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PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
Magistrada Ponente
ATP461-2021
Radicación N°. 115994
Acta 81
Bogotá D. C., ocho (8) de abril de dos mil veintiuno (2021).
VISTOS
Sería del caso que la Sala se pronunciara sobre la demanda de tutela instaurada por CARLOS ALBERTO CORREA LIZARAZO, contra la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA y el BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. – BBVA SUCURSAL SAN GIL, si no se observara que carece de competencia para asumir el conocimiento de la actuación en primera instancia.
ANTECEDENTES
1. CARLOS ALBERTO CORREA LIZARAZO expuso que estuvo vinculado con la Rama Judicial por 16 años y el 3 de noviembre de 2020, renunció al cargo que desempeñaba; situación que informó a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga – Área de Talento Humano, por lo que pidió el reconocimiento y pago de la liquidación definitiva.
Adujo que mediante acto administrativo DESAJBUR20-4399 del 16 de diciembre de 2020, se le liquidó el auxilio de cesantías por finalización del vínculo laboral y a través de la resolución DESAJBUR20-3774 del 23 de diciembre siguiente, se le reconoció la suma de $9.927.691.00 por concepto de liquidación definitiva y ordenó deducir lo correspondiente a «los aportes a seguridad social, retención en la fuente, libranzas y demás obligaciones».
Indicó que contra esta última decisión interpuso los recursos de reposición y apelación, en razón a que, del valor reconocido y las deducciones, se ordenó pagarle cero (0) pesos, sin explicarle las razones por las cuales se había consignado a favor del Banco BBVA, pese a que el crédito que tiene con dicha entidad no se encontraba en mora.
Refirió que acudió ante la entidad financiera Sucursal San Gil, en donde le informaron que la Dirección Ejecutiva en cita había realizado un abono a la libranza, sin tener en consideración que había instaurado los recursos de ley.
Con fundamento en lo anterior, impetró el amparo de los derechos al mínimo vital, petición y debido proceso y en consecuencia, que se ordenara a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga que impartiera el trámite correspondiente a los recursos de reposición y apelación instaurados contra la resolución DESAJBUR20-3774 del 23 de diciembre de 2020 y al Banco BBVA que «reverse» el abono realizado a la deuda mientras se resuelven los aludidos recursos y en caso que no se aceptaran sus argumentos, se le brinde toda la información y acompañamiento que requiera sobre el abono efectuado, con el acompañamiento de la Superintendencia Financiera.
2. La actuación correspondió en primer término al Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Bogotá, que en auto del 24 de marzo de 2021, lo remitió a esta Corporación por competencia, al considerar que la acción constitucional se dirigía contra el Consejo Superior de la Judicatura.
CONSIDERACIONES
En un primer acercamiento con el asunto objeto de este radicado, encontramos que la queja constitucional se dirige contra la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. – BBVA Sucursal San Gil, no contra el Consejo Superior de la Judicatura.
En efecto, de la demanda de tutela y los anexos allegados se advierte que los posibles vulneradores de los derechos del demandante son la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga, autoridad que no ha impartido el trámite correspondiente a los recursos de reposición y apelación instaurados por CORREA LIZARAZO contra la resolución DESAJBUR20-3774 del 23 de diciembre de 2020 y el Banco BBVA, que aceptó la transferencia realizada por la mencionada Dirección y la aplicó como abono al crédito que tenía el demandante con dicha entidad, pese a que no se encontraba en mora, según indicó en el libelo.
De manera que, esta Corporación no es competente para conocer en primera instancia de la solicitud de amparo, pues la presunta afectación de los derechos del actor no se relaciona con actuaciones del Consejo Superior de la Judicatura.
Ahora bien, para el presente caso, se debe tener en consideración lo establecido en el artículo 103 de la Ley 270 de 1996, según el cual, le corresponde al director seccional de la Rama Judicial, «ejercer en el ámbito de su jurisdicción y conforme a las órdenes, directrices y orientaciones del Director Ejecutivo Nacional de la Administración Judicial», entre otras funciones, la de «actuar como ordenador del gasto para el cumplimiento de las obligaciones que correspondan».
Además, frente a la naturaleza jurídica de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y las Seccionales, ha dicho la Corte Constitucional, que:
… es un organismo de carácter nacional que, actúa en todo el territorio nacional para lo cual fueron creadas algunas seccionales que, en tal virtud, no son autoridades regionales sino, simplemente, existen para llevar a efecto una desconcentración en la prestación del servicio público. Por lo que de acuerdo al Decreto 1382 de 2000, las acciones de tutela dirigidas en contra de esta entidad deben ser repartidas, para ser conocidas en primera instancia, ‘a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Administrativos y Consejos Seccionales de la Judicatura’»1.
Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden nacional serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categoría.
Así las cosas, la competencia para conocer de la demanda de tutela formulada por el demandante radica en los Juzgados del Circuito de Bucaramanga y no en la Corte Suprema de Justicia (así obró la Sala en CSJ ATP1023 del 27 de octubre de 2020). En aquella ciudad están, tanto una de las autoridades demandadas, como el domicilio del accionante.
Finalmente, debe advertir la Sala que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial ni las Seccionales, están representadas legal y judicialmente por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura como para que se disponga la vinculación de esta última autoridad, máxime que se reitera, en este específico evento, no se evidencia ninguna intervención por parte de la aludida Corporación, como para que, de todas maneras, sea llamada al presente trámite.
Así las cosas, se dispone REMITIR el expediente al reparto de los Juzgados del Circuito de Bucaramanga, para que allí se imparta el trámite correspondiente a la demanda de tutela instaurada por CARLOS ALBERTO CORREA LIZARAZO.
En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL – SALA DE DECISIÓN DE ACCIONES DE TUTELA No. 1,
RESUELVE
REMITIR el expediente al reparto de los Juzgados del Circuito de Bucaramanga (reparto), para que allí se le imparta el trámite correspondiente a la demanda de tutela presentada por CARLOS ALBERTO CORREA LIZARAZO, de conformidad con las consideraciones de esta providencia.
CÚMPLASE
PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 CC A-336 de 2017, en el que reiteró lo dicho en los Autos 114/03, 064/07, 338/08, reiterados en el Auto A 108 de 2015.
2Dado que no es aplicable el Decreto 333 de 2021.