de P. Civil de señalar en el mandamiento de pago la tasa de interés que se aplica a la obligación cuya ejecución se demanda, la cual incumplió no obstante su perentoriedad, que a pesar de la periodicidad mensual de las obligaciones demandadas, no se liquidó de esta manera sino que se aplicó la tasa de interés a todo el período adeudado.

Cuando se interrogó al acusado respecto de la norma que autoriza la acumulación de embargos en procesos que aunque se tramiten en el mismo Despacho, tienen vida independiente, hizo una mezcla intencional entre lo que es acumulación de demandas ejecutivas, figura regulada por los artículos 539 y 540 del C. de P. C., adición o corrección de demanda y acumulación de pretensiones. Lo que hizo fue una acumulación de embargos sin haber acumulado previamente los procesos ejecutivos. Tampoco explicó la razón por la cual hizo entrega de dineros al apoderado de la demandante en el proceso 30511 sin haberse aprobado la liquidación del crédito y sin auto que la ordenara.

El Tribunal cuestiona la respuesta dada por el juez acusado, a una pregunta que se le formula, relacionada con el proceso ejecutivo laboral 31739 de que se ocupa la acusación contenida en el proceso 9797 A, según la cual la entidad demandada presentó en apoyo de las excepciones propuestas un principio de prueba del pago de las obligaciones, y sin embargo, estos medios no fueron tenidos en cuenta por el funcionario.

En relación con las respuestas dadas por OMAR CABRERA POLANCO sobre el interrogatorio formulado con ocasión de las acusaciones de que tratan los procesos 9797 A y 3826 D, destaca el sentenciador de primer grado que en la audiencia reconoció haber presentado otras demandas y que antes de hacerlo estuvo pendiente en identificar las cuentas corrientes en las cuales la Caja Nacional de Previsión tenía sus recursos, y el concepto por el cual estaban allí consignados y posteriormente hacer valer esas diligencias dentro de las peticiones de embargo en los procesos instaurados por él y por sus abogados sustitutos.

Con esto, según el Tribunal, no solo acepta haber recibido los poderes de sus clientes sino haber instaurado demandas y hecho valer en otros Despachos la diligencia de inspección judicial realizada a instancia suya. También que su sustituto, el doctor MANZANO VASQUEZ, conoció y aceptó dicha diligencia, lo que es explicado por el hecho de haber sido exhibida.

Replica a la defensa que la ausencia de certeza sobre la ejecutoria en las resoluciones base de la acción ejecutiva, la ausencia de certificación sobre lo recibido por cada demandante, la falta de claridad en las resoluciones en el sentido de haber sido pagadas ejecutivamente, o por la vía administrativa, la ilegitimidad de algunas de ellas, no haberse acreditado la supervivencia y la fecha de retiro, la falta de la diligencia en la cual un funcionario distinto realizó la de autenticación, son circunstancias que conducen a indicar que para la fecha en que tales documentos fueron presentados ante el Juzgado, no reunían los requisitos para considerárseles como títulos ejecutivos no empece lo cual se les dio trámite por un procedimiento que no corresponde al establecido en la ley, se admitió la adición de demandas y posteriormente fueron librados mandamientos de pago que llevaron a la liquidación y cobro de intereses cuyas tasas jamás se determinaron para ninguno de los casos y generaron también actos de embargo acumulado, dinero éste, obtenido de modo abusivo e irregular.

El procedimiento adelantado para la ejecución fue sui generis, ya que el establecido para estos casos no se cumplió, pues de haberlo sido, se habría dado oportunidad a la demandada de defenderse, y el funcionario estaba en la obligación de practicar las pruebas que se le solicitaron. Tampoco puede pensarse que la diligencia de inspección judicial practicada durante la audiencia pública, revalida el contenido de la totalidad de las resoluciones aportadas pues no es este acto el que da validez a esa documentación.

Al juez no le era permitido decretar el embargo de bienes y rentas incorporadas al presupuesto general de la nación, de conformidad con las previsiones de la Ley 38 de 1989, Decreto 2980 de 1989, y art. 513 del C. de P. C. modificado por el Decreto 2282 de 1989, debiendo por tanto verificar si los dineros cuya aprehensión era solicitada, se encontraban en dichas circunstancias.

El Tribunal no cuestiona que no deban ser sujetas a reconocimiento de intereses las mesadas pensionales o sus reajustes, menos a partir del 1º de enero de 1994, dado que el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 los estableció para el caso de incurrirse en mora.

La incriminación contra el doctor SANCHEZ RODRIGUEZ estriba en que con anterioridad al 1º de enero de 1994 no existía ninguna disposición que expresamente reconociera intereses a este tipo de obligaciones, no quedándole otro camino al funcionario que revisar lo que expresamente contenía cada uno de los títulos ejecutivos aportados para establecer que “la pretensión carece del requisito fundamental de exigibilidad consagrado para los títulos”, y si esto es así, el juez, tomando en cuenta criterios externos al título, no podía llegar a la conclusión de la necesidad de reconocer intereses.

“No es que se considere que no procedía el reconocimiento de los intereses para las pensiones antes del 1º de enero de 1994; esto sería viable si se obtuviera en forma legal, no a motu proprio, es decir si esa pretensión de reconocimiento de intereses se hubiese discutido en un proceso de tipo declarativo y como resultado para cada uno de los procesos se llegare al reconocimiento de esa pretensión o de una más justa como es la indexación”.

En cuanto a la liquidación del crédito, el Tribunal concluye que el hecho de haber guardado silencio las partes durante el término de traslado, no autorizaba a que el juez le impartiera ciega aprobación, pues en las liquidaciones realizadas por el Juzgado no se indicó el período o períodos a que correspondía la liquidación, ni la tasa de interés aplicada. Pero cuando las liquidaciones fueron objetadas alegando pago de la obligación o la aplicación de los intereses legales, inferiores a los reconocidos, inmediatamente la parte demandante se allanó a tal solicitud, como así lo hizo LUIS HENRY TRUJILLO SANCHEZ, siendo esto aceptado sin ningún cuestionamiento por el juez.

Las agencias en derecho fueron fijadas por el juez de manera excesiva, si se toma en cuenta que además de reconocerse las pretensiones de cada demandante, también su cálculo se hizo con la liquidación de unos intereses no exigibles.

No obstante contar el Juez con la facultad de decretar pruebas de oficio, o de practicar diligencia de inspección cuando se presenten graves o fundados motivos para aclarar hechos dudosos, según los artículos 54 y 55 del C. de P. L., no tuvo en cuenta excepciones distintas de la de pago y cuando esta excepción le fue alegada, tampoco decretó las pruebas que se le pidieron para establecer los pagos efectuados por concepto de la deuda reclamada judicialmente.

Las resoluciones expedidas por la Caja Nacional de Previsión Social, contenían notas marginales en donde constaban pagos y actos de ejecutoria, las cuales, además de carecer de firma, le quitaban claridad y exigibilidad como títulos ejecutivos no pudiendo, por tanto, ser tenidos como tales.

Si bien en las resoluciones se hace la operación aritmética para establecer el reajuste causado, no indican la diferencia entre lo reconocido y lo efectivamente pagado por la demandada, siendo este, otro de los motivos por los cuales dichos actos administrativos carecían de claridad, como igual sucedió con las resoluciones desglosadas de otros procesos laborales en los cuales ya se había efectuado el pago.

4.3.3.- En el numeral que el fallo dedica a la culpabilidad y responsabilidad de los acusados, el sentenciador hace las siguientes precisiones.

4.3.3.1. Proceso 3557C.

4.3.3.1.1. Se encuentra probado, que el doctor LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ, en su calidad de Juez 4º Laboral del Circuito, se apartó de los postulados de la ley, “en franca y abierta contradicción con ellos, e incluso con la interpretación de la ley, decidió condenar a la Caja Nacional llevándose de un tajo las ritualidades que se exigían para llegar a esa determinación al inobservar las reglas del procedimiento laboral y civil que como se ha visto son de orden público”.

4.3.3.1.2.- Ejerció la judicatura contra la ley en lugar de ejercerla conforme a ella; sus decisiones generaron inseguridad jurídica; selectivamente siguió las mismas reglas en cada uno de los procesos, en los cuales lo que se vio fue la demanda y oferta judicial, lesionando varias normas de orden público en procesos donde no había nada que definir por cuanto ya todo estaba establecido de antemano, pues reinó la prevaricación consumando el resultado de generar una cuantiosa defraudación mediante procesos en los cuales estuvieron ausentes las dos fuerzas que habrían de enfrentarse.

4.3.3.1.3.- En ese proceso no se trabó la litis pues no empece haber sido notificada la demandada, ese acto fue irrelevante por cuanto los abogados de la Caja no actuaron en defensa de ella sino que a su antojo omitieron cumplir los deberes que les correspondía en cada uno de los procesos.

4.3.3.2.- Respecto del delito de prevaricato, advierte el Tribunal que se inició a partir de la presentación de aproximadamente 972 demandas, que no cumplían los requisitos de orden legal y a las cuales se le aplicó un trámite que no correspondía tanto para las demandas iniciales como para las correcciones o adiciones, violándose lo dispuesto en el artículo 89 del C. de P. Civil para buscar el objetivo final que no era otro que el beneficio del funcionario y los abogados demandantes, adoptando en todos los procesos decisiones manifiestamente ilegales e injustas, no obstante ser juez de reconocida competencia en el ejercicio del cargo.

4.3.3.3.- En referencia al delito de prevaricato por omisión, advierte el a-quo que una vez fenecidos los procesos ejecutivos laborales identificados con los números 30511, 30105, 30522, 30981, 31270, 31784, 29690, 31401, “y otros”, en donde se dio por el juez la orden de desembargo de dineros y entrega a la demandada, no podía darle a estos recursos un destino diferente sin transgredir lo dispuesto por los artículos 104 del C. P. del T., 513 y siguientes, y 537 y 543 del C. de P. Civil.

4.3.3.4.- Respecto del peculado que se le imputa, se precisa que el doctor LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ tenía la calidad de servidor público, y ejercía la función de vigilancia y control de los bienes estatales, y, con la disponibilidad jurídica de los mismos, de manera abusiva ordenó su entrega a los abogados demandantes quienes se apoderaron de ellos en beneficio propio y ajeno.

Del mismo modo que “entre el juez y los abogados demandantes se estableció un automatismo conforme al cual quien recibe dinero no tiene necesidad de pedirlo y quien lo entrega tampoco espera que se lo pidan”, generando un fabuloso enriquecimiento de las partes comprometidas en el ilícito, apropiándose de la suma de $3.436.620.972.65

Por esto, el peculado por apropiación múltiple agravado, tuvo realización en los veintidós procesos ejecutivos en cuantías que superan los quinientos mil pesos.

4.3.3.5.- En referencia al delito de concierto para delinquir, advierte que los delitos perpetrados por los acusados, por la forma en que se llevaron a cabo, programados para su ejecución, indican que predominó la intimidad de sus autores, la cohesión y la solidaridad, uniendo esfuerzos, compartiendo enfoques y proponiéndose alcanzar metas comunes, en experiencia que les reportó buenos dividendos “que se tradujeron en enriquecimiento a unos pocos y un empobrecimiento correlativo de los demás”.

”En resumen, hubo una mayor facilidad en la ejecución con gran serenidad, sin ninguna posibilidad de riesgo para el ejercicio material del acto; tanto el juez como los abogados demandantes, abonados, se repite, a que la Caja no tenía eficaz protección, reacción o defensa, de parte de sus abogados y de quienes se esperaba el cumplimiento de sus deberes legales que le eran exigibles, lo que facilitó la producción de los resultados lesivos”.

4.3.3.6.- En el capítulo del fallo que el Tribunal titula “Falsedad ideológica”, encontró acreditada la certeza del hecho punible y la responsabilidad del doctor LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ por haber consignado en autos proferidos el 14 de diciembre de 1990; 30 de enero, 13,14, y 15 de marzo, 9 y 24 de abril, 17 y 28 de mayo, todos de 1991, saldos de dinero disponibles, distintos e inferiores a los que realmente existían, dando lugar posteriormente a su embargo en otros procesos que curiosamente cursaban en ese mismo Despacho judicial.

4.3.4. Proceso 9797A.

Considera el Tribunal que la decisión ya advertida frente a la conducta realizada por el Juez Sánchez, ha de ser de igual sentido por razón de las ilicitudes imputadas por el trámite del proceso ejecutivo No. 31739, dado que él, y los abogados OMAR CABRERA POLANCO y LUIS HENRY TRUJILLO SANCHEZ, “siguieron los mismos lineamientos en lo que respecta a estas modalidades delictivas”, pues, “donde existe la misma situación de hecho, debe imponerse la misma condición de derecho”.

El doctor LUIS ALVARO SANCHEZ explicó en sus descargos que como Juez debió tomar una actitud pasiva en el proceso, pues dado el carácter dispositivo del mismo sólo interesaba a sus protagonistas. Por esto, limitó su actuación a resolver lo que aquellos le pidieran. En respuesta a esta postura, el Tribunal indica haber sido demostrado que las decisiones adoptadas por el acusado comportan claros supuestos de incompatibilidad manifiesta con lo que la Ley ordena, pues en ese, como en los otros veintidós procesos, lo que hizo fue un menú de interpretaciones.

En cuanto a OMAR CABRERA POLANCO y LUIS HENRY TRUJILLO, señala el a quo que para estos dos abogados subsiste la imputación como determinadores, pues no hubo exclusiva iniciativa del funcionario acusado, sino voluntad solidaria de violar la ley previo acuerdo.

Comparte en ese sentido los términos de la acusación, cuando allí se indica que ninguna de las resoluciones base de la demanda, podía ser aceptada como título ejecutivo, ni por los abogados para intentar la acción, ni por el juez para librar mandamiento de pago. Es decir, había imposibilidad absoluta de ejecutar con ellas a la Caja Nacional de Previsión.

“En cuanto a la cooperación o intervención de los abogados demandantes -prosigue el fallo-, debe considerárseles como coautores en la modalidad de determinadores, porque a pesar de no tener la condición de funcionario, de acuerdo con la teoría de la unicidad, todos los partícipes intervienen en uno solo y único delito, predicar otro comportamiento rompería “la unidad indestructible e inescindible del tipo”.

Además, el artículo 23 del C. P. permite extender los efectos de la punibilidad del tipo penal con sujeto activo cualificado, al determinador que carezca de esa calidad.

Específicamente respecto de OMAR CABRERA POLANCO, se tiene que solicitó como prueba anticipada diligencia de inspección judicial a la Caja Agraria, la que se llevó a cabo por el Juzgado 40 Civil Municipal, y que sirvió de base para el posterior embargo de la suma de $ 941.380.434.24, dentro de los procesos radicados con los números 30105, 30511, 30522 y 30981.

Tanto este procesado, como LUIS HENRY TRUJILLO tomaron activa participación en las gestiones preliminares para recaudar pruebas anticipadas como la expedición de resoluciones administrativas que no corresponden a las incorporadas en la diligencia de inspección judicial practicada durante el juicio.

Dada su cooperación de acuerdo al plan trazado, resulta indiferente que OMAR CABRERA figure o no actuando en los procesos, toda vez que su participación fue activa en las gestiones preliminares de los mismos, autorizó que LUIS HENRY TRUJILLO se allanara en algunos de ellos, y recibió una cuantiosa suma de dinero al terminar la actuación.

La tentativa de peculado de que se acusa a estos dos abogados no es supersticiosa, imaginaria o legendaria, pues realizaron actos que objetivamente deberían producir el resultado descrito en el tipo, pero dados los insuperables obstáculos no lograron su consecución.

El comportamiento realizado por LUIS HENRY TRUJILLO no puede ser ajeno a los ilícitos de que se le acusa, pues en su contra subsiste pluralidad de hechos indicadores debidamente demostrados que convergen a demostrar su responsabilidad, pues actuó como apoderado de FANNY TORCOROMA MUÑOZ SARMIENTO dentro del proceso ejecutivo No. 31739, allegando copia de la resolución 732 autenticada por la Caja Nacional, con sello de ejecutoria defectuoso y expedida a solicitud de OMAR CABRERA POLANCO. Posteriormente, sin haberle sido notificado el auto mediante el cual se le reconoce personería, adiciona la demanda solicitando mandamiento de pago en favor de quince demandantes adjuntando resoluciones que ostentan defectuosas constancias de ejecutoria y sin acreditar la supervivencia del beneficiario. A pesar de proferir autos que ordenan su notificación ello no fue cumplido. Contra el mandamiento de pago, la Caja, por conducto de su apoderada, interpuso recurso de reposición, excepción de pago parcial en unos casos, y de prescripción en otros, al tiempo que solicita pruebas, peticiones todas que le fueron negadas por el Juez con argumentos que el tribunal califica como “deleznables”.

LUIS HENRY TRUJILLO SANCHEZ presentó la liquidación del crédito por el valor del capital perseguido, los intereses y las agencias en derecho, sin indicar los lapsos cobrados o la tasa de interés aplicada por él, y usurpando la función de la Secretaría en cuanto a las costas, liquidación que no empece la objeción presentada por la demandada, fue aprobada por el funcionario y, a pesar de no contar con titulo judicial alguno, ordena su entrega al demandante.

Seguidamente el Tribunal se ocupa de hacer una crítica a las respuestas suministradas por TRUJILLO en el acto oral de juzgamiento, las que encuentra ausentes de razonabilidad, coherencia, credibilidad y lógica explicación de sus dichos y, frente al desistimiento de la conducta, propuesta por la defensa, responde el Tribunal que la interrupción del curso causal obedeció al cambio de funcionario, y fue esto lo que impidió la entrega indebida de dinero, no a una conducta individual del procesado.

4.3.5.- Proceso 10672A. (Enriquecimiento Ilícito).

Inicia por advertir que el contenido del anónimo con que se dio inicio a la averiguación, es cierto, según lo confirman los experticios contables, en especial el presentado por la Procuraduría General de la Nación, el cual acoge frente al elaborado por el CTI, por ser más completo el primero, según se afirma en el fallo.

Pasando por referirse a lo consignado en el dictamen, advierte comprobada la inexistencia de relaciones comerciales que justifiquen los movimientos de recursos que allí se indican, la presencia de testaferros sin capacidad económica, la propiedad de una sociedad ficticia (Saheroba) y el fraccionamiento de los depósitos bancarios para disimular su cuantía.

Considera el Tribunal que el procesado realizó gastos, y aumentó su patrimonio y el de su esposa en cuantía que no guarda proporción con sus ingresos y de manera no justificada, pues no probó su legítimo origen.

4.3.6.- Proceso 3826D CONTRA OMAR Y MERCEDES CABRERA POLANCO.

Comienza por advertir que la resolución enjuiciatoria se ocupa de acusarlos como determinadores de los delitos realizados con ocasión de los procesos ejecutivos números 30105, 30511, 30522 y 30981. También que los hechos a ellos imputados no son aislados ya que obedecen a la misma pauta de conducta averiguada dentro del proceso 3557C.

4.3.6.1.- OMAR CABRERA POLANCO.

En relación con este procesado, se sostiene en el fallo que sí hizo presencia física en las actuaciones llevadas a cabo, puesto que pidió la prueba anticipada que realizó el Juzgado 40 Civil Municipal y que posteriormente allegó su socio Marco Antonio Manzano.

Del testimonio de Carlos Eduardo Peinado Dulcey, colige el Tribunal que entre los abogados OMAR CABRERA POLANCO y AUGUSTO CONTI existió un acuerdo que se materializó en la entrega y su correlativo recibo de treinta millones de pesos , en relato que goza de precisión tal que incluso suministra la dirección de la oficina de este abogado al servicio de la Caja defraudada.

Además, Cabrera mantenía papelería de la Caja en su oficina, en ella se elaboraban las liquidaciones de los créditos, y contaba con empleados de la la entidad previsora a su servicio, tal el caso de RODRIGO POLANIA UNDA. Y como hubo comunidad de beneficios, resulta indiferente si el monto apropiado fue parcial.

4.3.6.2.- MERCEDES CABRERA POLANCO.

Esta procesada, sostiene el fallo, mantenía un estrecho vínculo familiar con su hermano OMAR, de quien dependía económicamente, sin que su actividad fuera ajena a la conducta de aquél ni de MARCO ANTONIO MANZANO y ALBERTO CARDENAS DE LA ROSA.

Su participación en los delitos consistió en entrevistarse con los clientes, hacerles saber de las condiciones para iniciar los procesos, pactar los honorarios, firmar los contratos, girar de su cuenta personal para cubrir lo que se canceló a ANA MORALES DE VARGAS. De esta procesada dijo FLOR MARINA, la hija de ANA MORALES que el juez le sugirió ir donde Mercedes para reclamar el dinero y prometer entregar dos millones de pesos cuando salió a la luz el escándalo.

4.3.7.- Proceso 10398 A.

Estima el Tribunal que el Juez debió negar el mandamiento de pago en el proceso ejecutivo número 30719 por haberse cobrado la mesada completa de pensión desde 1976. Libró el mandamiento de pago por las mesadas completas, no por los reajustes pensionales; además, ordenó el pago de los intereses legales cuando los solicitados eran moratorios.

Y respecto del proceso ejecutivo 30465,el A quo advierte que no obstante haber decretado el juramento del demandante, este no se llevó a cabo; también, que a pesar de obrar un informe secretarial donde se indica que la demandada solicitó una constancia sobre la liquidación de los créditos y los valores pendientes de pago, tal memorial no aparece en el expediente.

Pero como se solicitaron medidas cautelares, para cuyo decreto debía tener lugar el juramento, esto “justifica que el proceso no tuviera otra actuación subsiguiente, por lo que se le absolverá de este cargo”.

4.4.- En el capítulo dedicado al “resumen”, indica el Tribunal que el doctor LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ actuó en forma incompatible con sus funciones, pues el trámite de los procesos por los que se le acusa, “son meros engendros que sirvieron para consumar las defraudaciones, prevalido de las oportunidades proclives de su investidura”.

4.5.- El A quo individualiza la pena correspondiente a cada uno de los acusados de la manera siguiente:

4.5.1.- LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ:

Tomando en cuenta que se le acusa del concurso homogéneo y sucesivo de delitos de peculado por apropiación en cuantía superior a quinientos mil pesos en cada uno de los procesos laborales, para un total de $ 3.436..620.972.65, en concurso heterogéneo con prevaricato por acción homogéneo y sucesivo, prevaricato por omisión, concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público y enriquecimiento ilícito, el Tribunal indica la necesidad de seguir lo normado por el artículo 26 del C.P. sobre el concurso de hechos punibles y los parámetros establecidos por los artículos 61 y 67 Ibídem.

Señala que el delito que establece la pena más grave es el peculado por apropiación, consumado en relación con el proceso ejecutivo radicado con el número 31270 que alcanzó la suma de $364.582.185.75.

Y como en el pliego de cargos se consideraron las circunstancias de agravación previstas en el artículo 6 numerales 1º, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 y 13, esto “imposibilita, en el proceso de individualización judicial de la pena, partir del mínimo de sanción consagrado para el delito de peculado”.

“Por el contrario, debe precisarse que los delitos cometidos son extremadamente graves. Al ponderarse conjuntamente las referidas circunstancias debe reprocharse al exjuez el uso ilícito de su larga experiencia y la alta responsabilidad de las funciones del cargo. El funcionario amparó actividades delictivas; existen documentos, piezas de convicción que demuestran una personalidad dinámica para el pago desviado de esos dineros, acudiendo a operaciones irregulares”.

“Tratándose de un juez hay un injusto mayor y una responsabilidad más intensa si se tiene en cuenta el particular disvalor y la odiosidad social de los motivos, al haber actuado con conciencia y voluntad delictiva, desnudando un grosero sentimiento de perversidad al aprovechar las ventajas que le ofrecía su investidura”.

Por esto, concluye el A quo, “La Sala itera apenas justo y racional partir de doce (12) años de prisión, aumentado en diez (10) años, por concepto del concurso, debe tenerse en cuenta el estruendoso ‘número de hechos punibles’ (inc.2º. art. 61), para un total de veintidós años de prisión, guarismo al cual será finalmente condenado y multas de un millón de pesos ( $1.000.000.oo), a favor del Consejo Superior de la Judicatura”.

Le impuso la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por el término de diez años.

4.5.2.- LUIS HENRY TRUJILLO SANCHEZ:

Advierte que se le acusa del concurso de delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación en el grado de tentativa.

“Siguiendo las señaladas pautas, precisado ya el peculado por apropiación como el delito más grave, por la concurrencia de las agravantes deducidas al ex juez deben aplicarse a todos por igual”, según anuncia el A quo.

“Pero como se indicó, el peculado por apropiación apenas alcanzó el grado imperfecto de la tentativa, atendiendo las glosas que anteceden y la aproximación a la consumación, se partirá de seis (6) años, aumentados en tres (3) años por el concurso de hechos punibles de prevaricato por acción, por lo que en definitiva la pena principal se fija en nueve (9) años de prisión y multa de quinientos mil pesos, a favor del Consejo Superior de la Judicatura”.

Como penas accesorias le impuso la interdicción de derechos y funciones públicas por 9 años y la suspensión en el ejercicio de la profesión de abogado por tres años.

4.5.3.- OMAR CABRERA POLANCO:

Anuncia el Tribunal que a este procesado se le acusa del concurso de delitos de prevaricato por acción, peculado por apropiación en el grado de tentativa y peculado por apropiación consumado, realizados en “empresa criminal, en la que se cobraba solidariamente, en forma mancomunada y con una finalidad, cual era apoderarse de los dineros de la Caja y obedeciendo a un plan ideado que perduró por tres años en los que se obtuvo gigantesco beneficio”.

El A quo individualiza la pena partiendo de ocho años de prisión por el delito de peculado por apropiación consumado en cuantía de $ 311.840.838.57 (proceso 30511), el cual aumenta en cuatro años por efectos del “número de hechos punibles”, para una pena total de doce años de prisión y multa de un millón de pesos.

Como penas accesorias le impuso la interdicción de derechos y funciones públicas por diez (10) años y la suspensión en el ejercicio de la profesión de abogado por tres.

4.5.4.- MERCEDES CABRERA POLANCO:

Toma en cuenta el Tribunal que a esta procesada se le acusa del concurso de delitos de prevaricato y peculado por apropiación. Parte de cinco años por concepto del peculado el cual incrementa en dos años por efectos del concurso para un total de siete años de prisión y multa de doscientos mil pesos.

Como pena accesoria le impone interdicción de derechos y funciones públicas por término igual al de la pena principal.

4.6.- Dado el quantum de la pena impuesta, el a quo negó a todos los procesados el subrogado de la condena de ejecución condicional y decretó la captura correspondiente.

4.7.- En el Capítulo dedicado a los perjuicios, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1613 y 1614 del Código Civil, condenó a LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ a pagar la suma de $ 3.436.620.972.65. “más los intereses legales de dicha cantidad”, desde la fecha que se hizo entrega de cada uno de los títulos hasta cuando el pago se realice”.

Condenó a OMAR y MERCEDES CABRERA POLANCO al pago solidario con el Juez Sánchez, de la suma de $ 941.380.434.oo como parte de los $ 3.436.620.972.65.

Respecto de LUIS HENRY TRUJILLO SANCHEZ se abstuvo de condenarlo en perjuicios.

Asimismo ordenó el embargo de la suma de siete millones de pesos constituidos mediante título de depósito judicial y ordenó su entrega a la entidad ofendida.

Y, finalmente revocó la detención domiciliaria, condicionando la efectividad de la decisión a la ejecutoria del fallo.

Por último, dispuso expedir copias para la investigación de la conducta de LUIS HENRY TRUJILLO SANCHEZ dentro del proceso ejecutivo 31827. También para la investigación de la conducta de éste, de Omar Cabrera y Mercedes Cabrera Polanco, por el delito de concierto para delinquir.

5. ARGUMENTOS DE LOS RECURRENTES.

Contra el fallo de primer grado, los procesados, sus defensores y la Procuradora Once Judicial Delegada, oportunamente interpusieron recurso de apelación, el cual sustentaron en la forma por ellos escogida, salvo el caso del defensor de MERCEDES CABRERA POLANCO quien no compareció a la audiencia debiendo ser declarada desierta su impugnación.

Los argumentos de la impugnación, son, en síntesis, los siguientes:

5.1.- El procesado doctor LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ.

Parte de advertir que su pretensión apunta a la revocatoria integral de la providencia impugnada y la absolución de los delitos por los que se le condena en primera instancia.

En el capítulo que dedica a las “razones de la impugnación”, sostiene:

5.1.1.- El Tribunal se equivocó al establecer la presencia de presuntas irregularidades en los actos administrativos presentados como títulos ejecutivos y aducir que no podía haberse librado mandamiento de pago. Erró también, al afirmar irregularidades en el trámite de los procesos por los cuales ha sido investigado. Sobre ese tema hace las siguientes consideraciones:

5.1.1.1.- Sobre la defectuosa ejecutoria de los actos administrativos presentados como títulos ejecutivos, precisa el impugnante que la firmeza de un acto administrativo no se logra por las anotaciones que al respecto haga la entidad que lo expide, puesto que una vez proferido un acto administrativo de efectos individuales y concretos, su ejecutoria se logra por el simple transcurso del tiempo. De otro lado, afirma, la ejecutoria como fenómeno jurídico, solo podría causar perjuicios al interesado, quien teniendo conocimiento de haber sido expedido, o impugna o deja vencer el término que la ley le concede para ello.

Agrega que una vez el acto administrativo individual cobra ejecutoria, no puede ser modificado por nadie, al punto de no poder ser revocado por la misma entidad que lo profirió, a menos de contar previamente con el consentimiento del destinatario. Por esto, “ si una persona acude ante una autoridad para obtener judicialmente el beneficio que le resulta de ese acto, lo más natural es que ese acto administrativo está ejecutoriado”.

Y, el hecho de aparecer en los actos administrativos la nota marginal de encontrarse ejecutoriados, sin que esa nota figure suscrita por persona alguna, no le resta autenticidad ni eficacia para que pueda ser tenido como título ejecutivo.

No obstante esto, el Tribunal “entendió esa ausencia de firma de manera equivocada, pues tomó ese hecho como grave” y profirió condena en su contra.

Para refutar la posición del juzgador de primer grado, el impugnante dice apoyarse en el pronunciamiento proferido el treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y seis, por una Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá, con ponencia de la magistrada CARMEN ROSA RUIZ VARGAS, dentro del proceso allí radicado con el número 21363 A.

Según esta decisión, “En el presente caso la obligación está consignada en un documento que contiene una declaración de voluntad de un ente oficial reconociendo en favor de los actores una pensión vitalicia de jubilación, el cual por mandato del artículo 252 numeral 1º del C. P.C., se presume auténtico. Luego, no ofrece mayor discusión lo concerniente a determinar la autenticidad del mismo y sin que sea jurídicamente viable desconocer su contenido por el hecho de habérsele impuesto un sello, luego de producido el acto y, además, por funcionario diferente a su autor, así sea con el encomiable esfuerzo de evitar dobles cobros, circunstancia que no le resta ni autenticidad ni eficacia al título en sí mismo considerado.

“Cosa diferente es que la obligación en él contenida no reúna los requisitos de ser clara, expresa y exigible.

“En el caso bajo examen el contenido de la obligación no se pierde por el hecho de la anotación marginal impuesta únicamente con fines de control”.

“De ahí que considere la Sala que no le asistió razón al a-quo al deducir que la obligación no era clara por el hecho de no ostentar el documento -acto administrativo- una firma en el segundo sello marginal, pues abiertamente ignoró el alcance y contenido del primer sello que da cuenta de la fidelidad de la copia, sello debidamente rubricado por el jefe de la oficina de documentación y archivo de prestaciones sociales y que deja en evidencia, la autenticidad”.

“Por tanto, como las copias cuestionadas por el a- quo reúnen los requisitos de ley en cuanto a su autenticidad se refiere, se hace necesario REVOCAR el auto materia de apelación para que en su lugar el a- quo proceda a estudiar si las mismas mantienen las exigencias necesarias para librar la orden de pago en la forma reclamada que, desde luego, se debe extender a las restantes resoluciones que no merecieron ningún análisis de su parte” (fls. 124 y ss. cno. Corte).

5.1.1.2.- En relación con el argumento expuesto por el juzgador, en el sentido de no haberse acreditado la supervivencia de los beneficiarios de las resoluciones expedidas por la Caja, advierte el impugnante que dicho requisito se cumple con la presentación personal del poder para iniciar cobro ejecutivo por parte de cada uno de los ejecutantes.

Al respecto dice apoyarse en la providencia proferida el 9 de octubre de 1992 por una Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, con ponencia del Magistrado doctor RAMIRO TORRES LOZANO, según la cual “Con relación a las revocatorias de la orden de pago libradas mediante el primero de los autos recurridos (del 26 de marzo de 1992), a favor de Obdulio Cuervo Pedraza, Jesús Daniel León Rico, Alvaro Villamil Sánchez, Pedro Antonio Romero y María Ochoa de Bayuelo, por no haber acreditado supervivencia, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del auto del 18 de junio de 1992, cabe señalar que dichas personas presentaron personalmente ante notario los respectivos memoriales otorgando poder a su apoderado para el cobro judicial de los derechos reconocidos por la ejecutada en las correspondientes Resoluciones expedidas a favor de cada uno de ellos, lo cual sería suficiente para acreditar la supervivencia en ellas exigida”.

Por esto estima no haber infringido la ley penal, dado que la irregularidad que advierte el Tribunal en este punto, “es también equivocada por lo cual tampoco puede afectar la eficacia del acto administrativo para ser tenido en cuenta como título ejecutivo”.

5.1.1.3.- También se le reprocha no haber exigido la constancia del retiro del sector oficial de cada uno de los ejecutantes, respecto de lo cual anota que ello no es requisito indispensable para que un acto administrativo pueda ser cobrado por vía ejecutiva, sino que corresponde a una actuación propia del trámite administrativo a seguirse en la entidad, ante la cual acude el pensionado para que se le pague el derecho que le ha sido reconocido.

Por esto, cree que también se equivocó el Tribunal al restarle eficacia como título ejecutivo a los actos administrativos expedidos por la Caja.

5.1.1.4.- Respecto del cuestionamiento que se le formula por no haber acreditado el estado de viudez de algunos de los reclamantes, advierte equivocado el planteamiento del Tribunal puesto que “el simple hecho de que Cajanal hubiera reconocido sustituciones de Pensiones de Jubilación para los cónyuges de los pensionados fallecidos, es suficiente para darle entidad y certeza al acto administrativo, pues es ante esa Entidad cuando el cónyuge sobreviviente acredita esa calidad y los demás requisitos de Ley para tener derecho a la sustitución pensional”.

Además, la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad las disposiciones legales que establecían el derecho a sustitución pensional siempre y cuando no contrajeran nuevas nupcias.

5.1.2.- Sobre el tema de la autenticación de algunas resoluciones, realizadas por Jueces Civiles Municipales, respecto del cual el Tribunal cuestiona no haber allegado a los procesos ejecutivos las constancias de los actos por medio de los cuales tuvieron a la vista los referidos documentos, advierte el impugnante que las constancias puestas en los documentos por los referidos funcionarios judiciales indican que las copias fueron tomadas del original que tuvieron a la vista y que la providencia se encuentra debidamente notificada y ejecutoriada, es decir, las autenticaciones las realizó un juez de la república y, en tal medida, mal podía exigírsele al documento circunstancias adicionales , “ pues por ese camino también podía decirse que el Juez que autenticó una determinada copia se exija la constancia de su posesión como Juez”.

Además, sostiene, los Jueces están facultados para hacer dichas autenticaciones, como lo dispone el artículo 254 del C. de P. C.. Por esto, la omisión echada de menos por el Tribunal no le resta eficacia a las resoluciones expedidas por Cajanal, para ser tenidas en cuenta como títulos ejecutivos.

5.1.3.- El Tribunal se equivocó al considerar que el Juez no podía resolver las excepciones presentadas, simultáneamente con el recurso de reposición interpuesto.

Al respecto aduce el impugnante que la interposición de recursos y la formulación de excepciones en el proceso ejecutivo laboral son independientes aunque puedan coincidir en el tiempo. Expone en ese sentido que contra el mandamiento de pago caben los recursos de reposición y el subsidiario de apelación y cualquiera de los dos de modo independiente, pero el de reposición debe interponerlo dentro de los dos días siguientes a su notificación, y el de apelación al tercero. Además, después de notificado, el ejecutado tiene diez días para formular excepciones.

Esto no significa, sostiene, que si el ejecutado interpone recurso de reposición el término de diez días para proponer excepciones se amplíe, pues todos los términos se cuentan desde el día siguiente a la notificación del mandamiento de pago.

5.1.4.- Se le reprocha en el fallo no haber decretado la práctica de las pruebas solicitadas por la Caja para probar las excepciones propuestas. Al respecto comienza por decir que las pretensiones probatorias se referían a que oficiara a la Pagaduría de la Caja para que certificara el pago o que practicara una inspección judicial para probar el pago, con cuyos medios la ejecutada pretendía probar la excepción de pago de la obligación.

Seguidamente observa que la excepción de pago dentro del proceso ejecutivo, debe ser demostrada por quien la alega, con mayor razón si es el deudor quien la propone dado que si alude haber pagado la obligación por la que se le ejecuta, debe exhibir el comprobante respectivo, es decir el recibo de pago, suscrito por su acreedor. Siendo por tanto Cajanal la demandada, al escrito de excepciones debía acompañar las constancias de pago, pues, además, cuando se le notificaba el mandamiento ejecutivo, le era dejado el expediente, del cual tomaban copias y devolvían después de tres o más días, de lo cual se establece el conocimiento previo del concepto de lo reclamado.

Además, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107 del C. P. del T., quien presenta la excepción de pago debe acompañar la prueba en que se fundaba. Con ello advierte la inadmisibilidad de solicitar la práctica de pruebas lo que quiere decir que no hay término probatorio. De otro lado, la declaratoria de inexequibilidad de dicha disposición se relaciona con la prohibición de proponer otras exepciones distintas de la de pago.

Idéntica situación ocurre cuando se objeta la liquidación del crédito, sobre la cual una Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en auto proferido el 9 de febrero de 1994 con ponencia del Magistrado doctor BERNARDO MORALES CASAS, dijo: “Es cierto por así establecerlo el artículo 521-2 del C. de P. C. que en el proceso ejecutivo, durante el traslado de la liquidación del crédito, el ejecutado puede formular objeciones y ‘acompañar las pruebas que estime necesarias’ pero no lo es menos que si expresamente la norma está hablando de ‘acompañar’, con ello está poniendo de presente que no es admisible solicitar la práctica de ninguna. En otras palabras que no hay lugar a la apertura de término probatorio; y tan cierto es ello que el numeral 3º de la disposición en cita tiene previsto que vencido el traslado, -de la objeción-, él en base a las pruebas acompañadas, decidirá si aprueba o modifica la liquidación por auto apelable en el efecto diferido”.

5.1.5.- El Tribunal equivocadamente le reprocha no haber decretado pruebas de oficio, cuando el artículo 54 del C. de P. L. en tal sentido le confiere es una facultad no una obligación. Con todo, sostiene, la jurisprudencia ha repetido que en un proceso ejecutivo el juez no puede decretar pruebas de oficio. En tal sentido trae a colación los siguientes pronunciamientos:

5.1.5.1.- Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral, providencia de 29 de septiembre de 1989, M. P. Dr. JOSE GABRIEL SALOM BELTRAN.

5.1.5.2.- Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, sentencia de septiembre 16 de 1980, M. P. Dr. HUGO A. VELA CAMELO.

5.1.5.3.- Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, Sentencia de 9 de febrero de 1994, M.P. Dr. Carlos Julio Moya Colmenares.

5.1.6.- Alude el impugnante que el Tribunal le reprocha no haber tenido en cuenta lo dispuesto por el artículo 107 del C. P. del T. respecto de la oralidad del procedimiento ejecutivo , pues al decir la norma que el juez debía fallar de plano indica que no necesitaba audiencia para ello, sino dictar la providencia correspondiente.

5.1.7.- En el fallo se le cuestiona haber continuado con el trámite del proceso ejecutivo laboral no obstante que la Secretaria no firmó la liquidación que elaboró.

Al respecto alude que si bien ello es cierto, la falta de firma no determina la ilegalidad del trámite puesto que la misma se hace efectiva cuando el juez o el despacho ordena darle traslado a las partes, hecho este que claramente indica que en ningún momento se le está conculcando o cercenando a las partes el derecho de defensa y mucho menos se viole el debido proceso.

Además, sostiene, la Corte Suprema ha dicho que la falta de firma del secretario no conlleva ninguna nulidad mas no así la del juez, de ahí la equivocación del Tribunal en darle trascendencia penal a esta situación.

5.1.8.- Del mismo modo, se cuestionó que en las liquidaciones de los créditos no aparece la tasa de interés aplicada, ni los períodos de liquidación. A ello responde que en cada uno de los procesos ejecutivos figuró la certificación de la superintendencia bancaria sobre los intereses corrientes y moratorios, las que fueron fundamento de las liquidaciones que no practicó, y la mayoría de las cuales fueron objetadas, y cuando ello sucedió se resolvieron las objeciones propuestas. “De manera que no hubo nada oscuro en la tramitación de todos los procesos ejecutivos.

5.1.9.- Se le imputó también no haber ordenado el juramento cada vez que se solicitaba decretar embargos. No obstante, sostiene, “en materia laboral, el juramento es válido para decretar las medidas cautelares o ejecutivas, antes de la notificación del Mandamiento de Pago al ejecutado. Si está ya notificado, no hay necesidad de que para una nueva denuncia de bienes se exija el juramento” como equivocadamente fue considerado por el Tribunal, “pues el artículo 101 del C. P. L. se refiere fundamentalmente al juramento como requisito previo para poder pedir las medidas preventivas”, con lo cual, concluye el impugnante, no incurrió en irregularidad alguna.

5.1.10.- También, el fallo le atribuye no haber notificado el auto que ordena prestar juramento, el cual además fue de cúmplase. Al respecto, el impugnante aduce que el primer paso para el inicio del proceso ejecutivo es la presentación de la demanda en la cual ha de estar incluida la solicitud de medidas preventivas (art. 101 C.P.L.). En cumplimiento de esta disposición, el Juez profiere un auto en el que ordena prestar el juramento sobre la denuncia de bienes, siendo el único interesado en su cumplimiento la parte ejecutante, y la razón para que sea de cúmplase, además para prevenir que la demandada se entere de las medidas cautelares solicitadas.

Una vez prestado el juramento, que en materia laboral reemplaza la caución a que se refiere el Código de Procedimiento Civil, el Juez profiere el mandamiento de pago y dentro del mismo decreta las medidas cautelares solicitadas. Este auto se debe notificar preferentemente de manera personal al ejecutado , “por lo que en estricto sentido es la primera providencia interlocutoria que se dicta dentro del proceso ejecutivo laboral”.

Este procedimiento, sostiene, se siguió en todos los juicios ejecutivos que cursaron ante el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, siendo el mismo que se sigue por los 16 juzgados de la especialidad que funcionaban por entonces, y por los 20 que funcionan actualmente. Por esto, prosigue, solicitó inspección judicial sobre cualquiera de dichos despachos, a fin de establecer la verdad real de lo sostenido por él.

Con esto concluye, no se necesita que el auto que ordena prestar juramento sea notificado pues su conocimiento por el apoderado de los ejecutantes lo da la misma diligencia de juramento que suscribe.

Distinto sería el caso, en que el Juez inadmita la demanda o se abstenga de librar mandamiento ejecutivo, pues en esa eventualidad, dicha decisión debe notificarse por estado para que pueda ser recurrida por la parte ejecutante, sin perjuicio de que la notificación pueda hacerse de modo personal.

5.1.11.- En el fallo también se le reprocha que los autos mediante los cuales decretó medidas cautelares, fueron notificados por estado y que sin embargo, el mismo día de su proferimiento, libró los oficios dándole cumplimiento a la medida.

Al respecto sostiene el impugnante, el Tribunal se equivoca al considerar dicho procedimiento irregular, por cuanto “nada impide que ese mismo día se libren los oficios de embargo por que ese auto mandamiento de pago debe ser notificado personalmente a la ejecutada, o ocurrido ese evento es de esperarse que ya estén materializadas las medidas cautelares con el fin precisamente que el deudor no tenga tiempo de insolventarse”.

5.1.12.- Se le reprochó también la acumulación de embargos en los procesos ejecutivos laborales identificados con los números 30105, 30511, 30981 y 30522. Al respecto alude el impugnante que resulta equivocado el planteamiento del Tribunal en considerar que los códigos de procedimiento laboral y civil no autorizan dicho trámite, por cuanto si el artículo 542 del C. de P. C. autorizan la acumulación de embargos de distinta jurisdicción, con mayor razón procede si dicha acumulación es de la misma jurisdicción y corresponde a procesos adelantados en el mismo Despacho judicial.

Además, la medida fue tomada por las siguientes razones “practicas”:

1. La demandada era la misma.

2. La diligencia de embargo debía realizarse en el mismo sitio.

3. Lo embargado era dinero.

4. No se violó el derecho de defensa de la ejecutada.

5. Por economía procesal.

Por esto considera no haberse quebrantado el orden jurídico.

5.1.13.- La sentencia de primer grado también se fundamentó en haber decretado intereses no contenidos en las resoluciones expedidas por la Caja.

En ese sentido alega que la Fiscalía le imputó no haber liquidado los intereses legales de que habla el artículo 1617 del Código Civil. Menciona que a lo largo del proceso en su favor adujo que los intereses aplicables a los casos sometidos a su conocimiento eran los estipulados por el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se apoyó en los conceptos de varios doctrinantes y en el criterio de la Corte Constitucional cuando dirimió el punto. No obstante, el Tribunal lo sorprende en la sentencia diciendo que en los juicios ejecutivos no puede aplicarse ninguna tasa de interés si no están contenidas en los actos administrativos presentados como título, lo cual “ sin duda es una variación de las reglas del juego, violándose con ello el artículo 29 de la Constitución Nacional”.

Insiste en sostener que respecto de los intereses aplicables en los procesos ejecutivos laborales, es situación aclarada por la Corte Constitucional en providencia del mes de octubre de 1995, en el sentido de que para el pago de pensiones en caso de mora, no puede tenerse en cuenta lo establecido por el artículo 1617 del Código Civil, sino los intereses corrientes y moratorios.

Dice apoyarse también en un concepto del Ministerio Público emitido en un proceso seguido contra el Juez 16 Laboral del Circuito, para concluir no haber cometido delito alguno.

5.1.14.- La sentencia impugnada, en cuanto hace al tema de las adiciones de demandada, refiere igualmente no haber dado cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 89 del C. de P. C, vigente antes de la reforma introducida por el Decreto 2282 de 1989.

Al respecto, alega que la citada disposición solo alude a los procesos de conocimiento como así lo manifestaron algunos tratadistas. Esta controversia se superó con la expedición del Decreto 2289 de 1989 que en materia ejecutiva reformó el artículo 540 del C. de P. C., al establecer que la acumulación de demandas ejecutivas procedía “aún antes de que se haya notificado el mandamiento ejecutivo al ejecutado”.

Por esto, concluye el impugnante, no hubo irregularidad alguna en el trámite de dichas adiciones o acumulaciones.

5.1.15.- Al sentenciador de primer grado le imputó responsabilidad por haber aprobado, mediante auto de ‘cúmplase’, la liquidación del crédito y ordenado la entrega de dineros al ejecutante. Al respecto sostiene el impugnante, dicha decisión corresponde a “un simple acto de sustanciación” que parte de suponer que “cualquier problema derivado de la objeción a la liquidación del crédito ha sido superado”, pues “si el crédito es aprobado y si existen dineros embargados, lo único que queda es la entrega de dineros para que el proceso ejecutivo culmine, pues en ese estado, cualquier controversia entre los litigantes, ya no tiene razón de ser o no puede existir”.

5.1.16.- El fallo que impugna, le reprochó haber proferido en el mismo proceso varios autos en un día, a lo cual replica que en una misma fecha “se puede ordenar prestar el juramento, realizar esta diligencia que no acapara mayor tiempo y dictar el mandamiento de pago”, pues el auto que ordena prestar el juramento y esta diligencia, son de simple impulso procesal.

5.1.17.- El Tribunal fundó también la decisión de condena en el argumento según el cual la Ley 38 de 1990 estableció la inembargabilidad de los dineros incorporados en el Presupuesto General de la Nación. Al respecto responde que la referida prohibición deja de existir una vez los dineros dejan de pertenecer al Presupuesto General de la Nación y se incorporan al patrimonio de un ente administrativo del Estado, como acontece con Cajanal, momento en el cual se convierten en respaldo de las acreencias u obligaciones que contraiga en el desarrollo de las funciones para las que ha sido creado.

En ese sentido dice apoyarse en los pronunciamientos proferidos por las Salas Disciplinarias que absolvieron a los jueces laborales de Santa Fe de Bogotá, por haber decretado embargos contra la Caja Nacional de Previsión Social. Y del mismo modo la Sala Laboral del citado Tribunal Superior, se pronunció sobre la procedencia de dichos embargos, cuyas copias obran en el proceso pero de ellas hizo caso omiso el Tribunal, con lo cual viola su derecho a la defensa.

5.1.18.- En el fallo se le imputó responsabilidad penal por no haber declarado la excepción de pago a pesar de los documentos aportados por Cajanal como prueba. Sin embargo, sostiene, en la audiencia pública explicó cómo dichos documentos eran simples liquidaciones de lo que se le debía a cada pensionado y no lo que efectivamente le había sido pagado, pues liquidar es muy distinto que pagar.

Por esto, estima no haber incurrido en ninguna irregularidad por haber declarado no probada la excepción propuesta por la demandada.

5.1.19.- En el fallo se sostiene, sin razón, que las resoluciones expedidas por Cajanal no reúnen los presupuestos exigidos por los artículos 488 del C. de P. C. y 100 del C. P. del T. para considerárseles como título ejecutivo.

Según la última de las disposiciones en referencia, es exigible ejecutivamente toda obligación que tenga origen en una relación de trabajo, y si se revisan los actos administrativos (resoluciones) en los procesos ejecutivos adelantados contra Cajanal, se tiene que todos hacen referencia al reconocimiento, reajuste o sustitución de la prestación social pensión de jubilación.

También el referido artículo señala que la obligación debe constar en un acto o documento que provenga del deudor, y de la simple confrontación del ente ejecutado con los actos administrativos, se establece identidad absoluta.

El artículo 448 del C. de P. C., por su parte, prevé que la obligación ejecutiva debe ser clara, expresa y exigible.

La claridad, precisa el impugnante, se refiere a que el documentos estipule un acreedor (pensionado), un deudor (Cajanal), el objeto y la prestación perfectamente individualizados (como el reconocimiento, reajuste o sustitución de la prestación social). Que sea expresa, esto es, determinada en el documento. Y, finalmente, que sea exigible, lo cual no significa que el deudor deba estar en mora.

Además, agrega el impugnante, una Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en providencia que obran en el plenario y de las cuales han sido ponentes los Magistrados doctores ISAURA VARGAS y JOSE GABRIEL SALOM, han sostenido que las resoluciones emanadas de la Caja, es decir “el título que sirve de recaudo ejecutivo”, cumple con las prescripciones a que hacen referencia los artículos 100 del C. de P.L. y 488 del C. de P. C”.

5.1.20.- A manera de conclusión sobre lo dicho en los apartados que preceden, el impugnante sostiene que las irregularidades a que alude el fallador de primera instancia, no son otra cosa que equivocaciones en que incurre el Tribunal en el proceso de interpretación de las disposiciones legales, puesto que las resoluciones sí llenaban los requisitos exigidos por la ley para que pudiera considerársele títulos ejecutivos.

Por esto, prosigue, al no haber cometido jamás delito alguno, solicita se revoque la sentencia que impugna y se le absuelva de todos y cada uno de los cargos por los que se le irrogó condena en primera instancia.

5.1.21.- Los planteamientos que viene de exponer, dice, son “en una forma general como lo hizo la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, porque en cuanto a cada delito específico me referiré de la siguiente manera”:

5.1.21.1.- Proceso 3557C.

5.1.21.1.1.- El delito de prevaricato.

El Tribunal le endilga que las resoluciones de las aproximadamente 972 demandas no llenaban los requisitos de ley y que no se tramitaron las adiciones conforme lo establece el artículo 89 del C. de P. C.. Contradice lo anterior reiterando que dichos documentos sí prestan mérito ejecutivo, por enmarcarse dentro del contenido de los artículos 100 del C. de P. L. y 488 del C. de P. C. y en tales condiciones sí podía librarse mandamiento de pago.

También, que dejó de aplicar el artículo 89 del C. de P. C. sobre la acumulación de demandas, pues dicha disposición hace referencia a los procesos ordinarios no a los ejecutivos.

5.1.21.1.2.- El prevaricato por omisión.

Respecto de las razones del fallo para irrogar condena por este delito, el impugnante asegura que es principio general de las obligaciones que los bienes del deudor son garantía para el acreedor. En este caso, los dineros sobrantes de una ejecución que no fueron retirados por quien tenía la obligación de hacerlo, continúan siendo prenda del pago de otras obligaciones análogas. Y, aún aceptando la tesis de que el proceso había fenecido, el juez no puede procurar la entrega de ellos a la demandada a menos de convertirse en parte, lo que sí califica de aberrante.

5.1.21.1.3.- El peculado.

Dice el impugnante que el Tribunal afirmó que el delito de peculado tuvo configuración en cada uno de los 22 procesos ejecutivos por que no era viable practicar medidas cautelares de embargo y secuestro dado que los documentos allegados no permitían su consideración.

Esto en criterio del libelista, es equivocado, pues los documentos allegados sí llenaban los requisitos establecidos por el artículo 100 del C. de P. L. y 488 del C. de P. C. conforme ha sido expuesto por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, la que por su especialización en la materia merece credibilidad.

Sí podía entonces, librar mandamiento ejecutivo, y decretar medidas cautelares y al llegar los dineros mediante una orden judicial lícita a los procesos ejecutivos y ser entregados a los abogados de los ejecutantes, quienes tenían poder para ello, no se estaba cometiendo conducta ilícita, pues por el contrario estaba cumpliendo funciones propias del cargo.

Resulta equivocada la apreciación del Tribunal al sostener que en forma fraudulenta y antiprocesal aplicó la acumulación de embargos en los procesos 30511, 30522, 30105, y 30981 por cuanto si esta posibilidad la establece el artículo 145 del Código de Procedimiento Civil para los casos de embargos de distinta jurisdicción, con mayor razón cuando cursan en el mismo Despacho.

Los dineros embargados a la Caja, lo fueron mediante orden judicial lícita, y eran debidos por la ejecutada, con lo cual mal puede hablarse de defraudación, como lo asegura el Tribunal.

5.1.21.1.4.- Concierto para delinquir.

Esta conducta dice desvirtuarla el impugnante, aduciendo que la operación de reparto semanalmente la cumplía uno de los 16 juzgados laborales del circuito, que en presencia de sus empleados, un representante del Ministerio Público, uno de cada Juzgado, y el Titular del despacho, asignaba mediante sorteo las respectivas demandas, que dado su gran número, era de imposible manipulación para que fueran adjudicadas al Juzgado Cuarto, con lo que desvirtúa el concierto que se le atribuye, “puesto que así como algunas de estas demandas correspondieron a mi juzgado en forma casual también podían haber correspondido a otros despachos judiciales, sin que por ello y con fundamento en esta casualidad se considere apresurada y ligeramente que se estuviera de acuerdo para realizar tal efecto.”

Si hubiese habido manipulación del reparto, prosigue el impugnante, habría sido una empresa de magnitud tal que la investigación también habría cobijado a todos y cada uno de los funcionarios que realizaron el reparto.

Para que se le impute concierto para delinquir, sostiene el impugnante, tendría que haberse concertado con los abogados de los ejecutantes “ y como obra en esta sentencia, ellos hasta ahora van a ser investigados, luego por sustracción de materia no pude haberme concertado con personas a quienes no se les ha comprobado el delito de concierto para delinquir”.

5.1.21.1.5.- La Falsedad Ideológica.

Respecto de este punible, manifiesta el impugnante que si bien es cierto en una de las diligencias de entrega aparece una inconsistencia en cuanto a la resta de los dineros entregados al apoderado de los ejecutantes, en relación con el saldo del crédito, (se refiere a la del 14 de diciembre de 1990 en el proceso ejecutivo 31270), ese error necesariamente incidió en las diligencias de entrega posteriores. Pero si se suman todos los dineros entregados al apoderado de los ejecutantes,, en ningún momento se superó el monto del crédito que se liquidó, por lo que se trataría de una falsedad inocua, que más bien correspondería a errores cometidos en una de las cuatro operaciones aritméticas, justificables por el excesivo volumen del trabajo en los Juzgados Laborales de la ciudad.

5.1.21.2.- Proceso 9797A.

5.1.21.2.1.- Reprocha que el Tribunal dictó sentencia por el delito de peculado por apropiación consumado, en tanto que la acusación fue en la modalidad de tentativa.

Señala también que dentro del proceso 31739 la Corporación le atribuye un juicio de intenciones dolosas y la proclividad a defender intereses oscuros.

Al respecto responde el impugnante que su actuación fue siempre cumpliendo funciones propias del cargo tales como analizar si los títulos ejecutivos presentados llenaban los requisitos de ley, librar el mandamiento de pago, notificarlo personalmente y concederle a las partes los medios defensivos que la ley les otorga para hacer valer sus derechos dentro del proceso ejecutivo.

Por esto no se puede considerar su actividad como plagada de intenciones dolosas en orden a defender intereses oscuros, puesto que las partes contaron con los instrumentos para ejercitar la defensa de sus intereses, lo que se comprueba con el hecho de que todas las solicitudes o memoriales se resolvieron en debida forma, aunque quizá no en el sentido en que aspiraba una parte o la otra.

La facultad oficiosa de decretar pruebas así sea con el objeto de buscar la verdad real, es nula en el proceso ejecutivo laboral, conforme lo reconoció una providencia de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, con ponencia del Magistrado JOSE GABRIEL SALOM, al decir:

“Es una característica especial del ejecutivo laboral, pues del artículo establecido para el caso en el enjuiciamiento laboral, se concluye que el objetivo del legislador fue darle rapidez utilizando para ello toda drasticidad con el fin de que se cumpliera tal objetivo, prueba de ello es el art. 108 ibídem el cual indica que todas las providencias proferidas en el curso del proceso se notifican por estado y las apelaciones se conceden en el efecto devolutivo, lo que conduce también a concluir que en este juicio no existe sentencia de llevar adelante la ejecución ni mucho menos mediante ese tipo de acto judicial, se resuelva la excepción de pago que puede proponer la demandada. Esta tesis no es novedosa y por el contrario reiteradas Salas de esta corporación lo han expuesto al igual que de otros tribunales del país”.

Por esto, sostiene, su actuación dentro del proceso ejecutivo número 71739, así como en los demás que tuvo a su cargo, estuvo acorde con “mandatos legales, procedimentales, jurisprudenciales y prácticos que se tienen en cuenta para este proceso especial”.

5.1.21.3.- Proceso 10672A.

En este proceso, por enriquecimiento ilícito, sostiene el impugnante, el Tribunal se equivocó por cuanto al haber dos dictámenes periciales con disparidad en sus conclusiones, indica que no hay certeza real del presunto incremento ilícito, la cual debe resolverse acudiendo al principio In dubio pro reo.

Además, considera que el Tribunal tuvo en cuenta el dictamen pericial presentado por la Procuraduría con el argumento de ser más completo que el del C.T.I., porque carecía de información o porque al tomarlo llegaba a concluir que en lugar de enriquecimiento ilícito lo que hubo fue empobrecimiento ilícito.

Agrega que si bien es cierto tuvo “insignificantes incrementos patrimoniales durante los cuatro años que tuvo en cuenta el C.T.I. en su dictamen pericial, también” tuvo disminución patrimonial.

Es así como en 1988 su patrimonio se incrementó en $ 143.771.86, en 1989 hubo una disminución patrimonial de $ 311.867.67, en 1990 un incremento de $ 93.123.34, en 1991, un incremento de $ 69.545.68 que al final arroja un saldo en rojo de $ 5.426.79.

El Tribunal incurre en error al considerar que su patrimonio en 1986 era de $ 5.913.974 según el dictamen de la procuraduría, y que el del C.TI muestra la suma de $ 1.000.000.oo representados en 100 cuotas de 10.000.oo cada una, en la compañía SAHEROBA, pero esta inversión es a partir de 1990 con lo cual durante los años anteriores no existía.

El Tribunal afirma que durante 1989 adquirió el 50% de la Finca La Gladys por $ 3.200.000.oo, cuando este porcentaje corresponde a $ 1.600.000.oo.

Que compró el Toyota de Placas 2472 por valor de $ 13.100.000.oo sin tomar en cuenta que vendió un automóvil Mazda de placas 7191 por un valor de $ 5.500.000.oo y obtuvo un préstamo por $ 2.500.000.oo “ o sea que la diferencia es de $ 5.100.000.oo pesos m/cte.”.

Para 1990, se incurre por el Tribunal en otro error por cuanto nunca fue dueño del Heliógrafo que figura como de su propiedad, el 50% del apartamento de la carrera 30 No. 24-47 se adquirió desde 1984, de donde surge que los datos consignados en el fallo son errados.

Del mismo modo, para 1990 equivocadamente le atribuye movimientos bancarios en las cuentas del Banco Ganadero de Honda y la Caja Agraria Sucursal Barrios Unidos, pues nunca tuvo cuentas corrientes en esas entidades, con lo cual la conclusión a que llegó el Tribunal es falsa.

El Tribunal tuvo en cuenta el dictamen rendido por la Procuraduría General de la Nación sin haber sido una prueba legalmente recaudada durante el proceso por no haber sido decretada para ser tenida como válida como lo establece el artículo 246 del C. P. P: y el artículo 81 de la Ley 190 de 1995.

El dictamen del C.T.I., por su parte, no fue objetado durante la etapa probatoria del juicio adquiriendo por tanto firmeza, debiendo ser el que ha de considerarse como prueba valedera por haber sido decretada.

Por esto, sostiene que el cargo por enriquecimiento ilícito se edificó sobre una prueba que debe considerarse como inexistente.

5.1.21.4.- Proceso 10398A.

El Tribunal hace consistir el delito de prevaricato por acción en que dentro del proceso 30719 se ordenó expedir una certificación del crédito aparentemente inexistente y sobre una constancia que no estaba firmada por el secretario.

Al respecto alude el impugnante que no asiste razón al Juzgador al considerar estas presuntas irregularidades como delitos, toda vez que la Jurisprudencia acepta que cuando falta la firma del secretario esto no genera nulidad alguna, y, para el caso, dicha certificación está firmada por el funcionario.

Ahora, si no hay en el proceso liquidación del crédito, pues la constancia ha de expedirse en ese sentido, y si por el contrario la liquidación ya fue efectuada, pues la constancia habrá de ser emitida indicando en ella dicha situación.

El Tribunal también le imputó responsabilidad por haber decretado el mandamiento de pago por mesadas atrasadas cuando el poder se otorgó para reajustes.

En este sentido expone que en los Juzgados Laborales del Circuito existen dos sustanciadores cuyas funciones son las de elaborar proyectos de autos y sentencias, y son ellos quienes analizan si la demanda reúne los requisitos de ley para elaborar el auto admisorio, pues “para un juez laboral en Bogotá, resulta muy difícil volver a examinar lo que hicieron sus subalternos, los que dicho sea de paso sus cargos son de carrera, es decir, idóneos y aptos de acuerdo con la ley. Nuevamente repito si al juez le tocara ese reexamen la función de administración de justicia sería inútil y contribuiría aún más a la congestión”.

Sostiene igualmente que para la legislación no es extraño que en un Juzgado se cometa un error, que es propio de los humanos, por ello si el Juzgado admite una demanda que tenga deficiencias formales o el poder no es suficiente, el demandado tiene la posibilidad de advertirle al juez esta deficiencia mediante la proposición de excepciones previas.

Los sujetos del proceso también se hallan comprometidos porque la actuación se lleve a cabo siguiendo los principios de buena fe y de lealtad procesal, ya que no es carga exclusiva del funcionario.

Tanto es esto que la parte que no proponga excepciones previas cuando existan hechos que las configuren no puede posteriormente alegar nulidad a menos que esta sea insaneable, como cuando el juez procede contra decisión ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia; cuando la demanda se tramita por proceso distinto al que le corresponde; cuando hay falta de jurisdicción o de competencia funcional; las demás nulidades quedan saneadas.

También resultan saneadas, cuando la parte que podía alegarlas no lo hizo oportunamente; cuando la persona indebidamente representada, citada o emplazada, actúa en el proceso sin alegar la nulidad, y cuando a pesar del vicio, el acto cumplió su finalidad y no violó el derecho de defensa.

Infortunadamente, prosigue, en este asunto el mandamiento ejecutivo nunca fue notificado por razones atribuibles a la parte ejecutante, por no suministrar las expensas para su notificación siendo este el motivo por el cual la ejecutada no tuvo conocimiento de la irregularidad (como la falta de poder) ya que de haberlo tenido, el juzgado la habría corregido de inmediato.

Tampoco incurrió en prevaricato por haber librado mandamiento de pago por los intereses legales cuando los pedidos fueron los moratorios, pues estos últimos también son legales.

Finalmente, no pudo cometer el delito de prevaricato por que no existió proceso como tal dado que no se notificó el mandamiento de pago y en consecuencia no se había trabado la litis.

5.1.21.5.- De los perjuicios.

El Juzgador de primera instancia se equivocó en declarar haberse apropiado de la suma de $ 3.436.620.972.65 cuando en el expediente aparece acreditado que la Caja de Previsión canceló esa suma a los pensionados como legítimos ejecutantes, a través de sus apoderados.

La Caja de previsión debía estos dineros y no los había cancelado por vía administrativa, sino que para su cancelación esperó la instauración de demandas ejecutivas por los pensionados acreedores.

5.1.21.6.- Como petición subsidiaria a lo antes expuesto, solicita de la Corte analizar la dosificación de la pena que se le impone en primera instancia, pues de acuerdo con el artículo 61 del C. de P. P. tenía la obligación de partir de la mínima establecida para el delito de peculado, que para la época de los hechos oscilaba entre 4 y 15 años, y se tenga en cuenta como causal de atenuación la buena conducta anterior, conforme el artículo 64-1 del C. de P. P.

Sostiene que en la individualización de la pena el Tribunal de modo infundado considera justo partir de 12 años de prisión, sin especificar las razones jurídicas que lo llevan a ello, los que aumenta en diez años más por concepto del concurso, en contradicción con las normas que el impugnante refiere.

Agrega que si su situación es analizada en forma jurídica, ha de concluirse que o hubo peculado o hubo enriquecimiento ilícito, pero no los dos delitos a un mismo tiempo, ya que ambos no pueden coexistir.

La falsedad imputada es inocua porque si bien es cierto existen inconsistencias en los saldos de dinero, también lo que nunca se entregó más dinero que el valor del crédito.

No puede imputársele el delito de prevaricato por omisión por no haber entregado los remanentes a la ejecutada, por cuanto si estos recursos no eran retirados oportunamente por quien tuviera interés en ello, su despacho tenía la obligación legal de decretar el embargo, so pena de incurrir en prevaricato.

“Entonces teniendo en cuenta lo anterior, no solo pido el estudio de la dosificación de la pena, sino que es necesario por parte de tan alta corporación, pronunciarse sobre los cargos que me fueron imputados, en razón a que conforme al análisis de este recurso, existen hechos punibles que no me pueden ser imputados”.

De este modo concluye el libelista la fundamentación del recurso de apelación que interpone (fls. 84 a 123).

5.2.- El Defensor del procesado Doctor LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ.

Comienza su discurso diciendo que en este caso existe una mala imagen y se ha creado el preconcepto de que los procesos de ejecución contra la Caja Nacional de Previsión son actividades ilícitas por sí mismas. Se pregunta si fue que los jueces de la república en connivencia con abogados se pusieron a delinquir para cobrar derechos, o lo que aparece es un Estado que incumple, que crea instituciones de beneficio social y expide leyes reconociendo derechos pero posteriormente expide leyes para crear obstáculos e impedir que se cumpla con sus propias disposiciones, siendo esto lo que sucede con la inembargabilidad de los bienes del estado, o diseñan mecánicas para impedir el cobro como sucede con que las copias de un acto de reconocimiento del derecho no se expiden formalmente porque ello puede significar la acción de cobro contra el Estado.

Así surgieron los problemas de la inembargabilidad y los relativos a las notas insertas en los documentos para determinar su imposibilidad de cobro, por esto la Corte Constitucional estimó que los actos administrativos que contengan obligaciones en favor de los servidores públicos deben poseer la misma garantía que tienen las sentencias, es decir que prestan mérito ejecutivo.

De este modo comienza la pugna entre el derecho a los reconocimientos legalmente establecidos y la pretensión estatal de impedir que se paguen, lo que da lugar al inicio de acciones que los jueces ya comenzaron a considerar ilegales con el preconcepto de la ilicitud por las cortapisas que el estado ha impuesto.

Por esto se ve que resulta necesario interponer acciones de tutela para que se paguen las cesantías de los trabajadores del poder judicial. Esto a su modo de ver es el antecedentes histórico de procesos como este que culminó en primera instancia, con la sentencia que le impone al doctor LUIS ALVARO SANCHEZ la pena de veintidós años de prisión, sin que exista una luz de esperanza para determinar si una pena tan alta es la que adecuadamente le corresponde si ha delinquido, y en qué manera ha faltado a la ley si es cierto que lo ha hecho, cuál ley, si la laboral o la procesal civil, si realmente lo que se afirma sobre la inidoneidad de los títulos de ejecución, sobre las excepciones, la necesidad de la prueba, la liquidación de créditos, y el cumplimiento inmediato de las medidas cautelares, comporta violación a la ley o si es el cumplimiento del mandato conferido al doctor ALVARO SANCHEZ como Juez de la república.

Su asistido se refirió a ello en el alegato presentado pero olvidó citar el artículo 327 del Código de Procedimiento Civil que dispone que las medidas cautelares se cumplirán de modo inmediato, antes de la notificación a la parte contraria de la medida que las decreta, y si fueren previas al proceso ha de entenderse que dicha parte queda notificada el día en que se apersona en la actuación, actúa en ella o firma la respectiva diligencia.

Dice traer esto a colación porque ha sido repetida la censura en la sentencia del Tribunal en el sentido de afirmar que llevó a cabo la diligencia de juramento sin haberse notificado el auto que así lo dispone y sin practicar juramento, en muchos casos, se prosiguió adelante y se libraron los oficios de embargo y se le entregaron a las partes. Pero es que así lo dispone la ley por tratarse precisamente de medidas cautelares que por ello son urgentes, inmediatas y quiere evitarse la insolvencia de la demandada.

Además, prosigue, los artículos 513 y 514 del Código de Procedimiento señalan que el juramento se considerará prestado con la presentación del escrito respectivo , por manera que la objeción constante sobre el juramento y la falta de notificación corresponde a aquella que la ley expresamente dispone, siendo esto lo que debió hacer y lo que hizo en todos los procesos.

También se dice en el fallo, que su asistido debió buscar la verdad real, siendo este un criterio de derecho procesal penal, no de derecho procesal laboral, toda vez que en un proceso de ejecución no se trata de buscar la verdad de los hechos y descubrirla en un proceso de conocimiento en donde el juez puede ejercer facultades oficiosas para llegar a ella, sino que corresponde a un proceso ejecutivo en donde el derecho ya ha sido reconocido y declarado y sigue un proceso de ejecución, es decir de pago, en donde el derecho no puede ser discutido ab initio, sino que se demuestra con el título de ejecución siendo esta la razón por la cual al juez laboral no le está permitido entrar oficiosamente en la actividad procesal y el sistema de cargas procesales que deben cumplir las partes y asumir oficiosamente el rol de parte y tratar de probar que lo que se demanda con el título de ejecución es verdad o mentira, so riesgo de desvirtuar la naturaleza del proceso de ejecución.

La sentencia habla de ilegalidad en la conducta del procesado doctor LUIS ALVARO SANCHEZ, pero definida a partir de criterios de lege ferenda, que no obstante ser buenos, no corresponden a los establecidos por la ley procesal civil ni la ley procesal laboral. A manera de ejemplo, dice, esto acontece como cuando el Magistrado expone la idea que debió dictarse un auto interlocutorio para que las partes tuvieran la oportunidad de recurrir, de impugnar y controvertir, pero si la Ley Procesal Laboral no lo establece, ni lo permite, es evidentemente esa la ley la que hay que acatar.

También ha sido dicho, que el Juez no es un convidado de piedra y que por eso tiene función oficiosa en el proceso moderno, lo cual va siendo cierto pero no tanto, por que esa oficiosidad eventualmente puede resultar destructora de la estructura del debido proceso ya que el juez no puede asumir una carga procesal preestablecida por la ley procesal en cabeza de uno de los sujetos en la actuación para suplirlo, porque se ubicaría en la posición de éste y no en la de imparcialidad que le compete al juez que ha de dirimir la controversia.

Agrega que las reglas generales de procedimiento tienen excepciones según la naturaleza de cada uno de los procesos,. Por eso, sostiene, en el proceso ejecutivo no existen posibilidades tan amplias de conocer el derecho, de meterse en él para buscarlo que es donde funciona la oficiosidad del juez, puesto que arranca de una fase posterior en donde el derecho ya ha sido reconocido y solo corresponde pagarlo, de manera que las reglas procesales son distintas.

Por eso cree que en este caso se ha proferido una sentencia impactante, pero no ceñida estrictamente a la ley que debió acatar el doctor Sánchez, y en donde hay una serie de criterios inexactos, carentes de rigor. En este sentido destaca que es la primera audiencia y el primer proceso penal en donde se observa tanta cita de jurisprudencia y doctrina a nivel de Corte Constitucional, Consejo de Estado, Corte de Casación Laboral, y Tribunales, sobre todos los temas que se están debatiendo y curiosamente el Tribunal en su fallo no citó ninguna ni siquiera para decir que estaba en contra o de acuerdo con ella, como hubiera sido lo adecuado, a pesar de que los temas de la inembargabilidad, de las excepciones y de los intereses, daban para ello.

Por esto le parece curioso que el Tribunal no se hubiera metido a confrontar los criterios que manejó el Juez Laboral, establecer cuáles debía realmente utilizar, y si los que usó eran válidos o no desde el punto de vista científico o tenían al menos algún grado de probabilidad frente al manejo de los casos.

Esto no ocurrió, el tribunal nunca habló de la doctrina y la jurisprudencia que se le invocó tantas veces, a pesar de que los temas son muy controvertidos y controvertibles y se prestan para equívocos.

A tal punto llegan las cosas, que en un concepto expuesto en uno de los memoriales de sustentación del recurso, se dijo que a partir de la expedición de la Ley 4 de 1976 los reajustes y el pago ordenado por reajustes de mesadas pensionales fueron legales, lo que traería como obvia consecuencia que no hay delitos de prevaricato en donde se manejaron los reajustes establecidos por esa disposición por ser legales y hacían parte del título de ejecución como tema accesorio a la obligación principal que es la mesada pensional, pero no se dijo nada de eso, sólo se concluyó que había que condenar.

Al menos, considera, ha debido decirse que por tal asunto debe absolverse y por lo demás condenarse, lo que sería la posición más justa. También se dice que todas las resoluciones son irregulares, salvo una que es legal, respecto de la cual ha debido proferirse absolución.

Respecto del tema de los intereses, señala que el artículo 1617 del Código Civil consagra los intereses legales pero allí se consagran tres aspectos fundamentales: Establece que los intereses legales se aplican en defecto de la convención o el contrato, es decir regula una situación contractual entre dos sujetos, señalando que si no prevén intereses hay una norma supletiva en la ley, según la cual los intereses debidos son los legales.

Se dijo que al final había una regla que permitía aplicar el interés del medio por ciento mensual previsto por el artículo 1617, que era el ordinal cuarto de la misma disposición que establece que “la regla anterior se aplica a toda especie de renta, cánones y pensiones periódicas. Pero la norma que concuerda con la “regla anterior” prevista por el ordinal 3º, es el artículo 2235 del Código Civil que establece que “los intereses atrasados no producen interés”, con lo cual obviamente no se refiere al ordinal primero.

Además, sostiene, resulta evidente que estas reglas no pueden aplicarse en los casos de voluntad unilateral del Estado, contenidas en actos administrativos en donde se reconoce una obligación de cumplimiento inmediato, como cuando reconoce una pensión de jubilación, en donde no se puede entrar a convenir intereses en caso de mora porque el supuesto es que se pagará inmediatamente y de otra parte porque frente a este tipo de obligaciones no existe una norma salvo una contenida en el Código Contencioso Administrativo.

Respecto del tema de la ejecutividad del título, manifiesta el defensor, se regula por los artículos 100 del Código de Procedimiento Laboral y 488 del Código de Procedimiento Civil. El primero de ellos, refiere que son ejecutables, es decir que tienen la calidad de títulos ejecutivos los documentos que provengan del deudor (en este caso Caja Nacional de Previsión), que contengan una obligación de pagar y que provengan de una relación de trabajo. En esto, afirma, doctrina y jurisprudencia han sostenido que cualquier reconocimiento de esa naturaleza de parte del patrono, permite que sea ejecutable.

De ahí que en las resoluciones de la Caja, se cumplen todas las condiciones previstas por el Código de Procedimiento Laboral pues corresponden a un documento, que proviene del deudor, se define al acreedor a quien se le reconoce una pensión, o el derecho pensional, o el reajuste pensional, y la fecha a partir de la cual se hace el reconocimiento de provenir de una relación de trabajo.

El artículo 488 del Código de Procedimiento Civil agrega otras expresiones sobre que el título debe contener una obligación clara, expresa y exigible. Sobre esto, afirma, se ha debatido mucho, pues se ha sostenido que no hay una obligación clara, ni expresa, ni exigible, y en otras ocasiones no se sabe si la claridad se refiere al texto mecanográfico o al contenido jurídico.

La sentencia afirma también que en las resoluciones no se pactaron intereses, lo cual le parece anecdótico porque con el Estado nunca se pactan intereses por que si reconocen un derecho es para pagarlo no para demorarlo.

Apoyado en el criterio de algún autor nacional, afirma que lo principal es el reconocimiento de la pensión y lo accesorio el interés y los reajustes de las mesadas pensionales ordenados por Ley, y que la liquidez, claridad y exigibilidad de la obligación proviene del mismo acto administrativo que reconoce el derecho a partir de una fecha y que sobre esos supuestos es fácilmente computable la suma líquida acudiendo a simples operaciones aritméticas que corresponden, lo que no está vedado para integrar el título de ejecución.

Por esto, las mesadas pensionales a que se refiere la Ley 4 de 1976 son legales y se cobran en los estrados judiciales invocando simplemente la resolución inicial de pensión y la ley con la cual se integra el título de ejecución que determina los pagos que deben hacerse, por eso su petición de absolución en esos temas porque los títulos de ejecución aducidos no son incompletos, son perfectos, sólo que complejos integrados por el acto administrativo y la ley.

Algo similar sucede con los intereses, según afirma, porque no están previstos ni se pueden convenir frente a un acto unilateral del Estado abriendo el tema a toda posibilidad de intereses, exceptuando el interés legal del 1617 que es para efecto de la convención.

Agrega a su exposición que el artículo 488 del Código de Comercio regula los intereses moratorios; y los intereses corrientes; el Código Civil se ocupa también de los intereses de mora y de los intereses corrientes, y el artículo 235 del C.P. se refiere de alguna manera a los intereses. Le parece que los títulos son de ejecución si se entiende que son complejos en donde el interés y las mesadas pensionales reajustadas integran la base sobre la cual puede hacerse una cuantificación de una suma líquida de dinero.

El fallo del Tribunal también censura que no hubo autenticación, que no hubo ejecutoria, que no se demostró la viudez, la supervivencia, el retiro del servicio y la sustitución pensional. Pero la autenticación hace referencia al autor del documento, y en este caso nadie ha discutido que las resoluciones de la Caja no sean de la Caja, menos podrían hacerlo cuando en muchos casos de ejecuciones a las mesadas pensionales se vienen pagando o lo venían siendo pero dejaron de hacerlo y dieron lugar a la ejecución forzosa. Por esto, la autenticidad no es objeción válida frente al título porque este existe como tal, proviene del deudor, emana de una relación laboral, y contiene una obligación de pagar una suma determinada de dinero en la forma ya dicha.

La ejecutoria tampoco hace parte del título, porque corresponde a un problema relacionado con la firmeza del acto administrativo, no exactamente del título. Sobre ello, evidentemente hay un sello que dice que la resolución está ejecutoriada, y la ejecutoria se produce es por el transcurso del tiempo. Ahora, muchos de los actos administrativos se estaban pagando y se dejaron de pagar, de donde surge que estaban en firme.

Plantea el hipotético caso de un Juez Laboral a quien le llega un título de ejecución, una resolución expedida por la Caja Nacional de Previsión para pagar unas mesadas pensionales reconocidas a partir de 1990 de las cuales afirma el ejecutante que no le han pagado, y presentan el título y el poder. En estas condiciones el Juez no puede preguntarse si será cierto que le han pagado o no le han pagado, si la persona que demanda está viva o no, o si es viuda o no, o si le han pagado una parte, o si será que el título es bueno o malo, porque de hacerlo transformaría el proceso de ejecución en un proceso de cognición para descubrir la verdad como lo pide el Tribunal.

Si el juez se ajusta a la ley tendrá que ordenar el pago pues si comienza a averiguar las condiciones especiales del título ingresa a un campo que no es propio de un proceso ejecutivo, por esto no puede entrometerse en el rol de los sujetos procesales.

Se pregunta si el juez podría ir a la Caja de Previsión y pedir la prueba del pago parcial, o por el contrario debe ordenar el pago y esperar como lo ordena la ley que la demandada proponga la excepción de pago parcial. Asegura que el juez no puede controlar el pago y los fenómenos ajenos al título o extraños a él pues el control lo prevé la ley a través de las excepciones como mecanismo de defensa del ejecutado siendo el único que puede acreditar si pagó o no, cuánto pagó, cómo pagó, y adjuntar la prueba de ello.

Agrega que en la sentencia también se planteó que en los casos de excepciones previas en algunos casos se pidieron pruebas y el Juez no las decretó debiendo hacerlo, pero a partir de la declaratoria de inexequibilidad del artículo 107 del Código de Procedimiento Laboral, ocurrida el 29 de marzo de 1990, no quedó huérfano el proceso laboral del sistema de excepcionar, pues la jurisprudencia sostuvo que debía aplicarse el artículo 32 del mismo estatuto que dispone que en la contestación de la demanda el demandado podrá proponer todas las excepciones que crea tener en su favor y si hubiere hechos que probar deberá presentar la prueba en el acto y el juez resolverá allí mismo. Con esto, asegura, el problema no es que el juez deba buscar la prueba sino que el sistema de las excepciones es el de cargas probatorias en donde la sanción para la parte que no presenta la prueba es que queda sin el reconocimiento del derecho. Esto es que si pagó pero no presenta la prueba del pago, no se reconoce la excepción y tendrá que pagar.

Si el juez asume un papel oficioso en un proceso de ejecución, pues deja de ser un proceso de ejecución para convertirse en un proceso de conocimiento y rompería completamente el esquema del proceso y en ese evento sería procesado por prevaricar porque esa es su función en el sistema de excepciones.

Informa que en el fallo de primera instancia se ha reprochado a su asistido no haber dado cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 89 del Código de Procedimiento Civil, sobre corrección o adición de demandas, pero en este caso, sostiene el impugnante, no se trató de esa figura sino de la de acumulación de demandas ejecutivas, de que habla el artículo 540 del Código de Procedimiento Civil según el cual después de iniciado el proceso de ejecución pueden presentarse otras demandas contra el mismo ejecutado y eventualmente los mismos bienes por embargar pero que en últimas significa otras tantas pretensiones y demandas contra la Caja, para que sean acumuladas en una sola. O también podría tratarse de una acumulación de pretensiones contra el demandado.

En el fallo tampoco se tuvo en cuenta que el original artículo 89 del Código de Procedimiento Civil se refiere a los procesos de conocimiento, no a los ejecutivos.

El Tribunal, prosigue, también reprochó que el abogado que sustituyó el poder hubiese reasumido sin la manifestación expresa de hacerlo, ni auto que lo autorizara, pero el artículo 68 del Código de Procedimiento Civil señala que no hay necesidad de hacer esa manifestación sino que basta con reasumirlo con lo cual queda revocada la sustitución.

La sentencia se refiere a que cuando la abogada de la Caja le presentó un listado de excepciones de pago el juez ha debido compararlos y tomar la decisión, pero lo que la ley pide no es un listado sino la prueba del pago, no una lista o una relación de pagos.

En el fallo se alude que el Juez debió haber dado trámite a lo dispuesto en el artículo 521 del Código de Procedimiento Civil, cuando en opinión del impugnante el sistema es distinto, y se cuestiona que la liquidación del crédito la hubiera hecho el ejecutante como si esto fuera un acto vedado o extraño al procedimiento cuando así lo señala la ley.

Ahora, si el objetante presenta la liquidación, de la misma ha de correrse traslado a la parte contraria para que la pueda objetar, acompañando las pruebas en que se funde, sin embargo el Tribunal considera que el Juez ha debido hacer las comparaciones del caso y decidir.

Asegura el impugnante que es repetida la censura sobre la liquidación de costas, pero el artículo 393 establece la forma como esto debe hacerse, siendo el sistema también de carga procesal y de actividad de los sujetos cuando presentan objeción por que si esta no se presenta el juez no tiene alternativa distinta a aprobarlas.

También se ha cuestionado que mediante un mismo oficio se hubiere ordenado embargos o determinado lo relativo a embargos de diversos procesos, considerando el fallo esto como ilegal. Pero, asegura el impugnante, los artículos 541, 542 y 543 prevén dicha posibilidad. El Tribunal, sostiene que después de terminados los procesos al Juez no le quedaba ninguna posibilidad distinta de la de tomar el remanente de dinero y entregárselo a la Caja; eso no es cierto, sostiene, porque el Juez no está obligado a llevarle el dinero a la ejecutada, y porque los dineros desembargos pueden serlo en otro proceso y sobre eso le edifica el delito de prevaricato por omisión, cuando en verdad se trata simplemente del cumplimiento de la ley.

Insiste en sostener la inaplicabilidad del artículo 1617 del Código Civil para liquidar los intereses de las pensiones, y se refiere a una sentencia de la Sala de Casación Laboral con ponencia del Magistrado doctor HUGO SUESCUN PUJOLS, según la cual al interpretar la ley ha de tenerse en cuenta las condiciones históricos y socioeconómicas en que haya sido expedida, y el Tribunal Superior, con ponencia del doctor RAMIRO TORRES LOZANO, concluye que los intereses pueden llegar al 5.6% mensual en materia de prestaciones sociales porque parte del supuesto de que son admisibles los intereses corrientes más un incremento hasta otro tanto sin que sobrepase el límite de la usura.

Además, la Constitución se ocupa del tema en los artículos 48,53, y 336.

Finalmente, cuestiona el fallo en cuanto a que se toman todos los procesos y se dice que hay irregularidades o exponiendo una percepción personal de cómo ha debido proceder el acusado, con criterios que no consultan la ley procesal, civil, o laboral, es decir, sin fundamento, doctrinario, teórico, ni jurisprudencial. Si se está definiendo una contradicción manifiesta con la ley, ha debido examinarse qué se contravino, cómo se contravino y qué trascendencia tuvo esa contravención de la ley para así determinar el delito de prevaricato.

La sentencia del Tribunal, sostiene, viene a ser la percepción personal de quien la profiere, y exhibe un poder de castigo, de represión y de consideración de delitos donde no los hay, sin llegar a examinar las leyes que debieron aplicarse “para concluir en un catálogo de delitos que son inclusive incompatibles entre sí en forma absoluta como se irá viendo y que no se razonan, no se explican, no se fundamentan dentro de la sentencia”.

Respecto del delito de prevaricato que se le imputa a su asistido, considera que el doctor LUIS ALVARO SANCHEZ resolvió lo que tenía que resolver y de acuerdo con la ley procesal que debía aplicar, siendo el criterio del Juzgador de primer grado el que se opone a la ley procesal, laboral y civil, no la actuación del juez acusado, la cual, buena o mala, brillante o no, de todos modos se ciñe a la ley. Por esto, sostiene, no profirió resolución manifiestamente contraria a la ley, siendo su petición la de absolverlo por este delito.

Sabe dice, que el caso ya tiene una connotación negativa ante la opinión pública, y que el país está esperando que esas supuestas o reales ilicitudes frente a la administración pública sean castigadas, ”pero no nos puede llevar a que se hagan sentencias llevándose de calle la ley procesal civil y laboral y además llevándose de calle las propias reglas penales”. Por esto, solicita de la Corte se examine el problema de la legalidad, pues está seguro de no haberse hecho nada ilegal, salvo irregularidades muy simples que no tienen el significado de una prevaricación pues los procesos demuestran que lo que se hizo es legal.

Ahora que con ocasión de dichos procesos pudo resultar quebrada la Caja Nacional de Previsión, que la Caja no tuvo con qué pagar, o que tiene otras necesidades, eso es evidente, dice; en el fallo se afirma que los abogados no entregaron todos los recursos a los clientes, eso puede ser posible, aunque no hay prueba de ello pero eso no sería imputable al juez.

La sentencia afirma que el juez acusado debió actuar movido por la retribución, pero si eso era así, debieron haberle imputado cohecho.

Si no hay prevaricato, no pudo haber peculado porque todas las ejecuciones son legales, nadie ha dicho que la Caja no debía, los ejecutantes están vivos, no hay falsedad en los títulos de ejecución, no existe una prestación que no hubiera sido objeto de reconocimiento, debiendo por tanto ser absuelto de este cargo. Y no puede haber apropiación de dineros sino ejecución y pago .

Advierte que al procesado no solo se le reprocha prevaricato por acción sino por omisión, porque si es ilegal el trámite llevado a cabo para embargar los dineros de la Caja y entregárselos a los abogados que actuaban en los procesos, es también ilegal no devolver los dineros y mantener los remanentes hasta que fueran ejecutados por otra persona. Por esto, a su criterio el prevaricato por omisión está subsumido por el prevaricato por acción. Ahora si es peculado, no tiene sentido que se le impute prevaricato por omisión.

El fallo se afinca en sostener que la ilegalidad de los procesos estuvo en no haber dado trámite a lo previsto por el artículo 89 del Código de Procedimiento Civil, es decir la ilegalidad no está en el contenido de la prestación, ni en los pagos, sino en el trámite, lo que indicaría que los pagos fueron correctos, y si esto es así, se pregunta, en donde estaría el peculado?.

Ahora en cuanto al delito de falsedad ideológica en documentos públicos, aunque la sentencia no indica que se trata de la conducta definida por el artículo 219 asume que se trata de esa norma, y que el documento público es aquel en donde el juez acusado afirma que del crédito se ha pagado determinadas sumas, y que le queda un saldo insoluto, independientemente de las diferencias entre lo real y lo afirmado lo que se presenta es un simple error de suma, o error aritmético. Por eso, en apoyo de un autor, no existe falsedad cuando las cifras deben ser confrontadas con estado de cuentas al cual se refiere. Por esto, sostiene que se trata en este caso de un error de cuentas, que no configura el delito de falsedad que se le imputa. Para falsificar se requiere la conciencia de faltar a la verdad pues no puede haber falsedad por error.

En relación con el delito de concierto para delinquir, manifiesta el defensor que para su configuración se requiere la conformación de una banda criminal con propósitos de permanencia en el tiempo y con la intención de cometer delitos indeterminados e indefinidos hacia el futuro. La pluralidad de personas en un delito no implica concierto para delinquir .

Y la sentencia también hace alusión al delito de enriquecimiento ilícito de que trata el artículo 148 del Código Penal, que es un tipo expresamente subsidiario, es decir aplicable siempre y cuando no concurra con otro delito, por ejemplo con el peculado, pues se diseñó para el evento en que no lograra demostrarse la actividad delictiva del servidor.

En la sentencia se aduce que el peculado que le imputa al procesado es en favor de terceros y que entonces eventualmente cabe el enriquecimiento ilícito porque ya no es peculado para él pero la verdad, es que si hay peculado es de él y esto excluye cualquier otra posibilidad.

Finalmente, y de manera subsidiaria, solicita que si la Sala encuentra que existe alguna irregularidad que pudiera fundamentar una prevaricación, consecuentemente un peculado, debe absolvérsele de los demás delitos porque los demás no tienen prueba ni corresponden a adecuaciones típicas correctas como el enriquecimiento ilícito, la falsedad ideológica, el prevaricato por omisión, y el concierto para delinquir.

Y, si su asistido delinquió, lo cual no cree, le parece que se debe ser sereno en la medida de la pena. Por eso insiste en su petición principal de absolución total, y si se encuentra alguna irregularidad que permita fundar los delitos de prevaricato y peculado, pide exoneración por los delitos de prevaricato por omisión, enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y prevaricato por omisión (fls. 4-51 cno. 2 Corte).

5.3.- El procesado doctor OMAR CABRERA POLANCO.

Manifestó que la responsabilidad en materia penal es individual, no colectiva. Y que en todo el proceso que se relaciona con los veintidós ejecutivos laborales, solamente sustituyó unos poderes en cuatro de ellos donde hubo pago de las acreencias laborales en favor de los pensionados.

Aduce que sustituyó no todos los poderes de los procesos ejecutivos números 30981, 30105, 30522, 30511, debiéndose hacer un análisis y establecer los poderes que sustituyó porque hay otros poderes de otros abogados que respondían independientemente a sus clientes.

Se le sindicó de un peculado, por haber determinado al Juez LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ pero no se le dijo cuál era el valor del peculado de OMAR CABRERA POLANCO, para efectos de los artículos 139 y 133. Pero es que OMAR CABERERA, sostiene, no se apropió de esos dineros, porque hizo entrega de ellos a sus clientes tomando como fundamento un contrato de honorarios profesionales como lo confirmó el Juzgado de Instrucción Criminal en las entrevistas con los pensionados. Ninguno argumentó que los poderes fueran falsos, que el contrato de honorarios fuera falso, que las resoluciones fueran falsas, por el contrario, acertaron a decir que la Caja les había reconocido un derecho.

Agrega que la razón para haber sustituido esos poderes estuvo en la imposibilidad de atender los negocios porque se iba para el Departamento del Huila a una gesta política en donde era candidato a dos concejos municipales. En esos procesos asegura no haber tenido ninguna actuación sicológica o material. También sostiene que el Tribunal se equivocó al tomar el testimonio de CARLOS EDUARDO PEINADO como fundamento de la atribución de responsabilidad penal, porque fue un testimonio que nunca se decretó en el proceso, que llegó en paracaídas, que declaró ante el Fiscal delegado ante el tribunal de Santa Fe de Bogotá cuando estuvo en la ciudad de Neiva, y lo hizo porque se volvió enemigo a raíz de una sociedad que tuvieron llamada ECO LTDA. en desarrollo de la cual le entregó a aquél la suma de quinientos mil pesos a título de préstamo y mil dólares para que fuera a la ciudad de Panamá a traer unos equipos pero no cumplió debiendo ejecutarlo por la letra que le había firmado.

Afirma no tener antecedentes penales ni disciplinarios, y que ni uno solo de los pensionados le ha formulado denuncia por algún delito contra el patrimonio económico, porque les cumplió a todos, como está comprobado en el proceso.

Por esto, asegura que a raíz de la demanda CARLOS EDUARDO PEINADO afirmó que en su oficina había papelería membreteada de la Caja, lo cual es falso, además de no haber razón de ello, tampoco se está investigando algún delito de falsedad en documento público o uso indebido de documento público. Esto obedeció a que pudo haber visto correspondencia de esa entidad.

Ese testigo también sostiene que a la oficina de este impugnante acudía RODRIGO POLANIA UNDA a lo cual no le da ninguna relievancia, porque una persona puede ser amiga pero no para cometer delitos. Con ese testimonio, el tribunal asegura que lo acompañó a llevar treinta millones de pesos al Representante de Cajanal, lo cual es totalmente falso. Este testimonio no fue considerado por la Fiscalía precisamente por no contar con serios motivos de credibilidad, además, está siendo procesado por el delito de falso testimonio según denuncia que le instauró AUGUSTO CONTI PARRA.

En el mismo sentido sostiene que ALCIDES CORTES BAHAMON quien según el procesado era el administrador de unos cultivos de arroz, nunca dio un dato concreto sobre los hechos, generaliza solamente diciendo que defraudó a la Caja y que robó a los pensionados, que no les pagaba lo cual no es cierto. Contra ese testigo, sostiene, instauró tres denuncias penales, y a raíz de ello se hicieron enemigos como él mismo lo reconoce en la diligencia rendida ante una Magistrada de la Sala Penal del Tribunal de Neiva. Este sujeto, sostiene, se suicido, y no pudo comprobar los delitos por los que lo denunció.

El Tribunal también le imputa responsabilidad por haber hecho la solicitud de acogerse a la figura de la sentencia anticipada, además solo hizo la solicitud y posteriormente desistió de ella porque es inocente. El Tribunal se refiere también a una diligencia de inspección judicial que realizó a través del Juzgado 40 Civil Municipal a las oficinas de la Caja Agraria y cuya copia adjuntó el Doctor Manzano, en la cual se determinó unas cuentas que existían y que eran embargables pero que no tuvieron nada que ver con el embargo y secuestro de los cheques o títulos valores que se le secuestraron a la Caja, además nunca se le preguntó sobre esa diligencia en la indagatoria.

Asegura que no ha habido determinación porque ésta no existe en una persona que siempre ha mantenido la misma línea de conducta, tal el caso de los procesos 29937, de MARTHA LIGIA GARCIA DE OSMA, apoderado CARLOS IGNACIO FARFAN repartida el 3 de febrero de 1989. El Ejecutivo 30241 de ANA CARLINA FERNANDEZ DE OJEDA y 30 demandantes más, presentada el 19 de mayo de 1989,apoderado AUGUSTO PATIÑO BERNAL; el ejecutivo 30402 de GILBERTO LUNA y 23 más, presentada el 31 de junio de 1989, apoderado GUILLERMO PRECIADO LORDUY; el ejecutivo 29934 de PEDRO JOSE LARREA RAMIREZ, y 72 más presentada el 2 de febrero de 1989,apoderado JAIME FERNANDO FARFAN PATIÑO; el ejecutivo 30377 de SALOMON BAEZ JOYA con 41 pretensiones, presentada el 13 de julio de 1989 apoderado CARLOS IGNACIO FARFAN PATIÑO; el ejecutivo 30376 de ALICIA ARROYAVE DE LOPEZ y 75 más, demanda presentada el 13 de junio de 1989, apoderado CARLOS IGNACIO FARFAN AREVALO, ejecutivo 30267 de GILBERTO MILLAN REINA, y 26 más, apoderado EDUARDO URIBE QUIÑONEZ, presentada el 1º de julio de 1989. Estas demandas, sostiene, fueron presentadas por otros abogados, no por MARCO ANTONIO MANZANO y anteriores a las presentadas por éste, de donde concluye que no se puede determinar a una persona que tiene definida una línea de conducta y que coincide con la asumida por otros juzgados en los procesos contra la Caja Nacional de Previsión, pues las resoluciones son las mismas, y expedidas en la misma forma, con el mismo sello de ser copia tomada de su original, con el sello de estar debidamente ejecutoriada, de que son segundas o terceras copias, y con el sello de no prestar mérito ejecutivo, el modo de acumular pretensiones es igual.

Considera que el Tribunal se equivocó porque le irroga condena sin contar con la prueba de la determinación, máxime si no actuó dentro de los procesos, solo de manera extraprocesal sustituyó unos poderes, facultado por el poder y el Código de Procedimiento Civil (fls. 51 a 64).

5.4.- El Defensor del Procesado doctor OMAR CABRERA POLANCO.

Respecto de la inembargabilidad de los dineros de la Caja Nacional de Previsión Social, sostiene que desde 1965 el Gobierno se encargó de crear un sinnúmero de trabas para hacer nugatorio el cobro real de las obligaciones pensionales a favor de los extrabajadores estatales, hasta el punto de que mediante leyes de presupuesto limitó los alcances de normas sustantivas contrariando preceptos constitucionales. Tal el caso de la Ley 93 de 1965 que en su artículo 52 autorizó al Pagador del Ministerio de Justicia a suspender el pago de los sueldos a los jueces que ordenaran el embargo de fondos allí descritos hasta que no fuera revocada la providencia.

Sin embargo de las posiciones surgidas entre quienes defendían la aplicación de estos dispositivos y el antagonismo de los altos Tribunales que hacían prevalecer la Constitución y las obligaciones Sociales del Estado, optaron en sus providencias por la suspensión de esas normas atentatorias contra los preceptos constitucionales y por esta vía fijaron su posición en un sinnúmero de jurisprudencias que fueron acogidas por algunos jueces de la República en tanto que otros optaron por seguir el texto de las leyes de presupuesto, creándose así cadenas antagónicas de interpretación del mismo precepto.

Por esa misma transición de leyes llegó el año 1989, época en que -a raíz de los pronunciamientos jurisprudenciales que hicieron posible embargar las rentas del Estado-, se presentaron múltiples demandas porque había un sector de pensionados insatisfecho y los abogados laboralistas recorrieron el país en ejercicio lícito de su profesión para recoger poderes lo cual explica la cantidad de demandas presentadas, al extremo de que de 973 resoluciones administrativas, 106 fueron recibidas por OMAR CABRERA POLANCO quien recibió y sustituyó la totalidad de los poderes en los abogados MARCO ANTONIO MANZANO y HENRY TRUJILLO SANCHEZ.

Según el Tribunal, solamente una de las 972 resoluciones que acompañaron los 22 proceso ejecutivos reunían la forma exigible para ser objeto de mandamiento de pago, porque las otras carecían de los requisitos de autenticidad, legalidad y exigibilidad. Al respecto considera que el Tribunal partió de premisas erradas unas veces porque no consultó pruebas obrantes en el proceso que desdibujan esa conclusión y otras porque no consultó la prueba de la inspección judicial donde se hicieron verificaciones directas. Otras más porque exigió de los procesados llevar a cabo conductas que la ley no pide y otras porque no consultó la ley sustantiva y adjetiva que rige la jurisdicción del Trabajo donde prima la sustancia sobre lo procedimental.

Aclara que en la diligencia de inspección judicial llevada a cabo en las oficinas de archivo de Cajanal, el Magistrado del Tribunal solicitó copia de todas y cada una de las resoluciones obrantes en los procesos administrativos que fueron objeto de inspección y solicitó que sobre ellas se colocaran sellos, los que aparecen en ele anexo 1, pero no aclaró si eran los mismos que se usaban en los años 1989, 1990 y 1991 para autenticar las fotocopias de las resoluciones. Tampoco aclaró si la tinta utilizada en 1997 era la misma de los años de los hechos. Por esto, sostiene que el Tribunal puso a decir a la prueba más allá de lo que dice.

En la misma diligencia, sobre el proceso de FANNY TORCOROMA, el tribunal revisó uno a uno los expedientes administrativos en donde se estableció que todas y cada una de las 128 resoluciones coinciden con las que reposan en los archivos de Cajanal. También se indagó sobre la forma como la Caja Nacional de Previsión llegó a expedir dichas resoluciones, y se obtuvo que todas ellas fueron expedidas a petición de los mismos pensionados, unas veces personalmente y por escrito, y otras mediante apoderado, con poder debidamente conferido y todas tenían el recibo mediante el cual el peticionario canceló las expensas de la fotocopia.

Cita el caso de la solicitud obrante a folio 40 del cuaderno de anexos de la diligencia de inspección judicial donde aparece que OMAR CABRERA POLANCO obrando como apoderado de FANNY TORCOROMA solicita copia auténtica con constancia de notificación y ejecutoria de la resolución 00732 del 5 de febrero de 1990 y advierte que las necesitará para cobrar por vía ejecutiva las mesadas atrasadas o reajustes de ley.

En respuesta a ese derecho de petición la Caja entregó las copias en todas las cuales se certifica haber sido expedidas a solicitud de OMAR CABRERA POLANCO o de la persona que hizo la gestión, el sello de la Caja y todas con estilógrafo, el número de la resolución y la constancia de autenticación que se sacó copia que reposa en el expediente.

En la diligencia se dejó constancia que la Caja no guardaba un orden lógico ni cronológico en la aposición de sellos, los que no firmaba y unas veces tenía fecha y otras no. En todas, excepto en una, el interesado se notificó de la resolución y manifestó renunciar a términos y por mandato de la ley la resolución cobra ejecutoria en ese mismo instante. No obstante, en la resolución 10669 de 1984, a nombre de JULIA REMOLINA MOLANO quien se notificó el 31 de octubre de 1984 y manifestó renunciar a términos de ejecutoria, aparece un sello de 20 de septiembre de 1990 en donde dice que esa resolución quedó ejecutoriada cuando ello ocurrió casi seis años atrás, y como si la ejecutoria se surtiera cuando el funcionario le pone el sello. Pero este fenómeno no lo tuvo en cuenta el Tribunal en el fallo que se impugna, y dijo que solamente una resolución cumplía los requisitos de autenticidad, porque existen 18 más, lo cual fue verificado por la inspección judicial que al efecto ordenó la Corte Suprema.

El Tribunal también se equivocó porque en la diligencia de inspección se estableció que con la circular 020 del 30 de octubre de 1986 el Director de la Caja se inventó la forma de limitar el alcance del artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, del 10 del Código de Procedimiento Laboral, y 68 del Código Contencioso Administrativo que dicen relación al mérito ejecutivo de los actos administrativos. Según esa circular, el Director dijo que a las segundas copias se les pusiera un sello donde decía que no prestaban mérito ejecutivo.

En la misma diligencia de inspección, se estableció gracias a las observaciones que hizo la Vice-procuraduría a la Resolución 677 de 1989, el Director de la Caja mediante Resolución 001 del 23 de mayo de 1990 derogó la circular 020, eliminó el uso del sello y estableció el procedimiento a seguir para la expedición de copias.

El Tribunal no se explica cómo los Jueces 7º y 13 Civiles Municipales pudieron haber autenticado una resolución que no tuvieron a la vista y concluyó que había una falla en la autenticidad. En este sentido volvió a equivocarse porque no consultó los artículos 300 y 301 del Código de Procedimiento Civil que autoriza la prueba anticipada con Inspección Judicial, y no tuvo en cuenta que en esa época la Caja no respondía derechos de petición y no había tutela, por lo que había que presentar una petición a un Juzgado Civil Municipal, que fueron sometidas a reparto y así el Juzgado se desplazó hasta las oficinas de la Caja y llevó a cabo la diligencia de inspección judicial cuya fotocopia se allegó durante la causa, y obtuvo una fotocopia como consta a folio 367 del cuaderno No 8.

El otro de los yerros del Tribunal, según este impugnante, consiste en que no se le puede exigir a los procesados que asuman comportamiento que la ley no señala como tampoco se le puede exigir a un litigante que cuando arrime fotocopia autenticada por medio de una inspección judicial anexen la prueba documental que atestigüe mediante qué procedimiento se obtuvo esa resolución porque eso forma parte de la función certificadora y autenticadora que tienen los jueces.

Al Juez laboral no se le puede exigir que se desplace hasta la oficina de Cajanal y verifique si la resolución coincide o no con el original cuando ya tiene los sellos que lo atestan; tampoco, que acredite cómo la Caja autenticó la resolución expedida al abogado que sustituye.

Si llegó a haber alguna irregularidad en la expedición de esas fotocopias por la Caja de Previsión, estaría a cargo del Jefe de Archivo de Cajanal, porque allá se evacuó todo el procedimiento, no a cargo de HENRY TRUJILLO SANCHEZ, de OMAR CABRERA ni del Juez Laboral.

Por esto considera que los cargos de determinador de los delitos de prevaricato por acción, peculado consumado y tentado, comienzan a desdibujarse por cuanto los documentos fueron autenticados conforme a la ley.

El segundo elemento de exigibilidad, también fue establecido en la inspección judicial donde se acreditó que ninguna de esas resoluciones había sido suspendida, anulada ni revocada, y que contra ellas no cursaba ningún recurso que pudiera limitar su alcance.

Aduce este impugnante que el Tribunal volvió a equivocarse en relación con los elementos condicionantes de las resoluciones, como el retiro del servicio o la supervivencia, primero porque no todas las resoluciones contienen esas condicionantes, y en segundo lugar porque no todos los pensionados tienen la obligación de retirarse del servicio como por ejemplo los educadores quienes pueden recibir la pensión y continuar desempeñando los cargos de profesores. Y otros en donde la sustitución por causa de muerte que no tienen que retirarse del servicio porque nunca han estado en él, o los discapacitados o los menores de edad. Y la supervivencia se acredita, según la jurisprudencia, con la sola concurrencia del poderdante ante la autoridad competente a hacer presentación personal del poder.

El Tribunal tampoco tuvo en cuenta que la Juez STELLA MARIA OSORNO BAUTISTA, quien reemplazó al Doctor ALVARO SANCHEZ en el cargo de Juez 4º Laboral, al revisar la legalidad de lo actuado en auto de febrero de 21 de 1992, solo encontró una pequeña irregularidad subsanable consistente en que el abogado sustituto doctor HENRY TRUJILLO SANCHEZ, omitió hacer presentación personal del memorial mediante el cual adiciona o corrige la demanda.

Es decir, sostiene, en el proceso de FANNY TORCOROMA, a que se refiere la causa radicada con el número 9797A, no se encontraron vicios o irregularidades que puedan dar lugar a la anulación de siquiera parte de las diligencias y mucho menos actuaciones que vayan en contravía de la ley, razón por la cual no existió el prevaricato, como tampoco la determinación de este delito.

Y, con estos parámetros, habría que concluir que los otros cuatro procesos a que se refiere la causa 3826D tampoco presentan los defectos de autenticidad, de legalidad y de exigibilidad, es decir que en todos los procesos en los que OMAR CABRERA POLANCO participó sustituyendo poderes resultaba viable proferir mandamiento de pago.

El Tribunal adujo en el fallo que en ninguno de los procesos ejecutivos era posible demandar el pago de intereses porque no aparecían pactados en ninguna de las resoluciones administrativas aportadas como título ejecutivo. Que no era aplicable interés alguno con fundamento en lo dispuesto por la Ley 10 de 1972 y de que sí eran perseguibles con anterioridad a la vigencia de la ley de 1994 pero a través de un proceso ordinario declarativo, en el cual se declarara judicialmente el tipo de interés o una indexación, según se expuso en la sentencia de primer grado.

En este punto, sostiene el impugnante, el Tribunal incurre en error por cuanto la ley 10 de 1972 lejos de regular tasas o intereses moratorios, legales o convencionales, se refiere es al despido injustificado cuando el trabajador cumple la edad y el tiempo para obtener la pensión. En este caso, el legislador fijó una indemnización equivalente al 100% del último salario devengado hasta cuando se le reconozca y pague la pensión. Por eso la ley en mención tiene que ver con pensiones no reconocidas no con pensiones reconocidas, como lo estableció la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de abril 11 de 1985.

Ahora, sostiene el impugnante que luego de consultar la normatividad que rigió la jurisdicción laboral debe reconocerse que durante 46 años existió un vacío legal en el tema de los intereses, el cual fue llenado con la expedición de la ley 100 de 1993. Sin embargo, existía el artículo 145 del Código Laboral que autorizaba llenar el vacío legal acudiendo a otros ordenamientos en aplicación del principio de analogía, y es así como se encuentra con la vigencia del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo que consideraba un interés bancario o el simple certificado por la Superintendencia Bancaria, que comprendía desde la ejecutoria de la resolución hasta seis meses después y vencidos éstos, el interés moratorio.

También existía el artículo 1617 del Código Civil que fijaba un 0.5 % mensual, norma supletoria en el evento de que las partes pudiendo acordar intereses convencionales no lo hicieren. Y del mismo modo se encontraba en vigencia el artículo 884 del Código de Comercio que regula los intereses mercantiles.

En estas condiciones los jueces laborales debían dar respuesta a las pretensiones de los demandantes, sin perder de vista que el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo regula la institución del in dubio pro operario, según el cual había que escogerse la norma que fuera más favorable al trabajador y aplicarla en su integridad.

Al hacer este proceso, se establece que el artículo 1617 es la norma más desfavorable al trabajador porque prevé un interés del medio por ciento mensual, mientras la Caja Nacional de Previsión mantenía los dineros en las Corporaciones obteniendo rendimientos mucho más altos. Pero el disenso fundamental con el fallo respecto de la inaplicabilidad de este precepto, estriba en que regula los convenios entre particulares, y fue creada cuando en el país existía una estructura socioeconómica semifeudal sin las repercusiones que ahora se tienen en el sistema financiero de la depreciación de la moneda.

De otro lado el artículo 1617 fue objeto de análisis con ocasión de una demanda de inconstitucionalidad presentada ante la Corte Constitucional, en la que se concluyó su inaplicabilidad en materia laboral, ni siquiera por analogía, en pronunciamiento que si bien es posterior a la época de los hechos, habría una forma de favorabilidad por la vigencia del artículo 43 de la Ley 153 de 1887.

En el proceso de FANNY TORCOROMA, a folio 110, consta la prueba del interés corriente que para el caso fue del 18% y si se la compara con el comportamiento del IPC desde 1980 hasta 1990, este nunca fue inferior al 18%, lo que el impugnante dice responder la pretensión del Tribunal de que se persiguiera por lo menos la indexación.

Respecto del tema de la inembargabilidad de las rentas y recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación, a que se refieren el artículo 16 de la Ley 38 de 1989 y el 513 del Código de Procedimiento Civil, sostiene el impugnante que el embargo procede cuando estos dineros ingresan al patrimonio individual de la Caja Nacional de Previsión, y, en consecuencia, no existiría el delito de prevaricato ni el delito de peculado.

En el fallo también se alude que el Juez acusado, al observar que las obligaciones se encontraban prescritas debió haberlo declarado de oficio. Sin embargo, en la legislación laboral no existe norma que reglamente el fenómeno de la prescripción de las acciones ejecutivas como sí sucede con el proceso ordinario.

Cuando la pensión se ha reconocido y se inicia un proceso ejecutivo el pensionado no puede dirigirse a la administración con un reclamo para interrumpir la prescripción.

En materia de prescripción, el artículo 2536 del Código Civil establece que la acción ejecutiva prescribe en diez años y la ordinaria en veinte, por esto, sostiene, no había acciones prescritas y aunque las hubiera, ello no es constitutivo de abuso del derecho, porque la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, en pronunciamiento que figura en la carpeta anexa a los alegatos, sostiene que la justicia no premia al deudor que está en una situación de hecho y castiga al titular de la acreencia, sino que debe demostrarse la causa por las cuales el acreedor no ejercitó oportunamente la acción.

Concluye entonces que en cuanto al fenómeno de la prescripción no existía norma específica en el ordenamiento laboral, la acción ejecutiva no prescribe en tres años sino en 10 de conformidad con el Código Civil, al Juez no le era dable asumir la posición de demandado y fallar prescripciones de oficio porque la ley exige que quien quiera beneficiarse de la prescripción debe alegarla y probarla. Por esto, si el Juez Cuarto Laboral del Circuito no cometió prevaricato, su cliente no pudo ser determinador de ese prevaricato.

El otro tema se relaciona con las agencias en derecho que en criterio del Tribunal fueron excesivas y es elemento estructurante del delito de peculado. Al respecto aduce que las resoluciones expedidas por la Caja prestaban mérito ejecutivo, y en esas condiciones era viable librar mandamiento de pago. Ese capital adeudado generaba intereses que fueron los corrientes simples de $ 1.5 % mensual y sobre esa cuantía se calculaban agencias en derecho que para el proceso 30105 fueron del 6.35%; en el proceso 30511 del 6.53% y en el proceso 30522 del 7.64% y en el 30981 del 7.54% y en el de FANNY TORCOROMA como no se hizo ningún embargo, y no se pagó suma alguna de dinero, esas agencias nunca se materializaron. Por esto, considera que las agencias en derecho no fueron excesivas.

Lo que sucede, explica, es que las deudas pensionales eran altas y las agencias en derecho, que no superaron el 8%, no fueron en esa medida nada excesivas ni ilegales, con lo cual se desdibuja el elemento estructurante del delito de peculado.

En el fallo censurado se afirmó que en el proceso 31739 el Juez no decretó la excepción de pago parcial o total pues se arrimaron fotocopias y certificaciones que daban cuenta de haberse hecho la liquidación. Al respecto, sostiene el impugnante que las obligaciones no se extinguen con la sola intencionalidad de pagar sino con el pago efectivo que en este caso nunca se dio. Durante el juicio, y no obstante los repetidos oficios del Tribunal requiriendo a la Caja de Previsión para que enviara los documentos sobre el pago real de esas obligaciones, no se recibió ninguna respuesta. Entonces, al no haber habido pago parcial ni total, no existió el delito de peculado.

En cuanto a las excepciones presentadas dentro del proceso de FANNY TORCOROMA, estas fueron extemporáneas además de que no se adjuntó la prueba del pago que la ley exige, pues no le era dable al Juez trasladarse hasta las oficinas de la demandada a revisar los documentos a fin de establecer si alguno acreditaba el pago, porque la ley no se lo permite.

En los procesos que se relacionan con la causa 3826D, sucedieron cuestiones similares, pues nunca se allegó la prueba idónea para acreditar el pago, como tampoco ello pudo establecerse durante el juicio en el proceso penal.

Sostiene el impugnante que el Tribunal soportó la decisión del prevaricato por acción, y el peculado por apropiación consumado y tentado, en la declaración de JAIRO EMIRO GONZALEZ, quien le imputa responsabilidad por cohecho a la Juez 40 Civil Municipal; el testimonio de JORGE A. PEINADO DULCEY quien le endilga cargos a OMAR CABRERA POLANCO y AUGUSTO CONTI, apoderado de la Caja; en que OMAR CABRERA solicitó sentencia anticipada; que HENRY TRUJILLO SANCHEZ manifestó haberse allanado, autorizado por OMAR CABRERA POLANCO, a que se le pagaran intereses del 0.5% mensual; en que OMAR CABRERA POLANCO sustituyó 106 poderes; en que OMAR CABRERA en 1988 realizó una inspección judicial que sirvió de base para embargar dineros en los procesos que integran la causa 3826D.

Al respecto sostiene ser cierto que HENRY TRUJILLO SANCHEZ en la vista pública refirió haberse allanado a las objeciones sobre los intereses que hiciera la demandada y que fue autorizado para ello por OMAR CABRERA POLANCO, pero también lo es que cuando los pensionados otorgaron el poder, lo autorizaron para desistir, sustituir, recibir, transigir y reasumir, y al sustituir el poder en HENRY TRUJILLO le transfirió las mismas facultades pudiendo renunciar a esa parte de los interese por estar autorizado desde mucho antes de consultar el punto con OMAR CABRERA POLANCO.

Pero, además, al revisar los testimonios y los contratos de honorarios profesionales hay que concluir que como parte de éstos se pactaron los intereses y si el abogado renuncia a parte de ellos pues está renunciando a una porción de los honorarios.

Sobre la imputación de JAIRO EMIRO GONZALEZ a la Juez 40 Civil Municipal y al Abogado ALBERTO CARDENAS DE LA ROSA, recuerda que los mismos fueron investigados por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal de Bogotá, autoridad que precluyó la investigación a las dos personas luego de demostrarse que el hecho no existió sino en la cabeza de EMIRO GONZALEZ. La prueba de esto, dice, no milita en el proceso, pero solicita se le permita incorporarla como jurisprudencia de la Fiscalía.

El Tribunal, sostiene, no valoró adecuadamente el testimonio de EDUARDO PEYNADO DULCEY quien voluntariamente se presentó a declarar ante la Fiscalía y además incurre en una serie de contradicciones pues en su primera intervención dice ser testigo de que OMAR le entregó a AUGUSTO CONTI la suma de treinta millones de pesos, y posteriormente dice no saber la cantidad. En la primera versión da a entender que presenció la entrega, en la segunda que esto no lo alcanzó a ver por haberse quedado en el corredor de la oficina. (fls. 95 y 96 Cno. Corte)

Agrega que este testimonio no pudo ser controvertido porque cuando se produjo el cierre de la investigación dentro del proceso de OMAR CABRERA, hacía más de un año se había declarado el cierre de la investigación y durante el juicio nada se dijo sobre el testimonio de este personaje. Pero la declaración de PEINADO DULCEY es rica en datos sobre la enemistad con OMAR CABRERA POLANCO y los motivos de ella.

Sostiene que para valorar este testimonio, el tribunal no tuvo en cuenta las declaraciones de LUIS EDUARDO POLANIA UNDA, EDUARDO RAPIDO CAMELO y WILLIAM LEMUS, mencionadas por el mismo Peinado, quienes dicen que ésta es una persona problemática y conflictiva y que mantiene enemistad con OMAR CABRERA.

En cuanto al testimonio de ALCIDES CORTES BAHAMON, este nada tiene que ver con los hechos que fueron averiguados, pues no se relacionan con el Juez 4to Laboral de Bogotá, con Henry Trujillo, o los apoderados de Cajanal.

Estima que en el proceso 3826D existe una nulidad, que solicitó ante el Juzgado 15 Penal del Circuito, por no habérsele corrido traslado del dictamen pericial sobre el monto de los intereses cobrados. La nulidad se negó con el argumento de que durante el juicio podía surtirse el traslado. Sin embargo, el proceso se envió al Tribunal para su acumulación y allí no se decretó el traslado que fue solicitado pero se negó con el argumento de que se trataba de una maniobra dilatoria de la vista pública, pero cuando en la sentencia se toca el tema de los intereses y que si se hubiera cobrado por lo menos la indexación, este aspecto comienza a adquirir importancia por la posibilidad de demostrar que el IPC fue siempre del 18% anual, generando la nulidad de que trata el artículo 304 numerales 2 y 3 porque se violó el derecho de defensa y el debido proceso.

Por esto, su primera petición es que se revoque la sentencia impugnada y se absuelva a OMAR CABRERA POLANCO. Si esta no tiene acogida, como último remedio se decrete la nulidad de lo actuado en cuanto se relaciona con OMAR CABRERA POLANCO. Y, finalmente, en el evento de que ninguna de las dos peticiones tenga acogida, solicita se revise el factor punitivo acogiéndose a los argumentos expuestos en ese sentido por los otros defensores agregando que el fenómeno de la acumulación de causas genera de por sí un beneficio punitivo. Además, sostiene, a OMAR CABRERA POLANCO se le condena a 12 años de prisión y no se le explica la razón de ello, porque su cliente “tendría derecho a saber por parte de su sentenciador cuáles son los hechos, cuales son los elementos por los cuales se le declara responsable y se le impone una pena” (fls. 65 a 102).

5.5.- El Procesado LUIS HENRY TRUJILLO SANCHEZ.

Inicia diciendo que desde cuando conoció el fallo del Tribunal, se ha preguntado si su juzgador lo ubicó en el escenario de los 23 procesos laborales como un actor principal, desconociendo que en verdad solo respecto de uno de ellos, el radicado 31739 a que se refiere la causa 9797 A, fue objeto de acusación, con la significación de haber sido el único respecto del cual se predica el delito de peculado tentado. El proceso se ocupa de una serie de situaciones que los funcionarios de instancia no han tenido en cuenta o han malinterpretado, cuando no, la actuación refleja estar llena de prevenciones.

En este último sentido destaca cómo el 13 de febrero de 1998 en el diario El Tiempo en primera página se publicó un titular en el cual se afirmaba que el Juez Alvaro Sánchez y los Abogados Omar Cabrera y Henry Trujillo se habían robado prácticamente $ 3.400.000.000.oo de la Caja Nacional de Previsión, cuando lo cierto es que no ha tomado un solo peso.

Sostiene que no hubo prevaricato y en el caso de que ello hubiera sucedido, tampoco determinó al funcionario a cometerlo porque cuando OMAR CABRERA le entregó la demanda, en el Juzgado 4º ya habían cursado 18 demandas de las cuales 4 habían sido sustituidas por OMAR CABRERA al doctor MANZANO, más exactamente las correspondientes a los procesos 30105, 30511, 30522 y 30981. Siendo su primera demanda porque nunca había litigado en ese juzgado, no era conocido por el Juez. En el proceso no existe ningún testimonio que lo involucre concertando comportamiento ilícito con el funcionario solamente obran las indagatorias y los documentos que aportó.

La afirmación de que las resoluciones allegadas al proceso adolecen de una serie de fallas, obedece al desconocimiento del procedimiento laboral por los funcionarios penales, pues la observación hecha en el sentido de no haberse allegado la constancia del retiro del servicio no es una falla que pueda dar lugar a tomarse como determinación del delito de prevaricato.

Sostiene ser cierto que cuando la Caja Nacional de Previsión excepcionó, lo hizo mal por cuanto la excepción hay que alegarla y probarla, es así que cuando alegó que no se habían retirado del servicio no allegó la constancia de ello. Cuando dijo que la resolución era borrosa, no la tachó de falsa, y de todas maneras en ella se entendía el nombre del beneficiario, y el monto de la pensión.

Los 16 poderdantes sin excepción, fueron clientes del doctor OMAR CABRERA quien le entregó la demanda ya lista, es decir con poder, resoluciones y liquidaciones como lo manifestó desde un principio y que el doctor CABRERA también desde un principio negó y luego en la tercera ampliación de indagatoria aceptó haberle entregado los poderes y las liquidaciones y en la audiencia que las liquidaciones las hacía su contador NELSON CETINA y que se hacían de acuerdo con lo manifestado a él por los pensionados con lo que confirmó lo sostenido desde el comienzo.

Inició ese proceso con las expectativas normales del litigio, es decir de la aceptación o rechazo de la demanda, luego se notificó el mandamiento ejecutivo con las formalidades propias, garantizando el derecho de defensa de la demandada que nombró apoderada para su defensa. Entre otras excepciones la demanda propuso la de pago parcial de manera incorrecta, y no apeló el auto que negó las excepciones propuestas, pudiendo hacerlo y siendo una carga para ella. A la demanda se adjuntó una certificación del Banco de la República sobre el interés del 36% anual y se pidieron intereses corrientes, sin embargo se liquidó al 1.5.% o 1.6% por debajo de esos intereses. La apoderada de Cajanal objetó el auto que corrió traslado a la liquidación y presentó una nueva liquidación sin cambiar un solo peso del capital. Resalta que según el testimonio de la doctora TERESA DE JESUS ALVAREZ, la liquidación la elaboraron abogados expertos de Cajanal.

El juzgado negó la objeción por extemporánea y el proceso subió al Tribunal en el efecto devolutivo. Agrega que si hubiera actuado con dolo, habría impedido que el proceso llegara al tribunal, pero no tenía nada que esconder y a pesar de haber sido mal concedido el recurso no manifestó nada. En el Tribunal como fecha para la audiencia sucesivamente se fijó los días 23 de abril, 14 de junio, 31 de julio y 30 de agosto de 1991, sin llevarse a cabo por culpa del propio Tribunal. En vista de que nada se decidía, optó por allanarse a la liquidación del crédito efectuada por Cajanal y después de haberse allanado, el Tribunal aceptó el allanamiento y le compulsó copias para que lo investigaran.

Destaca que el embargo de dineros se decretó por la suma de $ 70.778.540.47, la cual había sido aceptada por la demandada cambiando únicamente el monto en cuanto a los intereses. También que cuando se solicitó el embargo de las cuentas de Cajanal, en los escritos se incluía la leyenda “que sean embargables” y eso mismo se escribía en el oficio mediante el cual se comunicaba la medida. Una vez el proceso regresó al Juzgado, éste desembargó los dineros.

El Tribunal en el fallo alude que desistió en el proceso ejecutivo luego de que se le compulsaron copias para que fuera investigado y porque había cambiado de titular el Juzgado, lo cual no es cierto, por cuanto en dos oportunidades más hizo llegar el proceso a la segunda instancia buscando que le pagaran el dinero que la Caja reconocía deber . Entonces, por haber transcurrido casi cinco años, y haberse desembargado los dineros, lo cual hacía ilusorio los resultados desistió de la demanda para que los clientes buscaran el pago por la vía administrativa, no recibiendo por tanto un solo peso por concepto de honorarios.

Sostiene del mismo modo que en su indagatoria relató los hechos como sucedieron sin incurrir en ninguna contradicción, y aclara que en la inspección judicial se constató que las resoluciones las tuvo a la vista el Juez 13 Civil Municipal y que fueron expedidas a nombre de OMAR CABRERA quien le sustituyó 2 dentro del proceso 31739 y las otras 7 al doctor MANZANO dentro del proceso 30511.

El Tribunal afirmó que dentro del proceso 31827 no retiró la suma de $ 9.270.000.oo como agencias en derecho, lo cual no es cierto porque a folio 112 del proceso obra dicha liquidación pues esta suma se encuentra incluida en los $87.827.518.oo que el Juzgado pagó en su totalidad los que entregó a OMAR CABRERA POLANCO, obteniendo como honorarios $ 5.000.000.oo.

Por lo expuesto, solicita se revoque el fallo proferido en su contra (fls. 102 a 114).

5.6.- El defensor del procesado LUIS HENRY TRUJILLO SANCHEZ.

5.6.1.- Comienza por hacer lo que considera “importantes aclaraciones” respecto de los fundamentos expuestos en el fallo:

5.6.1.1.- Le reprocha no haber sido notificada la providencia que corre a folio 9 del proceso ejecutivo. Al respecto sostiene que el Tribunal no tuvo en cuenta la figura de la notificación por conducta concluyente siendo esto lo que aconteció con la diligencia de juramento que se surtió el 25 de octubre de 1990.

5.6.1.2.- La Caja aún no era parte dentro del proceso y por tanto no era procedente la notificación a ella del auto que ordena tomar el juramento.

5.6.1.3.- No era necesario notificar personalmente al demandante del auto de mandamiento de pago, por que este acto se entiende surtido al momento de sufragar en la secretaría los gastos de notificación a la demandada.

5.6.1.4.- A su cliente se le reprocha haber “autoliquidado las costas”, siendo esto apenas natural si se tiene en cuenta que las agencias en derecho fueron fijadas por el Juez como se establece en la providencia del 14 de febrero de 1991 que corre a folio 138 del proceso ejecutivo.

5.6.1.5.- Se afirma que Trujillo Sánchez no desistió del proceso, lo cual no es cierto porque esa actuación se llevó a cabo en 1995 como consta a folio 169 del cuaderno original No. 3.

5.6.1.6.- El Tribunal sostiene que los sellos sobre la ejecutoria de las resoluciones carecen de firma que las respalde. Al respecto aduce que en ningún momento se excepcionó falta de ejecutoria, y que de todas maneras las resoluciones están notificadas personalmente al interesado o su apoderado quienes renunciaron al término de ejecutoria, lo que significa que quedaban en firme de manera inmediata.

5.6.1.7.- Se imputa a Trujillo Sánchez el hecho de haber corregido para adicionar la demanda, agregando que ello estaba prohibido por el reformado C.P.C. Ello lo cuestiona el impugnante aduciendo que su cliente no esta corrigiendo la demanda sino adicionándola y que ello es permitido en los procesos laborales antes de notificarse el mandamiento de pago.

Sostiene la inaplicabilidad en este caso del artículo 89 del C.P.C. por que se refiere es a la reforma de la demanda.

5.6.1.8.- Al doctor Trujillo Sánchez el fallo le imputa que en el proceso aparezca un escrito pero sin nota de presentación personal y que no empece esto en la misma fecha se emitieran autos. A ello responde el impugnante que es común que en un despacho Judicial al escribiente se le pase por alto colocar en un escrito la nota de presentación personal, pero estos olvidos no pueden tomarse como punto de partida de mala fe. En derecho procesal penal, inclusive, con la primera nota de presentación personal, las siguientes entregas de memoriales no requieren esta formalidad.

5.6.1.9.- El Tribunal exige que para poder presentar un desistimiento se debe primero acreditar el pago administrativo, lo cual no es posible. La actitud de Trujillo Sánchez no representó perjuicio alguno para los interesados por cuanto el desistimiento en materia laboral no hace tránsito a cosa juzgada.

5.6.1.10.- El A quo sostiene que fue el cambio de funcionario la circunstancia que dio lugar a interrumpir la entrega ilícita de dineros al demandante, lo que no es cierto por que ello solo vino a ocurrir a consecuencia de haber desistido del proceso. Esto por cuanto si el Juez oficiosamente levanta el embargo de bienes del demandado, como aquí ocurrió, y el demandante persiste en su pretensión, perfectamente puede pedir el embargo de un bien distinto a fin de lograr el pago de la deuda.

Además, cuando el Juez accedió a la solicitud de embargo presentada por el abogado Trujillo Sánchez, en el oficio hizo la advertencia que los dineros fueran de propiedad de la entidad demandada y que correspondieran al rubro “disponible y de libre afectación para el pago de sentencias judiciales”. Y aclara que luego de decretado el desembargo el abogado interpuso recurso de apelación en dos oportunidades en las cuales subió al Tribunal.

5.6.2.- En el capítulo que destina a la “tesis principal”, sostiene el impugnante que el doctor LUIS HENRY TRUJILLO SANCHEZ dentro del proceso laboral actuó conforme a derecho pues la documentación aportada y las pretensiones demandadas guardaban total armonía con los principios que regulan el proceso penal.

Para ello sostiene que resulta “vital encabezar esta tesis trayendo a colación criterios doctrinarios y jurisprudenciales íntimamente ligados con la ciencia laboral, que algunas veces está acorde con el derecho civil, pero que no por ello son siempre armónicos con la ciencia penal”.

En ese sentido se refiere a los conceptos emitidos por algunos doctrinantes en relación con el tema del documento y las primeras segundas o terceras copias del mismo; de obligación clara, de los intereses, las costas, las agencias en derecho, la excepción de pago y la validez de los sellos puestos en los títulos ejecutivos.

Menciona igualmente varias providencias emitidas por distintas Salas Laborales del Tribunal Superior en relación con los mismos temas que vienen de ser anotados.

Luego se refiere, para cuestionarla, a la providencia proferida en el mes de abril de 1994 por la Sala de Casación Penal de la Corte, con ponencia del Magistrado Doctor JORGE CARREÑO LUENGAS, según la cual solamente la primera copia presta mérito ejecutivo, y a ella formula algunos interrogantes para concluir que el pensionado tiene derecho a pedir cuantas copias requiera para ejercer su derecho.

5.6.3.- En el capítulo que dedica al criterio del sindicado, se refiere a las explicaciones rendidas en el curso de la actuación, las que considera armónicas entre sí.

5.6.4.- Y luego de reproducir algunos de los criterios expuestos por la Procuraduría, la Fiscalía, y el Tribunal, dedica un capítulo a hacer las “consideraciones de la defensa”.

En este acápite menciona el retraso ostensible de Cajanal en su obligación de cumplir el compromiso con los exfuncionarios a ella vinculados, al punto de haber reclamaciones judiciales por derechos laborales adquiridos desde 1971.

Y luego de manifestar haber hecho el análisis de las posiciones doctrinarias y las piezas jurisprudenciales a que se refiere, concluye el impugnante que no existe ninguna irregularidad de parte de LUIS HENRY TRUJILLO SANCHEZ al haber presentado una demanda ejecutiva laboral, con segundas o terceras copias, con copias que ostentaban el sello de no prestar mérito ejecutivo, con copias que ostentaban el sello de decir que sólo para fines estadísticos, con copia que a otra persona le parece ilegible pues la claridad que exige la ley es de contenido jurídico, demandar sin acreditar supervivencias, y demandar pretendiendo intereses comerciales.

Indica que se podría contra argumentar que cuando se pretende demandar con una resolución que establece una condición, se debe probar su cumplimiento, lo cual podría constituir una irregularidad, pero eso no daría para tipificar la comisión de un delito, pues los códigos procesales han establecido un capítulo dedicado a las excepciones “y en tales condiciones daría para la inadmisión de la demanda o para que la parte demandada formulara una excepción”.

Sostiene que de prosperar una tesis distinta a la que expone, habría que concluir que en todo proceso ejecutivo en lugar de excepcionar habría que formular una denuncia penal o que todo aquello que amerite una formulación exceptiva, genera una acción penal y una subsiguiente condena.

Afirma del mismo modo que a partir del momento en que una de las Salas Laborales del Tribunal dispuso la compulsación de copias para la investigación disciplinaria por la Procuraduría, todos los funcionarios que han intervenido en la actuación con obsesión han buscado “cualquier aspecto que les parezca extraño y todo aquello que les ha perecido extraño o irregular se ha convertido en una pieza más de la tipificación de los delitos aquí sentenciados”.

En esa medida, se cuestionó cómo una persona residente en Boyacá en el poder consignó que era domiciliada en Bogotá, y si bien es cierto que algunas resoluciones presentan “sello de ejecutoria defectuoso”, o sin constancia de ejecutoria, o con sello de autenticación defectuoso, o que aparezca sello del Juzgado Séptimo Civil Municipal sin acreditar el medio por el cual el funcionario tuvo a la vista el documento, el impugnante no se explica cómo todo aquello que se estimó “defectuoso” hubiera servido de base para edificar los delitos de prevaricato y peculado y no haya sido fundamento para el delito de falsedad, “porque en tratándose de asuntos oficiales, ‘lo defectuoso’ obligatoriamente es FALSO”.

Entonces, considera que sobre las observaciones de algunos funcionarios administrativos o penales, hechas sobre “actuaciones del exclusivo mundo laboral” por tener aspectos filosóficos distintos, nació el proceso que culminó con sentencia condenatoria en contra de LUIS HENRY TRUJILLO SANCHEZ.

Pero, se pregunta, “acaso la CAJA NACIONAL DE PREVISION no adeudaba las sumas de dinero indicadas en las liquidaciones del ejecutante, descontando los pagos efectuados?”, o se encontraba al día, o se inició una acción en contra de ella por personas que no habían prestado sus servicios a la administración pública, con poder de personas fallecidas, o con resoluciones falsas?.

Es posible, continúa, que las multimillonarias acciones ejecutivas contra la Caja la hubieren llevado a la quiebra, y que las múltiples demandas hubieren puesto en conocimiento público que esa entidad no pagaba las deudas a sus pensionados, pero el expediente no demuestra que los servicios no hubiesen sido prestados por sus reclamantes, que alguna resolución fuese espuria, o situación similar alguna definitivamente ilegal y que con esa ilegalidad se hubiese querido defraudar a la Caja.

No se estaban cobrando dineros no adeudados por cuanto no obstante la excepción de pago parcial formulada por la demandada, para fundamentarla allegó solamente unos oficios en los que se habla de una liquidación de dinero pero no se demuestra su pago efectivo y sin demostrar pago anterior o posterior al mes de octubre de 1990, fecha de la presentación de la demanda; además, solo se objetaron los intereses no la liquidación del capital.

Agrega que como no se tenía certeza de los aludidos pagos parciales, se requirió dicha información a Cajanal recibiéndose el oficio DAPE-S 1082 del 18 de septiembre de 1997 pero sin aportar ningún soporte.

En cuanto tiene que ver con la exigencia del cumplimiento de la condición relacionada con el “efectivo retiro de la administración” , afirma que su no acreditación no indica la realización de un delito porque ello es objeto de excepción por la entidad demandada y de otro lado porque la investigación penal no estableció que cualquiera de los ejecutantes no estuviera separado del servicio y que pretendía hacer doble cobro.

Y, aún en el evento de que se pruebe la no separación del servicio, esta sería una acción dolosa del poderdante no del apoderado a menos de probarse el conocimiento previo de esa situación.

Afirma que “algunas veces sucede que los ‘casos sonados’, ‘los casos que originaron escándalo’ de antemano tengan la marca de la sentencia y todo se dirija, de manera inconsciente, a ese fin, perdiendo la justicia el norte de la objetividad”.

Insiste en preguntarse cuál de las resoluciones es falsa, cuál de los dineros reclamados no lo debía la Caja, cuál de los servicios alegados no fue prestado, cuál de los poderdantes no existe o no existió, cuál de las reclamaciones no era objeto de excepciones, cuál de las reclamaciones no podía ser objeto al principio de la doble instancia porque en todo proceso en general proceden los recursos de reposición.

En este caso, sostiene, la apoderada de la demandada solo interpuso recurso de reposición contra el mandamiento ejecutivo y no impugnó el auto que le negó las excepciones. Sólo el que corrió traslado de la liquidación y de allí surgió la investigación penal, lo que en criterio del impugnante, significa que la misma apoderada de la entidad demandada no apreció ilegalidad alguna.

Entonces, concluye este aspecto del discurso, porque no todas las “irregularidades” detectadas por los funcionarios lo son realmente, porque las otras debieron ser objeto de excepción por la demandada y porque nadie discute que Cajanal no adeudaba ninguna de esas prestaciones, considera el defensor que LUIS HENRY TRUJILLO SANCHEZ debe ser absuelto de los delitos a él imputados, “pues falta el elemento antijurídico”.

5.6.5.- El impugnante dedica este capítulo a lo que denomina “tesis subsidiarias”.

5.6.5.1.- La primera de ellas la funda en sostener que en el evento de haberse presentado el delito de prevaricato el doctor LUIS HENRY TRUJILLO SANCHEZ no fue el determinador por cuanto desde el 12 de octubre de 1988 hasta el 18 de octubre de 1990, fecha en que Luis Henry Trujillo presentó la demanda, el doctor OMAR CABRERA POLANCO como “director” de los procesos contra la Caja, “por sí o por interpuesto abogado” había iniciado y llevado hasta su culminación 11 acciones ejecutivas laborales, comenzando por el proceso iniciado a nombre de BEATRIZ DIAZ DE CEPEDA y 78 ejecutantes más, por el que se reclamó la suma de $ 115.569.486,23.

De haberse dado el preacuerdo delictivo entre OMAR CABRERA POLANCO y el Juez LUIS ALVARO SANCHEZ a que se refiere el fallo, cuando LUIS HENRY TRUJILLO SANCHEZ intervino como apoderado de FANNY TORCOROMA y 15 ejecutantes más, es de suponerse que el acuerdo entre el juez y Cabrera Polanco ya se había dado, porque allí ya se habían tramitado 18 procesos laborales con aproximadamente 800 demandantes. Por esto, se pregunta, cómo entonces suponer que OMAR CABRERA le informó a LUIS HENRY TRUJILLO SANCHEZ que desde hacía dos años tenía un acuerdo con el juez para “prevaricar” a fin de “pecular”.

Por ello, no es posible pensar que se necesite determinar a quien ya está determinado y si hubo un acuerdo entre el Juez y Omar Cabrera lo que menos se necesitaba era que lo conocieran más personas. De ahí, prosigue, que sea digna de crédito la versión de Luis Henry Trujillo Sánchez.

Y aunque no sea muy ortodoxo demandar por la totalidad de la prestación sin contar con poder del otro titular del derecho, cuando es conjunto, o sin acreditar la separación del cargo, en opinión del impugnante no alcanza a configurar un delito porque “a tales situaciones proceden las correspondientes excepciones”.

Podría afirmarse, prosigue, que las providencias dictadas por el Juez, mediante las cuales accedió a las pretensiones de TRUJILLO SANCHEZ fueron ilegales y que el abogado se benefició de ellas. Sin embargo, a esto responde el mismo impugnante, que gran parte de la ilegalidad obedece a conceptos errados de la judicatura, como en el caso de las segundas o terceras copias, no acreditar la supervivencia o sin constatar la existencia de la deuda. Y a pesar de que las providencias emitidas por el funcionario obedecieran a un acuerdo entre él y Omar Cabrera, Luis Henry Trujillo Sánchez nada podía hacer por carecer de interés jurídico para impugnar por radicar éste en cabeza de la parte afectada. Nada indica que Luis Henry Trujillo hubiese estado enterado del acuerdo celebrado con dos años de antelación, entre el Juez y Omar Cabrera.

Afirma que TRUJILLO SANCHEZ intervino como desprevenido abogado litigante, por cuya actuación OMAR CABRERA le cancelaría el 10% del capital recaudado y el 1% de los intereses, “sumas por demás irrisorias que impiden pensar que por tan poca monta se puede ingresar al inseguro camino del delito”. Por esto, insiste, la comisión de fiscales que definió la situación jurídica de OMAR CABRERA lo ubicó como determinador de los delitos cometidos materialmente por el juez.

5.6.5.2.- La segunda tesis subsidiaria, la presenta el impugnante con la afirmación de que a LUIS HENRY TRUJILLO SANCHEZ se le violó el derecho de defensa. Funda su apreciación en que fue vinculado al proceso como presunto responsable del delito de fraude procesal. Sin embargo, con la providencia mediante la cual se definió su situación jurídica, se le afectó como presunto determinador responsable del concurso de delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación agravado, este último en la modalidad de tentativa. Por esto, “como quiera que LUIS HENRY TRUJILLO SANCHEZ no fue interrogado por los delitos de PREVARICATO y PECULADO, por estas circunstancias no se le brindó la oportunidad de defenderse de tales cargos”.

En ese sentido trae a colación el pronunciamiento de 27 de agosto de 1992, con ponencia del H. Magistrado doctor EDGAR SAAVEDRA ROJAS, para concluir configurada la nulidad que invoca pues el interrogatorio no se orientó para que se defendiera de los punibles de prevaricato y peculado, sino de un eventual fraude procesal. Y, de haber sido interrogado por ellos, dada su gravedad, hipotéticamente podría haber optado por confesar ante la posibilidad de rebaja de pena.

Con base en lo expuesto, subsidiariamente solicita se decrete la nulidad del proceso a partir de la diligencia de indagatoria.

5.6.5.3.- Como tercera tesis subsidiaria, postula que en el evento de concluir la Corte la responsabilidad penal de LUIS HENRY TRUJILLO SANCHEZ en el concurso de delitos que se le imputa, se reconsidere la tasación de la pena pues, la sumatoria punitiva a la que llegó el a quo, no aparece explicada en la sentencia, dando lugar a pensar que el fundamento estuvo en la Ley 190 de 1995 “pues nada indica que la tasación se haya fundamentado en las normas benignas del entonces vigente decreto 100 de 1980” (fls. 190 a 230).

5.7.- La procesada MERCEDES CABRERA POLANCO.

Comienza por sostener que durante el tiempo de duración del proceso se ha preguntado si su error fue haberse ido a trabajar a la oficina de su hermano OMAR, haber recibido los poderes, o haber estudiado derecho.

Anuncia que fueron varias las razones por las cuales llegó a trabajar en la Oficina de OMAR CABRERA: primero porque éste le solicitó colaboración ya que por sus ocupaciones políticas en Neiva y Palermo, no podía atender a los clientes que allí llegaran con ocasión de un aviso que puso en la prensa ofreciendo a los pensionados del país sus servicios profesionales para cobrar judicialmente el reajuste pensional establecido en la Ley 4 de 1976; y, en segundo lugar, porque su hermano estaba enterado de la excesiva carga laboral que debía soportar en la Oficina de la Unidad de Contratos en la Oficina a Jurídica del Idema, donde antes trabajaba.

Agrega que el ir a trabajar a la oficina de su hermano le representaba poder compartir más tiempo con su familia y la posibilidad de continuar con los estudios universitarios porque en ese entonces culminaba sexto grado de derecho y requería tiempo para la tesis y los preparatorios.

Sostiene que sus funciones en la Oficina de Omar consistían en atender a los pensionados, explicarles el alcance del reajuste de la Ley 4 de 1976, un dinero que la Caja les debía porque no les había pagado y en esto no vio ninguna ilicitud ni ninguna anormalidad. Y el pensionado no dudaba en otorgar el poder previa advertencia de que ella no les llevaría el proceso, pero que para su inicio se requería un poder firmado por ellos y con la debida presentación el cual entregaba a OMAR CABRERA y hasta allí llegaba su actuación.

Sostiene que su vinculación al proceso se produce por haber trabajado con OMAR CABRERA y por haber recibido los poderes a que se refiere. Lo único que sabía era que se iba a ejecutar a la Caja por unos dineros que no había cancelado pero no de la organización criminal que la Fiscalía pretendió le explicara.

Explica que como la Fiscalía le negó la libertad, y se encontraba desesperada por su situación, esto la movió, contrariando la voluntad de su abogado, a solicitar la aplicación del artículo 37 del Código de Procedimiento Penal, y allí no se llegó a ningún acuerdo porque se opuso a que la tomaran como determinadora ya que asumía era la complicidad en el delito.

Asegura nunca haber ido a la Caja Nacional de Previsión, ni a la Oficina de un Juzgado Laboral, y que no tuvo la oportunidad de conocer al doctor LUIS ALVARO SANCHEZ a quien vino a conocer durante la audiencia. Por eso, se pregunta, ¿cómo se va a determinar a quien no se conoce? O cómo se es determinadora de una organización de la cual no forma parte, tampoco pudo haber determinado a su hermano porque era su jefe.

El Tribunal en su fallo, en dos hojas la condena a 7 años de prisión y tomando lo afirmado por la Fiscalía, le dice que no puede evadir su responsabilidad a través de OMAR por tratarse de una persona madura, por las conductas que se le reprochan, las cuales no se explica.

Agrega que de los 116 poderes que figuran en el proceso, 16 fueron recibidos por ella, a cuyos pensionados se les pagó oportunamente todo lo que les correspondía. También que en el proceso obra la declaración de la señora ANA MORALES DE VARGAS quien sostiene haber concurrido a la oficina por un aviso en la prensa, haber sido atendida por ella, y haberle otorgado poder, todo lo cual es cierto. Sin embargo, la Fiscalía recibió la declaración de FLOR VARGAS DE SILVA, quien reconoce la firma de su mamá, pero en lo demás es una declaración de oídas por no provenir directamente de la pensionada. De esta declaración la Fiscalía concluye que el Juez le dijo que fuera a la oficina de Mercedes Cabrera a averiguar por los dineros, no que fuera a la oficina de los abogados.

Sostiene que no puede haber determinación sin haber existido previamente un acuerdo y en esa medida solicita de la Corte se reconsidere su caso, porque para poder condenarla se requieren hechos claros y aparezca acreditada su responsabilidad (fls. 114 a 121 cno. 2).

5.8- La Procuradora 11 en lo Judicial Penal.

La representación del Ministerio Público ante la primera instancia, manifiesta su inconformidad con el monto de pena deducido en el fallo a LUIS HENRY TRUJILLO SANCHEZ, el que considera excesivo, pues, según sostiene, no se especificaron pormenorizadamente los factores tenidos en cuenta para ello y no guarda proporción con la pena impuesta a OMAR CABRERA POLANCO.

Un segundo punto de inconformidad, radica en sostener que a los cuatro procesados no se les ha debido imponer la interdicción de derechos y funciones públicas como pena accesoria, sino como principal, como la contempla el delito de peculado.

En lo demás, sostiene, comparte la adecuación objetiva de las conductas y el análisis del aspecto subjetivo, y agrega que es del criterio de que las resoluciones de la Caja Nacional de Previsión expedidas a partir de la Ley 4 de 1976 no requieren de resolución administrativa para ser ejecutadas, toda vez que la ley mencionada señalaba los factores a tener en cuenta para la liquidación de los reajustes, lo que no sucedía con anterioridad en donde se requería el reconocimiento de los reajustes mediante resolución administrativa.

Y a pesar de que en la diligencia de inspección no se confrontó la totalidad de las resoluciones expedidas por la Caja, sí se pudo establecer la ilegalidad de su expedición por cuanto tenían como fecha de la copia, una anterior a la de la resolución, pero además de haber cobrado una suma con base en resoluciones ilegalmente obtenidas, no solamente se cobraban las mesadas y los reajustes de acuerdo a la resolución sino que se inflaban esos valores presentando como títulos resoluciones con las cuales ya se había ejecutado a la Caja en otros procesos por los mismos conceptos y se tomaron factores distintos a los señalados en la Ley 4ª de 1976 y traducidos en las tablas emitidas año a año por el Ministerio del Trabajo.

Es del criterio de que aún suponiendo que las resoluciones prestaran mérito ejecutivo, y tomando en cuenta que en ellas no se habían contemplado intereses moratorios, en virtud del artículo 1617 del Código Civil toda obligación causa una indemnización de perjuicios por la mora, y si no se han pactado los intereses, los correspondientes son del 6% anual, regla que se aplica a toda especie de rentas, cánones, y pensiones periódicas, sin que las pensiones oficiales sean la excepción (fls. 178 y ss.- cno. 1).

SE CONSIDERA:

1.- Cuestiones previas.

1.1.- Por provenir la sentencia impugnada de un Tribunal Superior de Distrito Judicial, y haber sido proferida en primera instancia como culminación de un juicio seguido contra un Juez del Circuito (art. 70-2 C. de P. P.), la Corte es competente para desatar la alzada contra ella interpuesta, de conformidad con el artículo 68-4 del Código de Procedimiento Penal, siéndole permitido revisar únicamente los aspectos impugnados, dado que los recursos propugnan principalmente por la absolución, cuando no por la invalidación de lo actuado, y, el Ministerio Público para la primera instancia, por la reducción punitiva respecto de LUIS HENRY TRUJILLO SANCHEZ.

1.2.- No se discute por los impugnantes la condición de Juez Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá que por la época de los acontecimientos, ostentaba el doctor LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ.

Tampoco, que dada esa calidad, a cargo de este funcionario estuvo el trámite de los procesos Ejecutivos Laborales allí identificados con los números 29690, 29827, 29934, 29937, 30105, 30241, 30267, 30376, 30377, 30402, 30511, 30522, 30981, 31128, 31172, 31270, 31401, 31716, 31784, 31827, 32207 y 32210 (de los cuales se ocupa el Juicio radicado en el Tribunal con el número 3557C); 31739 (a que se refiere el juicio 9797A); 30919 y 30465 (a los que se refiere el juicio 10398A); y los ya mencionados 30105, 30511, 30522 y 30981 (que comprende el juicio número 3826D); todos ellos promovidos contra la Caja Nacional de Previsión Social.

Respecto del doctor OMAR CABRERA POLANCO, por su parte, se sabe que recibió los poderes de que se ocupó la investigación, sustituyó algunos de ellos al abogado LUIS HENRY TRUJILLO SANCHEZ, elaboró las demandas ejecutivas en su oficina, donde además se liquidaron los créditos con la intervención del contador NELSON CETINA, en algunos casos autorizó a su sustituto a allanarse a las pretensiones expuestas en el proceso por la entidad demandada, y se benefició de los dineros que con ocasión de los procesos fueron embargados y posteriormente cobrados.

En torno al doctor LUIS HENRY TRUJILLO SANCHEZ asimismo se estableció su intervención en el trámite del proceso 31739 que ha sido referido, y haber recibido directamente algunos de los poderes de los pensionados de la Caja.

Y, en cuanto a MERCEDES CABRERA POLANCO, por su parte, no ha sido cuestionada la afirmación hecha en la providencia enjuiciatoria, en el sentido de haber contactado a varios de los pensionados, haber intervenido en el recibo de los poderes, algunos de los cuales se hicieron a su nombre, y haber pagado de su propio peculio la reclamación dineraria hecha por una de las poderdantes de su hermano OMAR.

Como lo dicho no es materia de discusión por los impugnantes, resulta innecesario que la Corte se ocupe de ello, o se refiera a los medios de prueba que así lo acreditan en el proceso.

Los motivos de inconformidad se centran fundamentalmente en las tantas veces mencionadas “irregularidades” cometidas en el trámite de los procesos ejecutivos referenciados, advertidas por la Fiscalía para disponer la vinculación de los procesados, resolverles la situación jurídica con medida de aseguramiento de detención en un caso y detención domiciliaria en los otros, y finalmente proferir las resoluciones de acusación de que se ocupó el juicio.

Mientras el doctor LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ expone haber ceñido su conducta estrictamente a la ley, y los doctores OMAR CABRERA POLANCO, MERCEDES CABRERA POLANCO y LUIS HENRY TRUJILLO SANCHEZ, aducen no haber incurrido en delito alguno, lo contrario se sostiene en las resoluciones acusatorias y en el fallo proferido por el Tribunal, el cual es materia de impugnación.

1.3.- Por esto, seguidamente abordará la Corte el análisis de los temas propuestos por los impugnantes, tanto de manera separada en relación con cada uno de ellos, como en su globalidad dados los vínculos que entre uno y otro ítem se advierten, todo con el fin de establecer si asiste razón a los recurrentes, o si por el contrario la providencia ameritada merece confirmación por haber sido proferida conforme a la ley, y hallarse avenida a lo debatido y probado en el proceso.

Para ello, como es apenas obvio, se tratará separadamente cada una de las acusaciones identificadas según el número de radicación correspondiente, pues si bien los juicios fueron acumulados para su trámite conjunto por las razones ampliamente conocidas en el proceso, lo cual da lugar al proferimiento de un solo fallo en relación con todos los enjuiciados, esto en manera alguna indica que cada una de las acusaciones no pierde su autonomía fáctica y jurídica, o que el fallo no les deba absoluta congruencia.

Comenzará la Corte por responder las censuras planteadas a la sentencia en relación con el proceso radicado con el número 3557C, pues a más de ser génesis de los demás, si es que así pudiera ser llamado para efectos metodológicos, y no obstante comprender la acusación solamente al doctor LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ, los temas en él tratados se relacionan íntimamente con los debatidos en las restantes causas, ya que se ocupa también de los cuatro procesos por cuya intervención han sido convocados a responder en juicio criminal los hermanos CABRERA POLANCO, como son los radicados con los números 30105, 30511, 30522, 30981.

Seguidamente, como ya ha sido indicado, procede responder de una vez los reproches formulados al fallo en cuanto se relacionan con el proceso identificado con el número 3826D, dentro del cual se profirió resolución acusatoria contra los doctores MERCEDES y OMAR CABRERA POLANCO, dada su vinculación con el radicado número 3557C.

Analizará luego la Sala, los cargos formulados a la sentencia del Tribunal en cuanto tiene que ver con el proceso 9797A, donde se profirió resolución de acusación contra los doctores LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ, LUIS HENRY TRUJILLO SANCHEZ y OMAR CABRERA POLANCO, por el concurso de delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación, este en modalidad de tentativa, en cuanto hace al proceso ejecutivo laboral identificado con el número 31739.

Siguiendo el orden que pareciera ser el adecuado, dadas las consideraciones tenidas en cuenta para el proferimiento de la resolución de acusación y el posterior fallo, la Sala responderá los cuestionamientos formulados en lo relacionado con el juicio número 10398 A, en el cual ha sido acusado el doctor LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ por los delitos de prevaricato por omisión y prevaricato por acción respecto del trámite dado a los ejecutivos laborales 30719 y 30465, aclarando desde ya, que, por haber sido absuelto del delito de prevaricato por omisión, se revisará únicamente lo que tiene que ver con el delito de prevaricato por acción cuya realización se le imputa al tramitar el proceso 30465, en razón a la limitación que para la segunda instancia opera en este punto.

Se ocupará luego de lo relativo a la acusación formulada por la fiscalía y el posterior fallo proferido contra el doctor LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ por el delito de enriquecimiento ilícito, pues, la sanción o no a esta conducta, depende en gran medida de la suerte que corran las demás acusaciones, conforme ha sido advertido por la defensa y el propio procesado en el acto de sustentación del recurso de apelación.

1.4.- Y, finalmente, dadas las consideraciones que llegue a hacer la Sala en torno de cada una de las acusaciones, culminará la instancia haciendo los pronunciamientos que correspondan.

2.- Los Juicios.

2.1.- Proceso 3557C contra el Ex juez LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ.

Como ha sido advertido en el acápite correspondiente a los antecedentes de la actuación, la Unidad de Fiscalía Delegada ante los Tribunales Superiores de los Distritos Judiciales de Santa Fe de Bogotá y Cundinamarca profirió resolución acusatoria contra el doctor LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ por el concurso homogéneo, heterogéneo y sucesivo de delitos de prevaricato por acción, prevaricato por omisión, peculado por apropiación agravado por ser la cuantía superior a quinientos mil pesos, concierto para delinquir y falsedad ideológica en documento público, con las circunstancias de agravación previstas por el artículo 66 numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, y 13 del C. P., y sin evidenciar ninguna circunstancia de atenuación de las previstas en el artículo 64.

Al aparecer acreditado que el doctor LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ, por la época de los hechos Juez Cuarto Laboral del Circuito, libró mandamiento ejecutivo en veintidós procesos laborales que tramitó contra la Caja Nacional de Previsión Social, sin contar los documentos base de las correspondientes acciones con los presupuestos establecidos por la ley (art. 100 del C. P. del T. y art. 488 del C. de P. C.), decretar el embargo de dineros de la entidad demandada aún contrariando la prohibición legal de hacerlo, contenida en la Ley 38 de 1990, y el art. 513 del C. de P. C., con la modificación introducida por el Decreto 2282 de 1989; ordenar la entrega de estos recursos a los demandantes en cuantía de $3.441’261.501.oo, y haberse demostrado que actuó en cumplimiento de su rol como integrante de una organización criminal montada con el propósito de defraudar patrimonialmente a la citada entidad a través del inicio, trámite y culminación de procesos judiciales, cabe concluir que realizó el delito de prevaricato por acción, tantas veces como aquellas que profirió mandamiento ejecutivo en los citados procesos (22), decretó el embargo de dineros de propiedad de la entidad demandada, y ordenó la entrega de estos recursos de carácter oficial a los apoderados de los demandantes.

Los delitos de peculado por apropiación, encontraron realización a través de los prevaricatos, pues con ocasión de ellos dispuso la entrega a los ejecutantes de los dineros embargados a la Caja.

Y la conducta típicamente antijurídica definida como concierto para delinquir halló realización cuando se integró a una organización creada con la finalidad de llevar a cabo múltiples delitos a través de utilizar medios institucionales como los procesos judiciales y, en general, la administración de justicia.

El procesado sostiene, contrario a lo afirmado por la Fiscalía y el Tribunal, que las resoluciones adjuntas a las demandas prestaban mérito ejecutivo por reunir los requisitos de los artículos 100 del C. P. del T. y 488 del C. de P. C. dado que se trataba de actos administrativos ejecutoriados cuya firmeza depende del simple transcurso del tiempo a partir de la notificación, pues el hecho de que en ellos aparezca la nota marginal sin firma de encontrarse ejecutoriados, no les resta autenticidad ni eficacia. Para respaldar su posición, se apoya en pronunciamiento proferido por una Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá el treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y seis.

Ha de responder la Corte a este respecto, en primer lugar, que si bien lo dicho por el procesado podría contar con cierto respaldo jurídico, en el sentido de que la ejecutoria de las decisiones administrativas no depende de la imposición de un sello o una constancia que así lo indique, sino del cumplimiento de las exigencias de orden legal para que ello pueda ocurrir, como por ejemplo la notificación, o el transcurso del tiempo a partir de su expedición, o ambos fenómenos, según se trate de aquellos de carácter general, particular o presunto, este no ha sido el núcleo central de la acusación y del fallo para deducirle la realización del delito de prevaricato, como se ha visto.

Si bien el Tribunal patentizó inconsistencias en los referidos sellos de ejecutoria que presentaban las resoluciones expedidas por la Caja, esta constituyó apenas una de las irregularidades que debieron ser advertidas por el funcionario al momento de calificar la idoneidad del título base de la acción ejecutiva, pues aunque esa sola circunstancia no resultaba suficiente para declarar la falta de autenticidad del documento, sí podía serlo respecto de su exigibilidad por la posibilidad real de haber sido modificado posteriormente el acto administrativo en que se apoyaba la acción ejecutiva.

Pero es que, además, comienza así a advertirse la comodidad del planteamiento expuesto en orden a sustentar el recurso, pues en lugar de orientarse por aludir si aparece acreditado que las resoluciones de la Caja Nacional de Previsión Social allegadas como fundamento de la ejecución en los procesos a su cargo, cumplían los presupuestos mínimos para ser admitidas como títulos ejecutivos, por reunir los requisitos establecidos en los artículos 100 del C P. del T. y 488 del C. de P. C., y que en tal medida resultaba imperioso, como hizo, proferir mandamiento de pago, se viene a anteponer al fallo de condena una providencia judicial que ni es concomitante con la época en que los hechos imputados tuvieron lugar, ni corresponde a posición jurídica alguna expuesta en los pronunciamientos calificados como prevaricadores.

En dichos proveídos proferidos por el doctor SANCHEZ RODRIGUEZ, brilla por su ausencia la fundamentación, a tal extremo, que en ninguno de ellos, se exponen las razones por las cuales considera el funcionario que las copias de las resoluciones allegadas con las demandas contienen obligaciones claras, expresas, y exigibles a cargo de la demandada, los montos y períodos por los que se ordena su pago, ni la tasa de interés que pudiera resultar aplicable.

Sucede también, que el pronunciamiento jurisprudencial al que acude el procesado, y que exhibe como piedra angular de su cuestionamiento al fallo, no se ocupa en darle la razón; todo lo contrario. Si bien en él se indica que el contenido de un documento no resulta alterado por el hecho de habérsele impuesto un sello que haga referencia a su autenticidad o ejecutoria, con ello no se desconoce que en tratándose de la calificación para su admisión a cobro por la vía ejecutiva, han de tenerse en cuenta otros presupuestos que puedan dar sustento al mandamiento de pago. De ahí la decisión tomada en la aludida jurisprudencia, en el sentido de revocar el auto que negó el mandamiento de pago por razones de la autenticidad de las resoluciones administrativas base de la acción, para que “el a quo proceda a estudiar si las mismas mantienen las exigencias necesarias para librar la orden de pago en la forma reclamada que, desde luego, se debe extender a las restantes resoluciones que no merecieron ningún análisis de su parte”.

Otro tanto podría decirse cuando se aduce que según un pronunciamiento proferido en 1992 por el Tribunal de Bogotá, el solo hecho de presentarse personalmente el poder ante notario o autoridad judicial, acredita la supervivencia del pensionado. Esto deviene insuficiente cuando de enervar los términos de la acusación y el fallo se trata, ya que dicha postura nada dice frente al reproche de no haber exigido el cumplimiento de los presupuestos señalados en la ley para librar mandamiento de pago, en el sentido de que los documentos base de la acción ejecutiva debían contener obligaciones claras, expresas y exigibles, lo que no se cumplió, pues, los allegados a las demandas ejecutivas contra la Caja de Previsión, no se referían a una cantidad líquida o liquidable de dinero, y en ellos no se especificaba el periodo cobrado, ni se acreditaba el cumplimiento de las condiciones impuestas, para que pudiera tomarse como exigible coactivamente.

De ahí que se diga que la posición asumida para cuestionar el fallo, es de gran comodidad. Se advierte en ella un unilateral fraccionamiento de los hechos básicos de la acusación y la posterior sentencia que ahora es materia de impugnación, pues en la misma vía en que se enfoca la sustentación del recurso, habría lugar a aducir que ninguno de los actos insularmente considerados se prestarían a ser tomados como configurativos de ilicitud, y, por tanto, que carecen de trascendencia penal, cuando lo cierto es que la conducta y sus resultados, frente al tipo, han de ser apreciados desde la óptica de su integral valoración jurídica y social.

De no proceder así, resultaría admitiendo que el solo hecho de firmar un documento no puede llegar a ser considerado delictivo, como tampoco lo sería entregar una suma de dinero, decretar o llevar a cabo una diligencia de embargo, o en otro sentido, recibir un poder y presentar una demanda. Actos como los que vienen de ser enunciados por vía ilustrativa, nada podrían indicar frente a los comportamientos que se ha convenido en catalogar como atentatorios de bienes jurídicos y por tanto susceptibles de sanción.

Esta postura, sin embargo, no impedirá que la Corte dé respuesta a las diversas inquietudes que han sido postuladas por fuera del contexto en que tuvieron lugar los hechos materia de investigación y juzgamiento, para destacar que ni aún optándose por esa particular manera fraccionada de concebir los fenómenos, las acusaciones y el fallo pierden solidez, salvo algunos puntos específicos sobre los cuales resulta imperioso introducir los correctivos correspondientes a la sentencia de primera instancia, como en su oportunidad se verá.

Ha sido aludido por los recurrentes que las copias de las resoluciones administrativas allegadas con las demandas, que sirvieron de base para la iniciación de los juicios ejecutivos por cuyo trámite y decisión se acusa al doctor SANCHEZ RODRIGUEZ, no requerían acreditar la supervivencia del beneficiario como contrariamente es sostenido en la acusación y el fallo.

Esto que parcialmente puede ser cierto, en la medida en que la jurisprudencia se ha orientado por entender que cuando el pensionado otorga válidamente un poder para que sus derechos sean reclamados judicial o administrativamente no necesita acreditar además su supervivencia, en cuanto ello resultaría redundante toda vez que la finalidad buscada también se logra con la sola presentación personal del beneficiario ante el respectivo Juez, en manera alguna conduce a dar por demostrada la ausencia de ilicitud en la conducta llevada a cabo por el Exjuez Sánchez, ya que nada logra decir frente a cómo este acto aparentemente revestido de legalidad pierde significado en la maniobra de defraudar a la demandada a través del inicio de procesos absolutamente ilegales, ni desvertebra el plan a estos efectos llevado a cabo, el cual se evidencia a partir de descubrir inconsistencias entre las fechas de presentación de los poderes, las de las demandas y las contenidas en cada una de las resoluciones allegadas con ésta.

Un argumento como el que se expone, tampoco conduce a acreditar que los aspectos exigidos por la ley para que los documentos allegados con las demandas ejecutivas pudieran ser considerados como ejecutables, se cumplieran íntegramente en cada uno de los procesos a cargo del exfuncionario. Evidencia, por el contrario, que su postulación corresponde precisamente a la estrategia ya advertida por trasladar la atención del juzgador, del núcleo central de la acusación, hacia puntos o temas marginales e intrascendentes, los cuales aún de asistirle razón a los impugnantes, no lograrían conmover los soportes de la sentencia de primera instancia.

Si se revisa con detenimiento la actuación llevada a cabo por el funcionario acusado en el trámite de los procesos laborales a su cargo, sin dificultad se advierte que las resoluciones allegadas como base de las acciones ejecutivas no podían dar lugar a que librara mandamiento de pago dado que los presupuestos de obedecer a obligaciones claras, expresas y exigibles, aparecían desvirtuados por corresponder los documentos allegados a actos de carácter complejo, en donde para pregonar su ejecutabilidad se hacía imperioso que la Caja de Previsión profiriera otras actuaciones administrativas en orden a la liquidación de la deuda, deducir los dineros ya pagados administratativa y judicialmente, y, de las sumas a ser reconocidas, efectuar los descuentos por concepto de los servicios médico asistenciales: Todo ello sin contar, con las restricciones impuestas en cada una de las citadas resoluciones, tanto desde el punto de vista de su autenticidad y exigibilidad, como desde la advertencia de haber sido cancelados parte de los recursos por vía judicial o administrativa, cuando ello había tenido lugar, nada de lo cual fue atendido por el funcionario procesado.

Además, de la acusación surge claro que por el solo hecho de soportarse las demandas ejecutivas en fotocopias de las resoluciones expedidas por la Caja de Previsión, distintas de las primeras de ellas expedidas a los beneficiarios, las que además contaban con el sello restrictivo en el sentido de no prestar mérito ejecutivo, impedía que el funcionario judicial les pudiera otorgar algún valor coactivo, y le obligaba negar el mandamiento de pago que de él se demandaba.

El aludido sello, precisamente fue impuesto por la entidad demandada para advertir sobre la posibilidad de que sobre tales documentos se efectuaran dobles cobros, dado que sobre los originales o las primeras copias se habían efectuado pagos administrativos o judiciales, o en relación con ellos se había dispuesto incluir a los beneficiarios en la nómina correspondiente.

Se aduce por el procesado que el Tribunal en su fallo se equivocó al imputarle no haber exigido la constancia del retiro del servicio oficial del pensionado reclamante como se demanda expresamente en las resoluciones proferidas por la Caja de Previsión. Y al respecto advierte que dicho trámite debía surtirse ante la entidad demandada. Además de no explicar el impugnante cuál es la disposición que respaldaría una tal afirmación, con esta postura no se logra acreditar que los documentos base de las acciones ejecutivas por las que se le procesa, escapan al sistema jurídico que nos rige, como para que el cuestionamiento pudiera tener alguna clase de fundamento. Así se observa que el argumento expuesto contraría el sistema imperante del cual surge claro que las obligaciones de contenido patrimonial pueden estar sometidas a plazo (art. 1551 del C. C.) o a condición (art. 1530 ejusdem) y que en tal medida mientras aquél o ésta no se cumplan, no son exigibles judicial ni administrativamente.

En ese sentido ha de ser observado que la imposición de las condiciones que para su exigibilidad aluden las resoluciones expedidas por la Caja Nacional de Previsión Social, no obedece a capricho unilateral de la entidad deudora con el fin de evitar, eludir o dilatar el cumplimiento de sus obligaciones de carácter social, como ha sido sugerido a lo largo de la actuación, sino al acatamiento de los requisitos que para el disfrute de los derechos pensionales la propia legislación señala, por ser inherentes al objeto mismo que ésta regula, como la necesidad de acreditar el retiro del servicio, o la supervivencia, e incluso demostrar por el petente haber presentado previamente la reclamación administrativa ante la entidad, sin cuyo cumplimiento no podría pregonarse válidamente que el título base de la demanda ejecutiva, satisface el requisito de exigibilidad.

Recuérdese, de otra parte, que precisamente para otorgar la posibilidad de acreditar el cumplimiento de las condiciones establecidas para la exigibilidad de algunas obligaciones laborales, o nacidas en una relación de trabajo, el artículo 490 del C. de P. C. vigente por la época en que los hechos tuvieron lugar y aún ahora, y aplicable por virtud de lo dispuesto en el artículo 145 del C. P. T., “si la obligación estuviere sometida a condición suspensiva, a la demanda deberá acompañarse el documento público o privado auténtico, la confesión judicial del deudor rendida en el interrogatorio previsto en el artículo 294, la inspección judicial anticipada o la sentencia, que pruebe el cumplimiento de dicha condición”, norma esta que pareciera no ser aplicable cuando de escoger aquellas que no consulten particulares intereses, se trata.

Y aunque pueda resultar cierta la afirmación hecha por el doctor SANCHEZ RODRIGUEZ en la sustentación del recurso, en el sentido de que si en un documento consta haber sido reconocido o autenticado por un funcionario judicial, no se requiere allegar la copia del acto mediante el cual se hizo tal reconocimiento, pues, de conformidad con el artículo 254-3 del C. de P. C. los jueces se encuentran facultados para efectuar dicho trámite, tampoco logra demeritar el carácter delictivo de la conducta a él imputada, toda vez que este aspecto apenas constituye uno de los pasos seguidos en el largo camino de tareas realizadas en orden a lograr defraudar patrimonialmente a la Caja de Previsión.

Si bien, como se alude en la impugnación, no ha sido demostrado en el proceso que las fotocopias de las resoluciones expedidas por la Caja Nacional de Previsión, las cuales fueron autenticadas por los Juzgados 7º, 13, 19 y 40 Civiles Municipales y posteriormente allegadas como base de acciones ejecutivas, hayan sido el resultado de llevar a cabo atentados contra la fe pública, en respuesta a este planteamiento vale decirse que tal forma particular de autenticación sí comportó otro de los medios de que se valió la organización criminal para acelerar el inicio, trámite y decisión ilegales de los procesos judiciales a cargo del Doctor Sánchez Rodríguez, dado que con dicha estrategia, para la Caja no resultaba posible verificar el número de fotocopias expedidas sobre un mismo documento, establecer si las obligaciones allí contenidas habían sido objeto de cumplimiento total o parcial, o determinar si su pago había sido efectuado por vía judicial o administrativa, todo lo cual le impediría ejercer su defensa en condiciones de equilibrio, como en efecto así sucedió y de ello da cuenta el proceso.

En cuanto hace al otro de los reproches que se formulan al fallo, al atribuir ilicitud por no haber esperado el funcionario que el mandamiento ejecutivo cobrara ejecutoria para pronunciarse respecto de las excepciones propuestas por la demandada, ha de responder la Corte que una tal actuación, aisladamente considerada, en principio es posible que no comportara ilicitud de parte del Doctor Sánchez Rodríguez, pues, como ya se dijo, el cuestionamiento a su conducta no se ubica en el análisis fraccionado de una serie de actos que así vistos pueden no llegar a tener significado penal, a menos que se los valore en su conjunto en orden a establecer su relación con la finalidad ilícita que con el comportamiento se persiguió obtener, que en este caso no solamente buscó sino que logró, dándole a las acciones ejecutivas un trámite controlado y orientado a defraudar patrimonialmente a la Caja Nacional de Previsión.

Es esto lo que revela el considerable número de procesos ejecutivos que en tan corto tiempo tramitó contra la misma demandada, todos ellos con las características idénticas de haber sido vertiginosamente adelantados cuando de admitir las demandas, decretar los embargos, aprobar las liquidaciones de crédito presentadas, fijar las costas o entregar los dineros a los apoderados de los demandantes, se trataba.

Allí es donde se encuentra la explicación a la curiosidad expuesta por el escribiente del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, señor CARLOS ARTURO BAQUERO, quien refirió la manera como se manipuló el acto de reparto -que por su propia finalidad tiende a rodear de garantías a los sujetos procesales de que el funcionario encargado para adelantarlo no sea escogido de manera distinta al solo producto del azar-, pues la empresa criminal persiguió y logró que todos los negocios a su cargo no tuvieran otro juez distinto a aquél con quien su resultado había sido previamente convenido.

Las explicaciones brindadas por el Ex juez acusado han sido, fundamentalmente, las de haber actuado conforme a la ley y la jurisprudencia, solo que para la Sala las disposiciones invocadas como aplicadas, han sido aducidas por fuera del sistema en que se estructura el régimen procesal del trabajo, y la doctrina sentada por los Tribunales y las Cortes sobre la cual se aduce haberse basado, a más de no corresponder en el tiempo a la época en que se llevaron a cabo las ilicitudes y referirse solo a temas puntuales y aislados del contexto en que se desarrollaron los hechos materia de juzgamiento, no son sustento de la fundamentación de los proveídos manifiestamente contrarios a la ley por cuyo proferimiento se le acusa, todo lo cual conduce a descartar que las extemporáneas motivaciones de orden jurídico a que alude, puedan servirle de justificación para haber procedido como lo hizo.

En tal medida, se aduce que él, como juez laboral, no tenía obligación de practicar las pruebas pedidas por la demandada a fin de demostrar la ilegalidad de las órdenes de pago proferidas en su contra, porque la ley procesal del trabajo establece la carga de acompañar con la excepción la prueba de haber pagado la acreencia reclamada por ese medio, además, que de todas maneras en esta clase de trámites tenía vedado decretar pruebas de oficio.

Esta postura podría resultar válida en relación al trámite de un proceso legítimo, ajustado estrictamente a la ley, no en aquellos en los cuales tanto el funcionario como una de las partes se sirven del rito para su propio beneficio. Pero si de lo que se trata es de defender la posición según la cual el proceso ejecutivo laboral es dispositivo, y que en tales circunstancias el juez no es más que el dispensador de justicia de acuerdo a lo que aleguen y demuestren las partes, tal criterio contradice abiertamente la filosofía en que se inspira la justicia del trabajo, dado que, según la ley que la regula, ésta ha de buscar prevalentemente la verdad real sobre la formal, conforme lo establece el artículo 54 del C. P. del T.. La preceptiva contenida en esta disposición, aunada a los poderes que la ley otorga al funcionario de la justicia laboral para lograr alcanzar dicho objetivo, no la respetó el acusado, pues en lugar de cumplir sus mandatos, y hacer uso de los poderes de que se ocupa el artículo 49 ejusdem para prevenir fraudes e injusticias, hizo oídos sordos de ella, en cumplimiento precisamente del rol asignado por la organización criminal de que formó parte.

En este sentido indispensable resulta recordar la jurisprudencia sobre el tema contenida en un pronunciamiento de la Sala de Casación Laboral de la Corte, proferido el 31 de octubre de 1957, es decir antes de acaecer los hechos que fueron materia de averiguación, directriz de la actividad judicial, en el cual con toda nitidez surge la especial concepción de la justicia del trabajo y los poderes de que ha de hacer uso un funcionario de esa especialidad en establecimiento de la verdad real :

“Los jueces de ambas instancias tienen la obligación de producir decisiones en derecho con respeto para los intereses de los litigantes y atención oportuna de sus solicitudes legales; tienen los jueces laborales la obligación especial de buscar y establecer la verdad real haciendo uso de la plenitud de sus poderes, conforme a los principios que gobiernan el derecho procesal del trabajo.”

Este principio también fue objeto de ponderación por la Sala cuando en pretérita ocasión, 20 de febrero de 1992, en esta misma actuación, señaló que “Con relación al funcionario, la anotada conclusión se hace irrebatible pues su deber no le restringía a la pasividad, ni a la simple y ciega aceptación de las pretensiones del actor que aportaba liquidaciones amañadas sobre el crédito demandado, sino que le era ineludible el estudio de los documentos para advertir si tenían o no el carácter de títulos ejecutivos, labor que notoriamente declinó frente a algunos de los documentos donde la entidad oficial advertía que no prestaban mérito de recaudo, poniendo con ello a riesgo la posibilidad de repetidos cobros; incumplimiento funcional reiterativo al aceptar una liquidación opuesta a la Ley 4ª de 1976, que permitió inflar el capital….”

Se dijo también, en criterio que a la hora de ahora cobra plena vigencia, que “las explicaciones que aporta el recurrente, fundadas en la ausencia de disposiciones expresamente aplicables al proceso ejecutivo laboral y a la opción del demandado de recurrir los autos que le desfavorecieran, no solamente se oponen a las disposiciones que acaban de citarse, sino de bulto al artículo 37 del Código de Procedimiento Civil que al señalar las obligaciones funcionales del juez, lejos de considerarle un impotente testigo ante las controversias de las partes, de modo ineludible le precisa que debe hacer efectiva la “igualdad”, “prevenir, remediar y sancionar . . . los actos contrarios a la dignidad de la justicia, a la lealtad, probidad y buena fe que debe observarse en el proceso, lo mismo que toda tentativa de fraude procesal”, y “Decidir aunque no haya ley aplicable o ésta sea oscura o incompleta, caso en el cual aplicará las leyes que regulen materias semejantes”.

Y, sin desconocer el carácter que revisten los juicios por cuyo trámite se acusa al Ex juez Sánchez Rodríguez, en el mismo pronunciamiento de que se viene hablando se recordó que “el proceso ejecutivo es de aquellos que tienen categoría de especial por no debatirse en ellos un derecho incierto, sino que persiguen que se obligue al deudor a pagar al acreedor una suma cierta de dinero. Ello no implica, sin embargo, que por tratarse de juicios de ésta índole, el juez esté relevado de aplicar las normas que lo regulan o de realizar las acciones tendientes a que las pretensiones sean satisfechas en la justa medida de lo debido. Aceptar posición contraria, entrañaría admitir que el funcionario jurisdiccional no pasa en tales casos de ser un espectador que aprueba, dándoles visos de legalidad, las peticiones del actor por absurdas y contrarias a la ley que fueren” (Auto de mayo 2 de 1991. Rad. 5232).

Además, cuando la Corte tuvo oportunidad de pronunciarse en sede de casación, destacó la repudiable posibilidad de “utilización del proceso para hacerle producir efectos en ámbitos distintos a los propios, desdibujándolo en una elaboración formal a la cual concurren los sujetos intervinientes” en consideración que no por estar referida a una actuación penal deja de ser criterio orientador en cualquier clase de proceso (cas. sep. 12/91. Rad. 3259).

Destacó en esa oportunidad:

“Resulta claro que a la noción de debido proceso o formas propias del juicio, como era denominado este principio en el artículo 26 de la Constitución Política de 1886, no puede serle ajena la de fin u objetivo. En torno a ella, no solo la teoría, sino también la praxis fundamentadora de la producción jurisprudencial, han definido el proceso como un conjunto de actos coordinados y sucesivos encaminados a un fin el cual, si bien es cierto no concita unanimidad en torno a aquello en qué ha de consistir, sí resulta esencial en la construcción del concepto, en extremo tal que hácese verdaderamente impensable el proceso sin él.”

“Concebir la actividad judicial con prescindencia de un objetivo a obtener con su desarrollo, implica asumir que el proceso puede poseer cualquier organización o utilizársele para todo tipo de propósito en desmedro de su real función”.

“Este fin del proceso, expuesto como general, el cual puede hacer referencia al momento de definir su iniciación, como el sentido que éste debe seguir, o a uno posterior, su conclusión, para verificar si la actuación cumplida y su punto de arribo se hacen coincidentes o no con lo perseguido desde su inicio, también es de la esencia de las diferentes fases o etapas que lo componen”.

Y, por si acaso queda alguna duda sobre cuales fueron los parámetros que aplicó el funcionario acusado y cuales debió aplicar en ejercicio de sus funciones como Juez Laboral del Circuito, mírese cómo en la misma época en que los procesos cuestionados fueron tramitados por el doctor SANCHEZ RODRIGUEZ, algún tratadista nacional ya advertía sobre la naturaleza inquisitiva del proceso ejecutivo laboral:

“Este principio consiste, en que una vez iniciada una acción laboral, el juez debe adelantarla hasta su completa solución, a diferencia de los procesos civiles, en que si las partes los abandonan, el juez no puede impulsarlos por su cuenta, sino a petición de la parte interesada. También por virtud de este principio, le es obligatorio al juez decretar todas las medidas encaminadas a obtener la verdad real de los hechos de la demanda, es decir, inquirir la verdad, o sea buscar la verdad de los hechos, por eso este principio se denomina inquisitivo” (El proceso ejecutivo Laboral. Rodríguez Moreno Rafael. Ediciones Librería del Profesional. Pg. 125. 1990. Bogotá. Colombia).

Así, resulta claro que el doctor LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ, manifiesta y voluntariamente, se apartó de cumplir los claros mandatos contenidos en las disposiciones procesales que le obligaban a proceder de manera distinta a como lo hizo, y ahora, cuando ha de explicar sus actos, aduce en beneficio suyo que participaba de la tesis que atribuía un alcance contrario a su claro sentido, aún su tenor literal, lo que indica la unilateralidad en el manejo que dio a los procesos, escogiendo aplicar aquellas disposiciones que solo beneficiaran los intereses de una de las partes, o interpretarlas para acomodarlas a sus particulares pretensiones, así con su conducta echara por tierra la majestad y dignidad que para la administración de justicia y la sociedad, entrañan, y diera lugar a que los recursos oficiales cuya administración o custodia había sido confiada por ministerio de la Constitución y las Leyes, fueran objeto de apropiación ilícita.

Esa concepción sesgada de los fenómenos también se advierte, cuando en la fundamentación del recurso se sigue de largo sobre aspectos considerados por el fallador trascendentales en el sentido de la decisión adoptada, como los relacionados con los sellos o constancias que aparecían en los documentos presentados como base de las acciones ejecutivas, y relacionados con el cobro ya hecho de las mismas pretensiones en otros despachos judiciales, o en el mismo que regentaba el doctor Sánchez Rodríguez por entonces; o cuando se elude tratar el tema relacionado con las irritualidades advertidas en los actos de liquidación del crédito, efectuados tanto por los demandantes como por la secretaría de su Despacho, en cuyas actuaciones nada se observa sobre los períodos cobrados y cuyo pago era decretado, o en relación con la tasa de interés que se aplicaba en cada caso, ni los fundamentos legales de ella.

Esta postura también resulta patentizada, con el silencio que se guarda sobre la imputación por haberse apartado de los parámetros establecidos por el artículo 498 del C. de P. C., según el cual “si la obligación versa sobre una cantidad líquida de dinero, se ordenará su pago en el término de cinco días, con los intereses desde que se hicieron exigibles hasta la cancelación de la deuda, señalando su tasa y demás modalidades, así como el momento que deba tenerse en cuenta para aplicar la tasa de cambio en la conversión a moneda nacional, si fuere el caso”.

Recuérdese, que uno de los puntos destacados en la acusación, versó sobre el hecho de haber encontrado la Fiscalía que sin exponer las razones jurídicas que sustentaban un tal proceder, al impartir aprobación a las liquidaciones de los créditos, aunque no lo dijo expresamente, se estableció que en unos casos el funcionario aceptó la aplicación del 6% de interés anual, a que se refiere el C. C., y en otros el 18% referido en el Código de Comercio.

En este punto de la discusión, es necesario que la Sala deje sentado de una vez, que la inaplicabilidad de tasa de interés alguna en la liquidación de los créditos dentro de los procesos a cargo del doctor Sánchez Rodríguez, no deriva del hecho de no haber sido pactada entre los beneficiarios de la deuda y la Caja de Previsión, como erradamente ha sido entendido por el Tribunal, dado que no se trata de un acuerdo de voluntades, negocio o contrato entre demandante y demandada, sino del cumplimiento forzado de obligaciones nacidas en las relaciones laborales, en este caso entre los particulares y el Estado, y respecto de las cuales suficientes disposiciones se ocupan de regularlas, tales como el artículo 1617 del C. C., 141 de la Ley 100 de 1993, 884 del C. de C. y el 177 del Código Contencioso Administrativo, según la naturaleza de los asuntos de que se trate.

La Corte entiende, por el contrario, que la inaplicabilidad de cualquier tasa interés en los ejecutivos por cuya decisión y trámite se acusa al doctor SANCHEZ RODRIGUEZ, resulta del hecho de no reunir las copias de las resoluciones de la Caja Nacional de Previsión, allegadas por los actores como base de sus pretensiones ejecutivas, los presupuestos establecidos en la ley para que el funcionario pudiera librar mandamiento de pago, como ha sido visto, toda vez que al nacer viciada esa primera actuación, todas las subsiguientes, como es apenas obvio, también quedaron afectadas en su legalidad.

Y aún de considerarse el remoto evento de que el Juez equivocadamente supuso que estos requisitos estuvieran íntegramente cumplidos en las demandas ejecutivas, que no era el caso como ha sido visto, y que por razón del error en la valoración del mérito coactivo de los documentos aportados hubiera optado por librar mandamiento de pago, de todas maneras la ilegalidad de los pronunciamientos por los que es acusado, se mantendría, pues de conformidad con la disposición arriba mencionada, bajo tal hipótesis subsistía la obligación de precisar en dichos proveídos la tasa de interés aplicable para liquidar la deuda, como también la de exigir claridad y discriminación de los conceptos, períodos y valores a pagar por la entidad demandada, en el acto procesal de liquidación de los créditos, fuera que esta actividad de trámite la adscribiera la ley al secretario del Juzgado, o la misma competiera realizar al ejecutante, según la normatividad aplicable, nada de lo cual deliberadamente hizo.

Es más. Se aduce como jurídicamente irrelevante la ausencia de firma del Secretario en la liquidación del crédito, por considerarse en la impugnación que esta omisión no conduce a la invalidación del acto, en argumento que en verdad podría resultar beneficioso para los fines que se persigue con la interposición del recurso, si la irregularidad mencionada constituyera la única que se reprocha al funcionario, no cuando ella comporta apenas una de las tantas advertidas en el andamiaje montado a específicos propósitos de defraudar patrimonialmente la Caja Nacional de Previsión, pues es en este contexto en donde surge la trascendencia del acto, que por fuera de él se pretende demeritar.

Otro habría sido el sentido de la decisión que se impugna, si la liquidación del crédito adoleciera solamente de la falta de firma del encargado de su elaboración, cuya omisión no tuviera ninguna incidencia en la afectación de bienes jurídicamente tutelados. Pero, se insiste, la ausencia de firma de la liquidación no solamente puso en evidencia la ilegalidad del trámite llevado a cabo, sino que además sirvió de base para tratar de diluir la responsabilidad que por su contenido podría caberle al Titular del Juzgado o a su Secretario, al tiempo que se convirtió en el fundamento de la decisión de entregar al demandante los dineros oficiales embargados con ocasión de dicho proceso, y culminar con ello el criminal propósito de defraudar patrimonialmente a la Caja de Previsión a través de adelantar en su contra una gama de procesos revestidos de una aparente legalidad.

La impugnación al fallo también se afinca en cuestionar los reproches formulados al doctor SANCHEZ por no haber ordenado la diligencia de juramento cada vez que se solicitaban embargos, y dejar de notificar el auto que ordena llevarla a cabo. Sin embargo, como acontece con las censuras atrás expuestas, es de decirse que este motivo de inconformidad apenas configura tema tangencial en el cúmulo de irritualidades cometidas al tramitar los procesos a su cargo, las cuales solamente adquieren relevancia a la hora de valorarlas en conjunto, no de manera individual y aislada como se pretende en la fundamentación del recurso, con lo cual sin mayor esfuerzo sale a flote que una cosa era lo que le ordenaba la ley que se debía hacer, y otra totalmente distinta la que se hizo.

Y aunque, contrariamente a como ha sido entendido por el Tribunal, pueda ser cierto que en materia de embargos solicitados con posterioridad a la notificación del mandamiento ejecutivo, el juramento se entienda prestado con la sola presentación del escrito respectivo, conforme se establece del artículo 514 del C. de P. C., caso en el cual la diligencia de juramento resulta irrelevante, es de decirse que aún de aceptarse equivocada la concepción del tema por el juzgador, de una parte, y de otra admitirse el aserto del impugnante, los soportes del fallo no logran conmoverse, en la medida en que no se compromete la acusación fundamental por la que se irroga condena, pues la discusión correspondería a la legalidad o no de un acto posterior al auto mediante el cual se libra mandamiento ejecutivo, cuya manifiesta ilegalidad en su proferimiento ha sido ampliamente establecida en el proceso, pues los documentos en que tales decisiones fueron soportadas, allegados con las demandas ejecutivas, no cumplían al momento de su presentación, como tampoco ahora, los requisitos mínimos exigidos por la ley para poder ser admitidos al trámite coactivo como verdaderos títulos ejecutivos.

No empece que los impugnantes aceptan haber decretado el mismo día algunos de los embargos en los procesos a cargo del doctor SANCHEZ RODRIGUEZ, sin esperar la ejecutoria de esta decisión, librado los respectivos oficios en aras de su cumplimiento inmediato, la explicación que pretende darse consiste en aducir no estar prohibida una tal pauta de conducta, ni que proceder de esta manera comporte irregularidad alguna. Esto sin embargo, no logra aclarar si es que el motivo de inconformidad al sentido del fallo estriba en que el aludido procedimiento constituye una excepción a las previsiones del artículo 331 del C. de P. C., según el cual “Las providencias quedan ejecutoriadas y son firmes tres días después de notificadas cuando carecen de recursos o cuando han vencido los términos sin interponer los que fueren procedentes. No obstante, en caso de aclaración o complementación, la ejecutoria solo se causa una vez en firme la providencia que la haga”, o si por el contrario, existe alguna disposición distinta que ordene al juez proceder de la manera como lo hizo.

Si bien es cierto el artículo 542 del C. de P. C. autoriza la acumulación de embargos, y señala procedimiento para ello, en la impugnación se pierde de vista que la acusación se apoya, no en el cumplimiento o incumplimiento de dicha disposición, sino por haber decretado el funcionario, el embargo de dineros de propiedad de la Caja Nacional de Previsión, correspondientes a remanentes en procesos ya terminados, y sin que se aprestara a entregarlos no obstante haber sido esto expresamente ordenado ante la oportuna solicitud de devolución presentada por la demandada.

Ello fue lo que sucedió en los procesos 30511, 30105, 30522, 30981 y 30784 siendo más patente la conducta asumida en este último, donde la entidad demandada presentó un poder y una solicitud de desembargo de los dineros que aún permanecían afectados con la medida cautelar, no empece lo cual el Juez acusado solamente se pronunció sobre el poder, guardando silencio sobre el aspecto de mayor importancia en la reclamación, con lo cual dio lugar a que estos recursos económicos resultaran nuevamente afectados, esta vez con ocasión de otra medida cautelar decretada en proceso distinto.

El doctor Sánchez aduce que en los procesos a su cargo lo que hubo fue acumulación de demandas ejecutivas, no de procesos, y que este procedimiento es permitido por la Ley, especialmente por el artículo 540 del C. de P. C.. No obstante esta aclaración, que sin duda daría apariencia de legalidad a la actuación llevada a cabo, no logra explicar el hecho de haber admitido al trámite judicial, como títulos ejecutivos, documentos carentes de los presupuestos mínimos para ser tenidos como tales, ni justifica que con base en ellos se haya condenado irregularmente a la demandada en una serie de procesos en los cuales la ilegalidad del trámite es su rasgo más sobresaliente, siendo este el tema central de la acusación y el fallo, y respecto del cual la impugnación apenas menciona.

Al funcionario también se le reprocha haber impartido, en auto de sustanciación, aprobación a la liquidación de los créditos, y ordenado la entrega de dineros al ejecutante de modo inmediato, lo que en criterio del impugnante, corresponde a un trámite perfectamente legal. Esta posición no se aviene al contenido del artículo 522 del C. de P. C. en su versión original, según el cual “en firme la liquidación del crédito y las costas se ordenará su entrega al acreedor hasta la concurrencia del valor liquidado”, o aún a la modificación posteriormente introducida por el legislador, pues allí se precisa que “una vez ejecutoriado el auto que apruebe cada liquidación del crédito o las costas, se ordenará de oficio o a solicitud de parte su entrega al acreedor hasta la concurrencia del valor liquidado”, de cuyas disposiciones se colige, contrario al criterio expuesto por el impugnante, que el auto aprobatorio de la liquidación sí requiere de notificación y que se encuentre en firme para, con base en la ejecutoria de dicha orden, proceder a decretar la entrega de dineros al ejecutante.

Por lo anterior, no resulta afortunada la afirmación en que el disenso se funda, según la cual “si el crédito es aprobado y si existen dineros embargados, lo único que queda es la entrega de dineros para que el proceso ejecutivo culmine, pues en este estado cualquier controversia entre los litigantes, ya no tiene razón de ser o no puede existir”, dado que con ella a posteriori se pretende tratar de explicar, sin lograrlo, la ilegal decisión de excluir a la demandada de controvertir el auto aprobatorio de la liquidación del crédito y las costas.

Esta manera de proceder, finalísticamente dirigida a contrariar la ley y lograr la defraudación patrimonial de la Caja Nacional de Previsión a través de seguir adelante procesos judiciales en contra de ella, también ha sido uno de los mecanismos para decretar la entrega de dineros en cuantías superiores a las que correspondería en cada proceso a la liquidación del crédito de haber sido desde sus inicios un trámite legal, y de esto da cuenta el proceso, cuando uno de los abogados demandantes, se aprestó a devolver “el mayor valor recibido” en la suma de $ 10.163.032.50, como así ocurrió en el ejecutivo de radicado 30376.

Agrega el recurrente, como otro de los reproches al fallo, que se le imputa responsabilidad penal por haber proferido en una misma fecha varios autos en un solo proceso, lo cual en su criterio es perfectamente posible. Al respecto, aclara la Corte que si bien una tal actitud procesal puede ser muestra elocuente de eficiencia en el ejercicio de la judicatura, en este caso ello no es lo que la actuación revela, dado que la referida celeridad solo resulta explicable si se toma en cuenta el monto de la defraudación patrimonial a la Caja, el cúmulo de irregularidades advertidas en el trámite de los ejecutivos a su cargo, y la intención manifiesta por favorecer solo a la parte demandante, todo ello reflejo de una situación completamente distinta de aquella que se quiere presentar como ajustada a los parámetros establecidos por la ley.

Mírese, en ese sentido, cómo una tal eficiencia no puede ser explicada de otra manera, cuando incluso antes de haber ingresado el asunto al Despacho proveniente del reparto, injustificadamente ya aparece tomada una decisión, tal y como ocurrió con el proceso 31270 repartido al Juzgado 4º Laboral del Circuito el 18 de abril de 1990, y dos días antes, es decir el 16, el Juez ya ha reconocido personería al abogado doctor CARLOS IGNACIO FARFAN AREVALO, y al día siguiente, el 17, le toma el juramento al demandante, todo esto, ocurrido supuestamente antes de que el funcionario aún tuviera conocimiento de haberle sido asignado por sorteo el negocio.

En verdad que cualquier consideración sobre la acuciosidad del funcionario en las aludidas condiciones, se cae por su propio peso.

Tema especial resulta el relacionado con la inembargabilidad de los dineros incorporados en el Presupuesto Nacional, por virtud de lo dispuesto en la Ley 38 de 1990. Según el doctor LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ, los dineros que se incorporaron al patrimonio de la Caja dejaron de pertenecer al presupuesto y en tal medida su embargo resultaba viable, conforme fue decretado.

Cosa distinta a esto es que en la actualidad por virtud de las nuevas regulaciones normativas, o incluso con ocasión de posteriores pronunciamientos de constitucionalidad de los referidos preceptos (art. 513 del C. de P. C. y ley 38 de 1989) rijan normatividades distintas que hoy en día eventualmente autoricen la medida preventiva cuando de obligaciones nacidas en una relación de trabajo se trata, pero esto no significa que a la fecha del pronunciamento de primer grado hubieren dejado de tener connotación jurídica los delitos de prevaricato y peculado, de una parte, porque como se vio, la inexistencia de verdaderos títulos ejecutivos impedía, como igual acontece hoy en día, dictar mandamiento ejecutivo, de contera decretar el embargo de bienes y su posterior entrega a los demandantes, y de otra, la conducta delictiva de que se viene hablando, no ha sido modificada favorablemente, ni desde el punto de vista de los supuestos de hecho definidos como ilicitud, ni en cuanto toca con la punibilidad del comportamiento.

Cuando el impugnante aduce que de conformidad con unos pronunciamientos de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, las resoluciones expedidas por la Caja Nacional de Previsión sí prestan mérito ejecutivo, no hace otra cosa que traer a colación un argumento que nada logra decir frente a aquellos documentos que, allegados con las demandas, sirvieron de base para proferir ilegales mandamientos de pago, decretar indebidamente el embargo de bienes de la Caja Nacional de Previsión y también de modo ilegal ordenar su entrega a los demandantes. Menos si es tomado en cuenta que en el caso de los asuntos a su cargo, las fotocopias de las resoluciones allegadas no indican corresponder a sumas líquidas o liquidables de dinero, tienen impreso el sello de no prestar mérito ejecutivo, y en muchas de ellas, se hizo expresa advertencia de haber sido pagadas administrativamente o por vía coactiva, todo lo cual impedía admitirlas al trámite de ejecución forzada.

Y cuando se cuestiona el contenido del fallo, en cuanto tiene que ver con la imputación por prevaricato por omisión aduciendo que los bienes del deudor son prenda general de sus obligaciones, este argumento nada indica sobre cuál es la prueba que acredita no haber realizado el tipo por haber materializado la entrega de los dineros a la demandada, cuyo desembargo dispuso, como para que el reproche tuviera algún fundamento. Menos logra conmover el soporte del fallo en donde se destacó que todos los mandamientos de pago proferidos contra la entidad demandada y el embargo de dineros incluidos en el presupuesto, carecían de algún asidero jurídico.

No obstante esto, debe decir la Corte que dada precisamente la estrategia diseñada para apoderarse de dineros de la Caja Nacional de Previsión a través del adelantamiento de procesos judiciales con apariencia de legalidad, la imputación por el delito de prevaricato por omisión aparece integrada con aquella conducta.

En ese sentido ha de afirmarse que si los documentos presentados con las demandas hubieren reunido los requisitos establecidos en la ley para podérseles considerar verdaderos títulos ejecutivos, si las demandas hubieren cumplido los presupuestos de admisibilidad, si los actos procesales de liquidación de los créditos se hubieren ajustado a las preceptivas establecidas al efecto o se hubiere respetado la prohibición de embargar bienes respecto de los cuales no operaba por entonces la medida cautelar, es decir, si los procesos hubieren sido adelantados conforme al trámite previsto en la ley de rito laboral, podría entenderse configurado el delito de prevaricato por omisión que se imputa haber realizado el funcionario al no proceder a entregar a la demandada los dineros pertenecientes a procesos ya fenecidos, conforme había sido dispuesto en decisión judicial.

Aquí se tiene, que es precisamente en cumplimiento de la tarea asignada por la empresa criminal organzada a propósito de defraudar patrimonialmente a la Caja, lo que determina en el funcionario librar mandamiento de pago, decretar el embargo de dineros de la demandada y su posterior pago al demandante, ordenar el desembargo del remanente y optar por no cumplir la propia orden de entregarle a la Caja los recursos desembargados, sino acceder a una petición de embargo absolutamente improcedente. Lo mismo acontece con la omisión de verificar el cumplimiento de los presupuestos de admisibilidad de las demandas ejecutivas, o con la negativa de recaudar las pruebas pedidas por la demandada, o, en otro sentido, exigir y verificar que las liquidaciones de los créditos se realizaran conforme a la ley, pues nada de esto se esperaba que fuera cumplido frente al plan trazado de manera conjunta con los abogados demandantes de apoderarse por medio de los procesos revestidos de legalidad aparente, de los recursos oficiales.

Por lo dicho en este punto de la argumentación, ha de reconocer la Corte que asiste razón al defensor del doctor Sánchez Rodríguez, cuando postula en su favor la absolución por este cargo, pues ciertamente la conducta que se le imputa como omitida no podía ser cumplida en un proceso que desde su inicio no era más que una farsa dispuesta para defraudar patrimonialmente a la Caja Nacional de Previsión, dejando de tener autonomía jurídica para convertirse en uno de los muchos actos integrantes de la acción finalísticamente orientada al propósito criminal establecido de antemano.

En razón de lo dicho, la Sala absolverá al doctor LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ de los cargos imputados por el concurso de delitos de prevaricato por omisión e introducirá los correctivos pertinentes en la parte resolutiva del fallo.

En favor del doctor Sánchez se pregona que el delito de concierto para delinquir no logró configuración aduciéndose la imposibilidad de manipular el acto de reparto de procesos, dado que esta labor oficial se cumplía semanalmente en uno de los dieciséis Juzgados Laborales del Circuito, y se hacía en presencia del Juez de turno, los empleados del Despacho y un representante del Ministerio público.

Muestra elocuente de lo afirmado, la constituye la forma como en la asignación de procesos al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, se vio manipulada mediante la presentación de tantas demandas como número de juzgados existiera a efectos de que una vez asignada una de ellas al Despacho del Doctor Sánchez, se procediera por los abogados al retiro de las demás repartidas a otros Juzgados. Es decir, mediante la utilización de un mecanismo legal, previsto en el artículo 88 del C. de P. C., se logró desvirtuar la imparcialidad que pretende garantizar el trámite de reparto de procesos.

Indica esto, que incluso desde el acto mismo de presentación de las demandas ejecutivas ante el funcionario encargado del reparto de los negocios, estaba en pleno funcionamiento la empresa criminal montada por los abogados demandantes con el doctor SANCHEZ RODRIGUEZ, a fin de obtener multimillonaria e ilícita apropiación de dineros de la Caja Nacional de Previsión mediante el inicio de múltiples procesos ejecutivos con apariencia de legalidad; la necesaria, decidida y activa participación e intervención de un funcionario judicial, los ilegales embargos de dineros oficiales y, en algunos casos, el contubernio de los abogados que representaban los intereses de la entidad demandada, todo lo cual acredita en suficiencia el acuerdo previo, el ánimo de permanencia en el tiempo, la distribución de funciones predefinidas y el propósito de cometer múltiples delitos, en este caso prevaricatos y peculados, utilizando en ello la función judicial.

El ánimo de permanencia en el tiempo de la empresa criminal de la que hizo parte el doctor Sánchez, lo evidencia el hecho de presentar cuantas copias de resoluciones de la Caja Nacional de Previsión, poderes, pretensiones y demandas judiciales pudieran recaudar sus integrantes, y lograr ubicar en el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito un significativo número de demandas ejecutivas, la sucesión de las mismas, así como cuantas liquidaciones fraudulentas, embargos ilícitos y dineros recaudados pudieran obtenerse en cada uno de los procesos ilícitamente iniciados, hasta cumplir el programa delictivo, como efectivamente así sucedió en este caso, siendo ellas precisamente las razones para mantener la condena por este cargo.

Esto permite diferenciar la aludida conducta del concurso de personas en el delito, pues mientras en éste el acuerdo es meramente accidental según el tipo o tipos penales que los coautores se hayan propuesto realizar, de modo particular y concreto, el concierto para delinquir se caracteriza por una conjunción de voluntades dirigida a realizar pluralidad de delitos acorde con una multiplicidad de planes y con propósito de continuidad en el tiempo.

Las enunciadas características se reúnen en el caso del Ex-Juez LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ, y no se desdibujan por el sólo hecho de que aún no se hayan irrogado otras sentencias de condena por dicha conducta como se alude por el recurrente, pues está acreditado en este caso, de una parte, que los hechos fueron llevados a cabo por una organización criminal conformada con ánimo de permanencia, por sujetos cada uno de los cuales tenía el compromiso de cumplir un rol predefinido acorde a la voluntad común, con precisas tareas asignadas para ejecutar acciones coordinadas y estratégicamente preparadas, y sin que quepa ninguna duda sobre la mutiplicidad de los delitos cometidos.

No de otra manera puede ser entendido lo acreditado en el proceso, pues mientras unos actores de la ilicitud se daban a la tarea de recaudar poderes, otros obtenían las fotocopias de las resoluciones a cobrar por la vía ejecutiva, otros elaboraban las liquidaciones de la deuda, otros las presentaban, y otro, en el caso del funcionario, colocaba su investidura y autoridad emanada de la constitución y la ley al servicio del plan criminal, dictaba las providencias y ordenes admitiendo las demandas, ilegalmente decretaba los embargos, aprobaba las ilícitas liquidaciones de los créditos, y para materializar el reprochable y punible propósito de apropiación de los recursos de la demandada, ordenaba la entrega de los dineros a los ejecutantes, y a pesar de decretar el desembargo de los remanentes, nuevamente disponía su embargo por cuenta de un proceso distinto pero del mismo modo iniciado con igual finalidad criminal.

En relación con el delito de falsedad ideológica que se le imputa realizado, es de decirse que el procesado no niega que las constancias oficiales por él expedidas no coincidieran con la verdad, establecida desde la perspectiva de la aparente legalidad de los procesos, al punto de aceptar que en ellas figuran diferencias entre las sumas embargadas y aquellas realmente entregadas a los demandantes.

Contrariando dicho argumento, y con apego en la realidad que el proceso ofrece, respecto del delito de falsedad documentaria, precisó el ente acusador:

“Se patentiza igualmente un caso de falsedad ideológica en documento público dentro del proceso ejecutivo 31270, al aparecer allí constancia de que el 29 de octubre de 1990 se entregaron 3 títulos de depósito judicial por los valores de $ 1.017.749,56; $759.389,62 y $ 792.864,65 que en total suman $ 2.570.003,83, consignándose que quedaba un saldo de $ 362.012.181,90. Luego el 22 de noviembre de 1990 se otorgan 9 títulos que en total equivalen a $ 6.3344.821,33, expresándose que queda un saldo a favor del ejecutante de $ 355.677.360,57. Finalmente el 14 de diciembre de 1990 se entregan 3 títulos por $ 56.034.632,10,; $240.367,62 y $ $ 2.095,74 para un total de $ 56.301.095,46 aseverando el juez que queda pendiente por cubrir un saldo de $ 308.281.090,30, cuando en realidad hechas las sumas y restas del caso, lo que faltaría por cubrirse sería $ 299.376.265,11. Significa lo anterior que el procesado consignó una falsedad en su último pronunciamiento del 14 de diciembre de 1990”.

“Otra manifestación falsa vuelve a hacerse el 30 de enero de 1991, en que se entregan 3 títulos por $1.183.985,75 y se dice que el saldo es de $ 295.097.104,60 cuando en verdad era de $ 286.192.279.36. Luego el 14 de febrero de 1991 el procesado entrega un título por $ $ 5.554.550.17, lo que significaba que el saldo era de $ 280.637.729.19, aunque en constancia de fecha marzo 13 de 1991 éste consigne que se encuentra pendiente un saldo de $ 295.097.104.60. Así mismo el 15 de marzo de 1991 el implicado entrega 1 título por $ 2.759.662,58, afirmando en ese momento que falta por pagar $ $292.337.442,10, cuando en realidad la cifra correcta era $277.878.066,61, aumentándose la diferencia entonces a $ 14.459.375,41. Ahora bien, dentro del mismo proceso, en diligencia del 28 de mayo de 1991, después de entregar 3 títulos por valor de $ 4.446.750,05, hace constar que queda pendiente por cubrir la suma de $ 271.381.576,40, sucediéndole en la foliatura la última diligencia de entrega del 2 de julio del mismo año por valor de $ 245.241.200,oo que indica que quedaría por cancelar la suma de $ 26.140.376,40. Pese a esto inexplicablemente la siguiente actuación de Alvaro Sánchez Rodríguez que es del 3 de julio siguiente (un día después) declara cancelado el crédito en tal proceso. Lo anterior significa que no corresponde a la verdad lo que el exfuncionario hizo constar a lo largo de toda su actuación en este proceso, por cuanto realizadas las operaciones de modo total, aparece un desfase entre lo supuestamente debido y lo finalmente pagado de $ 11.681.001,37” (Se destaca).

No habiendo, entonces, discusión sobre los hechos de la acusación y declarados en el fallo materia de impugnación, así a último momento se aduzca que el “error” matemático no comportó diferencia patrimonial, seguidamente se establecerá si la conducta imputada corresponde a la definición típica que de la falsedad ideológica en documento público hace el artículo 219 del Código Penal; o, si ella carece de relevancia social y jurídica dada su inocuidad, como lo plantea el impugnante, bien sea que este último aspecto se tenga como determinante de atipicidad, o con repercusión en cualquier otro momento o elemento del injusto.

En este estadio de la argumentación, pertinente advierte recordar la Sala lo que ha venido diciendo en torno al tema:

“Y, por vía de ejemplo, ya específicamente sobre la falsificación de documentos públicos, se precisó:

En este caso, las constancias expedidas por el funcionario no solamente contemplaron contenidos carentes de verdad, en cuanto certificaron valores distintos y mayores a los adeudados por la demandada, sino que además, el Juez se sirvió de este mecanismo para cumplir el cometido trazado de apoderarse a toda costa de los dineros embargados de la entidad demandada, de lo cual se establece que la conducta imputada no solamente corresponde al delito de falsedad ideológica en documento público, sino que fue uno de los medios fraudulentos para realizar otros igual típicamente antijurídicos.

Y no se diga que la falsedad obedeció a un simple error en las operaciones aritméticas básicas, pues de haber sido ello así, fácilmente habría sido detectado por alguna de las partes procesales para el evento de que la actuación fuera legítima y ajustada a la legalidad, máxime si se trataba de cubrir una deuda que en condiciones de normalidad habría estado perfectamente determinada en su monto, no como cuando en este caso toda la actividad procesal correspondía a la finalidad trazada de apropiarse ilícitamente de los recursos oficiales, así para ello fuera necesario realizar otras hipótesis comportamentales igualmente reprochables y punibles.

Se mantendrá, entonces, la condena por este delito.

2.2.- Proceso 3826D contra OMAR CABRERA POLANCO y MERCEDES CABRERA POLANCO.

El doctor OMAR CABRERA POLANCO soporta la impugnación en aducir que no sustituyó todos los poderes de los procesos radicados con los números 30981, 30105, 30522 y 30511 y que en tal medida debe la Corte hacer un estudio porque hay otros abogados que respondían independientemente a sus clientes.

Al respecto ha de decirse que el recurso de apelación tiene por finalidad la revisión de la legalidad de la decisión de primer grado en los aspectos materia de inconformidad, no perseguir una revaloración integral de los medios de prueba, pues su objetivo ha de ser definido y determinado por el impugnante.

Además, en caso de que hubieren sido más abogados quienes recibieron poderes y los sustituyeron en el doctor MARCO ANTONIO MANZANO, la responsabilidad que pudiera corresponderle por dicha conducta es absolutamente individual, conforme es el principio en nuestro sistema penal.

Lo cierto del caso es que, identificados en dichos procesos los delitos cometidos por el funcionario doctor LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ, es de decirse que tras esas demandas presentadas por MARCO ANTONIO MANZANO VASQUEZ siempre estuvo OMAR CABRERA POLANCO quien en virtud de contratos de prestación de servicios profesionales con más de cien pensionados, recibió los poderes que posteriormente sustituyó en Manzano Vásquez, y dispuso que en su oficina se efectuara las liquidaciones de los créditos y fuera recibido el dinero una vez cobrado ejecutivamente, de todo lo cual existe suficiente acopio probatorio.

Ahora, que todos los poderes no hubieren sido otorgados a su nombre, en nada altera la ilicitud realizada y por la cual se le irroga condena, pues al haber sido presentadas las copias de las resoluciones de la Caja de Previsión dentro de un solo “paquete” para cada una de las adiciones hechas a los procesos, necesariamente todas las pretensiones estaban llamadas a correr la misma suerte de la demanda principal, que en este caso no tenían la más remota posibilidad de rechazo por el funcionario titular del juzgado, dado el acuerdo de decretar el mandamiento de pago contrariando la prohibición jurídica de hacerlo.

En relación con el otro de los cuestionamientos que postula al fallo, debe recordarse que en la acusación proferida en contra de este procesado se precisó que: “Así cursaron los siguientes expedientes en el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, cuyas fotocopias están agregadas a esta instrucción: Expediente 30105 donde el sindicado CABRERA POLANCO recibió once poderes y los suscribió, puesto que aparece en varios más pero no los firma, y luego los sustituyó en el abogado MANZANO VASQUEZ. A la demanda inicial de GABRIEL GUZMAN SANCHEZ se le adicionaron 53 poderes, para un capital de Sesenta y Ocho Millones Trescientos Sesenta Mil Ochocientos Veintitrés pesos ($68.370.823.00), más los intereses. En el proceso 30511 el mismo implicado aparece con 39 poderes, de los cuales firmó 21, para luego sustituirlos al profesional MANZANO VASQUEZ. La demandante es ANA MORALES DE VARGAS, luego se le adicionaron 40 pretensiones, para un capital de Noventa y Cinco Millones Seiscientos Un Mil Trescientos Seis Pesos con Setenta Centavos ( $ 95.601.306.70), más los intereses corrientes. En el ejecutivo de JESUS GARCIA, el número 30522, se le adicionaron 36 poderes más, de los cuales Omar Cabrera figura en 33 y acepta 31 de ellos con su firma, para una pretensión de Noventa y Seis Millones Trescientos Dos Mil Ochocientos Sesenta y Nueve Pesos con Treinta y Ocho Centavos ($ 96.302.869.38), más los intereses corrientes. Y en el expediente 30891, donde el demandante es ABEL REYES, aparecen acumulados 36 poderes de los cuales 30 son firmados por el aquí investigado y sustituidos al profesional del derecho ya mencionado en forma reiterada. El monto de la pretensión es de Noventa Millones Novecientos Treinta y Cuatro Mil Setecientos Veinte Pesos con Noventa y Un centavos ( $ 90.934.720.91), más los intereses corrientes”.

Esto para desvirtuar la afirmación del recurrente, cuando sostiene que no se le advirtió sobre el monto del peculado en que incurrió a título de determinador. Y como si esto no fuera suficiente para responder la inquietud que propone con el recurso, en el fallo impugnado se especificó que la suma de los embargos ilegalmente decretados, ascendió a $ 941.380.434.24, dentro de los procesos 30105, 30511, 30522 y 30981.

La impugnación también se apoya en sostener, que parte de los dineros ilícitamente obtenidos, fueron entregados por CABRERA POLANCO a sus poderdantes (en proporciones ínfimas diría la Corte), en cumplimiento del contrato de honorarios profesionales suscrito con ellos. Aún de ser esto cierto, en manera alguna demerita los delitos cometidos por el funcionario LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ, cuya realización determinó el abogado Cabrera, pues no debe perderse de vista que la acusación no ha sido formulada por haber obtenido provecho patrimonial ilícito en detrimento de sus clientes, como correspondería a la imputación por algún delito de estafa, sino por los delitos de prevaricato y peculado, cuyos contenidos de tipicidad son manifiestamente distintos de aquél.

En el curso del proceso el doctor CABRERA adujo que los poderes los sustituyó por tener que adelantar labores de proselitismo político en algunas poblaciones del Departamento del Huila, pero esto no lo exonera de su responsabilidad penal habida cuenta que se mantuvo pendiente del resultado de los negocios iniciados a instancia suya, al punto de haber solicitado la diligencia anticipada de inspección judicial que posteriormente sirvió de base para la petición de embargos ilegales a los que accedió el funcionario acusado, y, de otro lado, una vez obtenidos los recursos procedió a repartirlos entre sus poderdantes previo los descuentos acordados a título de honorarios y el pago por la tarea llevada a cabo por su sustituto.

Y si bien como lo aduce este recurrente la declaración de CARLOS EDUARDO PEINADO DULCEY no fue incorporada legalmente al proceso por no haber sido previamente ordenado su recaudo, razón por la cual no podía ser considerada por desconocimiento de lo previsto por el artículo 246 del C. de P. P.(fl. 434-6), se advierte sin embargo que este no es el único fundamento a tener en cuenta, toda vez que la actuación es rica en demostrar su activa participación en los procesos ejecutivos y los torcidos propósitos perseguidos con ellos.

Sin que pueda resultar desconocido que fue OMAR CABRERA quien se anunció públicamente en los periódicos como el abogado que podría lograr el pago de acreencias laborales ante la Caja Nacional de Previsión, que en su oficina eran recaudados los poderes que posteriormente sustituyó, y suscritos los contratos de servicios profesionales, que además allí eran elaboradas las demandas y las liquidaciones de los créditos, y que a él le era entregado el dinero que el juzgado ordenaba pagar a los demandantes, ha de tomarse también en cuenta la declaración de Alcides Cortés quien relata pormenorizadamente la asociación existente entre OMAR CABRERA POLANCO, MARCO ANTONIO MANZANO, ALBERTO CARDENAS DE LA ROSA y MERCEDES CABRERA, y los enlaces que mantenía en la Caja Nacional de Previsión, como ello posteriormente vino a ser verificado con el testimonio de POLANIA UNDA quien habla de sus vinculaciones tanto con la Caja de previsión como con CABRERA POLANCO, con la sustitución de los poderes, y con la inspección judicial practicada en las oficinas de la Caja Agraria para determinar las cuentas que allí existían a nombre del ente de seguridad social.

Ahora, que el doctor LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ con anterioridad a las demandas presentadas por MANZANO VASQUEZ hubiere mantenido la misma línea de conducta, no descarta en manera alguna la determinación de que se acusa a Cabrera Polanco, pues el trámite dado por el funcionario a cada proceso ejecutivo se constituyó en muestra elocuente de la capacidad de delinquir del funcionario, y esto no lo iría a hacer a menos de estar movido por intereses oscuros en cada caso particularmente considerado.

Y el hecho de no tener antecedentes penales ni disciplinarios no es indicativo de no haber incurrido en los delitos de que se acusa a este procesado, lo cual bien podría constituir una circunstancia genérica de atenuación, conforme lo prevé el artículo 64-1 del C. P.

Así queda evidenciada la ausencia de fundamento en el alegato presentado, en el sentido de que en la actuación no obra la prueba de la determinación, máxime si se da en considerar que en las organizaciones criminales esta clase de prueba no es de fácil consecución, menos por la vía directa, a no ser que exista confesión en ese sentido. A este respecto ha de destacarse que, como acontece con todo, los fenómenos se perciben por sus efectos, de manera que así quedaría respondida la pregunta formulada sobre el propósito que perseguía OMAR CABRERA POLANCO para haber recorrido el país en busca de poderes, publicado avisos de prensa y arganizado un grupo de profesionales a su servicio.

En este tema de la determinación, pertinente resulta reiterar que la cualificación exigida para el autor de los delitos de prevaricato y peculado, no lo es para el determinador de esas conductas, conforme ha sido tesis reiterada en torno al punto:

Sin embargo de lo dicho hasta el momento, la Sala habrá de proceder a analizar lo concerniente a la pena de este procesado, dado que el Tribunal equivocadamente tomó todas las causales de agravación imputadas al doctor LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ como atribuibles también al doctor CABRERA POLANCO. Esto por cuanto si son revisados los términos de la acusación en contra de éste y de MERCEDES CABRERA, las únicas circunstancias genéricas de agravación consideradas de modo expreso son las previstas en los ordinales 1 y 4 del artículo 66 del C. P., sin embargo de lo cual, la Corporación de primera instancia señaló: “Siguiendo las señaladas pautas, precisado ya el peculado por apropiación como el delito más grave, por la concurrencia de las agravantes deducidas al Ex-juez deben aplicarse a todos por igual”, lo que sin lugar a dudas, de mantenerse el desacierto, daría lugar a atentar contra el principio de congruencia que ha de existir entre la acusación y el fallo.

No obstante esto, ha de decirse que de conformidad con lo previsto por el artículo 25 del C. P. “las circunstancias personales del autor que agravan la punibilidad y las materiales del hecho se comunicarán al partícipe que las hubiere conocido”, siendo por tanto ésta una de las pautas a cumplir en este caso, para efectos de la determinación de la pena correspondiente.

En tal medida, y siguiendo los lineamientos trazados por la jurisprudencia en torno al tema, y referidos a la posibilidad de consideración en el fallo de las circunstancias genéricas de agravación no contempladas de modo expreso en la resolución de acusación, a efecto de la individualización judicial de la pena, es de reiterarse que ello es posible hacerlo en cuanto se trate de aquellas de contenido objetivo, o aún de aquellas que implicando conceptos valorativos, así no se mencione las normas que los contienen, el supuesto fáctico respectivo sí hubiere sido señalado expresamente en la acusación.

Al respecto, ha sido dicho por la Corte que “de todas las circunstancias referidas en el artículo 66 del C.P. hay algunas que la doctrina y la jurisprudencia han denominado ‘objetivas’, esto es, evidentes con la sola narración del aspecto fáctico del proceso, y con base en ello se ha sostenido mayoritariamente que no requieren de su mención expresa como agravante en la respectiva resolución acusatoria ni constituye violación del derecho de defensa su deducción debidamente fundamentada en la respectiva sentencia ……pues nadie puede sentirse afectado en sus derechos si en la sentencia se le agrava la pena por haber actuado, por ejemplo, con la complicidad de otro, o de noche, etc. si en la resolución acusatoria al narrar los hechos se mencionaron dichas circunstancias, así no se hubiesen considerado expresamente como agravación genérica de la conducta ni mencionado las normas que las contienen; y no puede ser de recibo ciertamente sostener, en tal evento, que el pliego de cargos no las contiene”.

“Sin embargo, no escapa a la Corte que en la norma referida existen otras circunstancias que requieren de una valoración o análisis previos a su deducción, como sería el caso del ‘motivo innoble o fútil’ precisamente o ‘la preparación ponderada del hecho punible’ o ‘el infortunio o peligro común’, aspectos que pueden tener diferentes interpretaciones según la óptica con que se examinen y las circunstancias mismas que rodearon el hecho pudiendo ser objeto entonces de cuestionamientos en un momento determinado; de donde surge la necesidad de señalar claramente los presupuestos fácticos que las contienen o mencionarlas en la forma como lo hace la ley, así no se indique ésta en concreto, en el pliego de cargos o resolución de acusación en garantía del derecho de defensa para que pueda el procesado probatoriamente defenderse de esa imputación ya que de por sí su deducción le implica un incremento punitivo, así sea mínimo” (cas. Nov. 9/94. M.P. Dr. PAEZ VELANDIA. Rad. 8830)

En este caso, es de recordarse que en la acusación se precisó que “Los procesos ejecutivos a que se hace alusión a lo largo del instructivo, correspondió adelantarlos al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de esta ciudad del cual era titular el Doctor LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ y de quien debe desde ya decirse, también se encuentra vinculado al mismo”, en planteamiento que, sin lugar a duda, corresponde a uno de los supuestos de hecho en que se afinca la circunstancia objetiva de agravación prevista por el ordinal 11 del artículo 66 del C.P. toda vez que nadie podría discutir válidamente que la condición de juez de la república constituye una situación de preeminencia en el conglomerado, desde el punto de vista de su posición social por la ilustración, cargo, y poder que de la jurisdicción emana.

Del mismo modo, al referir la Fiscalía en el pliego enjuiciatorio que “Afianzados los abogados con los poderes, se hacían a la respectiva resolución, la que, a sabiendas de no reunir los requisitos de título de recaudo ejecutivo, por cuanto adoleciendo en muchos casos de falta de claridad y/o exigibilidad, era presentada como tal en la respectiva demanda. Hasta ahí iba su desempeño inicial; ahora correspondía actuar a la jurisdicción laboral, que si no hubiese estado corrompida, habría detenido allí la defraudación, simplemente inadmitiendo las demandas por falta de título; pero no fue así,. Contrariando manifiestamente la ley, se dio curso a las pretensiones de los abogados mediante decisiones ilegales, que fueron desde dictar el respectivo mandamiento de pago, hasta el escandalosos reconocimiento de intereses y agencias en derecho”, constituye uno de los supuestos en que se funda la circunstancia prevista por el ordinal 3 ejusdem, en cuanto el modo en que se llevó a cabo la conducta típicamente antijurídica, mediante el diseño y puesta en marcha de un calculado procedimiento con rasgos de aparente legalidad, dificultó la defensa de la Caja de Previsión y la perjudicó patrimonialmente.

Y, al mencionarse en la acusación, que “Cuando aquí se ha sostenido que la defraudación a que se ha visto sometido el Estado por la apropiación de gruesas sumas de dinero pertenecientes a la Caja Nacional de Previsión Social por virtud de los diferentes procesos de ejecución adelantados en su contra, son el resultado de un orquestado plan en el cual intervinieron tanto el Juez acusado como los abogados en calidad de determinadores, emerge del estudio integral de las pruebas recopiladas”, el organismo investigador no hace otra cosa que advertir la configuración de la circunstancia de agravación prevista por el artículo 66-7 del C. P.

Entonces, acorde con lo dicho, en la individualización judicial de la pena, de las circunstancias de agravación tenidas en cuenta por el Tribunal, la Corte solo considerará las previstas por los ordinales 1, 3, 4, 7 y 11, descartando la aplicación de las restantes.

En relación con los motivos de inconformidad expuestos por el defensor de este procesado, en torno a temas tales como la inembargabilidad de los dineros, el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normatividad para que las resoluciones adjuntas a las demandas presten mérito ejecutivo, las respuestas a cada uno de estos interrogantes no puede ser distinta a la ya suministrada en relación con los referidos asuntos. Lo único que cabría agregar al respecto, es que, de una parte, tanto la prescripción de las acciones ejecutivas, como la determinación de las agencias en derecho, son puntos que se hallan íntimamente ligados al de los presupuestos exigidos en la ley para decretar el mandamiento de pago, pues si unas tales determinaciones son manifiestamente ilegales, por no tomar en cuenta los requisitos a cumplir por cada título que se repute ejecutivo, los otros ítems devienen subsidiarios, como ya se vio, máxime si la prescripción de la acción ejecutiva es tema que se vincula al de la exigibilidad de la obligación, cuyo estudio ha de ser previo a la emisión del mandamiento de pago.

Y, en torno al punto de las agencias en derecho, su ilegalidad no deviene del monto, así este sea excesivamente alto o eventualmente pequeño, que no es el caso de común ocurrencia en los procesos tramitados por el doctor LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ, en los cuales para nada se tuvo en cuenta “la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales”, como le era imperativo conforme al artículo 393 del C. de P. C., modificado por el D.E. 2282/89 art. 1º. Num. 199, sino que la censura surge de imponerse la obligación de su pago como consecuencia de unos procesos que no debieron haber nacido a la vida jurídica, por no haber sido satisfechos los presupuestos establecidos en la ley para librar mandamiento de pago, menos para decretar el embargo de los dineros oficiales de propiedad de la Caja Nacional de Previsión Social.

Y en cuanto hace al planteamiento de que el proceso 3826D estaría afectado de nulidad por no haberse corrido traslado del dictamen pericial sobre el monto de los intereses cobrados, a más de ser ello irrelevante como ya fue dicho, pues la situación no cambia por el hecho de establecerse si los intereses liquidados fueron del 6% u otra tasa diferente, dado que no procedía su recaudo por los motivos ampliamente expuestos en el curso de esta providencia, es de decirse que la Corte repetidamente ha sostenido que la omisión de traslado del dictamen pericial a los sujetos procesales, no configura de suyo nulidad de la actuación, a menos de demostrarse que las partes no tuvieron posibilidad alguna de conocerlo o controvertirlo (Cfr. Cas. Julio 13/94. M. P. Dr. CARREÑO LUENGAS).

Este por supuesto no es el caso presente, en donde una vez conocido por los sujetos procesales el contenido y conclusiones de la pericia, en lugar de demandar su traslado en la oportunidad debida a fin de objetarlo si es que ese era el propósito, o el de pedir aclaración de ser el caso, se acudió al expediente de solicitar la nulidad de la actuación, la cual no podía antes, menos ahora, lograr prosperidad, dadas las limitaciones establecidas en la ley de rito para su reconocimiento cuando no se acredita la trascendencia del trámite que es echado de menos.

Respecto de MERCEDES CABRERA POLANCO, advierte la Corte que la única actuación penal en la que se le vincula es en ésta y donde se le relaciona con el recibo de 16 de los 116 poderes (que no suscribió) exhibidos para dar inicio a las ejecuciones de que se ocuparon los procesos radicados en el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito con los números 30105, 30511, 30522 y 30981.

En el proceso nada indica que hubiere presentado demandas, intervenido en las liquidaciones de los créditos o llevado a cabo gestión alguna ante el Despacho del doctor LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ en orden a que éste procediera ilícitamente como lo hizo, lo cual, al no encontrarse nexo que la pudiera vincular con la conducta del Juez acusado, conduce a descartar que la señora CABRERA POLANCO hubiere realizado actos de determinación en el funcionario para que éste realizara los delitos de prevaricato y peculado, ameritando, de contera, la absolución por este concepto, sin que ello implique reconocer que respecto de esta procesada no existe prueba de responsabilidad penal.

En el proceso se encuentra suficientemente acreditada la vinculación de esta procesada con la oficina de su hermano OMAR CABRERA POLANCO, quien recorrió el país y la encargó de recibir los poderes de los pensionados a quienes lograba convencer de contar con sus servicios. También se estableció que entre sus funciones se hallaban las de atender a los clientes potenciales y, siguiendo instrucciones de aquél, convencerlos de reclamar judicialmente los beneficios pecuniarios establecidos por la Ley 4ª de 1976. En esta gestión recibió 16 de los 116 poderes exhibidos para dar inicio en el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito a las ejecuciones de que se ocuparon los procesos allí radicados con los números 30105, 30511, 30522 y 30981. Es más, canceló de su propio peculio los dineros a los poderdantes cuando éstos se enteran que el Juzgado ya había dispuesto su pago y sin embargo no habían recibido los recursos.

Todos ellos son actos orientados a ayudar asegurar el producto del delito de peculado en cuantía de $ 941.380.434,24 del cual su hermano fue determinador, con lo que no queda ninguna duda de su participación como cómplice en el delito de peculado y ubica su responsabilidad penal en la hipótesis prevista por el artículo 22 del Código Penal.

Es tan cierto esto, que en el ejecutivo 30511, 6 poderes fueron otorgados a su nombre, así no los hubiera suscrito en señal de aceptación, 7 poderes en el radicado 30522, uno en el 30105 y dos en el 30981.

Sin dejar de reconocer que MERCEDES CABRERA no podía actuar como apoderada, ni que en esa condición le estaba vedado gestionar procesos laborales ante las autoridades jurisdiccionales dado que no había culminado sus estudios de derecho ni estaba autorizada legalmente para adelantar esa clase de mandatos, esto, aunado a lo dicho, es precisamente lo que permite degradar la responsabilidad a ella imputada en la acusación, de determinadora de peculado, a cómplice, y en tal medida, obliga introducir los cambios respectivos en la parte resolutiva de esta sentencia.

En ese sentido, es pertinente traer a colación lo considerado por la Fiscalía acusadora donde se muestra a OMAR CABRERA como el eje principal de los hechos, en tanto que a MERCEDES se le asigna un papel secundario en la realización del tipo de peculado: “Que OMAR aparezca o no en los ejecutivos es irrelevante, pues en todo caso desde la recaudación de los poderes hasta el pago de la acreencia, es quien responde al pensionado, mostrándose como el garante de toda la operación, lo cual no es gratuito, ya que todo lo tenía bajo su control. En tales circunstancias no puede ser ajeno a los hechos, tampoco su hermana que era sabedora y partícipe de los mismos”.

La prueba de la complicidad también surge de la declaración de la señora FLOR MARIA VARGAS DE SILVA (fls. 72 y ss. con. Testimonios 1), hija de ANA MORALES DE VARGAS (fls. 80), quien dice haber acompañado a su madre a la oficina de la procesada con fundamento en un aviso de prensa y que allí le otorgó poder a dicha abogada, en declaración que ha de valorarse en el contexto de la ayuda prestada por MERCEDES a su hermano OMAR CABRERA, quien sí podía anunciar sus servicios como abogado, lo que no podía hacer su hermana MERCEDES por no contar con el título correspondiente, e igualmente se hallaba facultado para recibir poderes.

Si se toma en cuenta que además de llevar a cabo las funciones de secretaria en la oficina de su hermano, MERCEDES recaudaba poderes a nombre de aquél y explicaba a los pensionados los alcances de la Ley 4 de 1976 para efectos de las reclamaciones, como ha sido visto, es lógico suponer que tuviera conciencia de estar llevando a cabo actividades de colaboración eficaz al delito de peculado que estaba en proceso de ejecución. Tanto es esto que en una primera ocasión debió atender a las señoras ANA MORALES DE VARGAS y FLOR DE MARIA VARGAS DE SILVA y convencerlas de la necesidad de demandar judicialmente, y por haberlo hecho, voluntariamente aceptó responder ante éstas por las sumas recaudadas en el juzgado por el abogado MARCO ANTONIO MANZANO, sustituto de OMAR CABRERA POLANCO quien realmente había recibido el poder que luego sustituyó, siendo en este contexto en que han de ser apreciados los referidos testimonios y los documentos de poder en los cuales figura su nombre.

Y que en el Juzgado le hubieren informado a la señora VARGAS DE SILVA que los dineros ya habían sido cobrados y se acercara a la oficina de la abogada, como lo afirma la testigo, ello no contribuye a demeritar la responsabilidad de la señora CABRERA POLANCO, pues la información recibida en el juzgado y posteriormente vertida en su declaración no comporta cosa distinta a narrar la realidad de lo sucedido, por cuanto en el proceso ejecutivo de radicado 30511 figura haberse embargado los dineros de la Caja, constituido los títulos de depósito judicial y dispuesto los pagos a los ejecutantes.

Por esto, se insiste, si bien en el proceso no obra la prueba de la determinación de los delitos de prevaricato y peculado por los que se le acusa, sí existe suficiente evidencia que la ubica en el plano de la complicidad del delito de peculado, y respecto del cual también concurren las mismas circunstancias genéricas de agravación por las que se procesa a su hermano OMAR, siendo en calidad y cantidad suficientes para mantener la condena, solo que degradada a los términos que vienen de verse.

2.3.- Proceso 9797A contra LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ OMAR CABRERA POLANCO y LUIS HENRY TRUJILLO SANCHEZ.

Como se recordará, la imputación se relaciona con el trámite dado al proceso de radicado número 31739, iniciado a nombre de FANNY TORCOROMA y 15 personas más contra la Caja Nacional de Previsión Social en donde fueron adicionadas otras pretensiones, los poderes fueron recibidos por OMAR CABRERA POLANCO, LUIS HENRY TRUJILLO SANCHEZ y MARCO ANTONIO MANZANO VASQUEZ.

Por auto de veintitrés de noviembre de 1990 se libró mandamiento de pago por la vía ejecutiva contra el cual la Caja propuso recurso de reposición aduciendo tratarse de títulos no idóneos conforme los requisitos exigidos por el artículo 488 del C. de P. C., de segundas copias que no prestan mérito de ejecución, y no haberse acreditado el retiro del servicio.

Además en escrito separado propuso excepciones de pago parciales respecto de algunas resoluciones y de prescripción respecto de otras, nada de lo cual fue aceptado por el Juzgado en proveído de catorce de febrero de 1991, al tiempo que ordenó la liquidación del crédito incluyendo agencias en derecho por la suma de $ 8.845.000.oo.

El apoderado de los demandantes liquidó el crédito en la suma de CIENTO CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS TRES MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS, respecto de lo cual la apoderada de la Caja presentó objeción por no haberse hecho conforme al artículo 1617 del C. C., la que no fue admitida por el funcionario en auto de marzo seis de mil novecientos noventa y uno.

Ante la orden de embargo expedida contra los dineros depositados en las cuentas corrientes de la demandada, la Caja Agraria respondió que tales recursos estaban cobijados como inembargables por el artículo 16 de la Ley 38 de 1989, y el artículo 74 de la Ley 46 de 1990, no obstante lo cual el doctor LUIS HENRY TRUJILLO SANCHEZ persistió en su postura, a lo que se accedió sin reparo por el funcionario en auto de mayo catorce siguiente, y de nuevo el acusado presentó memorial reiterando su solicitud.

Ya con ocasión del cambio de titular del Juzgado Laboral, por auto proferido el veintiuno de febrero de mil novecientos noventa y dos, se advirtió que la adición de la demanda carece de firma del apoderado, irregularidad que ordenó subsanar el nuevo Juez, y posteriormente, en auto de cuatro de mayo de ese año, tomando en cuenta la inembargabilidad de los recursos, ordenó el levantamiento de la medida cautelar dispuesta por su antecesor, auto contra el cual el doctor LUIS HERY TRUJILLO SANCHEZ interpuso recurso de apelación.

Lo cierto del caso es que ante la orden del juzgado, la medida cautelar fue levantada entregándose los recursos a la demandada.

El doctor Luis Alvaro Sánchez Rodríguez comienza por reprocharle al fallo que el Tribunal profirió en su contra sentencia condenatoria por el delito de peculado por apropiación consumado, cuando fue llamado a responder en juicio criminal por ese delito pero en el grado de tentativa.

Para responder la inquietud del impugnante, baste con recordar que en el fallo de primer grado, se lee lo siguiente: “Corolario de lo anterior, es también que están plenamente acreditados los requisitos sustanciales y de forma para emitir sentencia condenatoria por los delitos de peculado (sic) por acción y peculado tentado agravado en la suma que pidió se le cancelara”, de donde surge la sinrazón del planteamiento.

Ya la Corte tuvo oportunidad de referirse a los reparos expuestos al fallo, relacionados con la facultad oficiosa del Juez Laboral, la idoneidad de los títulos ejecutivos, la inembargabilidad de los recursos de las entidades oficiales incluidos en el presupuesto, las tasa de interés, las agencias en derecho, y la imposibilidad jurídica en que se hallaba el doctor LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ para librar mandamiento de pago contra la demandada, siendo innecesario volver a referir dichos aspectos en esta ocasión, máxime si el trámite llevado a cabo por el funcionario en el proceso radicado con el número 31739 fue exactamente igual a los anteriormente mencionados.

Teniendo en cuenta que el aspecto fáctico no es discutido por ninguno de los impugnantes, salvo el caso del desistimiento que plantea LUIS HENRY TRUJILLO, y que lo cuestionado son las repercusiones jurídicas atribuidas a las conductas llevadas a cabo, no encuentra necesario la Corte recapitular sobre los hechos materia de imputación y sus medios de prueba.

El defensor de OMAR CABRERA POLANCO alega que con ocasión de la diligencia de inspección judicial practicada en las instalaciones de la Caja, se pudo establecer que todas y cada una de las resoluciones allegadas al juicio ejecutivo coinciden con las que reposan en los archivos de Cajanal, y que fueron obtenidas legalmente.

Y sin mencionar la eventual repercusión de esto en el sentido del fallo, continúa afirmando que el tribunal tampoco tuvo en cuenta el desorden lógico y cronológico en la aposición de sellos que efectuaba la Caja en las referidas resoluciones, aspectos sobre los cuales no podría ofrecerse respuesta alguna, menos si no se presenta ningún cuestionamiento o petición concreta.

Sin embargo, es de decirse que el asunto en debate no se reduce a considerar la autenticidad de las fotocopias de las resoluciones expedidas por la Caja y allegadas a los procesos ejecutivos como parece ser entendido, sino de determinar si ellas prestaban mérito ejecutivo conforme lo señala el artículo 100 del C. P. del T. y el 488 del C. de P. C., y de establecer también la vigencia de la acción ejecutiva, la embargabilidad o no de los recursos incorporados al presupuesto, las facultades oficiosas del Juez en materia laboral y el cumplimiento de la ley por parte del titular del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, pues aparece claro que éste llevo a cabo trámites no permitidos, máxime que muchas de las obligaciones demandadas ya habían sido objeto de cancelación en ese juzgado y en otros Despachos judiciales y ello le había sido advertido por la Caja, como de igual modo aconteció con la ocurrencia del fenómeno prescriptivo de la acción ejecutiva.

Estos puntos, centrales en la acusación y el fallo, son dejados de lado en la impugnación, pues al dedicarse a analizar los aspectos formales de los cuestionamientos hechos a la conducta del funcionario, realizados en la primera instancia, limita a la Corte en su pronunciamiento.

Cuando se advierte por el impugnante que además de la autenticidad de las resoluciones de la Caja Nacional de Previsión, las cuales se adjuntaron a las demandas ejecutivas, la diligencia de inspección judicial practicada durante el juicio dio cuenta de la exigibilidad de las obligaciones en ellas contenidas por encontrarse en firme, a esto se responde, de una parte, que este asunto no ha de analizarse y, por supuesto, valorarse, por fuera de las concretas circunstancias en que se encontraba el funcionario para el momento histórico en que debió pronunciarse para admitir o rechazar las demandas ejecutivas sometidas a su consideración, tanto desde el punto de vista fáctico, como el jurídico y el temporal.

Por eso, en la actualidad no tienen cabida consideraciones sobre los pronunciamientos jurisprudenciales posteriores que dan cuenta de la embargabilidad de los dineros cuando de obligaciones nacidas en una relación laboral se trata, el asunto de los intereses, o el carácter ejecutable o no de las resoluciones expedidas por la Caja, menos cuando lo jurídicamente relevante, para resolver el asunto, es considerar que el doctor LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ puso su cargo y la majestad que el mismo encarna, al servicio de intereses pérfidos, y mediante el adelantamiento de un remedo de procesos patrocinó el enorme descalabro económico de la Caja Nacional de Previsión, que en el caso del ejecutivo de radicado 31739, no logró materialización por la oportuna intervención de una nueva funcionaria, e inclusive de la Sala Laboral del Tribunal Superior que ordenó la investigación penal de las irregularidades que el trámite ofrecía.

No tiene sentido, por eso, que la Corte vuelva sobre los temas relativos a la prescripción de las acciones, las agencias en derecho, las tasas de interés aplicables, la embargabilidad o no de los recursos oficiales incluidos en el presupuesto, o las facultades oficiosas del juez, a los cuales se refiere el alegato, menos cuando no constituyen el tema medular de la acusación, sin dejar de reconocer, por supuesto, que el proceso ha evidenciado trámites ilegales respecto de ellos.

Por esto, a lo dicho reducirá la Corte la respuesta al planteamiento del defensor del doctor OMAR CABRERA POLANCO en torno de lo decidido en la primera instancia.

LUIS HENRY TRUJILLO SANCHEZ, sin desconocer su intervención en el proceso ejecutivo 31739, alude en su defensa que la demanda presentada por él era la primera, que en ese juzgado ya habían sido admitidas otras más a OMAR CABRERA quien le sustituyó poderes al doctor MANZANO y que no existe ningún testimonio que lo muestre concertando comportamientos ilícitos con el funcionario.

Si bien esto es cierto, ello no exonera de responsabilidad penal a este procesado por lo siguiente: Dando por hecho, como en efecto lo es, el comportamiento típicamente antijurídico del doctor SANCHEZ RODRIGUEZ, es de decirse que la actuación no solamente ubica a OMAR CABRERA como quien recibió los poderes, sino que también evidencia haberlo hecho directamente LUIS HENRY TRUJILLO SANCHEZ. También, que este procesado fue quien hizo entrega de la demanda ejecutiva ante el Juzgado, siendo el mismo que pidió al juez decretar las medidas cautelares sobre los recursos económicos oficiales y persistió en ellas a pesar de la clara advertencia hecha por la entidad financiera donde se hallaban depositados, en el sentido de corresponder a dineros inembargables por disposición legal.

Y fue este mismo procesado, quien a pesar de estar enterado de la oposición de la demandada al mandamiento de pago por no reunir los documentos allegados las características inherentes a todo título ejecutivo, y que algunas de las obligaciones demandadas se hallaban prescritas y otras ya habían sido objeto de pago, se aprestó a presentar la liquidación del crédito y persistir en la entrega del título por la suma superior a setenta millones de pesos, nada de lo cual ha sido desconocido en la impugnación.

Esto para significar la Corte, que por más pretensión que tenga el procesado de trasladar la responsabilidad hacia su compañero de causa doctor CABRERA POLANCO, la realidad de los acontecimientos indica que la intervención del doctor TRUJILLO SANCHEZ, además de personal y directa, fue crucial en las aspiraciones de defraudar patrimonialmente a la Caja Nacional de Previsión.

Respecto de las tesis que la defensa propone, relacionadas con los actos de notificación, de juramento, de adición de la demanda, las idoneidad de las segundas o terceras copias de los títulos ejecutivos, las restricciones impuestas a tales documentos, y las exigencias que la ley establece para que puedan ser considerados como tales, por haberse ocupado ya de ellos, la Corte no ve necesario recapitular lo dicho.

Lo que sí procede agregar en torno al cuestionamiento que se formula sobre el monto de los perjuicios que se ordena resarcir en el fallo ameritado, es que una cosa consiste en deber una prestación de contenido económico, y otra bien distinta es el delito que se comete al cobrar y ejecutar contrariando los procedimientos y prohibiciones preestablecidos por la ley. Nadie osa afirmar que la Caja Nacional de previsión no debiera algunas de las mesadas contenidas en las resoluciones, cuyo cobro se perseguía por la vía ejecutiva, ni que eventualmente tuviera que indemnizar a los acreedores por no haber solucionado sus deudas oportunamente, o que no estuviera obligada a mantener al día sus obligaciones pensionales, dada la naturaleza social de las funciones a su cargo.

Pero de ahí a sostener que estas circunstancias especiales autorizan a los funcionarios a rebasar los linderos establecidos en la ley penal, o a inventar procedimientos distintos para lograr el cumplimiento de las obligaciones que en su criterio han de ser satisfechas a toda costa, o a los abogados a determinarlos a la comisión de delitos, es algo que deviene social y jurídicamente intolerable.

No se trata como ya ha sido advertido, y como tal vez es el propósito perseguido con la impugnación, de establecer ahora y por fuera del proceso laboral si las resoluciones son auténticas o no, así como de los poderes en ejercicio de los cuales fueron presentadas para su cobro por la vía ejecutiva, sino de observar cómo frente a los documentos entonces allegados al funcionario, las condiciones en que las demandas fueron repartidas y presentadas, y admitidas al trámite para con base en ellas decretar el embargo de dineros y el posterior pago a los ejecutantes, entre muchas otras las ilicitudes cometidas, aspectos suficientemente destacados, otra muy distinta era la pauta de conducta que la ley fijaba al doctor SANCHEZ RODRIGUEZ para tramitar dichos procesos, menos si se trataba de establecer si los documentos allegados correspondían con los títulos ejecutivos complejos, cuya efectividad se determina no solamente por la autenticidad y ejecutoria, sino por que según la ley, en ellos ha de constar obligaciones claras, expresas y exigibles, por sumas líquidas o liquidables de dinero, y si las condiciones que daban lugar a su efectividad, concurrían, nada de lo cual logra cumplimiento cuando de alcanzar fines criminales se trata.

Ahora bien. El hecho de que el doctor LUIS HENRY TRUJILLO SANCHEZ hubiere intervenido ante el Juez Sánchez Rodríguez cuando éste ya había dado trámite a otros procesos en similares circunstancias, no demerita la determinación en las conductas imputadas, pues si bien es cierto, como se alude, que es absurdo pretender determinar a quien ya ha decidido firmemente realizar el comportamiento definido en algún tipo penal, esta es una hipótesis no aplicable al caso, dado que las acusaciones formuladas contra el funcionario y los abogados que lo indujeron a delinquir mantienen cada una su autonomía, de suerte que la demanda ejecutiva presentada por TRUJILLO SANCHEZ determinó la realización de un concurso delictivo distinto de los ya realizados por el funcionario, así como diverso de aquellos que llevaría a cabo posteriormente.

Es esto tan cierto, que la acusación se formuló por el concurso de delitos de prevaricato consumado y peculado por apropiación agravado en la modalidad de tentativa, con lo cual ningún asidero tiene el reproche que se postula al fallo.

Respecto de la “segunda tesis subsidiaria” a que alude el defensor a partir de sostener que se violó el derecho de defensa de su cliente por no haber sido interrogado en la indagatoria respecto de los delitos de prevaricato y peculado que se le imputaron en el pliego enjuiciatorio, sino de fraude procesal, responde la Corte que la legislación actualmente vigente no establece que la vinculación jurídica se deba producir respecto de determinadas hipótesis delictivas, sino de aspectos fácticos cuya coincidencia con aquellas corresponde determinar a la judicatura.

En este sentido resulta de claridad meridiana el contenido del artículo 360 del Código de Procedimiento Penal, según el cual, en la diligencia de indagatoria “el funcionario judicial interrogará al imputado en relación con los hechos que originaron su vinculación” (se destaca), con lo cual resulta carente de fundamento el reproche que se formula.

Tanto es esto que incluso en la providencia mediante la cual se define la situación jurídica de un procesado imponiéndole medida de aseguramiento (art. 389 C. de P. P.), la calificación jurídica de la conducta es meramente provisional, por la posibilidad de variación según la prueba que llegue a recaudarse (art. 411 ejsudem).

Por estos motivos, y como además, en este caso, el interrogatorio llevado a cabo en la indagatoria mantiene identidad fáctica con los hechos de que se ocupa el proceso, no se declarará la nulidad de lo actuado como se demanda por la defensa, pues ninguna irregularidad capaz de invalidar el proceso se advierte en este caso.

Por último, en cuanto hace a la tercera de las peticiones que el defensor presenta, relacionada con la reconsideración de la individualización judicial de la pena hecha por el Tribunal en el fallo materia de apelación, a lo cual también propugna la Procuradora Once Judicial Penal, a ello habrá de procederse dado que evidentemente la conclusión que a este respecto llegó el Tribunal, manifiesta ostensible desproporción en relación con la sanción que se impone principalmente a OMAR CABRERA POLANCO, pues el número de delitos de que se acusa a éste, es en gran medida superior en cantidad y gravedad en frente del relacionado con el proceso en cuyo trámite participó Trujillo Sánchez.

2.4.- Proceso 10398A contra LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ.

Ya se dijo que este proceso se inició por las irregularidades advertidas por la Fiscalía en el trámite que el doctor SANCHEZ RODRIGUEZ imprimió al proceso radicado en el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito con el número 30719 en el cual se le acusa de haber incurrido en el delito de prevaricato por acción, y por el que también en su contra se irrogó condena en el fallo que es materia de impugnación.

La acusación se soporta en que a pesar de haberse pretendido en la demanda instaurada a nombre de la señora LUISA RUEDA DE RUEDA, solamente el pago de los reajustes pensionales, el juez acusado libró mandamiento de pago por concepto de mesadas atrasadas y reajustes de ley, lo que resulta contradictorio con las pretensiones de la demanda y el poder conferido.

Y si bien en este caso la acusación menciona lo dispuesto por el artículo 100 del C. P del T. y 488 del C. de P. C., no se señala expresamente que tales requisitos hubieren sido incumplidos en el documento base de la acción ejecutiva, limitando entonces el reproche a la irregularidad que viene de ser advertida.

Al respecto aduce el organismo acusador que el grado de culpabilidad es de “dolo directo, también llamado intencional o determinado, pues existe plena correspondencia entre la voluntad y el resultado de la conducta. Esa voluntad, se pone de presente en el momento mismo en que se advirtieron numerosas anormalidades no sólo en el trámite de los procesos, sino en muchos otros que fueron adelantados en el Despacho dirigido por el imputado y que de igual manera dieron origen al inicio de la correspondiente investigación; esto, significa que esa voluntad criminal no es exclusiva de este averiguatorio, sino de otras múltiples actuaciones que permiten con mayor certeza verificar la existencia del ánimo doloso del infractor, el cual tiene estrecha relación con el resultado, cual es el logro de la cuantiosa defraudación al Tesoro de la Caja Nacional de Previsión Social”.

Esta postura, así expuesta por la Fiscalía, que halló eco en el Tribunal si se toma en cuenta el sentido de la decisión adoptada, no puede ser compartida por la Corte, pues, de una parte, ya se dijo que cada uno de los procesos judiciales seguidos contra los aquí procesados, mantiene su propia autonomía y su resultado no depende de las decisiones que se adopten respecto de las restantes acusaciones que se hubieren proferido, así su trámite en el juicio hubiese sido conjunto.

Por eso mismo, dado que la responsabilidad es individual, respecto de cada delito imputado en los enjuiciatorios han de concurrir los presupuestos establecidos por la ley de rito para irrogar fallo de condena, en donde la certeza de la ocurrencia del hecho y de la responsabilidad del procesado no admita discusión.

En este caso, resulta incontrovertible que a cargo del doctor SANCHEZ RODRIGUEZ estuvo el trámite del proceso radicado con el número 30719, Tampoco se desconoce por éste ni su defensor, que no existe coincidencia entre los términos del poder otorgado por la señora LUISA RUEDA DE RUEDA, la pretensión contenida en la demanda, y el mandamiento de pago proferido, pues mientras en aquellos se hizo referencia a reajustes pensionales, en el mandamiento de pago se mencionaron reajustes y mesadas.

Sin embargo, en orden a establecer la trascendencia penal de esta conducta, necesario resulta escuchar las explicaciones suministradas por el acusado en su indagatoria.

En dicha diligencia mencionó que la labor de notificación del mandamiento de pago corresponde a la secretaría. También, que “en el juzgado para la época en que se libró este mandamiento de pago había una persona encargada de librar dichos mandamientos y para dicha época la persona encargada si no estoy mal era el señor Arturo Márquez y observando ahora detenidamente la resolución, ciertamente no dice mesadas pensionales sino reajuste, pero de todas formas la cuantía por la cual se libró el mandamiento de pago fue teniendo en cuenta la presentada por la parte ejecutante, por lo tanto, el trámite a seguir si el juzgado se equivocó al citar el mandamiento de pago, corresponde a la ejecutada alegar sus derechos dentro del proceso una vez que haya sido notificada”

La explicación suministrada por el acusado, se compadece ampliamente con aquello ofrece la actuación ejecutiva tramitada por el procesado, pues si bien en la demanda no se mencionan para nada mesadas atrasadas sino reajustes pensionales por un valor total de $761.359,20, lo que indica que el mandamiento de pago, al proferirse por esa suma y decretarse el embargo de dineros por un valor que no excede el doble de ella, la conducta imputada deviene inocua, pues el motivo en que la acusación se soporta pudo haber obedecido más a un error al momento de mecanografiar la orden ejecutiva, como lo explica el procesado en su injurada, que a una intención deliberada de proferir decisión manifiestamente ilegal, máxime si la cuantía por la que fue proferida, mantenía absoluta coincidencia en el monto de la pretensión contenida en la demanda.

No sobra insistir, de una parte, que la investigación no reveló ninguna clase de vinculaciones entre el abogado que presentó esta demanda, el grupo de profesionales al servicio de OMAR CABRERA POLANCO y el funcionario como para suponer que este proceso correspondía a aquellos debidamente prededefinidos en su resultado, y, de otra, que a esa sola irritualidad se contrae la acusación en este caso.

Por estas razones, dado que los motivos de impugnación que se exponen, colocan en evidencia la absoluta inocuidad de la conducta imputada, se absolverá de este cargo al doctor LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ, debiendo, por tanto, por ese motivo, realizar también nueva individualización judicial de la pena.

2.5.- Proceso 10672A contra LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ.

En los antecedentes de esta providencia, se menciona que el proceso referenciado tiene que ver con la imputación por el delito de enriquecimiento ilícito que se formula en contra del ex-juez Cuarto Laboral del Circuito, doctor LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ.

Mientras el procesado considera que en la actuación no existe certeza del acrecimiento patrimonial injustificado que se le atribuye, al tiempo que destaca lo que en su criterio constituyen algunos errores en que incurre tanto la procuraduría como el CTI, el defensor propugna por la absolución dado el carácter subsidiario que ostenta este tipo penal, pues su aplicación resulta válida siempre y cuando no concurra con otro u otros delitos de los cuales pueda concluirse que fueron la fuente del enriquecimiento.

La Corte, en relación con este tipo penal, ha dicho que el delito de enriquecimiento ilícito de servidor público, exige para su configuración que sea realizado por un sujeto activo cualificado que por razón del cargo o de sus funciones oficiales aumente injustificadamente su patrimonio, o sea que su riqueza no encuentre explicación en la remuneración percibida por el desempeño de la función, ni en las utilidades obtenidas con ocasión de sus actividades particulares legalmente permitidas.

Ha sostenido igualmente la Corte, que la diferencia patrimonial puede establecerse a partir de determinarse el aumento desproporcionado de los activos, de los gastos, o en la disminución de los pasivos, o todas esas eventualidades a un mismo tiempo, o parte de ellas, bajo el entendido que la modificación de estos rubros en el sentido a que alude constituye un aumento de la riqueza, siendo obligación del funcionario la fuente que le dio origen. Por eso el precepto constitucional (art. 122) ordena a los funcionarios declarar bajo juramento el monto de sus bienes y rentas al posesionarse del cargo, al retirarse del mismo o cuando la autoridad competente lo requiera, en orden a mantener íntegra la reputación de la administración pública mediante la transparencia de la conducta de sus servidores.

Del mismo modo, ha sido dicho por la Sala, que por tratarse de un tipo subsidiario, dado que la sanción por su realización se aplica “siempre y cuando el hecho no constituya otro delito”,no resulta posible su concurrencia con otro u otros, en los cuales pueda establecerse que dieron génesis al acrecimiento patrimonioal (peculado, concusión, cohjecho, por ejemplo), pues en esos casos, la especialidad se orienta por resolverse en favor de dicha calificación.

Solo entonces, cuando se halla acreditada la condición cualificada del investigado, que durante el ejercicio del cargo público obtuvo incremento patrimonial que no logra justificar con los ingresos percibidos por la remuneración oficial ni por el desempeño de sus actividades particulares permitidas, y que tampoco aparece prueba que indique la comisión de otro delito que pudo haber sido el origen del acrecimiento, opera posible la calificación de la conducta como enriquecimiento ilícito de servidor público, según en este sentido ha sido la doctrina sentada por la Corte (cfr. Auto Unica Instancia. julio 29/ 1998. Rad. 11507).

Y aunque en este caso tanto la Fiscalía como el Tribunal encontraron acreditados los ingredientes que integran la tipicidad de la conducta, y en el fallo se advirtió la subsidiariedad del reato, nada se concluyó a este respecto, debiendo entonces la Corte pronunciarse sobre el tema en debate.

La Fiscalía, para imputarle al doctor SANCHEZ RODRIGUEZ la realización del delito de enriquecimiento ilícito, acude a un sofisma inadmisible desde el punto de vista jurídico y práctico: “El peculado que se le endilga tiene como sustento la entrega, a terceros, de esos dineros, por lo que no es posible predicar que se confunde el origen de los dineros producto del enriquecimiento ilícito, con los dineros que se reputan fueron objeto de despojo al patrimonio estatal: Debe insistirse en que, en parte alguna, se le imputa apropiación a título personal, sino el haber, de manera dolosa, entregado este dinero a terceros, cuando no había lugar a ello”.

Esta afirmación podría ser válida si la investigación no hubiera determinado que en sus cuentas personales resultaron consignados recursos procedentes de las cuentas del doctor GUILLERMO DEL CRISTO PRECIADO LORDUY, uno de los abogados litigantes ante el Juzgado Cuarto Penal del Circuito, como que ello puede ser verificado con el proceso ejecutivo 30402, uno de los 22 por los que se le condena dentro del juicio 3557C, solo que la justificación que se quiso exponer consistió en aducir que dichos recursos provenían de negociaciones de ganado, respecto de las cuales ningún medio probatorio condujo a demostrar su real ocurrencia.

Pero, además, no resulta lógico descontextualizar los hechos para suponer que con ocasión del rol cumplido por el doctor SANCHEZ RODRIGUEZ en la organización criminal de la que hacía parte y que lo llevó a prevaricar a fin de lograr la defraudación patrimonial de la Caja Nacional de Previsión, no le reportó ningún beneficio económico y que, en tal medida, los delitos de peculado realizados por él, orientaron su beneficio exclusivamente en favor de terceros.

Esto podría ser cierto, si a la par de lo acreditado en el proceso sobre la incursión por el Ex Juez Sánchez Rodríguez en los delitos de prevaricato y peculado no obrara prueba sobre las diferencias patrimoniales a él encontradas.

El proceso es rico en medios que dan lugar a establecer el desmesurado incremento patrimonial del procesado, precisamente por la época en que a su cargo estuvo el trámite de los procesos por los cuales en su contra se dicta sentencia de condena, siendo por tanto válido sostener que el desproporcionado acrecimiento del patrimonio del funcionario, tuvo como fuente los multimillonarios recursos obtenidos a costa de los delitos cometidos contra la administración pública y con ocasión de los cuales la Caja Nacional de Previsión vio menoscabado su patrimonio.

Por estos motivos, y porque en este caso se halla acreditada la fuente ilícita del acrecimiento patrimonial que se le imputa al doctor LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ, no cabe más alternativa que absolverlo también de este cargo y proceder a efectuar una redosificación punitiva.

CONCLUSIONES

1.- Tal y como ha sido advertido, no se declarará la nulidad de lo actuado según lo solicitan los defensores de los procesados OMAR CABRERA POLANCO y LUIS HENRY TRUJILLO SANCHEZ.

2.- Se revocará la condena impuesta al doctor LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ por los delitos de prevaricato por omisión, imputados dentro del proceso radicado con el número 3557C, confirmándola en cuanto hace al concurso homogéneo, heterogéneo y sucesivo de delitos de prevaricato por acción, peculado por apropiación, concierto para delinquir y falsedad en documentos públicos.

3.- Se confirmará la condena impuesta a los doctores LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ, LUIS HENRY TRUJILLO SANCHEZ y OMAR CABRERA POLANCO, por el concurso de delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación, este último en la modalidad de tentativa.

4.- Se revocará la condena impuesta en primera instancia al doctor LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ por el delito de prevaricato por acción, imputado en el proceso 10398 A con ocasión del trámite dado al proceso ejecutivo identificado con el número 30719.

5.- Se revocará la condena impuesta al doctor LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ por el delito de enriquecimiento ilícito, imputado dentro del proceso 10672 A.

6.- Se revocará la condena impuesta a MERCEDES CABRERA POLANCO por el concurso de delitos de prevaricato por acción a ella imputados en el proceso 3826D, se confirmará la decisión de condena por el delito de peculado por apropiación pero modificando el grado de su participación a la condición de cómplice, y se confirmará la decisión condenatoria en contra de OMAR CABRERA POLANCO por los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación, a título de determinador en los procesos ejecutivos laborales números 30105, 30511, 30522 y 30981.

7.- Y como los criterios para determinar el monto de la condena en perjuicios efectuada por la Corporación de primera instancia no ofrecen ninguna discusión por los recurrentes, estos parámetros serán respetados y mantenidos, pues el cuestionamiento que se ofrece es el relacionado con que la Caja de Previsión no sufrió perjuicio patrimonial por cuanto, a criterio de los impugnantes, los dineros que le fueron embargados y entregados a los ejecutantes, en verdad los debía, en argumento respecto del cual se ofreció por la Corte la respuesta correspondiente.

8.- Punibilidad.

8.1.- LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ.

Como se hallan acreditados, en grado de certeza, los presupuestos establecidos por el artículo 247 del C. de P. P. para proferir fallo de condena en contra del procesado doctor LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ, por el concurso homogéneo, heterogéneo y sucesivo de delitos de prevaricato por acción, peculado por apropiación, concierto para delinquir, y falsedad en documento público, para efectos de lo dispuesto por el artículo 26 del Código Penal, y a fin de individualizar judicialmente la pena que le corresponde, se partirá del delito que prevé la más grave, que en este caso es el de peculado por apropiación agravado por la cuantía de lo apropiado, que en el caso el proceso 3557C, pasa de quinientos mil pesos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 133 del Código Penal, vigente por la época de los hechos y más favorable en relación con las previsiones que de la misma conducta hizo el artículo 19 de la Ley 190 de 1995.

En el pliego enjuiciatorio, proferido dentro de dicho proceso, al doctor LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ se le imputa haber realizado la conducta en las circunstancias genéricas de agravación previstas por el artículo 66, ordinales 1,2,4,5,6,7,9,10,11 y 13 del C.P. y se menciona que en su favor no concurre ninguna circunstancia de atenuación.

No obstante esta afirmación, se tendrá en cuenta la circunstancia prevista por el artículo 64-1 del Código Penal, pues resulta evidente su buena conducta anterior a los hechos por los cuales se le condena, al punto de no obrar en el proceso prueba que indique haber sido condenado o siquiera procesado por un delito distinto de los que se ocupa esta actuación.

En tal medida, dentro del rango punitivo previsto en el tipo realizado, que señala como penas principales la prisión de cuatro a quince años, la multa de veinte mil a dos millones de pesos y la interdicción de derechos y funciones públicas de dos a diez años, se procederá a individualizar la pena básica que le corresponde al doctor SANCHEZ RODRIGUEZ no sin antes advertir que los hechos realizados son supremamente graves, habida cuenta de su honda repercusión social por haber sido realizados por un Juez de la República y en contra de los intereses de una entidad oficial que administra los recursos destinados a las pensiones de personas de la tercera edad, es decir, un sector poblacional demasiado vulnerable cuando se comprometen los recursos económicos de los que subsiste.

Es así como, dadas el gran número de circunstancias de agravación y solo una de atenuación, no se partirá del mínimo punitivo previsto en la norma realizada, sino del doble del mismo, esto es de ocho (8) años de prisión, los que aumentados en siete años y diez meses de prisión, de conformidad con los artículos 26 y 61 del C.P. por efectos del gran número de hechos punibles, arrojan un guarismo total de quince años y diez meses de prisión.

Para individualizar la pena de multa no puede ser distinta a un guarismo cercano al máximo previsto en el tipo del cual se parte, por virtud de lo previsto en el artículo 61 del C. P. atendiendo el número, gravedad y modalidades de los delitos imputados, es decir dos millones de pesos, incrementada hasta en otro tanto por efectos del concurso, para un total de tres millones novecientos noventa mil pesos..

No obstante, como por mandato del artículo 29 de la Carta Política a los procesados no se les puede agravar la pena impuesta en la primera instancia, cuando se trate de apelantes únicos en cuyo favor se recurre, como aquí acontece, se respetará el monto de un millón de pesos como pena de multa deducido por el Tribunal.

Y para la interdicción de derechos y funciones públicas, que erradamente el Tribunal aplicó como pena accesoria, se partirá de cuatro años (el doble del mínimo) que aumentados por efectos del concurso arroja un total de siete años y medio.

8.2.- OMAR CABRERA POLANCO.

Como ya se dijo, respecto de este procesado también se encuentran satisfechos los presupuestos establecidos por el artículo 247 del C. de P. P. para proferir en su contra sentencia de condena por el concurso de delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación consumado en relación con los procesos ejecutivos laborales números 30105, 30511, 30522 y 30981, a que se refiere la causa radicada con el número 3826D, y el concurso de delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación, este último en la modalidad de imperfecto, en relación con el proceso ejecutivo 31739 de que se ocupa la causa 9797A.

Para efectos de aplicar lo dispuesto por el artículo 26 del C. P. en relación con el concurso de hechos punibles, y contrario a lo deducido por el Tribunal, no serán tenidas en cuenta, las mismas circunstancias genéricas de agravación imputadas al doctor LUIS ALVARO SANCHEZ, habida cuenta que estas no se encuentran todas contempladas en la acusación proferida contra el doctor Cabrera Polanco en el proceso 3826D, que es donde se ubica el proceso ejecutivo 30511 en cuantía de $ 311.840.838.57.

Como ya fue advertido, en la providencia calificatoria proferida el seis de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, se lo acusa de haber realizado la conducta en las circunstancias de agravación previstas por los ordinales 1 y 4 del artículo 66 del C.P., es decir, por motivos innobles o fútiles, y la preparación ponderada del hecho. Y aunque no se dijo expresamente, también operan las circunstancias genéricas de agravación previstas en los ordinales 3, 7 y 11 ejusdem, y en su favor concurre la circunstancia genérica de atenuación prevista por el artículo 64-1, es decir su buena conducta anterior a los hechos que le son imputados no admite discusión.

Por esto, en aplicación del principio de proporcionalidad de la pena, desde el punto de vista de su relación con la conducta individualmente considerada, es de destacarse que se le atribuye la determinación de los delitos de prevaricato y peculado en cuatro de los 22 procesos ejecutivos de que se ocupa el juicio identificado con el número 3557C, y la tentativa de peculado y prevaricato consumado en el proceso ejecutivo número 31739.

Conforme a lo dicho, dado el número de circunstancias de agravación (5) en que realizó el hecho, el de atenuación (1), no se partirá del mínimo punitivo previsto en el tipo llevado a efecto, sino de siete (7) años de prisión, los que aumentados de conformidad con las previsiones de los artículos 26 y 61 del C.P. en cuatro (4) años, arrojan un guarismo total de once (11) años de prisión.

El mismo parámetro ya establecido en parágrafos que preceden respecto de la pena de multa, se aplicará en este caso, dejándola por tanto, en la suma de un millón de pesos como la fijó el Tribunal en el fallo ameritado.

Y para la interdicción de derechos y funciones públicas, que equivocadamente el Tribunal aplicó como pena accesoria, se partirá de tres años que aumentados por efectos del concurso arroja un total de cuatro años y medio.

8.3.- LUIS HENRY TRUJILLO SANCHEZ.

Respecto de este procesado, igualmente se satisfacen los requisitos establecidos por el artículo 247 del C. de P. P. para confirmar la sentencia condenatoria proferida en su contra por el concurso de delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación agravado en la modalidad de tentativa, de que se ocupa el proceso 9797A por su intervención como determinador de los referidos ilícitos, realizados por el doctor LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ al tramitar el proceso ejecutivo número 31739.

No obstante, como para individualizar la pena de este procesado el Tribunal se equivocó a partir de considerar todas las circunstancias de agravación previstas para el funcionario dentro del proceso 3557C, se impone, como lo solicita, el procesado, su defensor y la representante del Ministerio Público para la primera instancia, hacer unas revaloración del tema.

El delito de peculado por apropiación, agravado por la cuantía, establece pena de cuatro a quince años de prisión, multa de veinte mil a dos millones de pesos, e interdicción de derechos y funciones públicas de dos a diez años.

De conformidad con las previsiones del artículo 22 del C. P., si no obstante haberse iniciado la ejecución del hecho con actos idóneos e inequívocamente dirigidos a la consumación, pero esta no se produce por circunstancias ajenas a la voluntad del agente, la pena será no menor de la mitad del mínimo ni mayor de las tres cuartas partes del máximo de la prevista para el delito consumado.

Significa esto, que para el caso del delito de peculado por apropiación agravado por la cuantía, en la modalidad de tentado, la pena correspondiente a la privación de la libertad oscilaría entre dos años y once años más tres meses de prisión. La pena de multa entre diez mil pesos y un millón y medio de pesos, y la interdicción de derechos y funciones públicas entre uno año y siete años más seis meses.

Si bien en la resolución acusatoria de modo expreso no se le dedujeron circunstancias genéricas de agravación, también es lo cierto que no se discute la condición de Juez de la República del doctor LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ, que lo ubica dentro del contenido del artículo 66-11 del C.P. y que por virtud del artículo 25 ejusdem, se comunican al partícipe que las hubiere conocido, en este caso al doctor TRUJILLO SANCHEZ, sabedor, por supuesto, de la condición de aquél, pues fue ante dicho funcionario que tramitó el proceso ejecutivo.

Igual acontece con la circunstancia de agravación punitiva prevista por el ordinal 7º de la disposición referida, por haber obrado en complicidad de otras personas, pues no otra cosa se establece de la siguiente consideración hecha por el ente acusador: “La realidad que emerge del estudio del averiguatorio permite precisar sin lugar a equívocos una concertación previa entre las personas vinculadas, quienes nunca desconocieron la aplicabilidad correcta de la ley, prevaliéndose de actos notoriamente irregulares y en forma consciente violaron la ley sin escrúpulo alguno, como para ahora pretender predicar su inocencia, buena fe o ignorancia de la ley”.

Del mismo modo, la preparación ponderada del hecho punible a que se refiere el ordinal 4 de la disposición en comento, sin dificultad aparece reflejada en la acusación al establecer: “…los apoderados no podían actuar en forma aislada, con propósitos independientes, cuando entre ellos se advierte que existían un propósito preordenado para lograr un objetivo específico, el cual era sin lugar a dudas, defraudar los intereses patrimoniales de la Nación. De qué forma?. Así: el señor OMAR CABRERA POLANCO, a través de su oficina de abogado, recaudaba los poderes a los pensionados, a estas personas se les solicitaba que aportaran la resolución o simplemente ésta era requerida por los profesionales en CAJANAL, no importaba si la expedida era segunda o tercera copia, lo importante aquí era aportar el documento indiscriminadamente y sin observar el lleno de requisito alguno como título ejecutivo, no se tenía en cuenta si había sido expedido para fines estadísticos, y aún, que su contenido fuera ilegible, lo primordial era tener una resolución. Una vez se tenían los poderes y las resoluciones, se elaboraba la demanda ejecutiva para presentarla ante el Juzgado correspondiente, donde de antemano se sabía no iba a formularse ningún tipo de objeción, rechazo o inadmisión porque todo había sido previamente acordado. Por esto, no existe duda que el señor Cabrera Polanco, así como su abogado sustituto (Luis Henry Trujillo) hayan tenido plena participación en los hechos aquí investigados”

También, la circunstancia de agravación prevista en el ordinal 3º fue considerada en la acusación, si bien no de modo expreso como hubiere sido lo esperado, pues estableció acreditado uno de los supuestos fácticos en que se funda, como se concluye de reproducir el siguiente texto de la providencia calificatoria de segunda instancia: “En pocas palabras, al proceso de la manera como se adelantó por abogados y jueces le es aplicable el adagio popular de la ‘ley del embudo’, según la cual es válida toda opción que favorezca al interesado, pero el simple cálculo de un lapso prescriptivo es imposible de hacer si la parte que alega no indica con absoluta precisión todo aquello que a la contraparte no se le exigió. Difícil encontrar un mejor ejemplo de indicios graves de participación y responsabilidad, en conductas que no pueden ser explicadas sino a la luz de un concierto previo. Lo anterior, sin contar con las exorbitantes agencias en derecho decretadas, que no se compadece en verdad con la poco intensa y muy simple actividad del abogado, independientemente de la existencia de cualquier tarifa establecida”.

Así las cosas, para individualizar la pena que le corresponde a este procesado, se tendrá en cuenta las circunstancias genéricas de agravación cuya configuración en la acusación viene de ser advertida, y que en su favor obra la de atenuación prevista en el artículo 64-1 del C. P. referida a su buena conducta anterior la que se colige por no registrar antecedentes penales o contravencionales, y acorde con las previsiones del artículo 61 ejusdem, el hecho que pretendió llevar a cabo es supremamente grave por estar referido al apoderamiento de dineros del estado destinados a satisfacer las necesidades de un sector de la población que amerita atención y cuidados especiales, como son los ex funcionarios pensionados que atraviesan por la tercera edad, y que ello lo hubiera logrado si no fuera por la oportuna decisión del tribunal que advirtió el fraude que se pretendía consumar cuando ya los dineros estaban embargados, para individualizar la pena no se partirá del mínimo (24 meses) sino del doble, es decir cuarenta y ocho (48 meses), que aumentados en treinta y seis (36) meses por efecto del concurso, arroja un guarismo total de ochenta y cuatro (84) meses de prisión, es decir siete años de prisión.

En relación con la pena de multa, el mismo parámetro ya establecido en esta providencia para los otros procesados, será el aplicado al doctor Trujillo Sánchez a quien el Tribunal lo condenó al pago de quinientos mil pesos, suma ésta que será mantenida por la Corte.

Y para la interdicción de derechos y funciones públicas, que equivocadamente el Tribunal aplicó como pena accesoria, se partirá de dieciocho meses que aumentados por efectos del concurso arroja un total de treinta y dos meses, es decir dos años y seis meses..

8.4.- MERCEDES CABRERA POLANCO.

Respecto de esta procesada, la Corte también encuentra satisfechos los presupuestos establecidos por el artículo 247 del C. de P. P. para proferir en su contra sentencia condenatoria por la complicidad en el concurso de delitos de peculado por apropiación agravado, de que se ocupa el proceso 3826D, realizados por el doctor LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ al tramitar los procesos ejecutivos 30105, 30511, 30522 y 30981.

No obstante, como para individualizar la pena de esta procesada el Tribunal consideró todas las circunstancias de agravación previstas para el funcionario dentro del proceso 3557C, se impone la revaloración del tema, tal como se hizo en relación con LUIS HENRY TRUJILLO SANCHEZ.

El delito de peculado por apropiación, agravado por la cuantía, tiene prevista para el autor pena de cuatro a quince años de prisión, multa de veinte mil a dos millones de pesos, e interdicción de derechos y funciones públicas de dos a diez años.

De conformidad con las previsiones del artículo 24 del Código Penal, el cómplice de dicha conducta será acreedor a la pena correspondiente a la infracción, disminuida de una sexta parte a la mitad.

Significa esto, que para el caso del cómplice del delito de peculado por apropiación agravado por la cuantía, la pena correspondiente oscilaría entre veinticuatro y ciento cincuenta meses de prisión. La pena de multa entre diez mil pesos y un millón seiscientos sesenta y cinco mil pesos, y la interdicción de derechos y funciones públicas entre uno y ocho años más cuatro meses.

Como ya fue advertido, además de las circunstancias de agravación expresamente imputadas en el pliego de cargos, referidas a los ordinales 1 y 4 del artículo 66, respecto de esta procesada también concurren las circunstancias de agravación previstas por los ordinales, 11, 7 y 3, las cuales también fueron consideradas en la providencia enjuiciatoria.

Así las cosas, para individualizar la pena que le corresponde a esta procesada, se tendrá en cuenta las circunstancias genéricas de agravación cuya configuración en la acusación viene de ser advertida, y que en su favor obra la de atenuación prevista en el artículo 64-1 del C. P. referida a su buena conducta anterior la que se colige por no registrar antecedentes penales o contravencionales, y acorde con las previsiones del artículo 61 ejusdem, tomando en cuenta la gravedad de la conducta llevada a cabo con la cual no solo contribuyó al ilícito apoderamiento de dineros del estado sino, también destinados a brindar protección en seguridad a un sector de la población que amerita atención y cuidados especiales, como son los ex funcionarios pensionados que atraviesan por la tercera edad, para individualizar la pena no se partirá del mínimo (veinticuatro meses) sino de treinta y seis meses (36 meses) , que aumentados en un (1) año por efecto del concurso, arroja un guarismo total de cuatro años (4) años de prisión.

En relación con la pena de multa, el mismo parámetro ya establecido en esta providencia para los otros procesados, será el aplicado a la señora Cabrera Polanco a quien el Tribunal la condenó al pago de doscientos mil pesos, suma ésta que será mantenida por la Corte por las razones suficientemente vistas.

Y para la interdicción de derechos y funciones públicas, que el Tribunal aplicó como pena accesoria siendo principal, se partirá de dieciocho meses que aumentados por efectos del concurso arroja un total de veinticuatro meses, es decir dos años.

Del mismo modo, como quiera que el Tribunal condenó a esta procesada al pago solidario de la suma de $ 941.380.434.oo, en igualdad de condiciones a la obligación en tal sentido impuesta a su hermano, la Corte habrá de reducir dicho monto a términos de proporcionalidad dada la forma de su participación en el delito, cómplice. Por lo anterior, la suma a pagar en condiciones de solidaridad será la de $ 941.380.oo, equivalente al 10% del monto impuesto a OMAR CABRERA POLANCO.

9.- Como es apenas obvio, dado el quantum de la pena privativa de libertad que mediante este fallo se impone a los acusados, no se reúne el presupuesto objetivo para considerar siquiera la concesión del subrogado de la condena de ejecución condicional, para ninguno de ellos, siendo imperioso confirmar la decisión adoptada por el A quo, en el sentido de revocar la detención domiciliaria de que vienen gozando los doctores LUIS HENRY TRUJILLO SANCHEZ y OMAR CABRERA POLANCO, así como la señora MERCEDES CABRERA POLANCO.

En este punto del pronunciamiento, la Sala no puede de dejar pasar la oportunidad sin llamar la atención del error en que incurre la Corporación de primera instancia, al considerar que la detención domiciliaria no puede ser revocada hasta tanto no adquiera firmeza la sentencia.

Esta es una concepción formulada a partir de un criterio jurisprudencial del cual no se cita ni completo ni se indica la fuente, y que además ha sido objeto de precisión en su alcance por la Corte.

Para ello baste con recordar el siguiente pronunciamiento de la Sala:

“1º.- Tratándose de la detención domiciliaria, ha sido reiterada y constante la posición de la Sala en el sentido de que se trata de una medida de aseguramiento autónoma e independiente de la detención preventiva.

2.- Igualmente, ha sido también constante y pacífico el criterio en el sentido de que habiéndose concedido la detención domiciliaria en el transcurso del proceso, medida que implica que la privación de la libertad, sin excarcelación, que se cumple en el domicilio del procesado, al proferirse sentencia de condena negando el subrogado de la condena de ejecución condicional, la orden de cumplir la pena impuesta, implica, de suyo, la consecuente captura para que al procesado pueda trasladársele al sitio de reclusión, ya que por mandato del artículo 198, inciso primero del C. P.P., ‘se cumplirán de inmediato’, pues ‘la finalidad del beneficio consagrado en el artículo 396 del Código de Procedimiento Penal (artículo 53 de la Ley 81 de 1993) apunta exclusivamente a que el sindicado vaya descontando pena en su domicilio mientras el Estado decreta su responsabilidad. Proferida la sentencia de condena y determinada la pena que le corresponde al procesado, en aquellos casos en que el Juez considere improcedente la concesión del subrogado previsto en el artículo 68 del Código Penal tendrá que revocar el beneficio concedido (detención domiciliaria), para hacer efectivo el cumplimiento de la sanción impuesta en el fallo de condena. Esto se afirma sin perjuicio de las excepciones consagradas en los artículos 44 y ss. de la ley 81 de 1993’ (auto de noviembre 9 de 1993, M.P. Dr. Gustavo Gómez Velásquez)’.

“3.- Así las cosas, es del caso anotar que la decisión transcrita en precedencia fue reiterada en el auto de segunda instancia, en el que el defensor de G.Z. sustenta la petición, no obstante que distorsiona su real contenido y alcance por su reproducción fuera de contexto para afirmar que la Sala ha sostenido la necesidad de la ejecutoria del fallo para hacer efectiva la revocatoria de la detención domiciliaria, cuando en verdad el criterio ha sido el contrario”.

“Evitó pues, el petente, tener en cuenta que si bien en el aparte que reproduce como aval de sus afirmaciones, se menciona la necesidad de la ejecutoria del fallo para hacer efectiva la reclusión en un establecimiento carcelario como consecuencia de la revocatoria de la detención domiciliaria como efecto de la sentencia de condena, esta no es afirmación de la Corte sino enunciación de la segunda de las ‘tres cosas definitivas en la solución del presente asunto’ que no eran otras que las planteadas por el defensor del procesado y el Ministerio Público en la apelación interpuesta contra el auto proferido en primera instancia por el Tribunal de Pasto, caso en el cual es la Sala competente para pronunciarse de fondo. Sin embargo, en aquella oportunidad no se abordó el análisis de los tres aspectos mencionados por sustracción de materia, dado que los apelantes desistieron del recurso”.

“ 5.- Olvida además el petente, que frente a la cuestión planteada, ha sido unánime y constante la posición jurisprudencia, pudiéndose citar a manera de ejemplo los autos de única instancias del 7 de noviembre de 1995 (M.P. Dr. Ricardo Calvete Rangel), 8 de agosto de 1996 y 15 de septiembre de 1997 (M.P. Dr. Carlos E. Mejía Escobar) y el del 5 de junio del año en curso (1997) a que se ha hecho alusión por constituir el pretendido supuesto de la petición que ahora se resuelve” (Auto de octubre 14 de 1997. M. P. Dr. CARLOS AUGUSTO GALVEZ ARGOTE).

Siendo de destacar, que en razón a la errada interpretación hecha de la jurisprudencia por parte del Tribunal, se ha dado lugar a que los procesados que ahora gozan de la detención domiciliaria, cumplan la mayor parte de la pena que les corresponde en las condiciones en que les fue impuesta la aludida medida de aseguramiento, con el agravante de que respecto de OMAR CABRERA POLANCO se le ha impuesto como tal “la ciudad por cárcel”, cuestión ampliamente superada por la jurisprudencia de esta Corte, en el sentido de precisar que la medida debe cumplirse en la morada del procesado.

También es de advertir, que no obstante la errada concepción del instituto por parte del Tribunal, el desacierto que se observa no podía corregirlo la Corte por fuera del correspondiente fallo de fondo mediante el proferimiento de una decisión de carácter interlocutorio. Con lo dicho, entiende la Corte, se resuelve la inquietud formulada por la Señora Procuradora Delegada en su memorial que antecede, en el cual solicita verificar el cumplimiento de la detención domiciliaria de CABRERA POLANCO, pues el escrito en que se funda obedece al desconocimiento por parte de quien lo suscribe de las condiciones en las cuales le fue impuesta la medida de aseguramiento a CABRERA POLANCO y el hecho de habérsele concedido permiso para asistir a una diligencia judicial en una población cercana a la Capital de la República.

Por lo dicho en precedencia, se modificará el numeral trece de la parte resolutiva del fallo impugnado, en el sentido de ordenar la captura inmediata de OMAR CABRERA POLANCO y LUIS HENRY TRUJILLO SANCHEZ, a efectos de que cumplan la pena privativa de libertad que se le impone mediante este fallo.

9.- Otras decisiones.

9.1.- Dado que la procesada MERCEDES CABRERA POLANCO se encuentra privada de su libertad desde el 27 de febrero de 1993, fecha en que se produjo su captura (fl. 421 cno. 6), es de entender que a la actualidad ha transcurrido un término superior a los cuatro años de prisión que se le imponen mediante este fallo, siento acreedora a la libertad por pena cumplida, para lo cual habrán de libarse las comunicaciones correspondientes a las autoridades carcelarias.

9.2.- Como se recordará, el procesado doctor LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ demanda se le expida una constancia sobre el estado del presente proceso, debiéndose acceder a ello, a lo que se procederá por el Tribunal de Instancia.

9.3.- Dado que la Procuradora Once Judicial Penal solicita se adicione la decisión de primera instancia, en el sentido de disponer la compulsación de copias para la investigación de la conducta del doctor OMAR CABRERA POLANCO por su intervención en el proceso ejecutivo laboral número 31827, lo cual por ser procedente, se accederá a ello.

9.4.- Para la notificación personal de este proveído a la procesada MERCEDES CABRERA POLANCO, se comisiona a la Presidencia de la Sala Penal del Tribunal Superior de Neiva.

En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACION PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E:

PRIMERO. MODIFICAR el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá en el presente asunto, en el sentido de CONDENAR al doctor LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ a las penas principales de quince años y diez meses de prisión, multa en cuantía de un millón de pesos ($1.000.000.oo) e interdicción de derechos y funciones públicas por el término de siete años y seis meses, por encontrarlo penalmente responsable del concurso homogéneo, heterogéneo y sucesivo de delitos de prevaricato por acción, peculado por apropiación, concierto para delinquir y falsedad ideológica en documento público, a él imputados en las resoluciones de acusación proferidas dentro de los procesos radicados con los números 3557C y 9797A.

SEGUNDO. REVOCAR el numeral segundo de la parte resolutiva de la providencia materia de impugnación.

TERCERO. ADICIONAR el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, en el sentido de ABSOLVER al doctor LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ de los delitos de prevaricato por omisión, imputados en la acusación proferida en su contra dentro del proceso radicado con el número 3557C; ABSOLVER a este procesado del delito de prevaricato por acción imputado dentro del juicio de radicado 10398 A y relacionado con el ejecutivo número 30719 y ABSOLVERLO del delito de enriquecimiento ilícito imputado en la acusación proferida dentro del proceso 10672A.

CUARTO. MODIFICAR el numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia de primer grado, en el sentido de CONDENAR al doctor LUIS HENRY TRUJILLO SANCHEZ a las penas principales de siete (7) años de prisión, quinientos mil pesos de multa ( $500.000.oo) e interdicción de derechos y funciones públicas por el término de treinta (30) meses, y la accesoria de suspensión en el ejercicio de la profesión de abogado por el término de tres (3) años por encontrarlo penalmente responsable del concurso de delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación agravado por la cuantía, en la modalidad de tentativa, a él imputados en el proceso radicado con el número 9797A.

QUINTO. REVOCAR el numeral quinto de la parte resolutiva de la providencia ameritada.

SEXTO. MODIFICAR el numeral SEXTO de la parte resolutiva de la sentencia objeto de la apelación, en el sentido de CONDENAR al doctor OMAR CABRERA POLANCO a las penas principales de once (11) años de prisión, multa en cuantía de un millón de pesos ($1.000.000.oo), e interdicción de derechos y funciones públicas por el lapso de cuatro (4) años y seis (6) meses, y la accesoria de suspensión en el ejercicio de la profesión de abogado por el término de tres (3) años, por encontrarlo penalmente responsable del concurso de delitos de prevaricato por acción, peculado por apropiación consumado y peculado por apropiación en la modalidad de tentativa, a él imputados en las resoluciones de acusación proferidas dentro de los procesos radicados con los números 9797A y 3826D

SEPTIMO. REVOCAR el numeral séptimo de la parte resolutiva de la sentencia materia de impugnación.

OCTAVO. MODIFICAR el numeral OCTAVO de la parte resolutiva de la sentencia impugnada, en el sentido de CONDENAR a la señora MERCEDES CABRERA POLANCO a las penas principales de cuatro (4) años de prisión, multa en cuantía de doscientos mil pesos ($200.000.oo) e interdicción de derechos y funciones públicas por el término de veinticuatro meses, por encontrarla penalmente responsable a título de cómplice del concurso de delitos de peculado por apropiación agravado por la cuantía, y ABSOLVERLA del concurso de delitos de prevaricato por acción, a ella imputados en la resolución de acusación proferida dentro del proceso radicado con el número 3826D.

NOVENO. REVOCAR el numeral noveno de la parte resolutiva del fallo impugnado.

DECIMO. MODIFICAR el numeral DECIMO de la parte resolutiva de la sentencia de primer grado, en el sentido de condenar a MERCEDES CABRERA POLANCO del pago solidario de la suma de $941.381.oo y los intereses pertinentes por el mismo concepto como daños y perjuicios ocasionados con su conducta ilícita, y confirmar la condena en tal sentido impuesta a LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ y OMAR CABRERA POLANCO en su monto y demás efectos.

DECIMOPRIMERO. CONFIRMAR los numerales once y doce de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia.

DECIMOSEGUNDO. MODIFICAR el numeral TRECE de la parte resolutiva de la providencia materia de impugnación, en el sentido de ORDENAR la inmediata captura de los procesados doctores OMAR CABRERA POLANCO y LUIS HENRY TRUJILLO SANCHEZ, para lo cual se librarán los oficios respectivos.

DECIMOTERCERO. Adicionar el numeral catorce de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, en el sentido de DISPONER que se compulsen copias de lo actuado para la investigación de la conducta del doctor OMAR CABRERA POLANCO dentro del proceso ejecutivo número 31827.

DECIMOCUARTO. CONFIRMAR los numerales quince, dieciséis, diecisiete y dieciocho de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia.

DECIMOQUINTO. CONCEDER a la procesada MERCEDES CABRERA POLANCO el derecho de libertad definitiva. Devolver la caución prestada. Librar las comunicaciones a las autoridades carcelarias.

DECIMOSEXTO. Para la notificación personal de esta providencia a la procesada MERCEDES CABRERA POLANCO, y expedir la correspondiente orden de libertad, se comisiona a la Presidencia de la Sala Penal del Tribunal Superior de Neiva. Librar despacho comisorio.

DECIMOSEPTIMO. Por el Tribunal de primera instancia, expídase la constancia solicitada por el procesado LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ.

DECIMOOCTAVO. En firme, devuélvase el diligenciamiento al Tribunal de Origen.

Notifíquese y cúmplase.

JORGE A. GOMEZ GALLEGO FERNANDO E. ARBOLEDA RIPOLL

SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO

CARLOS A. GALVEZ ARGOTE EDGAR LOMBANA TRUJILLO

SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO

MARIO MANTILLA NOUGUES CARLOS E. MEJIA ESCOBAR

SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO

ALVARO O. PEREZ PINZON NILSON PINILLA PINILLA

SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO

PATRICIA SALAZAR CUELLAR

Secretaria.

SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO

Constituyendo el motivo de mi discrepancia en la decisión de mayoría el tratamiento autónomo que se da al delito de falsedad ideológica en documento público, me permito transcribir el fragmento de la original ponencia de fallo que no fuera acogida en ese aspecto, a manera de salvedad de voto, donde sostuve que en este asunto ello no era posible:

“En este caso, al igual que sucede con la imputación por prevaricato por omisión, si el doctor LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ mantenía el firme propósito de apoderarse de los dineros de la Caja Nacional de Previsión mediante la realización de prevaricatos por acción, al librar mandamientos de pago sin tener fundamento los documentos base de las acciones, y ordenar, contrariando la prohibición contenida en la ley, el embargo de los recursos oficiales y su posterior entrega a los ejecutantes, pues debe entenderse que a partir de la admisión de la demanda todo el proceso no era más que un remedo de trámite judicial, no sujeto a ningún parámetro legal.

“Por esto, las inconsistencias que la Fiscalía y el Tribunal observan en las constancias expedidas en el proceso 31270 de ROSALBA V. DE PACUALY y 65 personas más, relacionadas con los saldos disponibles de dinero, no configuran otra cosa que una más de las maneras como los criminales propósitos podrían ser logrados, al impedir, por este mecanismo, que la demandada tuviera en claro el monto de los recursos cuya devolución podía reclamar, y con ello dar lugar a que sobre dichos recursos se solicitara un nuevo embargo para acceder a esto de modo inmediato.

“La imputación por falsedad ideológica sería válida si el proceso donde se realizó pudiera corresponder a un trámite a más de legítimo enteramente avenido a la ley, pero esto no es lo que se observa en el caso de los procesos tramitados por el doctor Sánchez Rodríguez, como ha sido repetidamente destacado en el curso de esta providencia, dado que las inconsistencias matemáticas en la liquidación de los títulos , no obedecían a propósito distinto de que la Caja no lograra el desembargo de los dineros que podrían resultarle a su favor luego de cancelados los créditos cobrados coercitivamente y en esas circunstancias obtener la ilícita apropiación de los recursos cuya devolución ya había sido dispuesta.

“De ahí que al corresponder el acto certificatorio solamente a uno de los pasos recorridos por el funcionario para lograr la finalidad trazada de apoderarse ilícitamente de los dineros oficiales, y quedar comprendido en los delitos de prevaricato y peculado, ninguna autonomía de relevancia penal se advierte, pues en realidad en tales condiciones no podía existir lesión al bien jurídico de la fe pública (como entidad autónoma, por supuesto), dado que desde sus inicios la actuación del funcionario no tenía ninguna potencialidad de generar credibilidad por constituir un remedo de procesos. En estas condiciones no cabe más alternativa que absolver al doctor SANCHEZ RODRIGUEZ de este cargo.”

fernando e. arboleda ripoll

fecha ut supra

SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO

Por compartir plenamente los argumentos expuestos por el Magistrado, doctor Fernando Arboleda Ripoll, en su ponencia que no fue compartida por la mayoría de los integrantes de la Sala respecto al delito de falsedad ideológica, que en el fallo se consideró como delito autónomo y en el proyecto como uno de los medios necesarios para “lograr la finalidad trazada de apoderarse ilícitamente de los dineros oficiales” por parte del Juez procesado, manifesté mi voto afirmativo por esa propuesta; por tal razón, y como en el salvamento parcial de voto que ahora este Magistrado ha suscrito transcribe aquellas consideraciones, nada tengo que agregar al respecto sino compartirlas y por ende, adherirme a esa salvedad.

Carlos Augusto Gálvez Argote

fecha ut supra.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACION PENAL

SALVAMENTO DE VOTO

Mi desacuerdo con la decisión de la Sala se limita estrictamente a los siguientes puntos:

1. Al procesado LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ, como se definió el fallo de primera instancia, le era imputable el delito de enriquecimiento ilícito de servidor público por el cual fue acusado por la Fiscalía.

La Sala Mayoritaria dispuso su absolución por dicho cargo (páginas 257 a 261 de la sentencia). Básicamente en consideración a que el desmesurado incremento patrimonial del procesado se dio por la misma época en la cual estuvo a cargo del trámite de los procesos contra la Caja Nacional de Previsión, resultando válido sostener que tuvo como fuente los multimillonarios recursos obtenidos a través de los atentados cometidos en contra de la administración pública. Prueba de ello, resalta la sentencia, es que a las cuentas personales del funcionario ingresaron sumas de dinero provenientes de GUILLERMO DEL CRISTO PRECIADO, uno de los abogados que tramitó varias acciones ejecutivas contra CAJANAL ante el Juzgado 4º Laboral del Circuito de Bogotá.

A mi juicio el argumento de la Sala Mayoritaria resulta insuficiente para desconocer el acrecimiento patrimonial ilícito. Sencillamente porque el cargo de peculado de acuerdo con la acusación y con la realidad procesal, fue en favor de terceros. Y de hecho, como se comprobó, las cuantiosas sumas objeto de la defraudación patrimonial fueron entregadas a los abogados demandantes y aunque, como lo señala la Mayoría, a las cuentas personales del procesado SANCHEZ RODRIGUEZ ingresaron recursos provenientes de uno de tales litigantes, esa sola circunstancia no es demostrativa de que el incremento patrimonial se haya derivado del delito de peculado. Ello a lo sumo podría dar lugar a descontar lo recibido de éste, del total del incremento injustificado, derivándose como consecuencia la imputación de enriquecimiento ilícito por la diferencia.

Pero si lo que se plantea es que el exfuncionario se apropió a favor de terceros de una suma multimillonaria, la cual ascendió a $3.441.261.501.oo, la fuente del enriquecimiento no es posible derivarla del peculado, que no fue en su propio beneficio. Y si por razón de su aporte a la empresa criminal recibió dinero de los abogados, como se comprobó en el caso de CRISTO PRECIADO, ese hecho no desnaturaliza la conclusión precedente. Que haya cobrado para hacerlo, que es una hipótesis que no se podía descartar en las circunstancias anotadas, constituiría el delito de cohecho, que al no haber sido determinado probatoriamente y por ende tampoco habérsele imputado en la acusación, no dejaba otra alternativa que la atribución del tipo de enriquecimiento ilícito en virtud del carácter subsidiario que ostenta.

Con todo respeto, entonces, disiento de la decisión de la Sala consistente en absolver al exjuez SANCHEZ RODRIGUEZ por el delito mencionado.

1. A la procesada MERCEDES CABRERA POLANCO, como lo decidió el Tribunal, le eran imputables los delitos de prevaricato y peculado a título de determinadora y en esa medida no comparto la decisión de condenarla sólo como cómplice de peculado adoptada por la Mayoría.

A partir de los elementos de juicio resaltados por la Sala como fundamento de su conclusión, procedía a mi juicio la confirmación del fallo de la primera instancia en el punto a que se alude.

Lo demostrado en el proceso señala a la procesada CABRERA POLANCO como parte de la empresa criminal montada para defraudar el patrimonio de la Caja Nacional de Previsión y no como una simple tercera, por fuera del grupo, aportando ciertas contribuciones a una actividad delictiva ajena.

Era cercana de OMAR CABRERA POLANCO, atendía a los pensionados, los convencía de demandar a la Caja Nacional de Previsión y bajo esa dinámica logró la obtención de 16 poderes que sustentaron igual número de ejecuciones adelantadas ante el Juzgado 4º Laboral del Circuito. Adicionalmente, cuando algunos poderdantes se enteraron de que dicho despacho judicial ya había dispuesto el pago pretendido y acudieron a ella, procedió a cancelarles con sus propios recursos. Son circunstancias demostrativas de su conocimiento íntimo de lo que estaba sucediendo y que la ubican cumpliendo un rol en la obra mancomunada y no simplemente prestándole algunas colaboraciones eventuales a la organización criminal.

No desconozco que la procesada CABRERA POLANCO no era abogada y que en esa medida no intervino formalmente en los procesos laborales. Mi punto de vista, sin embargo, es que al ser parte de la empresa criminal, al efectuar en esa medida aportes causales en función del andamiaje estructurado para llevar a cabo la millonaria defraudación, simplemente tenía que responder por todos los delitos realizados por el grupo. Estos se cometieron comunitariamente, las tareas en tal medida se las dividieron los distintos participantes y bajo tales circunstancias, de acuerdo con la noción de coautoría impropia, los socios criminales responden de todos los delitos cometidos por la empresa, así la tarea que les haya correspondido –como usualmente acontece—por sí misma no alcance a agotar el hecho típico.

Que al interior de la empresa el papel desempeñado por la procesada haya sido principal o secundario lo encuentro intrascendente para efecto de la imputación delictiva. Simplemente hacía parte de ella y por lo tanto no podía excluírsele de responsabilidad penal por la totalidad de delitos atribuidos a la organización.

A mi juicio, en consecuencia, procedía confirmar la decisión de condenarla como determinadora de prevaricato y peculado adoptada por el Tribunal.

1. Disiento, por último, de la posición de la Sala Mayoritaria relativa a aceptar como parte de la pena impuesta al procesado OMAR CABRERA POLANCO el tiempo cumplido en detención domiciliaria.

Para el cumplimiento de dicha medida de aseguramiento se fijó como domicilio la ciudad y en tales circunstancias –como lo he sostenido en otras oportunidades—en realidad nunca estuvo privado de su libertad. Admito que el derecho fue objeto de restricción (lo cual es común a la libertad provisional, a la caución, a la conminación y a la prohibición de salir del país) pero en ningún momento fue privado del mismo como para aceptar que todo el tiempo que permaneció con libertad de desplazamiento en Bogotá, sin ningún tipo de interrupción en sus rutinas (inclusive la profesional), pueda abonársele a la pena de prisión que se le impuso.

El error de la Fiscalía de asimilar la noción de domicilio a ciudad, entonces, no puede convertirse en razón suficiente para que por obra y gracia de una ficción inaceptable se estime que el sindicado estuvo privado de la libertad cuando en realidad eso no sucedió, y se le termine abonando a la pena un lapso en el cual no estuvo encarcelado. La interpretación de la Mayoría, de la que me separo con respeto, es en mi criterio contraria al artículo 406 del Código de Procedimiento Penal que claramente dispone, con absoluta lógica, que “el término de la detención preventiva se computará desde el momento de la privación efectiva de la libertad”, lo cual traduce que el único tiempo abonable a la sanción eventual que se le imponga al sindicado es aquél en el que permaneció en la cárcel, incluyendo en esta noción su casa de habitación.

En los anteriores términos dejo expuestas las razones de mi disentimiento respetuoso.

CARLOS EDUARDO MEJIA ESCOBAR

Asistente Jurídico Inteligente

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