Asistente Jurídico Inteligente
Selecciona un texto en la página o analiza el artículo completo.
Eyder Patiño Cabrera
Magistrado ponente
STP7828-2018
Radicación n.° 98664
Acta 191
Bogotá, D. C., catorce (14) de junio de dos mil dieciocho (2018).
ASUNTO
Se resuelve la impugnación presentada por Ricardo Alí Pérez Chávez frente a la sentencia proferida el 13 de abril de 2018 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, mediante la cual negó por improcedente la tutela interpuesta contra el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de la misma ciudad, la Fiscalía Cuarta Unidad de Propiedad Intelectual de Bogotá, Armando Galán Valencia, Oveida Galán Ruge y la empresa Peer Music Internacional, por la presunta vulneración de su derecho al debido proceso.
ANTECEDENTES
Hechos y fundamentos de la acción
Fueron relatados por el A quo de la siguiente manera:
Manifiesta el accionante que los despachos accionados, Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Barranquilla y la Fiscalía 4 de Propiedad intelectual y derechos de autor, adelantaron proceso penal contra los hermanos Pérez Chávez, con base en unas falsas victimas (sic) como Amando Galán Valencia y Oveida Galán Ruge, quienes son herederos biológicos del señor Francisco Galán Blanco y quienes buscaban apropiarse de las obras de este.
Indica que no hay fundamento en que no se haya dado por terminado el proceso judicial contra los hermanos Pérez Chávez, ya que el supuesto crimen lo había cometido su extinto padre y no ellos, aduciendo que existe una irregularidad gravísima debido a que tal proceso carece de víctimas, ya que las obras del señor Francisco “Pacho” Galán, habían sido vendidas a Peer Music International.
Arguye que el proceso es antijurídico y que debe ser declarado nulo, así como todas las actuaciones surtidas por los despachos accionados y que cesen todas las diligencias que tengan que ver con las obras del maestro Pacho Galán.
Refiere que el Juzgado accionado ha extralimitado sus funciones y que negó dolosamente la preclusión solicitada por la Fiscalía.
Sobre el accionado Armando Galán Valencia, señala que éste ha impetrado varias acciones de tutela y que no se ha sancionado, también que las mismas no tienen fundamento por cuanto el objeto del mencionado, es apropiarse de las obras del maestro Pacho Galán fraudulentamente.
Por todo lo anterior, solicita se declare la nulidad del proceso penal que se surte en su contra y se ordene el cese de todas las diligencias judiciales que versen sobre las obras del maestro Pacho Galán.1.
LA SENTENCIA IMPUGNADA
La Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla negó por improcedente el amparo invocado por el actor al estimar que el proceso penal que se adelanta en su contra está en curso, y se programó para el 24 de abril de 2018, la realización de la audiencia de preclusión, por tanto, cuenta con las herramientas procesales dentro del mismo.
LA IMPUGNACIÓN
Al respaldo de la última hoja de la decisión de primera instancia, Ricardo Alí Pérez Chávez manifestó su intención de impugnar la decisión, sin aducir las razones de su disenso.
CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico
Corresponde a la Corte determinar si la autoridad accionada vulneró el derecho al debido proceso del interesado, dentro del proceso penal que se adelanta en su contra por los delitos de usurpación de derechos de propiedad industrial y variedades vegetales y violación a derechos patrimoniales de autor y derechos conexos.
Previamente verificará si se satisface el principio de subsidiariedad que rige el ejercicio de la acción.
2. Si la actuación penal no ha finalizado, la tutela se torna improcedente.
2.1. El amparo fue consagrado como un procedimiento preferente y sumario, destinado a la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando sean amenazados o vulnerados por la acción u omisión de una autoridad pública o un particular y siempre que no exista otro mecanismo de defensa o se esté ante un perjuicio irremediable, evento último en el cual procede como mecanismo transitorio.
No tiene carácter alternativo. Es inviable cuando el interesado dispone de otro medio de defensa judicial, pues no fue concebido para sustituir a los jueces ordinarios, ni como mecanismo supletorio de los procedimientos señalados en las normas procesales.
Mientras el proceso se encuentre en curso, es decir, no se haya agotado la actuación del juez ordinario, el afectado tendrá la posibilidad de reclamar, al interior del trámite, el respeto de las garantías constitucionales, sin que sea admisible acudir para tal fin a la tutela.
Así las cosas, uno de los presupuestos de procedibilidad consiste justamente en que se hayan agotado todos los mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa judicial2.
Es allí, ante el juez natural, donde el peticionario puede plantear su inconformidad, expresar las razones de su desacuerdo frente a las decisiones adoptadas, recurrirlas.
2.2. De la información obrante en el expediente se conoce que la Fiscalía Cuarta de la Unidad de Propiedad Intelectual y derechos de autor de esta ciudad, adelanta el proceso n.o 110016000090200900168 contra Ricardo Alí Pérez Chávez por los delitos de usurpación de derechos de propiedad industrial y variedades vegetales y violación a derechos patrimoniales de autor y derechos conexos, el cual se encuentra en indagación preliminar, y por ello, la Corte considera que cualquier reparo del accionante deberá plantearse dentro de la mismo actuación.
Lo anterior evidencia que el asunto penal aún está en curso, por tanto, no le está permitido al juez constitucional intervenir en el mismo, debido a que en su interior existen los medios de defensa aptos para garantizar la protección de los derechos invocados por esta vía excepcional.
Esto significa que el accionante todavía tiene a su alcance los mecanismos de defensa judicial, idóneo para preservar o recuperar las garantías supuestamente amenazadas o quebrantadas, con lo cual deviene improcedente la acción de tutela solicitada pues se itera, el proceso aún no ha culminado.
2.3. De otra parte, no es posible conceder el amparo como mecanismo transitorio para contrarrestar algún perjuicio irremediable, ya que éste se configura cuando el peligro que se cierne sobre el derecho fundamental es de tal magnitud que afecta con inminencia y de manera grave su subsistencia, requiriendo por lo tanto, de medidas impostergables que lo neutralicen. Sobre las características del perjuicio irremediable la Corte Constitucional, en sentencia CC T-1316-2001, dijo:
En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. En segundo lugar, el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse medidas urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable.
En consecuencia, no todo perjuicio puede ser considerado como irremediable, sino solo aquel que por sus características de inminencia y gravedad, requiera de medidas de protección urgentes e impostergables. Con todo, esta previsión del artículo 86 de la Carta debe ser analizada en forma sistemática, pues no puede olvidarse que existen ciertas personas que por sus condiciones particulares, físicas, mentales o económicas, requieren especial protección del Estado, como ocurre, por ejemplo, en el caso de los niños, las mujeres embarazadas, los menesterosos o las personas de las tercera edad. (Subrayas fuera de texto).
En tales condiciones, se advierte que la tutela de forma transitoria no está llamada a prosperar, ya que el accionante no demostró los supuestos de hecho necesarios con base en los cuales pueda inferirse razonablemente la existencia de un perjuicio irremediable, máxime cuando, se insiste, existen los mecanismos de defensa aptos para exigir el respeto de sus derechos fundamentales.
Por lo expuesto, se confirmará el fallo de primera instancia.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión de Tutelas No. 1 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley
RESUELVE
Primero. Confirmar la sentencia impugnada.
Segundo. Disponer el envío de las diligencias a la Corte Constitucional, para la eventual revisión de los fallos proferidos.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Eyder Patiño Cabrera
Luis Guillermo Salazar Otero
Nubia Yolanda Nova García
Secretaria
1 Folio 31, cuaderno del Tribunal.
2 Ver Corte Constitucional. Sentencias C-590 del 8 de junio de 2005 y T-332 del 4 de mayo de 2006. CSJ STP Rad. No. 31.781, 32.327, 36.728, 38.650, 40.408,41.642, 41.805, 49, 752, 50.399, 50.765, 53.544, 54.762, 57.583, 59.354, 60.917, 61.515, 62.691, 63.252, 64.107, 65.086, 66.996, 67.145, 68.727, 69.938 y 70.488.