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Proceso No 15897
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrado Ponente:
Dr. YESID RAMÍREZ BASTIDAS
Aprobado Acta # 036
Bogotá D.C., marzo veinte (20) de dos mil tres (2003).
VISTOS:
Resuelve la Sala el recurso de casación interpuesto por el defensor del procesado JOSÉ DEL CARMEN CASTRILLÓN CÁRDENAS, contra el fallo de diciembre 7 de 1998, mediante el cual el Tribunal Nacional confirmó con algunas modificaciones la sentencia condenatoria que le dictó un Juzgado Regional de Bogotá, por los cargos de secuestro extorsivo y hurto.
HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL:
En la noche del 18 de noviembre de 1996 Jorge Enrique Contreras Tovar recibió en su residencia del Barrio La Magdalena de Girardot (Cundinamarca) a Gonzalo Gacha, conocido suyo y con quien departió algunos minutos. Salieron luego, acompañados de otros dos sujetos que esperaban afuera, hacia otra casa de su propiedad, ubicada en el Barrio Santander de la misma ciudad. En este lugar se dedicaron a ingerir licor por largo rato, hasta que Contreras Tovar fue atacado por los tres hombres, quienes lo despojaron de sus pertenencias y acto seguido, en su propio vehículo, que fueron a buscar a la casa en la que residía con su mujer y su hijo, lo movilizaron hasta Granada (Meta), en donde permaneció durante tres días bajo vigilancia de dos de los captores, al cabo de los cuales fue traído a Bogotá para que les diera $7.000.000.oo, como condición para dejarlo tranquilo a él y a su familia. Con tal propósito llegaron a la financiera Corfinsura el 22 de noviembre y allí una de sus empleadas, alertada por el secuestrado, le dio aviso a las autoridades, lográndose la captura de JOSÉ DEL CARMEN CASTRILLÓN CÁRDENAS.
2. Este fue vinculado al proceso a través de indagatoria el 22 de noviembre de 1996, se le dictó detención preventiva el 2 de diciembre siguiente y el 10 de abril de 1997 resultó acusado como coautor de secuestro extorsivo y hurto calificado y agravado1.
3. Tramitado el juicio, el 5 de mayo de 1998 un Juzgado Regional de Bogotá lo condenó a 28 años de prisión, multa de 105 salarios mínimos legales mensuales, interdicción de derechos y funciones públicas por el término de 10 años y al pago de 50 gramos oro por concepto de los perjuicios materiales causados con el atentado patrimonial y 30 gramos oro por razón de los daños morales causados con el secuestro2. Y,
4. El defensor apeló el fallo y el Tribunal Nacional lo confirmó a través de la sentencia recurrida en casación, aunque con las siguientes modificaciones: fijó en 100 salarios mínimos legales mensuales la pena de multa, en $150.000.oo los perjuicios materiales ocasionados con el hurto y en 50 gramos oro los daños morales causados con los delitos.
LA DEMANDA:
1. El único cargo que la defensa le hace a la sentencia está apoyado en la causal 3ª de casación.
Dice que en la resolución acusatoria, debido a un error en la estimación probatoria, se calificaron los hechos como secuestro extorsivo cuando debían serlo como tentativa de extorsión. Esta irregularidad lesionó el debido proceso y condujo a que su representado resultara condenado por un delito que no cometió.
2. “Error de hecho por falso juicio de identidad en la estimación del indicio estructurado sobre la conducta observada en el transcurso todo de los hechos por quien resultó ser la víctima de los ilícitos”, es como describe el yerro probatorio. Señala el recurrente que de lo dicho por Contreras Tovar y por su compañera Vilma Godoy Díaz, se destacan los siguientes “momentos indiciarios”:
a) Que Contreras Tovar, de manera extraña y según lo da a entender, aceptó la invitación a ingerir licor de unas personas para él desconocidas y luego de embriagarse lo despojaron de su dinero, de sus documentos, de las llaves de sus casas y las de la camioneta de su propiedad, que sacaron del inmueble donde residía con su familia.
b) Posteriormente resultaron en Granada (Meta), donde se alojaron en el Hotel Panorama y allí lo dejaron durmiendo, en un cuarto bajo llave.
c) Enseguida, ante la exigencia que le hicieron de $7.000.000.oo que debía entregarles para que no le pasara nada a él, a su mujer y a su hijo, intentó obtenerlos en la Corporación Colmena de esa población, sin éxito pues carecía de la tarjeta correspondiente y del documento de identificación.
d) También en Granada, formuló denuncia en la Inspección de Policía por la pérdida de los documentos.
e) Acto seguido, acompañado de dos de los sujetos, se desplazaron en bus a Bogotá, donde se alojaron en un hotel en el cual durmió solo en una habitación.
f) Al día siguiente se trasladaron a la Corporación Corfinsura con el propósito de obtener un préstamo por la suma exigida y allí se produjo la captura de CASTRILLÓN CÁRDENAS. A los miembros de la Policía Nacional que realizaron la aprehensión, Contreras les manifestó que le había sido hurtada una camioneta Ford Bronco de su propiedad y que estaba siendo intimidado para entregar $7.000.000.oo.
A juicio del casacionista “todos estos momentos” señalan que Jorge Enrique Contreras Tovar en ningún momento fue privado de su libertad “y que si bien pudo haberse sometido a la voluntad de sus acompañantes, ello ocurrió no precisamente porque la actitud de aquéllos estuviera encaminada a secuestrarlo, sino motivado por el temor que crearon en su imaginación, en el sentido de que si no los acompañaba, por su propia voluntad, su hijo como su esposa y posiblemente él mismo podrían ser afectados en su integridad física”.
Es la inferencia que debía hacerse si se considera que al reunirse con unos desconocidos era porque les tenía confianza y si se tiene en cuenta, además, que en el hotel de Granada, a pesar de ser dejado solo en una habitación, no le pidió auxilio a nadie y tampoco aprovechó para el mismo efecto el contacto con el gerente de Colmena, ni con las autoridades de policía de ese municipio al momento de presentar la denuncia por la pérdida de sus documentos. Estas circunstancias son indicativas de que actuaba libre y voluntariamente, “aunque posiblemente coaccionado por el temor de que algo grave pudiera ocurrirle a su familia”.
Para el impugnante, en suma, el secuestro “no tuvo existencia sino en la mente de quien se presenta como fementida víctima del mismo” y esta conclusión es más evidente si se recuerda que en el hotel de Bogotá no huyó, a pesar de la oportunidad que tuvo para hacerlo, puesto que se alojó en un cuarto distinto al de sus “acompañantes”.
3. Estima violados los artículos 268 y 355 del Código Penal de 1980, el primero por aplicación indebida y el segundo por falta de aplicación. Igualmente el artículo 442-3 del Código de Procedimiento Penal de 1991.
Su petición es, entonces, que se case la sentencia y se declare la nulidad de lo actuado a partir de la resolución de acusación para que se califiquen correctamente los hechos.
CONCEPTO DE LA PROCURADORA 3ª DELEGADA EN LO PENAL (E)
Para la Delegada, en primer lugar, en la formulación del cargo por errónea calificación jurídica de los hechos el casacionista atendió los lineamientos señalados por la jurisprudencia. Es decir, se apoyó en la causal 3ª de casación e intentó su desarrollo por la causal 1ª. Aunque sin éxito, si se tiene en cuenta que refirió el error de hecho a la prueba indiciaria y planteó su desacuerdo con la inferencia lógica que condujo al juzgador a considerar demostrado el delito de secuestro extorsivo, sin demostrar ningún error de juicio en ese proceso. A lo que se dedicó fue a atacar los criterios de valoración que llevaron a esa conclusión, oponiendo a los mismos el suyo.
El defensor simplemente realiza un análisis de los hechos y concluye que el delito de secuestro no tuvo ocurrencia, pero se trata de una afirmación que no soporta en un error del Tribunal y que no encuentra respaldo en las evidencias que obran en el proceso, de acuerdo con las cuales, como se declaró en la sentencia, Contreras permaneció secuestrado durante tres días y por su liberación le exigían $7.000.000.oo.
El cargo, por lo tanto, no debe ser atendido.
LA CORTE CONSIDERA:
1. Hizo bien el impugnante al elegir la causal 3ª de casación para denunciar que se calificó como secuestro extorsivo una conducta constitutiva de tentativa de extorsión, dado que el error que denuncia repercute en la competencia.
Para cuando sucedieron los hechos, en efecto, de acuerdo con el artículo 73 del Código de Procedimiento Penal, los Jueces Penales Municipales conocían de los procesos por delitos contra el patrimonio económico –incluida la extorsión— en cuantía no superior a $7.106.250.oo, que era el equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales para 19963.
Y si se tiene en cuenta que el valor de la exigencia económica que se le hizo a Jorge Enrique Contreras Tovar fue de $7.000.000.oo, en el supuesto de que en realidad la conducta atribuida al procesado correspondiera a tentativa de extorsión, habría que anular lo actuado a partir del cierre de la investigación por incompetencia de la justicia especializada para adelantar el proceso, lo cual demuestra que hizo bien el defensor al plantear el cargo con apoyo en la causal 3ª de casación. Su desacierto estuvo en la demostración de la irregularidad sustancial, que como lo tiene dicho la jurisprudencia de la Sala debía sujetarla a las reglas de la causal primera, teniendo en cuenta las siguientes pautas:
* Si el error en la denominación jurídica de los hechos se le vincula a equivocaciones en la apreciación de los medios de prueba, los fundamentos de la nulidad deben corresponder a los de la violación indirecta de la ley. Y,
* Si el error se predica de las consideraciones jurídicas es porque se acepta el supuesto de hecho que se declaró probado y los fundamentos del cargo, en este caso, deben corresponder a los de la violación directa de la ley.
2. El recurrente indica que la irregularidad se presentó debido a error de hecho por falso juicio de identidad, el cual hace recaer en la prueba indiciaria.
Ahora bien, si se tiene en cuenta que el único elemento del indicio susceptible de ser atacado a través de ese tipo de error es el hecho indicador, que como se sabe debe encontrarse demostrado a través de cualquiera de los medios probatorios autorizados por la ley, salvo por otro indicio, lo que se esperaba es que determinara la prueba tergiversada, concretara en qué consistió el falseamiento de su contenido y que motivara su trascendencia. A lo que se limitó, sin embargo, fue a hacer sus propias inferencias a partir del relato de la víctima y al margen del contenido de la resolución de acusación y del fallo, lo cual significa una simple oposición a sus términos que no es demostrativa de ningún error de juicio que haya sido el origen de la irregularidad sustancial alegada.
Así las cosas, de acuerdo con la Delegada, el cargo no puede prosperar.
7. Debe señalar la Corte, para finalizar, que la eventual aplicación del principio de favorabilidad por la entrada en vigencia de la ley 599 de 2000, es competencia del Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad respectivo.
A mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
NO CASAR la sentencia recurrida, expedida por el Tribunal Nacional el 7 de diciembre de 1998.
Adviértase que contra la presente decisión no procede ningún recurso.
CÚMPLASE.
YESID RAMÍREZ BASTIDAS
FERNANDO E. ARBOLEDA RIPOLL HERMAN GALÁN CASTELLANOS
CARLOS AUGUSTO GÁLVEZ ARGOTE JORGE ANÍBAL GÓMEZ GALLEGO
ÉDGAR LOMBANA TRUJILLO ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN
MARINA PULIDO DE BARÓN JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS
TERESA RUIZ NÚÑEZ
Secretaria
1 . Folios 8, 28 y 149/1.
2 . Folios 108/2.
3 . El salario mínimo para ese año fue fijado en $142.125.oo a través del decreto 2310/95.