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EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
Magistrado Ponente
AP479 -2020
Radicación Nº 57033
Aprobado mediante Acta Nº030
Bogotá, D. C., doce (12) de febrero de dos mil veinte (2020).
ASUNTO
La Corte se pronuncia sobre la solicitud de cambio de radicación presentada por la fiscalía dentro del proceso adelantado en contra de JAVIER CASTIBLANCO DUEÑAS, HÉCTOR MATIZ OVIEDO, EDITH POLANÍA GAVIRIA y DIDIER JARAMILLO VALENCIA por los punibles de invasión de áreas de especial importancia ecológica, daño en los recursos naturales e incendio.
HECHOS
Corresponden a la reseña descrita en el escrito de acusación así:
«El 13 de marzo de 2018 la oficina de Gestión de Riesgo de Parques Nacionales Naturales de Colombia, presentó denuncia a propósito de del actividad ilegal de tala y quema detectada al interior dela Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos, esto en tanto una vez la Jefatura del Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos, recibió la alerta en razón de los focos de calor detectados en imágenes de satélites proveídas por la Nasa, programó recorridos de prevención, vigilancia y control, con funcionarios y contratistas vinculados al área protegidas, realizados el 20 de febrero de 2018, para lo cual se conformaron CINCO (5) equipos de trabajo con el fin de adelantar la verificación lo alertado, permitiendo identificar los focos de calor registrados por la plataforma analizada desde la Oficina de Gestión del Riesgo de Parques Nacionales Naturales de Colombia que motivaron la alerta y logrando constatar que estaban relacionados con quemas agrícolas y procesos de ampliación de la frontera agrícola, actividades realizadas por el hombre en zona totalmente prohibida y protegida por el Estado.
Forma parte de los departamentos colombianos de Caquetá y Meta dentro de las jurisdicciones de los municipios de San Vicente del Caguán, Guacamayas y la Uribe.
Los resultados de la labor realizada por los integrantes de los CINCO (5) equipos permitieron la identificación de diez (10) personas entre las que se encuentran los aquí acusados, esto es, DIDIER JARAMILLO VALENCIA, EDTIH POLANÍA GAVIRIA, HÉCTOR HERNAN MATIZ OVIEDO Y JAVIER CASTIBLANCO DUEÑAS, indiciados de ser los autores de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente en la zona (…).
Los descubrimientos de la actividad ilegal de tala de cobertura vegetal y posterior quema de los residuos de vegetación al interior del Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos, dan cuenta de los graves daños a los ecosistemas de bosque húmedo tropical y bosque inundable o de galería que se protegen y están catalogados como valores objeto de conservación, afectando áreas calificadas como estratégicas para la preservación de la cuenca amazónica y orinocense que hacen parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas».
ANTECEDENTES PROCESALES
1.- El 25 de enero de 2019, en el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías se llevó a cabo la formulación de imputación contra JAVIER CASTIBLANCO DUEÑAS, HÉCTOR MATRIZ OVIEDO, EDITH POLANÍA GAVIRIAY y DIDIER JARAMILLO VALENCIA como autores de los delitos de invasión de áreas de especial importancia ecológica, daño en los recursos naturales e incendio.
2.- El 13 de agosto de 2019, la Fiscalía 17 Especializada de la Dirección Especializada contra la Violaciones de Derechos Humanos eje temático Protección a los Recursos Naturales y el Medio Ambiente – Satélite Medellín, presentó escrito de acusación ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Rico, Caquetá.
3.- Con posterioridad, el 8 de octubre de 2019, la representante del ente acusador allegó un escrito solicitando el cambio de radicación con fundamento en el riesgo para la seguridad e integridad personal de los intervinientes, víctimas o servidores públicos.
Acompañó la solicitud con la copia de los siguientes documentos: (i) informe rendido por el patrullero Carlos Gutiérrez Silva, investigador del Grupo contra delitos contra el Medio Ambiente y los Recursos Naturales de la DIJIN; (ii) denuncia presentada por Leidy Lorena Plazas Yunda, Profesional Universitaria del Parque Nacional Cordillera de los Pichas; (iii) denuncia presentada por Edgar Olaya Ospina, Director Territorial Orinoquia de Parques Nacionales; (iv) denuncia presentada por Luz Adriana Malaver Rojas, (v) informes periodísticos obtenidos por vía electrónica; (vi) análisis de seguridad del municipio de Puerto Rico, Caquetá, elaborado por la oficina de Gestión del Riesgo de Parques Nacionales Naturales; entre otros.
4.- El Juez Promiscuo de Puerto Rico, Caquetá, en auto de 22 de octubre de 2019, remitió la actuación al Tribunal Superior del Distrito de Florencia con el fin de que decidiera la solicitud, con fundamento en lo dispuesto en artículo 48 del C. de P.P.
5.- Mediante proveído de 28 de enero de 2020, la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Superior de Florencia, resolvió remitir el trámite a esta Corporación, para que se decidiera lo pertinente.
Como sustento de la decisión, se indicó que «la fiscalía es enfática en solicitar que sea adelantado el proceso en Bogotá, en donde los funcionarios públicos que intervendrán como testigos dentro del juicio oral, podrán gozar de unas mejores condiciones de seguridad, porque el soporte probatorio da cuenta que efectivamente han sido amenazados y enfrentan graves riesgos en el desarrollo de su labor».
CONSIDERACIONES
1.- Conforme lo dispuesto por el artículo 32, ordinal 8°, de la Ley 906 de 2004, corresponde a la Corte Suprema de Justicia resolver las solicitudes de cambio de radicación de «procesos penales de un Distrito Judicial a otro durante la etapa de juzgamiento».
A su vez, el numeral 4° del artículo 76 ibídem, señala que la competencia es de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial para resolver dichas peticiones cuando sea «dentro del mismo distrito».
2.- Los artículos 46 y siguientes de la Ley 906 de 2004 consagran la finalidad, procedencia y trámite del cambio de radicación entendido como una medida excepcional, por virtud de la cual resulta necesario variar el territorio donde se adelanta la actuación procesal, en aquellos eventos en los que se ha acreditado la existencia de graves situaciones acarrearían la afectación al orden público, la imparcialidad o la independencia de la administración de justicia, las garantías procesales, la publicidad del juzgamiento, la seguridad e integridad personal de partes e intervinientes o de los funcionarios judiciales.
Con esta medida excepcional se busca brindar el máximo de garantías tanto del proceso como de todos aquellos que intervienen en el mismo, de modo que no se afecte su normal desarrollo y menos aún que las decisiones adoptadas estén influenciadas o determinadas por razones ajenas a la prueba y en contravía de la eficaz, pronta y recta impartición de justicia.
3.- En lo que concierne al cambio de radicación motivado en el peligro para la seguridad de los funcionarios judiciales, las partes, intervinientes o testigos, la Sala de manera reiterada ha precisado que debe acreditarse que: a) existe una real afectación o riesgo para la seguridad de los partícipes del proceso; b) las medidas adoptadas para conjurar tales riesgos resultan infructuosas; y c) no existen otros mecanismos jurídicos que garanticen el avance del proceso sin riesgo para quienes intervienen en la actuación.
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que la causal en la que se sustente el cambio de radicación, debe tener incidencia en el marco geográfico donde se viene adelantando el juzgamiento, tal como lo ha precisado la Sala así:
«Es obvio que se cambia de territorio porque en la zona específica no es posible conjurar los factores o circunstancias que de tan profunda manera afectan el orden público, la imparcialidad, la independencia o, en fin, todos esos mínimos requeridos para que el juzgamiento discurra adecuado.
De forma contraria, si los factores en cuestión apenas irradian personas o el ámbito de juzgamiento, asoma evidente que no es posible acudir a la figura en examen, porque demanda de otro tipo de remedios.»1
4.- En relación con idéntica petición y bajo los mismos supuestos fácticos, aunque con otros procesados, la Sala en auto AP5245-2019 de 4 de diciembre de 2019, Rad. 56580, dispuso el cambio de radicación con fundamento en las graves alteraciones del orden público con ocasión de los operativos administrativos adelantados contra la deforestación ilegal las actuaciones que cursan en la Fiscalía General de la Nación, que «han desencadenado en una serie de marchas y protestas sociales que han tenido por objeto, impedir el desarrollo normal de los actos policiales, así como la judicialización de las personas capturadas», de modo que se ha generado una situación que impide el ejercicio de la labor judicial en condiciones favorables.
Igualmente se precisó la necesidad de disponer el cambio de radicación dado que se requiere garantizar la vida e integridad de los funcionarios judiciales y los testigos, que para el caso se hace evidente con las amenazas dirigidas contra los directivos y trabajadores del Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos, intimidaciones relacionadas con el ejercicio de sus funciones como autoridad ambiental y su posible intervención en la actuación judicial de la referencia, como quedó acreditado con la denuncia formulada por Leidy Lorena Plazas Giraldo, Profesional Universitaria y Coordinadora del Sector Platanillo del mencionado parque; la información dirigida por Luz Adriana Malaver Rojas a la Oficina Regional Neiva – Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la denuncia presentada por el Director Territorial Orinoquía de Parques Nacionales Naturales, además de los panfletos repartidos entre enero y mayo de 2019 donde las disidencias de las FARC declaran como «objetivo militar, a los ambientalistas» .
5. Así entonces, como en esta oportunidad se verifica que los hechos investigados, la petición y los fundamentos probatorios allegados por la representante del ente investigador corresponden a los que fueron ya examinados por la Corporación en pretérita oportunidad sin que existan circunstancias que ameriten decidir en sentido diverso, se dispondrá el cambio de radicación solicitado por la Fiscalía 17 Especializada de la Dirección Especializada contra la Violaciones de Derechos Humanos eje temático Protección a los Recursos Naturales y el Medio Ambiente – Satélite Medellín
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
RESUELVE
PRIMERO: ORDENAR el cambio de radicación del proceso con radicado 110016000000201902066 que se adelanta en el Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Rico, Caquetá, contra JAVIER CASTIBLANCO DUEÑAS, HÉCTOR MATIZ OVIEDO, EDITH POLANÍA GAVIRIA y DIDIER JARAMILLO VALENCIA por los punibles de invasión de áreas de especial importancia ecológica, daño en los recursos naturales e incendio.
SEGUNDO: ASIGNAR el conocimiento del presente asunto al Juez Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá que por reparto corresponda, a quien se remitirán las diligencias por conducto del Centro de Servicios Judiciales.
TERCERO: INFORMAR de esta decisión al Juez Promiscuo del Circuito de Puerto Rico, Caquetá, a las partes e intervinientes.
Comuníquese y Cúmplase,
Los Magistrados,
PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
JAIME HUMBERTO MORENO ACERO
EYDER PATIÑO CABRERA
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 CSJ AP, 18 de junio de 2014, Rad. 43.988, reiterado en AP2213-2019, Rad. 55426