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1999

Asistente Jurídico Inteligente

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    PROCESO No. 13691  

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  

SALA DE CASACION PENAL  

Magistrado Ponente:  

Nilson E. Pinilla Pinilla  

Aprobado Acta N°146  

Santafé  de  Bogotá,  D.  C.,  septiembre  veintiocho (28) de mil novecientos noventa y nueve (1999).   

ASUNTO:  

Se  procede a resolver sobre la admisibilidad  de  la  demanda  de  casación formulada en defensa del procesado EDUAR FERNANDO  LOPEZ OSPINA, sindicado de homicidio.   

HECHOS:  

La madrugada del 27 de febrero de 1995, en el  establecimiento  denominado  “Los  Balcones”,  en  Corinto  (Cauca), estaban  departiendo  e  ingiriendo  licor  varios  amigos.  Después  de presentarse una  discusión,  regresó  WILMAR LOPEZ RESTREPO con su sobrino EDUAR FERNANDO LOPEZ  OSPINA  y  efectuaron  varios  disparos  de  arma de fuego contra Javier Tobías  Bautista  Fernández,  que  le  produjeron  la muerte. Inmediatamente salieron y  huyeron en un campero.   

ANTECEDENTES PROCESALES:  

La  Fiscalía  29 Seccional de Corinto abrió  investigación,  declaró  personas  ausentes  a  WILMAR  LOPEZ RESTREPO y EDUAR  FERNANDO  LOPEZ  OSPINA y el 4 de mayo de 1995 decretó su detención preventiva  (fs.  58  y  Ss.,  cd. 1). Cerrada la instrucción, el 3 de agosto siguiente les  profirió  resolución  de acusación, por homicidio agravado (art. 324-7 C. P.,  fs. 68 y Ss. ib.).   

Correspondió al Juzgado Penal del Circuito de  Caloto  (Cauca)  adelantar  el  juicio  y  el  12  de  febrero  de 1996 declaró  extinguida  la  acción penal en lo que respecta a WILMAR LOPEZ RESTREPO, debido  a  su  muerte. Celebrada la audiencia pública, el 2 de diciembre del mismo año  condenó  a  EDUAR  FERNANDO  LOPEZ  OSPINA,  por  dicho  delito,  a 40 años de  prisión,  10  años  de  interdicción  de  derechos y funciones públicas y de  suspensión  de  la  patria potestad, imponiéndole la obligación de indemnizar  los respectivos perjuicios (fs. 384 y Ss. ib.).   

Apelado  ese  fallo  por la defensa, el 22 de  mayo  de  1997  el  Tribunal Superior de Popayán consideró que la indefensión  imputada  como  causal  de agravación no se configuraba, por lo cual disminuyó  la  pena  de  prisión  a  25 años, por homicidio doloso simple, confirmando lo  demás, mediante sentencia recurrida en casación por el defensor.   

LA DEMANDA:  

Al   amparo  de  la  causal  primera  de  casación,   es   acusada  la  sentencia  de  violación  indirecta  de  la  ley  sustancial,  por “error de hecho e infracción al artículo 247 del Código de  Procedimiento  Penal,  debido a errada apreciación probatoria”, que condujo a  la  condena  del sindicado, no obstante que su conducta “encuadra dentro de la  duda”.   

El  recurrente dice que el Tribunal no creyó  lo  dicho  por el denunciante Diego Salas Montoya ni por el testigo Hulmer Henao  Dagua,   acerca  de  no  portar  arma  la  víctima,  por  cuanto  descartó  la  indefensión,  lo  cual  habría  de  generar incredibilidad sobre sus restantes  afirmaciones,  particularmente  en torno a haber sido un policial quien lesionó  a WILMAR LOPEZ RESTREPO.   

Asevera  que  el  ad  quem  tergiversó  el  testimonio  del  subteniente  José  Albeiro  García,  al considerar que había  informado  en  una  reunión  del consejo de seguridad que un agente de policía  había  herido  al  mencionado  RESTREPO  en  su  fuga; “de no haber apreciado  erróneamente  la  declaración  del comandante, no le hubiera dado credibilidad  en  el  grado  de  certeza a las versiones de DIEGO SALAS MONTOYA y HULMER HENAO  DAGUA”.   

Efectúa  una  extensa  presentación  de  su  personal  análisis  de  las  pruebas,  anotando  que el Tribunal admite que los  disparos  pudieron  ser  efectuados  por  una  sola  persona  y  que los heridos  Alexander Caicedo y Walter Emilio Cartagena “afirman que las   

lesiones  se  las causó el hoy occiso Javier  Tobías  Bautista  cuando disparaba contra la humanidad  de WILMAR RESTREPO  LOPEZ” (sic).   

Al  decir  del censor, las faltas a la verdad  por  parte  de  los  acusadores  y  la  no  demostración  de  sus afirmaciones,  desmentidas  y  controvertidas  por otros deponentes, “generan duda probatoria  difícil   de   eliminar   y  no  certeza  respecto  a  la  responsabilidad  del  procesado”,  lo  cual constituye la ya citada infracción al artículo 247 del  estatuto   procesal   penal   y   “violación   a   la   ley   sustancial   de  derecho”.   

Por  lo anterior, solicita casar la sentencia  acusada y, en su lugar, proferir la que corresponda.   

ARGUMENTACION DE NO RECURRENTE:  

El Procurador 153 Judicial II en Materia Penal  estima  que  no procede admitir la demanda y, en consecuencia, se ha de declarar  desierto  el  recurso extraordinario, porque el actor omite señalar el precepto  sustancial  violado  y  el Tribunal sí observó las reglas de la sana crítica,  siendo  la  sentencia fruto del estudio serio y razonable del acervo probatorio,  especialmente de la prueba testimonial.   

Dice  que  con los testimonios de Diego Salas  Montoya   y  Hulmer  Henao  Dagua  se  demostró  que  EDUAR  LOPEZ  OSPINA  fue  coautor    de    la    muerte  de  Javier  Tobías  Bautista     Fernández,           pero    el  impugnante  se  queja  de  habérsele dado a dichas atestaciones credibilidad en  grado  de  certeza, surgiendo un “enfrentamiento de tesis, disputa reservada a  las  instancias”,  sin  que  pueda  resultar exitosa la casación “cuando se  acude    exclusivamente    a    la    diferente   apreciación   que   hace   el  recurrente”.   

CONSIDERACIONES DE LA CORTE:  

Cualquiera  que sea la causal que se invoque,  la  demanda  de  casación  no  es  de  libre elaboración y debe ceñirse a los  requisitos  establecidos  por  el  artículo  225  del  Código de Procedimiento  Penal,  entre  los  cuales está el señalamiento de la preceptiva que se estime  infringida  y  la  indicación  clara, precisa y completa de los fundamentos, en  armonía  con  la  naturaleza  del  quebranto  aducido,  además de demostrar la  trascendencia del yerro sobre el fallo.   

Nada  de  esto  cumple  el  censor. En primer  término,   las  menciones  que  efectúa  del  artículo  247  del  Código  de  Procedimiento  Penal  como  precepto  presuntamente vulnerado, las acompaña con  vagas  referencias  a  la  violación de ley sustancial, que ni siquiera intenta  especificar,  dejando  sin  concordancia  la  presentación y argumentación del  cargo,  que  viene  a  esbozar, en lo que puede interpretarse, sobre un supuesto  quebrantamiento  al  principio  in dubio pro reo, consagrado en el artículo 445  ibídem y normas concordantes.   

Tampoco  indica  el sentido de la violación,  aunque  del texto de la demanda pueda colegirse que el pretendido error de hecho  se  daría, en el criterio ensayado, por falso juicio de identidad, por aparente  tergiversación  del  sentido objetivo de algunas pruebas, que habría llevado a  la   indebida  aplicación  de  preceptiva  sustancial,  que  se  le  quedó  al  impugnante    sin    determinar,    como   bien   indica   el   Procurador   153  Judicial.   

El  casacionista  sólo  efectúa  menciones  genéricas  sobre  la presunta tergiversación de lo declarado por un oficial de  la  Policía  Nacional y la credibilidad inmerecida que se habría concedido por  la  administración  de  justicia  al denunciante Diego Salas Montoya y a Hulmer  Henao  Dagua,  pero más que concretar verdaderas distorsiones, que condujeran a  recortar,  extender  o  mal interpretar el alcance fáctico de esos testimonios,  se  dedica  a  desplegar  su  personal  apreciación probatoria, como lo habría  hecho  en  alegaciones  de  instancia. En sentido estricto, no está presentando  cargos  por  eventuales  yerros sino lanzando asertos, que además indebidamente  acentúa como si se tratara de conclusiones.   

No aparece en la demanda precisión sobre los  pretendidos  errores de hecho, por falso juicio de identidad o lo que fuere, que  hubiere  llevado  a  deducir la participación de EDUAR FERNANDO LOPEZ OSPINA en  el  homicidio de Javier Tobías Bautista Fernández, pues la gran mayoría de la  argumentación  está  orientada a hacer ver que no fue un policial quien hirió  al  tío de EDUAR, Wilmar López Restrepo. Este es el eje cardinal de gran parte  del  reproche,  pero  se  trata  de una circunstancia posterior al hecho punible  investigado,  que  en  nada  afecta la autoría deducida por el fallador, por lo  cual  también  se  queda  sin  soporte  la probable incidencia de los supuestos  yerros en la sentencia.   

Como se ve, el desarrollo de la censura está  conformado   por   una   serie  de  argumentos  tendientes  a  contrarrestar  la  credibilidad  concedida a unas atestaciones, en oposición a lo apreciado por el  juzgador,  pero  que  además de gravitar sobre un aspecto posterior secundario,  deja  sin  determinar que en la sustentación de la sentencia se hubiera violado  la  sana  crítica,  en cuanto sólo busca hacer prevalecer el peculiar punto de  vista  del recurrente por encima de la valoración efectuada por el ad quem, que  viene   acompañada   de  la  doble  presunción  de  acierto  y  legalidad,  no  desvirtuable     a     través      del     simple     enfrentamiento    de  opiniones.   

Como  la  Corte  no puede entrar a llenar los  vacíos,  ni  suplir  al  casacionista  para  superar  la ausencia de claridad y  precisión  en  que  incurre,  de conformidad con lo dispuesto en los artículos  225  y  226  del  Código  de  Procedimiento  Penal  se  impone el rechazo de la  demanda,   lo  cual  conduce  a  declarar  desierta  la  impugnación,  mediante  decisión  que  no  admite  recurso alguno al adquirir ejecutoria en la fecha en  que es suscrita (art. 197 ib.).   

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,  Sala de Casación Penal,   

RESUELVE:  

RECHAZAR   IN   LIMINE    la   demanda   de   casación  presentada en defensa del procesado EDUAR FERNANDO LOPEZ OSPINA y, en  consecuencia, declarar desierta la impugnación interpuesta.   

Contra  esta  providencia  no procede recurso  alguno.   

Cópiese,  comuníquese  y  devuélvase  al  Tribunal de origen. Cúmplase.   

JORGE ANIBAL GOMEZ GALLEGO  

FERNANDO   E.   ARBOLEDA   RIPOLL                                       JORGE                E.               CORDOBA  POVEDA                     

CARLOS       AUGUSTO       GALVEZ  ARGOTE             EDGAR    LOMBANA  TRUJILLO                       

MARIO           MANTILLA  NOUGUES                      CARLOS   EDUARDO  MEJIA  ESCOBAR           

ALVARO       ORLANDO       PEREZ  PINZON                 NILSON   E.  PINILLA  PINILLA                       

PATRICIA SALAZAR CUELLAR  

Secretaria    

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