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EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
Magistrado ponente
AP2610-2018
Radicación Nº 40098
Aprobado acta Nº 211
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de junio de dos mil dieciocho (2018).
Se pronuncia la Corte acerca la solicitud de SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE CAPTURA elevada por el defensor de JORGE HUMBERTO MILANÉS VEGA.
I. ANTECEDENTES
1. Según se extrae de la actuación, el 17 de febrero de 2005 tropas de la Brigada XVII del Ejército Nacional iniciaron la operación “FENIX” y la misión “FEROZ” para combatir a las autodenominadas “Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia” (FARC), específicamente a sus Frentes 5 y 58, así como a las llamadas “Auto Defensas Unidas de Colombia” (AUC), grupos armados ilegales que delinquían en jurisdicción de San José de Apartadó (Antioquia) y por cuyo accionar, mediante el fallo de tutela T-327 de 15 de abril de 2004, en esencia, se conminó a la autoridad castrense a cumplir “…los requerimientos impuestos al Estado Colombiano por la Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de junio de 2002, sobre ‘Medidas provisionales solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de Colombia, caso de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó’…”, tendientes a garantizar los derechos fundamentales de los habitantes de la aludida región.
La actividad militar se llevó a cabo según las instrucciones impartidas por el Comandante del Batallón Vélez, Teniente Coronel Orlando Espinosa Beltrán, y su Oficial de Operaciones, el Mayor José Fernando Castaño López, y en el área de ejecución fue dirigida, entre otros, por el entonces Capitán Guillermo Armando Gordillo Sánchez.
El Capitán Gordillo Sánchez comandaba la Compañía Bolívar, integrada por los pelotones: Bolívar 1, guiado por el Subteniente ALEJANDRO JARAMILLO GIRALDO; Anzoátegui 1, a cargo del Subteniente JORGE HUMBERTO MILANÉS VEGA; Anzoátegui 2, regido por el Sargento Segundo DARÍO JOSÉ BRANGO AGAMEZ; y Anzoátegui 3, presidido por el Subteniente EDGAR GARCÍA ESTUPIÑAN.
Cada pelotón lo integraban entre 36 o 40 militares que estaban debidamente equipados con armamento de guerra (fusiles, ametralladoras, munición, granadas, morteros, lanza cohetes, radios de comunicación, etc.) y, entre otros uniformados, hacían parte: de Bolívar 1, los Sargentos Ángel María Padilla Petro y Sabaraín Cruz Reina, y de Anzoátegui 1, el Sargento Henry Agudelo Cuasmayán y el Cabo Ricardo Bastidas Candia.
El 19 de febrero 2005 toda la Compañía Bolívar, con el acompañamiento de dos guías (alias “Jonás” y alias “Ratón”) suministrados por la Brigada, llegó al sitio conocido como “Cerro Castañeda” o “Cerro Aldana”, donde se les unieron cerca de cincuenta integrantes del bloque “Héroes de Tolova” de las AUC que portaban fusiles, granadas y material de guerra, con quienes el CT. Gordillo Sánchez, aduciendo que esas eran las instrucciones, ordenó a sus subordinados seguir patrullando, para lo cual los integrantes del grupo armado ilegal marcharían delante de la Fuerza Militar legítima.
Luego de haber pernoctado en aquél sitio, arribaron al “Cerro Cruz de Hueso” donde también durmieron, para continuar la operación divididos de la siguiente manera: Anzoátegui 2 y 3 se fueron en dirección al “Cerro Bogotá”, en tanto que Bolívar 1 y Anzoátegui 1, al mando del CT. Gordillo Sánchez, se dirigieron hacia el “Cerro La Cooperativa” con los miembros del bloque “Héroes de Tolova”, quienes marcharían delante de ellos a unos veinte minutos de distancia, jornada en la que pasaron por los sitios conocidos como Miguelayo y Casa Verde.
El 21 de febrero los miembros del bloque “Héroes de Tolova” al pasar por la vereda Mulatos Alto dieron muerte con arma cortante a los civiles Luis Eduardo Guerra, a su compañera Beyanira Areiza (de 17 años) y al hijo del primero, Deyner Andrés Guerra Tuberquia (de 11 años), porque “les parecieron” integrantes de grupos insurgentes, y luego los enterraron en fosas comunes.
Los miembros del grupo armado ilegal continuaron el recorrido acordado, y hacia el mediodía de la citada fecha, en un claro de la vereda La Resbalosa, vieron una casa llena, “supuestamente”, de guerrilleros y procedieron a atacarla con armas de fuego, dando muerte en tal acción al presunto rebelde Alejandro Pérez Castaño, alias “Cristo de Palo”, y a Sandra Milena Muñoz Pozo; al cesar tal agresión y revisar el lugar hallaron con vida a dos menores, Natalia (de 5 años) y Santiago (de 2 años), hijos de la última y de Alfonso Bolívar Tuberquia Graciano, quien minutos después llegó a clamar por la vida de éstos, súplica desatendida por los integrantes del grupo de las AUC, pues con armas cortantes ultimaron a los tres, los desmembraron, y a todas las víctimas igualmente las sepultaron en fosas cavadas por los cofrades.
Aun cuando los militares de Bolívar 1 y Anzoátegui 1 llegaron a los sitios donde se presentaron esas muertes y tuvieron conocimiento de éstas, no lo reportaron, sino que fue por aviso de los habitantes de la región que las autoridades se enteraron de lo acaecido y el siguiente 25 de febrero la Fiscalía General de la Nación al inspeccionar los lugares señalados halló las fosas con los cuerpos de las personas mencionadas.
2. Con sujeción al procedimiento establecido en la Ley 600 de 2000 se obtuvo la vinculación legal de los militares que participaron en la operación de marras y de algunos integrantes del grupo armado ilegal partícipes de los hechos, y tras el acogimiento al mecanismo de sentencia anticipada de varios de ellos —el Capitán Guillermo Armando Gordillo Sánchez entre estos—, luego de varios cierres parciales de investigación, el 26 de enero de 2009 la Fiscalía General de la Nación emitió resolución de acusación contra: Tc. Orlando Espinosa Beltrán; My. José Fernando Castaño López; Tte. ALEJANDRO JARAMILLO GIRALDO; S.Tte. JORGE HUMBERTO MILANÉS VEGA; S.Tte. EDGAR GARCÍA ESTUPIÑAN; Ss. DARÍO JOSÉ BRANGO AGAMEZ; Ss. Henry Agudelo Cuasmayán Ortega; Ct. Ricardo Bastidas Candia; Ss. Ángel María Padilla Petro; y Cs. Sabaraín Cruz Reina, como coautores de homicidio en persona protegida, en concurso homogéneo, y a la vez en concurso heterogéneo con actos de barbarie y concierto para delinquir agravado, de conformidad con los artículos 135, 145, 340 y 342 de la Ley 599 de 2000.
3. La fase de la causa se adelantó ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia, cuyo titular el 4 de agosto de 2010 dictó sentencia absolutoria en favor de todos los acusados, decisión contra la que interpusieron recurso de apelación los Delegados de la Fiscalía General de la Nación y Procuraduría General de la Nación, así como el Actor Popular reconocido como Parte Civil.
4. El recurso vertical fue resuelto el 5 de junio de 2012 por la Sala Penal de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, en el sentido de revocar parcialmente el pronunciamiento atacado en cuanto a ALEJANDRO JARAMILLO GIRALDO, JORGE HUMBERTO MILANÉS VEGA, EDGAR GARCÍA ESTUPIÑAN y DARÍO JOSÉ BRANGO AGAMEZ, a quienes declaró coautores responsables por omisión, dada su condición de garantes, frente a los delitos de concierto para delinquir agravado en concurso material con homicidio en persona protegida, éste en concurso homogéneo, y en tal virtud a cada uno le impuso las penas principales de cuatrocientos ocho (408) meses de prisión, multa equivalente a dieciocho mil seiscientos sesenta y seis coma sesenta y seis (18.666,66) salarios mínimos mensuales legales vigentes, e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un lapso de ciento ochenta (180) meses.
El ad-quem confirmó la absolución de los precitados respecto del delito de actos de barbarie, así como la proferida respecto de los demás procesados por esa conducta típica y los otros punibles a éstos endilgados.
5. La actuación se halla en esta Corporación pendiente de resolver los recursos de casación interpuestos, de una parte, por los defensores de JORGE HUMBERTO MILANÉS VEGA; EDGAR GARCÍA ESTUPIÑAN y DARÍO JOSÉ BRANGO AGAMEZ; y ALEJANDRO JARAMILLO GIRALDO, contra la sentencia que en segunda instancia los condenó como coautores de homicidio en persona protegida cometido en concurso homogéneo y a la vez heterogéneo con concierto para delinquir agravado; y de otra, por el Fiscal Seccional regente de la acusación y el Actor Civil Popular, quienes pretenden la casación del fallo de segundo grado en cuanto confirmó la absolución dispuesta en primera instancia a favor de los demás acusados.
6. Impera advertir que los procesados EDGAR GARCÍA ESTUPIÑAN y DARÍO JOSÉ BRANGO AGAMEZ, antes de entrar en funcionamiento la Jurisdicción Especial para la Paz creada por el Acto Legislativo 01 del 4 de abril de 2017, cada uno por separado y en distintas fechas, manifestó acogerse a aquélla con el fin de acceder al beneficio de la libertad transitoria, condicionada y anticipada regulado en la Ley 1820 de 2016, pretensión resuelta a favor de aquéllos mediante las decisiones AP6398-2017 y AP7383-2017 de 27 de septiembre y 2 de noviembre de 2017, respectivamente.
7. A su turno, el 7 de junio del año en curso el defensor del procesado JORGE HUMBERTO MILANÉS VEGA solicitó conceder a éste la “suspensión de la ejecución de la orden de captura” con base en el artículo 6º del Decreto 706 de 2017, y para tal efecto acompaña la manifestación suscrita por el citado en el sentido de someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz, la cual ya empezó a operar y los respectivos magistrados se posesionaron en los cargos correspondientes.
II. CONSIDERACIONES
8. Con el fin de resolver si la Corte ostenta facultad para resolver la pretensión últimamente aludida, se hace necesario destacar que de conformidad con los artículos 5º y 6º transitorios del Acto Legislativo 01 de 2017, la Jurisdicción Especial para la Paz tiene competencia “prevalente”, “preferente” y “exclusiva” “sobre las demás jurisdicciones” respecto de todas “las conductas cometidas con anterioridad al 1º de diciembre de 2016, por causa, con ocasión o en relación directa con el conflicto armado”.
9. En cuanto a que los delitos por los que se adelanta esta actuación constituyan conductas punibles cometidas “con ocasión, por causa, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado”, la norma que regulan la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (Acto Legislativo 01 de 2017, artículo transitorio 23) prevé que ésta conocerá de:
…los delitos cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado y sin ánimo de obtener enriquecimiento personal ilícito, o en caso de que existiera, sin ser éste la causa determinante de la conducta delictiva. Para el efecto se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a. Que el conflicto armado haya sido la causa directa o indirecta de la comisión de la conducta punible o,
b. Que la existencia del conflicto armado haya influido en el autor, partícipe o encubridor de la conducta punible cometida por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto, en cuanto a:
* Su capacidad para cometerla, es decir, a que por razón del conflicto armado el perpetrador haya adquirido habilidades mayores que le sirvieron para ejecutar la conducta.
* Su decisión para cometerla, es decir, a la resolución o disposición del individuo para cometerla.
* La manera en que fue cometida, es decir, a que, producto del conflicto armado, el perpetrador de la conducta haya tenido la oportunidad de contar con medios que le sirvieron para consumarla.
* La selección del objetivo que se proponía alcanzar con la comisión del delito.
Respecto de las señaladas pautas esta Sala ya había precisado en los autos AP6398-2017 y AP7383-2017 de 27 de septiembre y 2 de noviembre de 2017 (siguiendo el criterio fijado en AP4901-2017, 2 de agosto de 2017, radicación 42589), que las mismas guardan correspondencia “con los requerimientos que se han fijado en los Tribunales Internacionales, de la siguiente manera”:
[E]l requisito de que los actos del acusado deben estar cercanamente relacionados con el conflicto armado no se vería negado si los crímenes fueran temporal y geográficamente lejanos del combate como tal. Sería suficiente, por ejemplo, para el propósito de este requisito, que los presuntos crímenes estuvieran cercanamente relacionados con las hostilidades que ocurren en otras partes del territorio que estén controladas por las partes del conflicto. En últimas, lo que distingue un crimen de guerra de un delito puramente doméstico es que el crimen de guerra ha sido formado o es dependiente del ambiente –el conflicto armado– en el cual se comete. No necesita haber sido planeado o apoyado por algún tipo de política. El conflicto armado no debe haber sido causal para la comisión del delito, pero la existencia del conflicto armado necesita, por lo menos, haber jugado una parte sustancial en la habilidad del autor de cometerlo, su decisión de cometerlo, la forma en la cual se cometió o el propósito por el cual se cometió. Por lo tanto, si se puede establecer, como en el presente caso, que el autor actuó en desarrollo o bajo la guisa del conflicto armado, sería suficiente para concluir que los actos están cercanamente relacionados con el conflicto armado.
De acuerdo con ese referente de la jurisprudencia internacional, en orden a determinar si los actos están suficientemente relacionados con el conflicto armado, se deben considerar los siguientes factores:
[e]l hecho de que el autor sea un combatiente; el hecho de que la víctima no sea un combatiente; el hecho de que la víctima pertenezca al bando opositor; el hecho de que el acto pueda contribuir a la finalidad de una campaña militar; el hecho de que el crimen sea cometido como parte o en el contexto de las capacidades oficiales del autor.
Por su parte, acogiendo aquellos criterios, la Corte Constitucional, en la sentencia C-291 del 25 de abril de 2007, a efectos de determinar la existencia de un nexo cercano entre un determinado hecho y el conflicto armado interno, precisó:
[L]a jurisprudencia internacional ha proporcionado distintos criterios para determinar la existencia de un nexo cercano entre un determinado hecho o situación y el conflicto armado internacional o interno en el que ha tenido lugar; así, ha señalado que tal relación cercana existe “en la medida en que el crimen sea moldeado por o dependiente del ambiente en el que se ha cometido —v.g. el conflicto armado—”.
Al determinar la existencia de dicha relación las cortes internacionales han tomado en cuenta factores tales como la calidad de combatiente del perpetrador, la calidad de no combatiente de la víctima, el hecho de que la víctima sea miembro del bando opuesto, el hecho de que el acto pueda ser visto como un medio para lograr los fines últimos de una campaña militar, o el hecho de que el acto haya sido cometido como parte de los deberes oficiales del perpetrador, o en el contexto de dichos deberes.
También ha precisado la jurisprudencia, en casos de comisión de crímenes de guerra, que es suficiente establecer que “el perpetrador actuó en desarrollo o bajo la apariencia del conflicto armado”, y que “el conflicto no debe necesariamente haber sido la causa de la comisión del crimen, sino que la existencia del conflicto debe haber jugado, como mínimo, una parte sustancial en la capacidad del perpetrador para cometerlo, en su decisión de cometerlo, en la manera en que fue cometido o en el objetivo para el que se cometió”.
10. En el presente asunto, como se señaló en las decisiones atrás invocadas, de acuerdo con las circunstancias de modo, tiempo y lugar reseñadas tanto en la acusación como en la sentencia de segunda instancia, los procesados hicieron parte del grupo de militares adscritos al Ejército Nacional que entre el 17 de febrero de 2005 y el 21 del mismo mes y año, llevaron a cabo una operación legítimamente ordenada con el fin de combatir tanto a integrantes de las entonces autodenominadas “Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia” (FARC), como de las “Auto Defensas Unidas de Colombia” (AUC), en jurisdicción del municipio de San José de Apartadó (Antioquia).
En desarrollo de tal misión militar ligada de manera inescindible al conflicto armado, los militares condenados, de acuerdo con el fallo de segundo grado, terminó aceptando llevar a cabo el operativo precisamente con integrantes de un grupo armado ilegal que estaban en la obligación de combatir, esto es, con miembros de la facción “Héroes de Tolova” de las AUC, lo cual implicó que por omisión de su deber funcional adecuaran su comportamiento al delito de concierto para delinquir agravado, según lo precisó el sentenciador de segundo grado.
Además, como los miembros de las AUC, en desarrollo de ese ilegal patrullaje conjunto con los militares, incurrieron en la realización de ocho homicidios en personas protegidas por las normas del Derecho Internacional Humanitario, en la sentencia también se dedujo responsabilidad a los condenados en esas conductas ilícitas por infracción al deber de garante, ya que habiendo estado en condiciones de poder evitar ese resultado, si hubieran rechazado y repelido a los integrantes del grupo armado ilegal, tales atentados contra la vida no se habrían materializado.
Con ocasión del trámite promovido por EDGAR GARCÍA ESTUPIÑAN y DARÍO JOSÉ BRANGO AGAMEZ para acceder al beneficio de la “libertad transitoria, condicionada y anticipada”, el Secretario Ejecutivo de la JEP conceptuó que las respectivas conductas punibles investigadas ocurrieron “por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado interno”,
Calificación que, se reitera, la Sala comparte, pues es evidente que los delitos atribuidos en la sentencia a los condenados fueron cometidos con ocasión, por causa, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, sin que el devenir fáctico permita predicar que los implicados actuaron con “animo de obtener enriquecimiento personal ilícito”.
11. Ahora bien, frente a lo anterior es menester destacar que el Acto Legislativo 01 de 2017, en su artículo 17 establece que el componente de justicia, esto es, la Jurisdicción Especial para la Paz, como herramienta esencial del “SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD JUSTICIA Y NO REPETICIÓN” (artículo 1º ídem) “también se aplicará respecto de Agentes del Estado que hubieren cometido delitos relacionados con el conflicto armado y con ocasión de éste, aplicación que se hará de forma diferenciada, otorgando un tratamiento equitativo, equilibrado, simultáneo y simétrico. En dicho tratamiento deberá tenerse en cuenta la calidad de garantes de derecho por parte del Estado”.
En armonía con esa norma el artículo 21 del citado Acto Legislativo especifica que “en virtud del carácter inescindible de la Jurisdicción Especial para la Paz” a los miembros de “la Fuerza Pública que hubieren realizado conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, el tratamiento será simétrico en algunos aspectos, diferenciado en otros, pero siempre equitativo, equilibrado y simultáneo”.
Y con sujeción a lo anterior en el artículo 25 del comentado compendio normativo se prevé que los miembros de la Fuerza Pública que se sometan a la Jurisdicción Especial para la Paz serán objeto de las penas propias de ese sistema, así como de las alternativas y ordinarias del mismo, siempre que se cumplan las condiciones fijadas en el precepto y en la ley que las reglamente.
De otra parte, en observancia y desarrollo del citado Acto Legislativo, el 30 de diciembre de 2016 fue expedida la ley 1820 en la cual explícitamente se advierte que aun cuando los Agentes a del Estado no podrán ser objeto de amnistía ni indulto por delitos cometidos con ocasión por causa o en relación directa o indirecta o indirecta con el conflicto armado, si “recibirán un tratamiento penal especial, diferenciado, simétrico, equitativo, equilibrado y simultáneo” (artículo 9º), y en consonancia con ello en el citado compendio normativo, en su Título IV, fueron regulados algunos tratamientos de esa naturaleza respecto de aquéllos, para cuya resolución y concesión se atribuyó competencia a “La Sala de definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz”.
Tales mecanismos son:
(i) La “renuncia a la persecución penal” para Agentes del Estado que “hayan sido condenados, procesados o señalados de cometer conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado”, tramite que puede iniciarse por solicitud del interesado o de oficio por el respectivo órgano de la Jurisdicción Especial para la Paz (artículos 46 a 50).
(ii) La “libertad transitoria, condicionada y anticipada” para los mismo sujetos que “estén detenidos o condenados que manifiesten o acepten su sometimiento a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz” con el fin de que se les aplique la “renuncia a la persecución penal” (artículos 51 a 55), y
(iii) La “Privación de la Libertad en Unidad Militar o Policial para integrantes de las Fuerzas Militares y Policiales detenidos o condenados que manifiesten o acepten su sometimiento” a la susodicha jurisdicción (artículos 56 a 59).
Finalmente, también con el objeto de garantizar el “desarrollo de los principios de prevalencia e inescindibilidad” del “SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD JUSTICIA Y NO REPETICIÓN”, el 3 de mayo de 2017 fue emitido el Decreto 706, mediante el cual, para no afectar el aludido tratamiento “simétrico”, “diferenciado”, “equitativo”, “equilibrado” y “simultáneo”, se establecieron otros tratamientos especiales “para los miembros de la Fuerza Pública procesados por conductas punibles cometidas por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado interno respecto de quienes se haya dictado una medida de aseguramiento privativa de la libertad”, consistentes en: la “Suspensión de la ejecución de las órdenes de captura” (artículo 6º) y la “Revocatoria o sustitución de la medida de aseguramiento” (artículo 7º).
Ambos mecanismos supeditados a la suscripción de “un acta de compromiso que contendrá los presupuestos establecidos en el parágrafo 1º del artículo 52 de la Ley 1820 de 2016” (artículo 8), norma de acuerdo con la cual el interesado hará constar en el respectivo documento “su compromiso de sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz, así como la obligación de informar todo cambio de residencia, no salir del país sin previa autorización de la misma y quedar a la disposición de la Jurisdicción Especial para la Paz”.
12. Con base en los antecedentes procesales, fácticos y legales atrás recapitulados, y teniendo en consideración que al día de hoy la Jurisdicción Especial para la Paz ya entró en funcionamiento con todas sus dependencias, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha perdido competencia para resolver de manera definitiva la situación jurídico penal de los procesados EDGAR GARCÍA ESTUPIÑAN, DARÍO JOSÉ BRANGO AGAMEZ y JORGE HUMBERTO MILANÉS VEGA frente a los delitos que les son atribuidos.
Lo anterior porque el presente asunto no ha alcanzado el estado de cosa juzgada mediante sentencia en firme y por lo tanto, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 6º transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017, el componente de justicia del SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD JUSTICIA Y NO REPETICIÓN, es decir, la Jurisdicción Especial para la Paz prevalece “sobre las actuaciones penales, disciplinarias o administrativas por conductas cometidas con ocasión, por causa o en relación directa con el conflicto armado, al absorber la competencia exclusiva sobre dichas conductas”.
Desde tal perspectiva, la resolución de la pretensión de los procesados GARCÍA ESTUPIÑAN y BRANGO AGAMEZ ligada al beneficio de la “libertad transitoria, condicionada y anticipada” que les fue concedida en pasada oportunidad (AP6398-2017 y AP7383-2017 de 27 de septiembre y 2 de noviembre de 2017, respectivamente), así como la inherente a las respectivas demandas de casación, es competencia o del resorte exclusivo de la Sala de definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz, por expreso mandato legal, autoridad que deberá pronunciarse si respecto de ellos procede la renuncia a la persecución penal o la aplicación de las penas propias, alternativas u ordinarias previstas para quienes se someten a esa jurisdicción, con sujeción a los respectivos procedimientos.
Similar situación ocurre en relación con el procesado MILANÉS VEGA, toda vez que su manifestación de someterse a la susodicha jurisdicción implica quedar a su disposición para que ésta resuelva: en primer lugar, si respecto de él es viable el mecanismo de suspensión de la ejecución de ejecución de la orden de captura con base en el Decreto 706 de 2017, o si procede alguno de los tratamientos regulados en la Ley 1820 de 2016; y en segundo término, para que en ejercicio de su competencia “prevalente”, “preferente” y “exclusiva” “sobre las demás jurisdicciones” respecto de todas “las conductas cometidas con anterioridad al 1º de diciembre de 2016, por causa, con ocasión o en relación directa con el conflicto armado”, resuelva en forma definitiva su situación jurídica conforme a las previsiones de los artículos 5, incisos 7º y 8º, y 25 transitorios del Acto Legislativo 01 de 2017, el artículo 5 del Decreto 706 de 2017.
Sin embargo, no ocurre lo mismo frente al procesado ALEJANDRO JARAMILLO GIRALDO condenado en segunda instancia, como los antes nombrados, por delitos cometidos con ocasión por causa o en relación directa o indirecta o indirecta con el conflicto armado, ni respecto de los también procesados Orlando Espinosa Beltrán, José Fernando Castaño López, Henry Agudelo Cuasmayán Ortega, Ricardo Bastidas Candia, Ángel María Padilla Petro y Sabaraín Cruz Reina, absueltos en primera y segunda instancia de las mismas conductas punibles.
En relación con aquéllos esta Sala conserva competencia para pronunciarse de fondo sobre la pretensión de absolución expuesta en la demanda de casación del defensor de JARAMILLO GIRALDO, así como la de condena reclamada en los libelos del delegado de la Fiscalía y el Actor Civil Popular en relación con los implicados absueltos.
Y ello es así porque ninguno de los aludidos procesados ha manifestado su voluntad de acogerse o someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz con el fin de que la misma con sujeción a las normas pertinentes resuelva en forma definitiva su situación jurídico penal mediante los mecanismos y procedimientos vinculados a aquélla.
13. En conclusión, con base en el artículo 92, numeral 1º, de la Ley 600 de 2000, normatividad aplicable a este asunto, la Sala dispondrá la ruptura de la unidad procesal respecto de EDGAR GARCÍA ESTUPIÑAN, DARÍO JOSÉ BRANGO AGAMEZ y JORGE HUMBERTO MILANÉS VEGA y ordenará remitir en forma inmediata el presente proceso ante la Jurisdicción Especial para la Paz, para que de conformidad con el marco legal respectivo decida la situación jurídica penal definitiva de los antes citados.
En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL,
RESUELVE:
ROMPER la unidad procesal respecto de los acusados, EDGAR GARCÍA ESTUPIÑAN, DARÍO JOSÉ BRANGO AGAMEZ y JORGE HUMBERTO MILANÉS VEGA con base en las consideraciones que anteceden, y en consecuencia ORDENA REMITIR inmediatamente a la Jurisdicción Especial para la Paz copias integrales del expediente para los fines de su competencia.
Contra esta providencia procede el recurso de reposición.
Notifíquese y cúmplase
LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
PRESIDENTE
JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
EYDER PATIÑO CABRERA
PATRICIA SALAZAR CUELLAR
LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria