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FABIO OSPITIA GARZÓN
Magistrado Ponente
STP8210 – 2021
Tutela de 2ª instancia No. 116470
Acta No. 126
Bogotá D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintiuno (2021).
VISTOS
Se resuelve la impugnación interpuesta mediante apoderada por el accionante PABLO JESÚS MIRANDA LEAL contra el fallo de tutela proferido el 7 de abril de 2021 por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que negó la tutela instaurada contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cúcuta.
ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
De la información obrante en el expediente se extraen los siguientes hechos relevantes:
1. PABLO JESÚS MIRANDA LEAL estuvo vinculado al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- en el cargo de Dragoneante Grado 11, entre el 9 de noviembre de 1995 y el día 25 de marzo de 2016. Tras presentar renuncia ante su empleador, solicitó a Colpensiones el reconocimiento de la pensión de vejez por actividad de alto riesgo, prestación que le fue negada a través de resolución del 20 de septiembre de 2016, por cuanto no acreditó 20 años de servicios.
2. Agotada la vía gubernativa frente al acto administrativo en mención, el señor MIRANDA LEAL promovió demanda ordinaria laboral en contra de Colpensiones y Porvenir S.A., a fin de obtener el reconocimiento de la prestación económica aludida, o en su defecto, la pensión ordinaria de vejez, proceso conocido en primera instancia por el Juzgado Cuarto Laboral de Cúcuta con el radicado No. 54001310500420170019500, al cual se vinculó al INPEC a través de la figura de litis consorte necesario. Dicho despacho, mediante sentencia del 28 de agosto de 2019, condenó a la parte demandada.
3. El 19 de septiembre de 2019, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta, al resolver el recurso de apelación interpuesto contra el auto del 13 de junio de 2019, que decidió no dar por probada la excepción de falta de competencia y jurisdicción, revocó dicha decisión, declaró incompetente a la jurisdicción ordinaria laboral y ordenó remitir el proceso a los jueces administrativos, por tratarse de un empleado público.
El juzgado de primera instancia declaró sin efecto el fallo proferido y mediante auto de obedézcase y cúmplase, de fecha 27 de noviembre de 2019, ordenó la remisión de la actuación a la Oficina de Apoyo Judicial para el reparto ante los jueces administrativos.
4. Cumplido este trámite, el proceso correspondió al Juzgado Noveno Administrativo de Cúcuta (rad. No. 540013333009201900452), donde se encuentra a despacho para estudio de admisión, desde el 16 de junio de 2020.
5. Apoyado en este contexto fáctico, PABLO JESÚS MIRANDA LEAL instauró acción de tutela, por intermedio de apoderada, con el propósito de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad, seguridad social, dignidad humana y mínimo vital, presuntamente vulnerados por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta y Colpensiones.
Considera que la colegiatura accionada desconoció las prerrogativas fundamentales invocadas, al disponer la remisión del proceso por factor de competencia jurisdiccional a los juzgados administrativos de Cúcuta.
Pretende, entonces, que se deje sin valor la decisión proferida por el Tribunal Superior de Cúcuta el 19 de septiembre de 2019.
Manifiesta que es cabeza de hogar y no cuenta con un ingreso mensual que le permita suplir sus necesidades y la de su familia, razón por la que acudió al amparo como mecanismo transitorio, para que Colpensiones proceda a reconocerle y pagarle la pensión especial de vejez por actividad de alto riesgo, a partir del momento en que adquirió el status de pensionado, es decir desde el 25 de marzo de 2016.
Solicitó ordenar al Juzgado Noveno Administrativo de Cúcuta que «dentro del término de diez (10) días o el término que considere el Juez constitucional, contados a partir de la notificación de la providencia, se pronuncié en derecho respecto a la admisión de la demanda o acción radicada el 13 de diciembre de 2019 bajo el número 54001333300920190045200, y que se encuentra al despacho para su admisión desde el 16 de enero de 2020».
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
Por auto del 24 de marzo hogaño, la Sala de Casación Laboral asumió el trámite de la presente acción en relación con la decisión adoptada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta y ordenó vincular a todas las autoridades judiciales e intervinientes en el proceso objeto de debate.
Las partes y convocados, guardaron silencio dentro del término concedido en primera instancia.
EL FALLO IMPUGNADO
El el 7 de abril del año en curso, la Sala de Casación Laboral declaró improcedente el amparo solicitado. Precisó que, de provocarse un eventual conflicto de competencia entre los jueces de la jurisdicción ordinaria y la administrativa, debe ser definido por la Corte Constitucional, conforme al numeral 2°, artículo 112, de la Ley 270 de 19961, no obstante, en el presente asunto, dicho trámite aún no se ha generado, pues conforme a lo manifestado en el escrito primigenio, el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Cúcuta, al que correspondió su conocimiento, aún no se ha pronunciado sobre la admisión de la demanda.
Por estas razones, advirtió que la acción se torna prematura, razón por la que debe la parte interesada esperar a que se agote la mencionada etapa, para luego sí, de considerarlo pertinente, acudir a este trámite especial.
En cuanto a la pretensión de ordenar a Colpensiones el reconocimiento de la pensión especial de vejez, indicó que el accionante no demostró la existencia de un perjuicio irremediable que autorice la intromisión transitoria del juez constitucional, requisito que la jurisprudencia constitucional ha establecido necesario para aceptar como procedente la figura constitucional en mención.
LA IMPUGNACIÓN
La parte accionante impugnó el fallo sin exponer los argumentos de su disenso.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Competencia
De conformidad con lo normado en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con los artículos 44 y 45 del Reglamento Interno de la Corte Suprema de Justicia, esta Sala es competente para resolver la impugnación contra el fallo de primera instancia, proferido por la Sala de Casación Laboral.
Problema jurídico
Deberá la Sala determinar si la acción de tutela es procedente contra la decisión del 19 de septiembre de 2019, adoptada en segunda instancia por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta, que revocó la de primer grado y, en su lugar, declaró probada la excepción de falta de jurisdicción y competencia planteada por Colpensiones en condición de demandada, y dispuso la remisión del proceso ordinario laboral promovido por el aquí accionante a los juzgados administrativos de Cúcuta.
Análisis del caso concreto
1. La Sala ha sostenido que la acción de tutela no se creó para reemplazar los procedimientos ordinarios, sino para suplir su ausencia o ineficacia, razón por la cual no es viable considerarla un mecanismo alternativo o paralelo de defensa, al cual pueda acudirse cada vez que no se comparte
una decisión de los jueces competentes.
2. Cuando esta acción se dirige contra decisiones o actuaciones judiciales, su procedencia está supeditada a que se cumplan, además de otros presupuestos generales, los de inmediatez y subsidiariedad, y que se demuestre que la decisión o actuación incurrió en una vía de hecho por defecto orgánico, procedimental, fáctico, sustantivo, de motivación, error inducido, desconocimiento del precedente o violación directa de la constitución (C-590/05 y T-332/06).
4. El de subsidiariedad implica, por su parte, que quien acude a ella debe haber agotado todos los mecanismos de defensa judicial que el ordenamiento jurídico pone a su disposición, en el proceso que la motiva, para salvaguardar sus derechos, en aras de la protección de los postulados de autonomía e independencia de la función jurisdiccional, y que solo sea posible utilizarla, por vía excepcional, para evitar la materialización de un perjuicio irremediable.
5. En el presente caso, se establece que la queja promovida incumple el presupuesto de inmediatez, porque la providencia censurada fue emitida el 19 de septiembre de 2019 y la tutela fue propuesta en el mes de marzo del año en curso, es decir, que el accionante dejó pasar más de un año para interponer el amparo, sin aducir circunstancia alguna que justifique su inactividad.
6. Lo mismo sucede con el requisito de subsidiariedad, puesto que, como lo advirtió el a quo, resulta improcedente que el juez constitucional se pronuncie sobre la manifestación de incompetencia efectuada por la Sala Laboral del Tribunal de Cúcuta, hallándose pendiente de definir por el Juez administrativo, si asume el conocimiento del asunto o plantea conflicto de jurisdicciones.
Esto, porque, según el orden establecido para el trámite de la demanda, el primer asunto que el juez administrativo debe someter a estudio es el relativo a la jurisdicción y la competencia. Si advierte que carece de alguna de ellas, debe remitir el expediente al funcionario que ostente la atribución legal para tramitarlo.
Es importante recordad que mientras el proceso esté en curso, cualquier solicitud de protección de garantías fundamentales debe formularse al interior del mismo, de lo contrario, todas las decisiones que se tomen en el transcurso de la actuación terminarían sometidas a la eventual revisión de un juez ajeno a ella, como si se tratara de una instancia adicional a las previstas para los procesos ordinarios.
7. Finalmente, la Sala no se advierte que PABLO JESUS MIRANDA LEAL se encuentre en situación de riesgo que amerite o justifique la intervención transitoria del juez constitucional, toda vez que no obra prueba en el plenario que demuestre la existencia de un perjuicio irremediable.
Se confirmará, por tanto, la decisión de primera instancia.
En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, Sala Segunda de Decisión de Tutelas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
R E S U E L V E:
1. Confirmar la decisión proferida el 7 de abril de 2021, por la Sala de Casación Laboral.
2. Notificar este proveído de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
3. Remitir el proceso a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 ibídem.
Notifíquese y cúmplase
LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
HUGO QUINTERO BERNATE
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 Que fue subrogado por el acto legislativo 02 de 2015, por medio del cual, se adoptó una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional, y que en su artículo 14, dispuso agregar, el numeral 12 y modificar el 11 del artículo 241 la Constitución Política, respecto a las funciones de la Corte Constitucional.