Asistente Jurídico Inteligente
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Magistrado Ponente
STP13702-2021
Radicación No.117945
Acta No.175
Bogotá, D.C., julio trece (13) de dos mil veintiuno (2021).
V I S T O S
Resuelve la Sala la acción de tutela interpuesta por DAVID ALEJANDRO PORRAS CORREA, contra la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare, por la presunta vulneración de su derecho fundamental de petición.
I. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
1. Para lo que compete resolver en el presente asunto, del escrito de tutela y documentos aportados al plenario la Sala destaca los siguientes hechos jurídicamente relevantes:
i. Refiere DAVID ALEJANDRO PORRAS CORREA que, en calidad de estudiante de la facultad de derecho de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, procedió el 29 de abril de 2021, vía correo electrónico, a solicitar ante la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura la aprobación de la práctica jurídica realizada como opción de grado para obtener el título profesional de abogado.
ii. Afirma que, a pesar del tiempo transcurrido desde que presentó su petición y de haber aportado la documentación requerida para tal efecto, no ha obtenido respuesta alguna por parte de dicho organismo, de manera que tal omisión vulnera sus derechos fundamentales, pues le impide el ejercicio de su profesión y acceder a estudios de post grado.
2. Como consecuencia de lo anterior, la parte actora acude al juez de tutela para que, en amparo de las prerrogativas constitucionales invocadas, intervenga y ordene a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia la expedición inmediata del acto administrativo por medio del cual apruebe la mencionada práctica.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
Mediante auto del 7 de julio de 2021 la Sala admitió la demanda y dispuso correr el respectivo traslado a las autoridades mencionadas, para que ejercieran su derecho de defensa y contradicción.
La directora de la Unidad de Registro Nacional de abogados accionada, en respuesta al requerimiento efectuado, luego de hacer mención acerca del cúmulo de peticiones que cursan en esa dependencia “que sobrepasan en gran medida la capacidad operativa de la Unidad con los recursos disponibles hasta el momento, así como en razón de las medidas administrativas adoptadas para mitigar los efectos nocivos de la pandemia por el COVID-19”, informó que “Una vez recibida la documentación en esta Unidad y llegado el turno que le correspondía para la revisión y trámite, atendiendo el cúmulo de solicitudes de expedición de Resoluciones como requisito para optar al título de abogado, se estableció que el accionante no remitió la documentación completa en cumplimiento al artículo 2 del Acuerdo No. PSAA12-9338 de 2012 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, por consiguiente, mediante Requerimiento No. 1473 del 9 de julio de 2021 se le solicitó “(…) Copia de la Certificación expedida por la Universidad que egresó en el cual se manifieste la fecha exacta de terminación y aprobación de materias que integran el plan de estudios, por cuanto la aportada no contiene la fecha.”, el cual le fue debidamente notificado al correo remitido por el accionante, cuya copia se anexa”.
En posterior comunicación, dijo que, teniendo en cuenta que en esa misma calenda el ciudadano demandante aportó la constancia en las condiciones exigidas, “procedió a expedir la Resolución No. 3881 de 2021, por medio de la cual se le reconoció el cumplimiento de la Práctica Jurídica al Egresado DAVID ALEJANDRO PORRAS CORREA, cuya copia se adjunta. Así mismo, de conformidad con el Decreto Legislativo No 491 del 28 de marzo de 2020, se remitió el oficio No. 3881 de 2021, con el cual se le notificó al correo electrónico del solicitante, la citada Resolución, cuyo pantallazo se anexa”. En tal orden de ideas, solicitó que se declare impróspera la protección reclamada, por tratarse de un hecho superado.
Por su parte, la presidente del Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare acudió al trámite para alegar falta de legitimación en la causa por pasiva, en tanto el actor no ha presentado petición alguna ante ese organismo.
III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Conforme a las previsiones establecidas en el Decreto 333 de 2021, modificatorio del Decreto 1069 de 2015, esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela promovida en contra de la Corporación demandada.
Dentro del presente trámite, la queja constitucional de DAVID ALEJANDRO PORRAS CORREA se orienta a reprochar que, pese a haber radicado el 29 de abril de 2021 la documentación necesaria para la aprobación de la práctica jurídica realizada para obtener su título de abogado de la facultad de derecho de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura no ha atendido su requerimiento. Por consiguiente, acude al juez constitucional para que ordene a la autoridad demandada dar trámite a su solicitud y proceder a la entrega inmediata de la resolución aprobatoria que impetra.
La anterior precisión conduce a concluir que en el caso concreto se está en presencia del fenómeno que en los trámites del amparo constitucional se conoce como “hecho superado” que sustenta la declaratoria de improcedencia de la tutela, en atención a lo previsto en el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991. Ello, porque en virtud de tal situación procesal, cualquier pronunciamiento del juez constitucional en este momento carecería de objeto al desaparecer la razón de ser del instituto, que es la protección inmediata de un derecho fundamental actualmente vulnerado o amenazado.
En el caso bajo estudio, los elementos de juicio allegados al trámite constitucional permiten establecer que la entidad demandada, una vez recibió la documentación radicada por DAVID ALEJANDRO PORRAS CORREA y luego de verificar que las certificaciones exigidas hubiesen sido expedidas en debida forma, emitió la Resolución No. 3881 del 9 de julio de 2021 aprobando la práctica jurídica realizada por el prenombrado ciudadano, documento que fue enviado en la misma fecha a la dirección electrónica referida por él al momento de radicar la solicitud, tal y como se constata del reporte arrimado a estas diligencias.
En ese orden de ideas, en el sub lite se superó la situación presuntamente conculcadora de los derechos fundamentales del promotor del resguardo que dio origen a la demanda de amparo constitucional, en el entendido de que el órgano accionado expidió el acto administrativo que reclamaba por esta vía. Por tanto, en eventos como este, la competencia del juez de tutela se agota al verificar el restablecimiento de las garantías que se estimaron violentadas y, por consiguiente, la existencia de la denominada carencia actual de objeto por hecho superado no deja alternativa distinta a negar la protección invocada.
En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN DE TUTELAS, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
R E S U E L V E
1. NEGAR el amparo constitucional invocado por DAVID ALEJANDRO PORRAS CORREA, por carencia actual de objeto, de conformidad con las razones consignadas en la parte motiva de esta providencia.
2. NOTIFICAR este proveído conforme al artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
3. En caso de no ser impugnada, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
HUGO QUINTERO BERNATE
LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
FABIO OSPITIA GARZÓN
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria