Asistente Jurídico Inteligente
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SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS #2
LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
Magistrado ponente
STP10736-2021
Radicación #117688
Acta 165
Bogotá, D. C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintiuno (2021).
VISTOS:
Se pronuncia la Sala respecto de la impugnación interpuesta por ILSE MARÍA SÁNCHEZ RAMÍREZ contra la sentencia proferida el 2 de junio de 2021, por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual se negó el amparo de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Riohacha, y el Juzgado 2° Laboral del Circuito de Riohacha.
Al trámite fueron vinculados Asocabildos Ipsi Sede Riohacha, María de Jesús Méndez de Ortega y la Gobernación de La Guajira.
FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN:
En cumplimiento al fallo de tutela proferido el 2 de diciembre de 2011 por el Tribunal Superior de Riohacha, el Fondo Territorial de Pensionados de la Gobernación de La Guajira le reconoció a María de Jesús Méndez Ortega, mediante Resolución #1845 de ese mismo mes y año, la sustitución pensional a causa del fallecimiento del padre de sus hijos Manuel Antonio Freyle Amaya.
Pese a que ILSE MARÍA SÁNCHEZ RAMÍREZ alegó su calidad de compañera permanente del causante dentro del aludido proceso, no fue vinculada al mismo y, por ende, no ejerció el contradictorio.
Ante tal panorama, el 18 de agosto de 2020 promovió una demanda ordinaria laboral en contra del Fondo Territorial de Pensionados de la Gobernación de La Guajira. Ello, con el propósito de obtener el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes y, además, la vinculación de Méndez Ortega como litisconsorte. Por escrito separado, pidió amparo de pobreza y medida cautelar innominada.
En proveído del 29 de septiembre de 2020 el Juzgado 2° Laboral del Circuito de Riohacha, admitió la demanda y negó la medida peticionada. Sin embargo, afirmó la accionante «omitió» referirse sobre el amparo de pobreza requerido y la vinculación de la litisconsorte. Por lo tanto, el 1° de diciembre del mismo año, radicó memorial solicitando pronunciarse al respecto y hasta la fecha no ha tenido respuesta.
Frente a la negación de la medida cautelar pretendida, interpuso recurso de apelación y, por ende, el asunto fue remitido a la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Riohacha, autoridad que el 26 de noviembre de 2020 admitió la alzada en efecto suspensivo.
Surtido el traslado de rigor por parte del Tribunal accionado, el 8 de marzo de 2021 fueron presentados los alegatos de conclusión. En tal oportunidad, según la demandante, demostró el cumplimiento de todos los requisitos para acceder al reconocimiento de la pretendida prestación de forma transitoria, hasta que el Juzgado 2° Laboral del Circuito de Riohacha emitiera una decisión.
Acudió ante el juez constitucional en busca del amparo de sus derechos fundamentales a la vida, seguridad social, debido proceso, tutela judicial efectiva y acceso a la administración de justicia, pues la mora en resolver el recurso pendiente y emitir decisión definitiva en el proceso ordinario laboral le está causando un grave perjuicio. Particularmente, por sus especiales afecciones de salud que empeoraron por cuenta del padecimiento de la Covid-19 y su difícil situación económica.
Su pretensión es que a la mayor brevedad se ordene a las autoridades judiciales accionadas proferir el fallo de la demanda y del recurso de apelación.
TRÁMITE DE LA PRIMERA INSTANCIA:
Mediante auto del 24 de mayo de 2021, la Sala de Casación Laboral de esta Corporación admitió la acción de tutela y corrió el traslado correspondiente a las autoridades accionadas, así como a los demás vinculados.
La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Riohacha solicitó negar el amparo. Argumentó que ante las recurrentes solicitudes de impulso procesal presentadas por el apoderado de la accionante, esa Corporación judicial resolvió el recurso de apelación con proveído del 14 de mayo del año en curso.
A su turno, la Gobernación de La Guajira, manifestó la existencia de temeridad por parte de la accionante, en razón a que, ante la Corte Suprema de Justicia, por los mismos hechos cursó acción de tutela de Carlos Manuel Freyle Sánchez, en nombre propio y como agente oficioso de la señora ILSE MARÍA SÁNCHEZ RAMÍREZ contra la Gobernación de La Guajira, bajo el consecutivo 2020-00388, la cual fue declarada improcedente.
Por su parte, Asocabildos Ipsi Sede Riohacha allegó la historia clínica de la demandante.
La Sala de Casación Laboral de esta Corporación negó el amparo. Advirtió que la autoridad judicial accionada resolvió el recurso de apelación antes de la interposición de la acción constitucional. De ese modo, no observó vulneración de los derechos fundamentales alegados.
ILSE MARÍA SÁNCHEZ RAMÍREZ impugnó el fallo. Insistió en los hechos y argumentos expuestos en la acción de tutela. Además, cuestionó la providencia del 14 de mayo de 2021, por medio de la cual se resolvió la referida alzada.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE:
Conforme con el artículo 4º del Decreto 1382 de 2000 y el Acuerdo 006 de 2002, es competente la Sala para tramitar y decidir la acción de tutela, por cuanto el procedimiento involucra a la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
Pretende el apoderado judicial de ILSE MARÍA SÁNCHEZ RAMÍREZ que a través de la acción de amparo se ordene a las autoridades judiciales accionadas, dentro de un término perentorio, resolver la demanda ordinaria laboral, admitida desde el 29 de septiembre de 2020, así como el recurso de apelación interpuesto contra la negación de la medida cautelar solicitada.
En primer lugar, para responder la alegación de la Gobernación de La Guajira asociada con la posible temeridad de la presente acción de tutela, observa la Corte que, efectivamente, el señor Carlos Manuel Freyle Sánchez interpuso una acción de tutela contra la Gobernación de La Guajira, el Fondo Territorial de Pensionados de ese departamento, la Presidencia de la República, el Consejo Superior de la Judicatura y el Ministerio de Transporte. Ello, con el fin de solicitar el reconocimiento de ayudas económicas para su núcleo familiar, y de la pensión de vejez para su progenitora.
Por tanto, no existe identidad de partes, causa ni pretensiones. Recuérdese que, en esta oportunidad, la acción constitucional se dirige contra dos autoridades judiciales, y su objetivo es que se resuelva con prontitud el recurso pendiente y se profiera la decisión definitiva del proceso ordinario laboral.
En segundo término, destaca la Corte que la congestión y la mora judicial son fenómenos multicausales y estructurales que afectan el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, en los términos de los artículos 29, 228 y 229 de la Constitución Política.
Así, es claro el deber que tienen todas las autoridades públicas de adelantar y resolver las actuaciones a su cargo de forma diligente y oportuna. Ello, porque de presentarse una dilación injustificada en la actividad de la administración o la inobservancia de los términos judiciales, podrían afectarse los derechos fundamentales al debido proceso o acceso a la administración de justicia.
Debe resaltar la Sala, sin embargo, que no toda dilación dentro del proceso judicial es vulneradora de derechos fundamentales. Entonces, la tutela no procede automáticamente ante el incumplimiento de los plazos legales por parte del funcionario judicial, sino que debe acreditarse su falta de diligencia. Además de lo anterior, es preciso demostrar que con la mora se produce un perjuicio irremediable que hace procedente la tutela en el asunto en particular (CSJ STP5707–2014).
Así las cosas, aunque en el caso objeto de análisis no se ha resuelto la demanda ordinaria laboral formulada por el apoderado judicial de la accionante, no puede afirmarse que la autoridad judicial demandada ha incumplido sus deberes funcionales, toda vez que no se observa infracción al término de un año previsto en el artículo 121 del Código General del Proceso para dictar el fallo de primera instancia.
Con todo, advierte la Corte, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 1395 de 2010, que ILSE MARÍA SANCHEZ RAMÍREZ puede promover ante la autoridad judicial accionada una solicitud de prelación de fallo fundada en las novedosas y especiales circunstancias a las que alude en la demanda de tutela. Ello, con el propósito de establecer la necesidad de saltar el turno respecto de otras personas que también se encuentran a la espera de su sentencia, porque han acreditado ante la Sala accionada sufrir de delicados problemas médicos o tener una avanzada edad.
Recuérdese que dicho mecanismo fue diseñado como una salvedad a la regla de estricto orden de turnos en los que deben resolverse los asuntos puestos a consideración de la judicatura, con la intención de no poner en riesgo las garantías fundamentales de los ciudadanos que, como argumentó la demandante, requieren que sus litigios sean resueltos con premura.
Al margen de lo anterior, la opción de acudir a la acción constitucional queda abierta si agotados los pertinentes mecanismos judiciales, la accionante considera que las decisiones que se tomaron al respecto, desconocen sus garantías fundamentales.
Por lo demás, si bien uno de los propósitos de la acción constitucional era obtener fallo del recurso de apelación interpuesto, lo cierto es que, durante el trámite de impugnación, la accionante cuestionó la determinación del 14 de mayo de 2021, emitida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Riohacha, mediante la cual se resolvió el mismo.
En ese orden, en atención a que en la demanda de tutela no se desprende, ni explicita ni tácitamente, algún requerimiento sobre el particular, encuentra la Corte que ese cuestionamiento no fue contemplado en la acción de amparo, por lo que no pueden ser considerados en esta sede, pues atentaría contra el principio de doble instancia y los derechos a la contradicción y defensa de las autoridades convocadas al procedimiento constitucional, que no tuvieron la posibilidad de controvertir tales afirmaciones en el trámite de primer nivel (CSJ STP, 2 oct. 2014, rad. 76181).
Así las cosas, ante la ausencia de vulneración o amenaza de las garantías fundamentales del actor, no procede la protección constitucional que reclama.
En consecuencia, el fallo de primera instancia será confirmado.
Por lo anterior, la Sala de Decisión de Tutelas #2 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE:
1. CONFIRMAR el fallo del 2 de junio de 2021, mediante el cual la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, negó la acción de tutela interpuesta por ILSE MARÍA SÁNCHEZ RAMÍREZ.
2. NOTIFICAR esta providencia de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
3. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
FABIO OSPITIA GARZÓN
HUGO QUINTERO BERNATE
Secretaria
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